Corte Suprema aplaza juicio de “Chito” Valle hasta el 2009

Noticia publicada el 21 de Diciembre de 2008 en La Prensa

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aplazó hasta el próximo año el juicio de responsabilidades contra el ex prefecto del departamento de La Paz, Luis Alberto “Chito” Valle Ureña, acusado de la comisión de varios delitos en el ejercicio de la función pública.

El juicio de responsabilidades contra “Chito” Valle se reanudará el 6 de enero de 2008, fecha acordada por la Fiscalía General y la Corte Suprema, ya que estas dos instancias ingresan en receso de fin de año.

El presidente del Tribunal de Sentencia, Eddy Fernández, dijo que “en la constancia debe incluirse que las partes renuncian a cualquier reclamo que podría suscitarse por el tiempo que dure la suspensión del proceso”.

Agregó que en el receso de 18 días, los miembros del tribunal juzgador y los abogados de ambas partes podrán organizar sus agendas.

Al respecto, el fiscal de Recursos Orlando Riveros afirmó que los abogados de la defensa tratan de dilatar el proceso para que el caso prescriba y la ex autoridad quede impune. “El Ministerio Público será firme en su petición de que se condene a Luis Alberto Valle. Hay una fecha que se maneja insistentemente que es febrero, porque ésa es la fecha de la imputación formal en este caso, además que los plazos corren a partir de la notificación con la imputación”.

Valle logró que prescriban dos casos por los que se le imputaba, el proceso denominado “Chitoalcoba” y la venta de un inmueble prefectural en La Paz a personas particulares.

López dice que Quintana pactó con contrabandistas en Cobija

Noticia publicada el 5 de diciembre de 2008 en La Prensa

Un oficial relató que el jefe de los contrabandistas pidió pasar la tranca de Cobija sin control.

El general en retiro César López, ex presidente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), denunció ayer que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, pactó con contrabandistas para que 17 camiones con mercadería de contrabando salieran del país con destino a Brasil. La autoridad negó esas sindicaciones y las calificó de “falsas y temerarias”.

El Gobierno salió en defensa de la autoridad aludida. El ministro de Defensa, Walker San Miguel, expresó su solidaridad con su colega, pero el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Gabriel Dabdoub, pidió la renuncia de Quintana.

El ex Presidente de la ANB hizo estas revelaciones ante la Comisión Especial Multipartidaria que fue formada para investigar este caso, encabezada por del Ministerio Público, aunque la Fiscalía también averigua sobre este caso.

López dijo que Quintana acordó con un grupo de contrabandistas que 17 camiones cargados con mercancía proveniente de Chile pasaran la frontera con Brasil; sin embargo, los “matuteros” aprovecharon la “benevolencia” de la autoridad y transportaron 33 motorizados con carga ilegal.

El 26 de julio, un convoy de 33 camiones exigió pasar un punto de Control Operativo Aduanero (COA) a 19 kilómetros de Cobija. El líder de la organización territorial de base (OTB) y dirigente masista Jesús Chambi le habría dicho al teniente del COA Cristian Deheza que tenían autorización del ministro Quintana para pasar.

Fuerzas del Comando Conjunto detuvieron a los camiones en la localidad de Santa Rosa de Abuná al día siguiente y éstos permanecieron recluidos en esta población hasta el 23 de agosto, cuando fueron recuperados por más de un centenar de contrabandistas armados (ver cronología en la siguiente página).

López, en su declaración, detalló los pormenores del secuestro de los camiones por parte de los contrabandistas y los vinculó con Quintana y el actual prefecto de Pando, contraalmirante Rafael Bandeira, quien entonces estaba al mando del Comando Conjunto hasta el 10 de agosto. Denunció que el Ministro de la Presidencia se comunicó con él para pedirle que permitiera pasar los camiones hasta Puerto Montevideo, que se localiza en la frontera.

“Él (Quintana) me dijo que se encontraba en Cobija y que había una cantidad de vehículos con mercadería para pasar a Puerto Montevideo (…) a lo que yo le contesté y le dije que yo no era quien iba a desautorizar al presidente Evo Morales, quien ordenó la creación del Comando Conjunto y que la misión de este comando era evitar el contrabando”.

La ex autoridad aduanera leyó el informe del teniente Cristian Deheza que relata lo sucedido en la tranca del kilómetro 19: “En fecha 26 de julio del presente año, me encontraba cumpliendo con el control correspondiente apoyando al Comando Conjunto en el puesto 19 carretera a Cobija (…) Una vez que me identifiqué, uno de ellos se presentó como Jesús Chambi indicándome que tuvieron una reunión con el ministro Juan Ramón Quintana para dejar pasar por la tranca a su mercadería”.

Ese pasaje quedó registrado en un video proporcionado por la Aduana Nacional en el que se observa a un comerciante que exige pasar porque tenía la venia del Ministro de la Presidencia.

Según López, poco después de la detención de los camiones se reunió con los comerciantes y con Quintana para “encontrar una solución”.

“Esta reunión fue para ver si podía haber un acuerdo de solución del conflicto, aunque la posición de la Aduana fue clara y contundente (…) que los vehículos retornen a zona franca, paguen las multas correspondientes de acuerdo con el delito y luego esta mercadería sea rematada”.

López relató que Quintana se molestó con los comerciantes por haber tratado de pasar 33 camiones “cuando el acuerdo era únicamente por 17”.

La autoridad gubernamental les conminó: “Han faltado a su palabra y a su compromiso y que (el problema) excepcionalmente se iba a resolver, pero ustedes son unos abusivos”.

Chambi y otros presuntos contrabandistas se reunieron con López, según su propio relato, para presionarle, con el fin de que les dejara retirar los camiones. “Los comerciantes no estaban conformes con el procedimiento, en ese momento el señor Chambi se exasperó y amenazó con retirar los vehículos del área, inclusive empleando armas de fuego”.

La Aduana nunca logró trasladar los 33 camiones al recinto de la zona franca, como dispone la Ley de Aduanas. López atribuye este hecho a que el Comando Conjunto no tuvo la voluntad de realizar el operativo.

El comandante del Comando Conjunto, Rafael Bandeira, dijo que no se procedió con el movimiento debido a que no existía personal suficiente y la orden nunca salió de los mandos superiores (leer entrevista).

El ministro Quintana, en conferencia de prensa, desmintió “categóricamente” las acusaciones de López. “No hay nada más falso que esta temeraria acusación”.

La autoridad destacó el trabajo del Comando de Tarea Conjunta, bajo el mando del contraalmirante Bandeira, en su lucha contra el narcotráfico y el contrabando. “Es paradójico cómo el Comando Conjunto sea el sujeto de acusaciones, siendo que fue éste, bajo el mando de Bandeira, el que desarrolló actividades de lucha contra el contrabando antes de que exista (un) control aduanero en Pando”.

Quintana adelantó que se está llevando adelante una investigación en la Zona Franca de Pando, pues ésta resultó siendo “una chequera en blanco para (el ex prefecto) Leopoldo Fernández”.

Doble investigación

El fiscal anticorrupción Genaro Quenta, quien también fue asignado a la investigación del caso de los 33 camiones de contrabando en Pando, sostuvo que las declaraciones de López a la Comisión Parlamentaria son “ilegales”. La autoridad emitió hace una semana una nota al fiscal general de la República, Mario Uribe, informando que existe doble investigación en este caso.

“Le dije al diputado Javier Zabaleta que la investigación ya está siendo realizada por la justicia ordinaria con anterioridad”.

Zabaleta, presidente de la Comisión Especial, mencionó por su parte que la Fiscalía no puede actuar por encima del Congreso. “Ningún fiscal de materia puede tomarse atribuciones de querer observar una comisión legislativa. A nosotros nos respalda una resolución camaral, la Constitución e incluso la Ley del Ministerio Público”.

Tres prefectos presentan querella contra Ministro

Los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas; de Tarija, Mario Cossío, y de Beni, Ernesto Suárez, presentaron ayer una querella penal contra el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por los delitos de genocidio, sedición e instigación pública a la violencia y uso indebido de influencias, entre otros.

Los prefectos restantes de la llamada “media luna”, que activó movilizaciones contra el Gobierno en agosto y septiembre, presentaron esa demanda ante la Fiscalía General de la República, en la que además le sindican de haber ocasionado la llamada “masacre de Porvenir”, el 11 de septiembre.

El anuncio fue hecho ayer por el abogado de las autoridades de esos departamentos, Alberto Morales, quien consideró que el informe de Unasur y del Defensor del Pueblo son una buena base para fundamentar la ampliación de la proposición acusatoria en contra de los ministros de Gobierno, Alfredo Rada, y de Defensa, Walker San Miguel.

Morales dijo que la proposición acusatoria muestra la evidencia de que Quintana comenzó a ejecutar un plan en agosto en Cobija con la entrega de vehículos días previos al 11 de septiembre y el uso de esos vehículos para el traslado de gente y de armamento.

