jueves, 26 de febrero de 2009

Juicio a Chito Valle continuará mañana

Noticia publicada el 26 de Febrero de 2009 en Correo del Sur




El juicio contra el ex prefecto de La Paz, Luis Alberto "Chito" Valle, continuará este viernes 27 de febrero con las audiencias de la fase probatoria, cuando comparezcan los testigos de descargo propuestos por la defensa.
El proceso al ex Prefecto quedó en cuarto intermedio la semana pasada ante la proximidad de las fiestas de Carnaval y ante la ausencia de algunos de los declarantes convocados al proceso.
Las últimas declaraciones que se presentaron al Tribunal fueron las de la testigo Milka Becerra Luján, quien en su condición de ex funcionaria de la Contraloría General de la República en las gestiones 1996-1997 afirmó haber participado en la elaboración de distintos informes que involucrarían a Valle.
La testigo manifestó conocer esos informes "en tanto y en cuanto, toda la evidencia que se ha podido contrastar producto de la auditoria es lo que consta en los informes es de cuanto puedo testificar", añadió. Becerra Luján reconoció ante el Tribunal haber participado en la elaboración de los informes de Auditoria Especial del Proceso de Avalúo de Enajenación de Vehículos de chatarra de la Prefectura de La Paz, como también, en otros dos Informes Complementarios de Auditoria, en las que -según aseveró- se establecieron indicios de responsabilidad administrativa en contra de Luís Alberto Valle Ureña.
En los próximos días serán convocados a declarar otros testigos de descargo que fueron propuestos por la Defensa de la ex autoridad.
Por su parte, Valle ha reiterado la inconsistencia de las pruebas presentadas hasta ahora por la Fiscalía, asegurando que las mismas carecen de legalidad, pues estarían compuestas por "fotocopias" sin ninguna validez legal.

sábado, 21 de febrero de 2009

Otro imputado por corrupción en YPFB se salva de ir a la cárcel

Noticia publicada el 21 de Febrerod e 2009 en La Prensa

La juez Marcela Siles decidió que el ex gerente de Planificación de Yacimientos y ex viceministro de Desarrollo Energético, Misael Gemio, guarde detención domiciliaria a causa de las imputaciones planteadas por la Fiscalía en su contra.

La decisión fue recibida con beneplácito por la defensa y fue rechazada por los agentes del Ministerio Público, aunque el fiscal César Romano dijo que la decisión obedeció a que no existe riesgo de fuga del imputado.

La juez Siles ordenó el arresto domiciliario del ex ejecutivo, pues existe el peligro de que interfiera la labor de la justicia, pues podría ejercer influencia sobre otras personas que aún no prestaron sus declaraciones ante las autoridades competentes.

Además, la Magistrada adujo que Gemio está al cuidado de su única hija, cuya madre se encuentra en el exterior del país.

El abogado del imputado, Franz Avilés, refirió que “se ha determinado un aspecto: que la aprehensión hecha por el Ministerio Público ha sido ilegal e indebida”.

Criticó la acción de los fiscales al calificarla de “pobrísima”, porque “en ningún momento ha hecho referencia a un solo acto ilegal o antijurídico en el que Misael Gemio haya participado. Inclusive, esta medida de la detención domiciliaria está motivada por la excesiva presión que existe sobre las autoridades y sobre todas las personas que están investigadas en este proceso”.

Misael Gemio fue imputado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y asociación delictuosa.

El jurista Avilés sostuvo que su cliente “jamás ha firmado un contrato lesivo al Estado y ningún otro. No era su atribución. Intervino única y exclusivamente cuando se inicia el proceso, recibiendo las propuestas para participar y sugiere que se haga llegar la invitación a las siete empresas que mostraron interés en la licitación. No hace ningún tipo de selección. Simplemente hace lo mismo que una secretaria o un cartero: recibe y entrega. Eso no constituye en sí mismo un delito. Era su obligación como Gerente”.

El fiscal Romano explicó que la juez Siles valoró que “existen elementos de convicción respecto de la probabilidad de la autoría de los delitos ya imputados. En cuanto a los riesgos de obstaculización, también están acreditados, porque no se cuenta hasta el presente con los anexos que deberían estar adjuntados a los contratos” para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande.

Ambas partes coincidieron en destacar el hecho de que Gemio se hubiera presentado voluntariamente a prestar su testimonio y manifestó su decisión de colaborar con las investigaciones, por lo que ha descartado el riesgo de fuga, y bajo esas circunstancias ha dispuesto la detención domiciliaria.

Los fiscales determinaron que Gemio puso a consideración de Santos Ramírez las cartas de invitación a las empresas Equipetrol, Ballyco Enterprises, Cryoenergy, Exterran, Catler y Contreras para que participen en la licitación mencionada.

La causa abierta por hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dio lugar a que, hasta ahora, la Fiscalía impute a tres personas: el ex presidente de la estatal Santos Ramírez, la ex directora jurídica Esther Carmona y el ex gerente de Planificación Misael Gemio.

Sobre un cuarto ex gerente de YPFB, Rodrigo Carrasco, sólo pesan indicios por la comisión de un delito menor, que no da lugar a su formal imputación.

De los tres, sólo Ramírez se encuentra recluido en el penal de San Pedro, en tanto que Carmona quedó arraigada, debe presentarse una vez por semana ante el Ministerio Público para firmar un registro y no puede cambiar de domicilio, mientras que Gemio no podrá abandonar el departamento que ocupa en el edificio V Centenario, en la ciudad de La Paz.

En los casos de detención domiciliaria, la Policía dispone que un grupo de efectivos controle el cumplimiento de la decisión judicial, aunque generalmente la alimentación y las comodidades, aunque sean mínimas, que debe brindarse a los uniformados corren por cuenta de quien está privado de su libertad de esta manera.

La Fiscalía sortea demanda de Transparencia

El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción presentó el jueves por la tarde ante la Fiscalía una denuncia contra la empresa Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA), que fue creada por Santos Ramírez.

Nardi Suxo, responsable de esa cartera, informó el miércoles que se descubrió un daño económico al Estado de, al menos, 60,7 millones de dólares por esta causa, después de que Yacimientos y esa empresa suscribieran contratos para la recalificación de garrafas, la perforación de los pozos 34D y 35H del campo Víbora y la instalación de plantas petroleras. Suxo denunció que aparentemente existen irregularidades en el alquiler que se habría pagado por un taladro venezolano, pese a que no fue efectivamente usado.

La documentación sobre estos hechos fue entregada junto con el respectivo memorial de denuncia a la ventanilla del Ministerio Público, que sortea-rá el caso ante determinado fiscal.

Después de los feriados de Carnaval, el elegido iniciará las actuaciones a través de la investigación.

El Ministerio anticorrupción se querelló por estos hechos contra el ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez; además de Misael Gemio, presidente del directorio de SIPSA; Rogelio Ashimine, gerente general; además de Lucy Barbery y Nilda Domínguez, accionistas; Esther Carmona, quien además fue asesora jurídica de YPFB; Reynaldo Marín, Nelly Salvatierra y Rolando Aguado, integrantes del directorio de esta compañía.

Los delitos que constan en la demanda interpuesta por la autoridad son: contratos lesivos al Estado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, conducta antieconómica, asociación delictuosa, peculado, malversación, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, además de resoluciones contrarias a la Constitución Política al Estado y a las leyes.

Imputación para tres

Miguel O’Connor D’Arlach, Mario Cossío Mc Galem y Luis Fernando Córdoba, quienes acompañaron al empresario Jorge O’Connor D’Arlach el día en el que fue asesinado, están imputados por organización criminal y cohecho activo, según informó ayer el fiscal Anticorrupción César Romano.

El Ministerio Público investiga a unas 30 personas por el asesinato de O’Connor D’Arlach, ocurrido el 27 de enero, cuando le arrebataron 450.000 dólares.

Miguel O’Connor D’Arlach, hermano menor de la víctima, Cossío Mc Galem y Córdoba, quien se encuentra detenido en San Pedro, acompañaron al fallecido aquel día a recoger ese dinero del Banco Unión.

El fiscal Romano informó que el miércoles se presentó la imputación contra estas personas por los delitos de cohecho activo y organización criminal.

El primero se define como el pago a un funcionario público por alguna ventaja concedida como consecuencia de sus labores específicas, y el segundo tipo penal, organización criminal, es una figura que se refiere a formar una asociación de tres o más personas destinada a cometer hechos de genocidio, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, legitimación de ganancias ilícitas y otros.

Expediente

Misael Gemio se desempeñó como gerente nacional de Planificación de YPFB.

Posteriormente fue designado Viceministro de Desarrollo Energético.

En ambos casos, la ex autoridad juró a sus cargos con el puño izquierdo en alto

martes, 17 de febrero de 2009

La Fiscalía halla una importante prueba contra Santos, cuya “mano derecha” fue aprehendida


Noticia publicada el 17 de Febrero de 2009 en La Prensa




“El ‘Gordo’ tiene la plata…”, “el ‘Negro’ bajó las gradas…” Una hoja arrancada de un cuaderno encontrada en el allanamiento de la Casa Ejecutiva de Yacimientos, en Obrajes, contiene esas frases escritas de puño y letra por Santos Ramírez Valverde.

Éste es el primero de dos manuscritos encontrados por los investigadores que involucran al ex hombre fuerte del MAS detenido preventivamente desde el viernes 13 en el penal de San Pedro imputado de cinco delitos; ayer, el Ministerio Público ordenó la aprehensión de su estrecha colaboradora, Esther Rosario Carmona Nogales.

Un segundo documento de similares características fue hallado el viernes 30 de enero en la oficina del ex gerente de Comercialización de YPFB, Rodrigo Carrasco, cuando éste trataba de introducirlo en una máquina destructora de papel.

Al no haber logrado su objetivo, Carrasco lo rompió con sus manos, pero los fiscales lograron recuperarlo y reconstruirlo.

Cuando el miércoles reciente el destituido presidente de la estatal petrolera prestaba sus declaraciones ante el Ministerio Público, los fiscales le mostraron la primera hoja y le preguntaron su significado.

Se conoció que, de inmediato, uno de los abogados defensores dio un pisotón a Ramírez para que guardara silencio; sin embargo, la ex autoridad se resistió a aceptar la recomendación legal: “Ésa es la letra de mi esposa y la de abajo es mía, déjenme hablar”.

En ese pedazo de papel, incautado en la residencia de YPFB, se encuentran referencias a la avenida Tejada Sorzano, a los 450.000 dólares, la muerte de Jorge O’Connor D’Arlach y datos generales del plan.

María Teresa Montaño, abogada de la aún cónyuge del acusado, Jiovana Navia, refirió ayer: “Mi cliente se sentía muy presionada por su ex esposo, que le exigía que le explique qué tienen que ver tus hermanos, qué relación tienen con los Córdoba y los O’Connor”.

Entonces, Navia, según dijo, entabló contacto, “porque hay personas que creen en esas cosas”, con una clarividente que “vio en coca”, a los cinco días del crimen, algunos detalles del hecho de sangre en el que murió O’Connor D’Arlach.

Ella anotó a toda prisa y con letra prácticamente ilegible algunos apodos en la parte superior de una de las hojas: “Ticoco, Papis, Choco, Chato, Gordo…”, nombres que ya se habían dado a conocer por los medios.

Como se sabe, “Ticoco” es Luis Fernando Córdoba, acusado de ser el autor intelectual del crimen; “Papis” es su hermano Ernesto Vladimir; “Choco” era la víctima; “Chato” es Mario Ángel Cossío, y “Gordo”, probablemente sea Javier Navia.

Poco después, en el centro de la hoja, Ramírez apuntó las frases transcritas y declaró ante la Fiscalía que escribió su interpretación de las “revelaciones” de la parapsicóloga, de nombre Cristina.

El fiscal Sergio Céspedes informó que, por la importancia de esta prueba, será remitida al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que se determine a quiénes corresponden las rasgos grafotécnicos y cuándo se hicieron las notas.

La prueba se encuentra aún en el cuaderno de investigación.

Montaño criticó el hecho de que el Ministerio Público aceptara indicios de esta naturaleza, porque “el derecho es una ciencia y no es especulativo”.

La adivina y Jiovana Navia comparecerán mañana o la próxima semana ante la Fiscalía de Corrupción Pública para repetir esta versión.

