El ex director de los fiscales del caso Rózsa, Marcelo Soza, está dispuesto a declarar en calidad de testigo en este proceso si es convocado por el juez, anunció ayer su abogado.
Soza fue retirado de esta causa, que investigó desde 2009, el 15 de mayo, cuando el fiscal general Ramiro Guerrero aceptó su renuncia al cargo de fiscal.
“Si las autoridades lo llaman, mi cliente está dispuesto a presentarse en calidad de testigo en el caso terrorismo (caso Rózsa). En su declaración aclarará cómo realizó la investigación, las pruebas que colectó y cómo cada una de ellas relaciona a cada acusado”, dijo ayer el abogado de Soza, Moisés Ponce de León.
El ex fiscal fue el director funcional del caso Rózsa desde que se desarticuló la supuesta célula terrorista en el hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, hasta diciembre de 2012, cuando no se presentó a la audiencia cautelar que se desarrollaba en Tarija.
Fue reemplazado por dos fiscales: Marco Antonio Rodríguez e Iván Ortiz, y su colega Sergio Céspedes asumió el rol de director funcional. Este equipo fue reforzado con abogados constitucionalistas y penalistas.
Desde el 20 de mayo comenzaron las declaraciones de descargo de los 22 acusados. El primero en contar su versión fue Mario Tadic, quien fue parte supuestamente del grupo terrorista capturado el 16 de abril de 2009.
Tadic acusó a Soza de “montar” todo el caso, además denunció que lo visitó un par de veces en la cárcel de San Pedro para ofrecerle inmunidad a cambio de acusar a personas de conformar el organismo terrorista.
Desde diciembre de 2012 los abogados de los imputados colocaron en la lista de testigos de descargo a Marcelo Soza, aunque se dudaba hasta ayer de que se presentara en la audiencia.
“Está en nuestra lista de testigos desde diciembre, cuando apareció el audio en que el dice que este caso fue montado. Queremos que esclarezca sobre la investigación y con qué motivo relacionó a todos los imputados con los delitos de terrorismo y alzamiento armado”, indicó uno de los abogados, Gary Prado.
Durante la investigación Soza relacionó a más de 40 personas con el delito de terrorismo y alzamiento armado. Luego sólo imputó a 39 de ellas y acusó a 22, declarando rebeldes a otras 17 que están fuera del país.
jueves, 30 de mayo de 2013
En Chulumani Hallan un laboratorio de cocaína que procesaba coca decomisada
La población de Chulumani protesta por el descubrimiento de un laboratorio de cocaína que tenía como materia prima la coca decomisada, por la Digecoin.
Un escándalo social y un terremoto político causó ayer en la población de Chulumani el descubrimiento de un laboratorio de cocaína que tenía como materia prima coca decomisada por la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digecoin). Es tal la molestia de algunos sectores de la población que hoy se reunirán en una suerte de cabildo, para determinar la suspensión del alcalde interino Aníbal Beltrán (MAS) y los concejales, confirmó EL DIARIO.
La irritación de los habitantes de Chulumani y de las comunidades adyacentes se debe a que por un convenio firmado con el Gobierno Municipal de Chulumani, Digecoin envía a esa Alcaldía parte de la coca decomisada para que sea procesada y convertida en abono orgánico. “Las investigaciones buscan confirmar si esa coca fue desviada a la producción de droga”, reportó Radio Yungas de la red Erbol.
Fueron los vecinos del sector paraíso (colindante a Chulumani) que denunciaron que en un domicilio del lugar existía una actividad ilegal. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) halló en el lugar 60 bultos de coca (también conocidos como “chanchitos”), señaló Radio Yungas mientras que Yungas Noticias reportó que son alrededor de 70.
En la intervención de la Felcn ocurrida el martes sólo se detuvo a un adolescente de 14 años. Se conoció que el domicilio está a cargo de una familia de cuidadores, que estarían implicados en el ilícito. Pero al cierre de la presente edición, EL DIARIO confirmó que ayer se detuvo a tres personas más que fueron trasladadas a La Paz.
El descubrimiento motivó que lleguen al lugar autoridades sindicales, sociales y hasta el mismo director de Digecoin, Luis Cutipa, quien prometió dar una conferencia de prensa, lo que no ocurrió, Cutipa se negó a declarar señalando que primero tenía que pesarse la coca para conocer qué cantidad fue encontrada en el laboratorio.
REMEZÓN
Los alcaldes de Chulumani no han tenido estabilidad política, el anterior burgomaestre, Hernán Centeno, ganó los últimos comicios apoyado por Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca de La Paz (Adepcoca), pero tuvo que renunciar ante la presión de los masistas que lo acusaron de actos de corrupción y malos manejos.
Entonces asumió Beltrán, pero éste ahora es cuestionado por la población que se siente indignada, porque la coca utilizada en el laboratorio de droga sólo pudo provenir del municipio, a través del convenio para su reciclaje en abono orgánico. Este medio conoció que en la población y entre los comunarios existe un sentimiento compartido de “vergüenza ajena” por el descubrimiento y por eso consideran exigir la renuncia de Beltrán y sus concejales.
El secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos, Juan Carlos Huanca, informó que hoy se realizará una audiencia pública para analizar este delicado tema, confirmó Yungas Noticias a través de su página web.
VÍNCULOS
Los vecinos de Chulumani establecen vínculos del municipio con el laboratorio de droga, porque en éste también se hallaron tres tanques de agua que, presumiblemente, son de propiedad municipal y que se encontraban depositados en las dependencias del ex Hospital de Chulumani. Estos recipientes estaban destinados a la elaboración del abono orgánico y debieron estar depositados en una infraestructura de la Alcaldía de Chulumani.
miércoles, 29 de mayo de 2013
Corrupción. Por un millón de usuarios de todo el mundo se hizo al menos 55 millones de transacciones ilegales.
Las autoridades estadounidenses anunciaron ayer la inculpación de una compañía financiera basada en Costa Rica y sus responsables por lavado de dinero por unos 6.000 millones de dólares, en el caso de este tipo "más grande de la historia" según la Fiscalía.
Cinco responsables y empleados de la compañía Liberty Reserve fueron detenidos el pasado viernes en operativos en Costa Rica, España y Nueva York, indicó la justicia federal estadounidense en un comunicado.
Millones de transacciones ilegales. Se trata del "caso de lavado de dinero internacional más grande de la historia", aseguró la misma fuente.
"La compañía, basada en Costa Rica, que opera un muy popular sistema cambiario on line fuera del control de los gobiernos nacionales, está acusada de haber lavado dinero por 6.000 millones" de dólares a través de transacciones ilegales entre 2006 y 2013, señaló la Fiscalía.
"Liberty Reserve efectuó supuestamente al menos 55 millones de transacciones ilegales por al menos un millón de usuarios de todo el mundo y facilitó conductas criminales globales", afirma el comunicado.
Operativo en 17 países. La investigación incluyó operativos policiales en 17 países.
En total, siete personas han sido inculpadas, entre ellas el fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, y su cofundador Vladimir Kats.
Budovsky, de 39 años y conocido también bajo los nombres de Arthur Belanchuk y Eric Paltz, ya había sido condenado en Estados Unidos en 2006 por haber intentado lanzar una operación similar de lavado de dinero a través de la empresa Gold Age.
Actividad de la compañía. Liberty Reserve (LR) permitía transacciones de dinero entre usuarios que habían abierto una cuenta en la compañía y hacia comerciantes que aceptaban a LR como forma de pago, según ese documento.
La empresa cobraba una comisión del 1% por transferencia. Por 75 centavos de dólar proveía un servicio adicional para ocultar y hacer ilocalizable el número de cuenta del usuario.
Detalles: Secuestro de 45 cuentas bancarias y 35 sitios de internet
En total, la justicia estadounidense secuestró 45 cuentas bancarias, la gran mayoría de ellas en Costa Rica y Chipre, y 35 sitios internet de transferencias de dinero utilizados para facilitar las actividades de Liberty Reserve. Las autoridades comenzaron hace años la investigación sobre esta plataforma.
El Tesoro estadounidense colocó a Liberty Reserve en su lista como "institución de primer orden de lavado de dinero" bajo la sección 311 de la ley Patriot Act, la primera vez que hace esto con una plataforma de pago electrónico por internet.
Cinco responsables y empleados de la compañía Liberty Reserve fueron detenidos el pasado viernes en operativos en Costa Rica, España y Nueva York, indicó la justicia federal estadounidense en un comunicado.
Millones de transacciones ilegales. Se trata del "caso de lavado de dinero internacional más grande de la historia", aseguró la misma fuente.
"La compañía, basada en Costa Rica, que opera un muy popular sistema cambiario on line fuera del control de los gobiernos nacionales, está acusada de haber lavado dinero por 6.000 millones" de dólares a través de transacciones ilegales entre 2006 y 2013, señaló la Fiscalía.
"Liberty Reserve efectuó supuestamente al menos 55 millones de transacciones ilegales por al menos un millón de usuarios de todo el mundo y facilitó conductas criminales globales", afirma el comunicado.
Operativo en 17 países. La investigación incluyó operativos policiales en 17 países.
En total, siete personas han sido inculpadas, entre ellas el fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, y su cofundador Vladimir Kats.
Budovsky, de 39 años y conocido también bajo los nombres de Arthur Belanchuk y Eric Paltz, ya había sido condenado en Estados Unidos en 2006 por haber intentado lanzar una operación similar de lavado de dinero a través de la empresa Gold Age.
Actividad de la compañía. Liberty Reserve (LR) permitía transacciones de dinero entre usuarios que habían abierto una cuenta en la compañía y hacia comerciantes que aceptaban a LR como forma de pago, según ese documento.
La empresa cobraba una comisión del 1% por transferencia. Por 75 centavos de dólar proveía un servicio adicional para ocultar y hacer ilocalizable el número de cuenta del usuario.
Detalles: Secuestro de 45 cuentas bancarias y 35 sitios de internet
En total, la justicia estadounidense secuestró 45 cuentas bancarias, la gran mayoría de ellas en Costa Rica y Chipre, y 35 sitios internet de transferencias de dinero utilizados para facilitar las actividades de Liberty Reserve. Las autoridades comenzaron hace años la investigación sobre esta plataforma.
El Tesoro estadounidense colocó a Liberty Reserve en su lista como "institución de primer orden de lavado de dinero" bajo la sección 311 de la ley Patriot Act, la primera vez que hace esto con una plataforma de pago electrónico por internet.
Caso Extorsión Ostreicher se niega a revelar nombres
El judío norteamericano, Jacob Ostreicher, compareció ayer ante la comisión de fiscales que investiga el presunto caso de extorsión que involucra a abogados del Ministerio de Gobierno y Presidencia, pero se negó a revelar nombres de otros implicados.
Bastante molesto el también procesado por legitimación de ganancias ilícitas y con arresto domiciliario dijo a las 15 horas que tiene la predisposición de colaborar con la justicia.
No dio nombres. Dos horas después Ostreicher salió también aburrido y en un breve contacto con la prensa dijo que está ayudando a la justicia, pero se abstuvo de dar nombres de personas comprometidas con una supuesta extorsión de 50 mil dólares y la venta de arroz incautado de su propiedad, de “personas que continúan trabajando” con el presidente Evo Morales y a quien ofreció darle a conocer personalmente los datos.
Bastante molesto el también procesado por legitimación de ganancias ilícitas y con arresto domiciliario dijo a las 15 horas que tiene la predisposición de colaborar con la justicia.
No dio nombres. Dos horas después Ostreicher salió también aburrido y en un breve contacto con la prensa dijo que está ayudando a la justicia, pero se abstuvo de dar nombres de personas comprometidas con una supuesta extorsión de 50 mil dólares y la venta de arroz incautado de su propiedad, de “personas que continúan trabajando” con el presidente Evo Morales y a quien ofreció darle a conocer personalmente los datos.
martes, 28 de mayo de 2013
Ostreicheir, la peor película con gente malvada que vi: Sean Penn
Eran las 15:00 cuando Sean Penn ingresaba en el Rayburn House Office Building del Capitolio. Pocas veces un ganador del Óscar llega hasta el centro del poder en Washington para dirigirse a los parlamentarios. Esta vez, la cita tenía un nombre: Jacob Ostreicher.
El actor llegó puntualmente al salón 2172. Entró y fue aplaudido. Había expectativa por lo que tenía que decir. Iba a testificar sobre la historia de un judío empresario al que se le ocurrió invertir más de $us 20 millones en cultivos de arroz, en Santa Cruz, Bolivia. Sin embargo, está detenido hace dos años. Lo acusan de legitimar ganancias ilícitas y ha sido el protagonista del destape de la peor red de extorsión en el Gobierno boliviano.
Sean Penn hizo revelaciones. Contó que un rabino en Venezuela le pidió que hiciera conocer el caso de Jacob Ostreicher al expresidente de Venezuela Hugo Chávez. A través de él, llegó a Evo Morales. “Cuando vi a Jacob Ostreicher, no pude dejarlo más”, dijo.
El congresista republicano Christopher Smith le dio la bienvenida. No es ajeno al caso, estuvo en Bolivia, visitó a Ostreicher y también buscó a las autoridades nacionales para hablar de su caso. Mientras el actor era recibido, se escuchaba el sonido de las cámaras fotográficas de reporteros de diarios del mundo, que captaban cada uno de sus movimientos. Sean Penn llevaba un ayuda memoria, aunque después se supo que conoce al dedillo la historia de su compatriota Ostreicher.
El congresista hizo una introducción en la que recordó dos audiencias anteriores, en junio y agosto de 2012, en las que se tocó el mismo tema. En ambas oportunidades declararon la esposa y la hija de Ostreicher, así como un policía del FBI, Steve Moore, que investigó su caso en Bolivia. También acudieron los abogados bolivianos del empresario estadounidense, Yimi Montaño y Jerjes Justiniano. Ahora era el turno de Sean Penn. Todos los testimonios proclamaron la inocencia de Ostreicher, denunciaron el robo de su dinero y del arroz y demandaron que sea liberado. También dejaron claro que hay 14 detenidos y 10 fugitivos por las denuncias de extorsión.
Para los congresistas Christopher Smith y Nidia Velásquez, que estuvieron en Bolivia, uno de los testimonios más valiosos es el del exabogado del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, quien dijo que para llevar adelante la investigación de Ostreicher solo obedeció órdenes del entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti.
También hicieron conocer un reporte del Departamento de Estado sobre violación a los derechos humanos de Ostreicher que fue elevado a las Naciones Unidas. El documento refiere que Jacob fue detenido de forma arbitraria, despojado de su producción de 20.000 toneladas de arroz, que ya pasan casi dos años de la investigación y que solo hay excusas para no liberarlo, ‘porque no hay evidencias en su contra’. También dijeron estar seguros de que la vida de Ostreicher corre peligro, porque ya le retiraron la custodia policial de su casa y advierten que en adelante cualquier cosa que le pase es responsabilidad del Gobierno de Bolivia.
El encuentro con Evo
Sean Penn llegó a Bolivia en febrero de 2012 por primera vez como embajador de las víctimas del terremoto de Haití. Se encontró con Evo Morales, a quien calificó como un hombre dedicado a su gente. “Es importante creer”, dijo y señaló que la campaña boliviana por la hoja de coca no ha sido bien entendida en Estados Unidos y que eso crea roces entre ambos países. También cuestionó al poder estadounidense al afirmar que, desde que un indígena gobierna Bolivia, ha usado la propaganda para oponerse a este líder elegido por la vía democrática.
“En junio de 2012, hice mi propia investigación con colegas en Venezuela y Bolivia. Estoy convencido de la inocencia de Jacob, también tengo en mente que su juicio se llevó de una manera atípica en Bolivia. El presidente Morales preside en medio de un sistema judicial corrupto, roto, que incluye una red de extorsión que hizo mucho daño a la población. Este presidente, en mi presencia, llamó al ministro de Gobierno y dijo que el caso de Jacob era un mal caso”.
Red de extorsión
Sean Penn explicó que en Bolivia operaba una red de extorsión sin precedentes. “El único crimen que cometió Ostreicher fue producir arroz y dar trabajo a mucha gente, pero todo le fue robado y vendido hasta que lo perdió”.
El socio de Ostreicher, un empresario suizo llamado Andrés Solty, intentó investigar el caso a través de Interpol y explicó que el dinero de Jacob ingresó a Bolivia a través del Banco Central, por la vía legal; a pesar de eso, fue enviado a la cárcel
Infierno dantesco
El actor calificó a la cárcel de Palmasola como un infierno dantesco, donde hay 4.500 reos. “En Bolivia me presenté en la casa del embajador de Venezuela Cris Gonzales. Me aseguraron que Jacob sería liberado sin necesidad de audiencia. Me llevaron por transporte militar a Santa Cruz y en la Corte (de Justicia) pude ver a Jacob muy mal de salud. Le dije que pronto vería a su esposa y a sus 11 hijos. Me respondió que no sería así “porque esa gente lo quería matar, eran peligrosos”.
“Jamás he visto una peor película, con personas caricaturescas y malvadas como las que vi en esa Corte. A pesar de la evidencia inequívoca, no lo liberaron”. Penn señaló que los jueces fueron intimidados por los fiscales, sin ninguna lógica. “Los fiscales cuestionaron el certificado médico de Jacob y fue una lucha para mantenerlo en la clínica”.
Relató que ahora Ostreicher sigue sufriendo. Sean Penn volvió a hablar de Evo Morales, ratificó que es un ejemplo de lucha por los derechos. “Los bolivianos han demostrado su valentía y capacidad; por eso, en solidaridad con el presidente Morales, les pido que esta Cámara de Representantes ponga todas sus herramientas para persuadir al sistema boliviano de dejar libre a Jacob”.
El Rally Dakar
El actor sorprendió cuando dijo que hace falta presión internacional e introdujo el Rally Dakar como la ocasión para que el mundo conozca el caso Ostreicher y así ayudar a Evo Morales en su lucha por la libertad y la justicia. “El Dakar no encaja con la triste realidad de las cárceles bolivianas, donde dos terceras partes de la población esperan juicio. Pido que llamen a las compañías petroquímicas y otras multinacionales para que ellos decidan que no harán patrocinio al Dakar si no se libera a Jacob Ostreicher y se permiten las reformas judiciales para asegurar que estos casos no vuelvan a ocurrir”.
A Sean Penn le preocupa que sus declaraciones enojen a Evo Morales, como cree que ocurrió cuando criticó a la justicia boliviana durante una rueda de prensa en Santa Cruz. “Seguramente le molestará lo que diga hoy”, dijo, pero fue contundente en su defensa de Jacob Ostreicher.
