Detectan red de corrupción en la Aduana

Noticia publicada el 1 de Diciembre de 2009 en La Razon

El presidente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Wilfredo Vargas, informó que se detectó la participación de funcionarios de esa entidad en la internación ilegal de 21 camiones usados a la ciudad de Cochabamba. Este es el segundo caso de corrupción que se destapa al interior de esa institución en lo que va del año.

El 5 de septiembre, un comunicado de la ANB dio cuenta que en Santa Cruz se nacionalizaron más de 100 vehículos —internados vía Chile— con documentación falsificada. En una entrevista con radio Panamericana, Vargas indicó que los importadores, en complicidad con ex trabajadores aduaneros, depreciaron el valor de su mercadería en dos ocasiones para pagar tributos mínimos.

El titular de la Aduana aclaró este lunes que en el caso de Cochabamba “no hay defraudación al Estado”. Explicó que uno de los 10 documentos de cada carpeta de importación “fue falsificado”. “Han cambiado la fecha de ingreso (de la mercadería), eran vehículos prohibidos por el año de antigüedad que tienen”, acotó.

Mediante el Decreto Supremo 29836, el Gobierno prohibió la importación de coches con más de cinco años de antigüedad.

Según Vargas, hay 21 personas implicadas en el hecho: cinco ex funcionarios de la Aduana regional de Cochabamba; tres de la administración aduanera de Pisiga (frontera con Chile); uno del Recinto Aduanero Fronterizo de Pisiga Albo; cuatro ex trabajadores de dos agencias aduaneras y ocho importadores de vehículos.

“El administrador de Pisiga está entre los imputados; no sabemos quién es la cabeza de esta organización (...). La investigación establecerá dónde comenzó el soborno y de cuánto fue, si es que hubo (...). Todos los que tienen indicios de culpabilidad están en el informe que ya fue presentado ante la Fiscalía bajo la acusación de asociación delictuosa”, complementó Vargas.

Precisó que los 21 vehículos —en su mayoría tractocamiones (sin carrocería) y también volquetas— entraron por Chile entre diciembre del 2008 y marzo de este año. El jefe de Inteligencia Aduanera, Sandro Villarroel, señaló que tras la investigación iniciada el 7 de octubre se supo que los choferes de los camiones no registraron su ingreso al país y que estando en Cochabamba “se contactaron con funcionarios de la entidad aduanera, despachantes y Albo para que se genere el tránsito documental”.

“Tenemos el acta de intervención para que sean capturados los vehículos; se ha coordinado con la Policía y Alcaldía para que no les den la placa correspondiente y esperamos que en el menor tiempo posible estén en los depósitos, añadió Vargas. Redacción Central y Redacción Cochabamba

APUNTES

Control • El presidente de la Aduana, Wilfredo Vargas, recordó que se ha establecido un mecanismo de intercambio de información con Chile y Brasil para intensificar las tareas de lucha contra el contrabando.

Investigación • La autoridad sostuvo que se ordenó la realización de auditorías a las agencias y almacenes de la Aduana. Agregó que se enviará personal ajeno a la entidad para reforzar el control en las fronteras.

Bolivia todavía no supera la barrera de la corrupción

Noticia publicada el 18 de Noviembre de 2009 en La Razon

Bolivia está en el puesto 120 de corrupción en una lista de 180 países, donde el más corrupto tiene el puntaje más alto, según un informe de Transparencia Internacional presentado ayer.

En el ranking, Bolivia posee un Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2,7 en la escala de 10 (a más bajo más corrupto).

La lista ubica al país con menor nivel de corrupción que Nicaragua (130), Honduras (130), Ecuador (146),  Paraguay (154) y Venezuela (162); éste último calificado como el más corrupto de la región junto a Haití (168).

Sin embargo, Bolivia se ubica lejos de las naciones que se acercan a la franja positiva como Chile (25), Uruguay (25) , seguidos de Costa Rica (43) y Cuba (61), calificados como más transparentes.

 Con esa puntuación, el país está dentro de las naciones que presentan “altos niveles de pobreza y requieren urgentemente instituciones sólidas y transparentes que puedan facilitar su más que necesario desarrollo económico”, señala el informe de Transparencia.

“La puntuación baja de la mayoría de los países latinoamericanos refleja el hecho de que las instituciones son débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la excesiva injerencia de los intereses privados continúan frustrando las iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible”, sostiene el estudio.

El informe también hace mención a los problemas de la libertad de prensa en la región y su impacto en la lucha contra la corrupción. “Los periodistas de América Latina se enfrentan a un entorno cada vez más restrictivo, y varios países han sancionado o propuesto leyes destinadas a silenciar al periodismo crítico, lo cual atenta contra la libertad de prensa en general y la posibilidad fundamental de denunciar la corrupción y su impacto”, dice el texto, según la AFP.

Bolivia en el 2008 se ubicó en el puesto 102 del ranking, también de 180 países, es decir 18 puestos menos en corrupción que ahora y registró un IPC de 3,0, así se podría interpretar que el país habría incrementado en 0,3 su nivel de corrupción, según el informe.

Sin embargo, el representante de Transparencia en Bolivia, Guillermo Pou Mont, aseguró que el IPC no compara la situación de corrupción de un país con el año anterior, sino que muestra una realidad actual. Aunque reconoció que “Bolivia tiene un problema de corrupción serio que debe ser atendido”.

El Viceministerio de Transparencia envió ayer a este medio una carta en la que el director Regional para las Américas de Transparencia Internacional, Alejandro Salas, aclara la metodología de la elaboración de los datos y reitera que éstos no sirven para hacer comparaciones con años anteriores. “Es importante tener en cuenta que el carácter bianual de la información reflejada en el índice hace difícil que los resultados de la labor de promoción de la transparencia que se viene impulsando con mayor fuerza a partir de la creación este año del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción sean vistos en el puntaje del IPC 2009”, añade.

METODOLOGÍA

IPC • Clasifica a los países de acuerdo con el grado de corrupción, que según se percibe existe entre los funcionarios públicos y políticos. Es un índice, una encuestra de encuestas.

Dato • Para calificar a Bolivia en corrupción se usó información de: Banco Mundial, Economist Intelligence Unit, Bertelsmann Fondation, Foro Económico Mundial y Global Insight.

Perú rechaza el asilo de “Chito” Valle y se pedirá su detención

Noticia publicada el 30 de Octubre 2009 en La Razon

El Gobierno de Perú le negó asilo político al ex prefecto de La Paz Luis Alberto Chito Valle, acusado de corrupción por un monto superior a 17 millones de dólares durante su gestión (1997-1999). La comisión que evaluó su caso consideró que no cabía el argumento de perseguido político para otorgarle el beneficio.

El diario peruano El Comercio publicó ayer que la Comisión Multisectorial, que evalúa los pedidos de asilo al Gobierno peruano, rechazó, por segunda vez, darle el beneficio a Valle. Arguyó que “afronta una acusación por corrupción desde cuando se desempeñaba como prefecto de La Paz, durante la época en la que su suegro, Hugo Banzer (ADN), era presidente (1997-2001)”.

La publicación agrega que la respuesta a la solicitud de Valle fue distinta a la que recibieron tres ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada, que sí recibieron asilo político en ese país, es decir Javier Torres-Goitia, Mirtha Quevedo y Jorge Torres.

Éstos son procesados en Bolivia por su presunta responsabilidad en el caso Octubre del 2003.
El gobierno de Evo Morales tramita ante la Cancillería de Perú la extradición de las ex autoridades de Estado.

El diario peruano añade que “ellos (los tres ex ministros) han sido acusados por participar en un gabinete en el que se aprobó que la Policía boliviana actúe en los desmanes de El Alto”. La Comisión Multisectorial consideró que al tratarse de un acto político sí eran perseguidos políticos.

Aunque el Gobierno de Perú no le otorgó el beneficio de asilo, Valle podría quedarse en ese país como turista o incluso pedir la residencia, según El Comercio.

Al respecto, Rolando Rivero, el fiscal de recurso que investiga la denuncia contra Valle en Sucre, anunció que solicitará a Perú la detención preventiva del ex prefecto para evitar su posible fuga a un tercer país, reportó PAT.

En tanto que el fiscal Milton Mendoza calificó de “positiva la decisión del vecino país de rechazar el pedido de asilo político”.

Mendoza recordó que el ex prefecto “está buscado por la justicia boliviana por hechos de corrupción cometidos durante su gestión prefectural en el departamento de La Paz”.

Indicó que sobre el ex prefecto pesa un mandamiento de aprehensión y en cuanto las fuerzas de la Interpol lo encuentren, se procederá a su extradición. Además afirmó que la posición asumida por Perú “servirá de precedente para todos quienes pretendan escapar de la justicia”.

Hace una semana, se informó que dos venezolanos y un boliviano solicitaron asilo al Gobierno de Perú. De acuerdo con la agencia de noticias AFP, el boliviano era el ex prefecto de La Paz, Luis Alberto Valle Ureña.

LAS ACUSACIONES

Caso Bamin • Hace 10 años comenzó un juicio de responsabilidades contra Valle por los casos Banco Minero, por $us 7,1 millones, y la compra de muebles a La Cuisine por $us 210.049.

“Chitochatarra y casa” • Una casa de la Prefectura, en la calle Antonio Gallardo, fue vendida en $us 100 mil. Vendió vehículos como chatarra en $us 2 millones. Después transfirió 8,2 millones de dólares a Ferreco.

Recusación • El juicio oral contra Valle comenzó el 22 de septiembre del 2008, pero desde el 4 de marzo del 2009 la ex autoridad recusó en seis ocasiones a los jueces, luego desapareció.

Libre • El 27 de febrero del 2007, el ex prefecto fue detenido por solicitud de la Corte Suprema por la venta ilegal de vehículos. El 2 de marzo salió en libertad por un fallo de la Corte de Superior de Distrito de Sucre.

Comerciantes piden investigar a Quintana en caso 33 camiones

Noticia publicada el 14 de Octubre de 2009 en La Prensa

Erbol y La Prensa.- Los propietarios de los 33 camiones, implicados en supuestos hechos de contrabando en Pando, ganaron un amparo constitucional, recurso que posibilita incluir al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y al prefecto de ese departamento, Rafael Bandeira, en la investigación por este delito.

El recurso legal fue presentado ante la Corte de Distrito de Pando y resultó procedente.

La noche entre el 26 y el 27 de julio de 2008 salieron de la Zona Franca (Zofra) de Cobija 33 camiones con mercadería, que no había sido desaduanizada, con destino a la frontera con Brasil. En esa oportunidad, el líder de los transportistas Jesús Chambi alegó contar con la autorización de Juan Ramón Quintana para pasar el punto de control aduanero.

Los vehículos fueron detenidos en Santa Rosa del Abuná y liberados por la fuerza por los comerciantes el 23 de agosto.

El caso estalló a finales de ese año a raíz de la declaración que hizo el ex presidente de la Aduana César López. Quintana y Bandeira se vieron involucrados por las acusaciones del militar retirado, quien fue titular de la entidad de control hasta noviembre del año pasado, cuando fue destituido por el Gobierno.

La Prensa denunció en diciembre de 2008 que los comerciantes habían tomado contacto con el presidente Evo Morales mediante dos cartas en que le pedían una salida para los camiones que entonces estaban retenidos.