El segundo manuscrito

Después de que Carrasco fuera sorprendido por la Fiscalía mientras destruía algunos documentos en las oficinas que ocupaba en la empresa estatal petrolera, los representantes del Ministerio Público pudieron reconstruir el escrito que no pudo introducir en la máquina destructora de papeles, aunque alcanzó a hacerlo girones con las manos.

Los fiscales armaron el rompecabezas, que contiene anotaciones relativas al atraco, que el 27 de enero causó la muerte de O’Connor D’Arlach, pero el ex Gerente negó todo vínculo con esos apuntes.

En los pasillos de la Fiscalía se conoció ayer que Carrasco es un ex policía que prestó sus servicios en la DEA y el Centro de Operaciones Policiales Especiales (Copes), cuyas oficinas funcionaban en Alto Següencoma y que fueron clausuradas cuando estalló el escándalo del seguimiento a políticos, parlamentarios y autoridades nacionales.

Carrasco comparecerá esta mañana ante la Fiscalía Anticorrupción para prestar sus declaraciones y no se descarta la posibilidad de su aprehensión.

Carmona, aprehendida

La ex asesora legal de YPFB

Esther Rosario Carmona Nogales prestó declaraciones ante el fiscal Edward Mollinedo durante tres horas, y a las 18.27, este último salió de su oficina y anunció su decisión: la abogada, con nueve años de experiencia en el ejercicio profesional, quedaba formalmente aprehendida.

Los agentes del Ministerio Público encontraron indicios de responsabilidad civil y penal, aunque la imputación oficial será presentada hoy, antes de que se celebre la audiencia de medidas cautelares, que será dirigida por la juez Marcela Siles, quien envió a la cárcel a Santos Ramírez.

Durante la legislatura 2006, Carmona fue secretaria personal de Santos Ramírez y al año siguiente pasó a desempeñar similares funciones en una de las comisiones de la Cámara Alta.

Junto con el grupo de confianza de Ramírez pasó a YPFB, en cuya planta ejecutiva formó parte del comité de concertación y la comisión de evaluación que determinó contratar al consorcio Catler-Uniservice.

El abogado defensor Freddy Cuentas sostuvo que su cliente formó parte del grupo calificador que hizo una evaluación técnica y financiera de las propuestas presentadas por la mencionada sociedad accidental y por la canadiense Exterran, también interesada en la obra.

El 26 de agosto del año pasado fue designada vicepresidenta del Directorio de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (YPFB-SIPSA), una empresa cuya legalidad se encuentra actualmente bajo investigación de los fiscales.

Siendo secretaria privada del entonces titular del Senado, organizó la fiesta de cumpleaños de su jefe que tuvo lugar en el Círculo de Oficiales del Ejército el 14 de agosto de 2006.

Ayer, la detenida fue trasladada alrededor de las 19.30 a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde fue llevada, en principio, a las oficinas de Corrupción Pública y de allí a la celda de mujeres, un ambiente de unos 25 metros cuadrados, con piso de cemento y catreras del mismo material. Una letrina, situada en un rincón y apenas protegida por una puerta de madera, despide un desagradable olor que impregna todo el ambiente.

Mientras era registrada, Carmona lloraba amargamente. Ante el escritorio ubicado en el ingreso de los calabozos, dejó sus joyas, pertenencias y todo elemento que pudiera ser utilizado para atentar contra su vida.

Minutos después, una sargento abría la reja para que pasara la aprehendida, la segunda persona detenida por el caso que llevó a Santos Ramírez al penal de San Pedro de La Paz.

Informe del Senado exime de responsabilidad a Evo Morales

El informe de la comisión investigadora del Senado determinará que el presidente Evo Morales “no está contaminado”sobre el manejo presuntamente irregular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según el presidente de esa instancia, Wálter Guiteras.

Denunció que el fondo de 45 millones de dólares destinados a la planta separadora de líquidos fue depositado inicialmente en el Banco de Desarrollo Productivo, pero al tratarse de un “banco de segundo piso” no puede abrir cartas de crédito como la que beneficia a Gulsby, la empresa estadounidense que se benefició con 35 millones de dólares por la fabricación de equipos para la planta de Río Grande.

El senador denunció que un decreto permitió transferir esa suma a una cuenta del Banco Unión, que sí puede efectuar esas operaciones.

Sin embargo, el opositor aseguró que conoce el mecanismo por el que se tramitan los decretos, por lo que “el Presidente de la República no está contaminado”, pero se buscará saber quiénes son “cómplices” de este cambio.

La comisión senatorial sugerirá que el directorio de la estatal sea compuesto, en el futuro, por personas con autoridad, que sólo pueden ser ministros. El titular de Hidrocarburos debería presidir la nacionalizada y contar con el apoyo de los responsables de Planificación del Desarrollo, Economía y Finanzas, Presidencia y Defensa Legal, “porque en Yacimientos mandaba Santos Ramírez y nadie más” y que los actuales directores de la estatal son, “cuando menos, responsables del delito de omisión”.

El hecho de que los presidentes cumplan sus funciones en forma interina genera improvisaciones en las actividades regulares.

El informe establecerá responsabilidad sobre Santos Ramírez, 12 ex ejecutivos de YPFB y otras autoridades, además de funcionarios del Órgano Ejecutivo y de la Superintendencia de Hidrocarburos, aunque Guiteras no quiso precisar de qué personas se trata.

La comisión preguntó a los fiscales que comparecieron ayer por la mañana por qué no son procesados Javier Navia, Gonzalo Aramayo y Miguel O’Connor D’Arlach. “Los fiscales nos pidieron guardar el secreto sobre este tema, pero nos adelantaron que estas personas forman parte de las próximas fases de la investigación”.

La comisión del Senado conoció que una empresa perteneciente a la familia O’Connor D’Arlach es una de las proveedoras de la Empresa Metalúrgica de Vinto.

Dos careos todavía no tienen fecha definida

Los careos que deben sostener Javier Navia y Gonzalo Aramayo con Rufino Rodríguez y Franz Michael Rodríguez, así como el que deben mantener estos últimos con los hermanos Luis Fernando y Ernesto Vladimir Córdoba Santiváñez aún no tienen fecha.

Los dos Rodríguez son los presuntos sicarios que participaron en el atraco y el primero de ellos se inculpó del disparo que mató al empresario Jorge O’Connor D’Arlach el 27 de enero.

En el primer caso, el fiscal de Homicidios Luis Mamani pretende aclarar algunas contradicciones que advirtió entre los testimonios brindados por ellos.

El segundo interrogatorio cruzado fue propuesto por los defensores de los hermanos Córdoba, Williams Sánchez y Jorge Borda.

La decisión de Mamani causó extrañeza en Sánchez, pues explicó que los careos se realizan sólo en caso de que existan contradicciones entre dos protagonistas de un hecho determinado, pero no halla razón para que Luis Fernando Córdoba deba participar en un acto de este tipo con quienes se encontraban en la escena del crimen, el martes 27 de enero por la mañana, cuando el empresario Jorge O’Connor D’Arlach sufrió el robo de 450.000 dólares y fue asesinado.

“Luis Fernando Córdoba estaba en ese sitio y ahora está detenido, pero los señores Navia y Aramayo, que se encontraban en la misma situación, no tienen problemas. Son cosas que no se comprenden”.

Sánchez y el penalista Jorge Borda solicitaron a los fiscales que acepten enfrentar a sus representados con los Rodríguez, a objeto de que éstos demuestren cómo conocieron a sus clientes y en qué condiciones se llevó a cabo la reunión en la que presumiblemente fue planificado el atraco.

“La casa en la que funciona El Caballito es un laberinto, queremos ver si pueden volver a ingresar al lugar y reconstruir lo que teóricamente hicieron el lunes 26 en ese lugar, queremos que digan cómo sucedieron las cosas el martes 27”.

Borda refirió que su defendido Ernesto Córdoba le aseguró, entre lágrimas, que no conoce a los Rodríguez y exigió a la Fiscalía que repare los daños causados al inmueble de su representado durante el allanamiento practicado a principios de mes.

Fiscales irán a 4 ciudades

El Senado Nacional financiará el viaje de los fiscales que investigan el caso de presunta corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe, Argentina; Houston, Estados Unidos, y Tarija el jueves 5 de marzo.

El fiscal de distrito, Jorge Gutiérrez, explicó que gracias a una coordinación entre poderes se logró que el Legislativo prestara su apoyo, de esta manera, a la justicia.

El grupo, que se dirigirá al país del norte, averiguará si efectivamente la empresa Gulsby Process Systems fabrica los equipos y tubería destinados a la planta separadora de líquidos de Río Grande, Santa Cruz.

Los agentes del Ministerio Público desplazados a la República Argentina verificarán si las factorías Sika y Lito Gonella cumplen similares labores, además de verificar la magnitud e importancia de Catler International.

Los investigadores que viajarán a Tarija harán parecidas averiguaciones sobre la empresa Uniservice, de los hermanos O’Connor D’Arlach.

Defensores no apelarán

Los abogados del ex presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez no apelarán el fallo de la juez Marcela Siles que dispuso la detención preventiva de su cliente en la cárcel pública de San Pedro de La Paz.

La decisión fue comunicada ayer en la ciudad de Potosí por el abogado Víctor Borda, quien dijo que, si bien no se hará uso del recurso de apelación en los tres días que les franquea la ley, sí pedirán la cesación de la detención preventiva del ex hombre fuerte del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Indicó que la idea no es buscar de inmediato la libertad de Ramírez, sino reunir todas las pruebas necesarias para demostrar la inocencia de su defendido y esclarecer la presunta corrupción en la estatal petrolera.

Borda, ex asambleísta del MAS, declaró que se está preparando un legajo de documentos y certificaciones que prueban la existencia legal de Catler-Uniservice.

Declarará Misael Gemio

Mañana comparecerá ante la Fiscalía Anticorrupción el ex viceministro de Desarrollo Energético Misael Gemio, cuya declaración debió realizarse ayer, acto que fue postergado por razones no explicadas.

Sobre Gemio pesan indicios de que conocía los detalles del proceso de contratación del consorcio accidental Catler-Uniservice y fue destituido por orden del presidente Evo Morales junto con otros diez ex funcionarios del sector energético del país.

Además, Gemio fue designado en agosto de 2008 presidente del directorio de YPFB-Servicios a la Industria Petrolera Sociedad Anónima (YPFB-SIPSA), otra empresa que es objeto de investigación por el Ministerio Público.

Entretanto, en el curso de la siguiente semana continuarán las declaraciones de los destituidos, mientras que no se descarta que la Fiscalía ordene otras aprehensiones por esta causa.

Declaraciones

Esther Carmona llegó a la Fiscalía alrededor de las 15.45 para prestar declaraciones.

La abogada mostraba tranquilidad mientras contestaba las preguntas del fiscal Mollinedo.

En la oficina tomó ubicación al lado del transcriptor y al frente de su interrogador.

La declaración informativa debía durar una media hora, pero se prolongó dos horas y media.

Después del anuncio de la aprehensión de Carmona, los periodistas fueron desalojados.

La aprehendida fue llevada a la FELCC en un vehículo del Ministerio Público.

En principio fue conducida a la División de Corrupción Pública y de allí a las celdas.

La ex autoridad pernoctó en la celda de mujeres de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen.

lunes, 16 de febrero de 2009

La Suprema define hoy el inicio del juicio contra Goni

Noticia publicada el 16 de Febrero de 2009 en La Razon


La Corte Suprema definirá hoy la fecha del inicio del juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sus ministros y miembros del Alto Mando Militar de la gestión 2003. Además, podría determinar la detención preventiva contra Guido Áñez (ex ministro de Agricultura), asilado político en Estados Unidos.

El anuncio llegó luego de que el Comité Impulsor del juicio “octubre negro” acusara al presidente de la Suprema, Eddy Fernández, de retardación de justicia al no tomar decisión alguna después de un año y cuatro meses de que se presentara la acusación formal.

El ex mandatario, sus ministros y autoridades militares están acusados de genocidio, homicidio, lesiones graves y gravísimas, entre otros delitos.

Fernández anunció que se considerará el caso de Áñez, ya que el Ministerio Público pidió la detención preventiva, mientras que los abogados de las víctimas solicitaron su arraigo.

