domingo, 30 de diciembre de 2007

Hermano de Gerente Regional de la Aduana es el “capo” del DBU

Noticia publicada el 30 de Diciembre de 2007 en El Diario


El ingeniero Jaime Sánchez, gerente de Operaciones Nacionales de Depósitos Bolivianos Unidos (DBU) es el hermano del gerente Regional de la Aduana de La Paz, general Luis Fernando Sánchez, denunció, este sábado, el senador de Podemos, Róger Pinto, quien lamentó que el nepotismo se haya apoderado de la Aduana.

Pinto calificó a este nuevo caso de nepotismo en la administración pública como un nefasto caso de corrupción que se apoderó del aparato estatal donde los más beneficiados son el personal jerárquico de las instituciones como es el caso de la Aduana.

“Cada vez que nos ponemos a investigar las irregularidades en la Aduana Nacional, nos encontramos con llagas de donde sale pus de tanta anormalidad; no se puede entender cómo gente que sirvió a la patria durante 35 años en el Ejército y llegó al generalato ahora ampare semejante corrupción”, afirmó el legislador.

Pinto lamentó que gente como Amilcar Heredia, supuesto chofer de la hermana del presidente Evo Morales, sin título profesional haya ejercido hasta el viernes pasado el cargo de administrador de la Zona Franca Industrial (autos Chutos) y Comercial de la Aduana Nacional, ubicada en la carretera a Oruro.

Dijo que estas irregularidades son amparadas por el presidente de esta entidad, general César López Saavedra y el gerente general, José Valdivia, quien ocupó cargos jerárquicos en los sucesivos gobiernos del MIR, ADN–MIR y Nueva Fuerza Republicana (NFR).

El parlamentario solicitó a la Dirección de Fiscalización de la Aduana que investigue cada una de las actuaciones de Heredia, quien estaría implicado en la defraudación impositiva, mediante mal uso de los valores de la mercadería que ingresa al país vía contrabando, al considerar que se dedica a despachar camiones repletos de mercadería de dudosa procedencia con valores muy bajos a los reales.

Más casos

De la misma manera se conoció la denuncia de comerciantes mayoristas que pusieron en duda el título de ingeniero del administrador de la zona Franca de Charaña, Vladimir Ramiro Rodrigo, quien tampoco tendría experiencia en comercio exterior, se estaría dedicando a usufructuar del contrabando, penado por las leyes en vigencia.

Recordó el legislador que la Aduana Nacional creó desde octubre pasado un Grupo de Inteligencia de Élite denominado “Buho”, paralelo y de apoyo al Control Operativo Aduanero (COA), que se dedica a realizar controles en las carreteras, no obstante, este grupo está compuesto por 24 militares en servicio activo, que reciben dos salarios, uno del Comando General Ejército y el otro de la Aduana.

Empero, los uniformados se hacen pasar por diferentes rutas del Altiplano como Fiscales y efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), con lo cual sorprenden a los comerciantes, quienes se ven en la obligación de entregar dinero a cambio de su mercadería. Sin embargo, los mismos son posteriormente detenidos por los “verdaderos Fiscales y COA’s” que controlan la carretera Oruro - La Paz.

viernes, 28 de diciembre de 2007

Se destapa una red de corrupción en la Policía Nacional

Noticia publicada el 28 de Diciembre de 2007
Una red de corrupción compuesta por 70 policías de diferentes grados operaba en la Dirección Nacional de Recaudaciones de la institución policial en la falsificación de valores. El caso, que fue descubierto a través del trabajo de una empresa consultora contratada el 2006, ya es de conocimiento de la oficina de responsabilidad profesional de la institución del orden.
El comandante de la Policía, general Miguel Vásquez, dijo —a pesar de haber recibido amenazas de sus propios camaradas— que esta red provocó, a los uniformados, una pérdida de 380 millones de bolivianos al año.

“Yo quiero ser sincero en esto, hemos contratado una consultora a partir del año pasado y la Policía pierde mucho dinero en recaudaciones, en la venta de valores. Hemos encontrado valores falsificados, imprentas que se dedican a falsificar cédulas de identidad, licencias de conducir. Policías implicados en la falsificación de valores, muy grave todo eso lo vamos a dar a conocer”, dijo el general Vásquez.