La comisión especial de Diputados, controlada por la mayoría oficialista, que investigó el caso y que hizo de cabeza de Ministerio Público quitó a ambas autoridades responsabilidad penal y administrativa.

En la Corte de Distrito de Pando, la Aduana abrió un caso por el que quedaron imputadas una treintena de personas, entre comerciantes y transportistas; esta causa está abierta desde antes de que los parlamentarios tomen conocimiento del caso.

Su abogado, Aurelio Valenzuela, indicó que el amparo ganado abre las puertas a que Quintana y Bandeira también sean investigados. Adelantó que se harán las acciones necesarias para que sus defendidos no sean los únicos acusados en Cobija.

“Ese recurso salió procedente y a partir de ahora vamos a intentar que todas las personas

sean procesadas bajo una misma medida de tipo penal que se está calificando en este proceso; vale decir que si todas las personas tienen responsabilidad de contrabando, todas tienen que ser procesadas, desde el más grande hasta el más pequeño y no como se viene haciendo, (con) una distinción en lo que es el Ministro, lo que es el Prefecto y lo que son los transportistas y los dueños de la mercadería”.

De acuerdo con el abogado, sólo a los transportistas y los dueños de la mercadería les imputaron los delitos de contrabando y sustracción de prendas aduaneras, quedando exonerados Quintana y Bandeira.

“Los transportistas me han confesado que están absolutamente frustrados porque el Ministro de la Presidencia los ha abandonado en este tema y se ha convertido en un elemento acusador contra ellos siendo de que él es una persona que participó activamente y prácticamente ha inducido, ha instigado y ha coordinado esta acción que se ha cometido de los 33 camiones”.

Este medio trató de comunicarse con el prefecto Bandeira; sin embargo, éste no contestó su teléfono celular.

El 7 de mayo de este año, una comisión multipartidaria de la Cámara de Diputados investigó el supuesto contrabando de 33 camiones en Pando y presentó un informe en el que concluye que se hallaron indicios del delito de contrabando. Este documento fue remitido a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación y determine el inicio de un juicio contra los involucrados en este caso.

El diputado Javier Zavaleta (MSM), quien fue presidente de la comisión multipartidaria, indicó que el Ministerio Público es la instancia que decidirá si se incluye en este proceso a esas dos autoridades o se abre una nueva investigación en la Fiscalía.

De acuerdo con el informe legislativo, se imputa formalmente la comisión de delitos e incumplimiento de deberes al teniente miembro del Control Operativo Aduanero (COA) Cristian Deheza Lugones, al ex presidente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) general Cesar López Saavedra, al ex gerente regional de la Aduana Regional de La Paz Luis Fernando Sánchez y al administrador de la Aduana de Cobija, Mario Vásquez Peñaranda.

Este informe, que fue aprobado por la mayoría del Movimiento Al Socialismo en la Cámara Baja, desliga de toda culpa y responsabilidad al Prefecto interino del departamento de Pando, al ministro Quintana y a sus colegas de Defensa, Walker San Miguel, y de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, por no existir ningún indicio en su contra. Estas dos autoridades fueron implicadas porque son cabeza del Comando Conjunto.

Datos

Este caso fue investigado por una comisión multipartidaria durante ocho meses.

No hubo consenso y se presentaron tres informes al Pleno de la Cámara de Diputados.

Uno fue presentado por el diputado Zavaleta, otro por el MAS y otro por la oposición.

Un fallo reaviva el lío de los 33 camiones

Noticia publicada el 14 de Octubre de 2009 en La Prensa

El abogado de los transportistas y comerciantes implicados en la fuga de 33 camiones con contrabando en Cobija (Pando), Aurelio Valenzuela, dijo que buscará que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sea procesado por el hecho; luego que un amparo constitucional resultara favorable a sus clientes.

En julio del 2008, los 33 camiones evadieron el control de la Aduana, con el argumento de que tenían el permiso del ministro Quintana para pasar. Aunque fueron retenidos durante un mes, huyeron por la fuerza tras rebasar a los efectivos del Control Operativo Aduanero (COA).

“Los transportistas me han confesado de que están absolutamente frustrados porque el Ministro de la Presidencia los ha abandonado en este tema y se ha convertido en un elemento acusador contra ellos siendo de que él es una persona que participó activamente y prácticamente ha inducido, ha instigado y ha coordinado esta acción que se ha cometido de los 33 camiones”, dijo Valenzuela, según la Red Erbol.

En ese sentido, explicó, “hemos presentado el recurso de amparo constitucional porque se está vulnerando el derecho al trabajo; se ha secuestrado camiones, los transportistas están sin trabajo y la gente ha perdido su mercadería, son los únicos perjudicados”. Luego, agregó que “ese recurso salió procedente y a partir de ahora vamos a intentar que todas las personas sean procesadas bajo una misma medida de tipo penal, que (es la que) se está calificando en este proceso”.

En contacto telefónico con La Razón, el abogado indicó que se encontraba en la Fiscalía de Pando y que “estaba trabajando en el tema”; por lo que pidió que lo llamaran dentro de media hora. No volvió a contestar su celular.

La comisión de diputados que investigó los hechos acaecidos en Pando elaboró un informe, que luego fue aprobado por la Cámara Baja, en la que el oficialista MAS ostenta la mayoría.

El documento libera de responsabilidad en el caso al ministro y al prefecto de Pando, Rafael Bandeira, entonces jefe del Comando Conjunto de esa región.

“En el informe de la omisión se lo sustrae de cualquier responsabilidad al ministro Quintana y al prefecto Bandeira y sólo propone el tema de responsabilidad administrativa. Sólo ellos (los transportistas y comerciantes) fueron perjudicados, se los está imputando por los delitos de contrabando y sustracción de prensas aduaneras”, declaró.

Este medio intentó conocer la versión del presidente de la comisión, Javier Zavaleta (MSM-MAS), pero su secretaria señaló que éste estaba en una reunión.

En tanto que el diputado Arturo Murillo (UN) —también miembro de la comisión— señaló a La Razón que el fallo judicial “abre la posibilidad de que puedan ser juzgados Quintana, Bandeira, Jesús Chambi (dirigente de los comerciantes) y todos los que fueron excluidos por los parlamentarios masistas”. Anunció que este mes presentará su informe de minoría sobre el tema. José Pimentel, uno de los diputados del MAS que firmó el informe, señaló: “Lo que nosotros hemos podido ver es que no ha habido ninguna participación, directa o indirecta, del ministro (Quintana) en el hecho de contrabando, que se ha circunscrito a los contrabandistas y a los funcionarios del COA”.

Los antecedentes datan del 2008

26 de julio • Una flota de 33 camiones evadió el control aduanero en la tranca del kilómetro 19, en Cobija (Pando). Los dueños de la mercadería dijeron tener el permiso del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

27 de julio • Los vehículos llegaron a la localidad de Santa Rosa del Abuná, a 180 kilómetros de Cobija, donde fueron interceptados por efectivos del Comando Conjunto. En ese lugar permanecieron detenidos 27 días.

30 de julio • El Ministro de la Presidencia se reunió con los comerciantes de Pando y con autoridades de la Aduana Nacional en el Palacio de Gobierno (La Paz), para encontrar una salida a lo acontecido en Cobija.

23 de agosto • Pobladores y comerciantes de Puerto Evo, a donde se dirigía la mercancía, rebasaron a los efectivos aduaneros que custodiaban los camiones y fugaron con ellos a la localidad fronteriza con Brasil.

Fiscalía arresta a Dips por presunto desfalco en Cotel

Noticia publicada el 6 de Octubre en La Prensa

El ex ejecutivo de Cotel Fernando Dips fue aprehendido e imputado ayer por la Fiscalía por la supuesta comisión de los delitos de atentado contra la seguridad de los servicios públicos, asociación delictuosa, estafa y conducta antieconómica, que incluye un aparente desfalco en la telefónica de aproximadamente ocho millones de dólares.

Dips fue arrestado, alrededor de las 15.00, en inmediaciones de su domicilio en la zona Sur por un investigador de la Fiscalía, quien lo aprehendió y llevó a donde el fiscal Félix Peralta.

El Ministerio Público emitió y envió el viernes, según ese Fiscal, la citación para que Dips se presentara a las 09.00 de este lunes, para dar su declaración informativa, pero no se presentó.

Por la tarde, la declaración del ex ejecutivo se prolongó por encima de las 21.00.

Pasó la noche en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde esperará la audiencia en el Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal Cautelar, donde hoy, según Peralta, el Ministerio Público formalizará la imputación.

Como en anteriores oportunidades, Dips negó los cargos y acusó al interventor de la Cooperativa de Teléfonos La Paz (Cotel), César Böhrt, de buscar una revancha política para favorecer al oficialismo con los recursos de la telefónica.

Böhrt fue designado interventor por el Viceministerio de Cooperativas, dependiente del Ministerio de Trabajo, tras una huelga de trabajadores de Cotel y presiones de vecinos de La Paz y El Alto que exigían la salida de Dips del cargo de presidente del Comité de Administración, y de Jaime Siles, ahora ex presidente del Comité de Vigilancia.

El 21 de julio presentó en la Fiscalía de La Paz una acusación contra Dips, Siles y diez ex consejeros por los delitos antes mencionados, que incluyen la compra de ITS (Televisión Satelital Cable Color), en Santa Cruz de la Sierra, en 7,4 millones de dólares, lo que representaría un sobreprecio de 6,4 millones de dólares.

Por entonces, Böhrt explicó a los medios que “en junio de 2008 ITS tenía un valor total de cuota de capital de 757.680 dólares y los ex consejeros pagaron 7,4 millones de dólares. Esta información se desprende de los contratos que suscribieron la empresa y la cooperativa”.

De acuerdo con una auditoría de Acevedo & Asociados, los ex consejeros de Cotel pagaron además 1,8 millones de dólares por 4.785 abonados fantasmas en la compra del total de abonados de Supercanal.

Según la explicación hecha por Böhrt, Supercanal y Cotel declararon 25.000 abonados, por lo que acordaron una transferencia por 9,5 millones de dólares, cuando en realidad no eran más que 20.215 abonados.

Los ex consejeros de Administración y Vigilancia también “se beneficiaron gratuitamente con 60.288 litros de gasolina para sus vehículos particulares, por 31.862 dólares”.

Consumieron por llamadas de celulares 33.366 dólares. Cobraron pasajes y viáticos por más de medio millón de bolivianos, afirmó el interventor ante los fiscales asignados a este caso.

Peralta puntualizó que las cifras presentadas por Böhrt al Ministerio Público están bajo evaluación y anunció que en las próximas horas se conocerá el monto final del supuesto desfalco cometido por Dips, Siles y los otros supuestos responsables.

Los otros ex directivos implicados en la causa son: Ramy Pardo Hernánz, Cecilia Mazi Silva, Víctor Roque Guerra, Omar Sadud Guillén y Fernando Arraya Araúz, y de Vigilancia, además de Siles Hoyos, Felipe Armando Jiménez, Limbert Ayarde Velasco y Daniel Aliaga Forges.

