El juicio por el caso terrorismo se reanudará a las 15:30 de hoy en el Palacio de Justicia y se espera con expectativa la lectura mediante el tribunal de la carta escrita por el exfiscal Marcelo Soza con el rótulo “al pueblo de Bolivia”, principal responsable de la investigación, pero que hoy permanece refugiado en Brasil.
Después de más de una semana el juicio oral continuará con la declaración del procesado Roberto Justiniano, exgerente técnico de Cotas, que permanece en libertad bajo medidas sustitutivas.
Sin embargo, dentro de las deliberaciones está previsto que se pida la lectura de la carta de Marcelo Soza que fue entregada al tribunal presidido por Sixto Fernández. En la misiva Soza asegura que fue presionado por el Poder Ejecutivo para fabricar pruebas con el fin de involucrar a numerosas personas del mundo empresarial y cívico de Santa Cruz.
El abogado de varios procesados, Gary Prado, manifestó que al final el Gobierno ha puesto trabas para legalizar la carta escrita por Marcelo Soza. Manifestó que la Cancillería hace dos semanas que respondió que la representación o el pedido de legalización hecho por el jurista Otto Ritter no tiene carácter legal. Afirmó que la Cancillería argumentó que fue otra persona la que pidió la legalización y, por lo tanto, Ritter no tiene personería.
Temen curiosa celeridad
Varios abogados de procesados del caso terrorismo, entre ellos Otto Ritter y Gary Prado, expresaron que hay temor de que la Fiscalía y el tribunal desde hoy celebren las audiencias de manera continua ignorando acuerdos por cuestiones de humanidad.
Prado afirmó que se acordó que el juicio se realice una semana sí, otra no, teniendo en cuenta que los acusados deben viajar desde La Paz, pagarse aquí su alimentación y pasajes, además que hay muchas personas con problemas de salud como Ronald Castedo y otros. Hoy en audiencia pedirán respeto al acuerdo
lunes, 30 de junio de 2014
viernes, 27 de junio de 2014
Juez determina que el caso de la red de extorsión debe volver al principio
El juez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Emerson Figueroa, determinó la noche del miércoles en una audiencia anular todos los obrados y dejar en foja cero (volver al principio) las investigaciones del caso de la red de extorsión y corrupción, destapada en noviembre de 2012, donde se encuentran presuntamente involucrados ex abogados del Ministerio de Gobierno, exjueces y exfiscales.
Genera molestias
Este hecho fue cuestionado por el ministro de gobierno, Carlos Romero quien anunció iniciar un proceso penal en contra los jueces y fiscales que dilataron las investigaciones y más aún contra quienes hayan determinado que el caso vuelva a inicio, para ello mando un comitiva de abogados del Ministerio para revisar la determinación judicial.
"Estoy mandando un equipo jurídico a Santa Cruz esta noche para verificar los alcances de los extremos de las decisiones del juez Figueroa como hemos dejado en manos de la justicia… Ahora si la justicia no va a tener la capacidad para desmontar esa red de extorsión y corrupción y bueno nosotros vamos a actuar otra vez no vamos a dudar en ningún momento y si alguien está torciendo la ley lo vamos a procesar y lo vamos a denunciar", manifestó el ministro.
La autoridad lamentó que estos "consorcios" de abogados, fiscales y jueces ocasionan una mala imagen de la justicia boliviana generando una desconfianza de la población en general que acude a estas instancias para buscar soluciones a sus conflictos jurídicos.
Presuntos implicados en la red
La red de extorsión y corrupción de funcionarios de Estado, estaba presuntamente conformada por Fernando Ribera, Dennis Rodas Limachi, Boris Villegas que vincularon a exfiscales de Santa Cruz, Isabelino Gómez y Edward Mollinedo, entre otros. Esta presunta red fue desbaratada en noviembre de 2012 luego de que el empresario estadounidense Jacob Ostreicher los denunciará.
Genera molestias
Este hecho fue cuestionado por el ministro de gobierno, Carlos Romero quien anunció iniciar un proceso penal en contra los jueces y fiscales que dilataron las investigaciones y más aún contra quienes hayan determinado que el caso vuelva a inicio, para ello mando un comitiva de abogados del Ministerio para revisar la determinación judicial.
"Estoy mandando un equipo jurídico a Santa Cruz esta noche para verificar los alcances de los extremos de las decisiones del juez Figueroa como hemos dejado en manos de la justicia… Ahora si la justicia no va a tener la capacidad para desmontar esa red de extorsión y corrupción y bueno nosotros vamos a actuar otra vez no vamos a dudar en ningún momento y si alguien está torciendo la ley lo vamos a procesar y lo vamos a denunciar", manifestó el ministro.
La autoridad lamentó que estos "consorcios" de abogados, fiscales y jueces ocasionan una mala imagen de la justicia boliviana generando una desconfianza de la población en general que acude a estas instancias para buscar soluciones a sus conflictos jurídicos.
Presuntos implicados en la red
La red de extorsión y corrupción de funcionarios de Estado, estaba presuntamente conformada por Fernando Ribera, Dennis Rodas Limachi, Boris Villegas que vincularon a exfiscales de Santa Cruz, Isabelino Gómez y Edward Mollinedo, entre otros. Esta presunta red fue desbaratada en noviembre de 2012 luego de que el empresario estadounidense Jacob Ostreicher los denunciará.
jueves, 26 de junio de 2014
Fiscalía solicitará la extradición de Jacob Ostreicher
La Fiscalía General anunció que pedirá a Estados Unidos la extradición del ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher, acusado en Bolivia de legitimación de ganancias ilícitas, después de haber presentado la acusación formal ante un juez en Santa Cruz y lograr la declaratoria de la rebeldía para encaminar este trámite. El imputado huyó del país en diciembre del año pasado, pese a que estaba con detención domiciliaria.
El anuncio fue desestimado por la defensa del ciudadano estadounidense, porque el Ministerio Público no ha iniciado los trámites que establece la ley para solicitar la extradición.
Sin embargo, el fiscal general, Ramiro Guerrero, informó ayer de que el Ministerio Público presentó la acusación formal contra Ostreicher por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y, al estar ausente del proceso, pidió la declaratoria de rebeldía en su contra, notificación que fue remitida a la Policía Internacional (Interpol) para su aprehensión y encaminar el trámite de extradición.
“Se ha pedido la anotación de Jacob Ostreicher en la lista roja de la Interpol; se cumplieron con todas las formalidades del caso, la autoridad jurisdiccional declaró la rebeldía y ahora se está preparando para realizar el trámite de la extradición”, aseguró Guerrero.
Ostreicher se encontraba detenido por más de un año en la cárcel de Palmasola y logró su libertad condicional el 18 de diciembre de 2012 tras la revelación de una red de extorsión de la que formaban parte asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno que ahora están detenidos.
Defensa
El abogado Jerjes Justiniano Atalá explicó que el pedido de extradición se realiza a tráves de la Cancillería, previo trámite que establece el artículo 138 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal que, según él, no ha iniciado la Fiscalía General.
Además, Justiniano duda que proceda un requerimiento de extradición porque en Estados Unidos está en tratamiento el proyecto de ley Jacob, inspirado en Ostreicher porque una comisión de legisladores estadounidenses constató que en Bolivia fueron violados los derechos humanos de su coterráneo, que es acusado de lavado de dinero
El anuncio fue desestimado por la defensa del ciudadano estadounidense, porque el Ministerio Público no ha iniciado los trámites que establece la ley para solicitar la extradición.
Sin embargo, el fiscal general, Ramiro Guerrero, informó ayer de que el Ministerio Público presentó la acusación formal contra Ostreicher por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y, al estar ausente del proceso, pidió la declaratoria de rebeldía en su contra, notificación que fue remitida a la Policía Internacional (Interpol) para su aprehensión y encaminar el trámite de extradición.
“Se ha pedido la anotación de Jacob Ostreicher en la lista roja de la Interpol; se cumplieron con todas las formalidades del caso, la autoridad jurisdiccional declaró la rebeldía y ahora se está preparando para realizar el trámite de la extradición”, aseguró Guerrero.
Ostreicher se encontraba detenido por más de un año en la cárcel de Palmasola y logró su libertad condicional el 18 de diciembre de 2012 tras la revelación de una red de extorsión de la que formaban parte asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno que ahora están detenidos.
Defensa
El abogado Jerjes Justiniano Atalá explicó que el pedido de extradición se realiza a tráves de la Cancillería, previo trámite que establece el artículo 138 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal que, según él, no ha iniciado la Fiscalía General.