La Fiscalía pidió la extradición de Áñez, quien se fue a EEUU pese a la imputación. Redacción Sucre

domingo, 15 de febrero de 2009

Los Córdova, de pobres a un clan con poder y dinero

Noticia publicada el 15 de febrero de 2009 en La Razon



Los hermanos Córdova Santiváñez llegaron de Potosí a La Paz muy pequeños. Comenzaron a trabajar recogiendo basura de las casas de su barrio y desde muy jóvenes se involucraron en negocios presuntamente ilícitos, lo que les permitió acumular una fortuna y tomar contacto con círculos de poder. Hoy, dos de los siete hermanos están encerrados en la cárcel de San Pedro.

Una persona que conoció a los Córdova en la zona de la Periférica y que pidió mantener su nombre en reserva, contó a La Razón que los hermanos cobraban para recoger la basura de sus vecinos.

Aproximadamente en 1986, los padres de los hermanos Córdova deciden separarse. Miguel Ángel, Ernesto, Juan Carlos, Luis Fernando, Leydi y Patricia se quedaron a vivir con su madre, mientras que Marco Antonio, el actual diputado por Podemos, optó por permanecer junto a su padre, relató un allegado a la familia. “Los hermanos que se quedaron con la madre estudiaban en colegio particular, en cambio Marco Antonio en colegios fiscales”, contó.

La señora Córdova ofrecía el servicio de té en la estatal YPFB desde hace unos 15 años, según la declaración que Ernesto Córdova hizo a la Policía.

Transcurridos los años, Ernesto y Luis Fernando conformaron una pandilla que era conocida desde la avenida Periférica hasta la Pérez Velasco: los Jodi’s. El grupo infundió temor en las personas que rondaban por esa zona y Ernesto, que era conocido como el Papi’s, era el más “cráneo, él planeaba todo”, según las fuentes. Luis Fernando era el Ticoco y a Miguel Ángel le decían Micky.

La separación de sus padres no impidió que los hermanos estén en permanente contacto. Según personas que conocieron la pandilla, el ahora diputado de Podemos, al que le decían Mijail , también formaba parte de ella, aunque el congresista lo negó.

En esa etapa de sus vidas comenzaron a ganar dinero fácil y rápido. “Vendían celulares robados, los daban por Bs 100 y no duraban ni una hora; luego Ernesto se dedicó a vender facturas, con las que logró acercarse a gente de mucho poder”, relató una de las fuentes que los conocía.

Para aquel entonces, los hermanos no sobrepasaban los 22 años de edad, pero ya habían denuncias en la Policía en contra de cuatro de los Córdova.

“Era raro ver a changos de 17, 20 años con autos modernos. Tenían modelos que no habían en el país”, contó una de las fuentes. Gente que conoció muy bien a la familia Córdova aseveró que “cuando le iba bien en los trabajos que hacía Ernesto, a la semana ganaba como $us 1.200, que por lo general era lo que recaudaba”.

Marco Antonio, Ernesto y Luis Fernando estudiaron Derecho. El primero logró obtener maestrías y diplomados en el exterior, según sus allegados, mientras que Ernesto no culminó la carrera. El último habría terminado sus estudios y aparentemente ejerció su profesión de abogado.

El 27 de enero, el empresario Jorge O’Connor D’Arlach fue asesinado en la puerta de un domicilio en la avenida Tejada Sorzano. Le robaron 450 mil dólares y estaba acompañado de su asesor legal, Luis Fernando Córdova. Ese dinero, aparentemente, estaba destinado a pagar una coima, que involucra al ex presidente de YPFB, Santos Ramírez.

Las investigaciones en este caso revelaron que Luis Fernando Córdova también figuraba como asesor de la empresa estatal del petróleo, lo que muestra su cercanía con el ex presidente de YPFB. La Policía identificó a Ernesto y Luis Fernando como autores intelectuales del hecho.

El hermano del presidente Evo Morales, Hugo, admitió esta semana que conocía a los Córdova, pero negó vínculos con ellos.

Un pariente de los hermanos señaló a este medio que sus familiares lamentan que Ernesto y Luis Fernando no hayan pensado en sus padres y en sus hijos antes de involucrarse en estos hechos, que finalmente, tras varias denuncias sobre actividades ilegales, les costó la libertad.

“Los hermanos siempre estuvieron metidos en actos sucios, vendían autos robados, facturas, celulares, traficaban con mujeres, con menores de edad y con drogas, pero siempre tuvieron el apoyo de los cargos medios de la Policía, no tenían miedo a la Policía”, relató otra fuente.

El entrevistado contó que los hermanos habían encontrado apoyo en la Policía, en la Alcaldía y en el ámbito político. “Pagaron como $us 50 mil para que su hermano, Marco Antonio, sea diputado por Podemos, cuando ese cargo se encontraba destinado a un ex militante del MNR”, afirmó la fuente. El movimiento económico que generaron no fue suficiente para los hermanos, quienes vieron en los locales nocturnos el verdadero negocio.

“Como ya tenían plata, comenzaron a frecuentar locales de mujeres, iban muy seguido a El Caracol, que era un boliche en Villa Fátima. Ahí se hicieron amigos del dueño y comenzaron a ayudarle con sus contactos en la Alcaldía. Así evitaban que cierren su boliche preferido”, relató.

Luego, como empresarios, porque así son denominados por algunas autoridades ediles, abrieron sus propios locales.

“Ernesto abrió el Azabache, que estaba en la avenida Armentia, era un local de ‘remate’ y no tenía licencia ni nada, había tragos adulterados”, informó a este medio un funcionario de la Alcaldía, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato.

Inmediatamente abrió El Caballito, local que aún continúa atendiendo a sus clientes en la zona de Villa Fátima. “Ese local fue intervenido como 15 veces, pero nunca fue clausurado. Cuando íbamos a cerrar el local, encontrábamos menores de edad, tragos, palos de picotas y, como eran las cinco o seis de la mañana, cuando se hacían los operativos, estaban ahí Ernesto y Luis Fernando, en estado de ebriedad, hasta parecían que estaban drogados”, contó.

Más tarde, Luis Fernando abrió el bar Ticoco’s. “Ese local sí tiene todo en orden, la licencia de funcionamiento, aunque tiene una tarjeta amarilla, porque se excedió en la hora de atención”, sostuvo.

La fuente edil señaló que cuando se encontraba con los hermanos Córdova, “Ernesto era muy dejado, impresionaba su apariencia, tenía marcas en el rostro; en cambio Luis Fernando era más empresarial, más pulcro, era más fácil hablar con él”, dijo.

Como los negocios prosperaron, abrieron más clubes nocturnos, la Media Naranja por ejemplo, que era de Ernesto. Abrieron también el night club Anaconda, que tiempo después fue cerrado por la Alcaldía.

Otra autoridad señaló que los Córdova hallaron protección en ciertas esferas del municipio paceño. Otra fuente aseguró que los Córdova conocían a la concejal Rosario Aguilar, pero ella afirmó que hasta ahora nunca había oído hablar de ellos.

Ernesto Córdova Santiváñez, considerado como uno de los más grandes proxenetas de la ciudad de La Paz y actual dueño de un local de “remate” y prostitución llamado El Caballito, llegó a manejar nueve bares ilegales ubicados en diferentes zonas de la urbe paceña, según confirmaron autoridades de la Alcaldía.

“Desde el año 2002 hasta el 2004 tenía aproximadamente unos nueve locales. Que yo recuerde, tenía uno que estaba en la calle Armentia, otro en Villa Pabón, dos en Villa Fátima, inclusive han llegado a instancias judiciales porque han traficado con dos menores de edad que hacían de meretrices”, afirmó la autoridad municipal que pidió el anonimato por seguridad.

De acuerdo con las denuncias, Ernesto trabajaba con mujeres jóvenes y de procedencia extranjera. “Traían mujeres de Paraguay, Brasil, ofreciéndoles trabajar como meseras. Les pagaban los pasajes, las alojaban y luego las extorsionaban. Les decían que podían irse cuando quieran, pero después de pagar por el traslado y el alojamiento, con lo que las forzaban a ser damas de compañía en sus locales”, sostuvo una fuente policial.

Los relatos de personas que llegaron a conocerlo coinciden en que Ernesto Córdova no podía administrar solo sus lenocinios y, por ello, sus familiares le prestaban su colaboración.

“Sus hermanos eran los que le ayudaban, por lo menos he visto a tres o cuatro en la atención de los locales. Toda la familia estaba metida en esto, ellos trabajan muchísimo con la prostitución”, complementó otra fuente que conoció de cerca esos ambientes.

Córdova inició el negocio de los locales de remate y prostitución con El Azabache, según fuentes allegadas a él. Este bar estaba ubicado en la avenida Armentia, pero las autoridades lo clausuraron porque no contaba con licencia de funcionamiento.

Así, otros bares de remate como El Charro, ubicado en la avenida Armentia; El Melgarejo, en la calle Estados Unidos; el Media Naranja, situado en la calle Potosí, y otros ubicados en la subida del mirador de Killi Killi, en Alto Miraflores, funcionaron sólo un tiempo y luego fueron cerrados, hasta que Ernesto inició las gestiones para levantar El Caballito.

Ubicado a pocos pasos de la plaza Villarroel, es un local que funciona desde las 4.00. Con la infraestructura de un domicilio particular y un frontis nada revelador, los clientes habituales ingresan a la vivienda donde, escondida tras un mueble, hay una puerta de acceso a distintos ambientes clasificados para todo tipo de gustos y presupuestos.

La Alcaldía intervino ese local unas 15 veces, según revelaron fuentes ediles, y en las requisas hallaron a mujeres menores de edad y bebidas adulteradas, entre otros. “Muchas veces sus hermanos parecían estar drogados y se ponían agresivos cuando se hacía la requisa”, reveló la fuente.

Ahora El Caballito cuenta con todas las licencias de funcionamiento y trabaja hasta en el día.

Para Ernesto, el negocio de la prostitución y las casas de cita fue más provechoso que cualquier otro y su ambición lo llevó a crear un night club de mayor nivel: el Anaconda, ubicado en la calle Capitán Ravelo, a pasos del Puente de las Américas, que albergaba a clientes con mayor presupuesto económico. No obstante, fue clausurado el 2003.

Ernesto Córdova fue involucrado en el asesinato y volteo de 450 mil dólares al empresario Jorge O’Connor D’Arlach. Su hermano menor, Luis Fernando, era socio del fallecido empresario y hoy ambos guardan detención preventiva en el penal de San Pedro, acusados de ser los autores intelectuales del crimen.

De acuerdo con una investigación realizada por este medio, Luis Fernando, el menor de los siete hermanos Córdova, también cuenta con su propio local, El Ticoco’s, ubicado en Villa Fátima. Este bar tiene licencias de funcionamiento, “pero ya tiene tarjeta amarilla, porque se excede del horario permitido, hasta las 4.00” manifestaron en la Alcaldía.

sábado, 14 de febrero de 2009

Santos, de “número 2” del MAS a número 1300 en San Pedro

Noticia publicada el 14 de Febrero de 2009 en La Prensa

A las 08.55 del viernes 13, Santos Ramírez Valverde se convirtió en el interno 1300 del penal de San Pedro, al que ingresó en medio de los aplausos de bienvenida de los reos. Fue una de las cuatro personas que fueron recibidas en el lugar la mañana de ayer.

La caída del ex hombre fuerte del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue consecuencia del atraco seguido por el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach, cometido el martes 27 de enero, hace 19 días, y el sábado 31, hace 15, el presidente Evo Morales lo destituyó de sus funciones al frente de la petrolera.

El Presidente exteriorizó su tristeza por la situación de su ex colaborador político, aunque exigió públicamente que demuestre su inocencia. El Mandatario tildó a los corruptos de “traidores” al proceso de cambio que vive el país.

A fin de precautelar la integridad personal de su defendido, el abogado Albo Lacaze solicitó a la juez Marcela Siles “la aplicación de medidas extraordinarias” de seguridad.

Después de haber determinado el encarcelamiento de Ramírez poco antes de las 18.00 del jueves, la magistrada Siles firmó alrededor de las 08.30 el correspondiente mandamiento de detención preventiva, documento que fue entregado a la Policía Judicial.

Los uniformados planificaron un rápido operativo de traslado. Una patrulla llegó a la puerta principal del panóptico, por donde entró el acusado.

Los detenidos entran en el recinto por una puerta lateral ubicada sobre la calle Cañada Strongest, que da acceso directo a las oficinas de Registro y Filiación.

En ese sitio se habían congregado los periodistas, pero éstos fueron sorprendidos, pues Ramírez pasó por el portón de la plaza Sucre.