Puede pasar de nuevo
Al criticar al sistema judicial boliviano, Penn expuso que a cualquier turista se le puede inventar cargos y enviar a la cárcel como hicieron con Jacob. “Imagínense el peligro de que otro turista que venga a ver el Dakar sea víctima de este sistema judicial y que lo pongan en la cárcel por cargos que no son basados en ningún hecho. Hay que ayudar al presidente Morales a sacar el cáncer que está dañando la justicia boliviana y liderar la lucha por los derechos humanos”.
Sin arrogancia
Los argumentos de Sean Penn eran firmes y estaban logrando el objetivo. Los congresistas Christopher Smith, Bass Engel y Nidia Velásquez comenzaron a considerar el envío de cartas a los partidos Demócrata y Republicano de Estados Unidos, así como a las compañías que auspician el Dakar para que no patrocinen el ingreso del rally a Bolivia si no se libera a Ostreicher. No obstante, Bass Engel expresó dudas cuestionando si el envío de esas cartas podría dañar la relación de su Gobierno con el de Evo Morales. “Yo me pregunto por qué el presidente Morales no pudo liberar a Jacob, ¿o es que sigue recibiendo presiones de la red de extorsión?”, cuestionó.
Sean Penn respondió que Estados Unidos necesita tener embajador en Bolivia, porque las cosas no se pueden mantener en el estado en que están. Además, consideró que es difícil manejar situaciones como esta de manera pública, ya que lo que se diga debe ser en el marco del respeto, para no parecer arrogantes. “Yo creo que la vida de Jacob corre peligro. No estoy exagerando. La libertad de mucha gente está en peligro. Es difícil que entendamos en Estados Unidos. No queremos lamentarnos y tenemos que unirnos con el Gobierno de Bolivia, que reconoce que este es un mal caso”, afirmó.
Mejorar relaciones
La congresista Bass preguntó si las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos mejorarían si se libera a Ostreicher y Penn respondió que se debe confiar. “En Estados Unidos la población quiere tener relación con el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales”, sentenció y fue respaldado por la congresista Nidia Velásquez, quien aseguró que su país apoya todos los procesos democráticos del mundo y que habrá oportunidad de mejorar la calidad de las relaciones tras resolver el caso de Ostreicher.
No obstante, Sean Penn lamentó que mientras no haya cambios en el Poder Judicial boliviano, no tiene esperanzas de que liberen a Ostreicher
“Sabemos que hay violación a los derechos humanos de mucha gente en Bolivia”
CHRISTOPHER SMITH - CONGRESISTA REPUBLICANO DE EEUU -
Es el presidente del subcomité de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos. Es republicano y comparte, con sus colegas demócratas, la preocupación por Jacob Ostreicher. Estuvo en Bolivia para pedir por el estadounidense que está preso. Destacó el rol del periodismo boliviano por poner en la palestra la situación de su compatriota. El lunes dialogó con EL DEBER.
¿Cómo nace la idea de una ley que vete a los que violan los derechos humanos para acceder a visas de ingreso a su país?
Para proteger los derechos humanos se escribió una ley que se llama Ley de Jacob. Se aplicaría en el caso de gente de cualquier Gobierno que se involucre en torturas u otra clase de violación a los derechos humanos para que no entren a Estados Unidos. Queremos seguir lo que ya hace la Unión Europea, que prohíbe el ingreso a personas comprometidas en crímenes y humillaciones como en el caso de Jacob Ostreicher.
¿Qué sabe de la realidad de derechos humanos en Bolivia?
Lo que conozco es que la violación a los derechos humanos está sucediendo con muchas personas en Bolivia. Se amenaza a la gente a diario y se le dice que la van a encarcelar sin ninguna prueba o la van a matar. Por eso es importante, es más que el caso de Jacob, queremos ayudar en el proceso de reformas judiciales en Bolivia.
Se ha hablado de Sacha Llorenti. ¿Qué sabe de él?
Tenemos un informe del Departamento de Estado basado en una declaración del exasesor Fernando Rivera, que dice claramente que investigó y llevó a la cárcel a Jacob Ostreicher porque obedecía órdenes del ministro Sacha Llorenti, ahora asignado en Nueva York como representante ante las Naciones Unidas por los Derechos Humanos. Es posible que tengamos que invitarlo a su testificación, sería importante como lo están haciendo muchos personajes. Es posible que él no quiera venir, pero aprovecho la oportunidad para indicar que cualquier autoridad de Gobierno que esté dispuesta a hablar de manera pública del caso será bienvenida
El actor llegó puntualmente al salón 2172. Entró y fue aplaudido. Había expectativa por lo que tenía que decir. Iba a testificar sobre la historia de un judío empresario al que se le ocurrió invertir más de $us 20 millones en cultivos de arroz, en Santa Cruz, Bolivia. Sin embargo, está detenido hace dos años. Lo acusan de legitimar ganancias ilícitas y ha sido el protagonista del destape de la peor red de extorsión en el Gobierno boliviano.
Sean Penn hizo revelaciones. Contó que un rabino en Venezuela le pidió que hiciera conocer el caso de Jacob Ostreicher al expresidente de Venezuela Hugo Chávez. A través de él, llegó a Evo Morales. “Cuando vi a Jacob Ostreicher, no pude dejarlo más”, dijo.
El congresista republicano Christopher Smith le dio la bienvenida. No es ajeno al caso, estuvo en Bolivia, visitó a Ostreicher y también buscó a las autoridades nacionales para hablar de su caso. Mientras el actor era recibido, se escuchaba el sonido de las cámaras fotográficas de reporteros de diarios del mundo, que captaban cada uno de sus movimientos. Sean Penn llevaba un ayuda memoria, aunque después se supo que conoce al dedillo la historia de su compatriota Ostreicher.
El congresista hizo una introducción en la que recordó dos audiencias anteriores, en junio y agosto de 2012, en las que se tocó el mismo tema. En ambas oportunidades declararon la esposa y la hija de Ostreicher, así como un policía del FBI, Steve Moore, que investigó su caso en Bolivia. También acudieron los abogados bolivianos del empresario estadounidense, Yimi Montaño y Jerjes Justiniano. Ahora era el turno de Sean Penn. Todos los testimonios proclamaron la inocencia de Ostreicher, denunciaron el robo de su dinero y del arroz y demandaron que sea liberado. También dejaron claro que hay 14 detenidos y 10 fugitivos por las denuncias de extorsión.
Para los congresistas Christopher Smith y Nidia Velásquez, que estuvieron en Bolivia, uno de los testimonios más valiosos es el del exabogado del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, quien dijo que para llevar adelante la investigación de Ostreicher solo obedeció órdenes del entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti.
También hicieron conocer un reporte del Departamento de Estado sobre violación a los derechos humanos de Ostreicher que fue elevado a las Naciones Unidas. El documento refiere que Jacob fue detenido de forma arbitraria, despojado de su producción de 20.000 toneladas de arroz, que ya pasan casi dos años de la investigación y que solo hay excusas para no liberarlo, ‘porque no hay evidencias en su contra’. También dijeron estar seguros de que la vida de Ostreicher corre peligro, porque ya le retiraron la custodia policial de su casa y advierten que en adelante cualquier cosa que le pase es responsabilidad del Gobierno de Bolivia.
El encuentro con Evo
Sean Penn llegó a Bolivia en febrero de 2012 por primera vez como embajador de las víctimas del terremoto de Haití. Se encontró con Evo Morales, a quien calificó como un hombre dedicado a su gente. “Es importante creer”, dijo y señaló que la campaña boliviana por la hoja de coca no ha sido bien entendida en Estados Unidos y que eso crea roces entre ambos países. También cuestionó al poder estadounidense al afirmar que, desde que un indígena gobierna Bolivia, ha usado la propaganda para oponerse a este líder elegido por la vía democrática.
“En junio de 2012, hice mi propia investigación con colegas en Venezuela y Bolivia. Estoy convencido de la inocencia de Jacob, también tengo en mente que su juicio se llevó de una manera atípica en Bolivia. El presidente Morales preside en medio de un sistema judicial corrupto, roto, que incluye una red de extorsión que hizo mucho daño a la población. Este presidente, en mi presencia, llamó al ministro de Gobierno y dijo que el caso de Jacob era un mal caso”.
Red de extorsión
Sean Penn explicó que en Bolivia operaba una red de extorsión sin precedentes. “El único crimen que cometió Ostreicher fue producir arroz y dar trabajo a mucha gente, pero todo le fue robado y vendido hasta que lo perdió”.
El socio de Ostreicher, un empresario suizo llamado Andrés Solty, intentó investigar el caso a través de Interpol y explicó que el dinero de Jacob ingresó a Bolivia a través del Banco Central, por la vía legal; a pesar de eso, fue enviado a la cárcel
Infierno dantesco
El actor calificó a la cárcel de Palmasola como un infierno dantesco, donde hay 4.500 reos. “En Bolivia me presenté en la casa del embajador de Venezuela Cris Gonzales. Me aseguraron que Jacob sería liberado sin necesidad de audiencia. Me llevaron por transporte militar a Santa Cruz y en la Corte (de Justicia) pude ver a Jacob muy mal de salud. Le dije que pronto vería a su esposa y a sus 11 hijos. Me respondió que no sería así “porque esa gente lo quería matar, eran peligrosos”.
“Jamás he visto una peor película, con personas caricaturescas y malvadas como las que vi en esa Corte. A pesar de la evidencia inequívoca, no lo liberaron”. Penn señaló que los jueces fueron intimidados por los fiscales, sin ninguna lógica. “Los fiscales cuestionaron el certificado médico de Jacob y fue una lucha para mantenerlo en la clínica”.
Relató que ahora Ostreicher sigue sufriendo. Sean Penn volvió a hablar de Evo Morales, ratificó que es un ejemplo de lucha por los derechos. “Los bolivianos han demostrado su valentía y capacidad; por eso, en solidaridad con el presidente Morales, les pido que esta Cámara de Representantes ponga todas sus herramientas para persuadir al sistema boliviano de dejar libre a Jacob”.
El Rally Dakar
El actor sorprendió cuando dijo que hace falta presión internacional e introdujo el Rally Dakar como la ocasión para que el mundo conozca el caso Ostreicher y así ayudar a Evo Morales en su lucha por la libertad y la justicia. “El Dakar no encaja con la triste realidad de las cárceles bolivianas, donde dos terceras partes de la población esperan juicio. Pido que llamen a las compañías petroquímicas y otras multinacionales para que ellos decidan que no harán patrocinio al Dakar si no se libera a Jacob Ostreicher y se permiten las reformas judiciales para asegurar que estos casos no vuelvan a ocurrir”.
A Sean Penn le preocupa que sus declaraciones enojen a Evo Morales, como cree que ocurrió cuando criticó a la justicia boliviana durante una rueda de prensa en Santa Cruz. “Seguramente le molestará lo que diga hoy”, dijo, pero fue contundente en su defensa de Jacob Ostreicher.
Puede pasar de nuevo
Al criticar al sistema judicial boliviano, Penn expuso que a cualquier turista se le puede inventar cargos y enviar a la cárcel como hicieron con Jacob. “Imagínense el peligro de que otro turista que venga a ver el Dakar sea víctima de este sistema judicial y que lo pongan en la cárcel por cargos que no son basados en ningún hecho. Hay que ayudar al presidente Morales a sacar el cáncer que está dañando la justicia boliviana y liderar la lucha por los derechos humanos”.
Sin arrogancia
Los argumentos de Sean Penn eran firmes y estaban logrando el objetivo. Los congresistas Christopher Smith, Bass Engel y Nidia Velásquez comenzaron a considerar el envío de cartas a los partidos Demócrata y Republicano de Estados Unidos, así como a las compañías que auspician el Dakar para que no patrocinen el ingreso del rally a Bolivia si no se libera a Ostreicher. No obstante, Bass Engel expresó dudas cuestionando si el envío de esas cartas podría dañar la relación de su Gobierno con el de Evo Morales. “Yo me pregunto por qué el presidente Morales no pudo liberar a Jacob, ¿o es que sigue recibiendo presiones de la red de extorsión?”, cuestionó.
Sean Penn respondió que Estados Unidos necesita tener embajador en Bolivia, porque las cosas no se pueden mantener en el estado en que están. Además, consideró que es difícil manejar situaciones como esta de manera pública, ya que lo que se diga debe ser en el marco del respeto, para no parecer arrogantes. “Yo creo que la vida de Jacob corre peligro. No estoy exagerando. La libertad de mucha gente está en peligro. Es difícil que entendamos en Estados Unidos. No queremos lamentarnos y tenemos que unirnos con el Gobierno de Bolivia, que reconoce que este es un mal caso”, afirmó.
Mejorar relaciones
La congresista Bass preguntó si las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos mejorarían si se libera a Ostreicher y Penn respondió que se debe confiar. “En Estados Unidos la población quiere tener relación con el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales”, sentenció y fue respaldado por la congresista Nidia Velásquez, quien aseguró que su país apoya todos los procesos democráticos del mundo y que habrá oportunidad de mejorar la calidad de las relaciones tras resolver el caso de Ostreicher.
No obstante, Sean Penn lamentó que mientras no haya cambios en el Poder Judicial boliviano, no tiene esperanzas de que liberen a Ostreicher
“Sabemos que hay violación a los derechos humanos de mucha gente en Bolivia”
CHRISTOPHER SMITH - CONGRESISTA REPUBLICANO DE EEUU -
Es el presidente del subcomité de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos. Es republicano y comparte, con sus colegas demócratas, la preocupación por Jacob Ostreicher. Estuvo en Bolivia para pedir por el estadounidense que está preso. Destacó el rol del periodismo boliviano por poner en la palestra la situación de su compatriota. El lunes dialogó con EL DEBER.
¿Cómo nace la idea de una ley que vete a los que violan los derechos humanos para acceder a visas de ingreso a su país?
Para proteger los derechos humanos se escribió una ley que se llama Ley de Jacob. Se aplicaría en el caso de gente de cualquier Gobierno que se involucre en torturas u otra clase de violación a los derechos humanos para que no entren a Estados Unidos. Queremos seguir lo que ya hace la Unión Europea, que prohíbe el ingreso a personas comprometidas en crímenes y humillaciones como en el caso de Jacob Ostreicher.
¿Qué sabe de la realidad de derechos humanos en Bolivia?
Lo que conozco es que la violación a los derechos humanos está sucediendo con muchas personas en Bolivia. Se amenaza a la gente a diario y se le dice que la van a encarcelar sin ninguna prueba o la van a matar. Por eso es importante, es más que el caso de Jacob, queremos ayudar en el proceso de reformas judiciales en Bolivia.
Se ha hablado de Sacha Llorenti. ¿Qué sabe de él?
Tenemos un informe del Departamento de Estado basado en una declaración del exasesor Fernando Rivera, que dice claramente que investigó y llevó a la cárcel a Jacob Ostreicher porque obedecía órdenes del ministro Sacha Llorenti, ahora asignado en Nueva York como representante ante las Naciones Unidas por los Derechos Humanos. Es posible que tengamos que invitarlo a su testificación, sería importante como lo están haciendo muchos personajes. Es posible que él no quiera venir, pero aprovecho la oportunidad para indicar que cualquier autoridad de Gobierno que esté dispuesta a hablar de manera pública del caso será bienvenida
Exjuez revela que banca suiza certificó legalidad de dinero de Jacob Ostreicher
El exjuez cautelar décimo, Zenón Edmundo Rodríguez Zeballos, el 28 de noviembre de 2012, reveló en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen que el súbdito estadounidense, Jacob Ostreicher, tenía los papeles en orden, sobre los recursos económicos que ingresó a Bolivia para invertir en ganadería y agricultura.
Una semana después que el norteamericano -mediante una carta- solicitara al presidente Evo Morales una audiencia para decir su verdad del proceso que la justicia abrió en su contra, por presunta legitimación de ganancias ilícitas y vínculos con el narcotráfico, Erbol tuvo acceso a un documento policial firmado por el exjuez que aclara el origen y destino del dinero.
En el documento identifica a la fiscal Janeth Velarde de impedir la liberación de Ostreicher, no obstante las evidencias que demostraban su inocencia respecto al motivo de la acusación.
“El imputado (Ostreicher) solicitó cesación a la detención preventiva y en fecha 23 de mayo de 2011, ante los contundentes nuevos elementos que ofreció el procesado para poner en duda su participación en el hecho que se le atribuye, entre ellos certificación de la policía federal suiza de que su inversor Andrés Zolti no tenía ningún antecedente por lavado de dinero en toda Europa, así lo expresaba una certificación adicional de Interpol”, indica el testimonio escrito.
Jimmy Montaño, abogado defensor del súbdito norteamericano, Jacob Ostreicher, criticó ayer que existen personas que “no permiten” que el presidente Evo Morales sepa la verdad sobre una denuncia que posteriormente derivó en el denominado caso Extorsión.
El representante legal indicó que su defendido tiene mil 500 documentos que demuestran su inocencia, pero que hasta la fecha ese juicio no concluyó y por el contrario, se encuentra paralizado.
Ostreicher en la actualidad guarda detención domiciliaria, tras permanecer 18 meses detenido en el penal de Palmasola, acusado de legitimación de ganancias ilícitas y presuntos vínculos con el narcotráfico.
En la declaración a la Policía, Zenón Edmundo Rodríguez Zeballos reveló que el dinero que consiguió Ostreicher ingresó legalmente al país, a través de los bancos De Crédito y Mercantil Santa Cruz.
Rodríguez señala que a raíz de su intención de liberar al ciudadano norteamericano, se le libró una orden de aprehensión por un supuesto acto de prevaricato.
Una semana después que el norteamericano -mediante una carta- solicitara al presidente Evo Morales una audiencia para decir su verdad del proceso que la justicia abrió en su contra, por presunta legitimación de ganancias ilícitas y vínculos con el narcotráfico, Erbol tuvo acceso a un documento policial firmado por el exjuez que aclara el origen y destino del dinero.
En el documento identifica a la fiscal Janeth Velarde de impedir la liberación de Ostreicher, no obstante las evidencias que demostraban su inocencia respecto al motivo de la acusación.
“El imputado (Ostreicher) solicitó cesación a la detención preventiva y en fecha 23 de mayo de 2011, ante los contundentes nuevos elementos que ofreció el procesado para poner en duda su participación en el hecho que se le atribuye, entre ellos certificación de la policía federal suiza de que su inversor Andrés Zolti no tenía ningún antecedente por lavado de dinero en toda Europa, así lo expresaba una certificación adicional de Interpol”, indica el testimonio escrito.