Además, Justiniano duda que proceda un requerimiento de extradición porque en Estados Unidos está en tratamiento el proyecto de ley Jacob, inspirado en Ostreicher porque una comisión de legisladores estadounidenses constató que en Bolivia fueron violados los derechos humanos de su coterráneo, que es acusado de lavado de dinero
Develan documento contra diputado Ever Moya por actos de corrupción
Un documento con denuncias de presuntos actos de corrupción que habrían sido cometidos por el diputado Ever Moya en el tema aduanero, como falsificación y aplicación de marcas y contraseñas, uso de influencias e incumplimiento de deberes fue develado ayer por el presidente de la Brigada Parlamentaria, Ricardo Aillón.
El senador por Oruro, mostró ayer un documento que la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya Vásquez envió el 28 de agosto del año pasado a la presidenta de ese entonces de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, en la que hacía denuncia de todos los actos irregulares que habría cometido el diputado Moya, con mercadería que se comisó en distintos operativos.
"Tengo el agrado de dirigirme a su autoridad, a objeto de poner en su conocimiento la presente denuncia, contra el diputado Ever Moya Zárate, a efectos que sea canalizada ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, para su procesamiento conforme a procedimiento establecido", señaló en ese entonces Ardaya a Tejada.
La presidente de la Aduana detalló en la nota de cinco páginas una relación de hechos sobre varios casos en los que el diputado Ever Moya intercedió por su hermano y la esposa de éste, en su calidad de diputado nacional, que según la autoridad, señaló que fueron aspectos que motivan a la mencionada denuncia.
SENADOR
El senador y presidente de la Brigada Parlamentaria de Oruro, Ricardo Aillón mostró el documento ayer a los periodistas y entregó la copia donde se evidencia lo manifestado por Ardaya.
"Tengo otros documentos y va a venir la bomba contra este individuo, ahora quiere hacer protagonismo para irse a otro partido, no les aconsejo que lo acojan en otro partido, porque el traidor es traidor hasta la muerte. El zorro puede cambiar de pelaje, pero no de mañas. Estas son las denuncias marcadas con fechas, de toda su trayectoria y de sus ataques a la Aduana", indicó.
Reiteró que el documento está firmado por la presidente de la Aduana, Marlene Ardaya Vásquez.
"El MAS (Movimiento Al Socialismo) no le ha dado su gusto para que haga su tráfico de influencias y contrabando, por eso ha abandonado al MAS y ahora empieza a hablar en contra del Presidente", aseguró.
Se le consultó el por qué recién hacía público el documento y respondió que las denuncias recién fueron conseguidas.
"Si yo lo hubiera conocido más antes, lo hubiera hecho conocer, ahora voy a requerir más información y en qué están esas denuncias en la Aduana Nacional y tengo otras cuestiones más delicadas, estoy consiguiendo las pruebas de cómo ciertos individuos dicen querer al departamento de Oruro, amar al departamento de Oruro, pero con sus 18.500 bolivianos de sueldo qué ha hecho para Oruro, qué proyecto gestionó, solo ha hecho daño y daño", indicó.
MOYA
LA PATRIA intentó comunicarse ayer con el diputado Ever Moya para conocer su opinión al respecto, sin embargo, no se tuvo fortuna, pues su celular estaba apagado.
El senador por Oruro, mostró ayer un documento que la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya Vásquez envió el 28 de agosto del año pasado a la presidenta de ese entonces de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, en la que hacía denuncia de todos los actos irregulares que habría cometido el diputado Moya, con mercadería que se comisó en distintos operativos.
"Tengo el agrado de dirigirme a su autoridad, a objeto de poner en su conocimiento la presente denuncia, contra el diputado Ever Moya Zárate, a efectos que sea canalizada ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, para su procesamiento conforme a procedimiento establecido", señaló en ese entonces Ardaya a Tejada.
La presidente de la Aduana detalló en la nota de cinco páginas una relación de hechos sobre varios casos en los que el diputado Ever Moya intercedió por su hermano y la esposa de éste, en su calidad de diputado nacional, que según la autoridad, señaló que fueron aspectos que motivan a la mencionada denuncia.
SENADOR
El senador y presidente de la Brigada Parlamentaria de Oruro, Ricardo Aillón mostró el documento ayer a los periodistas y entregó la copia donde se evidencia lo manifestado por Ardaya.
"Tengo otros documentos y va a venir la bomba contra este individuo, ahora quiere hacer protagonismo para irse a otro partido, no les aconsejo que lo acojan en otro partido, porque el traidor es traidor hasta la muerte. El zorro puede cambiar de pelaje, pero no de mañas. Estas son las denuncias marcadas con fechas, de toda su trayectoria y de sus ataques a la Aduana", indicó.
Reiteró que el documento está firmado por la presidente de la Aduana, Marlene Ardaya Vásquez.
"El MAS (Movimiento Al Socialismo) no le ha dado su gusto para que haga su tráfico de influencias y contrabando, por eso ha abandonado al MAS y ahora empieza a hablar en contra del Presidente", aseguró.
Se le consultó el por qué recién hacía público el documento y respondió que las denuncias recién fueron conseguidas.
"Si yo lo hubiera conocido más antes, lo hubiera hecho conocer, ahora voy a requerir más información y en qué están esas denuncias en la Aduana Nacional y tengo otras cuestiones más delicadas, estoy consiguiendo las pruebas de cómo ciertos individuos dicen querer al departamento de Oruro, amar al departamento de Oruro, pero con sus 18.500 bolivianos de sueldo qué ha hecho para Oruro, qué proyecto gestionó, solo ha hecho daño y daño", indicó.
MOYA
LA PATRIA intentó comunicarse ayer con el diputado Ever Moya para conocer su opinión al respecto, sin embargo, no se tuvo fortuna, pues su celular estaba apagado.
miércoles, 25 de junio de 2014
Exfiscal Soza dice que teme por su vida en Bolivia
El exfiscal Marcelo Soza reiteró que no retornará a Bolivia porque su vida está en riesgo y expresó su temor por la seguridad de su familia, compuesta por su esposa y sus cuatro hijos, que aparentemente continúan viviendo en la ciudad de La Paz.
Aseguró que las presiones no se han detenido con su salida a Brasil y por el contrario continúan, así como para otros exasesores del Ministerio de Gobierno que colaboraron en el caso terrorismo, pero que hoy están detenidos en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz. “Si vuelvo a Bolivia obviamente mi vida está en riesgo, mi seguridad también y lo que quiere hacer el Gobierno es lavarse las manos de todos los errores del caso terrorismo con mi persona, para que ellos políticamente saquen un rédito y les beneficien en las elecciones (…) esa es la finalidad”, dijo Soza.
Familias afectadas
Para el exrepresentante del Ministerio Público, “hay muchas familias afectadas por el poder político del Gobierno”, al que acusó de haber montado todo el operativo en el hotel Las Américas, la madrugada del 16 de abril de 2009, donde tres ciudadanos extranjeros murieron a mano de los efectivos de la Unidad Táctica de Resoluciones de Crisis (Utarc).
Manifestó que la intención del Gobierno es ir mucho más allá y utilizar el caso de supuesto terrorismo para sacar un rédito y beneficio político en las próximas elecciones, mostrándose como víctima, ignorando que la violencia provino de los mismos organismos de seguridad del Estado, controlados por el Ministerio de Gobierno.
Aseguró que las presiones no se han detenido con su salida a Brasil y por el contrario continúan, así como para otros exasesores del Ministerio de Gobierno que colaboraron en el caso terrorismo, pero que hoy están detenidos en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz. “Si vuelvo a Bolivia obviamente mi vida está en riesgo, mi seguridad también y lo que quiere hacer el Gobierno es lavarse las manos de todos los errores del caso terrorismo con mi persona, para que ellos políticamente saquen un rédito y les beneficien en las elecciones (…) esa es la finalidad”, dijo Soza.
Familias afectadas
Para el exrepresentante del Ministerio Público, “hay muchas familias afectadas por el poder político del Gobierno”, al que acusó de haber montado todo el operativo en el hotel Las Américas, la madrugada del 16 de abril de 2009, donde tres ciudadanos extranjeros murieron a mano de los efectivos de la Unidad Táctica de Resoluciones de Crisis (Utarc).
Manifestó que la intención del Gobierno es ir mucho más allá y utilizar el caso de supuesto terrorismo para sacar un rédito y beneficio político en las próximas elecciones, mostrándose como víctima, ignorando que la violencia provino de los mismos organismos de seguridad del Estado, controlados por el Ministerio de Gobierno.
viernes, 20 de junio de 2014
La corrupción es la principal preocupación de los bolivianos
La corrupción se ha convertido en la principal preocupación de la gente, al pasar del 26 a poco más del 30%, según la última encuesta de percepción de opinión pública elaborada por la empresa encuestadora Tal Cual Comunicación Estratégica a nivel nacional para el diario Página Siete.