Bajó rápidamente del motorizado policial y los uniformados que lo rodeaban impidieron que fuera retratado en esos instantes.

En un primer momento, el nuevo inquilino de San Pedro no se mezcló con sus nuevos compañeros de reclusión, aunque éstos lo saludaron y ovacionaron a través de la reja que comunica al patio principal.

Aún custodiado, Santos Ramírez caminó por un pasillo que conduce directamente desde ese sitio a la oficina de Registro.

En ese ambiente, un policía llenó la ficha prontuario del ex Presidente Ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la que se consignan sus generales de ley, y posteriormente se le tomaron fotografías de frente y de perfil.

Concluidos los trámites, alrededor de las 11.00 fue conducido a la sección Guanay, en cuya segunda planta fue destinado a una celda que comparte con otro de los presos.

Al ingresar en la cárcel, Ramírez no llevaba cosa alguna. Vestía la misma ropa que había lucido desde el martes, cuando aún era un hombre libre.

Cerca del mediodía, su hija mayor llevó un maletín que contenía ropa y unas frazadas, que en el ingreso fue minuciosamente revisado por los uniformados, según disponen las normas.

A mediodía se sirvió el almuerzo, ají de fideos, que Régimen Penitenciario destina a los detenidos y comenzó la rutina que será habitual mientras permanezca en el panóptico.

El gobernador del penal, Ernesto Michel, desmintió anoche una versión que daba cuenta de que Ramírez había sido transferido a la sección La Posta.

Mientras la ex autoridad cumplía los trámites burocráticos, su abogado Albo Lacaze explicó que la exigencia de la defensa hacia la Policía es que ésta resguarde su seguridad.

“Estamos pidiendo fotocopias de todo el cuaderno de investigaciones, que debemos estudiar para establecer nuestra estrategia de acción”. No hay un tiempo definido para la detención preventiva, pero Lacaze estima que en cuanto se disipe el riesgo de que presione a otros declarantes podría recuperar su libertad o sería cuando se presenten recursos destinados a lograr el cese de la reclusión a la que es sometido por un fallo cautelar.

“Dentro del recinto no hay un mecanismo especial de protección. Por ello, lo único que estamos pidiendo es que sea ubicado en un lugar en el que tenga la seguridad personal y pediremos al Juzgado la aplicación de medidas extraordinarias” de resguardo y vigilancia.

Preso en una sección “de segunda” en el penal

Santos Ramírez fue internado ayer en el sector Guanay del penal de San Pedro, sitio escogido por la Gobernación para brindar seguridad al ex Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para aislarlo de quienes están involucrados en el caso de presunto soborno, robo y asesinato.

Dentro del recinto, Guanay es considerada una sección de “segunda categoría” y es ocupada principalmente por procesados por narcotráfico, “cogoteros” e incluso por asesinos.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Jorge López Arenas, negó ayer que haya ido a la cárcel para visitar a Ramírez, pero admitió que fue a verificar que no sea instalado “en los mismos espacios” en los que están Ernesto y Luis Fernando Córdoba, Rufino Rodríguez Coca y Franz Michael Rodríguez, otros implicados en el caso.

El gobernador del penal, Ernesto Michel Mendoza, compartió ese criterio y ambos coincidieron en que el ex presidente de la petrolera es un “interno más” y no gozará de privilegios, e insistió en que López no le hizo ningún pedido especial para conceder ventajas al ex dirigente masista.

Los Córdoba están detenidos en el sector Chonchocorito, y los Rodríguez, en San Martín.

Michel explicó que la seguridad interna del recinto penitenciario precautela por los privados de libertad, aunque no especificó, por estrategia, con cuántos policías se realiza esa labor. Estos agentes recorren las diferentes secciones.

El Gobernador del Panóptico es el primer esposo de Jiovana Navia Doria Medina, de quien Santos Ramírez quiere divorciarse, 33 días después de haber contraído matrimonio.

Evo Morales está apenado

Aunque declaró ayer en Guaqui sentirse entristecido por la situación que anfronta su ex colaborador político, el presidente Evo Morales sostuvo que “Santos Ramírez y otros funcionarios tienen la obligación de demostrar su inocencia, para eso es la justicia boliviana. El Gobierno va a coadyuvar en la investigación y hacer las demandas correspondientes”.

Morales calificó, en la oportunidad, como traidores al proceso de cambio a los administradores de la cosa pública que incurren en delitos de corrupción.

Aseguró que se siente fortalecido por la tarea de investigación que desarrollan sobre el particular los ministros y autoridades del Órgano Ejecutivo a fin de que el caso se esclarezca.

“Los movimientos sociales felicitan la acción que estamos tomando”.

Atribuyó, sin embargo, algunas irregularidades a la acción de “agentes externos infiltrados en Yacimientos”.

Evo Morales formuló estas afirmaciones en la población de Guaqui, departamento de La Paz, donde participó en el acto de estreno de una embarcación multipropósito que, bajo manejo de la Fuerza Naval Boliviana, surcará aguas del lago Titicaca.

Rejas

La ex autoidad ingresó a las 08.55, en medio de aplausos, en el penal de La Paz.

El otrora hombre fuerte del Gobierno pasó a una celda en la sección Guanay a las 11.00.

A mediodía se sirvió el almuerzo que Régimen Penitenciario da a todos los reos.

viernes, 13 de febrero de 2009

Santos Ramírez será encarcelado hoy, acusado de cinco delitos, y se enfrenta a una pena máxima de ocho años

Noticia publicada el 13 de Febrero de 2009 en La Prensa



Grupo Líder.- La juez Marcela Siles decidió ayer la detención preventiva de Santos Ramírez en el penal de San Pedro, aunque firmará esta mañana el mandamiento correspondiente, pues no lo hizo ayer porque la audiencia de medidas cautelares que presidió concluyó cerca de las 18.00, cuando no hay posibilidades de que el penal de San Pedro albergue reclusos provenientes de La Paz.

Ramírez enfrenta acusaciones por cinco delitos, cuya pena máxima es de ocho años de cárcel. Los delitos de los que se sindica a Ramírez son conducta antieconómica, penado con uno a seis años de reclusión; uso indebido de influencias, dos a ocho años; contratos lesivos al Estado, uno a cinco años; incumplimiento de deberes, un mes a dos años, y cohecho pasivo, do a seis años.

La economía jurídica nacional no acumula las penas, por lo que el sentenciado las cumple en forma paralela.

La juez Marcela Siles consideró que hay elementos suficientes que permiten establecer que Ramírez influenciará en los testigos y sindicados que deben declarar sobre los malos manejos que hubo en la contratación de la empresa Catler-Uniservice para la implementación de una planta de líquidos en Río Grande.

Aunque el fiscal Edwin Sarmiento aseguró que no existe riesgo de fuga porque el acusado se presentó a declarar en cuanto fue convocado, dijo que las otras acusaciones son las que pesan para justificar la detención preventiva de Ramírez.

En un extenso alegato, el Ministerio Público describió paso a paso la formación de la empresa internacional y los pasos que se dieron dentro de YPFB para beneficiar a esta empresa. El fiscal Edward Mollinedo dijo que la empresa Catler se dedicaba a los empréstitos financieros y no a la actividad petrolera. Uniservice apenas tiene un capital de Bs 20.800 y no en el sector petrolero.

A pesar de la resistencia de la defensa, Mollinedo explicó que la sociedad accidental Catler-Uniservice nace en Panamá el 8 de julio de 2008 y en sus documentos de constitución hacen figurar un capital de un millón de dólares; la Fiscalía cree que Ramírez sabía de todos estos pasos porque un mes antes, el 5 de junio, participaron en una reunión sobre la adjudicación de la planta Mario Cossío Galem y el abogado Julio Salazar en la estatal petrolera y los dos participan a nombre de Catler-Uniservice cuando el consorcio aún no existía. Los trámites para formar de la firma estuvieron a cargo de Salazar, quien reveló que por este trabajo cobró cinco mil dólares a Agustín Melano, Miguel O’Connor y Mario Cossío Galem, responsables de la sociedad accidental.

Pero existen otras irregularidades que vinculan al ex Presidente de YPFB. El 11 de julio aparece un memorándum con la firma de Santos Ramírez en la que se convoca a “algunos funcionarios” para la reunión de concertación.

Para ello incluso envió memorándos de ascenso a algunos jefes de unidad, quienes accedieron a gerencias de la empresa para que puedan integrar la comisión calificadora.

Otro de los designados de forma inmediata fue Julio Anagua, detenido el 2 de febrero cuando intentaba destruir documentos y encendía su computador.

Los cinco integrantes de esta comisión, Julio Anagua, Daniel Álvarez, Javier Guzmán, Diego Argandoña y Esther Carmona, eran de confianza de Santos y se “autodesignaron” el 9 de julio, quienes ahora son investigados.

Mollinedo dijo que no se cumplieron los requisitos exigidos por las normas y Ramírez firmó cuatro adendas al contrato para beneficiar a la empresa.

No firmó documentos sobre la supervisión de las obras, no había certificado de garantía y tampoco un calendario de operaciones; cuando Ramírez fue consultado por la Fiscalía sobre estas anomalías y el por qué no había supervisores, dijo que la empresa no tenía presupuesto, aunque firmó con un contrato de $us 86,351 millones con la mencionada finalidad.

Y por eso, añadió Ramírez, se contrataron “fiscales de obras” pero éstos emitieron un informe a favor de Catler-Uniservice y facilitaron el pago del dinero, que autorizó el Ministerio de Hacienda el 2 de septiembre.

El monto desembolsado es de $us 45 millones; de este monto, 35 millones eran para la empresa estadounidense Gulsby y 10 millones al consorcio Catler-Uniservice.

“Es un chivo expiatorio”

Víctor Borda, miembro del foro potosino y que parece ser el director del grupo de abogados de Santos Ramírez, señaló nuevamente que detrás de esta determinación hay “una ingerencia política, pero no voy a mencionar su origen ”, aunque dijo que su cliente es un “chivo expiatorio”.

Albo Lacaze lamentó la decisión de la juez Marcela Siles, pero anunció que después de evaluar el caso, se presentará un recurso para dejar sin efecto la detención preventiva de su cliente en la cárcel.

Otro asesor legal de Ramírez, José Luis Paredes Oblitas, anunció que el equipo de juristas que asesora a la ex autoridad, estudiará la determinación judicial en procura de lograr la libertad de su defendido.

Franz Avilés, quien había participado en las declaraciones ante la Fiscalía, junto con el otrora hombre fuerte del Movimiento al Socialismo (MAS), se ubicó entre el público y no junto con Ramírez. Avilés fue contratado por los ex funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). contra quienes se amplió la demanda judicial, por lo que se encuentran bajo investigación.

Cronología

12/03: Catler International se forma en Houston, EEUU, con un capital de 10.000 dólares.

12/03: La firma, cuyo principal ejecutivo es Agustín Melano, concede préstamos.

06/01/2006: En Tarija se constituye Uniservice de los socios Jorge y Miguel O’Connor.

06/01/2006: El balance de apertura muestra un capital de 20.800 boliviano.

15/11/06: Miguel O’Connor D’Arlach rec ibe un poder para administrar la empresa.

01/04/08: Santos Ramírez es autorizado a buscar un contratista para la planta de Río Grande.

21/05/08: YPFB invita a cuatro petroleras a participar en ese proceso.

27/05/08: Catler International participa con YPFB en una reunión aclaratoria sobre el pliego.

25/06/08: Julio Salazar participa en otra reunión como delegado de Catler-Uniservice.

30/06/08: Santos Ramírez forma la comisión calificadora de la licitación.

05/06/2008: Julio Salazar y Mario Cossío Galem representan al consorcio ante YPFB.

08/06/08: En Panamá se expide un registro de Catler con capital de $us 1.000.000.

08/06/08: Ese documento es presentado a YPFB para crear convicción de Catler.

08/07/08: Tres días antes de firmar contrato con YPFB, se forma Catler-Uniservice.

10/07/08: Santos Ramírez participa en la concertación con representantes de Catler.

11/07/08: Media hora antes de firmar contrato, se protocoliza la sociedad accidental.

11/07/08: Santos Ramírez dicta la resolución para adjudicar la obra a Catler-Uniservice.

11/07/08: Se forma una comisión de concertación, aunque el memorándum no es firmado.

11/07/08: Santos Ramírez aprueba la firma del contrato entre YPFB y Catler-Uniservice.

14/07/08: Ramírez, Melano y Miguel O’Connor participan en un acto público de firma.