Posteriormente, una vez ocurridos los hechos, la ejecución del estado de sitio decretado por el Gobierno le correspondía al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, o en su caso al ministro de Defensa, Walker San Miguel, pero también se le atribuye al ministro Quintana, difundiendo un spot con adulteración del sonido y el audio sobre imágenes de la balacera ocurrida en el río Tahuamanu.

El abogado sostuvo que los prefectos querellantes exigen una investigación transparente del Ministerio Público que establezca responsabilidades y aplique justicia. El Ministro encabezó las operaciones del estado de sitio en Pando.

Rafael Bandeira: “Es sospechosa la desaparición de 33 camiones”

—¿Qué opina de las acusaciones en contra de su persona de parte del ex presidente de la Aduana César López?

—Acabo de llegar a Cobija, desconozco qué es lo que dijo el general López. Para mí hay una sola verdad, yo he finalizado mis funciones el 10 de agosto, saque sus cuentas, dónde estaban los camiones el 10 de agosto.

—La ex autoridad dice que usted autorizó que pasen esos camiones con contrabando hacia el Brasil...

—Han levantado mi nombre como si yo hubiera ordenado que podían pasar. Incluso hay un video en el que el contrabandista dice que “va a venir el Contraalmirante a dejarnos pasar”. Me parece absurdo, cómo van a esperar que el Comandante del Comando Conjunto vaya a permitir que pasen esos camiones. Yo he ordenado que se detengan los camiones y en el momento en que han sido detenidos han sido puestos a disposición de la Fiscalía, la Aduana y el COA (Control Operativo Aduanero). Los camiones estaban bajo responsabilidad de la Fiscalía, del COA y la Aduana porque debían verificar si los camiones contenían contrabando. Nosotros los hemos retenido por violentar la tranca.

—¿Qué pasó después?

—Al momento del relevo yo he entregado los camiones detenidos con toda la documentación y el acta de retención. Nosotros no hemos hecho ninguna verificación como Fuerzas Armadas, son los organismos técnicos, en este caso la Aduana, para verificar si esa mercadería era de contrabando. Al momento del relevo he dejado todos los informes al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

—¿Coordinó el resguardo de los camiones con el general López?

—La relación con la Aduana es directa. El Comando Conjunto se creó para apoyar a la Aduana. Las operaciones militares que se desarrollaron son de apoyo a los organismos para la lucha contra el contrabando. Nunca han habido desinteligencias, todas las comunicaciones del comandante regional del COA han sido respondidas por escrito.

—¿Y por qué no se pudieron trasladar los camiones a la zona franca?

—A la Aduana se le explicó por escrito que debía realizar un requerimiento al Comando General de las Fuerzas Armadas de tres compañías para poder trasladar los camiones a Zofra Cobija. El Comando Conjunto no tenía la capacidad para poner a disposición tres compañías que se requerían por las amenazas que se recibían en la Aduana y en el Comando por parte de los contrabandistas, decían que iban a asaltar los camiones con armas de fuego si los tratábamos de mover.

—¿Cómo explica la desaparición de los camiones?

—Es muy sospechosa la desaparición de los camiones porque Santa Rosa de Abuná está sobre un río. Para que sigan adelante tienen que cruzar ese afluente, y 33 camiones no cruzan el río en una hora.

CRONOLOGÍA

26 de julio: Un convoy de 33 camiones es frenado en la tranca del kilómetro 19 en las afueras de Cobija. El líder de la organización territorial de base (OTB) y dirigente masista, Jesús Chambi, le informa al agente del Control Operativo Aduanero (COA) subteniente Cristian Deheza que tiene autorización del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para pasar el punto de control.

27 de julio: Deheza informa al Comando Conjunto de Cobija el hecho “irregular”. El Comando determina y ejecuta la detención de los camiones en Santa Rosa de Abuná por el hecho de “violentar la tranca”.

28 de julio: La Presidencia de la Aduana ordena la detención preventiva de la mercadería y de los 33 camiones. Luego, los técnicos de la Aduana de Cobija hicieron el aforo (verificación) correspondiente y corroboraron que las personas no presentaron papeles ni tributaron. Se calcula que el valor de la mercadería asciende a más de un millón de dólares y que se trasladaban electrodomésticos chinos.

30 de julio: La Administración aduanera de Cobija presenta ante el fiscal Eloy Aspetti una querella (demanda) por el delito de contrabando contra unas 50 personas, entre comerciantes y conductores de los camiones. Se vio a los comerciantes en el Palacio de Gobierno.

31 de julio: En horas de la mañana, los comerciantes se reúnen en La Paz con el entonces presidente de la Aduana, César López, en su oficina. Jesús Chambi pierde el control y amenaza con retomar los camiones con armas de fuego. En la tarde, López ordena al Gerente Regional de la Aduana de La Paz que disponga la valoración por parte de técnicos aduaneros y liquidación de las mercancías decomisadas.

4 de agosto: Técnicos aduaneros llegan a Cobija a efectuar el aforo correspondiente, la valoración documental y física. Informan a la Aduana Nacional que no existe el “espacio ni las condiciones” para la valoración.

5 de agosto: La delegada presidencial de Pando, Nancy Texeira, informa que dos de los comerciantes se trasladaron a La Paz a sostener reuniones en el Palacio de Gobierno.

20 de agosto: El funcionario le mandó una carta al presidente Evo Morales informándole de la gravedad de la situación.

21 de agosto: López consigue entrevistarse con el Mandatario y le expone el caso. Evo le dijo después “haz lo que diga la ley”.

23 de agosto: López se reúne con Bandeira para evaluar la situación en Santa Rosa de Abuná. Informes del COA mencionan que más de un centenar de contrabandistas armados recuperaron los 33 camiones y se los llevaron probablemente a Puerto Montevideo.

7 de noviembre: César López es relevado como presidente de la Aduana Nacional de Bolivia.

4 de diciembre: La autoridad revela que Quintana ayudó a pasar los camiones de contrabando.

Repercusiones

“Lo que yo puedo decir es que el ministro Juan Ramón Quintana ha venido siendo objetivo de permanente ataque mediático y también político. El cuenta con la solidaridad del gabinete porque él es inocente mientras no se le demuestre lo contrario”

Walker San Miguel

Ministro de Defensa

“La figura está clara, Juan Ramón Quintana financió y montó marchas, bloqueos y enfrentamiento para provocar los hechos luctuosos de violencia en el departamento de Pando, y ahora usa el informe de la Unasur para encubrir esos delitos”

Jorge Quiroga

Jefe de Podemos

“Es lamentable que no se haya erradicado todo este tema de la corrupción, como tanto ha anunciado el actual Gobierno, lo único que estamos esperando es que se esclarezca y no exista el encubrimiento a ninguna autoridad del Ejecutivo y se pueda dar con la verdad”

John Cava

Comité Cívico de Sucre

“Nos damos cuenta, por las declaraciones del ex Presidente de la Aduana, que el pago al Prefecto de facto que hay en Pando fue por seguir con sus órdenes y ajustarse a hacer o apoyar al contrabando en el país, el pago a (Rafael) Bandeira es la Prefectura de Pando”

Roberto Ruiz Bass Werner

Senador de Podemos

“El ex presidente de la Aduana seguramente está hablando al calor. Pero sabemos que en Cobija hay serios problemas en la zona franca, quien manejaba era Leopoldo Fernández, y ahora implican a todos, ya vamos a aclarar”

Fidel Surco

Presidente de la Conalcam

Los acusados

Juan Ramón Quintana

Ministro de la Presidencia

Nació en Cochabamba. Fue oficial del Ejército Nacional, actualmente se encuentra en retiro definitivo. Es también Licenciado en Sociología, hizo sus estudios en la Universidad Mayor de San Andrés, de la ciudad de La Paz. Fue Asesor del Ministerio de Defensa durante los gobiernos de Hugo Banzer Suárez (segundo mandato), Jorge Quiroga y Carlos Mesa. Es uno de los principales operadores políticos del Gobierno de Evo Morales.

Rafael Bandeira Arze

Prefecto de Pando

El contraalmirante Landelino Bandeira nació en el departamento del Beni; pertenece a la Fuerza Naval y fue jefe del Estado Mayor de la Fuerza Naval Boliviana. Comandó la ayuda a los damnificados de las inundaciones del Beni y fue comandante del Comando Conjunto para luchar contra el contrabando de combustibles, madera y mercancías. Actualmente es Prefecto interino del departamento de Pando.

César López acusa a Quintana de tratar con contrabandistas

Noticia publicada el 5 de Diciembre de 2008 en La Razon

El ex presidente de la Aduana Nacional, general César López, sostuvo ayer que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, hizo tratos con los comerciantes acusados de la fuga de 33 camiones que llevaban mercadería de contrabando, hecho que ocurrió en Cobija el 23 de agosto.

La ex autoridad hizo la denuncia ayer ante la comisión de la Cámara de Diputados que investiga los hechos de agosto.