De acuerdo con el sondeo presencial efectuado entre 2.250 personas en 28 capitales departamentales y ciudades intermedias, un 30,3% de los encuestados señaló la corrupción como su principal preocupación, contra el 26% registrado en la encuesta de abril pasado, mes en que ese problema ocupó el segundo lugar, detrás de la inseguridad ciudadana.
La preocupación por este tema ha tenido un incremento sostenido acumulado de ocho puntos porcentuales en el último año, al pasar de 22% en junio de 2013 a 24% en enero de 2014 y 30,3% en el último sondeo.
En la última encuesta, la inseguridad ciudadana ocupa el segundo lugar, con 29,7 %, delante del narcotráfico, con 14,7%; la economía, con 14,1%, y la salud y la educación, con 9,7%.
El sondeo fue realizado en la última semana de mayo entre ciudadanos de ambos sexos, mayores de 18 años y de todos los niveles socioeconómicos, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más menos 2,04%.
El índice de preocupación por la corrupción es más alto en Cochabamba, con el 43%; Beni, con 37%, y Chuquisaca, con 36%, mientras que Potosí, Pando y Santa Cruz registran el más bajo, con 17%, 22% y 26%, respectivamente.
La preocupación por la inseguridad ciudadana es mayor en Santa Cruz, con 41%, seguida por Potosí, con 35%, y La Paz, con 34%. Es menor en Pando, Cochabamba y Beni, con 11%, 18% y 22%, respectivamente.
Entre las ciudades intermedias incluidas en la encuesta figuran Achacachi, Caranavi, Viacha, San Julián, Montero, Challapata, Guayaramerín, Riberalta, Tinquipaya, Quilllacollo, Sacaba, Tiquipaya, Villa Tunari, Monteagudo, Villamontes y Bermejo.
La encuesta fue realizada dos meses después del escándalo que involucró a la cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera, Silvana del Castillo Tejada, socia de la empresa Air Catering, que tenía un contrato para la prestación de un servicio de refrigerios a los viajeros de la compañía estatal Boliviana de Aviación (BoA) por 26 millones de bolivianos anuales.
García Linera dijo en la ocasión que no conocía esa relación comercial y, pese a considerarla legal, pidió a BoA que rescinda el contrato por razones éticas.
Ficha técnica
Cobertura geográfica Zonas urbanas y ciudades intermedias.
Población Hombres y mujeres, mayores de 18 años y de todos los niveles.
Tamaño de la muestra 2.250 encuestas presenciales.
Trabajo de campo Se desarrolló entre el sábado 17, 18 y 25 de mayo de 2014.
Punto de vista
Iván Arias
Analista político
"El problema es el narcotráfico”
Aunque esté en primer lugar la corrupción y en segundo lugar la inseguridad ciudadana, la madre del cordero (problema) es el narcotráfico, aunque esté en tercera opción.
Los bolivianos nos resistimos a creer que el narcotráfico genera corrupción e inseguridad ciudadana.
La encuesta, por departamentos, da cuenta que Cochabamba coloca al narcotráfico entre los dos primeros lugares de preocupación de las personas. Creo que en general la encuesta identifica los tres principales problemas.
¿Será simplemente que tenemos funcionarios corruptos? Una lectura es que los funcionarios públicos roban mucho; otra forma de ver es que los bolivianos tomamos bebidas alcohólicas en exceso y que hay mucha criminalidad, o que el narcotráfico está penetrando en Santa Cruz y se lo demuestra por la cantidad de muertos por este problema. La situación es similar en Pando.
Para revertir este problema se deben fortalecer los mecanismos de fiscalización con una Contraloría independiente, un Órgano Legislativo nacional y departamentales que verdaderamente fiscalicen.
De no existir soluciones y si no abrimos los ojos a tiempo, deberíamos temer a que en Bolivia se replique lo que sucede en México, en las favelas de Brasil y a lo que Colombia sufrió por mucho tiempo.
Los bolivianos debemos dejar de obviar estos temas porque esas experiencias no estamos lejos de tenerlas.
De acuerdo con el sondeo presencial efectuado entre 2.250 personas en 28 capitales departamentales y ciudades intermedias, un 30,3% de los encuestados señaló la corrupción como su principal preocupación, contra el 26% registrado en la encuesta de abril pasado, mes en que ese problema ocupó el segundo lugar, detrás de la inseguridad ciudadana.
La preocupación por este tema ha tenido un incremento sostenido acumulado de ocho puntos porcentuales en el último año, al pasar de 22% en junio de 2013 a 24% en enero de 2014 y 30,3% en el último sondeo.
En la última encuesta, la inseguridad ciudadana ocupa el segundo lugar, con 29,7 %, delante del narcotráfico, con 14,7%; la economía, con 14,1%, y la salud y la educación, con 9,7%.
El sondeo fue realizado en la última semana de mayo entre ciudadanos de ambos sexos, mayores de 18 años y de todos los niveles socioeconómicos, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más menos 2,04%.
El índice de preocupación por la corrupción es más alto en Cochabamba, con el 43%; Beni, con 37%, y Chuquisaca, con 36%, mientras que Potosí, Pando y Santa Cruz registran el más bajo, con 17%, 22% y 26%, respectivamente.
La preocupación por la inseguridad ciudadana es mayor en Santa Cruz, con 41%, seguida por Potosí, con 35%, y La Paz, con 34%. Es menor en Pando, Cochabamba y Beni, con 11%, 18% y 22%, respectivamente.
Entre las ciudades intermedias incluidas en la encuesta figuran Achacachi, Caranavi, Viacha, San Julián, Montero, Challapata, Guayaramerín, Riberalta, Tinquipaya, Quilllacollo, Sacaba, Tiquipaya, Villa Tunari, Monteagudo, Villamontes y Bermejo.
La encuesta fue realizada dos meses después del escándalo que involucró a la cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera, Silvana del Castillo Tejada, socia de la empresa Air Catering, que tenía un contrato para la prestación de un servicio de refrigerios a los viajeros de la compañía estatal Boliviana de Aviación (BoA) por 26 millones de bolivianos anuales.
García Linera dijo en la ocasión que no conocía esa relación comercial y, pese a considerarla legal, pidió a BoA que rescinda el contrato por razones éticas.
Ficha técnica
Cobertura geográfica Zonas urbanas y ciudades intermedias.
Población Hombres y mujeres, mayores de 18 años y de todos los niveles.
Tamaño de la muestra 2.250 encuestas presenciales.
Trabajo de campo Se desarrolló entre el sábado 17, 18 y 25 de mayo de 2014.
Punto de vista
Iván Arias
Analista político
"El problema es el narcotráfico”
Aunque esté en primer lugar la corrupción y en segundo lugar la inseguridad ciudadana, la madre del cordero (problema) es el narcotráfico, aunque esté en tercera opción.
Los bolivianos nos resistimos a creer que el narcotráfico genera corrupción e inseguridad ciudadana.
La encuesta, por departamentos, da cuenta que Cochabamba coloca al narcotráfico entre los dos primeros lugares de preocupación de las personas. Creo que en general la encuesta identifica los tres principales problemas.
¿Será simplemente que tenemos funcionarios corruptos? Una lectura es que los funcionarios públicos roban mucho; otra forma de ver es que los bolivianos tomamos bebidas alcohólicas en exceso y que hay mucha criminalidad, o que el narcotráfico está penetrando en Santa Cruz y se lo demuestra por la cantidad de muertos por este problema. La situación es similar en Pando.
Para revertir este problema se deben fortalecer los mecanismos de fiscalización con una Contraloría independiente, un Órgano Legislativo nacional y departamentales que verdaderamente fiscalicen.
De no existir soluciones y si no abrimos los ojos a tiempo, deberíamos temer a que en Bolivia se replique lo que sucede en México, en las favelas de Brasil y a lo que Colombia sufrió por mucho tiempo.
Los bolivianos debemos dejar de obviar estos temas porque esas experiencias no estamos lejos de tenerlas.
Caso Candia: Alcaldía pide al TSJ seguir acción penal
La Alcaldía paceña pidió a los vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Paz que dispongan la continuidad de la acción penal contra los involucrados en el caso Gaby Candia y dejar sin efecto la solicitud de prescripción de la pena.
El asesor jurídico Fernando Bascopé informó que él y otros dos juristas presentaron ayer la recusación de seis vocales de la instancia judicial, ya que durante este tiempo se constató que en diferentes salas civiles y penales se generaron fallos que atentan contra las actuaciones del municipio, en una conducta que no está ceñida a la ley.
