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4 de Marzo de 2009 en La PrensaLa Prefectura de Tarija presentó la primera acusación formal para la apertura de un juicio de responsabilidades en contra del presidente Evo Morales por la aprobación del Decreto Supremo 29506, que permitió la contratación directa de Catler-Uniservice y desencadenó el mayor caso de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos (YPFB).
La acusación fue rechazadas por los ministros de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, y de Defensa, Walker San Miguel, quienes consideran que no tiene asidero legal.
La demanda fue interpuesta el viernes 27 de febrero ante la Fiscalía General de la República, en Sucre, a través de un memorial por el prefecto de ese departamento, Mario Cossío Cortez, y ayer se adhirieron a la causa sus colegas de Chuquisaca, Savina Cuéllar; de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Beni, Ernesto Suárez.
En la demanda se acusa al Mandatario de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El fiscal general, Mario Uribe, dijo, según Efe, que la “proposición acusatoria” aduce que Morales supuestamente violó la ley al emitir un decreto que reformó las normas sobre contratación de bienes y servicios en la petrolera estatal.
El Decreto 29506, aprobado el 9 de abril de 2008, en su artículo 3 dice: “Se autoriza a YPFB la contratación de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena de los hidrocarburos señaladas en los artículos 14 y 31 de la Ley de Hidrocarburos”.
La norma, aprobada un mes después de que asumiera el cargo el ex presidente de YPFB Santos Ramírez, tenía el objetivo, de acuerdo con el Gobierno, de establecer procedimientos de contratación ágiles, eficientes y transparentes que respondan a los requerimientos y necesidades de fortalecimiento y reestructuración de la empresa petrolera estatal.
Según resume la proposición acusatoria, el departamento de Tarija es uno de los más perjudicados porque posee el 80 por ciento de las reservas de gas del país y vive de los ingresos que genera su explotación.
“El Decreto 29506 abrió las puertas a un manejo discrecional de los recursos que administra YPFB, cuyo accionar hoy está marcado por escandalosos hechos de corrupción públicamente demostrados, que se originan precisamente en la decisión del presidente Evo Morales expresada en ese sui géneris decreto supremo que lleva su firma y que lo convierte en autor directo de los ilícitos que hoy se denuncian”.
La proposición agrega que el Presidente de la República, al generar reglas excepcionales de contratación que contradicen las establecidas en la Ley 1178, de modo directo ha dado lugar a que se ejecute un decreto supremo por encima de una ley de la República.
Precisa que sin estos instrumentos legales no habría sido posible firmar el contrato con la asociación accidental Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos.
El ministro Walker San Miguel aseguró que la acusación pretende constituirse en una “cortina de humo” sobre las responsabilidades de Cossío en el intento de “golpe cívico prefectural” gestado en septiembre del año pasado contra Morales.
Además no tiene sustento legal, por lo que el Gobierno confía en que será rechazada, sin embargo se evaluará si amerita la presentación de una demanda penal contra el prefecto Cossío.
El ministro Arce precisó que “la norma (el Decreto 29506) tiene su justificación y amparo en la legalidad. El hecho de que no se haya aplicado correctamente en este caso específico de YPFB, por lo cual se está llevando una investigación, no quiere decir que el marco legal con el que trabaja el Gobierno tenga errores, vicios”. Añadió que para hacer una fiscalización previa y posterior se creó un Ministerio.
Luis Córdoba pedirá libertad
Aunque fue suspendido el careo que debieron sostener ayer los acusados Luis Fernando Córdoba y Franz Michael Rodríguez Caero sobre los pormenores del atraco ocurrido el 27 de enero en la avenida Tejada Sorzano, el abogado defensor del ex empleado del fallecido Jorge O’Connor D’Arlach, Williams Sánchez Peña, anunció que solicitará hoy la libertad pura y simple de su cliente.
El acto judicial solicitado por la Fiscalía de Homicidios fue dejado ayer sin efecto como consecuencia de que, por diversas razones, demoró alrededor de una hora y media en instalarse y los dos detenidos debían regresar al penal de San Pedro, donde cumplen detención preventiva por la muerte del empresario tarijeño.