Jimmy Montaño, abogado defensor del súbdito norteamericano, Jacob Ostreicher, criticó ayer que existen personas que “no permiten” que el presidente Evo Morales sepa la verdad sobre una denuncia que posteriormente derivó en el denominado caso Extorsión.
El representante legal indicó que su defendido tiene mil 500 documentos que demuestran su inocencia, pero que hasta la fecha ese juicio no concluyó y por el contrario, se encuentra paralizado.
Ostreicher en la actualidad guarda detención domiciliaria, tras permanecer 18 meses detenido en el penal de Palmasola, acusado de legitimación de ganancias ilícitas y presuntos vínculos con el narcotráfico.
En la declaración a la Policía, Zenón Edmundo Rodríguez Zeballos reveló que el dinero que consiguió Ostreicher ingresó legalmente al país, a través de los bancos De Crédito y Mercantil Santa Cruz.
Rodríguez señala que a raíz de su intención de liberar al ciudadano norteamericano, se le libró una orden de aprehensión por un supuesto acto de prevaricato.
Rojas pide a la justicia se investigue por corrupción al Presidente de YPFB
El exejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gerson Rojas, quien cumple una detención preventiva en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz, por presuntos hechos de corrupción en la estatal petrolera, pidió este lunes a la justicia se investigue al presidente de esta instancia Carlos Villegas porque habría sido el principal responsable del proceso contratación de la empresa encargada para la instalación de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, del departamento cruceño.
Rojas afirmó que se realizó una auditoria que señala que el responsable de las negociaciones de contratación es el Presidente de la estatal petrolera, además de otros investigados de YPFB como el director jurídico Marcelo Canseco y Edwin Aldunate, gerente nacional de Administración y Finanzas.
"Existe ahora un forense para una auditoria que hicieron del proceso de contratación donde indica claramente que el responsable del proceso de contratación es Carlos Villegas, el responsable de elaborar el documento base de contratación es Edwin Aldunate y el responsable de elaborar el contrato es Marcelo Canseco. Yo creo que es una obligación del Ministerio Público sentarlos a los que han sido responsables de contratación", manifestó el exejecutivo de YPFB.
Rojas lamentó que el Gobierno del presidente Morales utilice criterios políticos antes que los técnicos en los cargos importantes de YPFB. "Si ustedes desean que ese cargo político sea para un masista era simplemente que me pidan la renuncia yo hubiera renunciado no era necesario hacer todo este show que estamos haciendo hoy en día".
A consecuencia de un accidente de tránsito cometido por Gerson Rojas el 17 de junio de 2012 se conoció de presuntos hechos de corrupción entre la empresa estatal YPFB y la argentina Asociación Evangelista Sociedad Anónima (AESA).
El Ministerio Público en las investigaciones realizadas encuentra en las cajas de un banco 90.000 dólares y apuntes de movimientos bancarios a nombre de Rojas y del exejecutivo Agustín Ugarte. De dichas cuentas se habían extraído 400.000 dólares el 30 de junio de ese año.
Rojas afirmó que se realizó una auditoria que señala que el responsable de las negociaciones de contratación es el Presidente de la estatal petrolera, además de otros investigados de YPFB como el director jurídico Marcelo Canseco y Edwin Aldunate, gerente nacional de Administración y Finanzas.
"Existe ahora un forense para una auditoria que hicieron del proceso de contratación donde indica claramente que el responsable del proceso de contratación es Carlos Villegas, el responsable de elaborar el documento base de contratación es Edwin Aldunate y el responsable de elaborar el contrato es Marcelo Canseco. Yo creo que es una obligación del Ministerio Público sentarlos a los que han sido responsables de contratación", manifestó el exejecutivo de YPFB.
Rojas lamentó que el Gobierno del presidente Morales utilice criterios políticos antes que los técnicos en los cargos importantes de YPFB. "Si ustedes desean que ese cargo político sea para un masista era simplemente que me pidan la renuncia yo hubiera renunciado no era necesario hacer todo este show que estamos haciendo hoy en día".
A consecuencia de un accidente de tránsito cometido por Gerson Rojas el 17 de junio de 2012 se conoció de presuntos hechos de corrupción entre la empresa estatal YPFB y la argentina Asociación Evangelista Sociedad Anónima (AESA).
El Ministerio Público en las investigaciones realizadas encuentra en las cajas de un banco 90.000 dólares y apuntes de movimientos bancarios a nombre de Rojas y del exejecutivo Agustín Ugarte. De dichas cuentas se habían extraído 400.000 dólares el 30 de junio de ese año.
CN exige a Ostreicher publicar nómina de “extorsionadores”
Los legisladores de la oposición exigieron ayer al ciudadano norteamericano, Jacob Ostreicher, hacer conocer los nombres de los funcionarios públicos que supuestamente estarían involucrados en el caso de la red de extorsión y corrupción, que citó a través de la carta remitida al presidente Evo Morales la anterior semana. Los asambleístas opositores señalaron que la divulgación de los nombres será la clave para intensificar las investigaciones sobre el caso.
Ostreicher, en las últimas semanas, envió dos misivas al presidente Evo Morales para hacer conocer su caso a mayor profundidad. Él fue detenido más de 18 meses en el penal de Palmasola en Santa Cruz, acusado por supuesta legitimación de ganancias ilícitas, y en diciembre de 2012 le declararon detención domiciliaria. Según el empresario estadounidense, llegó al país hace más de cuatro años para invertir cerca de $us 26 millones en la producción de arroz en la capital oriental, generando fuentes de empleo para bolivianos.
En las cartas, de acuerdo con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, existen menciones sobre algunos nombres de funcionarios que estaría denunciando el empresario, por lo que el Gobierno señaló que es un tema jurídico y no político.
Para el diputado opositor Luis Felipe Dorado, ante la negativa del Ejecutivo de atender esas denuncias, el Gobierno debe responder de inmediato ante lo expuesto por Ostreicher, a través de una publicación, con la nómina de funcionarios gubernamentales que estarían involucrados en el caso de corrupción a su persona.
“El señor Ostreicher ha dicho que conoce a autoridades incluidas en el caso de corrupción, nosotros le pedimos al señor Ostreicher que de una vez presente quiénes son las autoridades que están incluidas en la corrupción y extorsión para que nosotros podamos investigar a fondo a esas autoridades, porque si él no lo está haciendo y simplemente quiere decírselo al presidente Morales estaría entrando en encubrimiento”, afirmó.
Ostreicher, en las últimas semanas, envió dos misivas al presidente Evo Morales para hacer conocer su caso a mayor profundidad. Él fue detenido más de 18 meses en el penal de Palmasola en Santa Cruz, acusado por supuesta legitimación de ganancias ilícitas, y en diciembre de 2012 le declararon detención domiciliaria. Según el empresario estadounidense, llegó al país hace más de cuatro años para invertir cerca de $us 26 millones en la producción de arroz en la capital oriental, generando fuentes de empleo para bolivianos.
En las cartas, de acuerdo con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, existen menciones sobre algunos nombres de funcionarios que estaría denunciando el empresario, por lo que el Gobierno señaló que es un tema jurídico y no político.
Para el diputado opositor Luis Felipe Dorado, ante la negativa del Ejecutivo de atender esas denuncias, el Gobierno debe responder de inmediato ante lo expuesto por Ostreicher, a través de una publicación, con la nómina de funcionarios gubernamentales que estarían involucrados en el caso de corrupción a su persona.
“El señor Ostreicher ha dicho que conoce a autoridades incluidas en el caso de corrupción, nosotros le pedimos al señor Ostreicher que de una vez presente quiénes son las autoridades que están incluidas en la corrupción y extorsión para que nosotros podamos investigar a fondo a esas autoridades, porque si él no lo está haciendo y simplemente quiere decírselo al presidente Morales estaría entrando en encubrimiento”, afirmó.
lunes, 27 de mayo de 2013
Escándalo de corrupción "Villegas me dio la espalda para salvar su gestión"
Con un mejor semblante que hace 11 meses y releyendo su expediente, así encontramos a Gerson Rojas, el exgerente nacional de las Plantas de Separación de Líquidos de YPFB, acusado de cometer actos de corrupción en la licitación de la Planta de Río Grande.
Ya no tiene barba, desde hace tres meses dejó el improvisado Centro de Salud de la cárcel de Palmasola, y a los reos enfermos que le hacían compañía. Ahora habita en el pabellón 14. Cuando no analiza su caso, se distrae con los tambores y la euforia que provocan los partidos de fútbol en el penal, ya que la cancha se encuentra a escasos metros de su celda.
Su nombre dejó de ser noticia, solo su abogado y sus familiares son los que lo visitan o se ocupan de su caso. Por segunda vez accedió a hablar con El Día. “Busqué a otro medio pero no quisieron escucharme”, dijo Rojas.
Cuando lo visitamos se jugaba un partido de fútbol y en medio de los gritos de gol, acusó a Carlos Villegas, presidente de la petrolera estatal, de haberle dado “la espalda” tras estallar este caso, que ya no ocupa titulares de periódicos y ni segundos en televisión.
P. Ha pasado casi un año ¿por qué su caso se está alargando?
G.R.: Porque hay presión de parte de YPFB y del Ministerio de Transparencia. A mi abogado no le dan información que considero necesaria para mi defensa.
Incluso el oficial asignado al caso indica que hay presiones para que no me den esa documentación.
Hemos hablado al Ministerio Público, e indica lo mismo.
Cuando definitivamente las leyes demuestren que soy culpable de algo, voy a tener que pagar. Pero no creo que sea noble de parte del Estado generar una presión política para que los hechos salgan incriminado a Gerson Rojas.
El pecado. Los gritos y tambores se apagan, acabó el primer tiempo del partido de fútbol. Rojas destapa una gaseosa, toma un sorbo y continúa su relato. Menciona que el principal pecado de él y las otras personas detenidas por este caso fue no formar parte del partido de Gobierno.
"Nuestro pecado fue que no somos masistas, ¿qué otra respuesta podemos encontrar?. Todas las direcciones de YPFB estaban ocupadas por masistas, pero yo entré por concurso de méritos. Fui evaluado por un grupo de profesionales venezolanos, para impulsar los proyectos de Río Grande y Gran Chaco", aseguró.
P. Pero entonces, ¿cuál es el sustento legal para su detención? El único sustento legal que tienen son los $us 90.000, de mi cajas que tenía en el Banco, los que he declarado. En ese momento dije que tenía acciones en una empresa y que yo percibía, al margen de YPFB otros ingresos. No me dieron la posibilidad de mostrar de que este dinero era legal, pese que de acuerdo a Ley tenía 72 horas para hacerlo.
P. ¿Cree que Villegas le dio la espalda, pese a ser una persona de confianza para él?
C.G.: Sí, en el sentido en que hemos sido los dos los que hemos llevado adelante el Proyecto de Río Grande y Gran Chaco, con su apoyo formamos la gerencia de Planta de Separación de Líquidos.
No entiendo como una persona que ha llevado adelante conmigo este proyecto, hoy me de la espalda. El perseguía ésto igual que yo.
¿Cómo puede ser que Villegas defendiendo su gestión diga que no ha habido irregularidades?, y yo sigo detenido, sin que haya una prueba en mi contra y contra las otras personas que están presas.
Villegas tiene que ser investigado, porque mi gerencia no tomaba sus propias decisiones, dependía de la máxima autoridad. Cómo puede ser que el único culpable sea yo,¿ dónde están los demás?. No hay ninguna persona detenida de AESA o de Técnicas Reunidas, Aparte de mi persona no hay detenidos, y yo no era el único que llevaba adelante ese proyecto. Había un equipo de 40 personas. Estaban metidos parte de la gerencia de Administración de Finanzas, que responden a Edwin Alduante. Estaba la vicepresidencia de operaciones, de la cual dependía yo, que estaba a la cabeza del ingeniero Johnny Salazar y la dirección Legal, Marcelo Canseco.
P. ¿Qué le diría a Villegas si lo tuviera de frente, ahora ?
C.G.: Le preguntaría ¿qué he ganado yo? ¿Y qué ha ganado él?. Él y el presidente Evo Morales han ganado una gestión notable y credibilidad, porque tenemos una planta de Separación de Líquidos construida y de primera línea, que fue fruto de mi trabajo.
Pero ¿qué ha ganado Gerson Rojas? La cárcel, una familia y prestigio destruido. No he ganado nada siendo que ellos no se cansan de decir que no hay corrupción.
Otro proceso. El pitido de un reo que hace de árbitro traspasa la celda, el segundo tiempo comenzó. Mientras tanto Gerson Rojas, saca una nueva imputación en su contra. Ahora, la Fiscalía y YPFB lo acusan de Legitimación de Ganancias Ilícitas. Pero esta vez, el caso también salpica a la petrolera YPFB refinación.
"Me quieren implicar porque yo tenía una empresa llamada Serviman SRL. -que antes de 2008 realizó la firma de varios contratos con YPFB refinación- antes de que yo entre a YPFB Corporación en el 2009".
P.¿Cuál es su interés de aquí en adelante?
G.R.: Que la verdad se esclarezca, solo pido la cesación de mi detención porque creo que me corresponde, y porque ni siquiera e influido en la investigación. No quiero que hagan un sobreseímiento del caso, pido defenderme en libertad, mi propósito es ir a juicio. Suena un silbato que marca el final del partido y casualmente, de la entrevista.
Caso YPFB
'Querían adueñarse de mi gestión'
Boicot a río grande. Desde el penal de Palmasola, Rojas denunció que el director del Proyecto de la Planta de Río Grande, Edward Gutiérrez, de militancia masista ponía trabas para la ejecución del proyecto.
Cuentas. La Fiscalía acusó a la hija de Rojas, de 23 años de edad y estudiante de medicina, de hacer manejo de cuentas en el extranjero por $us 11 millones. La denuncia posteriormente fue retirada por falta de pruebas, según el detenido.
Cargo. El exejecutivo dijo que el actual gerente de Plantas de Separación de Líquidos, Jhonny Salazar, buscaba su cargo, pese que éste último ocupa un cargo de mayor jerarquía.
"Al parecer querían adueñarse de mi gestión en el proyecto", dijo.
"Me pidieron culpar a Villegas". Un conocido senador, del MAS lo visitó en el penal de Palmasola y le pidió a cambio de su ayuda implicar a Villegas en el caso de corrupción. "Dijeron que él se está llenando de plata pero eso a mí no me consta y rechacé su ayuda", precisó.
Auditorías. Las empresas AESA y Técnicas Reunidas, que supuestamente fueron favorecidas por Rojas para la Adjudicación de la Planta de Río Grande y Gran Chaco. Además, se revisó todos los contratos de Yacimientos, "pero no han encontrado nada anormal, pese a que se han hecho tres auditorías".
Presión. Tanto Rojas, como las otras personas detenidas por el caso: Agustín Ugarte, Marcelo Oña e Iver Villalba, todos, con excepción del último,eran rangos medios. Señalaron que el departamento Legal de YPFB a la cabeza de la exabogada de la estatal Mónica Ramírez inició una cacería de brujas en este proceso.
Silencio de Villegas. Se buscó la contraparte de esta entrevista. El Día contactó con el equipo de comunicación de YPFB, pero indicaron que Villegas no podía atendernos. Igualmente se trató de abordar este tema en un evento en Santa Cruz el pasado viernes, pero sus edecanes impidieron el trabajo periodístico de este medio.
Nueva cautelar. Este lunes, Rojas, será puesto delante del Juez Sexto de lo Instrucción en lo Penal, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Imputación que también involucra a su padre y su madre.
Cronología
Accidente. El 17 de junio Rojas se accidenta con vehículo de YPFB. Después de 3 días en terapia es acusado de uso indebido de bienes, pese a que según él, tenía aval para usar el auto.
Cajas.La Fiscalía encuentra en las cajas de un banco $us 90.000 y apuntes de movimientos bancarios a nombre de Rojas y del exejecutivo Agustín Ugarte. Se habían extraído $us 400.000 al 30 de junio.
Investigación. Agustín Javier Ugarte fue detenido el 6 de julio en su oficina de YPFB. Declaró que Rojas le dio Bs 100.000. Luego en septiembre dijo que fue obligado a incriminarlo por presión de la petrolera estatal.
Más detenidos. El 21 de julio de 2012 detienen al exasesor legal de Rojas, Marcelo Oña y al Abogado de Clivert Villalga, acusados de cometer irregularidades en la compra del terreno de la Planta de Gran Chaco.
Viaje.Una comisión de Fiscales viajó a Argentina para tomar declaración a funcionarios de AESA. No se detiene a ningún ejecutivo de esta empresa que supuestamente dio dinero a Rojas
Ya no tiene barba, desde hace tres meses dejó el improvisado Centro de Salud de la cárcel de Palmasola, y a los reos enfermos que le hacían compañía. Ahora habita en el pabellón 14. Cuando no analiza su caso, se distrae con los tambores y la euforia que provocan los partidos de fútbol en el penal, ya que la cancha se encuentra a escasos metros de su celda.
Su nombre dejó de ser noticia, solo su abogado y sus familiares son los que lo visitan o se ocupan de su caso. Por segunda vez accedió a hablar con El Día. “Busqué a otro medio pero no quisieron escucharme”, dijo Rojas.
Cuando lo visitamos se jugaba un partido de fútbol y en medio de los gritos de gol, acusó a Carlos Villegas, presidente de la petrolera estatal, de haberle dado “la espalda” tras estallar este caso, que ya no ocupa titulares de periódicos y ni segundos en televisión.
P. Ha pasado casi un año ¿por qué su caso se está alargando?
G.R.: Porque hay presión de parte de YPFB y del Ministerio de Transparencia. A mi abogado no le dan información que considero necesaria para mi defensa.
Incluso el oficial asignado al caso indica que hay presiones para que no me den esa documentación.
Hemos hablado al Ministerio Público, e indica lo mismo.
Cuando definitivamente las leyes demuestren que soy culpable de algo, voy a tener que pagar. Pero no creo que sea noble de parte del Estado generar una presión política para que los hechos salgan incriminado a Gerson Rojas.
El pecado. Los gritos y tambores se apagan, acabó el primer tiempo del partido de fútbol. Rojas destapa una gaseosa, toma un sorbo y continúa su relato. Menciona que el principal pecado de él y las otras personas detenidas por este caso fue no formar parte del partido de Gobierno.