Bascopé lamentó que los vocales rechazaran la recusación interpuesta por la Alcaldía de La Paz. "Nos corresponde -luego del rechazo de la recusación- solicitar al Tribunal Superior de Justicia emitir una resolución en la que se establezca la prosecución (continuidad) de la acción penal en contra de los seis involucrados en el caso Gaby Candia”, agregó.
También se solicitó a los miembros del TSJ de La Paz dejar sin efecto los incidentes y excepciones que fueron solicitados por dos de los involucrados y en los que se pide la extinción de la acción penal y la prescripción penal, agregó.
En 1997, la entonces alcaldesa Gaby Candia aprobó el pago de 1,6 millones de dólares para la expropiación ficticia con propietarios que no tenían sus títulos de propiedad del cerro Santa Bárbara de la ciudad de La Paz.
El asesor jurídico Fernando Bascopé informó que él y otros dos juristas presentaron ayer la recusación de seis vocales de la instancia judicial, ya que durante este tiempo se constató que en diferentes salas civiles y penales se generaron fallos que atentan contra las actuaciones del municipio, en una conducta que no está ceñida a la ley.
Bascopé lamentó que los vocales rechazaran la recusación interpuesta por la Alcaldía de La Paz. "Nos corresponde -luego del rechazo de la recusación- solicitar al Tribunal Superior de Justicia emitir una resolución en la que se establezca la prosecución (continuidad) de la acción penal en contra de los seis involucrados en el caso Gaby Candia”, agregó.
También se solicitó a los miembros del TSJ de La Paz dejar sin efecto los incidentes y excepciones que fueron solicitados por dos de los involucrados y en los que se pide la extinción de la acción penal y la prescripción penal, agregó.
En 1997, la entonces alcaldesa Gaby Candia aprobó el pago de 1,6 millones de dólares para la expropiación ficticia con propietarios que no tenían sus títulos de propiedad del cerro Santa Bárbara de la ciudad de La Paz.
Vinculan a apoderado del Ministerio de Gobierno en supuesta extorsión
Un alto funcionario del Ministerio de Gobierno fue identificado por la abogada Paola Barriga de estar vinculado al acto de extorsión en el que ella era la víctima.
Esta persona de nombre Rodrigo A. tendría relación con Limbert Rodríguez Mendoza a quien le encontraron el martes, en poder de 20 mil dólares, un anticipo que le habrían entregado para evitar una serie de acciones legales y desprestigio que se estaría planificando en su contra.
“Lo voy a demostrar en la audiencia de medidas cautelares que este funcionario tiene que ver con la extorsión que estaba siendo objeto”, dijo a EL DIARIO mediante un contacto telefónico.
Por esta acción ilegal, Limbert R. M. fue imputado por los delitos de estafa, extorsión, amenaza y abusos de confianza y se dijo que su audiencia cautelar se llevaría a cabo este viernes en horario a fijarse en el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal.
En este proceso el fiscal Carlos Fiorilo dijo que es parte de la demanda debido a que se utilizó su nombre para consumar la extorsión.
Sin embargo, fue él quien dio curso a una denuncia por la supuesta falsificación en el permiso de circulación de un vehículo con vidrios rayban, de propiedad de la abogada Barriga, causa primaria de la extorsión, solicitado por Rodrigo A., pero a pesar de que no hubo irregularidad alguna, emitió la notificación al Juez correspondiente.
Según Barriga, toda esta tramoya se orquestó durante los días que debía asistir a la audiencia de alegatos finales en el caso de la niña Patricia y el pleito que se originó con la toma de unos predios en Los Pinos, en la zona sur de la ciudad de La Paz.
Barriga detalló que, previo a ello, durante una semana fue víctima de las amenazas y constantes llamadas telefónicas por parte de Rodríguez. Ahí logra comunicarse con el fiscal Fiorilo para hacerle conocer dicha irregularidad. A consecuencia de esa observación es que el representante del Ministerio Público decide dar parte al director nacional de la fuerza anticrimen, coronel Edgar Téllez, y este en coordinación con el Ministerio de Gobierno, organizan el operativo en el cual se captura al sospechoso en posesión de un sobre manila en cuyo interior estaban los 20 mil bolivianos, que era parte del pago que recibió en nombre de Barriga como adelanto de los diez mil dólares, que había entregado para evitar que allanen su domicilio.
Por su parte, el viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, advirtió que “no se tolerará” a ningún “funcionario o exfuncionario” que a nombre del Ministerio de Gobierno o alguna autoridad de esta Cartera de Estado “se dedique a extorsionar o sacar ventaja ilegal de su cargo”.
La autoridad informó que Rodríguez fue desvinculado de esta cartera de Estado, desde el 2 de enero de 2014.
“Demandamos de las autoridades judiciales que den celeridad a este caso”, dijo el Viceministro a tiempo de recordar que el Ministerio de Gobierno actúa en este caso con la misma firmeza y transparencia que asumió cuando puso en evidencia y denunció a los también exfuncionarios Boris Villegas, Dennis Rodas y Fernando Rivera fueron sindicados de ser los cabecillas de la “red de extorsión y corrupción” los que a la fecha guardan detención preventiva en la cárcel de Palmasola.
Esta persona de nombre Rodrigo A. tendría relación con Limbert Rodríguez Mendoza a quien le encontraron el martes, en poder de 20 mil dólares, un anticipo que le habrían entregado para evitar una serie de acciones legales y desprestigio que se estaría planificando en su contra.
“Lo voy a demostrar en la audiencia de medidas cautelares que este funcionario tiene que ver con la extorsión que estaba siendo objeto”, dijo a EL DIARIO mediante un contacto telefónico.
Por esta acción ilegal, Limbert R. M. fue imputado por los delitos de estafa, extorsión, amenaza y abusos de confianza y se dijo que su audiencia cautelar se llevaría a cabo este viernes en horario a fijarse en el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal.
En este proceso el fiscal Carlos Fiorilo dijo que es parte de la demanda debido a que se utilizó su nombre para consumar la extorsión.
Sin embargo, fue él quien dio curso a una denuncia por la supuesta falsificación en el permiso de circulación de un vehículo con vidrios rayban, de propiedad de la abogada Barriga, causa primaria de la extorsión, solicitado por Rodrigo A., pero a pesar de que no hubo irregularidad alguna, emitió la notificación al Juez correspondiente.
Según Barriga, toda esta tramoya se orquestó durante los días que debía asistir a la audiencia de alegatos finales en el caso de la niña Patricia y el pleito que se originó con la toma de unos predios en Los Pinos, en la zona sur de la ciudad de La Paz.
Barriga detalló que, previo a ello, durante una semana fue víctima de las amenazas y constantes llamadas telefónicas por parte de Rodríguez. Ahí logra comunicarse con el fiscal Fiorilo para hacerle conocer dicha irregularidad. A consecuencia de esa observación es que el representante del Ministerio Público decide dar parte al director nacional de la fuerza anticrimen, coronel Edgar Téllez, y este en coordinación con el Ministerio de Gobierno, organizan el operativo en el cual se captura al sospechoso en posesión de un sobre manila en cuyo interior estaban los 20 mil bolivianos, que era parte del pago que recibió en nombre de Barriga como adelanto de los diez mil dólares, que había entregado para evitar que allanen su domicilio.
Por su parte, el viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, advirtió que “no se tolerará” a ningún “funcionario o exfuncionario” que a nombre del Ministerio de Gobierno o alguna autoridad de esta Cartera de Estado “se dedique a extorsionar o sacar ventaja ilegal de su cargo”.
La autoridad informó que Rodríguez fue desvinculado de esta cartera de Estado, desde el 2 de enero de 2014.
“Demandamos de las autoridades judiciales que den celeridad a este caso”, dijo el Viceministro a tiempo de recordar que el Ministerio de Gobierno actúa en este caso con la misma firmeza y transparencia que asumió cuando puso en evidencia y denunció a los también exfuncionarios Boris Villegas, Dennis Rodas y Fernando Rivera fueron sindicados de ser los cabecillas de la “red de extorsión y corrupción” los que a la fecha guardan detención preventiva en la cárcel de Palmasola.
jueves, 19 de junio de 2014
El Ministerio Público espera resultados con otros 16 acusados Sentencian a dos personas con 6 y 8 años por caso “Sanabria”
El Ministerio Público consiguió ayer en la ciudad de La Paz una sentencia condenatoria ejecutoriada de seis y ocho años para una mujer y un varón acusados en el caso denominado "Sanabria”, por los delitos de transporte de sustancias controladas a los Estados Unidos en 2010.