07/08/08: Fenece el plazo para que Catler-Uniservice presente sus garantías. No lo hace.

02/09/08: Hacienda deposita en el Banco Unión un fideicomiso de $us 45.000.000.

02/12/08: Catler-Uniservice recibe un primer pago de 1,65 millones de dólares.

02/12/08: Jorge O’Connor abre dos cuentas en ese banco, una en dólares y otra en bolivianos.

03/12/08: Jorge O’Connor recoge 580.000 dólares sin haberse iniciado las obras.

03/12/08: Gloria Miranda, una particular, retira 99.000 dólares para el pago de un seguro.

03/12/08: A las 12.04, Jorge O’Connor retira 100.000 dólares para el inicio de las obras.

03/12/08: Fernando Córdoba recoge 110.000 dólares para la compra de tuberías.

03/12/08: Mario Cossío Galem hace otro retiro para equipamiento, hidrocarburos y autos.

03/12/08: Jorge O’Connor pasa $us 200.000 de su cuenta en dólares a bolivianos.

04/12/08: El empresario Jorge O’Connor retira otros 939.000 dólares.

14/11/09: Se hace un segundo pago de 1,65 millones de dólares a Catler-Uniservice.

15/01/09: Mario Cossío Galem retira 55.000 dólares de ese pago.

15/01/09: Gloria Paola Miranda cobra 78.000 dólares de esa cuenta.

15/01/09: Luis Fernando Córdoba saca 20.000 dólares de ese pago.

27/01/08: O’Connor, Cossío Galem y Córdoba retiran 450.000 dólares de esa cuenta.

REPERCUSIONES

Iván Canelas

Portavoz gubernamental

“El Gobierno no va a permitir un sólo acto de corrupción sea del oficialismo o de la oposición. Ésta es una clara muestra de que, al margen de que se trate de cualquier persona, el Gobierno y el presidente Evo Morales van a exigir y demandar las más drásticas sanciones contra aquellos que hayan caído en el mal, en el delito, de la corrupción. Si alguien del oficialismo ha incurrido en actos de corrupción, es un traidor y también debe ir a la cárcel”.

Ricardo Díaz

Senador del MAS

“Ésta es una muestra de que no hay inmolaciones concertadas ni nada parecido en el Gobierno. Es una muestra clara de la posición que tenemos en el Gobierno: definiciones que nunca hubo antes en temas de esta naturaleza. Hay una definición clara del Gobierno y del Presidente, que muestra también una decisión de investigar a fondo absolutamente todos los temas oscuros en este país. Santos Ramírez no tuvo protección del Gobierno, no hubo complicidad y será recluido en la cárcel.”.

Fidel Herrera

Concejal de Sucre

“Esperemos que se llegue hasta lo último en el esclarecimiento y se dé con todos los autores intelectuales y materiales de los hechos de los que se acusa a Santos Ramírez y a otras personas en relación con las irregularidades en Yacimientos, pero consideramos que existe complicidad en quienes viabilizan mecanismos legales que dan paso, en cualquier institución del Estado, para que no se ingresar en los marcos formales de las licitaciones”.

Lourdes Millares

Diputada de Podemos

“En un Estado de derecho se tienen que cumplir las normas y, en este caso, el Ministerio Público en defensa de los intereses del Estado y de la sociedad, hizo la fundamentación ante las pruebas que han sido acumuladas como parte del proceso de investigación. Por supuesto que quienes administran la justicia han actuado en el marco de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal. Se está cumpliendo la ley”.

Peter Maldonado

Diputado de Unidad Nacional

“La detención de Santos Ramírez en el penal de San Pedro, dispuesta por una juez, es una señal positiva en la lucha contra la corrupción, como es destacable la decisión gubernamental de investigar el caso hasta lograr su total esclarecimiento. Esperemos que se aclare todo y que no queden cosas poco claras cuando concluya la labor de la justicia. Ésta es una medida acertada que le hace bien a la administración pública, porque de ahora en adelante, los pillos que quieran hacer negocios tendrán que pensarlo mucho”.

Gabriel Dabdoub

Presidente de la Confederación de Empresarios Privados

“La detención de Santos Ramírez es una demostración de que el Gobierno pretende luchar contra la corrupción, por lo que corresponde apoyar el gesto del Presidente de la República, que ordenó escarbar hasta el fondo el daño económico que se hizo al país con este hecho. Pero no sólo debe investigarse este hecho, sino que todas las denuncias que surgieron en el último tiempo deben ser objeto de indagación para que no queden dudas acerca de la voluntad de enfrentar la corrupción”.

Carlos Daboub

Secretario de Autonomía de Santa Cruz

“La corrupción es tan grande en el país que hasta el segundo hombre del Movimiento al Socialismo se ve obligado a guardar detención en la cárcel. El tema es tan complejo que no pudo ser escondido ni tapado. Esperamos que las investigaciones lleguen verdaderamente al fondo del asunto y todo quede esclarecido, para que todos los que resulten culpables de las irregularidades reciban las sanciones que merecen y se recupere el daño económico inferido al Estado de esta manera”.

La sesión se desarrolló en el quinto piso de la Corte Superior y no en el Juzgado Décimo de Instrucción Penal.

El contrato no tiene calendario de ope-raciones y la empresa no dio un certificado de garantía.

jueves, 12 de febrero de 2009

Fiscal atribuye 6 delitos a Santos, que comparece hoy ante una juez

Noticia publicada el 12 de Febrero de 2009 en La Prensa


Santos Ramírez comparecerá a las 14.00 de hoy ante la juez Décima de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, en una audiencia de medidas cautelares en la que se decidirá si será recluido en el penal de San Pedro o se deberá defender en libertad de los seis delitos imputados por la Fiscalía.

En un operativo cumplido alrededor de las 16.00, Ramírez fue llevado en un todoterreno del edificio del Ministerio Público a la Corte de Justicia, en la vereda opuesta de la calle Potosí.

La ex autoridad fue conducida de inmediato a las celdas de la Policía Judicial, en las que seis activistas cívicos chaqueños permanecieron durante un mes aproximadamente.

Sin embargo, no fue recluido en uno de esos ambientes, sino en el dormitorio de los guardias policiales.

Los delitos

La Fiscalía imputa a Ramírez por seis delitos: conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, cohecho pasivo y asociación delictuosa.

La juez Marcela Siles evaluará los alegatos de los agentes del Ministerio Público para dar a conocer su determinación.

Edward Mollinedo, fiscal anticorrupción, presentó a las 16.00 el correspondiente requerimiento, e inmediatamente después Santos Ramírez abandonó el edificio en el que había permanecido desde la víspera para quedar formalmente detenido en un ambiente más cómodo, aunque fue visto con la misma ropa con la que había concurrido a la convocatoria del Fiscal para contestar el interrogatorio sobre el procedimiento seguido para contratar a la sociedad accidental Catler-Uniservice para que construya una planta separadora de líquidos en Río Grande, departamento de Santa Cruz.

Mollinedo decidió aprehender a Santos Ramírez por considerar que puede ejercer presión sobre otros involucrados en el caso, quienes deben prestar declaraciones y aportar pruebas o elementos para esclarecer el caso de presunto cohecho pasivo que se investiga.

Como resultado del trabajo de la comisión investigadora compuesta por el interventor de YPFB, Carlos Villegas, y sus colaboradores, además de los equipos de los ministerios de Defensa Legal del Estado y Transparencia Institucional, junto con Ramírez, la demanda se ampliará contra 12 ex ejecutivos y funcionarios de la petrolera nacionalizada: Esther Carmona, Marco Antonio Vega, Julio Anagua, Daniel Álvarez, Javier Guzmán, Diego Argandoña, Federico Galán, Linet Ontiveros, Richard Aguilera, Juan Carlos Arellano, Iván García Coca y Elizabeth Morales.

Filemón Escóbar y Félix Santos salen al frente

El ex dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Filemón Escóbar aseguró ayer que el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez fue denunciado por corrupción desde 2001, cuando era integrante del Concejo Municipal de Potosí.

“En 2001, en una gran reunión del MAS en La Paz, se le entregó a Evo Morales papeles sobre las supuestas irregularidades de Santos Ramírez cuando era miembro del Concejo Municipal, aunque todos pensábamos que era una pelea personal entre Santos Ramírez y Félix Santos”, dirigente campesino.

“Es un hombre peligroso”. Es la definición del ex diputado masista Félix Santos en torno a su ex compañero Santos Ramírez, a quien acusó de haber montado una red de corrupción en el departamento de Potosí cuyos orígenes se remontan a 1996, cuando el ex Presidente de YPFB era presidente del Concejo Municipal.

“Ramírez es un personaje peligroso. No hay que sentarse ni siquiera a su lado porque se corre riesgo”, dijo Félix Santos, ex secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

Filemón Escóbar confirmó esa versión y agregó que las denuncias surgieron cuando el MAS designaba a sus candidatos a parlamentarios para las elecciones de 2002. “Al final, se decidió que los dos sean diputados por Potosí”.

Félix Santos ratificó esa historia y mencionó que se esforzó por destapar la corrupción de Ramírez, pero ningún dirigente del MAS le hizo caso.

La demanda se ampliará contra 12 ex autoridades de la empresa petrolera nacionalizada.

miércoles, 11 de febrero de 2009

La Fiscalía detiene a Ramírez y hoy se sabrá si va a la cárcel


Noticia publicada el 11 de Febrero de 2009 en La Razon

Con el cuerpo erguido, el ceño fruncido y mostrando seriedad, el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez llegó a la Fiscalía de Distrito de La Paz a las 14.00 de ayer para concluir su declaración. Sin hablar con los medios, ingresó a la oficina del fiscal Edward Mollinedo. Cinco horas después, el Ministerio Público anunció su aprehensión.

La decisión surgió un día antes de que el ex presidente de YPFB se presente ante la comisión multipartidaria del Senado, que también investiga el caso.

“El Ministerio Público determinó la aprehensión del señor Santos Ramírez, todo conforme a procedimiento y a los antecedentes que se tienen”, informó escuetamente Mollinedo a las 19.15, y pidió a los medios desalojar el lugar.

Hoy se espera que la jueza Décimo de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, defina su detención preventiva o su libertad.

Mientras pasaban las horas, en los pasillos corría el rumor de que Ramírez iba a ser aprehendido, sin embargo ningún fiscal informaba al respecto. Fuentes de la investigación confirmaron a La Razón que la aprehensión estaba definida y sólo se tramitaba su traslado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

La actitud de Ramírez al llegar a la Fiscalía cambió más tarde. Sentado en una silla, al interior de la oficina de Mollinedo, mantuvo su cabeza agachada durante varios minutos. Afuera, un grupo de personas que en anteriores días agredió a los periodistas, esperaba su salida.

Tras el desalojo de los medios y de otras personas, el fiscal Mollinedo y los otros miembros de la comisión que investigan el volteo de 450 mil dólares y el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach permanecieron junto a Ramírez y sus abogados por al menos 20 minutos.

Más tarde, uno de los abogados del ex presidente de Yacimientos, Franz Avilés, afirmó que la decisión del Ministerio Público tiene un matiz político y que no existe una imputación formal.

El fiscal Edward Mollinedo, que está a cargo de la investigación sobre corrupción, afirmó días atrás que los delitos que se investigan son: contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, incumplimiento de deberes, cohecho activo, pasivo y otros. Aclaró que todas las personas llamadas a declarar estaban en calidad de sospechosas.

El volteo de los 450 mil dólares que presuntamente eran una coima y la muerte de O’Connor destaparon el escándalo que derivó en su detención y desnudó un presunto caso de corrupción relacionado con la adjudicación para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, que involucró también a Catler Uniservice, la compañía del empresario asesinado.

Avilés dijo que la aprehensión es por seguridad “hasta presentarlo ante el juez y que éste determine si lo detendrán, aunque no lo creo porque cumple con requisitos como domicilio fijo y familia, salvo que haya presiones”.

Mientras Ramírez declaraba en la oficina de Mollinedo, en el tercer piso de la Fiscalía, sobre el mismo nivel, pero en otro despacho, prestaban su informe el testigo clave del volteo del dinero y el asesinato de O’Connor D’Arlach, Mario Cossío Mc Galem, y el cuñado de Ramírez, Juan Carlos Navía Doria Medina.

Mollinedo transitó al menos cinco veces de una oficina a otra. En una de ellas, llevó en las manos una computadora portátil en cuya pantalla se observó fotos.