El pasado mes, el Interventor despidió a 40 empleados, entre ellos gerentes, jefes de departamento y administrativos, como consecuencia de la querella criminal y procesos administrativos iniciados contra los ex consejeros, ex gerentes y el personal involucrado en delitos en Cotel.

La auditoría estableció también que la telefónica sufrió la pérdida de 99 millones de bolivianos entre enero de 2008 y junio de 2009 por la explotación de seis de sus 11 servicios, que tienen déficit y no ganancias.

Antecedentes

Cotel fue intervenida por el Gobierno en junio de este año por tres meses.

En septiembre, el Ministerio de Trabajo amplió esa intervención hasta fin de 2009.

Dips es acusado de cometer delitos económicos contra la cooperativa paceña.

El ex ejecutivo fue aprehendido a las 15.00 de este lunes en un barrio de la zona Sur.

La Fiscalía presentará hoy la imputación a Constancio Alcón, del Juzgado Tercero Cautelar.

Ramírez es el nuevo delegado de los presos

Noticia publicada el 6 de Octubre de 2009 en La Razon

El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez es ahora el delegado de los presos de la sección “Posta” del penal de San Pedro de La Paz, donde se encuentra detenido desde el 12 de febrero, acusado de corrupción en la estatal petrolera.

La elección se realizó el domingo pasado. El rival de Ramírez fue Dante Escóbar, el principal responsable del millonario fraude en el Fondo Complementario de Seguridad Social de la Administración Pública (Focssap).

Según Jaime Alarcón, recluso de la sección “Kenko” del penal de San Pedro, Ramírez obtuvo 45 votos a favor y Escóbar, 35.

El interno aclaró que el ex presidente de YPFB no es delegado de toda la población carcelaria sino sólo de los internos de la “Posta”. El representante de todos los presos es Roberto Vildoso.

Informó de que en “La Posta” hay 80 personas recluidas.

Santos Ramírez es candidato a delegado de la sección La Posta

Noticia publicada el 3 de Octubre de 2009 en La Prensa

El destituido presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez busca ser elegido hoy delegado de la sección La Posta del penal de San Pedro, donde se encuentra recluido desde el viernes 13 de febrero.

Unidad, Organización y Acción por Nuestros Derechos es el nombre de la fórmula que postula a Ramírez, cuyo único contrincante es el ex mayor Freddy Cáceres, condenado a 22 años de presidio por el asalto de una remesa de Prosegur, el 14 de diciembre de 2001, en la avenida Kantutani.

La de ayer fue una jornada de fiesta en la sección VIP del penal. Ramírez ofreció a las 07.30 un “desayuno de compañerismo” para los aproximadamente 100 recluidos en esa sección de la cárcel.

A las 10.30, el candidato invitó a los internos de La Posta una “salteñada por la amistad”.

Alrededor de las 13.30 hubo una “lechonada” para los votantes y a las 18.00 se llevó a cabo la ceremonia de entrega de galardones a los ganadores de un torneo interno de fútsal.

Por la noche se efectuó la denominada “Rifa por la Unidad”, cuyos premios fueron un televisor, una radio, cinco cafeteras y cuatro relojes de pared.

José Luis Terán, detenido por delitos relativos a la Ley 1008, es postulante al cargo de secretario general.

La comisión revisora del cumplimiento de los requisitos confirmó que Ramírez es propietario de una celda en ese sector.

El ex ejecutivo de la estatal petrolera pagó 2.800 dólares por ese ambiente y adeudaba 140 dólares por concepto de comisión de transferencia, de acuerdo con el artículo 16 de la normativa interna de los reos.

Para no tropezar con problemas, Ramírez pagó a los delegados de la sección esa comisión y quedó plenamente habilitado para competir en los comicios internos.

La Posta

La sección La Posta es un sector aislado de la población penitenciaria de San Pedro.

El lugar es considerado el lugar VIP de la cárcel. Las celdas son las más costosas.

En ese sitio está también recluido el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández.

Otros detenidos por el caso de YPFB son Luis Fernando Córdoba y Javier Navia.

Guillermo Dalence es detenido por presunto acto de corrupción

Noticia publicada en La Prensa el 30 de Septiembre de 2009


El ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) Guillermo Dalence fue detenido ayer preventivamente e imputado por la supuesta compra con sobreprecio de 18 predios. Es el segundo responsable de una institución pública que es detenido. El primero fue Santos Ramírez, ex interino de la estatal petrolera.

Dalence fue aprehendido después de declarar, por casi tres horas, ante el fiscal paceño Prudencio Flores, quien explicó a los medios que tomó esa decisión porque existe el riesgo de fuga y la posibilidad de que el sospechoso obstaculice las investigaciones.

La audiencia de medidas cautelares podría efectuarse hoy en el Juzgado Décimo de la Corte de Distrito de La Paz.

El Ministerio de Transparencia presentó el 10 de septiembre de este año una denuncia en la Fiscalía de La Paz contra Dalence por presuntas irregularidades en la adquisición de 18 predios, en la provincia Germán Busch, entregados en abril reciente a la empresa Jindal para que comience a explotar el yacimiento de hierro del Mutún.

Esa cartera de Estado acompañó su pedido de investigación con documentos proporcionados por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), el Ministerio de Minería y la ex Superintendencia Agraria.

El ex presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y ex dirigente jerárquico del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Santos Ramírez fue enviado a la cárcel de San Pedro, con medidas preventivas, el 11 de febrero de este año.

Está acusado de al menos seis delitos, entre ellos peculado, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

Este supuesto caso de corrupción se descubrió después del asesinato violento, el 27 de enero de 2009, del representante de la empresa Catler-Uniservice Jorge O’Connor D’Arlach durante el robo de 450.000 dólares.

Ese monto, presuntamente, estaba dirigido a pagar una coima a Ramírez por la adjudicación a Catler de un contrato para la construcción de una planta hidrocarburífera en la provincia Cordillera, del departamento de Santa Cruz.

Los cargos contra Dalence

Los delitos que pesan en contra de Dalence son, según el fiscal Flores, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Estas acusaciones implicaron el pago en esta gestión de 2.160.000 de dólares por 18 terrenos aledaños al Mutún. Pero, según la ex Superintendencia Agraria, esos predios sólo cuestan 46.311 dólares, de acuerdo con la versión proporcionada ayer por el fiscal Flores.

Dalence declaró la mañana de este martes a los medios que el ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, “ha manifestado su acuerdo con todas las gestiones que he realizado varias veces”.

Recordó que el Gobierno promulgó el 18 de abril de 2009 el Decreto Supremo 085, que autorizó a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) el desembolso de poco más de 15,27 millones de bolivianos para adquirir 2.537.247 hectáreas de tierra.

El 26 de abril, en un acto público en Puerto Suárez, el presidente Evo Morales entregó a Jindal 5.537 hectáreas de tierra saneada para que inicie la explotación del yacimiento.

Sin embargo, el 21 de julio, el gerente de la firma india en Bolivia, Jaime Santa Cruz, denunció que la compañía no recibió la totalidad de las tierras para comenzar las operaciones.

Al día siguiente, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, ratificó que la empresa Jindal sólo recibió 5.400 hectáreas de las 6.000 que le iba a entregar el Estado boliviano. Añadió que 600 hectáreas aún estaban en conflicto. Dalence comentó en septiembre de este año que el conflicto de tierras se produjo luego de la modificación, en julio de 2008, del área de concesión, ya que los predios estaban en la parte norte.

Pero aseguró que ya no hay conflicto porque el Ejecutivo expropió 243 hectáreas de las 806 que el INRA determinó que son propiedad de la empresa Ongole, que dice poseer más terrenos, tema que está en manos del Tribunal Agrario.

Pese a las explicaciones de Dalence, el presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, José Luis Santander, exigió desde julio de 2009 la renuncia del presidente de la ESM.

Con ese objetivo se movilizaron ese mes con protestas que incluyeron un paro de actividades provinciales por 24 horas y el cierre de las vías de comunicación terrestres a Brasil y Argentina por varios días.

Debido a esa presión regional, Dalence renunció al cargo a principios de agosto, mientras que el presidente Morales optó por destituirlo el día 21 del mismo mes.

A pesar de ello, no pudo dejar la Presidencia de la ESM, porque, de acuerdo con las normas vigentes, el Jefe de Estado debe nombrar primero un nuevo responsable de esa siderúrgica de entre los miembros de su directorio ejecutivo.

Sergio Alandia, nuevo interino

Sergio Alandia es el nuevo presidente interino de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) y sustituirá en el cargo a Guillermo Dalence. La posesión será en los próximos días, informó el director General de Desarrollo Productivo del Ministerio de Minería, Freddy Beltrán.

Además, en octubre, el Directorio del Riesgo Compartido ESM-JSB volverá a tratar el plan de trabajo y el presupuesto que Jindal debe presentar para la explotación del hierro y la industria siderúrgica del cerro Mutún.

El acto de posesión depende del arribo del ejecutivo designado, quien se encuentra en el extranjero, indicó la autoridad, y recordó que el nombramiento es por resolución suprema.

Respecto del plan de desarrollo y las inversiones para la industria siderúrgica, Beltrán informó que ya se cumplió con el primer plazo y en agosto presentó los documentos, pero se formularon varias observaciones que JSB está corrigiendo.

Los detalles

Guillermo Dalence fue ministro de Minería del Gobierno de Evo Morales entre enero y octubre de 2006. El 6 de abril de 2008 fue posesionado de la Presidencia de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), cargo que estuvo ocupado anteriormente por el ingeniero Wálter Chávez Paz.

Este último fue destituido luego de que el Directorio de la ESM en pleno retirara su confianza por llevar a cabo una administración que fue tildada de “arbitraria” y contraria al propósito del Gobierno de iniciar las operaciones de exploración del Mutún.

Desde el principio, Dalence fue cuestionado por los cívicos de Puerto Suárez, quienes lo acusaron de perjudicar el inicio de las operaciones de la empresa india Jindal para la explotación del hierro del Mutún.

Para comenzar esos trabajos, la firma extranjera debía contar con terrenos adjudicados por el Estado.

Pero las negociaciones, que comenzaron en agosto del año pasado, se prolongaron hasta abril de 2009.

Los cívicos de Puerto Suárez hicieron paros y bloqueos contra Dalence, quien los acusó de asumir una actitud política en este tema.

El yacimiento del Mutún fue descubierto en 1848. Recién a partir de 1956 Comibol y Geobol realizaron estudios para su explotación.

Hasta 1993 la Empresa Metalúrgica del Oriente (Emedo), parte de Comibol, explotó 350.000 toneladas de concentrados para metalúrgicas de Paraguay y Argentina, pero tuvo que suspender sus actividades por la falta de tecnología y energía para la extracción y por dificultades de transporte.

En junio de 2006, a la empresa de capitales indios Jindal Steel and Power se le adjudicó la licitación lanzada por el Gobierno de Evo Morales para el desarrollo del proyecto de hierro El Mutún.

Desde entonces, Jindal controla, y durante 40 años, el 50 por ciento de la reserva (de 40.000 toneladas métricas) e invertirá 2.300 millones de dólares en el proyecto siderúrgico durante ocho años.