La condena deberá cumplirse en el penal de San Pedro y en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, explicó que la jueza décimo de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz determinó ocho años de presidio en contra de Yañik Omar Ramiro Valenzuela Foronda, acusado por el delito de transporte de sustancias controladas, y seis años de presidio en contra de Tania Patricia Illanes Soliz, acusada por el delito de encubrimiento en transporte de sustancias controladas.
En febrero de 2011, el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y miembro de Inteligencia del Ministerio de Gobierno fue detenido en Panamá bajo los cargos de narcotráfico. Ya en 2010 había trasladado 144 kilos de droga a los Estados Unidos.
Posteriormente fue entregado a las autoridades del país del norte. En septiembre de 2011 fue condenado a 14 años de cárcel.
"Éste es un primer resultado de lucha contra la corrupción y el tráfico ilícito de sustancias controladas dentro del caso denominado ‘Sanabria’, porque ya se tiene una sentencia condenatoria en contra de dos personas, de las 16 actualmente acusadas, y ése es el objetivo del Ministerio Público, que busca la verdad histórica y material de los hechos en contra de todas estas personas”, remarcó ayer Guerrero.
El titular del Ministerio Público explicó que en la audiencia desarrollada ayer la comisión de fiscales del caso acreditó la comisión delictiva que demuestra que los dos condenados participaron en la contratación de un container de una empresa de transporte pesado en Oruro para transportar las sustancias controladas vía Chile a los Estados Unidos, hecho que los acusados admitieron y se sometieron a un proceso abreviado.
Para cerrar, Guerrero remarcó que en este proceso los fiscales remitieron antecedentes a la Fiscalía de La Paz para que se inicie la investigación penal en contra de otras dos personas por el delito de legitimación de ganancias ilícitas; también indicó que se emitieron dos sobreseimientos y que el proceso continuará en relación a los demás involucrados a la espera de conocer la fecha y hora para el desarrollo de la audiencia conclusiva.
Otros implicados
Proceso En septiembre de 2011, junto a Sanabria fue sentenciado en Estados Unidos Marcelo Foronda Acero a nueve años de presidio. En Bolivia también se detuvo y procesado a otros implicados, entre ellos las esposas de ambos sentenciados, Lourdes Nava y Tania Illanes.
La condena deberá cumplirse en el penal de San Pedro y en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, explicó que la jueza décimo de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz determinó ocho años de presidio en contra de Yañik Omar Ramiro Valenzuela Foronda, acusado por el delito de transporte de sustancias controladas, y seis años de presidio en contra de Tania Patricia Illanes Soliz, acusada por el delito de encubrimiento en transporte de sustancias controladas.
En febrero de 2011, el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y miembro de Inteligencia del Ministerio de Gobierno fue detenido en Panamá bajo los cargos de narcotráfico. Ya en 2010 había trasladado 144 kilos de droga a los Estados Unidos.
Posteriormente fue entregado a las autoridades del país del norte. En septiembre de 2011 fue condenado a 14 años de cárcel.
"Éste es un primer resultado de lucha contra la corrupción y el tráfico ilícito de sustancias controladas dentro del caso denominado ‘Sanabria’, porque ya se tiene una sentencia condenatoria en contra de dos personas, de las 16 actualmente acusadas, y ése es el objetivo del Ministerio Público, que busca la verdad histórica y material de los hechos en contra de todas estas personas”, remarcó ayer Guerrero.
El titular del Ministerio Público explicó que en la audiencia desarrollada ayer la comisión de fiscales del caso acreditó la comisión delictiva que demuestra que los dos condenados participaron en la contratación de un container de una empresa de transporte pesado en Oruro para transportar las sustancias controladas vía Chile a los Estados Unidos, hecho que los acusados admitieron y se sometieron a un proceso abreviado.
Para cerrar, Guerrero remarcó que en este proceso los fiscales remitieron antecedentes a la Fiscalía de La Paz para que se inicie la investigación penal en contra de otras dos personas por el delito de legitimación de ganancias ilícitas; también indicó que se emitieron dos sobreseimientos y que el proceso continuará en relación a los demás involucrados a la espera de conocer la fecha y hora para el desarrollo de la audiencia conclusiva.
Otros implicados
Proceso En septiembre de 2011, junto a Sanabria fue sentenciado en Estados Unidos Marcelo Foronda Acero a nueve años de presidio. En Bolivia también se detuvo y procesado a otros implicados, entre ellos las esposas de ambos sentenciados, Lourdes Nava y Tania Illanes.
miércoles, 18 de junio de 2014
Fiscales viajarán a Brasil para coordinar la extradición de Soza
"Una comisión del Ministerio Público viajará a Brasil, previo a unos acuerdos y una reunión con la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), para gestionar la extradición del ex fiscal Marcelo Soza, además de proporcionar toda la documentación y la información que requieren", dijo este miércoles.
Guerrero indicó que el equipo de fiscales viajará en diez días, previo a las notificaciones de la autoridad judicial y la documentación que fue recabada en la audiencia que se llevó a cabo el pasado lunes en La Paz.
"Ese es el conducto y lo que corresponde, luego (procede) presentar a la Cancillería del Estado y de manera inmediata viajaremos a Brasil, considero que será máximo en unos diez días", afirmó.
El exfiscal Soza ha sido el principal investigador del caso terrorismo, que inició el 16 de abril de 2009 cuando fuerzas de élite incursionaron en el hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra y ejecutaron a tres extranjeros, entre ellos el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa, a quien el Gobierno acusó de ser el cabecilla de un grupo de terroristas que tenían por objetivo eliminar al presidente Evo Morales.
Exfiscal Soza se ofrece de testigo por muerte de Michael Dwyer
El exfiscal Marcelo Soza expresó su disposición de testificar ante funcionarios europeos que el ciudadano irlandés Michael Dwyer no murió en un fuego cruzado con la Policía Boliviana, porque estaba desarmado, cuando falleció en la violenta incursión ejecutada por la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) en el hotel Las Américas, la madrugada del 16 de abril de 2009 en la ciudad de Santa Cruz.
Soza concedió una larga entrevista al periódico irlandés The Irish Times que hace seguimiento a las investigaciones por la muerte de Dwyer, acusado por el gobierno boliviano de ser miembro del supuesto grupo terrorista de Eduardo Rózsa y Arpád Magyarosi, quienes también murieron en el mismo operativo policial.
De acuerdo con el matutino, Soza rechazó la teoría ofrecida por la Policía Boliviana sobre un enfrentamiento a fuego cruzado y acusó a altos funcionarios en Bolivia de tergiversar y luego de manipular su propia investigación.
El exfiscal se reunió en Brasilia con la madre de Michael Dwyer, la señora Carolina, a quien habría hecho algunas revelaciones importantes, que podrían servir de prueba en un eventual proceso en contra del Estado boliviano, a solicitud de los familiares que prometieron limpiar el prestigio y el nombre de su hijo.
Soza en su declaración ante el Consejo Nacional para Refugiados (Conare) de Brasil aseguró que por los datos de balística y autopsia realizada, se evidenció que no hubo una confrontación en el hotel, y que Dwyer presentó seis impactos de bala en el tórax y abdomen. La familia sospecha que fue rematado por la espalda cuando se encontraba tendido en el piso.
Soza concedió una larga entrevista al periódico irlandés The Irish Times que hace seguimiento a las investigaciones por la muerte de Dwyer, acusado por el gobierno boliviano de ser miembro del supuesto grupo terrorista de Eduardo Rózsa y Arpád Magyarosi, quienes también murieron en el mismo operativo policial.
De acuerdo con el matutino, Soza rechazó la teoría ofrecida por la Policía Boliviana sobre un enfrentamiento a fuego cruzado y acusó a altos funcionarios en Bolivia de tergiversar y luego de manipular su propia investigación.
El exfiscal se reunió en Brasilia con la madre de Michael Dwyer, la señora Carolina, a quien habría hecho algunas revelaciones importantes, que podrían servir de prueba en un eventual proceso en contra del Estado boliviano, a solicitud de los familiares que prometieron limpiar el prestigio y el nombre de su hijo.
Soza en su declaración ante el Consejo Nacional para Refugiados (Conare) de Brasil aseguró que por los datos de balística y autopsia realizada, se evidenció que no hubo una confrontación en el hotel, y que Dwyer presentó seis impactos de bala en el tórax y abdomen. La familia sospecha que fue rematado por la espalda cuando se encontraba tendido en el piso.
Romero confirma que Julkar Zeballos trabajó en la Policía
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, admitió ayer que Julkar Gabriel Zeballos, acusado de ser el autor de grabar conversaciones del exfiscal Marcelo Soza y de la oposición, trabajó en la Policía Boliviana.