"Nuestro pecado fue que no somos masistas, ¿qué otra respuesta podemos encontrar?. Todas las direcciones de YPFB estaban ocupadas por masistas, pero yo entré por concurso de méritos. Fui evaluado por un grupo de profesionales venezolanos, para impulsar los proyectos de Río Grande y Gran Chaco", aseguró.
P. Pero entonces, ¿cuál es el sustento legal para su detención? El único sustento legal que tienen son los $us 90.000, de mi cajas que tenía en el Banco, los que he declarado. En ese momento dije que tenía acciones en una empresa y que yo percibía, al margen de YPFB otros ingresos. No me dieron la posibilidad de mostrar de que este dinero era legal, pese que de acuerdo a Ley tenía 72 horas para hacerlo.
P. ¿Cree que Villegas le dio la espalda, pese a ser una persona de confianza para él?
C.G.: Sí, en el sentido en que hemos sido los dos los que hemos llevado adelante el Proyecto de Río Grande y Gran Chaco, con su apoyo formamos la gerencia de Planta de Separación de Líquidos.
No entiendo como una persona que ha llevado adelante conmigo este proyecto, hoy me de la espalda. El perseguía ésto igual que yo.
¿Cómo puede ser que Villegas defendiendo su gestión diga que no ha habido irregularidades?, y yo sigo detenido, sin que haya una prueba en mi contra y contra las otras personas que están presas.
Villegas tiene que ser investigado, porque mi gerencia no tomaba sus propias decisiones, dependía de la máxima autoridad. Cómo puede ser que el único culpable sea yo,¿ dónde están los demás?. No hay ninguna persona detenida de AESA o de Técnicas Reunidas, Aparte de mi persona no hay detenidos, y yo no era el único que llevaba adelante ese proyecto. Había un equipo de 40 personas. Estaban metidos parte de la gerencia de Administración de Finanzas, que responden a Edwin Alduante. Estaba la vicepresidencia de operaciones, de la cual dependía yo, que estaba a la cabeza del ingeniero Johnny Salazar y la dirección Legal, Marcelo Canseco.
P. ¿Qué le diría a Villegas si lo tuviera de frente, ahora ?
C.G.: Le preguntaría ¿qué he ganado yo? ¿Y qué ha ganado él?. Él y el presidente Evo Morales han ganado una gestión notable y credibilidad, porque tenemos una planta de Separación de Líquidos construida y de primera línea, que fue fruto de mi trabajo.
Pero ¿qué ha ganado Gerson Rojas? La cárcel, una familia y prestigio destruido. No he ganado nada siendo que ellos no se cansan de decir que no hay corrupción.
Otro proceso. El pitido de un reo que hace de árbitro traspasa la celda, el segundo tiempo comenzó. Mientras tanto Gerson Rojas, saca una nueva imputación en su contra. Ahora, la Fiscalía y YPFB lo acusan de Legitimación de Ganancias Ilícitas. Pero esta vez, el caso también salpica a la petrolera YPFB refinación.
"Me quieren implicar porque yo tenía una empresa llamada Serviman SRL. -que antes de 2008 realizó la firma de varios contratos con YPFB refinación- antes de que yo entre a YPFB Corporación en el 2009".
P.¿Cuál es su interés de aquí en adelante?
G.R.: Que la verdad se esclarezca, solo pido la cesación de mi detención porque creo que me corresponde, y porque ni siquiera e influido en la investigación. No quiero que hagan un sobreseímiento del caso, pido defenderme en libertad, mi propósito es ir a juicio. Suena un silbato que marca el final del partido y casualmente, de la entrevista.
Caso YPFB
'Querían adueñarse de mi gestión'
Boicot a río grande. Desde el penal de Palmasola, Rojas denunció que el director del Proyecto de la Planta de Río Grande, Edward Gutiérrez, de militancia masista ponía trabas para la ejecución del proyecto.
Cuentas. La Fiscalía acusó a la hija de Rojas, de 23 años de edad y estudiante de medicina, de hacer manejo de cuentas en el extranjero por $us 11 millones. La denuncia posteriormente fue retirada por falta de pruebas, según el detenido.
Cargo. El exejecutivo dijo que el actual gerente de Plantas de Separación de Líquidos, Jhonny Salazar, buscaba su cargo, pese que éste último ocupa un cargo de mayor jerarquía.
"Al parecer querían adueñarse de mi gestión en el proyecto", dijo.
"Me pidieron culpar a Villegas". Un conocido senador, del MAS lo visitó en el penal de Palmasola y le pidió a cambio de su ayuda implicar a Villegas en el caso de corrupción. "Dijeron que él se está llenando de plata pero eso a mí no me consta y rechacé su ayuda", precisó.
Auditorías. Las empresas AESA y Técnicas Reunidas, que supuestamente fueron favorecidas por Rojas para la Adjudicación de la Planta de Río Grande y Gran Chaco. Además, se revisó todos los contratos de Yacimientos, "pero no han encontrado nada anormal, pese a que se han hecho tres auditorías".
Presión. Tanto Rojas, como las otras personas detenidas por el caso: Agustín Ugarte, Marcelo Oña e Iver Villalba, todos, con excepción del último,eran rangos medios. Señalaron que el departamento Legal de YPFB a la cabeza de la exabogada de la estatal Mónica Ramírez inició una cacería de brujas en este proceso.
Silencio de Villegas. Se buscó la contraparte de esta entrevista. El Día contactó con el equipo de comunicación de YPFB, pero indicaron que Villegas no podía atendernos. Igualmente se trató de abordar este tema en un evento en Santa Cruz el pasado viernes, pero sus edecanes impidieron el trabajo periodístico de este medio.
Nueva cautelar. Este lunes, Rojas, será puesto delante del Juez Sexto de lo Instrucción en lo Penal, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Imputación que también involucra a su padre y su madre.
Cronología
Accidente. El 17 de junio Rojas se accidenta con vehículo de YPFB. Después de 3 días en terapia es acusado de uso indebido de bienes, pese a que según él, tenía aval para usar el auto.
Cajas.La Fiscalía encuentra en las cajas de un banco $us 90.000 y apuntes de movimientos bancarios a nombre de Rojas y del exejecutivo Agustín Ugarte. Se habían extraído $us 400.000 al 30 de junio.
Investigación. Agustín Javier Ugarte fue detenido el 6 de julio en su oficina de YPFB. Declaró que Rojas le dio Bs 100.000. Luego en septiembre dijo que fue obligado a incriminarlo por presión de la petrolera estatal.
Más detenidos. El 21 de julio de 2012 detienen al exasesor legal de Rojas, Marcelo Oña y al Abogado de Clivert Villalga, acusados de cometer irregularidades en la compra del terreno de la Planta de Gran Chaco.
Viaje.Una comisión de Fiscales viajó a Argentina para tomar declaración a funcionarios de AESA. No se detiene a ningún ejecutivo de esta empresa que supuestamente dio dinero a Rojas
sábado, 25 de mayo de 2013
El juicio por el caso Terrorismo es suspendido hasta junio
El presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, quien preside el juicio por el caso terrorismo en la ciudad de Santa Cruz, determinó hoy postergar el proceso judicial hasta el próximo lunes 3 de junio tras la solicitud de uno de los principales acusado, el húngaro Elöd Tóásó, quien argumentó cansancio físico.
"El día de hoy (viernes) correspondía la declaraciones del señor Elöd Tóásó. Ayer (jueves) cumplió con esta etapa del proceso Mario Tadic, entonces a solicitud expresa del señor Tóásó que indica que esta cansado, que quiere tener una secuencia en el desarrollo de su declaración, ha pedido que se suspenda el presente acto judicial", precisó Fernández.
La suspensión de la audiencia fue puesta a consideración de las partes, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno cuyos representantes aceptaron la solicitud planteada por Tóásó.
Una vez que se culmine con las declaraciones del ciudadano húngaro, detenido en el operativo policial del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas donde murieron los supuestos terroristas Eduardo Rózsa, el húngaro-rumano Árpád Magyarosi, y el irlandés Michael Martin Dwyer, el siguiente en relatar su versión de los hechos será Ignacio Villa Vagas, alias "el viejo".
Las declaraciones orales involucran a unos 22 acusados por el Estado por intentar asesinar al presidente Evo Morales e intentar dividir el país.
viernes, 24 de mayo de 2013
Quintana acusa a Sean Penn de ser el "palo blanco" mediático de Ostreicher
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana acusó este viernes al actor estadounidense Sean Penn de estar siendo usado por su compatriota Jacob Ostreicher para conseguir su libertad y calificó de “arrogantes” sus declaraciones ante el Congreso norteamericano.
"Sobre las declaraciones del señor Sean Penn, a quien el señor Ostreicher lamentablemente lo está utilizando como su palo blanco mediático, queremos decirle que las declaraciones del señor Sean Penn ante el Congreso de los Estados Unidos son absolutamente desconsideradas, cuestionables y reprochables, las declaraciones de Sean Penn son declaraciones típicamente arrogantes", dijo Quintana.
Quintana además anunció que se volvió a rechazar el pedido de Jacob Ostreicher de reunirse con el presidente Evo Morales porque consideran que el primer mandatario no tiene por qué atender un caso que debe ventilarse de manera independiente en el Órgano Judicial.
El actor estadounidense Sean Penn, Embajador de Buena Voluntad de Bolivia para la causa marítima, pidió al Congreso norteamericano que pueda utilizar su influencia para que los organizadores del rally Dakar condicionen la realización de la competencia a la liberación de su compatriota Jacob Ostreicher.
Ostreicher se encuentra procesado por la justicia boliviana por legitimación de ganancias ilícitas y actualmente se encuentra con detención domiciliaria, luego de estar encerrado en el penal de Palmasola de Santa Cruz, de donde logró salir gracias a las gestiones de Sean Penn ante el presidente Evo Morales.
"Sobre las declaraciones del señor Sean Penn, a quien el señor Ostreicher lamentablemente lo está utilizando como su palo blanco mediático, queremos decirle que las declaraciones del señor Sean Penn ante el Congreso de los Estados Unidos son absolutamente desconsideradas, cuestionables y reprochables, las declaraciones de Sean Penn son declaraciones típicamente arrogantes", dijo Quintana.
Quintana además anunció que se volvió a rechazar el pedido de Jacob Ostreicher de reunirse con el presidente Evo Morales porque consideran que el primer mandatario no tiene por qué atender un caso que debe ventilarse de manera independiente en el Órgano Judicial.
El actor estadounidense Sean Penn, Embajador de Buena Voluntad de Bolivia para la causa marítima, pidió al Congreso norteamericano que pueda utilizar su influencia para que los organizadores del rally Dakar condicionen la realización de la competencia a la liberación de su compatriota Jacob Ostreicher.
Ostreicher se encuentra procesado por la justicia boliviana por legitimación de ganancias ilícitas y actualmente se encuentra con detención domiciliaria, luego de estar encerrado en el penal de Palmasola de Santa Cruz, de donde logró salir gracias a las gestiones de Sean Penn ante el presidente Evo Morales.
Ostreicher insiste en hablar con Evo sobre la red de extorsión
El estadounidense Jacob Ostreicher pidió ayer por segunda vez una audiencia mediante una carta al presidente Evo Morales para entregarle documentación que avalaría su denuncia de que la red de extorsión continúa funcionando dentro de su Gobierno.
“Quiero darle información que es muy sensible y peligrosa que sólo puedo entregarle a él. Es sobre el funcionamiento de la red de extorsión y corrupción que aún funciona dentro del Gobierno y el círculo interno del Presidente”, dijo en las puertas de Palacio Quemado.
El estadounidense expresó su preocupación porque la primera vez que pidió una audiencia a Morales, el 17 de mayo, habría recibido una nota firmada por el Mandatario en la que indicaba que no podía verlo. “Pero ayer la ministra de Comunicación (Amanda Dávila) dijo que el Presidente jamás leyó mi carta, por eso la estoy entregando por segunda vez, ya que me pregunto quién fue el que me respondió la primera vez si el Presidente no leyó mi carta. Y ruego que (el Mandatario) Morales pueda recibirme”, dijo.
Ostreicher es imputado por un supuesto lavado de dinero del narcotráfico, fue procesado en junio de 2011 y permaneció en la cárcel de Palmasola durante 18 meses antes de las gestiones del actor Sean Penn, congresistas y la Embajada de Estados Unidos.
Durante su proceso judicial y reuniones con el presidente Morales se destapó la red de extorsión de la que era víctima, ahora tiene detención domiciliaria con vigilancia y el proceso en su contra, según dice, no tiene avances porque esta red de extorsionadores aún estaría operando.
Ostreicher dejó ayer una carta en la secretaría de Palacio de Gobierno que contendría información sobre la red de extorsión que aún rodea al Gobierno.
En noviembre de 2012, el grupo de extorsionadores integrado por abogados del Ministerio de Gobierno, fiscales y jueces fue descubierto y sus miembros ahora permanecen detenidos en Palmasola, aunque no se conoce de los avances de la investigación.
Sobre las declaraciones de Penn respecto a suspender el Rally Dakar en Bolivia por la retardación de justicia en el caso Ostreicher, dijo que el mensaje no fue entendido y que en la reunión con Morales se aclararán estas contradiccines.
“Quiero darle información que es muy sensible y peligrosa que sólo puedo entregarle a él. Es sobre el funcionamiento de la red de extorsión y corrupción que aún funciona dentro del Gobierno y el círculo interno del Presidente”, dijo en las puertas de Palacio Quemado.
El estadounidense expresó su preocupación porque la primera vez que pidió una audiencia a Morales, el 17 de mayo, habría recibido una nota firmada por el Mandatario en la que indicaba que no podía verlo. “Pero ayer la ministra de Comunicación (Amanda Dávila) dijo que el Presidente jamás leyó mi carta, por eso la estoy entregando por segunda vez, ya que me pregunto quién fue el que me respondió la primera vez si el Presidente no leyó mi carta. Y ruego que (el Mandatario) Morales pueda recibirme”, dijo.
Ostreicher es imputado por un supuesto lavado de dinero del narcotráfico, fue procesado en junio de 2011 y permaneció en la cárcel de Palmasola durante 18 meses antes de las gestiones del actor Sean Penn, congresistas y la Embajada de Estados Unidos.
Durante su proceso judicial y reuniones con el presidente Morales se destapó la red de extorsión de la que era víctima, ahora tiene detención domiciliaria con vigilancia y el proceso en su contra, según dice, no tiene avances porque esta red de extorsionadores aún estaría operando.
Ostreicher dejó ayer una carta en la secretaría de Palacio de Gobierno que contendría información sobre la red de extorsión que aún rodea al Gobierno.
En noviembre de 2012, el grupo de extorsionadores integrado por abogados del Ministerio de Gobierno, fiscales y jueces fue descubierto y sus miembros ahora permanecen detenidos en Palmasola, aunque no se conoce de los avances de la investigación.
Sobre las declaraciones de Penn respecto a suspender el Rally Dakar en Bolivia por la retardación de justicia en el caso Ostreicher, dijo que el mensaje no fue entendido y que en la reunión con Morales se aclararán estas contradiccines.
Crónicas en off: ¿cómo se jodió el caso Rózsa?
La historia comienza en abril de 2009. Un operativo policial acaba con tres vidas: Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer en el hotel Las Américas.
Primer escenario: el hotel
Pocas horas antes del operativo, una duda atemorizaba a la mayoría de los que serían parte de la acción. No conocían la capacidad de fuego del enemigo. Los lanzacohetes pueden ser transportados en maletas o bolsos. Las granadas limón pueden llevarse por decenas en una mochila. Las municiones, lo mismo.
¿Por qué no actuar como en las películas, rodear el edificio y pedirles que “salgan con las manos en alto”? ¿Por qué no hacer una acción limpia, que no se pueda cuestionar? La respuesta es más simple de lo que se cree. Los muy contradictorios informes del delator (Ignacio Villa Vargas) y del infiltrado (Wálter Andrade) no brindaban el dato clave para la planificación del operativo: la fuerza real del enemigo.
No conocían cuánto tiempo de fuego cruzado podían plantear los veteranos de la guerra de los Balcanes desde las ventanas del hotel. Por eso el nerviosismo. Por eso se decidió apostar por el asalto y no por rodearlos. Apenas conocían que se trataba de un grupo de cinco y que dos habían logrado escapar una semana antes. Por eso, desde entonces, se dice de todo.
Un militar de un grupo especial me contó que ellos no quisieron participar porque sospechaban que el objetivo era matar a Rózsa y ellos solo los “empaquetan”. Un exfuncionario del Ministerio de Gobierno me aseguró que la resistencia fue tal que uno de los escudos de la UTARC quedó destrozado por un explosivo que usaron los supuestos terroristas. La verdad está entre ambas versiones.
¿Quién disparó primero? La clave sobre el operativo está en esa pregunta. Si a los policías, nerviosos ante el desconocimiento del enemigo, se les escapó un tiro a destiempo, alguien debe responder por el hecho. Lo cual, desde luego, no debe desviar la investigación sobre los participantes, financiadores y organizadores de la célula irregular.
Segundo escenario: juzgados
Uno de los exfuncionarios de Gobierno que ahora está en Palmasola protagonizó un bochornoso hecho en una nave de Boliviana de Aviación y, pese al reclamo oficial, no perdió su trabajo. Su ministro apenas dispuso su cambio de puesto. Antes, una ministra evitó que otro de ellos sea retirado de su cargo. Se sabe que una viceministra de su despacho salía con el ahora acusado.
¿Cómo es que creció toda la estructura de corrupción y chantaje dentro del aparato guberna- mental y el Órgano Judicial? Supuestamente, la red de extorsión no solo fue tolerada, también fue aplaudida por el entorno palaciego. Una persona que formó parte de ese entorno contó que, a medida que el ejército de abogados reclutaba jueces y fiscales de confianza, sumaban los casos con fallos o desarrollo favorable al oficialismo. El proceso a Santos Ramírez, la investigación en el caso Porvenir, la poca investigación de lo sucedido en Caranavi o el manejo del caso Gastos Reservados son algunos ejemplos de “buenos resultados”.
Los operadores de justicia cumplían y eso, según la fuente, para algunas autoridades de Gobierno, era lo único que importaba. Ese presunto beneplácito de sus jefes, habría vuelto tan temeraria y ambiciosa a la red que actuaba desde Palacio, que cuando estalló el caso terrorismo, se lanzó por el premio gordo. Jugada que los enemistaría y a algunos les provocaría la cárcel.