Un juez determina que Chito Valle debe devolver $us 99.149

Noticia publicada el 22 de Septiembre de 2009 en La Prensa


El Juez Cuarto Coactivo Fiscal emitió la sentencia, según la Contraloría, que determina que el ex prefecto de La Paz Luis Alberto “Chito” Valle debe pagar 99.149 dólares como resarcimiento en el caso “Chitoalcoba”.

Además están implicados los ex funcionarios Mario Rivera y Armando Quezada.

El contralor general interino, Gabriel Herbas, recordó a ANF que el fallo fue emitido luego de ocho años de proceso.

El caso se refiere a la compra irregular de muebles para el Palacio Prefectural. La auditoría develó que mediante un contrato entre la Prefectura de La Paz y la empresa Occidental Bolivia S.R.L. se adquirieron muebles por un total de 99.149 dólares.

Sin embargo, la provisión no tenía sustento documental ni justificación para la decisión de compra bajo la modalidad de excepción, además que esa adquisición no estuvo consignada en el Plan Operativo Anual (POA) ni tenía un presupuesto asignado.

La autoridad reconoció que será difícil ejecutar el cobro, pues una de las deficiencias en el proceso judicial fue no haber inscrito los bienes de los implicados, que al momento están prófugos. “El proceso se originó en una auditoría a la gestión 1998 en la Prefectura. Es una apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado”.

El fallo establece que tanto “Chito” Valle; Rivera, ex director de la Unidad de Licitaciones y Contratos, y Quezada, ex Jefe de Sección de Licitaciones y Contratos, deberán pagar cinco días después de su notificación.

El MAS aísla a Cirio Quispe y le llueven demandas por corrupto

El diputado suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Cirio Quispe afrontará al menos cuatro procesos por el presunto cobro de 8.000 dólares a cuatro campesinos, a quienes prometió tramitar licencias para comercializar hoja de coca en Santa Cruz.

Octavio Mollicheca Mamani, Luis Gualberto Condori Quispe, Reina Mollicheca Mamani y Gloria Michua Mamani denunciaron que el parlamentario, suplente de la diputada Elizabeth Salguero, les exigió el pago de 16.000 dólares para extenderles las cuatro licencias.

Ellos poseen cocales en la comunidad de Santa Rosa, en el municipio de La Asunta, provincia Sud Yungas, La Paz.

La diputada Salguero abrió ayer un proceso penal en contra de su suplente por los delitos de estafa, corrupción, cohecho y uso indebido de influencias contra los campesinos.

La legisladora derivó el caso al Ministerio de Transparencia y a la Dirección Nacional del MAS, que abrirán causas contra Quispe.

Alfredo Arnez, abogado patrocinante de los cocaleros supuestamente estafados, presentó el jueves una querella por concusión, uso indebido de influencias y estafa contra Quispe.

El presidente de la bancada oficialista en Diputados, César Navarro, reiteró ayer que el MAS no se opondrá al procesamiento del sindicado.

La coca en Santa Cruz

El 1 de agosto, La Prensa publicó que la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca de La Paz (Adepcoca) envió al norte cruceño integrado y Santa Cruz de la Sierra 13,4 toneladas de este cultivo, aproximadamente la cuarta parte de la cantidad vendida cada día.

En el curso de este año, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) destruyó cinco megafábricas de cocaína en San Juan de Lomerío, Curuchi, Porongo, El Triguillo y El Pajaral, en Santa Cruz.

El Viceministerio de la Coca y Desarrollo Integral emitió la Resolución 248/08 que prohíbe extender nuevas autorizaciones para la venta al detalle del producto.

Pese a ello, los cuatro cocaleros se prestaron 8.000 dólares del Banco Unión y la Fundación Diakonía para entregarlo a Cirio Quispe, quien firmó recibos en los que se lee claramente “por concepto de trámite de licencia de comercialización de hoja de coca (...) Una vez entregado (sic) la licencia, debe ser cancelado el saldo”, en tanto que en otro dice: “Y el saldo se completará una vez entregados (sic) las licencias”.

El jurista Arnez declaró ayer que hace una semana aproximadamente “estas personas, que son muy pobres y humildes, pese a lo que pagan intereses y el préstamo bancario, encontraron a Cirio Quispe en la plaza Murillo, donde les dijo que mientras otras autoridades no le devuelvan las sumas que les dio con la finalidad de lograr las licencias”, no les devolvería su dinero.

La diputada Salguero, una de las involucradas por Quispe en este caso, informó ayer a La Prensa que se querelló contra su suplente “para que pueda aclarar los supuestos cargos, en los que también ha implicado al viceministro de la Coca, Gerónimo Meneses, a mí y al director general de la Coca e Industrialización, Luis Cutipa”.

Quispe, quien no pudo ser encontrado ayer por la tarde, presentó notas de descargo ante el Comité de Constitución y Ministerio Público de la Cámara Baja y a Transparencia.

Salguero dijo que “ya es tarde, porque ha dejado pasar el tiempo y esta denuncia es pública. No ha actuado en su momento. Pudo haber iniciado una acción en su momento contra las personas que sindican”.

Quispe es representante de los cocaleros asentados en Chicaloma, Sud Yungas, pero dirigentes de Adepcoca aún no recibieron copia de la denuncia.

Arnez se mostró sorprendido por la reacción de las autoridades parlamentarias a partir del momento en que la denuncia tomó carácter público, pues desde fines del mes pasado solicitó la intervención de Edmundo Novillo, presidente de la Cámara Baja, y Jorge Silva, secretario del Comité del Ministerio Público y Policía Judicial de la Cámara de Diputados, sin haber recibido una respuesta.

El vicepresidente del MAS, Sergio Loayza, sostuvo que la Dirección Nacional del partido dijo que el caso será procesado sin consideración ni contemplaciones. Quispe se hace pasible a la expulsión.

La Dirección masista promete severidad

Leonilda Zurita, presidenta de la Comisión de Ética del Movimiento Al Socialismo (MAS), y Sergio

Loayza, vicepresidente del partido en función de Gobierno, coincidieron ayer en que los organismos de conducción masista no recibieron las denuncias que pesan contra el diputado suplente Cirio Quispe.

Zurita dijo que “no tengo conocimiento de este caso, y tampoco nadie me informó de lo que está sucediendo con el diputado suplente. No puedo adelantar criterios, pero lo cierto es que no se aceptarán más hechos de corrupción en el MAS”.

Loayza apuntó que aún “no tenemos información fidedigna de este caso, no hemos recibido aún los documentos del tema del que me habla”.

El dirigente político explicó que, de acuerdo con la normativa interna, corresponderá al Tribunal de Honor investigar los hechos con base en los documentos que presenten las partes en conflicto, labor que “puede durar días o semanas, dependiendo de las pruebas que se tengan. Si hay pruebas y son contundentes, el proceso puede concluir en una semana, aunque para ello el tribunal valorará los documentos y escuchará la versión del acusado”.

Loayza se responsabilizó por la firmeza con la que actuará el organismo rector de la disciplina interna y que el procesado se arriesga a ser expulsado con ignominia del MAS.

“No tenemos por qué tapar los hechos de corrupción, los corruptos deben estar fuera del partido. En estos casos somos implacables”.

Durante el actual periodo de gobierno, el caso emblemático de corrupción fue protagonizado por el destituido presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, y su aún esposa, la diputada suplente Jiovana Cristina Navia Doria Medina.

El primero fue expulsado con ignominia del MAS y la segunda perdió su curul parlamentario.

Adepcoca no conoce el caso

Ángel Miranda, vicepresidente de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca) de La Paz, afirmó que la organización desconoce el caso de Cirio Quispe, diputado plurinominal del Movimiento Al Socialismo (MAS), acusado de estafar a cuatro cocaleros de La Asunta.

Por ese motivo, Miranda no quiso adelantar criterio alguno sobre la querella que presentaron en contra del diputado masista, por recibir una supuesta coima de 8.000 dólares, tanto el abogado de los presuntos estafados como la parlamentaria masista Elizabeth Salguero.

“La verdad es que no tenemos conocimiento alguno sobre este tema. No puedo dar a conocer mi criterio sin contar con los antecedentes de esta situación”.

Sobre la concesión de licencias de comercialización de hoja de coca, el dirigente explicó que los documentos no pueden ser gestionados por segundas o terceras personas, pues el trámite es personal y debe hacerse ante autoridades competentes locales y nacionales.

“Sólo la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización o el Viceministerio de Coca puede autorizar el inicio de trámite de una licencia. No lo puede hacer un dirigente, un parlamentario o una autoridad”.

Denuncia

Ante la presión de los acreedores, el diputado se comprometió a devolver el dinero.

En fechas 5, 6 y 22 de julio debió devolver 500 y 1.250 dólares, pero no cumplió el acuerdo.

Estos compromisos de pago fueron firmados por el parlamentario oficialista.


Noticia publicada el 19 de Sptiembre de 2009 en La Prensa

Fiscal Jorge Gutiérrez afronta 23 denuncias por corrupción

Noticia publicada el 15 de Septiembre de 2009 en La Prensa

Sobre el fiscal de La Paz Jorge Gutiérrez pesan 23 denuncias por hechos de corrupción, presiones y venta de cargos en el ejercicio de sus funciones, informó ayer el coordinador del Ministerio Público paceño, Fernando Ganam.

Aunque Gutiérrez no ha dejado por completo el ejercicio de sus competencias, Ganam informó que a las 16 denuncias formuladas por los fiscales de La Paz, desde el momento en que asumió sus funciones, se sumaron otras siete presentadas por personas particulares.

La Fiscalía General del Estado intervino el jueves 10 el Ministerio Público paceño debido a las denuncias de irregularidades cometidas por Jorge Gutiérrez, aunque no lo suspendió de sus funciones.

“Desde el viernes hasta hoy (ayer) se han presentado no sólo fiscales, sino ciudadanos comunes con denuncias en contra de esta autoridad”.

El coordinador designado el jueves 10 por el fiscal general del Estado, Mario Uribe, no quiso dar a conocer la naturaleza de las demandas ni quiénes las plantearon a su consideración.

Se limitó a asegurar que todos los casos serán procesados con el fin de que, de ser necesario, sean parte de una acusación.

Ganam dijo no haber mantenido contacto con Gutiérrez y esperaba que la Fiscalía General lo convoque a declarar a Sucre, como hizo con Carlos Fiorilo, uno de los denunciantes.

El fiscal de materia Félix Peralta afirmó que sobre Gutiérrez pesan acusaciones de uso indebido de influencias, coacción, resoluciones contrarias a la ley y otros actos ilícitos.

“Éstas y otras denuncias fueron la base para imputar a esta autoridad. Posteriormente se presentó la acusación a la Fiscalía General del Estado; sin embargo, los demandantes fueron removidos de sus cargos por influencia de Gutiérrez”.

Peralta mencionó a los fiscales Vidal Chaya y Rime Choquehuanca, de quien aseguró que pese a haberse informado oficialmente de que presentó su renuncia, denunció que fue destituido de sus funciones.

El fiscal Peralta denunció que durante los recientes días recibió varias amenazas a través de su teléfono celular e incluso su automóvil fue ensuciado con pintura.

Ganam informó que no sufrió represalias por su designación y que lo único que hace es cumplir las determinaciones de sus superiores.