"Lo conozco a Julkar, no trabaja en planta, digamos, porque él ha trabajado en la Policía, ha trabajado en investigación criminal, ha hecho trabajos fenomenales, yo no sé cuál fue la intervención que tuvo o no en ese momento en el caso de las diligencias del caso separatismo”, dijo la autoridad.
Soza, refugiado en Brasil desde marzo de este año, en su declaración que presentó al Consejo Nacional para Refugiados (Conare) afirmó que Julkar Gabriel Zeballos fue quien grabó sus conversaciones, en el que relata que funcionarios de Gobierno estaban implicados en el caso de extorsión a los acusados de terrorismo.
"Yo informé al ministro (de la Presidencia Juan Ramón) Quintana que este funcionario me estaba grabando y nunca hicieron nada para evitar este hecho, lo que me ratifica que él (Julkar Zeballos) fue enviado por el Gobierno expresamente”, se lee en una parte de la declaración que presentó Soza, al Conare Brasil, el pasado 25 de abril, acompañando 118 pruebas.
Mientras el exdirector de Régimen Interior, Boris Villegas, detenido preventivo en el penal de Palmasola de Santa Cruz, aseveró que Julkar Zeballos, es un agente del viceministro Jorge Pérez y que fue el que grabó conversaciones de la oposición, como a la diputada Marcela Revollo, en 2012 cuando se desarrollaba la marcha indígena.
Romero explicó que Julkar dirigió investigaciones en su gestión y contribuyó técnicamente en casos claves, como el de los cogoteros de El Alto y de los secuestradores de Santa Cruz.
"En los dos caso he consultado a Julkar y yo siempre he dicho que es un fenómeno para los temas informáticos. Puedo decir que trabajó en mi gestión como ministro y reitero que él trabajaba en la Policía cuando dirigía Inteligencia el coronel (Víctor Santos) Maldonado y continúo apoyando en el caso de los secuestradores y creo que después de eso tenía un trabajo como particular y creo que le iba mejor”, manifestó el ministro Romero.
El ministro aseveró que el Gobierno no hace espionaje a nadie porque no va con sus principios éticos, pero si existió espionaje antes de que asumiera la cartera de Estado será Boris Villegas, quien responda. "Reitero Julkar me hizo las triangulaciones de los cogoteros con llamadas telefónicas y similar trabajo realizó en el caso de los secuestradores, que incluso me dio el lugar donde estos se encontraban, para ese tipo de situaciones lo convocaría cuantas veces quiera pero para espionaje no”, señaló.
Apuntes de Soza
Grabación "El Ministerio de Gobierno mandó a uno de sus agentes que trabajaba conmigo (Julkar Zeballos), quien me grabó conversaciones de evaluación del caso que hacíamos con él. Yo conocía por mis funciones que el Ministerio de Gobierno disponía de equipos y gente entrenada para grabar conversaciones de políticos de oposición y también del propio Gobierno incluido el presidente del Estado (Evo Morales) y conocía como funcionaba ese procedimiento. Este equipo es dirigido por el viceministro Jorge Pérez”, indica parte del documento que presentó Soza al Conare de Brasil.
Intensión "Estas grabaciones tenían en el propósito de desprestigiarme y sacarme del caso porque nunca accedí a los pedidos de Romero”, dijo.
Excívico dice que Raúl García Linera daba órdenes
Página Siete / La Paz
El exdirigente cívico de Villamontes (Tarija), Felipe Moza, reveló en entrevistas con El Nacional y radio Erbol que el hermano del vicepresidente Álvaro García Linera estuvo al mando de su detención el 28 de noviembre de 2008, en la ciudad de Santa Cruz.
"Quiero que quede bien claro, el que hizo el acuerdo para que nos entreguemos fue Reynaldo Bayard. Él nos dijo ‘mirá el es el hermano del vicepresidente, el es Raúl García Linera’ en Santa Cruz. Él daba las órdenes cuando llegamos a El Alto”, manifestó Moza.
El excívico salió el 5 de este mes del penal de San Pedro después de cinco años, seis meses y ocho días con detención preventiva por el delito de "peligro de estragos” , tras se acusado de hacer explotar la válvula de un ducto de gas en septiembre de 2008.
Él informó que ese año se encontraba oculto junto a otras siete personas en un lugar cercano a la frontera con Paraguay y Argentina cuando el entonces presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Reynaldo Bayard, les dijo que "todo estaba arreglado porque habló con el segundo hombre del país”.
"Entonces (Bayard) hace que nos entreguemos en Santa Cruz. Bayard baja del auto y habla con una persona de mediana estatura y pelo largo, vuelve a subir y nos dice que ‘mirá, el es hermano del vicepresidente, es Raúl García Linera”, cuenta Moza.
Después, según él, fueron hasta otra calle donde estaba también el exdirector de Régimen Interior del ministerio de Gobierno, Boris Villegas; exasesores jurídicos del ministerio de Gobierno, Dennis Rodas y Fernando Rivera; el exdirector de Régimen Interior, Luis Clavijo (involucrados en la red de extorsión); y el exdirector de Seguridad Ciudadana, Carlos Núñez del Prado (difunto). Ignacio Villa (El Viejo), y el exfiscal Marcelo Soza denunciaron estos hechos.
Exfiscal Soza dispuesto a ser testigo ante europeos
El exfiscal Marcelo Soza expresó su disposición de testificar ante funcionarios europeos que el ciudadano irlandés Michael Dwyer no murió en un fuego cruzado con la Policía, porque estaba desarmado, cuando falleció en la violenta incursión ejecutada por la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC) en el hotel Las Américas, la madrugada del 16 de abril de 2009 en Santa Cruz.
Soza concedió una larga entrevista al periódico irlandés The Irish Times que hace seguimiento a las investigaciones por la muerte de Michael Dwyer, acusado por el gobierno boliviano de ser miembro del supuesto grupo terrorista de Eduardo Rózsa y Arpád Magyarosi, quienes también murieron en el mismo operativo policial.
De acuerdo con el matutino irlandés, Soza rechazó la teoría ofrecida por la Policía Boliviana sobre un enfrentamiento a fuego cruzado y acusó a altos funcionarios en Bolivia de tergiversar y luego de manipular su propia investigación, de lo cual dijo estar dispuesto a testificar ante funcionarios europeos.
El exfiscal se reunió en pasadas horas en Brasilia con la madre de Michael Dwyer, la señora Carolina, a quien habría hecho algunas revelaciones importantes, que podrían servir de prueba en un eventual proceso en contra del Estado boliviano, a solicitud de los familiares que prometieron limpiar el prestigio y el nombre de su hijo. La señora Carolina ya habría retornado a Irlanda para transmitir la información obtenida a funcionarios de su gobierno en la esperanza de que la Unión Europea a través de sus instancias correspondientes, se pronuncien de manera más enérgica para que la justicia aclare las circunstancias de la muerte de Michael Dwyer.
Soza en su declaración ante el Consejo Nacional para Refugiados (Conare) de Brasil aseguró que por los datos de balística y autopsia realizada, se evidenció que no hubo una confrontación en el hotel, y que Dwyer presentó seis impactos de bala en el tórax y abdomen.
La familia sospecha que fue rematado por la espalda cuando se encontraba tendido en el piso. En opinión de Soza, no era necesaria tanta violencia porque las tres muertes pudieron ser evitadas, debido a que los tres acusados de supuesto terrorismo, caminaban por las calles e incluso asistían a eventos sociales donde pudieron ser detenidos para facilitar la investigación y conocer las circunstancias en que fueron traídos a Bolivia. (ANF)
"Lo conozco a Julkar, no trabaja en planta, digamos, porque él ha trabajado en la Policía, ha trabajado en investigación criminal, ha hecho trabajos fenomenales, yo no sé cuál fue la intervención que tuvo o no en ese momento en el caso de las diligencias del caso separatismo”, dijo la autoridad.
Soza, refugiado en Brasil desde marzo de este año, en su declaración que presentó al Consejo Nacional para Refugiados (Conare) afirmó que Julkar Gabriel Zeballos fue quien grabó sus conversaciones, en el que relata que funcionarios de Gobierno estaban implicados en el caso de extorsión a los acusados de terrorismo.
"Yo informé al ministro (de la Presidencia Juan Ramón) Quintana que este funcionario me estaba grabando y nunca hicieron nada para evitar este hecho, lo que me ratifica que él (Julkar Zeballos) fue enviado por el Gobierno expresamente”, se lee en una parte de la declaración que presentó Soza, al Conare Brasil, el pasado 25 de abril, acompañando 118 pruebas.
Mientras el exdirector de Régimen Interior, Boris Villegas, detenido preventivo en el penal de Palmasola de Santa Cruz, aseveró que Julkar Zeballos, es un agente del viceministro Jorge Pérez y que fue el que grabó conversaciones de la oposición, como a la diputada Marcela Revollo, en 2012 cuando se desarrollaba la marcha indígena.