Error fatal del Gobierno. Según versiones no confirmadas, por desmontar la estructura judicial alineada con el viejo régimen, licenció a sus abogados para que se conviertan expertos en chantaje, extorsión y cohecho. El costo ya es mayor que el beneficio y todavía puede empeorar.
Tercer escenario: Santa Cruz
“La plata está en Santa Cruz. Ahí está el dinero”, dicen que gritaba algo mareado un abogado que ahora está detenido en Palmasola y que trabajaba para el Gobierno. Lo escuchaban algunos colegas, entre ellos un fiscal. Ya iban en la segunda botella. Había pasado un año y medio del estallido del caso Rózsa.
Era el segundo semestre de 2010. En la farra comenzaron a maquinar contra Marcelo Soza. Estaban enojados porque sospechaban que algunos de su equipo de investigadores se habían quedado con el botín y que, en el afán de conseguir más, estaban demorando la presentación de la acusación formal, que recién llegó unos días antes de la Navidad de 2010. La desconfianza entre todos sería la causa de la aparición de los audios de Soza. Todos tenían su grabadora digital en el bolsillo.
Pese a la otrora cercana relación con el entonces director funcional del proceso, ellos no estaban dispuestos a perder toda la torta. Así se habría creado el caso terrorismo II. Su objetivo era buscar a los financiadores del grupo, es decir, a los que tienen dinero.
A casi dos años de su apertura, el proceso sigue en etapa preparatoria y se desinfló por el destape de la red de extorsión gubernamental/judicial en noviembre de 2012. Desde entonces no hay señales del fiscal que manejó el caso, Harry Suaznábar, quien fue involucrado con la estructura de extorsión y que algunos ubican actualmente en España. Llegaron a existir 10 detenidos por esta causa y a estas alturas todos ya volvieron a sus hogares.
Según cuentan, la ambición y corruptelas de los operadores del caso habría distorsionado todo aún más. No solo existen serias dudas sobre lo que pasó el 16 de abril, sino que surge cada vez más evidencia de que mucho dinero se movió detrás de la investigación. Lo cual no significa que sean inocentes los que cooperaron con Rózsa y su gente.
Cuarto escenario: el gabinete El destape de la red de extorsión se dio en medio de un enfrentamiento entre ministros. El excesivo protagonismo que asumió Carlos Romero, que quiso capitalizar el hecho a su favor, habría causado molestias de casi todos los demás en el Ejecutivo y por ello le habría bajado el pulgar.
El caso, por ese motivo, ya no es de atención y está a punto de volcarse en contra de los acusadores. Hasta ahora el balance es harto negativo para el oficialismo, pues asumió el costo político del hecho de corrupción y el caso Rózsa quedó en entredicho. Antes, otra pelea hizo que un video, en el que el delator Ignacio Villa Vargas recibe dinero, desate una ola de cuestionamientos al caso terrorismo. La jugada buscaba involucrar a Carlos Núñez del Prado con un soborno. Desde un ministerio, ante el inminente escándalo, una voz comedida sugirió que se detenga al exdirector de Seguridad Ciudadana “para que el video no afecte al Gobierno”. Otra vez cálculo de costos y beneficios en medio de disputas intestinas.
Ahora hay diferentes visiones en el ejecutivo. La facción más influyente busca recuperar la iniciativa por el inicio del juicio mientras que los más pragmáticos prefieren dejar que el caso siga su curso sin necesidad de más acusaciones, pensando en las elecciones del próximo año.
La aparición de evidencias que cuestionan la ‘versión oficial’ obligan al Gobierno a tomar acciones decididas pronto. Pueden correr el riesgo de que las irregularidades entierren la investigación para no ganar más anticuerpos o impulsar la búsqueda de una sentencia histórica para aquellos que sí estuvieron involucrados con la locura que planeaba el veterano de los Balcanes. Los intereses encontrados todavía tienen entrampado al Ejecutivo. Así se jodió el caso Rózsa
*Es autor del libro La mañana después de la guerra en el que se aborda el caso Rózsa.
LOS QUE MURIERON
Eduardo Rósza
BOLIVIANO-HÚNGARO
Nació en Bolivia y retornó en 2008. El Gobierno dice que vino con afanes separatistas. Los acusados de supuesto terrorismo aseguran que fue traído por personeros del Gobierno. Estuvo en la Guerra de los Balcanes.
Michael Dwyer
IRLANDÉS
Según el Gobierno, era el guardaespaldas de Eduardo Rózsa. Según su familia, llegó a Bolivia invitado por el rumano-húngaro Tibor Révész para participar en un curso de seguridad realizado en Santa Cruz.
Arpad Magyarosi
RUMANO-HÚNGARO
Era músico con varios conciertos en Hungría. Se cree que era parte de la logia Szekler, a la cual estaba vinculado Eduardo Rózsa. El Gobierno lo acusó de ser parte del grupo separatista liderado por el boliviano-húngaro.
IMPORTANTE
UN LARGO PROCESO JUDICIAL
Las detenciones comenzaron en 2009. Cuatro años después, el juicio está en la etapa de declaraciones y pruebas.
SIN EL PRINCIPAL ACUSADOR
El proceso se lleva adelante con nuevos fiscales tras la renuncia del principal acusador Marcelo Soza.
CON NUEVOS PROTAGONISTAS
Los abogados del Ministerio de Gobierno también fueron cambiados.
SOZA EN LA MIRA POR AUDIOS QUE HABLAN DE SOBORNOS
El principal acusador en el caso de supuesto terrorismo ha sido el fiscal Marcelo Soza.
Sin embargo, su imagen comenzó a caer después de que la senadora Carmen Eva Gonzales hiciera públicos audios, en los que supuestamente se escucha la voz del fiscal, hablando de extorsiones y también de injerencia de parte del Poder Ejecutivo en este caso.
Soza renunció en marzo a ser fiscal en el caso de supuesto terrorismo y recién esta semana se comunicó la aceptación de esta renuncia.
Además, el fiscal está sometido a procesos disciplinarios por ausentarse del caso, aunque ninguna acción ha sido iniciada por el contenido de los audios.
Los acusados, por su parte, denunciaron la adulteración de las pruebas que tiene la Fiscalía y, en algunos casos, también dieron a conocer que fueron extorsionados para conseguir su libertad.
El proceso se reinicia este lunes con la declaración de los dos sobrevivientes del hotel Las Américas: Mario Tadic y Elöd Toasó, seguidos por el testimonio del que fue llamado ‘testigo clave’, quien ha prometido nuevas denuncias contra Marcelo Soza.
jueves, 23 de mayo de 2013
Tadic: 'No vi armas en las visitas a los stands'
"Conocí los dos stands en la Feria Exposición. A uno fui cuatro veces y al otro una vez. Las reuniones ahí eran porque Rózsa estaba filmando una película. En ninguna de las veces que estuve en los lugares no vi armas", indicó Mario Tadic.
Ayer fue el segundo día en el que el ciudadano boliviano-croata declaró en el juicio oral que se realiza en Santa Cruz y que está bajo la tutela de un Tribunal de La Paz.
Cuando se le preguntó sobre Eduardo Rózsa, informó que "lo conocí virtualmente a través de un foro de veteranos. Y en persona en febrero de 2009, cuando llegué a Bolivia".
Cuando se le consultó el motivo de su llegada a nuestro país, volvió a recalcar que "vine a Bolivia a formar una empresa de turismo aventura en sociedad con Eduardo Rózsa, nada más", descartando así la formación de un supuesto grupo de subversión para dividir al país. Finalmente recalcó que lo ocurrido en el hotel Las Américas fue un "asesinato" por la forma en que se procedió
Ayer fue el segundo día en el que el ciudadano boliviano-croata declaró en el juicio oral que se realiza en Santa Cruz y que está bajo la tutela de un Tribunal de La Paz.
Cuando se le preguntó sobre Eduardo Rózsa, informó que "lo conocí virtualmente a través de un foro de veteranos. Y en persona en febrero de 2009, cuando llegué a Bolivia".
Cuando se le consultó el motivo de su llegada a nuestro país, volvió a recalcar que "vine a Bolivia a formar una empresa de turismo aventura en sociedad con Eduardo Rózsa, nada más", descartando así la formación de un supuesto grupo de subversión para dividir al país. Finalmente recalcó que lo ocurrido en el hotel Las Américas fue un "asesinato" por la forma en que se procedió
Terrorismo I: Detenidos denuncian hostigamiento
En la segunda jornada del interrogatorio al boliviano-croata Mario Tadic, varios detenidos por el caso de presunto terrorismo denunciaron haber sufrido una especie de hostigamiento en el penal de Palmasola, entre la noche del martes y la madrugada de ayer.
El primero en acusar la situación fue Tadic, que relató al juez Sixto Fernández que en el reclusorio se armó un barullo que no lo dejó dormir hasta las 5:00.
Por su lado, Juan Carlos Guedes señaló que las paredes y la reja del PC4 (pabellón de régimen abierto) fueron golpeadas para “agotarles el físico”, justo en el sector donde están los acusados por el caso Rózsa.
El problema salió a relucir después de que el Ministerio Público hubiera efectuado más de 100 preguntas a Tadic y cuando el fiscal Sergio Céspedes insistía en conocer los pormenores de la relación entre el interrogado y Eduardo Rózsa.
El supuesto segundo al mando del grupo terrorista pidió un receso, argumentando que la bulla le impidió dormir y el hostigamiento le produjo un cansancio extremo.
Ante la situación, primero el fiscal y luego el juez apoyaron la decisión de suspender el interrogatorio hasta las 9:30 de hoy, para preservar la salud del acusado.
Tras la conclusión del acto, el fiscal Iván Ortiz declaró que aún faltan muchas preguntas por hacer a Tadic, pero que se han encontrado contradicciones “aberrantes”, que el interrogado está mintiendo y que trajo al país “una experiencia separatista” para aplicarla en Santa Cruz y Bolivia.
Destaque
ACUSADOS TESTIFICAN CÓMO INICIÓ ESTE CASO
En las tres jornadas de audiencias de juicio de esta semana, sólo declaró el acusado Mario Tadic.
El primero en acusar la situación fue Tadic, que relató al juez Sixto Fernández que en el reclusorio se armó un barullo que no lo dejó dormir hasta las 5:00.
Por su lado, Juan Carlos Guedes señaló que las paredes y la reja del PC4 (pabellón de régimen abierto) fueron golpeadas para “agotarles el físico”, justo en el sector donde están los acusados por el caso Rózsa.
El problema salió a relucir después de que el Ministerio Público hubiera efectuado más de 100 preguntas a Tadic y cuando el fiscal Sergio Céspedes insistía en conocer los pormenores de la relación entre el interrogado y Eduardo Rózsa.
El supuesto segundo al mando del grupo terrorista pidió un receso, argumentando que la bulla le impidió dormir y el hostigamiento le produjo un cansancio extremo.
Ante la situación, primero el fiscal y luego el juez apoyaron la decisión de suspender el interrogatorio hasta las 9:30 de hoy, para preservar la salud del acusado.
Tras la conclusión del acto, el fiscal Iván Ortiz declaró que aún faltan muchas preguntas por hacer a Tadic, pero que se han encontrado contradicciones “aberrantes”, que el interrogado está mintiendo y que trajo al país “una experiencia separatista” para aplicarla en Santa Cruz y Bolivia.
Destaque
ACUSADOS TESTIFICAN CÓMO INICIÓ ESTE CASO
En las tres jornadas de audiencias de juicio de esta semana, sólo declaró el acusado Mario Tadic.
lunes, 20 de mayo de 2013
Choferes denuncian extorsión de la Policía caminera en las trancas
Cansados por los constantes cobros irregulares que sufren los choferes de buses interprovinciales e interdepartamentales en diferentes retenes del país, los conductores piden una reunión de emergencia con el comandante departamental de la Policía, Guido Arroyo, informó Jorge Rosel Justiniano, ejecutivo de la Asociación de Choferes Asalariados de la Terminal Bimodal de buses en Santa Cruz.
El dirigente lamentó que en algunos lugares, bajo el pretexto de la implementación de los GPS, malos policías se aprovechan para extorsionar a los choferes que todavía no cuentan con el dispositivo instalado en sus buses, pese a que aún existe un plazo para poner el aparato en los colectivos.
“Les hemos dado un cheque en blanco a la Policía caminera y a muchos porque con pretexto del GPS han succionado mucho dinero a nuestros compañeros y tenemos muchas denuncias que hacerles. En la tranca de Pailas, por ejemplo, están haciendo su agosto en pleno mayo, ya se ha hecho la denuncia y cuando tengamos la entrevista con el señor comandante de la Policía vamos a plasmar con más detalles nuestras denuncias”, dijo el transportista.
EL DEBER-Digital intentó ubicar al comandante departamental de la Policía, Guido Arroyo, para escuchar la contraparte de esta grave denuncia que realizan los transportistas, lamentablemente no se pudo localizarlo, tampoco atendió al llamado de su teléfono celular.
EL DEBER-Digital
Caso terrorismo pasa a la etapa de declaraciones de acusados
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz reiniciará hoy el juicio oral y contradictorio del caso terrorismo en la ciudad de Santa Cruz. La apertura de la nueva etapa será con declaraciones testificales de más de 20 acusados que son parte de este proceso, excepto quienes se fugaron del país.
El fiscal miembro de la comisión del Ministerio Público, Marco Antonio Rodríguez, informó que después de haberse realizado la re-inventariación de las pruebas del caso terrorismo dio como resultado que no faltaría ninguna prueba recabada dentro las investigaciones.
Al haberse resuelto los incidentes procesales, ahora los acusados podrán argumentar sus versiones sobre su presunta participación en este proceso.
“Lo que corresponde ahora es la declaración de los imputados a partir del día 20 de mayo del año en curso, luego de la declaración de los imputados la defensa tiene que emitir su criterio sobre la fundamentación de la defensa que van a asumir durante el juicio”, sostuvo el representante del Ministerio Público.
Una vez se culmine esta etapa del juicio, se pasará a la siguiente fase, la presentación de la producción de prueba, vale decir, la producción testifical, documental, pericial y de inspecciones oculares en los lugares donde se hubieran cometido los delitos.
Por otro lado, para la defensa legal de Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, el exfiscal del caso terrorismo, Marcelo Sosa, se convirtió en el testigo clave del caso por todo lo que sabe del proceso investigativo, por lo cual pidió a través de un memorial al Tribunal Primero de Sentencia de La Paz se lo arraigue y se lo convoque en calidad de testigo.
En la defensa manifestaron su temor porque “el fiscal Sosa vaya a desaparecer, ya en anterior oportunidad ha desaparecido”, señaló el abogado de oficio encargado de la defensa de “El Viejo”, pero “tiene que venir al proceso”, puesto que “simplemente, ha habido un cambio de situación como ya ha perdido su poder”.
Dado que “ya no es fiscal, él tiene la obligación de venir al juicio a declarar en calidad de testigo, este es el segundo testigo clave del juicio”, remarcan en la defensa.
Asimismo, dijo que su cliente, “El Viejo”, estaría declarando un día después del reinicio del juicio en la ciudad de Santa Cruz donde presentaría otros elementos como filmaciones, grabaciones de audio, fotografías, no sólo del caso terrorismo así como del exfiscal Sosa.
El fiscal miembro de la comisión del Ministerio Público, Marco Antonio Rodríguez, informó que después de haberse realizado la re-inventariación de las pruebas del caso terrorismo dio como resultado que no faltaría ninguna prueba recabada dentro las investigaciones.
Al haberse resuelto los incidentes procesales, ahora los acusados podrán argumentar sus versiones sobre su presunta participación en este proceso.
“Lo que corresponde ahora es la declaración de los imputados a partir del día 20 de mayo del año en curso, luego de la declaración de los imputados la defensa tiene que emitir su criterio sobre la fundamentación de la defensa que van a asumir durante el juicio”, sostuvo el representante del Ministerio Público.
Una vez se culmine esta etapa del juicio, se pasará a la siguiente fase, la presentación de la producción de prueba, vale decir, la producción testifical, documental, pericial y de inspecciones oculares en los lugares donde se hubieran cometido los delitos.
Por otro lado, para la defensa legal de Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, el exfiscal del caso terrorismo, Marcelo Sosa, se convirtió en el testigo clave del caso por todo lo que sabe del proceso investigativo, por lo cual pidió a través de un memorial al Tribunal Primero de Sentencia de La Paz se lo arraigue y se lo convoque en calidad de testigo.
En la defensa manifestaron su temor porque “el fiscal Sosa vaya a desaparecer, ya en anterior oportunidad ha desaparecido”, señaló el abogado de oficio encargado de la defensa de “El Viejo”, pero “tiene que venir al proceso”, puesto que “simplemente, ha habido un cambio de situación como ya ha perdido su poder”.
Dado que “ya no es fiscal, él tiene la obligación de venir al juicio a declarar en calidad de testigo, este es el segundo testigo clave del juicio”, remarcan en la defensa.
Asimismo, dijo que su cliente, “El Viejo”, estaría declarando un día después del reinicio del juicio en la ciudad de Santa Cruz donde presentaría otros elementos como filmaciones, grabaciones de audio, fotografías, no sólo del caso terrorismo así como del exfiscal Sosa.
sábado, 18 de mayo de 2013
Ostreicher pretende decirle a Evo que la red sigue operando
El estadounidense Jacob Ostreicher quiere entrevistarse con el presidente Evo Morales para denunciar con evidencias que la red de extorsión continúa funcionando y que no fue desarticulada del todo.
El abogado del norteamericano, Jimmy Montaño, dijo que su defendido mostrará las pruebas cuando Morales acepte la audiencia que le solicitó ayer.
Ostreicher dejó una carta en la secretaría del Palacio en horas de la mañana, pero no quiso revelar el contenido de la misiva a los medios porque “es privado”.
“Mi defendido quiere una audiencia con Morales para entregarle información y documentación que avalan que la red de extorsión todavía sigue funcionando, además para justificar la inocencia de su persona y que fue víctima de un proceso ilegal e indebido”, afirmó Montaño en una entrevista con radio Fides.
Según el jurista, una de las muestras de que la red de extorsión continúa funcionando es que su cliente permanece con detención domiciliaria desde que fuera liberado el 18 de diciembre del año pasado.
“Ostreicher está con medidas sustitutivas, creímos que al aprehender a los responsables de la extorsión todo se terminaría, pero a pesar de presentar documentación que avala la inocencia de mi defendido, algunos funcionarios judiciales mantienen a Jacob como un preso en libertad, sin disponer de sus bienes y sin poder ver a su familia”, aseveró el abogado Montaño.