Entretanto, la comisión que investiga la desaparición forzada de personas durante la dictadura de Luis García Meza estudia la posibilidad de convocar a Gutiérrez para que preste declaraciones, pues fue sindicado de haber formado parte de los organismos represivos de 1980.

Los activistas Aldo Michel y Freddy Loza denunciaron a Gutiérrez como paramilitar.

Intervención

El fiscal general Mario Uribe decidió el jueves 10 intervenir el Ministerio Público paceño.

Es la segunda medida de esa naturaleza adoptada por la Fiscalía contra Jorge Gutiérrez.

Pedro Gareca ordenó en 2006 la primera intervención a la gestión de Jorge Gutiérrez.

Funcionarios prefecturales no pudieron presentar descargos ante ministra Suxo

Noticia publicada el 25 de Agosto de 2009 en La Patria

Las acusaciones vertidas por la ministra de Transparencia y Anticorrupción, Nardi Suxo, sobre supuestos hechos de corrupción en la licitación del proyecto de Puerto Seco, no nos permitieron dar una contraparte ni hacer los descargos correspondientes, manifestó en conferencia de prensa, la directora del Departamento Administrativo Financiero (DAF) de la Prefectura del Departamento, Patricia Jaldín.
Comentó que ahora el proceso se encuentra en la Fiscalía de Distrito, instancia en la que podrán presentar todos los documentos que se requieran para su descargo.
“Quiero ratificar que todo ciudadano de acuerdo a la Constitución Política del Estado, tiene derecho a la réplica, ya que corremos con la presunción de licitud hasta que no se demuestre lo contrario, en ese sentido no podemos permitir que se afecte la moral y la integridad de las personas”, aseveró.

PROYECTO
Jaldín explicó que el proyecto del Puerto Seco fue inscrito en su etapa de preinversión el año 2006, para su posterior licitación a cargo del ex encargado de proyecto Víctor Hugo Moreno, quien solicitó para la socialización de fondos en avance, los mismos que son empleados para una pronta atención y que no puedan esperar un proceso.
“En agosto y septiembre, Moreno solicitó el desembolso de estos fondos, pero por reglamento nosotros conocemos que esto debe descargarse en un tiempo determinado, de acuerdo a los procedimientos vigentes, sin embargo el exfuncionario no realizó los descargos correspondientes y en reuniones se le ha hecho recuerdo de estas omisiones, y en algún caso aceptó estas faltas y al final llegó a complementar la información”, afirmó.
Dijo además que el 15 de diciembre del 2006 se remitió una nota a Moreno, en la que se le hizo conocer todas las observaciones a los descargos correspondientes.
“Esas cartas fueron de conocimiento del despacho prefectural, de la Dirección de Auditoría y de Desarrollo Productivo para que se tomen los conocimientos y acciones que correspondan, felizmente estamos en una auditoría del 2006 y del 2007, con la Contraloría para que determinen si verdaderamente esos recursos en algún momento fueron malversados”, expresó. Señaló que Moreno aceptó todas las responsabilidades que se generaron producto de algunos malos manejos y ratificó en su nota que no hubo dolo ni malversación.
“Este hecho nos llama la atención, pues en sus acusaciones la ministra Suxo da a entender que el prefecto y sus secretarios hubiésemos manejado estos recursos, estos documentos están en archivos, los mismos que fueron de conocimiento de la comisión que vino de La Paz y del Ministerio de Transparencia y que nos requerirán mediante lo que es la Fiscalía”, manifestó.

Prefecto Aguilar se declara víctima de campaña para evitar posible reelección

Noticia publicada el 25 de Agosto de 2009 en LA Patria

El prefecto del departamento, Alberto Aguilar Calle se declaró víctima de una campaña política en su contra, tanto de la oposición como al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS), que intentan involucrarlo en supuestos hechos de corrupción tras conocerse la denuncia de la ministra Anticorrupción Nardi Suxo, por mal uso de recursos estatales uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta anti-económica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Aguilar mencionó que el tema está siendo utilizado de manera política, pues se vive un ambiente electoral, ya que en abril del 2010 se realizarán las elecciones prefecturales.
“Hay que lamentar que muchas veces se utiliza esta coyuntura política para desprestigiar a las personas o ante una posible reelección, la oposición es muy hábil en acudir a esta serie de difamaciones y de desprestigiar la imagen de la Prefectura, se está manejando la imagen de toda la institución y del mismo gobierno nacional, incluso puede ser interés del mismo partido político, ya que puede haber gente al interior del partido (Movimiento al Socialismo), que no simpatiza con mi persona y puede ser que la ministra se haya visto presionada para hacer ese tipo de acusaciones”, declaró.
En conferencia de prensa ofrecida ayer el prefecto Aguilar tildó de injustas las acusaciones hechas por la ministra Nardi Suxo, en las que inculpa a Aguilar y a otros funcionarios por supuesta malversación de fondos.
El prefecto indicó que él en ningún momento manejó los recursos del proyecto Puerto Seco y considera que las declaraciones de autoridades así como las publicaciones periodísticas están dañando su imagen.
“Me parece injusta e irresponsable la declaración de una ministra, sobretodo sabiendo que el prefecto y sus secretarios no tuvieron la oportunidad de haber descargado todas las investigaciones hechas por los técnicos del ministerio, pues hubiésemos tenido la oportunidad de entregar los comprobantes y los recibos de todo el manejo que se habría hecho, sobretodo cuando se asevera que el daño es de 91.000 bolivianos”, explicó.
Manifestó que las declaraciones hechas por Suxo a varios medios nacionales están infundadas y carecen de asesoramiento de gente competente en la materia.
“En su debido momento es cierto que para la Fexpocruz, se dispuso de fondos en avance que fueron entregados a Víctor Hugo Moreno, ex funcionario de la Prefectura, para hacer una actividad de promoción del Puerto Seco en Santa Cruz y dispusimos una mesa de negocios con las principales instituciones que venían del exterior y se confió a Moreno la administración de esos recursos de fondos de avance que otorgó la Prefectura”, detalló.
Recalcó que en ningún momento esos recursos pasaron por manos de la Prefectura ni del Secretaría de Ejecución Financiera, ni de la Secretaría General, ni por la comisión jurídica, cuyos representantes, Alberto Aguilar, Patricia Jaldín, Tomás López y Fidel Gutiérrez, respectivamente, están implicados en las acusaciones de Suxo.
“Ese tipo de declaraciones no tienen ningún valor de peso, pues seguramente no le informaron a cabalidad acerca del proceso administrativo de esos recursos, cabe aclarar que en su debido tiempo la responsable de la Dirección Administrativa Financiera, Patricia Jaldín, envió una carta al exdirector departamental de desarrollo productivo, Carlos Ari de la Cruz, y al ex encargado del proyecto Puerto Seco, Víctor Hugo Moreno, a quien se le observó la documentación, que no estaba contemplada de acuerdo a las normas internas establecidas en la Prefectura, motivo por el que fue despedido”, afirmó.
Agregó que la declaración de la ministra engloba dos temas diferentes, como ser el tema de la contratación de la empresa Prointec, que se adjudicó el proyecto a diseño final y la observación de que no se contaba con una asignación presupuestaria para llevar adelante el proceso de la licitación del proyecto a diseño final, temas que son totalmente independientes.

DEMANDAS
Asimismo Aguilar indicó que con la comisión jurídica se llevarán acabo las debidas medidas legales, para realizar una demanda por calumnia, hacia la ministra Suxo, pues están en su derecho de defender su honorabilidad e insistió que no se trata de un tema de corrupción.
“Si bien hay errores en lo que significa el manejo de los 91.000 bolivianos por parte de Víctor Hugo Moreno al no cumplirse los procedimientos, eso lo determinará la auditoría interna, para establecer cuál es la sanción y cargos administrativos, por lo que para despejar las dudas es competencia de la Fiscalía de Distrito analizar ese tema y determinar cuál será el proceso”, manifestó.

Prefecto asegura que ministra Suxo lo denunció por un “mal entendido”

Noticia publicada el 22 de Agosto de 2009 en La PAtria

El prefecto del departamento, Alberto Luis Aguilar Calle, sostuvo que la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, lo denunció por “un mal entendido” y asegura que no se dio mal uso a ningún dinero público en el caso del proceso de contratación del estudio a diseño final del Proyecto Oruro Puerto Seco, entre tanto que la autoridad gubernamental refirió uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
En la denuncia presentada por la cartera ministerial, según información difundida por la agencia gubernamental ABI, aparecen involucrados la secretaria departamental Administrativa, Patricia Jaldín Jallasa, el secretario general Tomás López, el secretario del Departamento Jurídico, Fidel Gutiérrez y el funcionario Víctor Hugo Moreno.
La autoridad de gobierno mencionó que la denuncia fue presentada en mérito a que se recibieron quejas y se procesó información obtenida de la propia Prefectura, habiéndose llegado a la conclusión de que se cometió uso indebido de influencias.
En las supuestas irregularidades durante la contratación del estudio a diseño final del Proyecto Oruro Puerto Seco, se habría beneficiado a la empresa Prointec SA con la suscripción de un contrato por 10.379.899 bolivianos, sin considerar que a la fecha de la firma, la Prefectura de Oruro no contaba siquiera con el 20% del monto contractual que obligó a un modificación presupuestaria.
La modificación presupuestaria provocó un recorte de recursos de programas de agricultura, investigación de asuntos económicos, comerciales, laborales y transporte aéreo, porque el proceso de contratación fue iniciado sin contar con la certificación presupuestaria.

PREFECTO
Sin embargo el prefecto Aguilar aseguró que el proceso fue totalmente transparente y está avalado por el Consejo Departamental.

“Lo único que nos cuestionan es que debería haberse presupuestado el total de la inversión para ese estudio a diseño final, pues sabemos que técnica o calificativamente, teníamos garantizado el anticipo de un 20 por ciento, y debemos ajustarnos para pagar las planillas, ya que el estudio finalizará a fin de año”, expresó.
Agregó que realizó la gestión para que la Corporación Andina de Fomento (CAF) pueda aportar un 50 por ciento.
Señaló además que los planes operativos de la Prefectura son dinámicos por lo que se necesitaba prever el pago anticipado del 20 por ciento del monto total de un millón y medio de dólares y, se debe fijar las planillas en las que se consideraron los recursos hasta su culminación para el próximo año.
“Todo ello se encuentra en manos de los técnicos de la CAF en Venezuela, ellos comprendieron que es un proyecto de un alcance a nivel de toda la región andina, pues está incorporado dentro del Plan Nacional de Desarrollo y agendado en lo que es el Zicosur, por lo que del 31 de septiembre al 1 de octubre tenemos una exposición acerca del tema Puerto Seco”, explicó.
Mencionó además que todo ello se despejará con un informe, pues quizás todo se debe a un mal entendido o a la falta de conocimiento de la ministra Suxo, respecto al proyecto Puerto Seco.
“Hemos cumplido con todo lo que debíamos hacer, sin embargo aún no tenemos la declaración de la ministra, pues seguramente la presentó a la instancia que corresponde, nos harán conocer de manera formal y nos tocará a nosotros presentar los descargos correspondientes”, afirmó.