Romero explicó que Julkar dirigió investigaciones en su gestión y contribuyó técnicamente en casos claves, como el de los cogoteros de El Alto y de los secuestradores de Santa Cruz.
"En los dos caso he consultado a Julkar y yo siempre he dicho que es un fenómeno para los temas informáticos. Puedo decir que trabajó en mi gestión como ministro y reitero que él trabajaba en la Policía cuando dirigía Inteligencia el coronel (Víctor Santos) Maldonado y continúo apoyando en el caso de los secuestradores y creo que después de eso tenía un trabajo como particular y creo que le iba mejor”, manifestó el ministro Romero.
El ministro aseveró que el Gobierno no hace espionaje a nadie porque no va con sus principios éticos, pero si existió espionaje antes de que asumiera la cartera de Estado será Boris Villegas, quien responda. "Reitero Julkar me hizo las triangulaciones de los cogoteros con llamadas telefónicas y similar trabajo realizó en el caso de los secuestradores, que incluso me dio el lugar donde estos se encontraban, para ese tipo de situaciones lo convocaría cuantas veces quiera pero para espionaje no”, señaló.
Apuntes de Soza
Grabación "El Ministerio de Gobierno mandó a uno de sus agentes que trabajaba conmigo (Julkar Zeballos), quien me grabó conversaciones de evaluación del caso que hacíamos con él. Yo conocía por mis funciones que el Ministerio de Gobierno disponía de equipos y gente entrenada para grabar conversaciones de políticos de oposición y también del propio Gobierno incluido el presidente del Estado (Evo Morales) y conocía como funcionaba ese procedimiento. Este equipo es dirigido por el viceministro Jorge Pérez”, indica parte del documento que presentó Soza al Conare de Brasil.
Intensión "Estas grabaciones tenían en el propósito de desprestigiarme y sacarme del caso porque nunca accedí a los pedidos de Romero”, dijo.
Excívico dice que Raúl García Linera daba órdenes
Página Siete / La Paz
El exdirigente cívico de Villamontes (Tarija), Felipe Moza, reveló en entrevistas con El Nacional y radio Erbol que el hermano del vicepresidente Álvaro García Linera estuvo al mando de su detención el 28 de noviembre de 2008, en la ciudad de Santa Cruz.
"Quiero que quede bien claro, el que hizo el acuerdo para que nos entreguemos fue Reynaldo Bayard. Él nos dijo ‘mirá el es el hermano del vicepresidente, el es Raúl García Linera’ en Santa Cruz. Él daba las órdenes cuando llegamos a El Alto”, manifestó Moza.
El excívico salió el 5 de este mes del penal de San Pedro después de cinco años, seis meses y ocho días con detención preventiva por el delito de "peligro de estragos” , tras se acusado de hacer explotar la válvula de un ducto de gas en septiembre de 2008.
Él informó que ese año se encontraba oculto junto a otras siete personas en un lugar cercano a la frontera con Paraguay y Argentina cuando el entonces presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Reynaldo Bayard, les dijo que "todo estaba arreglado porque habló con el segundo hombre del país”.
"Entonces (Bayard) hace que nos entreguemos en Santa Cruz. Bayard baja del auto y habla con una persona de mediana estatura y pelo largo, vuelve a subir y nos dice que ‘mirá, el es hermano del vicepresidente, es Raúl García Linera”, cuenta Moza.
Después, según él, fueron hasta otra calle donde estaba también el exdirector de Régimen Interior del ministerio de Gobierno, Boris Villegas; exasesores jurídicos del ministerio de Gobierno, Dennis Rodas y Fernando Rivera; el exdirector de Régimen Interior, Luis Clavijo (involucrados en la red de extorsión); y el exdirector de Seguridad Ciudadana, Carlos Núñez del Prado (difunto). Ignacio Villa (El Viejo), y el exfiscal Marcelo Soza denunciaron estos hechos.
Exfiscal Soza dispuesto a ser testigo ante europeos
El exfiscal Marcelo Soza expresó su disposición de testificar ante funcionarios europeos que el ciudadano irlandés Michael Dwyer no murió en un fuego cruzado con la Policía, porque estaba desarmado, cuando falleció en la violenta incursión ejecutada por la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC) en el hotel Las Américas, la madrugada del 16 de abril de 2009 en Santa Cruz.
Soza concedió una larga entrevista al periódico irlandés The Irish Times que hace seguimiento a las investigaciones por la muerte de Michael Dwyer, acusado por el gobierno boliviano de ser miembro del supuesto grupo terrorista de Eduardo Rózsa y Arpád Magyarosi, quienes también murieron en el mismo operativo policial.
De acuerdo con el matutino irlandés, Soza rechazó la teoría ofrecida por la Policía Boliviana sobre un enfrentamiento a fuego cruzado y acusó a altos funcionarios en Bolivia de tergiversar y luego de manipular su propia investigación, de lo cual dijo estar dispuesto a testificar ante funcionarios europeos.
El exfiscal se reunió en pasadas horas en Brasilia con la madre de Michael Dwyer, la señora Carolina, a quien habría hecho algunas revelaciones importantes, que podrían servir de prueba en un eventual proceso en contra del Estado boliviano, a solicitud de los familiares que prometieron limpiar el prestigio y el nombre de su hijo. La señora Carolina ya habría retornado a Irlanda para transmitir la información obtenida a funcionarios de su gobierno en la esperanza de que la Unión Europea a través de sus instancias correspondientes, se pronuncien de manera más enérgica para que la justicia aclare las circunstancias de la muerte de Michael Dwyer.
Soza en su declaración ante el Consejo Nacional para Refugiados (Conare) de Brasil aseguró que por los datos de balística y autopsia realizada, se evidenció que no hubo una confrontación en el hotel, y que Dwyer presentó seis impactos de bala en el tórax y abdomen.
La familia sospecha que fue rematado por la espalda cuando se encontraba tendido en el piso. En opinión de Soza, no era necesaria tanta violencia porque las tres muertes pudieron ser evitadas, debido a que los tres acusados de supuesto terrorismo, caminaban por las calles e incluso asistían a eventos sociales donde pudieron ser detenidos para facilitar la investigación y conocer las circunstancias en que fueron traídos a Bolivia. (ANF)
martes, 17 de junio de 2014
CASO SUPUESTO TERRORISMO La madre de Dwyer se reunió con el exfiscal Soza en Brasil
Familiares de los otros procesados en el caso de presunto terrorismo indicaron que Caroline Dwyer, madre de Michael Dwyer, se reunió ayer con el exfiscal Marcelo Soza en la ciudad de Brasilia (Brasil).
De acuerdo con estas versiones, la mujer conoció de boca del propio Soza la versión sobre lo sucedido con su hijo, que murió junto, a Eduardo Rózsa y a Árpád Magyarosi, en un operativo ejecutado en el hotel Las Américas la madrugada del 16 de abril de 2009. El Gobierno los acusa de ser parte de una presunta célula terrorista, junto a Elöd Tóásó y a Mario Tadic, los dos sobrevivientes de la acción polical.
La madre de Dwyer tiene que retornar hasta Irlanda hoy y se espera que mañana haga públicas algunas de las revelaciones que le hizo Soza sobre lo ocurrido con su hijo, ya que primero debe reunirse con las autoridades de su Gobierno, que han apoyado permanentemente la investigación que ella sigue para conocer la verdad sobre la muerte de su hijo.
Publicación reveladora
El periódico irlandes The Irish Times, a través de su página en internet, señala en una nota, firmada por Tom Hennigan, corresponsal de este periódico para América del Sur, que Soza indicó que Dwyer estaba desarmado en el momento que fue muerto a tiros por la Policía en el hotel Las Américas.
La declaración, lograda por The Irish Time, forma parte de una entrevista realizada por este medio de comunicación y que pone en entredicho la acusación de la Fiscalía dentro del juicio por este caso, ya que en la misma se asegura, basados en pericias balísticas, que hubo un cruce de fuego entre los que ejecutaron la acción en el hotel Las Américas y los que murieron en el lugar.
Soza critica la conducta de las autoridades del país, acusando a los altos funcionarios gubernamentales de tergiversar la naturaleza de la redada policial de abril de 2009 y de manipular la investigación hasta obligarlo a buscar asilo en Brasil.
