La salida del país del exfiscal Marcelo Soza, quien en una carta pública reveló la manipulación de pruebas, compra de testigos y excesos durante el operativo en el hotel Las Américas, han sumido en el descrédito al caso Rózsa, cuando se cumplen hoy cinco años del operativo en el hotel Las Américas.
Aquella madrugada del 16 de abril del 2009 murieron en el hotel Las Américas los ciudadanos europeos Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Martín Dwyer, quedando como sobrevivientes Mario Tádic y Elöd Tóásó. Las tres víctimas fallecieron en un cruce de balas, según la versión policial, o en un ajusticiamiento, de acuerdo a sus familiares y estudios forenses extraoficiales.
A raíz del operativo, el Ministerio Público acusó a 39 personas, de los cuales 9 guardan detención preventiva, por supuesto terrorismo y alzamiento armado, mientras que otros tienen detención domiciliaria y algunos decidieron abandonar el país, ya que no habían garantías constitucionales.
Sin embargo, analistas políticos, organismos internacionales de Derechos Humanos, cívicos, abogados defensores y opositores, lo consideran un juicio infame e injusto, que tuvo como principal objetivo, la destrucción de la institucionalidad cruceña y la persecución política de los opositores.
Un caso que se desmorona. Aparte de las revelaciones de Soza, en este último año el caso se quedó
por la recusación al Tribunal Primero de Sentencia, debido a la incompatibilidad de una juez ciudadana por tener una hija trabajando en el Ministerio de Transparencia. Antes del estancamiento del proceso, los tres testigos que declararon en dicho tribunal denunciaron la infiltración del Gobierno, el sembrado de pruebas y los abusos contra los Derechos Humanos.
El futuro. Con estos y otros antecedentes, la defensa de los imputados y sectores de la oposición han pedido que el caso vuelva a fojas cero y se reconduzca por los senderos de la verdad. La ONU anunció que tres relatorías del organismo hacen seguimiento al proceso y pidió que se conozca la verdad histórica de los hechos. El magistrado Gualberto Cusi, del Tribunal Constitucional, la más alta instancia jurídica del país, pidió a título personal que se anule el juicio por todas las irregularidades denunciadas.
Ante esta situación, el Gobierno insiste en que hubo un plan urdido desde Santa Cruz con afanes separatistas, una versión que cinco años después se ha vuelto difícil de sostener.
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