Prefecto Alberto Aguilar acusado de supuestos actos de corrupción

Noticia publicada el 22 de agosto de 2009 en La Patria

El vicepresidente Álvaro García Linera anunció ayer que el Gobierno no encubrirá ni protegerá al prefecto Alberto Luís Aguilar, acusado de haber cometido varios actos ilegales por la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.
Por su parte, Aguilar dijo que enviará a La Paz la documentación que supuestamente demostrará su inocencia en el caso de presunta corrupción y daño económico de al menos 91.000 bolivianos.
Pero Suxo ya sentó la denuncia ante el Ministerio Público por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
La denuncia contra Aguilar llegó al despacho de Suxo con documentación escrita sobre la contratación irregular de la empresa Prointec S.A., a la que se adjudicó el proyecto a diseño final del Puerto Seco, por la suma de 10.379.899 bolivianos, sin considerar que la Prefectura no contaba ni con el 20 por ciento del monto contractual, se informó oficialmente.
Suxo también denunció irregularidades en la entrega de recursos en calidad de “Fondos de Avance en la gestión 2006, cargadas al proyecto Oruro-Puerto Seco, por las sumas de 99.500 y 91.000 bolivianos, recursos entregados aparentemente para socializar ese plan”.

prefecto Aguilar

Los descargos presentados “no cuentan con un mínimo de tres cotizaciones, no existen actas de conformidad de servicio, no cursan listas de participación en los supuestos eventos y otros”, según Suxo.
“Adicionalmente se observa el pago de 82.977 bolivianos a la Empresa Sukini Design, cuyo informe final apunta a la organización de la agenda de los medios y protocolo del Prefecto en la ciudad de Santa Cruz, cuyo contrato además fue regularizado en forma posterior a la prestación de servicios”, dijo.
Indicó que también se evidenció la suscripción de contratos de personal para el proyecto, con carácter retroactivo a favor de Marcela Uribe y Wálter Apaza, transgrediendo el artículo 6 de la Ley 2027 (Estatuto del Funcionario Público) y las normas básicas de contrataciones estatales.
Además de Aguilar, están implicados la secretaria departamental administrativa, Patricia Jaldín; el responsable del proyecto Oruro Puerto Seco, Víctor Hugo Moreno; el encargado del proceso de contratación, Tomás López, y el secretario del Departamento Jurídico, Fidel Gutiérrez.

Un video hunde más a Ramírez y revela nuevas irregularidades

Noticia publicada el 22 de Julio de 2009 en El Deber

Un video en el que aparecen conversando los involucrados en el bullado caso YPFB Catler Uniservice, Fernando Córdova y Miguel O’Connor, destapó ayer una serie de revelaciones sobre corrupción al interior de la estatal petrolera, la cual confirma la participación del ex presidente de YPFB Santos Ramírez y la supuesta complicidad de su esposa, Giovanna Navia Doria Medina, sus hermanos, además del principal ejecutivo argentino, Agustín Melano.
La prueba fue revelada por los fiscales Edward Mollinedo y César Romano, que a partir de hoy anuncian nuevas citaciones y la imputación de algunos involucrados.
Según el video, Córdova dijo a O’Connor que el 3 de diciembre de 2008 se entregó en tres oportunidades cuantiosas sumas de dinero a Giovanna Navia y Gonzalo Aramayo. En total se entregó $us 800.000.
Asimismo, revela el pago de anticipos por $us 300.000, supuestamente a Ramírez. Además indica que se hizo desembolsos por $us 20.000 a otras personas identificadas como M., Del C., A. y O.
'Yo sé que Santos ha recibido plata, porque Navia le ha debido entregar”, agrega Córdova, al señalar que antes de la licitación de la planta separadora de líquidos en Río Grande en el departamento de Santa Cruz, ya se había llegado a un arreglo entre Ramírez y el ejecutivo argentino de la firma Catler, Agustín Melano, por $us 1,8 millones.
Más adelante, Córdova asegura que Ramírez le contó que tiene un cheque de $us 100.000 a favor de los Navia.
Por otro lado, la conversación entre O’Connor y Córdova muestra que el ex titular de la petrolera y los demás involucrados que están en la cárcel alistan poner un negocio a su salida de la cárcel de San Pedro, para lo cual ya compraron un radiomóvil a través de un supuesto palo blanco.
“Giovanna se ha ido a EEUU, Santos la ha hecho viajar, todo está planificado”, manifestó Córdova. En el video también se involucra a algunos parlamentarios, aunque no aclaran sus nombres.
Sobre el particular, el titular de YPFB, Carlos Villegas, aseguró que su antecesor obtiene documentación exclusiva de la empresa con ayuda de ciertos trabajadores infidentes.
El ejecutivo de YPFB admitió que existe todavía personal leal al ex hombre fuerte del Presidente del Estado Plurinacional Evo Morales, que filtra información de forma irresponsable. “A los fiscales que están investigando les pido que realicen una investigación profunda sobre los canales de salida y llegada de la información de YPFB”, indicó.
Al respecto, el abogado de Ramírez, José Luis Paredes, manifestó que las afirmaciones del fiscal Mollinedo unidas a las del ex presidente de la estatal Carlos Villegas son temerarias, excesivas y subjetivas. “Si el actual ejecutivo de YPFB dice que Ramírez tiene personas infiltradas que le pasan información que dé nombres. Lo demás es una sospecha no digna de revelarse de esa forma, peor aún si se trata de una autoridad seria. Por otro lado, los fiscales de materia no pueden hacer revelación de esta naturaleza si no es primero ante el juez y de modo formal, porque el mismo instructivo que los designó como miembros de la comisión de fiscales, en su última parte, les dice que tengan mucho cuidado y que respeten la dignidad y el honor de los investigados y procesados. infringen normas básicas”, dijo.

Antecedentes y situación actual

Corrupción. El asesinato y robo al empresario Jorge O'Connor D'Arlach Taborga, ocurrido el martes 27 de enero, en la casa del primo cuñado de Santos Ramírez, Gonzalo Aramayo Doria Medina, destapó uno de los mayores hechos de corrupción en YPFB. El empresario fue socio de la firma Catler-Uniservice, que firmó un contrato con YPFB para construir una planta separadora de líquidos en Río Grande por un monto de $us 86,3 millones. Según las investigaciones el dinero que tenía en su posesión era una coima para Santos Ramírez, porque pudo haber favorecido la contratación de esa empresa pese a que no tenía experiencia.

Proceso. Miguel O’Connor, Guillermo Aruquipa y Misael Gemio están con arresto domiciliario. O’Connor supuestamente se benefició del arresto domiciliario por mostrar el video con Córdova.

Operativo. Los fiscales requisaron la anterior semana las celdas de Santos Ramírez, Fernando Córdova, Javier Navia Doria Medina, Mario Cossío Macgalen y Franklin Gonzalo Aramayo.

Evo, molesto con resultados de red de gas
A tres años de la nacionalización, el presidente Evo Morales admitió ayer sentirse disconforme con los resultados del programa de instalación de gas domiciliario en el país, debido a los bajos resultados obtenidos en su administración.
Explicó que en los tres años de Gobierno se lograron apenas 50.000 conexiones domiciliarias sólo en algunas ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Tarija. "Hay que reconocer que no todo es bueno, tenemos debilidades", agregó.
"Es muy poco lo que se ha avanzado en la instalación de gas domiciliario, no estoy conforme con el programa, hay algunas dificultades, por eso es que mi pedido es cómo podemos acelerar la instalación del gas domiciliario. Hasta 2005, había 12.917 conexiones, en nuestra gestión nos acercamos a 50 mil, pero somos millones", dijo.
Para este año, la estatal petrolera programó la instalación de 15 mil nuevas conexiones de gas domiciliario en la ciudad de Cochabamba, sin embargo, Emcogas no cumplió sus metas fijadas y sólo realizó 3.470 conexiones.
En ese contexto, Evo Morales comprometió que en estos seis meses que restan se cumplirá la meta de siete mil instalaciones y para el próximo año están programadas 20 mil instalaciones en el departamento de Cochabamba con un presupuesto de $us 100 millones. También se prevé aumentar las redes de gas en el resto del país./ ANF

Pasivos y contingencias, sin claridad
El presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible del Senado, Jorge Aguilera, informó que al cierre de las declaraciones sobre la nacionalización de Transredes, no existe claridad en torno a lo que significan los pasivos y las contingencias, además de los compromisos de inversión no realizados por el grupo TR Holding.
“Tengo en mis manos una auditoría de TC Bolivia SRL. en 2006 y entregada al Ministerio de Hidrocarburos en 2007 y para sorpresa nuestra no la conocía el presidente de YPFB Transporte, el señor Cyro Camacho”, señaló.

Al respecto, un comunicado de la transportadora da cuenta de que durante más de tres horas los miembros del Directorio y el titular máximo de YPFB Transporte, Cyro Camacho, contestaron las preguntas de los miembros del Senado. “Actualmente, la empresa tiene una línea de trabajo técnica con personal especializado que sigue los procedimientos de gestión, al margen de toda actividad política partidaria. Asimismo, demostró con los indicadores financieros la solvencia de la empresa, el cumplimiento de sus compromisos tributarios, pagos de deudas a los organismos financiadores y otros”.
El ejecutivo explicó también que la empresa es coherente con su política de desarrollo sostenible y en ese marco cumplió con los compromisos establecidos con las comunidades aledañas al río Desaguadero tras el accidente en el 2000, indicando que se compensó y se ejecutó un proceso de remediación y limpieza ambiental por más de $us 53 millones. /HHG

Directorio echa a Angulo de YPFB Transportes, y él ratifica denuncias

Noticia publicada el 17 de Junio de 2009

El Directorio de YPFB Transportes destituyó de la presidencia a Gildo Angulo después de que éste denunciara a su similar de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, por un sobreprecio en la nacionalización de Transredes S.A. El nuevo titular de la transportadora de hidrocarburos es Cyro Camacho, quien fue posesionado junto con dos directores.

Según un comunicado del Directorio de la compañía difundido ayer por la tarde, “las acusaciones del ex presidente de la sociedad Sr. Gildo Angulo carecen de veracidad y denotan desconocimiento de la realidad financiera de la empresa, así como de la capacidad de gestión de la misma, lo que afecta la imagen de YPFB Transportes S.A., al crear un clima de desconfianza y desestabilización al interior de la empresa”.

Así, el lunes 15, en la junta general de accionistas celebrada en el edificio Multicentro de La Paz, a las 17.30, se decidió la destitución del ex ejecutivo, quien el 12 de junio acusó a Villegas de haber asumido deudas tributarias, ambientales y de inversiones no hechas por TR Holdings, la accionista mayoritaria de Transredes.

Ayer, Angulo ratificó su denuncia ante medios cruceños sobre el pago de 50 millones de dólares por impuestos que adeudaba la capitalizadora, por el daño ambiental en el Río Desaguadero causado por un derrame petrolero y 58 millones de dólares por el incumplimiento de las inversiones de la capitalizadora.

Además desafió a Villegas a un debate público en el Congreso.

Aseguró que no se aferra al cargo y que, si es el precio que tiene que pagar, lo asume con orgullo. Además dijo que no es la primera vez que se “engaña al presidente Evo Morales. Villegas pone en riesgo la nacionalización”.

Villegas reconoció el lunes que la deuda impositiva fue asumida porque se optó por el mal menor, es decir, un proceso de arbitraje internacional que le habría costado al país 1.000 millones de dólares.

