El presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Marcelo Arrázola, informó que los tres asesores de los ministerios de Gobierno y la Presidencia hicieron prevalecer la condición de representar al Poder Ejecutivo con un poder general para participar como coadyuvantes en varios procesos penales, sin tener una representación legal correcta e idónea.
Los juristas hicieron un seguimiento del actuar de los abogados Fernando Rivera Tardío y Denis Efraín Rodas, del ministerio de Gobierno, y José Manuel Antezana, de la Presidencia, porque tenían un documento notariado firmado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, para participar en todos los procesos penales o representar al Gobierno.
El suprapoder. El poder tenía una carátula tramitada ante la Notaria de Fe Pública María de la Cruz Amparo Molina con asiento en La Paz y estaba firmado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en fecha 3 de febrero del 2012.
Se trataba de un poder "amplio y suficiente que confiere el Ministerio de Gobierno en favor de los abogados Denis Rodas Limachi, jefe de la Unidad de Gestión Jurídica dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno y/o Fernando Rivera Tardío, asesor legal del Ministerio de Gobierno", dice el documento. (ver cuadro)
Un poder específico. "Era tal la sumisión de jueces y fiscales que con ese documento los tres abogados podían hacer y deshacer a nombre del Gobierno en cualquier juicio, cuando en realidad lo que legalmente corresponde es que para cada caso se asigne un determinado poder, porque de lo contrario ocurren excesos como los que se observan.
Expulsión. Arrázola informó que durante dos días el directorio del Colegio de Abogados de Bolivia se reunió en Santa Cruz y entre otra de las resoluciones figura llevar al Comité de Ética a todos los abogados que resultaran implicados en la red para analizar su conducta. Una de las faltas graves es recibir coimas, chantajear o extorsionar y establece hasta la suspensión definitiva del ejercicio legal.
Gobierno no se dio cuenta. El ministro Carlos Romero no fue ubicado ayer; sin embargo, antes dijo que no se dio cuenta del accionar delictivo de estos tres asesores que ya eran funcionarios antes que él ingrese al cargo, en el 2012.
El alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, llegó ayer a la Fiscalía para denunciar a los tres abogados, pues con ese poder se querellaron contra él, lo detuvieron y luego le pidieron 20 mil dólares, pero como no pagó se fue preso a Palmasola el año pasado.
Denuncian cobros en Palmasola
Una tarifa. Esa es la que existe en la cárcel de Palmasola para pasar de un ambiente a otro, denunció ayer la Asociación de Abogados de Santa Cruz en una carta dirigida al ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Traslado. Por pasar de Chonchocorito, donde existen celdas cerradas y aisladas, al llamado pabellón abierto, donde viven en habitaciones con todas las comodidades, la tarifa es de 300 a 400 dólares.
Audiencia. Para pagar al policía escolta un interno debe tener unos 300 bolivianos, situación que provoca retardación de justicia porque no todos tienen recursos.
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