El año pasado, parlamentarios estadounidenses, la Embajada de EEUU en Bolivia y el actor Sean Penn hicieron gestiones para su liberación de la cárcel de Palmasola, donde se encontraba detenido por supuesto enriquecimiento ilícito y estaba enfermo.
En noviembre de 2012, Penn se entrevistó con el presidente Morales para interceder por su compatriota. Según se conoce, luego de esa reunión el Mandatario ordenó la investigación de una red de extorsión que acosaba al ciudadano norteamericano.
El 27 de noviembre se descubrió la existencia de una red de extorsión que operaba desde los ministerios de Gobierno y de la Presidencia; desde entonces fueron aprehendidas 12 personas, entre funcionarios gubernamentales, fiscales y jueces. El abogado de Ostreicher indica que ya pasaron seis meses y aún no se tiene una respuesta concreta sobre el caso de su defendido.
Ostreicher fue acusado de formar parte de una red de narcotráfico con los hermanos Ozzie Dorado y Maximiliano Dorado, por esos indicios fue detenido 18 meses en la cárcel de Palmasola. No obstante, él alega que vino a Bolivia para instalar una empresa agropecuaria en Santa Cruz con una inversión de al menos 25 millones de dólares.
Una de las víctimas de la red de extorsión
Jacob Ostreicher denunció en noviembre de 2012 que fue víctima de extorsión por parte de abogados del Ministerio de Gobierno. El caso está paralizado y desde entonces transcurrieron seis meses.
Por sus denuncias, el presidente Evo Morales ordenó una investigación de los supuestos extorsionadores del ciudadano norteamericano.
Desde entonces fueron aprehendidos funcionarios del Ministerio de Gobierno y de la Presidencia, como Fernando Rivero, Boris Villegas, Dennis Rodas y Juan Manuel Antezana. Además cayeron el ex fiscal de distrito Isabelino Gómez y otras autoridades del Ministerio Público y jueces.
Los detenidos alegan su inocencia al asegurar que se trata de una venganza de autoridades del Gobierno.
El abogado del norteamericano, Jimmy Montaño, dijo que su defendido mostrará las pruebas cuando Morales acepte la audiencia que le solicitó ayer.
Ostreicher dejó una carta en la secretaría del Palacio en horas de la mañana, pero no quiso revelar el contenido de la misiva a los medios porque “es privado”.
“Mi defendido quiere una audiencia con Morales para entregarle información y documentación que avalan que la red de extorsión todavía sigue funcionando, además para justificar la inocencia de su persona y que fue víctima de un proceso ilegal e indebido”, afirmó Montaño en una entrevista con radio Fides.
Según el jurista, una de las muestras de que la red de extorsión continúa funcionando es que su cliente permanece con detención domiciliaria desde que fuera liberado el 18 de diciembre del año pasado.
“Ostreicher está con medidas sustitutivas, creímos que al aprehender a los responsables de la extorsión todo se terminaría, pero a pesar de presentar documentación que avala la inocencia de mi defendido, algunos funcionarios judiciales mantienen a Jacob como un preso en libertad, sin disponer de sus bienes y sin poder ver a su familia”, aseveró el abogado Montaño.
El año pasado, parlamentarios estadounidenses, la Embajada de EEUU en Bolivia y el actor Sean Penn hicieron gestiones para su liberación de la cárcel de Palmasola, donde se encontraba detenido por supuesto enriquecimiento ilícito y estaba enfermo.
En noviembre de 2012, Penn se entrevistó con el presidente Morales para interceder por su compatriota. Según se conoce, luego de esa reunión el Mandatario ordenó la investigación de una red de extorsión que acosaba al ciudadano norteamericano.
El 27 de noviembre se descubrió la existencia de una red de extorsión que operaba desde los ministerios de Gobierno y de la Presidencia; desde entonces fueron aprehendidas 12 personas, entre funcionarios gubernamentales, fiscales y jueces. El abogado de Ostreicher indica que ya pasaron seis meses y aún no se tiene una respuesta concreta sobre el caso de su defendido.
Ostreicher fue acusado de formar parte de una red de narcotráfico con los hermanos Ozzie Dorado y Maximiliano Dorado, por esos indicios fue detenido 18 meses en la cárcel de Palmasola. No obstante, él alega que vino a Bolivia para instalar una empresa agropecuaria en Santa Cruz con una inversión de al menos 25 millones de dólares.
Una de las víctimas de la red de extorsión
Jacob Ostreicher denunció en noviembre de 2012 que fue víctima de extorsión por parte de abogados del Ministerio de Gobierno. El caso está paralizado y desde entonces transcurrieron seis meses.
Por sus denuncias, el presidente Evo Morales ordenó una investigación de los supuestos extorsionadores del ciudadano norteamericano.
Desde entonces fueron aprehendidos funcionarios del Ministerio de Gobierno y de la Presidencia, como Fernando Rivero, Boris Villegas, Dennis Rodas y Juan Manuel Antezana. Además cayeron el ex fiscal de distrito Isabelino Gómez y otras autoridades del Ministerio Público y jueces.
Los detenidos alegan su inocencia al asegurar que se trata de una venganza de autoridades del Gobierno.
viernes, 17 de mayo de 2013
Ostreicher solicita reunirse con Morales
El ciudadano estadounidense, Jacob Ostreicher, entregó hoy una carta a la oficina de correspondencia de Palacio Quemado, solicitando una entrevista con el presidente Evo Morales para acelerar los juicios penales en su contra en procura de obtener su plena libertad.
El abogado defensor del norteamericano, Jimmy Montaño, dijo que se recurre a la mediación del mandatario, toda vez que la red de extorsión seguiría operando en el país y que la justicia atraviesa su peor momento.
"Evidentemente, mi cliente ha viajado a la ciudad de La Paz con la finalidad de entregar una carta al Presidente del Estado Plurinacional haciéndole conocer una serie de irregularidades de las cuales ha sido víctima y pidiéndole un audiencia para poder exponer sus razones y motivos, además de presentarle una serie de elementos de prueba que demuestran su inocencia", sostuvo Montaño a radio Fides.
En ese marco, el abogado recordó que "si el Presidente no ordenaba la investigación a la presunta red de extorsión, nunca se hubieran puesto en detención a estas personas que venían haciendo bastante daño a ciudadanos".
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, dijo que el presidente Evo Morales deberá evaluar si recibe, o, no al norteamericano: "Lo que me han informado es que el tenor de la carta es una solicitud de audiencia al Presidente, yo creo que es el Presidente quien tendrá que evaluar en opinión personal. Seguramente muchos ciudadanos tendremos la el interés de reunirnos con el Presidente y eso también hay que evaluarlo".
Ostreicher, cuyo nombre es conocido por la opinión pública nacional e internacional, guarda detención domiciliaria desde diciembre pasado, luego de permanecer un poco más de 18 meses en la cárcel de Palmasola.
El caso puso entre rejas a los abogados más influyentes del Ministerio de Gobierno y de la Presidencia, como Fernando Rivero, Boris Villegas, Dennis Rodas y Juan Manuel Antezana, además del exfiscal de Distrito, Isabelino Gómez, personal jerárquico de la Dirección de Bienes Incautados.
El ciudadano estadounidense aún no tiene una sentencia absolutoria o condenatoria por la sindicación que hicieron exabogados del Ministerio de Gobierno.
El abogado defensor del norteamericano, Jimmy Montaño, dijo que se recurre a la mediación del mandatario, toda vez que la red de extorsión seguiría operando en el país y que la justicia atraviesa su peor momento.
"Evidentemente, mi cliente ha viajado a la ciudad de La Paz con la finalidad de entregar una carta al Presidente del Estado Plurinacional haciéndole conocer una serie de irregularidades de las cuales ha sido víctima y pidiéndole un audiencia para poder exponer sus razones y motivos, además de presentarle una serie de elementos de prueba que demuestran su inocencia", sostuvo Montaño a radio Fides.
En ese marco, el abogado recordó que "si el Presidente no ordenaba la investigación a la presunta red de extorsión, nunca se hubieran puesto en detención a estas personas que venían haciendo bastante daño a ciudadanos".
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, dijo que el presidente Evo Morales deberá evaluar si recibe, o, no al norteamericano: "Lo que me han informado es que el tenor de la carta es una solicitud de audiencia al Presidente, yo creo que es el Presidente quien tendrá que evaluar en opinión personal. Seguramente muchos ciudadanos tendremos la el interés de reunirnos con el Presidente y eso también hay que evaluarlo".
Ostreicher, cuyo nombre es conocido por la opinión pública nacional e internacional, guarda detención domiciliaria desde diciembre pasado, luego de permanecer un poco más de 18 meses en la cárcel de Palmasola.
El caso puso entre rejas a los abogados más influyentes del Ministerio de Gobierno y de la Presidencia, como Fernando Rivero, Boris Villegas, Dennis Rodas y Juan Manuel Antezana, además del exfiscal de Distrito, Isabelino Gómez, personal jerárquico de la Dirección de Bienes Incautados.
El ciudadano estadounidense aún no tiene una sentencia absolutoria o condenatoria por la sindicación que hicieron exabogados del Ministerio de Gobierno.
Claudia Liliana dice que era acosada por Jacob Ostreicher
Claudia Liliana Rodríguez Espitia, ciudadana colombiana procesada por el delito de legitimación de ganancias ilícitas dentro del caso en el que son investigados varios empresarios-terratenientes, entre ellos el estadounidense Jacob Ostreicher, reveló en una declaración ampliatoria ante la Fiscalía que el ciudadano norteamericano la acosaba sexualmente y que hacía de todo para conquistarla cuando ella administraba la sociedad de un grupo de inversionistas extranjeros.
“El señor Ostreicher me acosaba sexualmente llegando al punto de llamarme cada 15 minutos por teléfono. Me enviaba mensajes de texto, una vez recibí hasta 100 e-mails. En cierta ocasión me trajo helados de Estados Unidos, de los que a mí me gustan... En septiembre de 2009 me convocó a una reunión en el hotel Los Tajibos. Fui con mi hermano. Había alquilado un salón decorado con atuendos rojos y rosas rojas por todos lados. Amenizaba un grupo de violinistas. Me dijo que era una sorpresa para mí. Me sentí mal porque no era un ambiente adecuado para una reunión comercial... En esa oportunidad me regaló un collar de perlas o piedras preciosas. Él se molestó porque me dijo que la fiesta le había costado $us 25.000”, relata la colombiana en su declaración realizada el 18 de marzo.
En otro punto del documento, Rodríguez explica que no hubo nada ilegal en la compra de cuatro propiedades a los hermanos Maximilano y Ozzie Dorado. Añadió que el negocio se cerró por $us cuatro millones. Se habló de un pago inicial de $us 600.000 y que los restantes $us 3,4 millones iban a ser pagados con cuatro cosechas.
Le recuerdan a John W. Díaz
Jimmy Montaño, abogado defensor de Ostreicher, indicó que su cliente organizó una fiesta para Claudia Liliana y le regaló el collar de perlas, con el conocimiento de la esposa de Jacob, por su cumpleaños y en agradecimiento por la compra de terrenos. “No es novedad para nosotros y no nos va a perjudicar en nada lo que diga. Más bien le pido que hable sobre el pacto que tuvo con John Wilson Díaz (colombiano declarado prófugo por la Felcn) buscado por vínculos con el narcotráfico y con el que, al parecer, invirtió parte del dinero de los inversionistas
PORMENORES
Socio minoritario
Según Claudia Liliana Rodríguez, Ostreicher solo tenía $us 3,1 millones en el grupo, que invirtió $us 27 millones en fundos agrícolas de Guarayos.
VERSIONES
Ostreicher negó tener contacto con los hermanos Dorado, pero la colombiana indicó que Jacob iba de cacería con ellos.
Todos libres
La justicia encarceló en su tiempo a Ostreicher, a Claudia Liliana Rodríguez, a Aníbal Ezequiel Gómez y a Ozzie Dorado, pero ahora todos están libres, sin juicios.
Quietud de autoridades
Ozzie salió hace poco. Al abogado de Jacob le extraña que la Fiscalía no hubiera apelado.
Senadora espera que las investigaciones avancen tras renuncia del exfiscal Soza
Soza deja de ser parte del Ministerio Público y de la comisión de fiscales que investiga el caso Rózsa.
La senadora de Convergencia Nacional (CN), Carmen Eva Gonzales, dijo que con la aceptación de renuncia del exfiscal Marcelo Soza por el Ministerio Público, se debe comenzar a investigar los audios que ella presentó donde se habla de la red de extorsión y otros casos pendientes que también involucran al exasignado al caso “terrorismo”. Asimismo, espera que Soza no huya del país por lo que pidió a las autoridades tomar el recaudo correspondiente.
Luego que el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunciara que el Ministerio Publico aceptó al renuncia del exfiscal Marcelo Soza, quien estaba asignado al caso de supuesto terrorismo I, después de casi dos meses tras la presentación de la renuncia por el abogado, Gonzales dijo que la decisión se dio ante la denuncia que presentó por supuesta implicación en la denominada red de extorsión y haber involucrado a algunos personajes del aparato estatal.
“Ahora pido que se lleve adelante, de una vez, el inicio del proceso de investigación sobre la denuncia presentada a través de dos audios que hice públicos ante el Ministerio Público en calidad de senadora, además de los hechos de extorsión y todo lo que ha ocurrido en el Hotel Las Américas y así poder informar al país y poder dar con los culpables de este hecho con autores materiales e intelectuales. Lo que le queda al Ministerio Público es ponerse las pilas y llevar adelante el proceso de investigación”, remarcó.
En los últimos tres meses, la asambleísta opositora presentó en tres oportunidades pruebas a través de materiales audiovisuales, además de fotografías donde el exfiscal habría extorsionado a los familiares de los implicados en el caso Rózsa, que fue instaurado en abril de 2009 tras el operativo en el Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y al cual fue asignado por la Fiscalía General.
En otro de los videos, se escuchó los audios con la supuesta voz de Soza mencionando a altas autoridades del Estado y funcionaros públicos involucrados en la red de extorsión descubierta en noviembre de 2012 y que operaba desde los ministerios de Gobierno, de la Presidencia y de Transparencia y lucha contra la corrupción.
En ese caso, los exfuncionarios de los ministerios y asesores legales de las autoridades se encuentran actualmente con detención preventiva en el penal de Palamasola de la capital oriental.
Asimismo, la senadora reveló unas fotografías donde el exasignado del Ministerio Público aparenta tener una relación de amistad con los abogados sindicados Denis Rodas y Boris Villegas, quienes serían los supuestos cabecillas de la red de extorsionadores, según denunció el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Gonzales cree que ante este panorama, el exfiscal Soza podría huir del país para no afrontar el proceso que debería iniciarse pronto.
“Hay riesgo y peligro de fuga de parte del exfiscal Marcelo Soza y por eso pido y exijo al fiscal Genaro Quenta (asignado al caso) que una vez asuma la responsabilidad de llevar adelante la detención preventiva, en caso de que esto llegue a ocurrir será neta y exclusivamente responsabilidad del Ministerio Publico”, señaló.
Al mismo tiempo, la legisladora cuestionó que el Fiscal General haya tardado casi dos meses en aceptar la renuncia de Soza, calificándolo de “proteccionista”, sin embargo dijo que no dejara de insistir el inicio de la investigación el cual hará un seguimiento muy minucioso.
Por otra parte, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, señaló que lo más importante en este momento es que el caso terrorismo sea procesado nuevamente y dijo que las pruebas de la senadora opositora son falsas.
“Sobre el exfiscal Soza más allá que haya atado una buena tarea, hubo demasiada contaminación respecto a los falsos videos, yo creo que lo que queremos todos es que el caso terrorismo se aclare”, dijo.
jueves, 16 de mayo de 2013
Soza queda fuera del caso Terrorismo
"El pasado 19 de marzo recibimos la renuncia de Marcelo Soza, (luego) tal cual le corresponde a un trabajador o servidor tuvo una vacación de 60 días, la vacación concluyó ayer, por tanto, esta mañana, a las 09.00 se notificó a Soza en la ciudad de La Paz con la aceptación de su renuncia", dijo Guerrero a la radio Aclo de la Red Erbol.
El alejamiento de Soza del cargo de fiscal de materia y su reciente aceptación se produce después de que fue involucrado en la red de presuntos extorsionadores que operaba desde el Ministerio de Gobierno.
Soza presidió las investigaciones del caso terrorismo después de que el 19 de abril de 2009, la Policía Boliviana desarticuló una banda de mercenarios que aparentemente buscaban generar violencia y dividir el país.
En los últimos meses, apareció la senadora Carmen Eva Gonzales para presentar audios y fotografías. Con estos materiales vinculó al ahora exdirector funcional del caso terrorismo con la red de extorsionadores y en el mismo caso terrorismo, que supuestamente habría sido montado.
Aunque la presentación de estos nuevos materiales no está incluida dentro del proceso denominado "terrorismo y separatismo" (porque se abrió otro caso investigativo para verificar su veracidad), sí contribuyó en la generación de mayor confusión en la opinión pública sobre el grupo de Marcelo Rózsa.
Así, el 4 de marzo de 2003, la senadora Gonzales presentó un primer audio que supuestamente es de Soza, quien en una conversación con una persona no identificada, relata los pormenores que envolverían al caso terrorismo y otros criterios sobre la red de extorsión que operaba al interior del gobierno.
El 11 de marzo de 2013, la senadora Gonzales distribuyó a los medios de comunicación fotografías de Soza con detenidos por el caso "extorsión y corrupción", quienes incluso habrían extorsionado a los implicados en el caso "terrorismo I".
El 2 de abril de 2013, Gonzales presentó un segundo audio donde presuntamente se escucha a Soza hablando, entre otros temas, de que habría sido utilizado para la investigación del caso terrorismo. La supuesta voz de Soza dice que "metieron" un arma como parte de las pruebas sin serlo. Según la senadora opositora, esta "prueba" demuestra los hechos "estremecedores" que rodarían al caso terrorismo I.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunció hace instantes que aceptó la renuncia del fiscal Marcelo Soza.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunció hace instantes que aceptó la renuncia del fiscal Marcelo Soza. El que estuviera a cargo del sonado caso Terrorismo I y Terrorismo II ya no es más servidor público.
Ministerio Público amplía investigación por posible relación entre policías y funerarias
En estas acusaciones fueron implicados por los supuestos nexos efectivos policiales de la Felcc de El Alto.