“El ministro Quintana se molestó y les reclamó a los comerciantes por su deshonestidad, señalándoles que el trato sólo era (para el paso) de 17 camiones y que habían faltado a la palabra y a su compromiso, y que (el tema) excepcionalmente se iba a resolver”. Esto ocurrió, según López, el 30 de julio, tres días después de que los camiones fueran retenidos por militares en la localidad fronteriza de Santa Rosa de Abuná, a 180 kilómetros de la zona franca de Cobija.

“Esta reunión fue para ver si podía haber una acuerdo de solución al problema”, sostuvo el general. Agregó que al encuentro también asistieron dirigentes de los comerciantes, como Zenón Valeriano Quispe Yujra, Jesús Antonio Álvarez Cutile, Jesús Chambi Mamani, Wálter Zuleta Morales, Adolfo Choque y otros de quienes “no tengo el nombre”.

Chambi y Álvarez figuran junto a otras dos personas en el informe del fiscal de turno de la zona franca de Cobija, Jhonny Sosa, como los propietarios de la mercadería retenida en Santa Rosa.

Según el reporte que el teniente Alfredo Deheza, efectivo del Control Operativo Aduanero (COA), presentó a López, Chambi estuvo junto a otra persona la noche del 26 de julio en el puesto de control del Comando Conjunto, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera a Cobija.

“Uno de ellos se presentó como Jesús Chambi, presidente de la Organización Territorial de Base (OTB), indicándome que tuvieron una reunión con el ministro Juan Ramón Quintana, quien se había constituido a Cobija para reunirse con los comerciantes y dejar pasar por la tranca del kilómetro 19 su mercadería”, señala el documento.

El informe da cuenta de que Chambi “indicó que se constituiría al lugar, en algunos minutos, el contralmirante (Rafael) Bandeiras o uno de sus representantes del Comando Conjunto, para dar las instrucciones”. Bandeiras, actual prefecto interino de Pando, era entonces jefe del Comando Conjunto en Cobija.

Deheza informó también que, luego, el capitán Óscar Abastoflor, del Comando Conjunto, autorizó el paso de los motorizados que avanzaron hasta Santa Rosa, donde fueron interceptados.

La participación de Chambi está registrada en un video que el miércoles difundió Cadena A y que, según el general López, fue grabado por el fiscal Sosa.

A las 11.00, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, señaló que “lo que puedo decir a los medios de la oposición, como es el caso de Unitel, es que el ministro Juan Ramón Quintana, nuestro colega, ha venido siendo objetivo de permanente ataque mediático y también político”.

Expresó, a nombre del Ejecutivo, su apoyo al titular de la Presidencia.

Por la noche, Juan Ramón Quintana ofreció una rueda de prensa en la que negó las acusaciones formuladas en su contra y contra Bandeiras; pero no se refirió ni al video ni a las declaraciones del ex presidente de la Aduana.

En su declaración, López también reveló que el 26 de julio recibió dos llamadas en su celular. La primera —dijo— fue del ministro Quintana, a las 17.00. “Él (Quintana) me dijo que se encontraba en Cobija y que había una cantidad de vehículos con mercadería para pasar a Puerto Montevideo (frontera con Brasil) y que más tarde ingresarían en un régimen normativo”.

Agregó que el ministro le habría dicho que logró “acuerdos políticos” en Pando y que “incluso manifestó que estos camiones podían pasar la mitad a partir del día sábado y la (otra) mitad al amanecer del domingo. Le contesté y le dije que yo no era quien iba a desautorizar al presidente de la República, Evo Morales, quien ordenó la creación del Comando Conjunto con la misión de evitar el contrabando”.

“En la noche, entre 19.00 y 20.00, me llamó el contralmirante (Bandeiras), solicitándome por favor que le extienda una nota autorizando la salida de los camiones (de la tranca)”, relató.

El ex presidente de la Aduana denunció también la falta de cooperación de las FFAA para realizar el operativo de rescate de los camiones antes de su fuga. Contó que cuando le pidió apoyo militar al jefe del Estado Mayor, general José Prudencio, “él me manifestó que en la reunión del Ato Mando se decidió que se daría una solución política (a la situación)”.

Según la ex autoridad, nueve de los camiones fueron recapturados. Dijo que algunos de ellos fueron hallados en Montevideo sin sus placas de control.

“(Quintana) les reclamó a los comerciantes por su deshonestidad, señalándoles que el trato sólo era de 17 camiones”.
General César López

Versión de López

26 de julio • 33 camiones de contrabando logran pasar la tranca del kilómetro 19, donde un dirigente de los comerciantes aparece y dice tener autorización de Quintana y Bandeiras. Ambas autoridades llaman al general López.

27 de julio • Los motorizados son interceptados por efectivos militares del Comando Conjunto en la localidad de Santa Rosa de Abuná, a 180 km de la ciudad de Cobija y próxima a la población fronteriza de Montevideo.

30 de julio • El ex presidente de la Aduana, César López, se reúne junto a sus técnicos y dirigentes de los comerciantes con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. En el encuentro, en La Paz, se negocia una salida al problema.

23 de agosto • El operativo de la Aduana para rescatar los camiones y trasladarlos de regreso a la zona franca de Cobija fracasa a causa, entre otras cosas, de la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas. Por la fuerza, los propietarios de los camiones los recobran y los llevan con rumbo a la frontera.

Militares llevan el dinero del bono Pinto a su casa

Noticia publicada el 12 de Noviembre el 2008 en La Razon

Oficiales de la Fuerza Aérea en Tarija, responsables del pago del bono Juancito Pinto, se llevaron el fin de semana a sus domicilios el dinero destinado al pago del beneficio, argumentando que los bancos están cerrados los domingos.

El sábado, uno de los oficiales reportó a la Policía el robo de los Bs 160.000 que estaban destinados al pago del bono en unidades educativas de Villa Abaroa.

Según explicó a una emisora local el comandante de la IV Brigada Aérea, coronel José López, “se hizo entrega del dinero al oficial. Pero como los bancos no abren sus puertas en domingo, esta persona, como otros oficiales, guardó la plata en su hogar”.

El responsable de la unidad ejecutora del bono, Reinaldo Díaz, dijo ayer que lo ocurrido en Tarija significa un incumplimiento de las normas de seguridad, aunque admitió que los protocolos para el manejo del dinero son definidos por las unidades militares que realizan los pagos.

La autoridad educativa confirmó que se están realizando las investigaciones pertinentes por parte de la FELCC y FFAA, aunque los detalles se los mantiene en reserva para evitar otros robos .

Díaz aseguró que el pago del bono continúa sin ningún contratiempo y que, a pesar del robo, los niños de las escuelas de Villa Abaroa recibieron su bono.

Las fallas en la carnetización van a la Fiscalía

Noticia publicada el 9 de Julio de 2008 en La Razon

Tres vocales de la Corte Nacional Electoral (CNE) pidieron ayer la investigación a la Fiscalía General de la República sobre los ´presuntos delitos´ perpetrados durante el proceso de carnetización gratuita —programa impulsado por el Gobierno con apoyo de Venezuela—, en base a los reclamos formulados la anterior semana por la diputada de Podemos Ninoska Lazarte, quien insinuó la vulnerabilidad del programa a partir de documentos policiales que lo denunciaban.

“En el ejercicio de nuestras funciones de vocales de la CNE hemos tomado conocimiento de los hechos denunciados por la H. Diputada Nacional Ninoska Lazarte, que de comprobarse por las instancias judiciales competentes constituirán delitos contra la fe pública cometidos en el proceso de carnetización gratuita”, se lee en la carta dirigida al fiscal general Mario Uribe firmada por los vocales Amalia Oporto, José Luis Exeni y Jerónimo Pinheiro, que data del 8 de julio.

La mañana del jueves, Lazarte presentó la documentación que ponía en duda la seguridad del programa, además de informes policiales en los que se denunciaban irregularidades en los registros, como carnets que tenían fotos de paisajes, no personas.

El 16 de abril, por ejemplo, el teniente William Llanos, jefe de sistemas, envió un informe al director nacional de Identificaciones, Raúl Rocha, en el que denunciaba que existían dobles registros e incluso algunos sin fotografías. El 2007 concluyó la segunda fase del programa, pese a que en la primera parte de la gestión la Dirección de Identificaciones alertó de las irregularidades que se cometieron en el proceso. Un jefe policial alertó que el doble registro podría llevar a un fraude electoral.

Una fuente policial manifestó a este medio que “con la simple presentación de dos testigos” se accede a una cédula gratuita, “usted sabe que la gente de los países vecinos aprovecha para tener doble identidad. Se alertó en su momento y nadie le dio importancia, dadas las circunstancias políticas”. La CNE expresó a Uribe en su misiva que cooperará “con todos los requerimientos que su autoridad considere útiles para la investigación”.

Gobierno formaliza querella

El asesor legal del Ministerio de Gobierno, Marcos Farfán, presentó ayer una querella en contra de la diputada nacional de Podemos Ninoska Lazarte, quien denunció por medios de comunicación las presuntas irregularidades y vulnerabilidades del programa de carnetización gratuita.