La Dirección Nacional de Recaudaciones de la Policía Nacional centraliza todas las recaudaciones de recursos económicos que capta la institución por concepto de venta de licencias de conducir, carnets de identidad y la venta de valores en Tránsito, Identificación y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), entre otras instancias policiales.

Vásquez aseguró, en base al informe presentado por la consultora, que 70 uniformados se habrían beneficiado con los recursos económicos de la institución policial por concepto de venta de valores por lo que espera subsanar esta “grave irregularidad” en breve tiempo.

Durante la graduación de 136 subtenientes de la Academia Nacional de Policías (Anapol) el 14 de diciembre, el Comandante de la Policía admitió que hay corrupción en la institución del orden. En la oportunidad pidió cárcel para los corruptos de su institución. “Cuántos de estos policías corruptos, que son una minoría, irán a parar a la cárcel porque así debe ser, no podemos quedar mal por unos cuantos”, señaló el jefe policial durante su alocución en la Anapol.

“De acuerdo a ese informe perderíamos 380 millones de bolivianos al año producto de la corrupción, pero quiero reiterar no de todos, la gran mayoría (de los policías) apuesta por el cambio, hemos provocado una revolución de pensamiento, de cambio de conducta y la mayoría está en contra de esos pocos que no quieren desistir de este procedimiento”, agregó el jefe policial tras conversar ayer con la prensa en la Anapol, donde asistió a recibir una donación de 40 vehículos y 27 computadoras de parte de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia.

De acuerdo a un informe del Viceministerio de Régimen Interior, el caso de estos policías ya se encuentra en la oficina de responsabilidad profesional de la institución policial.

Los policías supuestamente involucrados en este caso podrían ser sancionados con la baja de la institución, según un ex miembro de la oficina de responsabilidad policial, que pidió mantener en reserva su identidad. “Si se comprueba se podría tipificar, de acuerdo a nuestros reglamentos, como una falta grave y las faltas graves se sancionan con la baja de la institución. Lo que se advierte es que aquí hay daño económico y hay víctimas múltiples, es la agravante que aumenta la sanción”, agregó la fuente policial consultada.

El Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, dirigido por Nardy Suxo, tomó conocimiento del caso.

jueves, 27 de diciembre de 2007

Dirigente del MAS usa auto incautado

Noticia publicada el 27 de Diciembre en La Prensa


La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) admite que dio un vehículo en Santa Cruz a un masista, pero de forma legal, para atender una emergencia.

El diputado de Podemos Wilfredo Áñez denunció que el anterior sábado encontró en la terminal bimodal de Santa Cruz a Rubén Orozco Cáceres, supuesto militante del MAS, en poder de la vagoneta Toyota RAV 4 modelo 2005, con placa de control 1390-SLB, incautada al narcotráfico en el caso “Triple X” a mediados de este año.

El director nacional de Dircabi, Gonzalo Aguilar, explicó que el vehículo fue entregado de forma legal por la oficina distrital cruceña al senador suplente por el MAS Carlos Guasace Surubí para enviar vituallas y medicamentos a las zonas en emergencia al norte de Santa Cruz.

Agregó que Orozco, ex trabajador de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe), no manejaba el motorizado como denunció Áñez, y pedirá una aclaración pública.

Aguilar señaló que es legal proveer de un motorizado de los bienes incautados a parlamentarios si su fin es una urgencia. “Es que era para una emergencia

—dijo la autoridad—. (Se otorga) si hay un documento de permiso con días limitados”.

Este caso se suma a otro denunciado el 5 de noviembre, cuando una vagoneta Toyota Corolla fue encontrada en poder de Alberto Flores Peña, ex chofer del concejal masista “Chato” Peredo en Santa Cruz.

El Director Nacional de Dircabi explicó que ese motorizado fue entregado por el ex jefe distrital de Santa Cruz Dember Pedraza. “Tenía la documentación en orden, sólo que no lo devolvieron en su momento”.