La presidenta del Servicio de Impuestos Nacionales, Marlene Ardaya, afirmó que la deuda tributaria de la nacionalizada es de sólo de 34 millones de dólares, de los que 5,5 ya fueron pagados.

En entrevista en Unitel, Angulo afirmó que existen más personas implicadas en este hecho pero que no le corresponde decirlo —“no es mi intención”—, sólo buscaría que la opinión pública conozca a Villegas.

Fuentes del sector señalaron que la junta de accionistas fue forzada para asumir esta decisión, puesto que a la primera cita de las diez de la mañana no asistieron todos los directores, circunstancia que propició la suspensión de la reunión. Además se recibió una amenaza de bomba a la misma hora en el edificio. Según El Deber, Villegas asistió por la tarde al encuentro a puerta cerrada. La Prensa se aproximó al edificio e intentó entrar en las dos ocasiones, por la mañana y por la tarde. En el segundo intento en recepción señalaron que no se permitiría el acceso de la prensa.

Otro comunicado de YPFB Transportes señala que se adopta el cambio para “fortalecer las competencias de la empresa en aspectos técnicos y tecnológicos”. Los nuevos directores son Raúl Ferrufino, como vicepresidente de Comercialización y Regulaciones, en lugar del actual presidente de la petrolera, y Cecilia Vidangos, como vicepresidenta interina de Recursos Humanos y Servicios Generales, quien sustituye a Hernán Vásquez.

Este último fue el tercer presidente de YPFB Transportes antes de Angulo, desde el 22 de abril hasta el 12 de mayo de este año. Su designación fue respaldada por los trabajadores de la petrolera, quienes objetaron su destitución y, mediante una delegación, intentaron en La Paz revertirla.

Desde Santa Cruz, Cyro Camacho explicó que el nombramiento de Angulo obedeció “a una coyuntura que se dio en determinado momento” y cuyo “resultado final no fue el que se esperaba”, porque el ex ejecutivo tiene “limitaciones” en materia petrolera. El ex ejecutivo tildó de “antinacionalista” a la nueva autoridad.

El viceministro de Transparencia, Tamer Medina, aseguró que la designación de Angulo como director con una resolución del ex presidente de YPFB Santos Ramírez, acusado en dos hechos de corrupción, fue ilegal y sin conocimiento del Directorio de la estatal petrolera, situación cuestionable.

La Prensa le consultó por qué se hace esta observación ahora que salen denuncias de irregularidades en la compra de Transredes. La autoridad sólo atinó a señalar que el Gobierno recién tomó conocimiento de su designación.

Agregó que Angulo, al enterarse de que se lo iba a alejar del Directorio, salió a lanzar una serie de “difamaciones en venganza”.

Más deudas tributarias

La presidenta del SIN, Marlene Ardaya, informó que aún existen deudas de otras tres petroleras nacionalizadas por 156.394.781 dólares, que corresponden a activos sobrevaluados que incidieron en el menor cálculo impositivo hecho antes de la nacionalización. Dijo que en el momento en que se conozca el fallo del Poder Judicial se verá quién es el representante legal para cobrarle.

En el caso de YPFB-Andina S.A. los pasivos suman 99 millones de dólares, Chaco S.A. debe 57 millones de dólares y la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana S.A. (CLHB) alrededor de 394.781 dólares (2,8 millones de bolivianos).

Ardaya dijo que éstos están en procesos contenciosos en la Corte Suprema de Justicia, pero entretanto el SIN debe cobrar para evitar una prescripción.

Pasivos de ex Transredes se comen la utilidad 2008

El ex superintendente de Hidrocarburos Carlos Miranda aseguró que los pasivos de 50 millones de dólares de YPFB Transportes se comerán toda la utilidad obtenida en 2008.

De acuerdo con los estados financieros, la compañía disminuyó sus ganancias de 677,5 millones de bolivianos en 2007 a 355,2 millones el año pasado, es decir, experimentaron una baja de 52,4 por ciento.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, confirmó las obligaciones pendientes y anunció que se las cumplirá con el flujo de caja de YPFB Transportes.

La autoridad aseguró que durante el proceso de negociación con los socios de Transredes se tuvo que aceptar el pago de estas obligaciones debido a que de por medio se podría afrontar un arbitraje internacional con una demanda de 1.000 millones de dólares por parte de las transnacionales Ashmore y Shell.

Según Miranda, lo preocupante es que las obligaciones serán asumidas por YPFB Transportes, con lo cual le quedará poco margen para reinvertir las utilidades en la ampliación de la red de transporte.

Recordó que en la actualidad se requiere una inversión de 100 millones de dólares, que el Gobierno prestará a la estatal petrolera, para completar las obras del gasoducto Carrasco-Cochabamba y de otras líneas de transporte internas y externas.

El problema que se prevé reside en que YPFB Transportes puede tener menos ingresos en la medida que Brasil no demande más volúmenes de gas natural, pues las ganancias de la empresa dependen de llevar más hidrocarburos.

Más datos

El Gobierno, con el Decreto 28701, del 1 de mayo de 2006, instruyó nacionalizar YPFB.

Además tomó el control de la producción, transporte, refinación y comercio de hidrocarburos.

La estatal petrolera fijó como subsidiarias a Chaco, Andina y YPFB Transportes.

YPFB destituye al hombre que acusó a Carlos Villegas

Noticia publicada el 17 de Junio en La Razon

Gildo Angulo fue destituido ayer del cargo de presidente de YPFB Transporte, a cuatro días de que acusara al titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, de una serie de irregularidades. El directorio de la empresa transportadora tomó la decisión

indicando que la saliente autoridad no tiene el conocimiento necesario para ocupar el puesto, que ahora está al mando de Cyro Camacho Chávez.

“Las acusaciones del ex presidente de la sociedad, Sr. Gildo Angulo, carecen de veracidad y denotan desconocimiento de la realidad financiera de la empresa, así como de la capacidad de gestión de la misma, lo que afecta la imagen de YPFB Transporte SA, al crear un clima de desconfianza y desestabilización al interior de la empresa”, señala el directorio de la estatal, mediante un comunicado difundido este martes.

Angulo, el viernes, denunció que Villegas manejaba Yacimientos como si fuese “su propiedad privada”. Además aseguró que para la nacionalización de Transredes se pagaron 250 millones de dólares cuando la empresa debía 200 millones al fisco y a otros.

Este lunes, Villegas rechazó las acusaciones, pero admitió que se liberó del pago de 50 millones de dólares que Transredes adeudaba por asuntos tributarios.

Ayer, en entrevista con La Razón, Angulo atribuyó su alejamiento a una decisión del presidente de YPFB . Aseguró que la medida fue tomada “sin un proceso judicial, simplemente porque es el dueño de la empresa (...) No me quise someter a sus caprichos y ésa es la bronca conmigo”.

Calificó su destitución como “arbitraria, ilegal” y “que viola todos los estatutos de la empresa”.

La autoridad saliente, designada presidente el 12 de mayo del 2008 por decisión del directorio, emplazó a Villegas a ir al Congreso para aclarar las denuncias.

YPFB Transporte informó además de que Camacho fue designado como nuevo presidente ejecutivo en una reunión de directorio. Es el quinto ejecutivo en este puesto.

Camacho se desempeñaba como vicepresidente de Comercialización y Regulaciones de la empresa, en la que trabaja desde el 2000. Es economista, especializado en regulaciones de transporte y distribución de gas natural.

También fueron promovidos Raúl Ferrufino al cargo que ocupaba el actual presidente y Cecilia Vidangos como vicepresidente de Recursos Humanos y Servicios Generales a.i.

Puntos de vista

“Se necesita gente calificada”
Cyro Camacho, nuevo presidente de YPFB Transporte.

“La empresa está en una etapa de enfrentar un crecimiento con nuevos proyectos. No conozco en detalle las denuncias del señor Angulo, pero sé que ante el inminente cambio, se debe retomar un rumbo de estándares de calidad y las anteriores autoridades estaban pasando por alto esa prioridad. Se necesita gente calificada, con experiencia en el negocio, algo que no sucedía con el anterior directorio. Tengo casi 30 años de experiencia en el sector”.

“No se quiere conocer la verdad”
BERNARDO MONTENEGRO, diputado de Podemos.

“Lo único que hace eso (la destitución de Angulo) es demostrar que no se quiere conocer la verdad y ello perjudicará las investigaciones. Lo que se analiza es que probablemente se va a convocar (al Senado) al presidente de YPFB y al Ministro (de Hidrocarburos) porque es un tema que no puede quedar así. Se habla de sumas millonarias de corrupción y estas señales demuestran que el MAS quiere tapar la corrupción campeante en todas las instituciones”.

“Su actuación fue política”
JORGE SILVA, diputado del Movimiento al Socialismo (MAS).

“El tema se basa en los antecedentes. Gildo Angulo ha sido candidato a la presidencia por un partido neoliberal (NFR) y no entendemos su actuación posterior. Al parecer, logró convencer a algunas autoridades del MAS para hacerse cargo de la presidencia de esa entidad (YPFB Transporte). Sin embargo, al parecer su actuación fue estrictamente política y eso lógicamente ha generado su destitución, después de que el directorio ha hecho una evaluación”.

Entrevista

“Yo no le he mentido a mi país”

GILDO ANGULO,
ex presidente ejecutivo de YPFB Transporte.

Es ex almirante de la Armada. Cursó estudios en la Escuela Militar de Ingeniería, donde obtuvo un título en Geodesia. Logró un diplomado en Hidrología en Holanda. El 2005 postuló a la presidencia del país por Nueva Fuerza Republicana (NFR).

¿Cómo toma su destitución?
El mal uso del poder da para eso y muchas cosas más. Este hombre (Carlos Villegas) está herido porque le dije las verdades que nadie le dijo en el país. Yo no le he mentido a mi país (...) Se ha enojado y ejerce todo su poder y fuerza para destituirme, lo puede hacer porque es el accionista mayoritario, pero legalmente ha violado la normativa estatutaria.

¿Qué va a hacer ahora?
Públicamente emplazo a Villegas a que, en el menor tiempo posible, nos presentemos ante el Congreso para decir la verdad al país sobre estas denuncias.

¿Asumirá alguna acción legal?
No tengo plata para contratar un abogado y porque además no hace falta argumentar la destitución a mi favor; sería aferrarme a un cargo que ya no deseo ejercer, mientras existan funcionarios corruptos como Carlos Villegas.

¿Le bastó un mes para conocer YPFB Transporte?
Llevo como director 11 meses, la conozco (a la empresa) porque la temática central para entender cómo funciona el proceso es la hidráulica y yo soy especialista, sobre todo, en mecánica de fluidos por los tubos (...) No soy un advenedizo, soy un profesional apropiado para esta empresa.