En la querella se acusa a Lazarte de “falsedad material e ideológica al poner de manifiesto que ella y terceros alteraron la información de cédulas”, se lee en el documento.

Por su parte, la diputada anunció que espera la notificación. “Es una persecución política, no les tengo miedo y voy a seguir demostrando la irregularidad del sistema. El Gobierno demuestra que no le gusta que demostremos irregularidades”.

Miguel Albarracín, coordinador del programa, reconoció que el sistema se adecuó a los niveles de control anteriores.

UN vincula a Quintana

Noticia publicada el 4 de Julio de 2008 en La Razon

l diputado de UN Arturo Murillo expuso los supuestos vínculos del grupo contraterrorista con el Ministro de la Presidencia y con el jefe de Aduanas. Dijo que este grupo de élite actuó en los hechos violentos desde el 2007.

La Policía pacta luchar contra la corrupción en dos reparticiones

Noticia publicada el 20 de Junio de 2008 en La Prensa


Tránsito e Identificaciones son dos de las reparticiones policiales donde mayor número de quejas de corrupción se registran, según el viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, entidad que ayer firmó un acuerdo con la Policía para luchar contra esa lacra.

Con ese objetivo, el comandante general de la Policía Nacional, general Miguel Gemio, suscribió ayer un acta de entendimiento con la viceministra Nardy Suxo Iturry para la aplicación del plan de transparencia en la institución del orden.

“Volcaré todos mis esfuerzos para que se llegue a término y haya corrupción cero”, dijo Gemio al comprometerse a identificar a los malos policías, a fin de que sean sancionados por faltas y, en caso de delitos, pasen al Ministerio Público.

El Comandante General negó que sea la institución la involucrada en este tipo de hechos y acusó a algunos miembros, “porque no hay que olvidar que la mayoría está dispuesta a ofrendar su vida en el cumplimiento del deber”.

La viceministra Suxo, además de destacar la firma del acta, dijo que las quejas por cobros no establecidos son frecuentes contra Tránsito e Identificaciones, y entregó pancartas donde se describen los pasos que se deben dar para obtener la licencia de conducir y la cédula de identidad, en tres idiomas (aymara, quechua y español), las que deben ser exhibidas en esas unidades.

La Policía, al igual que las reparticiones del sector público, se compromete a implementar cuatro componentes: acceso a la información, rendición pública de cuentas, control social y ética pública.

“De acuerdo con el mandato presidencial, la lucha contra la corrupción y la transparencia es la gestión pública es indispensable en el actual proceso de cambio que vive el país”, dice el punto cuatro del acta suscrita, que regirá dos años, con opción de prórroga.

Sorprenden a un policía con dinero de coimas

Noticia publicada el 19 de Junio de 2008 en El Deber


Otra denuncia de corrupción afecta a la deteriorada imagen de la Policía. Un uniformado dependiente de la división Registro de Vehículos del Organismo Operativo de Tránsito fue sorprendido con Bs 560 en el cajón del escritorio donde atiende al público, producto de las supuestas coimas que recibe para los trámites en las oficinas de Servicio & Operadores (SIO), que es la recaudadora de los impuestos municipales.
El hecho fue denunciado por el diputado Wilfredo Áñez, al que le sonsacaron Bs 70 cuando realizaba un trámite de registro de vehículos. El parlamentario cuestionó el cobro del policía y éste dijo que sólo cumplía órdenes superiores. Áñez avisó del caso de corrupción al Ministerio Público y el fiscal Raúl Roca abrió el cajón del escritorio donde halló la plata, como prueba del delito de cohecho.
Roca dijo que el policía Wálter Pérez Mamani deberá presentarse hoy a las 16:00 para dar su versión en torno a la denuncia del diputado. Por su parte, el subdirector de Tránsito, Carlos Gutiérrez, aseguró que el sargento aludido vendía valores policiales y dijo que no es cierto que cobraba dinero sin dar algún documento de respaldo. Contrariamente a esa explicación, el director de Recaudaciones de la Policía, Víctor Maldonado, afirmó que la suboficial Norberta Luna es la única autorizada para realizar solamente el canje de los comprobantes de pago en el banco por un valorado de esa repartición, de acuerdo con el trámite que realiza el interesado. “La suboficial no debe hacer ningún cobro en efectivo, sólo el cambio de la boleta bancaria por el valorado”, remarcó.
El director de Tránsito, Humberto Echalar, que estuvo presente cuando el diputado denunció el hecho, dijo que no sabía que el policía realizaba cobros ‘por órdenes superiores’, pero refirió que la jefa de Registro de Vehículos es la Tcnl. Margoth Cardozo de Heredia y que el caso es investigado por el Ministerio Público. EL DEBER intentó conocer la versión de Cardozo, pero no fue encontrada.
Vivian Calderón, representante de SIO, sostuvo que cedieron un espacio para Tránsito, pero no sabía que realizaba cobros.

Soborno: fiscal recibió apoyo de Diputados
Según el fiscal de Distrito, Jaime Soliz, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, presidida por Gonzalo Lazcano, le ha brindado su apoyo para procesar a los implicados en la repartija de $us 300.000 de un presunto narco.
La Fiscalía imputó varios delitos, entre ellos cohecho, a los teniente coroneles Ramiro Soliz, Freddy Meneses; al capitán Orlando Araujo, al teniente Fidel Garnica, a los policías Vidolfo Chávez, Juan Calisaya y Eugenio Mamani; al fiscal José Luis Molina y al dueño de la plata, Luis Alberto Suárez Gil (evadido).
El diputado Lazcano, el martes 17, recibió un informe del fiscal del caso, Álvaro La Torre, tras el cual dijo que no convocará a los procesados por la Fiscalía, pero sí a Enrique Urquidi (ex comandante de la Policía), Edwin Foronda (subcomandante) y al fiscal Jaime Soliz, que dijo estar dispuesto a colaborar con las inquietudes de Lazcano.
Por otra parte, ayer se supo que el juez Roque Leaños fijo la audiencia cautelar para el 26 de este mes.

El fiscal revive el caso Enron y enjuicia a Goni

Noticia publicada el 10 de junio de 2008 en La Prensa

El Ministerio Público presentó ayer ante la Corte Suprema una acusación formal para el inicio de un juicio de responsabilidades en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, ex ministros y ex ejecutivos de YPFB, por el contrato firmado con la empresa estadounidense Enron para la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil.
El fiscal de Recursos, Orlando Riveros, informó que la Fiscalía General inició la investigación luego de que el entonces ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, planteara el proceso contra los ex mandatarios, sus ex ministros, funcionarios de la estatal petrolera YPFB y los representantes legales de la compañía estadounidense en Bolivia.

En junio del 2006, Soliz Rada anunció el inicio de un juicio de responsabilidades en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y otras 40 personas, incluidos varios estadounidenses, por una supuesta “brutal estafa” de la quebrada firma petrolera Enron Corp.

En aquella oportunidad, Soliz indicó que el juicio podría afectar a la firma con sede en Londres, Ashmore Energy International Limited, que compró en enero de ese año los negocios de Prisma en Bolivia. También implicó a la anglo-holandesa Shell, su socia en la transportadora de hidrocarburos Transredes.

El 9 de diciembre de 1994, en el primer gobierno de Sánchez de Lozada, se firmó el contrato entre la empresa estadounidense Enron y la estatal petrolera YPFB, con el objetivo de construir el gasoducto Brasil-Bolivia.

El fiscal Orlando Riveros explicó que, fruto de ese contrato, se suscribieron otros documentos modificatorios que abrieron paso para que la Enron inclusive sea parte de Transredes.

“El origen reside en el contrato original que tenía cláusulas muy lesivas y contrarias al interés nacional. Basta mencionar que este contrato ha posibilitado el ingreso de la Enron al gasoducto de Brasil-Bolivia, con el compromiso sólo de que haga sus mejores esfuerzos para conseguir financiamiento”, explicó Riveros a

La Razón y recordó que el financiamiento para este proyecto provino de Petrobras; y al tener financiamiento brasileño ya no era necesaria la presencia de Enron, pero se mantuvo en contra de los intereses nacionales.

De acuerdo al procedimiento, una vez presentada la proposición acusatoria por el Ministerio Público, será la Corte Suprema la que remita el caso al Congreso y esta instancia legislativa autorice el juicio. Este medio se contactó ayer con el ex vicepresidente Cárdenas, quien se excusó de hacer declaraciones. Dijo que hoy atenderá cualquier requerimiento. Redacción Central y Redacción Sucre

YPFB despide a un director por presunta corrupción

Noticia publicada el 21 de Mayo de 2008 en La Razon


El presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, destituyó ayer al director de Comunicación de esta empresa, Víctor Hugo Chávez, por supuestos actos de corrupción y entregó una evidencia de la denuncia al Ministerio Público.
Al recordar que la política del presidente Evo Morales es de transparencia, Ramírez explicó que recibió una denuncia por un cobro indebido que habría realizado Chávez, lo que le obligó a tomar esta decisión.