A principios de este año, fueron destituidos dos jefes de Dircabi, también miembros del partido oficialista, por hacer mal uso de los bienes incautados al narcotráfico. Ambos son procesados por la justicia ordinaria. En enero se iniciará el juicio contra ellos, según Aguilar.

Se trata del ex director nacional de la entidad Wilge Vega, quien habitaba en una casa confiscada, y es acusado por la venta irregular de sustancias controladas incautadas (ácido sulfúrico).

Dember Pedraza, ex responsable de Dircabi Santa Cruz, fue denunciado por usar y chocar un vehículo, el que no devuelve hasta la fecha, y por el manejo arbitrario de joyas y ocho celulares confiscados.

El sábado 22 hallaron un vehículo incautado en la terminal de Santa Cruz.

Dircabi aclara que fue dado con orden a un senador del MAS para una emergencia.

viernes, 7 de diciembre de 2007

El soborno reina en Bolivia y Ecuador


Noticia publicada el Razon

7 de Diciembre de 2007 en LaLa corrupción en América Latina descendió el pasado año, aunque el soborno sigue siendo una práctica extendida en países como Bolivia y Ecuador, según un informe de la organización Transparencia Internacional (TI) presentado ayer en Berlín.

El estudio complementa el índice de corrupción mundial difundido por esta organización no gubernamental el mes de agosto, pero no es plenamente representativo pues no incluye la situación en México, Brasil y Chile, entre otros países.

Pese al descenso, la gente de los países analizados en Latinoamérica suspenden globalmente la actuación de sus gobiernos en la lucha contra la corrupción, pues sólo el 29% cree que esa lucha es “eficaz”, frente al 54% que la califica de “ineficaz”.

En Argentina estos índices son del 15% y 73%, respectivamente; en Bolivia del 25% y el 31%; en Guatemala del 24% y 59%; y en Perú del 20% y el 53%. Por el contrario, en Colombia el 49% de los ciudadanos considera “eficaz” la actuación del Gobierno contra la corrupción, frente a un 41% que la califica de “ineficaz”, y en Venezuela tienen una percepción positiva el 38% y negativa el 33%.

Según el director de programas de TI en América, Alejandro Salas, las víctimas de la corrupción en la región latinoamericana son las personas con menos recursos y eso agrava la situación de desigualdad y pobreza.

El grado de corrupción varía, pero los ámbitos en los que se impone el soborno a cambio de una prestación son generalmente los mismos: la policía, el sistema judicial, la política, el sistema de salud, la educación y los servicios. En la relación presentada por TI, América Latina aparece en cuarto lugar del mundo, donde más sobornos se pagan (el 13 por ciento de la población tuvo que hacerlo el pasado año para obtener un servicio público), por detrás de África (42%), Asia y Pacífico (22%), y Rusia (21%).

El país a la cabeza en el apartado latinoamericano es República Dominicana (28%), seguido de Bolivia (27%), Perú (18%), Panamá (13%), Venezuela (12%) y Argentina con 5% de encuestados a los que el 2006 se les pidió y pagó un soborno. Según Salas, esto denota que la corrupción aún forma parte de la vida de muchos latinos, pero también la falta de sensibilidad de la nueva generación de gobernantes hacia un problema que causa daños millonarios. Berlín, EFE

Sentencia para 8 de mil casos

De un total aproximado de 1.000 denuncias que conoce el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, sólo ocho concluyeron en una sentencia ejecutoriada.

La información fue confirmada ayer por la titular de ese Viceministerio, Nardy Suxo, quien argumentó que esa instancia gubernamental no cuenta “con el apoyo concreto y decidido del Ministerio Público”. Y luego sentenció: “Tenemos un Ministerio Público débil, que no tiene institucionalidad”.

Suxo dijo que en el marco de sus atribuciones, su Viceministerio sólo realiza seguimiento y monitoreo de los procesos. “Nos hemos limitado a hacer nuestra tarea”, acotó e indicó que en algunos casos efectuaron la denuncia. Alrededor de 1.000 denuncias llegaron a este Viceministerio desde junio del 2006.