Los fiscales César Román, Sergio Céspedes y Edwin Sarmiento también entraban y salían de ese espacio. Aproximadamente a las 18.00, los abogados de Ramírez salieron de la oficina de Mollinedo y no declararon nada a los medios de comunicación.

Poco antes del anuncio del fiscal Mollinedo, este medio reconoció a un teniente de la Policía que trabaja en Palacio de Gobierno. El mismo ingresó al despacho, donde estaba Ramírez, y salió minutos después.

Luego de la determinación de la Fiscalía, otro de los abogados de Ramírez, Albo Lacaze, aseguró que su cliente está firme en sus convicciones y que su defensa demostrará su inocencia. “Vamos a revisar la resolución de fundamentación y luego señalar si hubo o no un error procedimental o algo”, manifestó.

Lacaze conversó con un periodista de este medio y le comentó que Ramírez sería llevado a la FELCC. Sin embargo, más tarde se vio que una persona entregaba una frazada y una mochila a un policía, supuestamente para Ramírez. Un funcionario cercano a los fiscales informó que el detenido se quedaría en el Ministerio Público.

Dos vagonetas, una roja y otra blanca, salieron de la Fiscalía media hora después de la declaración de Mollinedo.

Ramírez fue aprehendido horas antes de su declaración informativa ante la comisión del Senado que investiga el caso.

Por la mañana, la esposa de Santos Ramírez, Jiovanna Navía, declaró ante los fiscales. Su abogada, Teresa Montaño, advirtió que “de ninguna manera su informe pudo influir en la decisión de aprehenderlo”.

El Gobierno, a través del ministro de Descentralización y Autonomías, Carlos Romero, señaló que aunque lamentaba la situación de Ramírez, ésta es una muestra de que el Gobierno no intervendrá en el proceso. El diputado del MAS Gustavo Torrico dijo que “es un sopapo tapabocas a todos aquellos que han ido denigrando el actuar del Gobierno y de nuestro Presidente (...) Les ha mostrado que en este Gobierno no se tapa a nadie la corrupción”, aseveró.

La oposición saludó la decisión. El senador de Podemos Wálter Guiteras y el jefe de UN, Samuel Doria Medina, esperan que no sea un “show político”.

El analista Humberto Vacaflor fue más escéptico, y señaló que espera que no sea una “inmolación negociada”.

“Se determinó la aprehensión de Santos Ramírez, todo conforme a procedimiento y a los antecedentes que hay”
Edward Mollinedo, fiscal a cargo del caso de corrupción.

Glosario

Aprehensión • Tomar alguna cosa o persona; por ejemplo, la detención material de un presunto delincuente, según establece un diccionario jurídico.

martes, 10 de febrero de 2009

Ramírez pagó $us 16,5 millones y es investigado por nepotismo

Noticia publicada el 10 de Febrero de 2009 en La Prensa


El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez reveló ayer en su declaración a la Fiscalía que la nacionalizada pagó 16,5 millones de dólares al consorcio Catler-Uniservice en seis partidas diferentes, de las que al menos tres fueron respaldadas por pólizas de cumplimiento y no boletas de garantía, según documentos a los que tuvo acceso La Prensa.

Para dar lugar a estos pagos, la ex autoridad se respaldó en una nota remitida por el cesante superintendente interino de Pensiones, Valores y Seguros Mario Guillén Suárez, quien comunicó que con la Resolución Administrativa 731/007 es posible la sustitución indicada a pesar de que la licitación y el compromiso del consorcio exigían a esa empresa presentar estos documentos, según su propuesta técnica.

Ramírez se presentó ayer a declarar ante el fiscal de Corrupción Pública, Edward Mollinedo, en una sesión que duró entre las 14.15 y las 18.30.

Los investigadores prepararon desde la semana pasada un cuestionario de diez preguntas, de las que Ramírez respondió la mitad y se prevé que desde las 14.00 de hoy conteste las restantes cinco.

El ex hombre fuerte del MAS está involucrado en dos procesos penales. Uno es el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, ejecutivo de Catler-Uniservice, a quien robaron 450.000 dólares, y el segundo tiene que ver con estos hechos relacionados con delitos de daño económico al Estado por presuntas irregularidades en la suscripción de contrato de YPFB con ese consorcio para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.

Además, según María Teresa Montaño, abogada de su esposa, tanto su representada como Santos Ramírez son investigados por nepotismo.

Los hermanos de Jiovana de Ramírez, Juan Carlos y Mario Christian, trabajaron en la estatal petrolera nacionalizada, lo que da pie a esta nueva causa.

Ramírez declaró el viernes pasado dentro de la investigación del homicidio y atraco.

En el interrogatorio de ayer, al que asistió acompañado por al menos cuatro abogados, el Fiscal le hizo preguntas en términos técnicos sobre el contrato.

En la oportunidad, admitió los desembolsos de YPFB a favor de la constructora por 16.508.750,77 dólares “para asegurar los tanques de almacenaje y asegurar la construcción”.

El lunes, cuando las oficinas de la estatal petrolera fueron intervenidas por el Viceministerio de Transparencia, Ramírez informó que se desembolsaron 6,8 millones de dólares.

Hoy, la Fiscalía cuestionará a Ramírez sobre su relación con los 450.000 dólares robados.

El ex dirigente político, al concluir su declaración, resguardado por policías, abandonó el Ministerio Público.

Su defensor, Víctor Borda, dijo que Ramírez presentará pruebas de descargo después de que concluya su comparecencia ante la Fiscalía. “Declaró sobre los hechos que se le pretende atribuir —explicó el jurista—, como contratos lesivos, resoluciones contrarias a la Constitución, cohecho activo y cohecho pasivo”.

Borda indicó que ayer se presentó documentación del proceso de contratación con Catler y de la existencia real de la empresa contratista, el informe que acredita que la empresa estadounidense Gulsby Process System avanza en la fabricación de tanques y tuberías para la planta.

Habla pareja de detenido

Carla Bolaños Arauco dijo que desconoce la presunta participación del padre de sus hijos, Ernesto Vladimir Córdoba Santiváñez, en el atraco y asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach, ocurrido la mañana del 27 de enero.

Ella se presentó ayer en en el Ministerio Público a declarar por esos hechos.

Para el abogado defensor del imputado, Jorge Borda, “nada tiene que ver ella, (además) nunca vivió con él, nunca tuvo una relación estable con él, y no estaba ese día con él”, y aunque es mamá de sus tres hijos, dijo que no están casados.

El jurista indicó que su defendida fue convocada por el fiscal Luis Mamani sólo para prestar declaraciones informativas sobre el caso.

Bolaños es estilista y posee un salón de belleza. Pidió mediante su abogado que no se la fotografiara al salir de la Fiscalía para resguardar la dignidad de sus tres hijos.

Ernesto y su hermano Luis Fernando están recluidos preventivamente en la cárcel de San Pedro bajo la sindicación de ser autores intelectuales de ese crimen.

De Obrajes a Pampahasi

Hasta hace una semana, Santos Ramírez ocupaba una cómoda vivienda en la avenida Héctor Ormachea, cerca de la calle 16 de Obrajes. Es el inmueble que la empresa reservó para que lo ocupe su presidente, cuando éste no reside habitualmente en la ciudad de La Paz.

La familia Ramírez-Navia habitó esa casa hasta unos

días después de ser destituido por instrucción del presidente Evo Morales. A partir de ese momento, el matrimonio se instaló en un departamento perteneciente a una sobrina de la ex autoridad ubicado en un modesto edificio de la calle 4 de Pampahasi. Se trata de una sencilla construcción de tres plantas. El investigado ocupa la segunda planta. La fachada es de ladrillo, como en todas las laderas, y las ventanas son de perfiles de fierro.

La abogada María Teresa Montaño informó que su representada Jiovana Cristina Navia Doria Medina abandonará ese inmueble después de recibir la demanda de divorcio de su todavía esposo, Santos Ramírez.

Indicios

El ex Presidente de YPFB inició su declaración ayer alrededor de las 14.15 en la Fiscalía.

La sesión se suspendió alrededor de las 18.30, al cabo de más de cuatro horas.

Al salir, Santos Ramírez no formuló declaración alguna a los periodistas que lo esperaban.

Víctor Borda, defensor de Ramírez, dijo que su cliente presentó todos sus descargos.

El interrogatorio continuará hoy con las últimas cinco preguntas del cuestionario.

El investigado abandonó el Ministerio Público sin atender a los periodistas.

Ramírez gastó Bs 196 mil en ocho viajes en avioneta

Noticia publicada el 10 de Febrero de 2009 en La Razon


El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, gastó 196.128 bolivianos en ocho viajes que realizó en una avioneta privada, en su mayoría por el eje central del país, cuando presidía la estatal petrolera.

En ocho memorandos escritos por el gerente nacional administrativo y finanzas, Julio Anagua Chumacero, y dirigidos al director nacional de Finanzas, Federico Galán Laime, se solicita la disposición de diferentes montos de dinero para cubrir gastos de contratación de una avioneta para transportar a Ramírez a diversos lugares del país. Cadena A accedió a los documentos.

Julio Anagua fue sorprendido en oficinas de YPFB destruyendo algunos documentos. Fue citado a declarar a la Fiscalía. El presidente Evo Morales pidió que se lo destituya junto a otros nueve funcionarios más.

En el primer memorándum se solicita Bs 19.500 destinados a Martín Quino Huasco, con el fin de contratar una avioneta que transporte al ex presidente de YPFB en el tramo La Paz- Potosí - La Paz, del 25 al 26 de enero.

“Por instrucciones de la presidencia” se solicita disponer de 11.536,85 bolivianos a nombre de Raúl Acho Portillo, con el fin de contratar una avioneta para transportar a Ramírez de La Paz a Potosí el 1 de noviembre del 2008 para participar de diferentes reuniones de la empresa.

En octubre, se envía otra solicitud para la obtención de 28.280 bolivianos destinados a Acho Portillo para el transporte de Ramírez y el Gerente Nacional de Administración y Finanzas. El documento no especifica el tramo que cubriría la aeronave.

En la cuarta solicitud se pide 50.322,42 bolivianos a nombre de Juan Maidana Flores, “destinados a cubrir el gasto de contratación de una avioneta” para el traslado de Ramírez hacia Cobija, Guayaramerín, Santa Cruz, del 20 al 23 de noviembre del año pasado.

Para que el ex presidente de YPFB sea transportado desde La Paz a Santa Cruz y desde esa ciudad de regreso, otro documento solicita al Director de Finanzas el desembolso de Bs 16.560,77, el 19 de diciembre del 2008.

Tres días después, se envía otro pedido para cubrir la misma ruta, pero con el monto de 29.778 bolivianos. En esa oportunidad, Ramírez participaría de diversas reuniones de trabajo.

En septiembre, se solicita de nuevo 29.778 bolivianos para cubrir el tramo La Paz- Cochabamba- Santa Cruz- La Paz con el traslado de Ramírez para que participe en diferentes reuniones de trabajo con empresas, en todas esas ciudades.

En el último memorándum, Anagua solicita la disposición de 10.372,67 bolivianos para el traslado del ex presidente de YPFB de La Paz a Potosí y el viaje de regreso para participar de diversas reuniones de la empresa.

Santos Ramírez es investigado por la Fiscalía, por el ahora Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y por una comisión del Senado por actos de corrupción.

lunes, 9 de febrero de 2009

Ramírez, la caída de un poderoso

Noticia publicada el 9 de Febrero de 2009 en La Razon



Algunos con lágrimas en los ojos y con miedo de que el proceso de cambio se vea interrumpido, los masistas revelan con congoja que Santos Ramírez Valverde, ahora acusado de corrupción, era el sucesor del presidente Evo Morales, candidato a Vicepresidente y, por ende, el segundo hombre con más poder en el Estado.

En los 10 años que estuvo en el Movimiento al Socialismo (MAS), Ramírez se ganó la confianza de los militantes de este partido. Fue el encargado de posicionar al MAS en la administración pública, fue parte de la dirección política del partido, además de ser el operador político en la Asamblea Constituyente y manejar las riendas del sector hidrocarburífero del país.

“Él ha hecho un gran aporte con la nueva Ley de Hidrocarburos, era el más relacionado con el Presidente, por eso es que nosotros considerábamos a Santos Ramírez uno de los segundos hombres en Bolivia”, afirmó el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados y fundador del MAS, Hilario Callisaya.