Según el presidente de YPFB, se habría depositado Bs 7.650 en la cuenta personal de Chávez en el Banco Mercantil Santa Cruz. “Además de pasar el caso al Ministerio Público, la empresa va a entregar su memorándum de despido a Chávez”, dijo.

“La instrucción del Presidente es mantener transparencia en el manejo no sólo de YPFB sino de nuestras instituciones públicas, sean éstas descentralizadas o no”, señaló el titular de la empresa petrolera estatal.

Al explicar que muchas de las actividades de YPFB fueron descentralizadas a las gerencias y direcciones para lograr una mayor agilidad en las contrataciones, indicó que, en este caso en particular, para hacer trabajos o tomar servicios de los medios de comunicación, la dirección era la encargada de cerrar los diferentes contratos con los dueños o propietarios de programas.

Ramírez señaló que tiene la copia de la denuncia y que quien se encargará de la certificación y la investigación será el Ministerio Público. Chávez ingresó a Yacimientos en la gestión de Guillermo Aruquipa y continuó sus funciones hasta ayer.

Este medio trató de comunicarse vía teléfono con Chávez, pero éste no contestó su celular.

Un diputado ve negligencia en el caso Vanessa

Noticia publicada el 20 demayo de 2008 en La Prensa


El diputado de Podemos Marco Antonio Córdova, ante la presunción de negligencia cometida por el Ministerio Público, informó que pidió a la fiscal de Distrito de La Paz, Teresa Vera, que le remita los antecedentes del caso de la niña Vanessa Flores, atropellada el sábado 10 de mayo en la avenida Costanera de la ciudad de La Paz.

Según un boletín de la Cámara Baja, el congresista manifestó que el fiscal Elías Bueno, quien dirige el caso, actuó con negligencia y dando concesiones preferenciales al autor del hecho, dejándolo en libertad con el perjuicio de producirse su fuga o acciones legales en su contra. La solicitud de libertad, sostuvo, no puede presentarse ante la autoridad policial, sino judicial.

La Fiscalía imputa al chofer que hirió a la niña Vanessa

Noticia publicada el 17 de Mayo en La Prensa




El Ministerio Público decidió ayer acusar formalmente al abogado Marcelo A.C., quien el sábado pasado chocó su vehículo contra un auto en el que viajaba la niña Vanessa Flores, por los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas producidas en un accidente de tránsito.

El acusado, en declaraciones a la red televisiva ATB, dijo: “Estoy completamente arrepentido, he pedido perdón a los padres y lo vuelvo a hacer. Gracias más bien por darme la oportunidad. Les pido de todo, de todo corazón (perdón). Es algo que jamás en la vida hubiera querido ocasionar. Que no me estigmaticen como un delincuente cualquiera; no soy un delincuente, he cometido un error, he sido actor de un accidente de tránsito”.

Observación

La defensa de Iván Flores, padre de Vanessa, informó que no está conforme con la imputación de la Fiscalía ya que, según la familia de la niña, el Ministerio Público se olvidó de acusar a Marcelo A.C. por las figuras legales de omisión de socorro en accidentes y conducción peligrosa.

La siguiente semana, una vez que el Fiscal que atiende el caso, Elías Bueno, realizó su acusación formal, se iniciará el proceso ante las autoridades judiciales que determinarán si el acusado permanece en libertad o es detenido.

La niña Vanessa, según informó su progenitor, salió ayer de la sala de Terapia Intensiva de la Clínica del Sur. Ella tiene el cráneo astillado por el choque automovilístico.

Este caso comenzó la noche del sábado 10 de mayo cuando la menor, de nueve años, viajaba en la vagoneta de su padre por la avenida Costanera de la zona Sur. El vehículo se detuvo por un embotellamiento y fue embestido por el jeep de Marcelo A.C., quien, según Iván Flores, escapó sin atender a las víctimas.

Sin embargo, el acusado dijo ayer a los periodistas que no huyó del lugar sino que, tras el choque, fue agredido por los familiares de la menor.

Marcelo Antonio A Abogado atropella a niña y recibe trato preferencial

Noticia publicada el 14 de MAyo de 2008 en La Prensa


“Tiene mucha influencia, por eso no fue detenido”. Con esas palabras se refiere Iván Flores al abogado Marcelo Antonio A., quien el sábado protagonizó una colisión que dejó herida a la niña Vanessa Flores (10), quien tiene el cráneo roto y permanece en Terapia Intensiva de la Clínica del Sur.

Ese día, Iván se trasladaba en su vehículo por la avenida Costanera. Allí fue embestido por la vagoneta del abogado, que le chocó con violencia dejando cuatro personas heridas, entre ellas Vanessa.

Marcelo Antonio A. huyó del lugar. Un fiscal que conoció el caso le dejó libre y no instruyó el decomiso del vehículo infractor. El acusado logró con rapidez salir de vacaciones del banco en el cual es asesor legal para evitar ser encontrado y, pese a que visitó la clínica donde está la menor, hasta ahora no se hizo cargo de los daños o de los medicamentos. Dos días después del hecho de tránsito acudió ante las autoridades para hacerse una prueba de alcoholemia.

“El Fiscal se ha parcializado con él porque tiene mucha influencia”, se queja el padre de la niña, quien ayer, junto con sus familiares y vecinos de la zona de San Pedro, participó en una marcha de protesta a las puertas de la Fiscalía, en la calle Potosí.

La familia Flores pide que el acusado pague los daños médicos y los destrozos de su vehículo y que se someta a la justicia por haber conducido en aparente estado de embriaguez.

Fuentes cercanas al acusado dijeron que él está dispuesto a correr con los gastos médicos pero que rechaza que haya estado ebrio el día del accidente. El banco del cual es asesor legal prefirió no pronunciarse al respecto.

Antecedentes

El sabado 10 de mayo, Iván Flores, sus hijas y su esposa salieron de paseo en su vehículo Toyota Rav 4. Desde su casa, en la zona de San Pedro, fueron al Coliseo Cerrado a ver partidos de voleibol. Luego, en la noche, se dirigieron a su oficina, en la zona Sur, para recoger una computadora. Recorrieron la avenida Costanera en su carril de bajada. Dos cuadras antes del mercado de Las Cholas se produjo un embotellamiento que obligó al conductor a detener el vehículo.

En ese instante, otro motorizado se estrelló violentamente contra el auto de Flores. “Fuimos embestidos por el vehículo conducido por Marcelo Antonio A. El golpe fue tan fuerte, tan fuerte que yo aparecí en el carril de subida traspasando la jardinera. Y me bajé y vi quién era el chofer para que no se escape. Logré que este señor se baje de vehículo”.

Luego, relató, “mi esposa me hizo dar cuenta de la gravedad de la salud de mis hijas, (entonces) me dediqué a auxiliar a mis hijas. Viví momentos terribles porque no se podían abrir las puertas del auto” donde estaban las niñas.

“El auto de nosotros quedó destrozado, van a ver las fotos. En ese momento este señor (el abogado) se dio a la fuga dejando sin auxilio a una de sus acompañantes, Alison A. Había ocho personas en el vehículo de ellos, totalmente borrachos, estaban regresando de una fiesta del banco”.

Las dos menores fueron llevadas de urgencia a la Clínica del Sur. La menor, de siete años, Marissa, sufrió heridas en la cabeza y el cuerpo. Vanessa se llevó la peor parte. Una tomografía cerebral muestra que su cráneo está roto y astillado y que sufrió el ingreso de aire.

Según la Unidad Operativa de Tránsito, en los nueve departamentos, cada año, mueren en promedio mil personas en choques, vuelcos, atropellos y embarrancamientos de vehículos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó prohibir el consumo de alcohol para quienes conduzcan.

Apuntes

El sábado, el vehículo de Iván Flores y su familia fue embestido en la Costanera.

El presunto infractor es Marcelo Antonio A., quien se fue del lugar y no fue detenido.

La niña Vanessa tiene el cráneo roto y astillas en la cabeza. Está en terapia intensiva.

El padre de la menor pide el pago de gastos médicos y la detención del sospechoso.

MAS Petrol logró que unos 17 “militantes” entraran en YPFB

Noticia publicada el 12 de Marzo en La Prensa

“¿Pertenece a alguna organización, movimiento social o es recomendado? Por favor, dígame de quién es recomendado, voy a tomar su nombre”. Así contesta la secretaria del director nacional de Recursos Humanos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sabino Carme, cuando uno trata de comunicarse con el funcionario por teléfono.

El aludido asegura que las contrataciones de personal en la empresa no se realizan bajo criterios políticos y que lo que prevalecen son los ingresos a través de convocatorias públicas.

Sin embargo, de acuerdo con las planillas de personal eventual que emitió la Dirección de Recursos Humanos de la empresa y a las que tuvo acceso La Prensa, 92 de 288 personas ingresaron con convocatoria entre noviembre y diciembre de 2007, 193 fueron incorporadas directamente y tres funcionarios, “designados por la dirección” (no precisa cuál).

