La bancada de Convergencia Nacional (CN) recordó que el año pasado ya advirtieron la crisis institucional dentro del Ejecutivo y presentaron un “árbol de la corrupción” que no derivó en una investigación sino en procesos contra los diputados opositores bajo cargos de infamia o desacato. Con el destape de la red de extorsionadores, CN reafirma sus denuncias.
El diputado de CN, Adrián Oliva, manifestó su preocupación por los hechos que afectan actualmente al Gobierno, pero sobre todo la imagen del país.
En mayo de 2011, la bancada opositora denunció el denominado “árbol de la corrupción” donde denunciaban presuntos casos de corrupción dentro del Ejecutivo a la ministra de Transparencia, Nardy Suxo.
Los 16 casos expuestos fueron denunciados por los diputados Jessica Echeverría, Luis Felipe Dorado, Franz Choque, Adrián Oliva, Roy Moroni, Lavive Yáñez, Alex Orozco, Vanessa Moreno, Juan Luis Gantier, María Casting y el senador Roger Pinto, que exigían someter a investigaciones a fiscales y jueces, percibiendo entonces un manejo irregular en estas instancias y que ahora vuelven a salir a flote con el descubrimiento de la red de extorsión que justamente ha implicado a asesores legales del Ejecutivo y juristas de diversos ámbitos.
Los legisladores manifestaron también su preocupación porque ninguna autoridad del Ejecutivo es investigada o procesada cuando existen casos de corrupción, pues las responsabilidades siempre recaen en funcionarios de segundo nivel.
Un compendio realizado por Radiofides.com señala algunos casos que han empañado la imagen del gobierno del MAS en estos siete años de mandato.
Los 33 camiones de contrabando del 27 de julio de 2008, en Pando, implicó al minstro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, pero el único detenido fue el expresidente de la Aduana, César López.
El escándalo Santos Ramírez del 27 de enero de 2009 vio la muerte violenta del empresario Jorge O’ Connor y destapó el mayor escándalo de corrupción en YPFB, el atraco y robo de 450 mil dólares develó una red de corrupción en la que estaba implicado directamente el expresidente del Senado que hoy cumple una condena de 12 años de cárcel.
El caso de extorsión a los menonitas. En julio de 2010 el alemán Dirk Schmidt denunció que comandaba un grupo de personas que se hacían pasar por funcionarios del Gobierno y tenían la intención de extorsionar a menonitas ofreciéndoles radicatoria en el país, fue implicado en el caso el exviceministro Gustavo Torrico, que fue destituido por este caso. Funcionarios del Ministerio de Gobierno y policías estuvieron implicados en este caso.
El caso de la irregular licitación de la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande de junio de 2012 destituyó al exgerente de Plantas de Separación de Líquidos, Gerson Rojas. En este caso el presidente interino Carlos Villegas fue respaldado por el presidente Evo Morales y no fue investigado.
Cabe citar otros casos que implican la vulneración de derechos humanos como el enfrentamiento de mineros en Huanuni durante la gestión de la ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, que dejó un saldo de fallecidos. La autoridad fue relegada del cargo y ahora cumple funciones diplomáticas en el exterior.
Otro caso se dio con la represión de la marcha indígena en Chaparina del 2011, donde se atribuyen responsabilidades al exminsitro de Gobierno, Sacha Llorenti. El exactivista de derechos humanos fue respaldado por la cúpula de gobierno y ahora es Embajador de Bolivia ante la NNUU.
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