“El compañero Santos Ramírez tenía tanto poder que era el segundo hombre después del presidente Evo en el Estado”, coincidió un masista de su entorno que pidió anonimato.

Sus compañeros del MAS, que tenían la esperanza de que Ramírez suceda en el poder a Morales, se niegan a creer que éste hubiera estado a punto de recibir un soborno de 450 mil dólares de una empresa petrolera, como señalan las últimas denuncias.

“Me resisto a creer, a pesar de todo lo que informan”, señaló un parlamentario potosino. “No puedo creer que él esté metido en

esto... Puede que nuestro compañero haya sido utilizado para que caiga, porque después del 2015, ¿a quién tenemos? Nosotros pensábamos que era nuestro segundo hombre”, reveló Callisaya con lágrimas en los ojos.

Ramírez tiene 46 años, nació en Caiza D, Potosí, es maestro rural y abogado. Se casó por primera vez con su paisana y colega María Olmos, con quien tiene tres hijos. Hace apenas unas semanas contrajo un nuevo matrimonio con la diputada suplente, Jiovanna Navía Doria Medina, involucrada también en la denuncia.

La vida política de Ramírez comenzó en Potosí, con el entonces Eje Pachakuti, junto a René Joaquino. Luego se distanciaron.

Si bien Ramírez se sumó al MAS en 1999, adquirió mayor protagonismo desde el 2002, tras presidir la Comisión de Desarrollo Económico de Diputados. “El trabajo más importante que ha hecho (Santos Ramírez) y no hay que desmerecerlo, es cuando era diputado y junto a su técnico (Guillermo) Aruquipa elaboró la nueva Ley de Hidrocarburos”, afirmó el senador Lino Villca.

En el 2006, cuando el MAS llegó al Gobierno, Ramírez fue nombrado presidente del Senado con el aval de Morales, el apoyo de los 11 senadores de esta fuerza y votos de la oposición.

Durante ese año de gestión, a Ramírez le tocó ser Presidente interino de la República en dos oportunidades, ya que Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera salieron del país al mismo tiempo para asistir a reuniones en el exterior. En julio del 2006 reemplazó al Presidente por 30 horas y, durante ese lapso, promulgó siete leyes, según recuento de la periodista Florencia Abbate.

Sin embargo, Ramírez no sólo se ocupaba del Senado, seguía muy de cerca el sector hidrocarburífero. En septiembre del 2006 su principal colaborador, Guillermo Aruquipa, quien era oficial mayor de la Cámara Alta, fue nombrado viceministro de Explotación y Producción. Seis meses después: presidente de YPFB.

El 2007, Ramírez intentó ser nuevamente presidente del Senado, pero esta vez la oposición puso como condición para dar sus votos que sea cualquier otro senador del MAS, porque lo consideraban “poco concertador”.

Ramírez no lo aceptó y luego de hablar con el presidente Evo Morales, a la bancada no le quedó más que acatar la decisión y perder el control del Senado. Ramírez se convirtió en jefe de bancada, aunque ese año se encargó más de dirigir la Asamblea Constituyente y acomodar a masistas en la administración pública.

“Tiene gente en todas las instituciones del Estado”, señaló una fuente que trabajó con él.

Pero los problemas en el sector hidrocarburífero seguían y entonces, el 12 de marzo del 2008, el Jefe de Estado decidió que Ramírez se encargue personalmente de YPFB. Este hombre de carácter fuerte e influyente llevó a Aruquipa a la Superintendencia de Hidrocarburos y, cinco meses después, gestionó para que Saúl Ávalos sea nombrado ministro del área, en reemplazo de Carlos Villegas, quien retornó al Ministerio de Planificación. “De esa forma Ramírez tiene el control de los hidrocarburos en el país... El problema del compañero Ramírez es que no le gusta hacer equipo, le gusta ser sólo él”, señaló la persona cercana.

Hasta entonces, Ramírez libró cuatro denuncias de irregularidades, como la venta de avales, venta de visas chinas, uso de influencias en el caso Tinguipaya (Potosí) y su relación con una persona que llevaba 3,3 kilos de cocaína, sin que ninguna le dañe política ni judicialmente.

Después del asesinato del empresario Jorge O’Connor (27 de enero del 2009) su suerte cambió. Ahora enfrenta un juicio por la firma irregular de contratos entre YPFB y ese empresario. El último viernes llegó a la Fiscalía a declarar con cuatro personas que

hacían de seguridad y de mensajeros. Ramírez no quiso hablar de su historia. Sus abogados dicen que lo hará cuando pase este torbellino de acusaciones.

“Nosotros lo considerábamos uno de los segundos hombres en Bolivia a Santos Ramírez”.
HILARIO CALLISAYA, diputado y fundador del MAS.

“El compañero Santos Ramírez tenía tanto poder que era el segundo hombre después del presidente Evo en el Estado”.
Parlamentario del MAS y cercano a Ramírez. Cargo / ocupación.

domingo, 8 de febrero de 2009

Contraloría auditará a Santos Ramírez

Noticia publicada el 8 de Febrero en La Prensa


La Contraloría General de la República (CGR) auditará los bienes que posee el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, a fin de determinar cuál es su patrimonio. La ex autoridad también fue diputado y presidente de la Cámara de Senadores por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

El ex titular de la estatal petrolera hizo su última declaración jurada de bienes y rentas el 14 de marzo de 2008 en la entidad fiscalizadora.

De acuerdo con ésta, sus bienes activos suman 154.000 bolivianos, sus pasivos o deudas hacen un total de 256.000 bolivianos, por lo que su patrimonio neto tiene un saldo negativo de 102.000 bolivianos. El total de sus rentas suma 199.500 bolivianos.

El Estatuto del Funcionario Público obliga a los servidores públicos a presentar su declaración jurada de bienes y rentas antes de asumir el cargo y a su conclusión.

Ramírez fue destituido de la Presidencia de Yacimientos el 31 de enero y al cabo de dos semanas de su alejamiento no actualizó su declaratoria.

La fiscalización a los bienes del ex titular de YPFB fue anunciada ayer por el contralor interino de la República, Gabriel Herbas. “No tenemos en este momento la idea exacta del patrimonio de Santos Ramírez, esto lo establecerán los auditores”.

Esta auditoría a los bienes de Santos Ramírez se anuncia en medio de otras investigaciones que fueron iniciadas por la Contraloría, la Fiscalía, el Senado y el Gobierno por la supuesta corrupción en YPFB y las irregularidades en la firma del contrato con la sociedad Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz), cuyo costo es de 86,3 millones de dólares.

Ese escándalo fue destapado tras el asesinato y robo de 450.000 dólares al empresario Jorge O’Connor D’Arlach, socio de Catler-Uniservice. Ese dinero, al parecer, era una “comisión” para el ex Presidente de Yacimientos porque había favorecido la contratación de esa compañía.

Luego de que estos hechos fueran conocidos, el presidente Evo Morales lo destituyó y puso en su lugar a Carlos Villegas.

Para esclarecer el patrimonio de Ramírez y también otras irregularidades en Yacimientos, el Contralor informó que fue creado un equipo de investigadores integrado por cinco auditores y dos abogados.

“Ayer (viernes) el equipo de auditores se constituyó en YPFB para tomar a su cargo la investigación, entonces este proceso de investigación de la Contraloría se está llevando adelante”.

Una de las irregularidades que cometió Santos Ramírez está referida a que el contrato con Catler-Uniservice no fue remitido a la Contraloría General para su registro, ello porque ese documento no fue protocolizado en la Notaría de Gobierno.

Sin embargo, pese a no cumplir esos requisitos, la empresa había comenzado las obras y se hicieron al menos tres pagos por 6,8 millones de dólares.

El contralor Herbas no precisó si la auditoría alcanzará a la esposa de Ramírez, Jiovana Navia Doria Medina, también diputa suplente del MAS, quien declaró sus bienes el 16 de diciembre de 2006.

Según el documento de la Contraloría, la pareja de Santos Ramírez tiene bienes activos por 144.000 bolivianos, no tiene deudas, por lo que su patrimonio neto es de 144.000 bolivianos.

Sus rentas ascienden a 60.000 bolivianos.

La esposa de Ramírez es investigada por la Fiscalía porque el 27 de enero, día en que fue victimado O’Connor, al parecer estaba en la casa donde fue baleado el empresario.

Sus hermanos Juan Carlos, Mario y Javier también son indagados, además de su primo Gonzalo Aramayo. Los dos primeros trabajaron en YPFB y los otros dos son socios de la fundación Khantati y estaban presentes el día del asalto.

viernes, 6 de febrero de 2009

Los $us 450.000 eran para Santos Ramírez

Noticia publicada el 6 de Febrero de 2009 en el Potosi
Cada vez son más los indicios de que los 450.000 dólares de Catler-Uniservice tenían como destinatario al ex presidente de YPFB, el potosino Santos Ramírez. Para mayor vergüenza de Potosí, ayer se supo, a través de la red televisiva Cadena A, que la Fundación Khantati, a la que supuestamente debía llegar el dinero, fue constituida en nuestra ciudad.
La investigación sobre el atraco y asesinato del empresario Jorge O'Connor, a raíz del cual se destapó una presunta red de corrupción en YPFB y supuestas irregularidades en la firma de un contrato, da indicios de que los 450 mil dólares que le fueron robados el martes 27 de enero eran para la Fundación Khantati, dirigida por los parientes políticos de Santos Ramírez, quien además sería su propietario.
En la Notaría de Gobierno de la Prefectura de La Paz aseguran tener la documentación que certificaría una relación entre esa organización privada y el ex presidente de la estatal petrolera.


Fundación Khantati

El ex constituyente Emilio Gutiérrez (UN), quien se alió al MAS para promover el Sí a la Constitución Política del Estado, también aseguró a la agencia alemana DPA que el ex titular de Yacimientos, en sociedad con su esposa, la diputada Jiovana Navia, y otros parlamentarios del MAS están a cargo de la Fundación Khantati que se dedica a construir viviendas sociales.
La abogada de Jiovana Navia, Teresa Montaño, desconoce esos posibles nexos porque no habló sobre ello con su defendida. Aseguró que esas interrogantes y otras irregularidades que se le atribuyen a la parlamentaria masista serán absueltas hoy en una conferencia de prensa.


Las pesquisas

Según las investigaciones preliminares, el día del atraco y asesinato de O'Connor, Javier Navia Doria Medina y su primo, Gonzalo Aramayo, guiaban al empresario a la casa de este último, ubicada en la avenida
Tejada Sorzano, donde presuntamente debían depositar los 450 mil dólares.
Las pesquisas apuntan a que el dinero era una "comisión" para Santos Ramírez porque habría favorecido la contratación de la sociedad Catler-Uniservice con YPFB para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz), que tiene un costo total de 83,6 millones de dólares.

Un recurso atrasa otra vez el juicio a Luis Alberto Valle

Noticia publicada el 6 de Febrero de 2009 en La RAzon
Una vez más el juicio de responsabilidades contra Luis Alberto Valle quedó paralizado luego de que la defensa recusó a ocho de los nueve integrantes del Tribunal de Sentencia. La Prefectura paceña advierte que la intención de los abogados del ex prefecto es que el caso se extinga.

El ex prefecto de La Paz, yerno del extinto ex presidente Hugo Banzer, es enjuiciado por el caso Chito Chatarra, vinculado a la licitación, remate y adjudicación presuntamente irregular de equipos que se encontraban en desuso o catalogados como chatarra.

Cuando el juicio ingresaba a su etapa final e incluso la Fiscalía anunció que se resolvería antes de Carnaval, los abogados de Valle sorprendieron ayer y presentaron una demanda de recusación, lo que obligó al tribunal a paralizar el proceso.

“No podemos conocer nada más hasta que se resuelva y se nos diga si quedamos habilitados o no”, dijo el presidente de la Suprema, Eddy Fernández.

Esta demanda inhabilita al presidente del Tribunal del Juicio, Eddy Fernández; a los ministros Héctor Sandóval, Emilse Ardaya, Julio Ortiz y Hugo Roberto Suárez, además de los conjueces Luis Alberto Arellano, Elizabeth Maldonado y Jorge Antonio Zamora, mientras que Teófilo Tarquino fue el único ministro que no fue recusado.

El pedido de la defensa se argumenta en que el Tribunal “no reúne las condiciones de imparcialidad exigibles para la validez de un debido proceso”.