Además, según otros documentos, MAS Petrol, un grupo afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), logró que 17 personas de una lista de 41 “militantes del MAS-IPSP” que ya trabajaban en la firma fueran ratificadas en sus puestos y que a otros se les otorgaran ítems (ver foto).

Fuentes de la misma compañía explicaron que MAS Petrol es una organización de trabajadores petroleros y de activistas del sector que defiende la nacionalización de los recursos naturales y la política que impulsa el presidente Evo Morales.

Fuentes del MAS informaron que ese grupo no forma parte de la estructura orgánica del partido, a diferencia de la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia (CSUTCB) o la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, por ejemplo.

A fines de 2006, el líder de MAS Petrol, Hugo Vega, envió una carta al asesor de YPFB Juan Carlos Calvimonte para agilizar los trámites de contratación. La misiva señalaba: “Adjunto a la presente hacemos la entrega de la lista de los militantes del MAS-IPSP que trabajan en YPFB. Solicitamos que se les garantice su fuente laboral en las nuevas contrataciones, sobre todo de aquellos que se encuentran con contratos temporales para formar parte de las planillas de la empresa (contratos con ítem)”.

En las planillas de 2007 “los militantes de MAS Petrol” aparecen entre las personas contratadas. Muchas en la planta Senkata, en El Alto, y otras en la planta de Entre Ríos, en La Paz.

De acuerdo con otro documento, Hugo Vega ingresó en la empresa como técnico especialista superior III el 22 de enero de 2007. En la actualidad desempeña sus funciones en El Alto.

Carme admitió que constantemente la empresa recibe presiones de organizaciones, pero dijo desconocer la de MAS Petrol ya que prácticamente el año pasado entró en la empresa.

Aseguró que Yacimientos no busca fines políticos, sino convertirse en una empresa estatal sólida y técnica. No obstante, otro documento emitido por la misma compañía discrimina al personal por criterios partidarios, entre los alineados con el cambio, los neoliberales y los independientes. Carme dijo desconocer esa clasificación.

De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, Yacimientos tiene que ser una empresa técnica, especializada y apta para participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos (exploración, producción, transporte, distribución y refinación, entre otras actividades), sin embargo, no ha logrado asumir esos retos.

El año pasado, por falta de logística y de personal idóneo, hubo problemas de abastecimiento en el mercado interno de gas licuado de petróleo (GLP) y de diésel en las regiones.

El presidente ejecutivo interino de la empresa, Guillermo Aruquipa, es licenciado en Informática y realizó cursos de especialización tributaria. No cuenta con los 10 años de experiencia en el sector que exige el estatuto de la compañía para dirigir la entidad que genera la mayor parte de los ingresos para el Estado.

El gerente nacional de Finanzas, Édgar Trujillo, tal como publicó este diario en 2007, fue secretario de Hacienda del Sindicato de Choferes de Villa Victoria. Él y Sabino Carme fueron colaboradores estrechos de Aruquipa cuando éste se desempeñó en el Senado como oficial mayor y, por eso, ahora trabajan en la petrolera.

Carme admitió que ayudó a Aruquipa, pero que eso no tenía nada de malo.

Este año, Yacimientos aumentará su personal en 175 por ciento, de 525 funcionarios a por lo menos 1.445 personas.

Según datos de la empresa, la idea es que, con el incremento, YPFB se convierta en una compañía fuerte y solvente. Los trabajadores, en cambio, aseguran que en algunas secciones ya se están duplicando esfuerzos. Por ejemplo, en la Asesoría Jurídica, donde se subió de 11 a 21 funcionarios aproximadamente.

Carme corroboró esa información, pero dijo que la parte técnica debe ir de la legal y que se necesitaba más profesionales en esa área. Se supo que en Senkata existe el mismo problema.

El Ministerio de Hidrocarburos pidió ayer un informe a la empresa sobre nepotismo.

Un día antes se denunciaron posibles hechos que involucraban a tres ejecutivos.

La empresa presentó pruebas para deslegitimar esas acusaciones.

Sabino Carme, director

“Recibimos presiones de varias organizaciones sociales”

Sabino Carme, director nacional de Recursos Humanos YPFB, habló con La Prensa sobre las contrataciones.

—¿Yacimientos contrató a militantes del Movimiento Al Socialismo?

—En esto queremos ser claros. Hemos tenido muchas presiones de varias organizaciones sociales del país en sentido de que querían ser parte de la empresa, que cuentan con sus profesionales y que debían tener una oportunidad. Hubo mucha presión; entonces, en algunos casos inclusive hemos sacado convocatorias en el oriente y en el chaco.

Muchas organizaciones (afines al MAS) han presionado indicándonos: ¿Por qué no ingresan personas que son de nosotros? Pero hemos explicado que se trataba de una convocatoria pública y abierta, haciendo que ingresen los que han calificado, también las personas independientes han enviado sus currículos.

—Pero hay muchos casos de gente del MAS que está en la empresa…

—No sé quiénes son o no son del MAS. Nosotros no vemos de dónde vienen, el modelo de presentación de los formularios es para todos en general y si alguien no cumple el requisito, está descartado.

—¿Usted conoce la existencia de MAS Petrol, un grupo afín al MAS?

—Cada ciudadano, de acuerdo con la Constitución, es libre de asumir cualquier posición política, eso nadie puede al final prohibir. Ellos sabrán si apoyan o no a una agrupación política o ideológica. Eso ya no vemos, pueda ser que haya algunos núcleos de trabajadores que quieran sumarse al proceso de cambio que vive el país, eso no sé como ustedes lo ven, pero por lo menos nosotros vemos que cada ciudadano tiene su posición conforme a la Carta Magna.

—Pero ¿cómo se explica que el señor Hugo Vega, líder de MAS Petrol, sea trabajador de la planta Senkata?

—Trabaja como técnico en YPFB hace varios años. (Según documentos, ingresó en 2007.)

—¿Cómo van a fortalecer a YPFB si hay personal político?

—No sé. Bueno, queremos que sea una empresa técnica fuerte.

—¿Cómo entró la gente que no ingresó con convocatoria este año?

—Bueno, es sólo personal eventual que trabajará en YPFB.

Bolivia: Procesarán a funcionarios implicados supuestamente en caso de corrupción

Noticia publicada el Red Bolivia

Los cinco funcionarios judiciales, supuestamente implicados en el caso de corrupción denunciado en la ventanilla de Recepción, Sorteo y Distribución de Causas de la Corte Superior de Chuquisaca, serán sometidos a un proceso disciplinario, debido a que se encontraron suficientes indicios de responsabilidad en la posible comisión de hechos reñidos con las normas disciplinarias vigentes en el Poder Judicial.

Según el informe elaborado por el abogado investigador de la oficina de Régimen Disciplinario de la Representación Distrital del Consejo de la Judicatura, se encontró indicios de responsabilidad.

Los cinco funcionarios judiciales, supuestamente implicados en el caso de corrupción denunciado en la ventanilla de Recepción, Sorteo y Distribución de Causas de la Corte Superior de Chuquisaca, serán sometidos a un proceso disciplinario, debido a que, según el informe elaborado por el abogado investigador de la oficina de Régimen Disciplinario de la Representación Distrital del Consejo de la Judicatura, se encontraron suficientes indicios de responsabilidad en la posible comisión de hechos reñidos con las normas disciplinarias vigentes en el Poder Judicial.

La información fue proporcionada por el consejero, Rodolfo Mérida, quien manifestó que el investigador emitió un informe acusatorio contra los funcionarios, presuntamente,implicados en estos hechos; recomendado la destitución de uno de ellos y la suspensión sin goce de haberes entre tres a seis meses de los restantes cuatro, en atención a las faltas disciplinarias y contravenciones administrativo-disciplinarias, supuestamente, cometidas.

Mérida evitó emitir valoraciones de fondo respecto al caso, ya que existe la posibilidad de que el mismo llegue a conocimiento suyo y de sus colegas consejeros, miembros del Plenario del Consejo de la Judicatura, en recurso de apelación.

"En función a los datos proporcionados por el abogado investigador asignado a este caso, debemos lamentar que se haya presentado ésta situación cuando menos irregular", señaló la autoridad judicial al ser consultado al respecto.

Asimismo, añadió que se tiene conocimiento que existe la solicitud de uno de los supuestos involucrados de someterse a un proceso abreviado, lo que debe ser conocido y tramitado por el Tribunal Sumariante, constituido en el distrito judicial de Chuquisaca. "Esto implica que el funcionario está reconociendo su falta y si se tratara de una primera vez, la sanción de la que sea objeto podría ser más leve", manifestó.

ANTECEDENTES

Cabe recordar que este presunto hecho irregular fue detectado hace aproximadamente un mes por la Unidad Distrital de Régimen Disciplinario y que, a partir de entonces, se realizó un seguimiento al mismo de parte de las autoridades del Consejo de la Judicatura, llegando al estado en el que ahora se encuentra, es decir, a punto del inicio del proceso disciplinario.