El Ministerio Público ampliará la investigación sobre los supuestos nexos y tratos que existirían entre efectivos policiales y funerarias hasta las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz y otras unidades de la entidad del verde olivo.
Cabe recordar que esta denuncia fue presentada por EL DIARIO el pasado 28 de abril cuando se dio a conocer irregularidades en el trabajo de los uniformados quienes presuntamente gestionarían la atención de algunas funerarias para cierto tipo de dolientes.
En esa ocasión, la denuncia fue extendida por Concepción Pinto, quien luego de la muerte de su hijo Edwin Zeballos de 33 años, descubre una irregular relación entre algunos funcionarios policiales de la Unidad de Homicidios de la Felcc en El Alto y la funeraria “San Francisco de Asís”, la misma que entrega certificados de defunción ilegal sin que el cuerpo llegue a la Morgue del Hospital de Clínicas como establece la norma.
Según informes oficiales de la Policía, se aguarda la designación del fiscal responsable de las investigaciones, las cuales, de acuerdo con lo registrado a la fecha, podrían ampliarse a otras instancias como la Felcc–Homicidios en la ciudad de La Paz y Radio Patrullas.
“Mediante investigaciones policiales se establece que algunos funcionarios policiales de Homicidios, tanto en la ciudad de La Paz como en El Alto, tienen una relación directa con la funeraria ‘San Francisco de Asís’, denunciada públicamente, la misma que estaría ofreciendo recursos a los uniformados policiales para el traslado de cuerpos por parte del carro fúnebre del mencionado negocio y que los mismos no llegan a la morgue del hospital de clínicas”, señala el informe oficial.
Por su parte, el representante del Defensor del Pueblo, José Luis Hidalgo, recibió un informe escrito del coronel Ramiro Magne, director de la Felcc en El Alto, para conocer mayores detalles y que se pueda esclarecer que proceso de investigación se realiza a funcionarios policiales de las reparticiones implicadas ante la supuesta relación y si su autoridad tendría conocimiento de que los cuerpos que son levantados con la Unidad de Homicidios no estarían llegando a la morgue del Hospital de Clínicas.
“El informe escrito se ha entregado el pasado lunes 13 del presente mes con la finalidad de esclarecer cual el proceso de investigación a los funcionarios policiales por la denuncia pública efectuada en EL DIARIO y la investigación que se realizó a partir de este medio de comunicación. En ese sentido el coronel Ramiro Magne, como primera autoridad policial, tiene 10 días para que se investigue y dé respuesta a lo solicitado a nuestra instancia”, confirmó Hidalgo.
Al momento, se tiene conocimiento de que la denunciante Concepción Pinto solicitó al Ministerio de Gobierno la posibilidad de ser apoyada con un abogado y realizar la necropsia del cadáver de su hijo de quien se presume habría sido enterrado con vida porque el día que fue remitido al centro de salud donde supuestamente falleció se impidió que el cuerpo sea remitido a la morgue de la ciudad de La Paz para que se acceda a un estudio de médico forense y que dicho procedimiento fue asumido por la mencionada funeraria.
En tanto que el subdirector de la Felcc de La Paz, coronel Alfredo Ceballos, prefirió no dar a conocer ninguna opinión al respecto y afirmó que desconocía la denuncia realizada de forma pública.
“Mire yo no conozco exactamente ninguna denuncia pero es importante que se apersone para que hable con el director de la Felcc, mi persona no puede darle a conocer ningún detalle”, indicó el coronel Ceballos.
martes, 14 de mayo de 2013
Soza denuncia rapto de su hijo y Fiscal lo desmiente
El fiscal Marcelo Soza denunció ante la Fiscalía que dos delincuentes interceptaron el sábado por la noche el vehículo en el que retornaba a su casa su hijo de 19 años, y que lo raptaron durante cinco horas y lo hirieron con un arma punzocortante en el mentón. Horas después, el fiscal asignado al caso, Harold Jarandilla, informó de que el joven solamente había bebido y que, según las indagaciones preliminares, chocó la vagoneta Ford Explorer 2010 de su padre contra un poste sin la mediación de delincuente alguno.
Según la denuncia presentada por Soza, el hecho ocurrió alrededor de las 23.00 en la zona de Sopocachi, cerca de la plaza Abaroa. Dos sujetos interceptaron al joven, abordaron el vehículo, lo redujeron y lo pasaron a la parte trasera. Supuestamente lo retuvieron durante cinco horas, porque alrededor de las 5.00 el vehículo se estrelló con un poste. La denuncia señala que le sustrajeron su celular y le quitaron sus tarjetas para ver si tenía dinero en cajeros. Le apuntaron con un arma de fuego, pero al final lo hirieron con un arma punzocortante. Un allegado a la familia Soza señaló que en ese tiempo los delincuentes que lo raptaron le dijeron que lo iban a matar. “Tras largas horas de cautiverio, el joven forcejeó con ellos, les quitó el control del vehículo y provocó que el motorizado se choque contra un poste”.
En ese momento, ante la bulla, según la versión, los vecinos salieron a sus ventanas, lo que, para la fuente, fue determinante para que los atacantes decidan darse a la fuga.
Según la denuncia presentada por Soza, el hecho ocurrió alrededor de las 23.00 en la zona de Sopocachi, cerca de la plaza Abaroa. Dos sujetos interceptaron al joven, abordaron el vehículo, lo redujeron y lo pasaron a la parte trasera. Supuestamente lo retuvieron durante cinco horas, porque alrededor de las 5.00 el vehículo se estrelló con un poste. La denuncia señala que le sustrajeron su celular y le quitaron sus tarjetas para ver si tenía dinero en cajeros. Le apuntaron con un arma de fuego, pero al final lo hirieron con un arma punzocortante. Un allegado a la familia Soza señaló que en ese tiempo los delincuentes que lo raptaron le dijeron que lo iban a matar. “Tras largas horas de cautiverio, el joven forcejeó con ellos, les quitó el control del vehículo y provocó que el motorizado se choque contra un poste”.
En ese momento, ante la bulla, según la versión, los vecinos salieron a sus ventanas, lo que, para la fuente, fue determinante para que los atacantes decidan darse a la fuga.
viernes, 10 de mayo de 2013
Proyecto busca proteger a personas que denuncien actos de corrupción
Destituida, amenazada y sometida a presiones constantes terminó una médico anestesista del hospital Viedma que decidió denunciar a algunos de sus colegas por cobrar un porcentaje de dinero por la atención del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) utilizando los ambientes y equipos de este nosocomio.
La representación del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción llevó adelante el proceso y evidenció la falta de un mecanismo de carácter legal de protección para denunciantes y testigos.
Desde esta oficina se constató que una de las medidas inmediatas que asumen los denunciados es tratar de averiguar la identidad de testigos y denunciantes para tomar acciones de revancha contra ellos.
Los datos estadísticos demuestran que en la mayoría de los casos los denunciados son personas que están en cargos directivos y gerenciales, y los denunciantes son funcionarios de menor jerarquía, por lo que se pone en riesgo la tranquilidad, estabilidad laboral, profesional y familiar de estos últimos.
Ante esta situación se impulsa el “anteproyecto de Ley del Sistema de Protección de Testigos y Denunciantes” que tiene el objetivo de fortalecer la lucha contra este delito en el país. A su vez busca incentivar y facilitar la denuncia para prevenir otros hechos similares.
Por recomendación del Encuentro Plurinacional, que se realizó en diciembre de 2011 en la ciudad de Cochabamba, se impulsa ésta y otras normativas.
La Aduana Nacional, por ejemplo, ofrece recompensas a personas particulares y municipios por denunciar actividades de contrabando. Estas personas reciben entre el 20 y 40 por ciento del valor de la mercancía incautada y los municipios un 10 por ciento adicional, además de la protección suficiente para evitar represalias, como el resguardo de su identidad.
OTRAS LEYES Si bien existe la protección de los testigos y denunciantes en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, el Código de Procedimiento Penal y la nueva ley del Ministerio Público, no son suficientes.
En la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz se establece el sistema de protección de denunciantes y testigos que estará a cargo del Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y el Ministerio Público.
“El sistema brindará protección adecuada contra toda amenaza, agresión, represalia o intimidación a denunciantes y testigos, así como peritos, asesores técnicos, servidores públicos y otros partícipes directos o indirectos en el proceso de investigación, procesamiento, acusación y juzgamiento”, dice la norma.
Asimismo, establece que el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción guardará reserva de la identidad de las personas particulares o servidores públicos que denuncien hechos y/o delitos de corrupción y guardará en reserva la documentación presentada, recolectada y generada durante el cumplimiento de sus funciones.
En el Código de Procedimiento Penal se declara reserva del proceso cuando está de por medio la seguridad de las personas.
Por otro lado, en el Artículo 11 de la Ley del Ministerio Público se hace referencia a una coordinación con la Policía, Órganos del Estado e instituciones públicas para proteger a las personas que por colaborar con la administración de justicia corran peligro de sufrir algún daño.
“A tal efecto dispondrá de programas permanentes de protección a testigos, denunciantes, peritos, víctimas y a sus propias servidores”, señala el documento.
Asimismo, indica que la protección será especial en temas vinculados al crimen organizado, corrupción, narcotráfico, en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres, trata y tráfico de personas y/o violación de derechos fundamentales.
SEGURIDAD El anteproyecto de Ley del Sistema de Protección de Testigos y Denunciantes está adecuado a normas internacionales. Establece principios y procedimientos y una serie de normas para proteger a las personas particulares, servidores públicos y el entorno familiar más cercano, entre otros.
Las medidas de protección serán de carácter familiar como también laboral. La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, reconoció en una entrevista anterior que el ciudadano de a pie y los servidores públicos actualmente se ven coartados en su derecho de hacer una denuncia.
Consideró que debe haber protección policial en el domicilio, darles alojamiento temporal, atención psicológica y utilizar tecnología de punta para ocultar la identidad de la persona, además de otras medidas de seguridad.
Apuntes.
Beneficios
En el anteproyecto de ley se propone otorgar beneficios económicos a los denunciantes y testigos cuando se haya permitido la imposición de sanciones de reparación pecuniarias o se identifique o localice recursos, derechos o bienes.
Represalias
Pueden ser de tipo laboral como el despido arbitrario, disminución de salario, movilización intempestiva del trabajo, cambios injustificados u otros.
El objetivo es intentar amedrentar o castigar a los denunciantes y testigos.
Estos actos también tendrán sanciones y podrá ser una agravante si la responsabilidad es de un superior.
Apoyo
Las medidas de protección se darán a través de asistencia legal para los hechos relacionados con su denuncia y la reserva de su identidad.
Si es funcionario público se protegerán sus condiciones laborales, no pudiendo ser cesado, despedido o removido de su cargo.
Modelo de la OEA para el país
El anteproyecto de ley propuesto desde el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se acomoda en algunos aspectos a la “ley modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos” del departamento de Cooperación Jurídica de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El objetivo es no sólo la investigación sino también la sanción administrativa o penal.
Esta ley señala que toda persona que tiene conocimiento de un acto de corrupción tiene la obligación de poner en conocimiento de las autoridades competentes este hecho, sin que por ello se vea vulnerada su integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones de trabajo.
También establece medidas administrativas para facilitar la denuncia de un acto de corrupción a través de la creación de cuentas de correo electrónico y asignación de números telefónicos específicos.
El objetivo, según el anteproyecto de ley, es que se presente la denuncia sin revelar la identidad.
Analizan dar resguardo a través del cambio de identidad, de residencia y protección policial
Para resguardar la identidad de las personas denunciantes o testigos, el representante del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en Cochabamba, Jhonny Ledezma, explicó que se analiza la posibilidad de cambiar la identidad, la residencia, y brindar protección policial, entre otras medidas.
Asimismo, se prevé la toma de declaraciones por una sola vez para evitar la vulneración de los derechos y garantías constitucionales, no sólo de estas personas sino de su familia.
“El cambio de identidad y protección a la persona que será testigo o denunciante es necesario. Ponerla a buen recaudo en casas de retiro, hoteles o viviendas. Para esto requerimos recursos y garantizar su fuente laboral”, manifestó.
Dijo también que actualmente los que son denunciados se interesan más por conocer a la persona que delató un hecho de corrupción antes de saber de qué se trata el caso.
Para esta autoridad, los límites de violencia aún son soportables en comparación con otras ciudades donde hay ajuste de cuentas y sicarios que cometen delitos. Sin embargo, con esta nueva ley las personas que se sienten poderosas se darán cuenta que son vulnerables ante los ojos de las personas “comunes”.
“El hecho de tener testigos y denunciantes inmunes a cualquier acto de represalia hace a la prevención. Mucha gente al saber que hay una ley se abstendrá de cometer un hecho de corrupción”, acotó Ledezma.
Reconoció que la idea actual es que no hay protección y por eso evitan “meterse en problemas”.
“La mayoría de los denunciantes y testigos quedan solos pagando las consecuencias de atreverse a denunciar”, sostuvo.
Según Ledezma, con la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz el nivel de confiabilidad que se ofrece es sólo para la reserva de la identidad. Es por eso que el nombre ni siquiera figura en el sistema de denuncias y sólo las máximas autoridades son quienes tienen toda la información.
Es una medida necesaria, pero que puede crear más violencia
Los funcionarios que denuncien actos de corrupción en la cosa pública, del Estado, deben ser protegidos.
Considero que está bien que haya una ley que proteja a los subalternos que se atreven a denunciar los actos de corrupción de los jerarcas de la administración pública, es decir a sus jefes.
Normalmente, los funcionarios sienten temor a represalias, a quedarse sin el cargo, y de ser perseguidos hasta judicialmente.
Sí, debería haber alguna ley específica que vaya a proteger a aquel funcionario público que se atreva a denunciar actos de corrupción de sus superiores, incluidos viceministros, ministros, directores nacionales, alcaldes, gobernadores y otros.
Algunos funcionarios se hacen de la vista gorda cuando conocen actos de corrupción, por temor, mientras los corruptos se siguen beneficiando con jugosas sumas de dinero en detrimento al Estado Boliviano.
CONTRABANDO Respecto al incentivo que se propone para que la gente denuncie actos de contrabando o de narcotráfico, considero que con esto se puede más bien incrementar la violencia.
Puede generarse represalias y vendettas contra las personas que denuncian por parte de los afectados.
Si bien se pretende con este proyecto de ley una lucha contra la corrupción, el contrabando y el narcotráfico, al mismo tiempo se está incentivando a que muchos bolivianos se dediquen a esta tarea.
Es decir, denunciar este tipo de actos y beneficiarse con recursos económicos que provengan de las incautaciones, y después cambiar su identidad, de residencia o ir a otro departamento.
Y este tipo de denuncias se deben hacer con mucha cautela, no de manera precipitada, porque a la larga puede ser contraproducente para el ejercicio de los derechos.
La representación del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción llevó adelante el proceso y evidenció la falta de un mecanismo de carácter legal de protección para denunciantes y testigos.
Desde esta oficina se constató que una de las medidas inmediatas que asumen los denunciados es tratar de averiguar la identidad de testigos y denunciantes para tomar acciones de revancha contra ellos.
Los datos estadísticos demuestran que en la mayoría de los casos los denunciados son personas que están en cargos directivos y gerenciales, y los denunciantes son funcionarios de menor jerarquía, por lo que se pone en riesgo la tranquilidad, estabilidad laboral, profesional y familiar de estos últimos.
Ante esta situación se impulsa el “anteproyecto de Ley del Sistema de Protección de Testigos y Denunciantes” que tiene el objetivo de fortalecer la lucha contra este delito en el país. A su vez busca incentivar y facilitar la denuncia para prevenir otros hechos similares.
Por recomendación del Encuentro Plurinacional, que se realizó en diciembre de 2011 en la ciudad de Cochabamba, se impulsa ésta y otras normativas.
La Aduana Nacional, por ejemplo, ofrece recompensas a personas particulares y municipios por denunciar actividades de contrabando. Estas personas reciben entre el 20 y 40 por ciento del valor de la mercancía incautada y los municipios un 10 por ciento adicional, además de la protección suficiente para evitar represalias, como el resguardo de su identidad.
OTRAS LEYES Si bien existe la protección de los testigos y denunciantes en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, el Código de Procedimiento Penal y la nueva ley del Ministerio Público, no son suficientes.
En la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz se establece el sistema de protección de denunciantes y testigos que estará a cargo del Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y el Ministerio Público.
“El sistema brindará protección adecuada contra toda amenaza, agresión, represalia o intimidación a denunciantes y testigos, así como peritos, asesores técnicos, servidores públicos y otros partícipes directos o indirectos en el proceso de investigación, procesamiento, acusación y juzgamiento”, dice la norma.
Asimismo, establece que el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción guardará reserva de la identidad de las personas particulares o servidores públicos que denuncien hechos y/o delitos de corrupción y guardará en reserva la documentación presentada, recolectada y generada durante el cumplimiento de sus funciones.
En el Código de Procedimiento Penal se declara reserva del proceso cuando está de por medio la seguridad de las personas.
Por otro lado, en el Artículo 11 de la Ley del Ministerio Público se hace referencia a una coordinación con la Policía, Órganos del Estado e instituciones públicas para proteger a las personas que por colaborar con la administración de justicia corran peligro de sufrir algún daño.
“A tal efecto dispondrá de programas permanentes de protección a testigos, denunciantes, peritos, víctimas y a sus propias servidores”, señala el documento.
Asimismo, indica que la protección será especial en temas vinculados al crimen organizado, corrupción, narcotráfico, en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres, trata y tráfico de personas y/o violación de derechos fundamentales.
SEGURIDAD El anteproyecto de Ley del Sistema de Protección de Testigos y Denunciantes está adecuado a normas internacionales. Establece principios y procedimientos y una serie de normas para proteger a las personas particulares, servidores públicos y el entorno familiar más cercano, entre otros.
Las medidas de protección serán de carácter familiar como también laboral. La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, reconoció en una entrevista anterior que el ciudadano de a pie y los servidores públicos actualmente se ven coartados en su derecho de hacer una denuncia.
Consideró que debe haber protección policial en el domicilio, darles alojamiento temporal, atención psicológica y utilizar tecnología de punta para ocultar la identidad de la persona, además de otras medidas de seguridad.
Apuntes.
Beneficios
En el anteproyecto de ley se propone otorgar beneficios económicos a los denunciantes y testigos cuando se haya permitido la imposición de sanciones de reparación pecuniarias o se identifique o localice recursos, derechos o bienes.