Fernández lamentó que los plazos procesales corran tanto para una posible extinción o prescripción “a favor de los imputados”. La abogada de la Prefectura de La Paz, Eulogia Pantoja, condenó que la defensa de Valle haya recurrido a una serie de argucias jurídicas. “Asumen acciones de dilación, recusando, presentando excepciones, han planteado recursos de inconstitucionalidad, es decir han ido perjudicando el avance de este juicio, pero este juicio no va a prescribir”. Redacción Sucre

EL PROCESO

El retraso • El juez Teófilo Tarquino, el único que no fue impugnado, convocará a un grupo de conjueces la próxima semana para que analicen si es que procede o no la recusación.

La tardanza • La Fiscalía había anunciado esta semana que como iba el proceso, era muy probable que la Suprema emita la sentencia final hasta antes de Carnaval, pero eso no ocurrirá.

jueves, 5 de febrero de 2009

Comisión gubernamental halla indicios de cuatro delitos cometidos por Ramírez en Yacimientos

Noticia publicada el 5 de Febrero de 2009 en La Prensa


La comisión interventora de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) encontró indicios que comprometen al ex presidente de la estatal Santos Ramírez en la comisión de cuatro delitos de orden penal en la suscripción del contrato con el consorcio Catler-Uniservice. El vicepresidente de la República, Alvaro García Linera, advirtió que los culpables no serán protegidos.

“No vamos a preguntar apellido, amistad ni color político. El corrupto tendrá que ir a la cárcel, sea quien sea, no nos importa, ésa es la decisión del Presidente (Evo Morales) y el Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir esa decisión del Presidente”.

La viceministra de Transparencia, Nardy Suxo, informó que los presuntos delitos tienen que ver con contratos lesivos, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, que derivan en un daño económico.

Estas figuras se encuentran tipificadas en el Código Penal y tienen diferentes penas, que van desde un mes hasta ocho años de privación de libertad (ver cuadro de apoyo).

Así lo reveló luego de brindar un informe a la comisión especial del Senado encargada de investigar el asesinato del empresario Jorge O’Connor, el pasado 27 de enero, y la presunta corrupción en YPFB.

Tanto el Poder Ejecutivo como esta instancia indagan las irregularidades cometidas en la suscripción del contrato entre YPFB y Catler-Uniservice para instalar una planta separadora de líquidos en Río Grande el 14 de julio de 2008.

Suxo informó: “De la revisión de alguna documentación ya hay algunos elementos que nos llevan a pensar que ha habido incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, daño económico y por supuesto uso indebido de influencias”. Añadió: “Una vez que tengamos toda la documentación y el respaldo jurídico vamos a presentar la denuncia correspondiente”.

Estas supuestas irregularidades se suman a la denuncia formulada el lunes por la Contraloría en sentido de que Ramírez incumplió la Ley 1178 Safco, que le obligaba a presentar el contrato con Catler-Uniservice ante esa entidad en los cinco días siguientes a su firma.

Esta falta podría derivar, según dijo el contralor Gabriel Herbas, en responsabilidad ejecutiva, civil, administrativa y penal una vez que se concluya con la auditoría iniciada a YPFB.

Además, la ex autoridad tampoco protocolizó el contrato con el consorcio en la Notaría de Gobierno de la Prefectura de La Paz pese a que erogó 6,8 millones de dólares en favor de la compañía para que emprendiera los primeros trabajos.

El vicepresidente García Linera admitió la existencia de hechos de corrupción en YPFB y subrayó, según ABI, que el presidente Evo Morales ordenó a las autoridades correspondientes encontrar a los “corruptos que pudieran estar implicados en el desvío de 450.000 dólares, que vincula hechos irregulares en YPFB, para enviarlos a la cárcel”.

El dignatario de Estado, muy sereno y antes de entrar en la reunión de gabinete en el Palacio Quemado, reconoció ante los medios de prensa que en el caso de empresa Catler-Uniservice, encargada de planta separadora de GLP, se cometió daño económico contra el Estado, asesinato, robo y además hay un proceso de extorsión económica que afecta los recursos del Estado.

“Hay corrupción, nosotros confiamos y esperamos que el ex presidente de YPFB, el compañero Santos Ramírez, habrá de demostrar su inocencia, pero lo hará como cualquier ciudadano, sin privilegio alguno y se defenderá”.

El Vicepresidente ratificó a los periodistas que la gestión de Evo Morales no protege ni protegerá, por encima de un nombre, apellido, amistad y compañerismo, actos de corrupción.

Añadió que si la Cámara de Senadores pretende investigar este caso y dejar de hacer un “show político”, lo primero que tienen que hacer los senadores es aprobar la Ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz .

Más información

Suxo informó que su Viceministerio solicitó información de las cuentas bancarias del ex presidente de YPFB, además de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y Corte Nacional Electoral (CNE) para establecer el grado de parentesco que puede existir entre Santos Ramírez y la familia de su esposa, Jiovana Navia Doria Medina.

La autoridad añadió que también se analiza el contrato con Catler-Uniservice y las presuntas irregularidades cometidas, entre ellas la falta de presentación de tres boletas de garantía: la primera por seriedad del valor ofertado en la propuesta, equivalente al 2 por ciento del valor de la obra y que en este caso suponía 1,72 millones de dólares. La segunda, de “buena inversión del anticipo”, por el 20 por ciento, que corresponde a 17,2 millones de dólares.La tercera boleta de cumplimiento del contrato, es igual al 10 por ciento, es decir, 8,63 millones de dólares. A cambio, la firma sólo entregó una póliza del 1 por ciento que no estaba permitida en los términos de la licitación convocada por YPFB.

Suxo, tras la reunión con los senadores, dijo que se acordó con esa instancia realizar una labor coordinada con la Fiscalía.

Villegas posesionó un gerente acusado de nepotismo

El actual presidente de Yacimientos Petrolíferos fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, posesionó como gerente general de Administración y Finanzas de esa empresa a Róger Uzquiano Alcoreza, un ex funcionario denunciado por nepotismo en el Ministerio de Hidrocarburos.

De acuerdo con un oficio dirigido a Villegas, firmado por la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, y fechado el 22 de abril de 2008, Róger Uzquiano Alcoreza fue acusado de contratar a su sobrino, familiar en tercer grado, Wálter Rodríguez Narváez.

El lunes 2 de febrero, cinco autoridades fueron posesionadas de sus cargos por el nuevo presidente de YPFB, entre ellas Uzquiano. Esto sucedió después de que la petrolera fuera intervenida para ser auditada como consecuencia de los hechos ocurridos días antes en relación con la empresa Catler- Uniservice y su contrato para construir la planta de extracción de licuables en Río Grande, provincia Cordillera, en Santa Cruz.

Según el documento, Uzquiano hizo uso indebido de influencias, delito tipificado en el Código Penal, al contratar a este pariente. Para esto se valió de un poder especial que le había conferido Villegas.

Este poder le dio al entonces funcionario la capacidad de seleccionar personal eventual. El 1 de febrero de 2008 contrató a su sobrino como consultor individual en línea hasta el 31 de diciembre del mismo año, por una paga de 38.500 bolivianos.

Según la carta, en audiencia pública, el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal determinó la extinción de la acción porque el daño fue mínimo, además ambos funcionarios renunciaron a sus cargos.

La viceministra Nardy Suxo señaló que Uzquiano fue liberado de responsabilidad porque había subsanada los cargos bajo los cuales se lo investigó al haber salido de la entidad dos de sus parientes.

Súper investiga a tres empresas

El superintendente de Empresas, Rolando Morales, aseguró ayer que existen tres firmas con el nombre de Catler-Uniservice y se averigua el origen de cada una.

Explicó que la primera es Catler-Uniservice S.R.L., con sede en Cochabamba, dedicada al aprovechamiento de la madera y que no tienen ninguna relación con el contrato para la ejecución de la planta separadora de líquidos en la localidad de Río Grande.

La segunda es Uniservice, que forma parte de la sociedad accidental con la que el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez dice que suscribió un contrato para ejecutar el proyecto de extracción de licuables. La tercera es Catler International Corporation, la que se une a Uniservice para hacer la sociedad accidental de la cual no se tiene ningún registro en el país.

Según las investigaciones realizadas por la Superintendencia de Empresas, este consorcio se formó el 1 de julio de 2008, pero tampoco se tiene constancia de su inscripción en el país.

La reguladora intenta aclarar las relaciones de cada una de estas tres empresas con YPFB e investiga a sus representaciones en Panamá y Argentina, pero aún no logró resultados.

Contraloría exige orden judicial

La Contraloría General de la República (CGR) exige a los medios de comunicación orden judicial para proporcionar información sobre el patrimonio del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez de las gestiones pasadas.

Esto a pesar del compromiso asumido por el contralor interino Gabriel Herbas de brindar los datos correspondientes a La Prensa el pasado lunes al término de una conferencia de prensa cuando se le aclaró que en la página web de la entidad sólo figura la declaración del 14 de marzo de 2008 y que no ha sido renovada. En ésta se señala que el ex Presidente de YPFB tenía un patrimonio neto de -102.000 bolivianos, que se desglosan de un total de bienes valorados en 154.000 bolivianos y una deuda de 256.000 bolivianos.

Ayer, la Contraloría envió por fax a este medio una copia del Decreto Supremo 28695, en donde se subraya el artículo 21 (transparencia), que dispone que la solicitud debe hacerse a través de una orden judicial que acredite legítimo interés y dentro de un proceso formal.

Además se remarca el artículo 33 (publicación), cuyo último párrafo precisa que la publicación en la página web será de la última declaración o actualización realizada por el funcionario público.

El ex ministro de Hacienda Waldo Gutiérrez explicó que las declaraciones juradas tienen el objetivo de que haya una fiscalización de la población. En este caso la comparación del patrimonio que tenía un funcionario hace un año y en la actualidad es la única manera de verificar si hubo o no un crecimiento significativo de su patrimonio.

Según la ex autoridad, si bien puede ser legítimo que la entidad se ampare en el Decreto 28695 para no entregar información, el Gobierno debería posibilitar que la Contraloría la canalizara para que se transparenten las cuentas del ex presidente de YPFB.

El contralor suspendido Osvaldo Gutiérrez opinó que, aunque de por medio la norma señala la necesidad de una orden judicial, en este caso se debe dar a conocer esta información que está archivada.

Señaló que el decreto al que hace referencia la Contraloría exige que esta información cada año se la vaya resguardando para que sea recabada en cualquier momento.

La Prensa intentaba con estos datos verificar con cuánto de patrimonio ingresó Ramírez a ejercer una función pública y el valor que consolidó al dejar la Presidencia de YPFB.

Herbas, cuando asumió el cargo, el 29 de diciembre de 2008, se comprometió a que la información de la Contraloría sería totalmente transparente hacia los medios de comunicación.

Los delitos tipificados

1.- Uso indebido de influencias (artículo 146)

“El funcionario público o autoridad que, directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas, obtuviere ventas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con presidio de dos a ocho años y multa de 100 a 500 días.

2.- Contratos lesivos al Estado (artículo 221)

“El funcionario público que, a sabiendas, celebrare contratos en perjuicio del Estado o de entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas, será sancionado con privación de libertad de uno a cinco años. En caso de que actuare culposamente, la pena será de privación de libertad de seis meses a dos años. El particular que, en las mismas condiciones anteriores, celebrare contrato perjudicial a la economía nacional será sancionado con reclusión de uno a tres años.

3.- Incumplimiento de deberes (artículo 154)

El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función incurrirá en reclusión de un mes a un año.

4.- Daño económico al Estado

Emerge de los delitos anteriormente mencionados y que se podrá verificar luego de una auditoría.

Más datos

El ex presidente de YPFB Santos Ramírez fue destituido por el caso Catler-Uniservice el sábado.

En su lugar se designó a Carlos Villegas como presidente de la estatal petrolera.

El Gobierno instruyó una intervención de la entidad para erradicar la corrupción.

La UIF investiga las cuentas bancarias de la familia del ex Presidente de YPFB.

Villegas posesionó a nuevos gerentes en lugar de los funcionarios designados por Ramírez.

La Contraloría anunció que iniciará una auditoría a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Antecedentes

La planta separadora de líquidos de Río Grande buscaba aumenta la oferta de GLP

YPFB ya desembolsó 6,8 millones de dólares para que la empresa inicie los trabajos

El consorcio aseguró que la construcción de los equipos e insumos tiene un avance de 30%.