Según se conoció extraoficialmente hace dos semanas atrás, es posible que en la oficina de Recepción, Sorteo y Distribución de Causas se hubiera tratado de direccionar expedientes de procesos judiciales en particular para que sea un juez específico el que lo conozca o, en su caso, para que no llegue a otro.

Codeina pide la renuncia del “Vice” Uchani por corrupción

Noticia publicada el 21 de Febrero de 2008 en La Prensa


El Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina) denunció ante el Viceministerio de Transparencia indicios de mal manejo de 15 millones de dólares por parte del Ministerio de Producción y Microempresa, informó el máximo dirigente del sector, Porfirio Quispe.

Los recursos corresponden a la donación del programa TCP-Alba, aseguró el dirigente del Comité. A tiempo de lamentar la mala administración de estos recursos, responsabilizó al viceministro de Micro y Pequeña Empresa, Ramiro Uchani, y exigió al Gobierno su destitución. Entre las acusaciones mencionó créditos a familiares en primer grado de Édgar Siles Medrano. Es el caso de Celina Vásquez Mamani, esposa del dirigente, quien solicitó 15 mil dólares para confeccionar jeans. Pidió una atracadora, codo, oberlook, ojaladora y capital de operaciones, pero recibió una bordadora industrial de seis cabezales y nueve hilos.

El Viceministro aludido dijo que se defenderá legalmente de todas las acusaciones.

Senador denuncia corrupción en la Aduana

Noticia publicada el 21 de Febrero de 2008 en El Deber


El senador por la agrupación ciudadana Podemos (Poder Democrático y Social) Róger Pinto denunció ayer que en la Aduana Nacional de Bolivia continúa vigente una red de corrupción.
En nota dirigida al presidente de la República, Evo Morales, el senador exterioriza su preocupación por “las graves consecuencias que tendrá que soportar el Estado boliviano por los múltiples desaciertos del administrador interino, Gral. César López”.
Pinto entregó fotocopias del documento en el que se precisa que una decena de funcionarios trabaja irregularmente en la Aduana, pues falsificó títulos profesionales./ANF

Se procesaron 48 casos de corrupción entre octubre del 2007 y enero del 2008

Noticia publicada el 19 de febrero de 2008 en La Razon




La Unidad de Lucha Contra la Corrupción (ULCC) de la Aduana procesó 48 casos de corrupción funcionaria entre octubre del 2007 y enero del 2008. En ese período, la administración aduanera destituyó a 8 ejecutivos y a 12 funcionarios, se informó ayer.
De los cargos jerárquicos, la oficina estatal destituyó de sus funciones al gerente general, a la gerenta nacional de fiscalización, a los gerentes regionales de Santa Cruz y Cochabamba, a dos administradores de la Aduana de Yacuiba, al administrador de la Aduana de Desaguadero y a un técnico aduanero (Vista) de la Aduana de Puerto Suárez.

En la ULCC se informó que los ex ejecutivos de la ANB fueron destituidos por encubrir el contrabando. “La corrupción en la Aduana se deriva precisamente de esta figura”, explicó un ejecutivo de la entidad aduanera.

“El Presidente ha tomado la decisión de destituirlos de manera inmediata en base a un informe de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción”, añadió.

En el caso de la gerencia de Santa Cruz, dijo, una de las agravantes fue que el ahora ex gerente presentó documentación falsa para acceder al puesto. “En la documentación hizo figurar que era licenciado, cuando en realidad era estudiante”, explicó.

Sobre el despido del administrador de la Aduana de Desaguadero, el ejecutivo de la Aduana dijo que esta persona se presentaba a trabajar en estado de ebriedad. “Decía que no lo podían echar del trabajo porque era funcionario institucionalizado”.

En el caso del técnico aduanero, éste fue encontrado in fraganti cuando recibía dinero.

El presidente interino de la administración aduanera, César López, afirmó que los pilares sobre los cuales trabaja la entidad son honestidad, transparencia y erradicación de la corrupción. “Por tanto, quien no los acate, se hace pasible a un despido”, advirtió.

Asimismo, dijo que si algunos funcionarios resultasen involucrados en el caso Bisa, referido a la internación de al menos 40 millones de dólares al país por la entidad bancaria, no quedará otro remedio para la presidencia que instruir su destitución.

De su parte, el gerente general de la ANB, José Baldivia, declaró a la agencia gubernamental ABI que en el caso de los ejecutivos alejados de la institución, éstos no eran intocables. “No por ser funcionarios de alto rango eran intocables, por el contrario, debían demostrar transparencia y corrección en el manejo de los recursos del Estado y de la Aduana”. Indico que entre los 20 destituidos se cuentan ejecutivos, administrativos y técnicos que trabajaban en la entidad, pero que no cumplían con los postulados.

Se prohíbe internar dinero

El Ministerio de Hacienda instruyó a la Aduana Nacional que prohíba la internación de dinero en circulación (remesas) del exterior sin autorización del Banco Central de Bolivia (BCB).

La información fue confirmada por autoridades jurídicas de la Aduana, quienes informaron que se enviaron cartas a todas las administraciones para evitar que ingresen remesas desde el exterior, como lo hizo el pasado año el Banco Bisa.

El 10 de enero, La Razón informó que el Banco Bisa realizó cinco operaciones para traer dólares desde el exterior sin intervención del BCB, pero con los permisos respectivos del Viceministerio de Política Tributaria.

El BCB sostuvo que el Bisa no cometió ninguna irregularidad. Empero, el ministro de Hacienda, Luis Arce, señaló que, desde su punto de vista, se vulneró el Reglamento de la Ley de Aduanas. El presidente de la Aduana, César López, dijo que está a la espera de los resultados de la investigación.

Glosario

Vista • Funcionario técnico aduanero responsable de permitir el embarque de las mercancías sujetas a los impuestos arancelarios (IVA, GA, ICE) y de inspeccionar y verificar la exactitud de la declaración.

La corrupción en Tránsito dispone de tarifas y convenios

Noticia publicada el13 de Enero de 2008 en La Razon

El trámite de licencias de conducir. Los cobros se realizan en los lugares menos esperados, por ejemplo en la revisión del oculista.
Las rosetas de inspección. Los choferes las obtienen en Recaudaciones, a través de sus dirigentes, sin cumplir con la revisión técnica.

Un “bolivianito” por giro prohibido. Ésa es la tarifa mínima que cobran los varitas. Por otros casos pueden llegar a pedir Bs 1.500.

Las boletas de infracción. Antes cobraban entre cinco y 10 bolivianos; ahora —según los conductores— piden más de 20 bolivianos.

La corrupción en el Organismo Operativo de Tránsito de La Paz está institucionalizada, tiene tarifas que van desde un boliviano hasta Bs 1.500 dependiendo del caso e incluso está respaldada por convenios con los choferes, ya sean escritos o verbales.

En las oficinas de Tránsito de La Paz se puede conseguir licencias de conducir sin saber manejar un vehículo y las rosetas, sin someter el vehículo a una revisión técnica; se puede evitar las boletas de infracción y ascender de categoría sin dar examen.

A este grado de corrupción llegó Tránsito, según pudo constatar este medio luego de realizar un recorrido por sus oficinas y de conversar con al menos 10 conductores entre asalariados y dirigentes sindicales, un número similar de usuarios y recorrer al menos tres líneas de minibuses.

Convencido de que en dichas dependencias no hay corrupción, el coronel Reynaldo Iturri, director de Tránsito de La Paz, asegura que todo se hace a través de una agencia bancaria.

Sin embargo, la realidad es otra. Por ejemplo, para la dotación de la roseta de inspección vehicular, la Dirección Nacional de Recaudaciones tiene un “convenio” con la Confederación y Federación de Choferes que establece la entrega masiva de las rosetas a los sindicatos del transporte público, quienes a su vez deben hacer llegar a sus afiliados. Servirá para toda la gestión 2008.

En una declaración oficial, el secretario de Conflictos de la Federación de Choferes 1ro de Mayo, Heriberto Osina, aseguró que “Tránsito enviará técnicos a los sindicatos para la revisión técnica”. Sin embargo, los choferes de base tienen otra versión. “Nuestros dirigentes nos van a entregar la roseta, ya no iremos a la inspección”, dijo un afiliado de la Cooperativa Kupini.

Otro de sus colegas, que hace el recorrido de Mallasa a Villa Fátima, contó que si uno tramita la roseta por la vía legal, le exigen triángulo, botiquín, llanta de auxilio y herramientas. “Casi ningún minibús tiene todo eso”.

Nilo Linares, del Sindicato Eduardo Abaroa, dijo que los policías se inventan defectos en los vehículos para sacar dinero. El coronel José Luis Ramallo, de Recaudaciones, prefirió el silencio.

Los cobros irregulares se registran en los lugares menos esperados, como la revisión del oculista cuyo costo oficial es de 50 bolivianos. “A uno le aplazan en la prueba visual para sacarle plata”, afirmó Nilo Linares, del Sindicato Eduardo Abaroa.