Represalias
Pueden ser de tipo laboral como el despido arbitrario, disminución de salario, movilización intempestiva del trabajo, cambios injustificados u otros.
El objetivo es intentar amedrentar o castigar a los denunciantes y testigos.
Estos actos también tendrán sanciones y podrá ser una agravante si la responsabilidad es de un superior.
Apoyo
Las medidas de protección se darán a través de asistencia legal para los hechos relacionados con su denuncia y la reserva de su identidad.
Si es funcionario público se protegerán sus condiciones laborales, no pudiendo ser cesado, despedido o removido de su cargo.
Modelo de la OEA para el país
El anteproyecto de ley propuesto desde el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se acomoda en algunos aspectos a la “ley modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos” del departamento de Cooperación Jurídica de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El objetivo es no sólo la investigación sino también la sanción administrativa o penal.
Esta ley señala que toda persona que tiene conocimiento de un acto de corrupción tiene la obligación de poner en conocimiento de las autoridades competentes este hecho, sin que por ello se vea vulnerada su integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones de trabajo.
También establece medidas administrativas para facilitar la denuncia de un acto de corrupción a través de la creación de cuentas de correo electrónico y asignación de números telefónicos específicos.
El objetivo, según el anteproyecto de ley, es que se presente la denuncia sin revelar la identidad.
Analizan dar resguardo a través del cambio de identidad, de residencia y protección policial
Para resguardar la identidad de las personas denunciantes o testigos, el representante del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en Cochabamba, Jhonny Ledezma, explicó que se analiza la posibilidad de cambiar la identidad, la residencia, y brindar protección policial, entre otras medidas.
Asimismo, se prevé la toma de declaraciones por una sola vez para evitar la vulneración de los derechos y garantías constitucionales, no sólo de estas personas sino de su familia.
“El cambio de identidad y protección a la persona que será testigo o denunciante es necesario. Ponerla a buen recaudo en casas de retiro, hoteles o viviendas. Para esto requerimos recursos y garantizar su fuente laboral”, manifestó.
Dijo también que actualmente los que son denunciados se interesan más por conocer a la persona que delató un hecho de corrupción antes de saber de qué se trata el caso.
Para esta autoridad, los límites de violencia aún son soportables en comparación con otras ciudades donde hay ajuste de cuentas y sicarios que cometen delitos. Sin embargo, con esta nueva ley las personas que se sienten poderosas se darán cuenta que son vulnerables ante los ojos de las personas “comunes”.
“El hecho de tener testigos y denunciantes inmunes a cualquier acto de represalia hace a la prevención. Mucha gente al saber que hay una ley se abstendrá de cometer un hecho de corrupción”, acotó Ledezma.
Reconoció que la idea actual es que no hay protección y por eso evitan “meterse en problemas”.
“La mayoría de los denunciantes y testigos quedan solos pagando las consecuencias de atreverse a denunciar”, sostuvo.
Según Ledezma, con la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz el nivel de confiabilidad que se ofrece es sólo para la reserva de la identidad. Es por eso que el nombre ni siquiera figura en el sistema de denuncias y sólo las máximas autoridades son quienes tienen toda la información.
Es una medida necesaria, pero que puede crear más violencia
Los funcionarios que denuncien actos de corrupción en la cosa pública, del Estado, deben ser protegidos.
Considero que está bien que haya una ley que proteja a los subalternos que se atreven a denunciar los actos de corrupción de los jerarcas de la administración pública, es decir a sus jefes.
Normalmente, los funcionarios sienten temor a represalias, a quedarse sin el cargo, y de ser perseguidos hasta judicialmente.
Sí, debería haber alguna ley específica que vaya a proteger a aquel funcionario público que se atreva a denunciar actos de corrupción de sus superiores, incluidos viceministros, ministros, directores nacionales, alcaldes, gobernadores y otros.
Algunos funcionarios se hacen de la vista gorda cuando conocen actos de corrupción, por temor, mientras los corruptos se siguen beneficiando con jugosas sumas de dinero en detrimento al Estado Boliviano.
CONTRABANDO Respecto al incentivo que se propone para que la gente denuncie actos de contrabando o de narcotráfico, considero que con esto se puede más bien incrementar la violencia.
Puede generarse represalias y vendettas contra las personas que denuncian por parte de los afectados.
Si bien se pretende con este proyecto de ley una lucha contra la corrupción, el contrabando y el narcotráfico, al mismo tiempo se está incentivando a que muchos bolivianos se dediquen a esta tarea.
Es decir, denunciar este tipo de actos y beneficiarse con recursos económicos que provengan de las incautaciones, y después cambiar su identidad, de residencia o ir a otro departamento.
Y este tipo de denuncias se deben hacer con mucha cautela, no de manera precipitada, porque a la larga puede ser contraproducente para el ejercicio de los derechos.
jueves, 9 de mayo de 2013
Corte rechaza 78 incidentes y excepciones del caso Rózsa
A través de su Resolución 08/2013, el Tribunal 1º de Sentencia de La Paz rechazó los 78 incidentes y excepciones que fueron presentados por la defensa de los 39 acusados en el juicio oral del caso Rózsa o Terrorismo que se desarrolla en la ciudad de Santa Cruz.
La defensa de los procesados cuestionó ayer la resolución emitida por la citada corte y anunció la apelación a la determinación. Los incidentes y excepciones son recursos jurídicos mediante los cuales los acusados en un determinado juicio cuestionan el procedimiento del mismo.
El caso Terrorismo se refiere a la desarticulación de un grupo que, según el Gobierno, intentó dividir al país. Esta agrupación fue desbaratada en abril de 2009 en Santa Cruz, a través de un operativo policial, en el que murió su líder, Eduardo Rózsa, además de Árpád Magyarosi y Michael Dwyler. En el juicio se imputó a 39 personas, de las que 15 fueron declaradas en rebeldía.
La abogada del exdirigente cívico beniano imputado Alberto Melgar, Verónica Suárez, calificó al fallo de una aberración jurídica, ya que el mismo no tiene ningún fundamento legal. “Se aplicaron artículos de sentencias que no corresponden”, aseveró.
Posición. A manera de ejemplo citó la excepción de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso planteado por su defendido. “El tribunal nos sale con que el tiempo se computa a partir de la notificación del último imputado; esto está fuera de lugar”, sostuvo la jurista.
El húngaro Elöt Tóásó, otro acusado y sobreviviente de la intervención policial, al hacer uso de la defensa material, dijo que se le violentaron sus derechos constitucionales al tomarse su declaración sin la presencia de un traductor que le permita asumir su defensa. En ese marco, pidió que se le asigne un traductor.
La defensa de Tóásó, Alberto Morales lamentó que el tribunal no haya valorado oportunamente las excepciones e incidentes presentados y, en ese orden, planteó la complementación y enmienda.
La jurista Martha Requena, que patrocina al imputado Juan Kudelka, adelantó que impugnará la resolución del tribunal porque no está enmarcada dentro de las leyes. El juez Sixto Fernández, presidente del Tribunal 1º de Sentencia, adelantó que en el transcurso de hoy se dará a conocer las enmiendas y complementaciones planteadas por la defensa a la Resolución 08/2013.
El Ministerio Público, parte acusadora dentro de este caso, planteó revocar las medidas sustitutivas a la detención preventiva otorgadas al acusado Gary Prado, por abandono de la sala de audiencias el 26 de abril. El fiscal Sergio Céspedes indicó que la actitud arbitraria del coimputado debe ser sancionado con la detención en la cárcel de Palmasola.
Fiscalía pide informe sobre Soza
Notificación
La Fiscalía de Distrito de Santa Cruz notificó al Tribunal 1º de Sentencia de La Paz, que lleva adelante el caso Terrorismo, para que en un plazo de 24 horas eleve un informe sobre la participación o no del fiscal Marcelo Soza en este proceso judicial.
Respuesta
El juez Sixto Fernández fue cauto al referirse al citado documento que le fue entregado. “Este tipo de notificaciones son normales dentro de los procesos, porque nos están pidiendo que informemos sobre la presencia de un fiscal”, aseveró la autoridad.
Alberto Melgar dice que es amedrentado
El exdirigente cívico del Beni Alberto Melgar, que se encuentra con arresto domiciliario dentro del proceso judicial del caso Rózsa o Terrorismo, denunció ante el Tribunal 1° de Sentencia de La Paz el amedrentamiento que sufre de parte de efectivos policiales.
Melgar relató que los uniformados, en dos ocasiones, intentaron trasladarlo a un recinto penitenciario. “El primero fue en Santa Cruz, cuando arribé a esta ciudad para asistir a la audiencia del caso Terrorismo, la Policía me estaba esperando en el aeropuerto de Viru Viru para llevarme hasta Palmasola. Gracias a las gestiones de mi abogada se logró parar el abuso”, narró.
El exdirigente contó que la segunda arremetida la sufrió en la ciudad de La Paz, hace una semana, porque habría sido sorprendido por un grupo de uniformados que lo esperaban en la terminal aérea para llevarlo hasta la cárcel de San Pedro.
La abogada de Melgar, Verónica Suárez, solicitó al tribunal garantías constitucionales para su patrocinado y pidió frenar este tipo de abusos que se comete por parte de algunos efectivos del orden. Al respecto, el presidente del Tribunal 1° de Sentencia, Sixto Fernández, solicitó un informe a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario sobre lo sucedido con Melgar.
Caso Rózsa Juicio queda en Santa Cruz y con los mismos jueces
El caso de terrorismo en el que están involucrados 39 personas, entre ellos, la mayoría cruceños, continuará radicando en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y por ende se negó la posibilidad de que se extinga debido a que ya supera el tiempo máximo establecido por el Estado boliviano, tres años.
También se determinó que los jueces actuales proseguirán a la cabeza del mismo hasta que concluya y se determine las responsabilidades y penas de los acusados.
En la audiencia, el juez paceño, Sixto Fernández, resolvió quedarse para resolverlos con 26 de las excepciones e incidencias presentadas por la parte de la defensa de los acusados, entre las que no se encuentran la petición de extinción del caso.
Por otro lado, se informó que la audiencia proseguirá hoy en el Palacio de Justicia, pero en horas de la tarde 15:45, el juez del caso llevará una audiencia aparte en la que se determinará si se levanta el beneficio de detención domiciliaria que goza el ex general Gary Prado Salmón o si se lo detiene preventivamente en la cárcel de Palmasola.
También se determinó que los jueces actuales proseguirán a la cabeza del mismo hasta que concluya y se determine las responsabilidades y penas de los acusados.
En la audiencia, el juez paceño, Sixto Fernández, resolvió quedarse para resolverlos con 26 de las excepciones e incidencias presentadas por la parte de la defensa de los acusados, entre las que no se encuentran la petición de extinción del caso.
Por otro lado, se informó que la audiencia proseguirá hoy en el Palacio de Justicia, pero en horas de la tarde 15:45, el juez del caso llevará una audiencia aparte en la que se determinará si se levanta el beneficio de detención domiciliaria que goza el ex general Gary Prado Salmón o si se lo detiene preventivamente en la cárcel de Palmasola.
Santos Ramírez: Planta de Río Grande tiene sobreprecio de $us 73 millones
La planta separadora de líquidos de Río Grande que el Gobierno inaugura mañana, tiene un sobreprecio de más de $us 73 millones afirmó Santos Ramírez expresidente de la estatal petrolera, basado en documentación oficial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Esta cifra surge de la comparación del contrato de construcción de la planta suscrito el 2008 con la firma Gulsby Process Systems (GPS), donde se estableció un precio de $US 86.4 millones y el nuevo proyecto elaborado por la actual administración a cargo de la empresa argentina Astra Evangelista S.A. (AESA) y cuyo costo se elevó hasta $us 159.4 millones, explicó.
La denuncia de sobreprecio es la segunda atribuida a YPFB, luego que el martes el diputado opositor Luis Felipe Dorado, lanzara sospechas sobre una adenda donde al precio originalmente pactado de 159.4, se incrementaron otros 13 millones, con lo cual el costo final sería 73 millones de dólares más sin justificación, hasta ahora conocida, según Dorado.
Lo inexplicable, señaló la exautoridad recluida en la cárcel de San Pedro por la comisión de delitos penales ocurridos durante su gestión al frente de la corporación petrolera, es la decisión asumida por el actual presidente de YPFB, Carlos Villegas, quien habría desechado el informe de la auditoría técnica realizado del 19 al 30 de mayo del 2009 que recomendó a las autoridades de la estatal petrolera “restablecer la continuación de la contratación de GPS (Gulsby) para la finalización de los trabajos de ingeniería y construcción del proyecto “Llave en Mano de una Planta de Extracción de Licuables del Gas Natural de Río Grande” dentro del alcance establecido originalmente.
El informe fue elaborado del 19 al 30 de mayo del 2009 por los ingenieros de YPFB, Tupac Sejas, Gerente de Proyectos; Gerson Rojas, jefe de Ingeniería y Agustín Ugarte, jefe de Operaciones.
PÉRDIDAS MILLONARIAS
Según Ramírez, han transcurrido tres años desde entonces, periodo en el cual el país ha perdido ingentes recursos por las exportaciones de gas húmedo al Brasil y a la Argentina en razón al tiempo perdido por la actual administración ya que la planta debió ingresar en operaciones el 2010. Solamente con el Brasil la pérdida anual ascendería de 120 a $us 180 millones, estimó Ramírez considerando más de 15 años del contrato de exportación con el vecino país.
Esta versión fue respaldada por el ex gerente de industrialización de Yacimientos, Saúl Escalera, quien recordó que hace cuatro años, el 2009, Brasil y Bolivia firmaron una adenda por la cual Brasil se comprometía a pagar a Bolivia por el GLP y las gasolinas naturales que recibía de Bolivia, “pero YPFB no ha informado a cuánto asciende dicho pago por día. Luego, Bolivia seguirá perdiendo dinero por la exportación de gas rico al Brasil”, dijo ayer el especialista desde Cochabamba.
Según los datos de Ramírez, en los últimos tres años que demoró la construcción de la planta y que son –en su criterio- atribuibles a la gestión de Villegas, la pérdida habría superado $us 450 millones considerando una media anual de $us 150 millones que Bolivia no percibió del Brasil por las exportaciones de gas incluidos el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y la gasolina natural.
”Es decir, que mientras regalábamos los líquidos al Brasil al igual que a la Argentina, Bolivia se vio obligada a importar gasolina”, sostuvo Ramírez al estimar que con parte de ese dinero se podría cubrir la mitad de la subvención estatal al diésel que se calcula en 800 millones de dólares.
FALTA DE CAPACIDAD
Escalera por su parte manifestó que “resulta evidente que Bolivia ha exportado al Brasil cerca de 30 millones m3/día de gas natural rico (incluyendo los licuables GLP y gasolinas naturales) por más de 15 años, porque no tuvo la capacidad de construir una planta de separación de licuables para ese volumen de gas exportado”.
Esta cifra surge de la comparación del contrato de construcción de la planta suscrito el 2008 con la firma Gulsby Process Systems (GPS), donde se estableció un precio de $US 86.4 millones y el nuevo proyecto elaborado por la actual administración a cargo de la empresa argentina Astra Evangelista S.A. (AESA) y cuyo costo se elevó hasta $us 159.4 millones, explicó.
La denuncia de sobreprecio es la segunda atribuida a YPFB, luego que el martes el diputado opositor Luis Felipe Dorado, lanzara sospechas sobre una adenda donde al precio originalmente pactado de 159.4, se incrementaron otros 13 millones, con lo cual el costo final sería 73 millones de dólares más sin justificación, hasta ahora conocida, según Dorado.
Lo inexplicable, señaló la exautoridad recluida en la cárcel de San Pedro por la comisión de delitos penales ocurridos durante su gestión al frente de la corporación petrolera, es la decisión asumida por el actual presidente de YPFB, Carlos Villegas, quien habría desechado el informe de la auditoría técnica realizado del 19 al 30 de mayo del 2009 que recomendó a las autoridades de la estatal petrolera “restablecer la continuación de la contratación de GPS (Gulsby) para la finalización de los trabajos de ingeniería y construcción del proyecto “Llave en Mano de una Planta de Extracción de Licuables del Gas Natural de Río Grande” dentro del alcance establecido originalmente.
El informe fue elaborado del 19 al 30 de mayo del 2009 por los ingenieros de YPFB, Tupac Sejas, Gerente de Proyectos; Gerson Rojas, jefe de Ingeniería y Agustín Ugarte, jefe de Operaciones.
PÉRDIDAS MILLONARIAS
Según Ramírez, han transcurrido tres años desde entonces, periodo en el cual el país ha perdido ingentes recursos por las exportaciones de gas húmedo al Brasil y a la Argentina en razón al tiempo perdido por la actual administración ya que la planta debió ingresar en operaciones el 2010. Solamente con el Brasil la pérdida anual ascendería de 120 a $us 180 millones, estimó Ramírez considerando más de 15 años del contrato de exportación con el vecino país.
Esta versión fue respaldada por el ex gerente de industrialización de Yacimientos, Saúl Escalera, quien recordó que hace cuatro años, el 2009, Brasil y Bolivia firmaron una adenda por la cual Brasil se comprometía a pagar a Bolivia por el GLP y las gasolinas naturales que recibía de Bolivia, “pero YPFB no ha informado a cuánto asciende dicho pago por día. Luego, Bolivia seguirá perdiendo dinero por la exportación de gas rico al Brasil”, dijo ayer el especialista desde Cochabamba.
Según los datos de Ramírez, en los últimos tres años que demoró la construcción de la planta y que son –en su criterio- atribuibles a la gestión de Villegas, la pérdida habría superado $us 450 millones considerando una media anual de $us 150 millones que Bolivia no percibió del Brasil por las exportaciones de gas incluidos el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y la gasolina natural.
”Es decir, que mientras regalábamos los líquidos al Brasil al igual que a la Argentina, Bolivia se vio obligada a importar gasolina”, sostuvo Ramírez al estimar que con parte de ese dinero se podría cubrir la mitad de la subvención estatal al diésel que se calcula en 800 millones de dólares.
FALTA DE CAPACIDAD
Escalera por su parte manifestó que “resulta evidente que Bolivia ha exportado al Brasil cerca de 30 millones m3/día de gas natural rico (incluyendo los licuables GLP y gasolinas naturales) por más de 15 años, porque no tuvo la capacidad de construir una planta de separación de licuables para ese volumen de gas exportado”.
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