Dos semanas después del escándalo, la investigación sobre los nexos de la presunta red de extorsión y chantaje parece centrada en las conexiones que los abogados de los ministerios de la Presidencia, Gobierno y Transparencia tenían con jueces y fiscales, pero se ha estancado en avanzar hacia los supuestos cabecillas. Por eso, el magistrado del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi pidió ayer la intervención de organismos internacionales.
"Como entre ellos se van a investigar, la mayor parte de los fiscales tiene relación con el Gobierno, los jueces también, tiene que haber una instancia supra, o, internacional que investigue y nos diga estos son los responsables y asumamos eso… caso contrario los resultados que van a emanar (de la investigación) serán parcializados", dijo.
La declaración surge luego que el Movimiento Sin Miedo anunciara la interpelación a los ministros Carlos Romero, Juan Ramón Quintana y Nardi Suxo, para que respondan 100 preguntas sobre cómo dejaron operar a esa red por cinco años, según dijo la diputada de ese partido, Marcela Revollo y luego que el MAS negara conformar una comisión interparlamentaria para investigar el hecho.
Algunos abogados de opositores al actual régimen como Alberto Morales, defensor del prefecto Leopoldo Fernández, dijo que en realidad las cabezas están en el Palacio de Gobierno porque ellos mandaban a los abogados a presionar a jueces y fiscales para encarcelar a sus enemigos políticos.
Gobierno con cautela. En Santa Cruz, el vicepresidente Álvaro García Linera y en La Paz, el presidente Evo Morales se pronunciaron ayer.
"No va haber impunidad ni inmunidad... la corrupción se va a combatir sea pequeña o mediana, ya hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo”, dijo Morales, mientras que García Linera señaló que si la comisión de fiscales así lo decide, puede convocar a ministros.
En la sede de gobierno, los ministros Carlos Romero y Nardi Suxo de Transparencia coincidieron en anunciar que coordinarán acciones mientras el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero no descartó convocar a ministros y a cuanto funcionario sea nombrado en las investigaciones.
Otros diputados oficialistas salieron en defensa del diputado Héctor Arce, cuyo nombre fue salpicado por su supuesto vínculo familiar con un fiscal sospechoso.
Suman las denuncias, hay 30 casos de extorsión y chantaje
Son 36 casos. Hasta ahora cada día suman las denuncias contra los abogados gubernamentales Fernando Rivera, José Manuel Antezana y Boris Villegas, a este último ni llamaron a declarar. Actuaron con un poder especial y aparecían representando al Gobierno en varios casos sonados.
Juicio. La esposa de un fiscal acusada de ser el nexo de la red se ha querellado contra un periódico cruceño.
Cocaleros. Dirigentes de los Yungas dijeron ayer en un ampliado que quieren intervenir en la investigación del caso.
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