“A mí el oculista me dijo que necesitaba más aumento, yo siento que no es así, algo pasó con el equipo que tiene. El oculista tiene sus ayudantes que hacen favores a la gente, me pidieron Bs 50 adicionales a la tarifa oficial”, relató la joven ZV.

En otro caso, el oculista rechazó a un hombre adulto que sólo veía con un ojo. El hombre tenía su licencia categoría “B” y tras conversar con el joven de civil que colabora al oculista, agilizó su trámite y consiguió pasar a la categoría “C” y sin dar examen.

Este medio intentó comunicarse con los oculistas de Tránsito, pero fue imposible debido a sus “recargadas tareas”.

En las calles paceñas, Tránsito tiene a “recaudadores ambulantes”, dijo un dirigente de la Federación de Choferes 1ro de Mayo. “Es suficiente ir a la Garita o a la Eguino para ver que los conductores dan giros prohibidos (sin cumplir su ruta) por un bolivianito”. Esta misma modalidad es común en las trancas fuera del área urbana. Éste es el caso, según la Federación de Choferes, de la tranca de ingreso a Achocalla donde los policías acostumbran pedir “un bolivianito” por vehículo público.

Sobre las boletas de infracción (pasarse en luz roja, no portar licencia), los varitas no dudan en sugerir un arreglo amigable. “Antes cobraran 5 ó 10 bolivianos, ahora piden de 20 para arriba. Nosotros tampoco podemos santificarnos”, dijo un dirigente de Simón Bolívar.

Los montos más elevados en el pago de coimas se registran cuando los vehículos sufren algún accidente. En la Federación de Choferes 1ro de Mayo informaron que se dio un caso del cobro de Bs 1.500.

En el Sindicato Villa Victoria aseguran que sus afiliados reciben constantes charlas para evitar pagar coimas a Tránsito; sin embargo, reconocieron “que acabar con la corrupción es difícil”.

“Un coronel se encarga de llevar los informes de la supuesta revisión técnica. Todos los años hacemos lo mismo”,
afirmó un chofer.

Denuncian corrupción en Escuela Básica de El Alto

Noticia publicada el 5 de Enero en La Razon

Un grupo de padres de familia y postulantes de la Escuela Básica de Policías de El Alto denuncian supuestas irregularidades en la admisión de postulantes. En esa repartición policial desmienten la versión.
Los denunciantes, que pidieron mantener en reserva sus nombres para evitar futuras represalias, pusieron en tela de juicio la admisión de los postulantes. Se presentaron 1.200 postulantes y 232 aprobaron.

“Que nos muestren los exámenes, eso queremos nosotros, para ver en qué han fallado”, dijo un padre de familia.

“Me siento indignada, mi hija se ha preparado bastante, ella cursa el segundo año de Ingeniería de Sistemas en la universidad y me parece muy raro que ella no haya aprobado, entonces yo quiero ver su examen”, dijo una señora a quien se le observa de espaldas en las cámaras de ATB.

En esas mismas condiciones, otro padre de familia se preguntó “¿relamente nuestros hijos han reprobado?, o nosotros estamos errando”. Un postulante dijo, “tengo muchos amigos, la mayoría de ellos estaban con capacidad de entrar y no han podido hacerlo y ninguno de ellos ha pagado dinero”.

El subdirector de la Escuela Básica de El Alto, mayor Juan Luis Cuevas, desmintió la versión. “En nuestras manos no hay nada, las notas llegan desde la UMSA. Los padres que no estén de acuerdo, pueden remitirse a la universidad, tienen todo el derecho. ¿Cómo me humillan así?”.

PROHIBICIÓN

Advertencia • El Comando General de la Policía advirtió con sancionar a los infractores de las normas internas.

Comunicado • “Se prohíbe realizar cobros irregulares en el proceso de selección y evaluación de los postulantes a la Anapol y las escuelas básicas policiales en el país (...)”.

Vásquez denuncia más casos de corrupción en la Policía

Noticia publicada el 1 de Enero de 2008 en La Prensa

El comandante de la Policía Nacional, general Miguel Vásquez, habló ayer sobre la existencia de presuntos cobros irregulares para el ingreso de estudiantes en los institutos de formación policial, y que en Santa Cruz se identificó una imprenta que falsificaba valoradas; mientras el Gobierno, si bien no prevé una reestructuración de la entidad del orden, anticipó que la “limpieza” en ese organismo seguirá a la par de su fortalecimiento institucional.

La semana pasada, Vásquez denunció una red compuesta por unos 70 efectivos de diferentes grados que operaba en las direcciones de Recaudaciones de todo el país, las de Tránsito e Identificación Personal en la falsificación de valores.

Ayer, añadió que en Santa Cruz se efectuó un operativo hace dos meses y se identificó a una imprenta que reproducía valores policiales, pero no brindó más detalles. La Prensa se comunicó con el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) cruceña, coronel Enrrique Urquidi, quien respondió que no podía explicar el caso porque no estaba en su oficina.

“En Cochabamba se han hecho fuertes controles —sostuvo Vásquez—, en el Beni, en todo el país hemos sorprendido a gente civil y también a alguna gente nuestra presumiblemente cometiendo estas irregularidades que deben ser investigadas por la instancia que corresponde, como es el Ministerio Público”.

Institutos

El Comandante General, en una entrevista en ATB, indicó que además de la corrupción en Recaudaciones se investigan cobros indebidos para el ingreso de estudiantes en la Universidad Policial (Unipol) y en la Escuela Básica Policial (Esbapol).

“Hay otros casos que se investigan. Sé también —declaró Vásquez— por informaciones que se está cobrando para el ingreso en los institutos de la Policía. Alguna gente inescrupulosa ha hecho una costumbre el hecho de cobrar montos de dinero para facilitar el ingreso de estudiantes en la Academia (ex Anapol)”.

El ex subdirector de la Unipol coronel Óscar Nina explicó que —al menos durante su gestión en 2007— no detectó cobros indebidos a postulantes por funcionarios de ese instituto.

Sin embargo, advirtió: “En el momento de la inscripción hay gente inescrupulosa: militares, policías, independientes y otro tipo de personas que se hacen de intermediarios, dicen: ‘Mi compadre o mi contacto es tal coronel y si usted me da mil, dos mil o tres mil (dólares) garantiza el ingreso’, es gente que sólo se aprovecha y hay incautos que se dejan engañar”.

Vásquez aseguró que las denuncias de corrupción interna son parte de un “profundo proceso de cambio”. Reiteró que sólo es un número reducido de policías que no acepta dicho proceso, pues “se acostumbró a obtener dinero fácil de la corrupción”.

También habilitó una línea telefónica directa de su despacho, el número 2434110, para que la gente denuncie cualquier cobro ilegal en la institución del orden.

Gobierno

El Poder Ejecutivo, por su lado, fortalecerá a la Policía Nacional antes de iniciar una reestructuración para enfrentar la corrupción en la entidad, aseguró el viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra.

En diálogo con La Prensa, la autoridad anunció que este año se reforzará a la Policía con equipos y recursos logísticos para mejorar su trabajo y que el Ejecutivo apoyará a la “limpieza” anticorrupción en su interior. “El mensaje del presidente Evo Morales es claro: no a la corrupción en ninguna entidad del Estado”.

Recordó que en la actual gestión gubernamental se dio el cambio de la Policía Técnica Judicial (PTJ) a la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (FELCC), lo que generó un mejor rendimiento en esta unidad y en 2007, dijo, se revitalizó la imagen de la Policía frente a la ciudadanía.

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, anunció, en ATB, que el Ejecutivo apoyará cualquier “reforma intelectual y moral”, luego de que la Policía develara los presuntos hechos irregulares.

En su criterio, es poco probable que los oficiales de bajo rango estén involucrados en estos actos porque —dijo— esta red “requiere cierto nivel de mando”.

Nuevo jefe de Recaudaciones no ve hechos irregulares

El director departamental de Recaudaciones de La Paz, coronel Óscar Nina, ante la denuncia del comandante de la Policía Nacional, Miguel Vásquez, aseguró que es imposible que funcionarios de esa repartición falsifiquen valores.

“En el corto tiempo que estoy —dijo el jefe policial— observé la posibilidad de que funcionarios se impliquen en esta situación (falsedad de valores), y no existe la menor posibilidad”. Nina ocupa ese puesto hace tres semanas.

Explicó que es difícil que la oficina departamental “clone” o reproduzca las valoradas fiscales, porque es la Dirección Nacional de Recaudaciones la encargada de mandar a imprimir las papeletas y de distribuirlas. Estos documentos vienen impresos con un precio establecido y un número de serie, llámese licencia de conducir, cédula de identidad, certificado de antecedentes policiales, boletas de infracción y otros. Agregó que tampoco se puede percibir algún dinero ilegal, porque el contribuyente paga en una entidad bancaria.

Aclaró que la remoción del anterior director de Recaudaciones de La Paz, Franz Lea Plaza, no fue por encontrársele actos irregulares, si no porque fue ascendido a subcomandante de Santa Cruz. Aseguró que no detectó irregularidades en los funcionarios a su cargo.