La diputada de Unidad Nacional (UN) María Cristina Viscarra, publicó una referencia que hizo la organización World Justice Project, donde cita que: “Bolivia refleja un clima caracterizado por la impunidad, la corrupción y la intervención política”. Con esta alusión negativa para el país, se puede reflejar el clima que se vive en los ámbitos políticos y de la administración de justicia con el descubrimiento de la red de extorsión dentro del propio Gobierno.
El exviceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, fue uno de los primeros en referirse al tema y apuntar a fiscales como Harry Suaznábar o Isabelino Gómez, como gente vinculada a Fernando Rivera, asesor destituido del Ministerio de Gobierno y principal encausado del escándalo judicial.
“No llegas a estos cargos por simpático, llegas por política”, dijo y afirmó que Rivera fue parte de procesos dentro de la Caja Nacional de Salud (CNS) y la Contraloría, entre otros, a los que habría llegado por decisión del también exviceministro de Gobierno, Marcos Farfán.
El caso de supuesta sedición y terrorismo que involucró a dos peruanos en 2011 también tiene secuela, pues el abogado Franz Bustos dijo que Boris Villegas, en su entonces cargo de director de Régimen Interior, influyó en el proceso a los implicados Hugo Minaya y Williams Minaya.
“Voz no sabes quién soy yo, me dijo Villegas y exaltado le contesté de forma grosera y él me dijo sin mover un dedo te puedo hacer aparecer muerto”, relató Bustos a Erbol, recordando una polémica audiencia.
El actual fiscal de Distrito de La Paz, José Ponce y el juez Daniel Espinal también fueron citados por el abogado.
Por su lado, Gustavo Céspedes, implicado en el caso de extorsión a Jacob Ostreicher declaró que Isabelino Gómez, exfiscal de Distrito de Santa Cruz formaba parte del equipo de Rivera y Denis Rodas.
“Quiero aclarar que el exfiscal de Distrito, Isabelino Gómez, tenía una afinidad estrecha con Denis Rodas y Fernando Rivera ya que él hacía todo lo que le pedían, inclusive se reunían en el despacho del fiscal de distrito”, dijo.
El alcance de esta red podría empañar investigaciones políticas como el caso Porvenir, supuesto terrorismo I y II.
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