¿Por qué denunciar ahora?
Quise hacerlo estando en ejercicio de mi cargo, hacerlo después es respirar por la herida. Redacción Santa Cruz

Destituyen a Angulo por denunciar corrupción en la nacionalización

Noticia publicada el Miercoles 17 de Junio de 2009 en La Patria

No pasó ni una semana después de las denuncias del ex almirante Gildo Angulo por una supuesta “nacionalización” con beneficios millonarios para una transnacional y el directorio de YPFB, decidió ayer su destitución.
“El Directorio de YPFB-Transporte le retiró su confianza al vicealmirante Gildo Angulo”, se informó ayer oficialmente.
Angulo denunció que en la “nacionalización” de la transnacional Transredes se realizó con un “perdonazo” millonario.
El lunes, el presidente interino de YPFB, Carlos Villegas reconoció que se aprobó el denominado “perdonazo” tributario para poder adquirir la mayoría de las acciones de la transportadora Transredes.
Angulo dijo además que se nacionalizó la empresa con sobreprecio, pues sólo se debería cancelar 50 millones de dólares y no los 250 que se pagó al capital transnacional.
Villegas justificó la decisión porque supuestamente la mayoría de las empresas socias de Transredes pretendían iniciar un juicio internacional por un valor de 1.000 millones de dólares, lo que supuestamente apuró la decisión de liberar la deuda que tenían con el fisco para evitar este proceso, pese a un fallo de la justicia.
El militar en retiro fue posesionado el 12 de mayo y fue nombrado por esa máxima instancia de la transportadora de hidrocarburos.

En cuatro alcaldías de La Paz se malversaron unos Bs 4 millones

Noticia publicada el 5 de abril de 2009 en LA Prensa

Los alcaldes y algunos funcionarios de los municipios de Achocalla, Calamarca, Inquisivi y Pucarani afrontan procesos en la justicia ordinaria por malversación de fondos y otros delitos que fueron denunciados entre 2007 y 2008, y que provocaron un daño económico de, al menos, cuatro millones de bolivianos.

Estos casos son parte de los diez que el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción remitió al Ministerio Público, luego de evidenciar la existencia de indicios de comisión de los delitos denunciados.

De acuerdo con técnicos del Ministerio de Transparencia, en todos estos casos, que hoy son investigados en la justicia, “hay dolo, pues no puede argumentarse falta de conocimiento de la norma o el manejo de los recursos públicos cuando se descubren estos hechos”.

Para los especialistas, los funcionarios que son cómplices inmediatos de las principales autoridades municipales son el asesor legal y el administrativo. De modo que ellos aconsejan “verificar de qué gente se rodean”.

Un aspecto que sobresale en los cuatro casos indicados es el “manejo directo” de los recursos (decidir en qué invertir) por parte del Alcalde y sus allegados. También que en cada uno de los cuatro municipios el monto malversado llega al millón de bolivianos.

Más en municipios

Según las estadísticas que maneja Transparencia, del total de las denuncias que recibe, entre un 30 y 40 por ciento se refieren a los gobiernos municipales. Para los técnicos, esta situación es preocupante.

El resto se divide entre las prefecturas, el Gobierno nacional y sus dependencias, y otras entidades y poderes del Estado, hoy órganos de la República.

La denuncia formal de un hecho de corrupción, explicaron, provoca un conflicto de ingobernabilidad, pues generalmente el Alcalde denunciado es suspendido y si se aferra al cargo, “compra conciencias”, divide y enfrenta a la población. Esta situación paraliza la administración de la gestión edilicia, lo que redunda en un perjuicio para el desarrollo del municipio.

Este alto índice de corrupción municipal obliga al Ministerio de Transparencia a insistir en la recuperación de los montos malversados y no sólo a buscar la sanción para los responsables, además de aplicar políticas de prevención que eviten o al menos reduzcan los hechos ilícitos cometidos por las autoridades municipales.

El año pasado, el hoy Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción desarrolló un plan piloto de transparencia en la gestión pública en el municipio de Shinaota, en el departamento de Cochabamba, con resultados, entre ellos, por ejemplo, que la comunidad conoció los procedimientos que se emplean para la adjudicación de una obra.

En esa oportunidad se aplicaron los cuatro ejes del plan: acceso a la información, rendición pública de cuentas, control social y ética pública en el accionar de los munícipes.

Tras esta experiencia, se anunció en este despacho que la meta en esta gestión es desarrollar ese plan en entidades de los gobiernos municipales, prefecturales y nacional porque se trata de prevenir. Para eso hay un Viceministerio encargado de esa área que busca reducir la corrupción con los cursos de capacitación.

Familiares del Alcalde eran contratados

El alcalde de Inquisivi, Severino Calle Cachi, adjudicó la ejecución de obras a sus familiares, según la denuncia que se conoció el 31 de octubre de 2007. La queja fue planteada por dos concejales; sin embargo, uno de ellos fue recluido en la cárcel por acciones judiciales de la autoridad edil.

De acuerdo con el informe del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, las concubinas de los dos hijos de Calle organizaron una empresa denominada MIYANS, la cual durante el último tiempo de su administración recibió la adjudicación de obras.

En ese proceso participó directamente uno de los hijos de la ex autoridad edil en calidad de apoderado de la empresa y como firmante de los contratos de construcción. Esta misma persona llegó a figurar en los contratos de supervisión, como prueba de la intromisión directa de la familia del Alcalde en tareas de administración del gobierno municipal.

Transparencia identificó también el fraccionamiento de contratos, procesos de contratación irregulares con empresas ilegales como Moxauma, que no está registrada en Fundempresa.

Severino Calle negó estas acusaciones, a las que calificó de “confabulación política”. “Si fuera cierto, ya los jueces hubiesen hecho algo, pero no hacen nada y yo sigo como Alcalde”.

Contratos irregulares y obras fantasmas

El ex alcalde de Achocalla René Pérez Alejo fue denunciado por contratar empresas para la ejecución de obras de modo irregular, violando la norma que demanda la convocatoria a licitaciones públicas.

Según los datos del Ministerio de Transparencia, el 17 de noviembre de 2007, Pérez suscribió 16 contratos con las compañías Búfalo, Bunsa, Mecoin y Ruway, sin que existiese un proceso de contratación transparente, incluso, indican los denunciantes, las suscripciones eran resultado de acuerdos previos entre los representantes de las firmas y el Ejecutivo municipal.

Entre las denuncias y posterior verificación se encuentra una obra fantasma, como es el empedrado de la avenida Añahuani que conduce a la parada 26, contrato que se adjudicó a la empresa Mecoin y a la que se adelantó el 90 por ciento del costo, cuyo monto no fue proporcionado, sin que haya resultados, aunque los responsables de la comuna emitían evaluaciones favorables que daban cuenta de la ejecución de la obra.

Este hecho fue admitido por Pérez, aunque en su descargo señaló que el dinero se destinó a otra obra, lo cual también resultó ser falso, según Transparencia. En la actualidad, las funciones de Alcalde son cumplidas por Max Torres.

Giro irregular de cheques y nepotismo

El ex alcalde de Pucarani Alejandro Mamani Quispe, según la denuncia, nombró en el cargo de subalcalde del cantón Cohana a su hermano Esteban Mamani; como chofer de servicio y sereno municipal, a otro de sus hermanos, Wilson Mamani, y como encargado de cotización, a su cuñado, Ricardo Choque.

El 10 de septiembre de 2007 se constató, mediante documentación, la firma de un contrato entre el Alcalde y Lucio Pomacusi para la construcción de viviendas destinadas a maestros de la comunidad Calería, pero “extrañamente” los recursos fueron desembolsados a favor de uno de sus hermanos, según comprobantes de contabilidad y cheques.

El Ministerio de Transparencia evidenció que Mamani Quispe realizó contrataciones de empresas para la edificación de obras sin que éstas estén presupuestadas en el Plan Operativo Anual (POA).

La ex autoridad edil, además, junto con el Oficial Mayor Administrativo y la Jefa de Personal, emitió cheques de modo discrecional por concepto de “fondos de avance” (recursos que se entregan a funcionarios para realizar determinadas compras a condición de un posterior descargo de facturas) en favor de funcionarios municipales, consultores y contratistas, que incluso datan de la gestión 2005.

Estos recursos no se descargaron en el acápite correspondiente, sino que se cargaron a la partida presupuestaria de gastos.

Entre los beneficiados con los cheques se encuentran cinco funcionarios de la Alcaldía y otros 20 particulares.

El ex Alcalde autorizó el desembolso de recursos municipales para pagar gastos personales, presumiblemente de vivienda, a favor de un tercero, cuya relación contractual con aquél se desconoce, al igual que el destino de los recursos entregados.

La denuncia fue realizada el 6 de junio de 2008. La Prensa no pudo contactarse con Mamani Quispe por su condición de ex autoridad.

Dinero de proyectos, destinado a eventos

El ex alcalde de Calamarca Mario Rojas Fernández suscribió, el 16 de junio de 2007, un convenio con la Embajada de Venezuela para el financiamiento de los proyectos de construcción del microrriego Vilaque-Copata y del alcantarillado sanitario de Calamarca, obras que jamás se ejecutaron.

Ambos trabajos se consideran de vital importancia para la población puesto que permitirán mejorar la calidad de vida, ya que la gran mayoría se dedica al cultivo y, por otro lado, carece del servicio sanitario domiciliario.

El convenio se suscribió por 136.000 dólares, de los cuales, en una primera instancia, se desembolsaron 110.080 dólares a favor del municipio, monto que no fue destinado a las dos obras. La ex autoridad presentó justificaciones del gasto de dichos recursos que no guardan relación con la ejecución de las obras, por cuanto se presume una malversación.

El Ministerio de Transparencia identificó indicios de la supuesta comisión del delito, porque los recursos asignados a las dos obras por el Gobierno de Venezuela, en el marco del programa “Bolivia cambia, Evo Cumple”, se habrían utilizado en el pago de viáticos a personas particulares, quienes formaban parte del Comité de Consulta y Toma de Decisiones, además del pago de gastos de concejales en actividades de confraternización intermunicipal.

La denuncia fue conocida el 23 de septiembre de 2008 e involucra además a tres personas que ejercieron el cargo de Oficial Mayor Administrativo de la comuna de Calamarca.

El Concejo Municipal nombró a otra persona como Alcalde, quien desde la destitución de Rojas se desempeña en el cargo. La Prensa intentó sin éxito contactarse con la ex autoridad.

Este tipo de hechos, consideraron los técnicos del Ministerio de Transparencia, son comunes en la gestión de los gobiernos ediles rurales.

Los delitos

En Calamarca, el daño económico supera el millón de bolivianos. Los supuestos delitos de los que se acusa al ex Alcalde y a otros funcionarios son: uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y peculado.

En Inquisivi, el daño también supera el millón de bolivianos y los supuestos delitos cometidos por las autoridades ediles son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

En Pucarani, los supuestos delitos cometidos por las ahora ex autoridades son: contratos lesivos al Estado, peculado, negociaciones incompatibles con el cargo y uso indebido de influencias. El daño también es de un millón de bolivianos.

En Achocalla, los supuestos delitos de los que se acusa a las ex autoridades municipales son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y conducta antieconómica.

Las quejas

Transparencia tiene que analizar 99 denuncias en contra de 33 municipios paceños.

Los casos concluidos con una verificación son diez y ya fueron remitidos a la Fiscalía.

Entre el 30 y el 40 por ciento de las denuncias recibidas son de municipios.

Se alista un plan de transparencia para municipios, Gobierno y prefecturas.

El Gobierno impulsará un programa de prevención basado en cursos de capacitación a funcionarios.