Sin embargo, Rodríguez Caero aseguró en el Ministerio Público que no conoce a Luis Fernando Córdoba y retiró sus declaraciones con respecto a que el golpe había sido planificado en El Caballito, un local de diversión nocturno perteneciente a Ernesto Córdoba, quien también se halla bajo detención preventiva.
Rodríguez Caero, quien en principio había solicitado acogerse a proceso abreviado para minimizar la condena que recaería sobre él, sostuvo que, si bien su firma aparece en la declaración en la que inculpa a Luis Fernando Córdoba y admite haber participado en el atraco, fue obligado a rubricar documentos en blanco cuyo contenido desconocía y que en éstos figura la firma del fiscal de Homicidios, Luis Mamani, quien no estuvo presente mientras era interrogado.
Fiscalía encuentra más pistas
El fiscal de Homicidios, Luis Mamani, quien tiene bajo su responsabilidad la investigación del asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, aseguró que tiene indicios de que la acusada Sandra Verónica Mamani Quispe se reunió después del atraco con Ernesto Córdoba en el club nocturno El Caballito para entregarle parte del dinero arrebatado al fallecido durante el atraco perpetrado en la avenida Tejada Sorzano el martes 27 de enero.
Mamani aseguró que ha concluido la primera fase de la investigación del caso con la identificación positiva de los protagonistas del asalto seguido de muerte, sus declaraciones y la recolección de pruebas, que a partir de esta semana son procesadas por peritos para elaborar el requerimiento conclusivo, que será puesto a consideración del juez penal que conocerá la causa.
El Código de Procedimiento Penal vigente establece que los investigadores disponen de seis meses para llevar adelante este proceso, al cabo de los cuales debe comenzar el juicio oral, público y contradictorio que concluirá con una sentencia condenatoria o absolutoria.
Caso YPFB-SIPSA
El fiscal Edwin Sarmiento, quien hasta la semana pasada trabajaba en la indagación del asesinato de O’Connor D’Arlach, asumió el lunes la responsabilidad de conducir las investigaciones del caso YPFB-SIPSA, que involucra directamente al ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez, quien afronta otra querella, instaurada por los actuales ejecutivos de Yacimientos.
Los delitos con el que se pretende juzgar al mandatario
De acuerdo con la proposición acusatoria de la Prefectura de Tarija, la conducta del presidente Evo Morales se adecua a las previsiones de los siguientes delitos del Código Penal:
Art. 153 (resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes)
“El funcionario público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, incurrirá en reclusión de un mes a dos años”. Este delito pudo haberse consumado al momento de suscribir y emitir el Decreto Supremo 29506, el 9 de abril de 2008.
Art. 154 (Incumplimiento de deberes)
“El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función (…)”.
Morales subsume su conducta a este tipo al omitir cumplir con la atribución conferida en el artículo 196 de la Constitución Política del Estado entonces vigente, que le obligaba a cumplir y hacer cumplir la CPE y las leyes, siendo evidente que ha incumplido la Ley 1178 (Safco) al suscribir el DS 29506.
Art. 224 (Conducta antieconómica)
“El funcionario público o el que hallándose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad, en instituciones o empresas estatales, causare por mala administración o dirección técnica, o por cualquier otra causa, daños al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado (…)”.
Este ilícito fue cometido al flexibilizarse las reglas de selección y contratación aplicables a YPFB, como resultado de la publicación del DS 29506.
IV. Con relación a la autoría y participación:
El artículo 20 del Código Penal establece:
“Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito”. En este contexto jurídico, se reitera que YPFB no habría podido realizar la contratación con Catler- Uniservice sin la promulgación del Decreto 29506.
LOS DATOS
La Contraloría inició una investigación del contrato con Catler-Uniservice.
El Ministerio de Transparencia practicó una auditoría técnico-legal .
La Fiscalía investiga los hechos de corrupción que envuelven al ex Presidente de YPFB.
Más datos
La corrupción en YPFB se develó tras el asesinato de Jorge O’Connor, el 27 de enero.
Se conoce que la adjudicación de la planta separadora de líquidos de Río Grande fue irregular.
Se entregaron las obras a Catler-Uniservice, formada tres días antes de la firma del contrato.
El documento no fue protocolizado ante notario y tampoco llegó a la Contraloría.
Por estos actos irregulares, Santos Ramírez fue encarcelado en forma preventiva.
Se lo acusa de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos y otros.