Carta a Ban Ki-moon
Gary Prado, uno de los abogados defensores en el caso de presunto terrorismo, hizo conocer ayer que la carta que redactó a nombre de los 39 procesados en este caso fue entregada al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
Prado afirmó que esto sucedió y, aunque señaló que no puede revelar cómo se logró el contacto con Ki-moon, que estuvo desde el jueves en nuestra ciudad con motivo de la Cumbre del G-77 + China, dijo tener la certeza de que esta gestión fue finalizada con éxito. Él espera que esto apoye las otras denuncias hechas ante este organismo por procesados y familiares de otros detenidos en este caso
De acuerdo con estas versiones, la mujer conoció de boca del propio Soza la versión sobre lo sucedido con su hijo, que murió junto, a Eduardo Rózsa y a Árpád Magyarosi, en un operativo ejecutado en el hotel Las Américas la madrugada del 16 de abril de 2009. El Gobierno los acusa de ser parte de una presunta célula terrorista, junto a Elöd Tóásó y a Mario Tadic, los dos sobrevivientes de la acción polical.
La madre de Dwyer tiene que retornar hasta Irlanda hoy y se espera que mañana haga públicas algunas de las revelaciones que le hizo Soza sobre lo ocurrido con su hijo, ya que primero debe reunirse con las autoridades de su Gobierno, que han apoyado permanentemente la investigación que ella sigue para conocer la verdad sobre la muerte de su hijo.
Publicación reveladora
El periódico irlandes The Irish Times, a través de su página en internet, señala en una nota, firmada por Tom Hennigan, corresponsal de este periódico para América del Sur, que Soza indicó que Dwyer estaba desarmado en el momento que fue muerto a tiros por la Policía en el hotel Las Américas.
La declaración, lograda por The Irish Time, forma parte de una entrevista realizada por este medio de comunicación y que pone en entredicho la acusación de la Fiscalía dentro del juicio por este caso, ya que en la misma se asegura, basados en pericias balísticas, que hubo un cruce de fuego entre los que ejecutaron la acción en el hotel Las Américas y los que murieron en el lugar.
Soza critica la conducta de las autoridades del país, acusando a los altos funcionarios gubernamentales de tergiversar la naturaleza de la redada policial de abril de 2009 y de manipular la investigación hasta obligarlo a buscar asilo en Brasil.
Carta a Ban Ki-moon
Gary Prado, uno de los abogados defensores en el caso de presunto terrorismo, hizo conocer ayer que la carta que redactó a nombre de los 39 procesados en este caso fue entregada al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
Prado afirmó que esto sucedió y, aunque señaló que no puede revelar cómo se logró el contacto con Ki-moon, que estuvo desde el jueves en nuestra ciudad con motivo de la Cumbre del G-77 + China, dijo tener la certeza de que esta gestión fue finalizada con éxito. Él espera que esto apoye las otras denuncias hechas ante este organismo por procesados y familiares de otros detenidos en este caso
Soza revela su verdad a un medio irlandés
El periódico The Irish Times, uno de los más importantes de Irlanda, entrevistó a Marcelo Soza, exfiscal del caso Rózsa, y publicó ayer una nota en la que la exautoridad boliviana señala que Michael Dwyer “estaba desarmado cuando lo mataron”.
Acusa de tergiversar todo. Tras haberlo entrevistado en Brasil, The Irish Times asegura que Soza contradice las afirmaciones del Gobierno y pone en duda la versión de las autoridades en los acontecimientos. Dijo que Dwyer estaba desarmado cuando se le disparó en su habitación del hotel en la ciudad de Santa Cruz el 16 de abril de 2009, "no había ninguna arma cerca de Dwyer cuando lo mataron."
Ahora Soza, según el periódico irlandés, señala que "no hubo enfrentamiento en el hotel", y el tiroteo no había tenido lugar. Acusó a altos funcionarios de tergiversar la naturaleza de la redada de la Policía y luego manipular su investigación.
El Gobierno de Bolivia afirmó que Dwyer estaba en Bolivia como parte de un grupo liderado por el mercenario Eduardo Rózsa-Flores, que planeaba asesinar al presidente Morales y fomentar una guerra secesionista en las tierras bajas del este de Bolivia. Dwyer, Rózsa-Flores y el húngaro Arpad Magyarosi murieron en el operativo policial.
Duras declaraciones Soza insiste en que la afirmación oficial de que la Policía persiguió al grupo de Dwyer hasta el hotel Las Américas es falsa, ya que el ataque había sido planeado cuidadosamente en La Paz y que había visto un video de la unidad de Policía involucrados practicando en una maqueta del hotel Las Américas.
"No hubo ninguna persecución en el hotel", insiste. "No ha sido necesario llevar a cabo la redada. Podrían haber sido capturados en cualquier momento. Caminaron de la calle que frecuentaban bares, ¿por qué no detenerlos en la calle?". Soza también cuestionó el trabajo en relación con el Ministerio Público, al que el Gobierno ha acudido una vez que se realizó el operativo.
Acusa de tergiversar todo. Tras haberlo entrevistado en Brasil, The Irish Times asegura que Soza contradice las afirmaciones del Gobierno y pone en duda la versión de las autoridades en los acontecimientos. Dijo que Dwyer estaba desarmado cuando se le disparó en su habitación del hotel en la ciudad de Santa Cruz el 16 de abril de 2009, "no había ninguna arma cerca de Dwyer cuando lo mataron."
Ahora Soza, según el periódico irlandés, señala que "no hubo enfrentamiento en el hotel", y el tiroteo no había tenido lugar. Acusó a altos funcionarios de tergiversar la naturaleza de la redada de la Policía y luego manipular su investigación.
El Gobierno de Bolivia afirmó que Dwyer estaba en Bolivia como parte de un grupo liderado por el mercenario Eduardo Rózsa-Flores, que planeaba asesinar al presidente Morales y fomentar una guerra secesionista en las tierras bajas del este de Bolivia. Dwyer, Rózsa-Flores y el húngaro Arpad Magyarosi murieron en el operativo policial.
Duras declaraciones Soza insiste en que la afirmación oficial de que la Policía persiguió al grupo de Dwyer hasta el hotel Las Américas es falsa, ya que el ataque había sido planeado cuidadosamente en La Paz y que había visto un video de la unidad de Policía involucrados practicando en una maqueta del hotel Las Américas.
"No hubo ninguna persecución en el hotel", insiste. "No ha sido necesario llevar a cabo la redada. Podrían haber sido capturados en cualquier momento. Caminaron de la calle que frecuentaban bares, ¿por qué no detenerlos en la calle?". Soza también cuestionó el trabajo en relación con el Ministerio Público, al que el Gobierno ha acudido una vez que se realizó el operativo.
lunes, 16 de junio de 2014
Fiscalía debe decidir si investiga a Repsol y Prisa en caso Terrorismo
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle Inca, dijo que el Ministerio Público debe definir si investiga a nuevos implicados en el caso Terrorismo como los grupos empresariales españoles Prisa y Repsol, luego de las últimas revelaciones efectuadas por el exfiscal Marcelo Soza en declaraciones que presentó al Consejo Nacional de Refugiados (Conare) del Brasil para lograr refugio por persecución política.
“Esto corresponde al Ministerio Público decidir, si los van a incluir o investigar. Si existen elementos probatorios de que han participado en alguna clase de ayuda debe ser investigado por el Ministerio Público. A todos los legisladores nos interesa que esto se aclare”, afirmó.
Según el legislador existen pruebas de que hubo intenciones de dividir Bolivia desde las logias que se organizaron en el oriente boliviano. “Si ha existido el caso Terrorismo, ahora pretender decir que no ha existido, no hay argumentos, pero reitero, que el Ministerio Público tiene que investigar si se incluye a algunas personas o que se debe hacer”, afirmó.
El exfiscal dijo que los representantes de las empresas españolas Repsol y Prisa habían tenido contacto con el presunto grupo irregular liderado por Eduardo Rozsá Flores, además de tener conocimiento sobre los aprestos separatistas que se estaban gestando en el departamento de Santa Cruz.
Soza dentro del trámite de refugio “por persecución política” presentado al Conare afirmó que en la investigación realizada en el caso Terrorismo menciona a Alejandro Hernández Mora como allegado a Eduaro Rozsá. Él dice, que “conocía todos los detalles relativos a la presencia de Rozsá en Bolivia”.
“Él se encontraba de regreso en su país, España, de donde ordené se tramite la extradición al nuestro para que presentara la declaración y sea sometido a la justicia. El conoció todos los detalles relativos al financiamiento del grupo irregular prestado principalmente por empresas españolas, entre ellas el Grupo Prisa propietario del periódico La Razón, y de la Red de Televisión ATB, y Repsol. Esta información se encuentra contenida en varias grabaciones de conversaciones telefónicas”, afirma Soza.
Más adelante la exautoridad señala que toda la referencia sobre Alejandro Hernández Mora “desapareció”. “El informe Conclusivo de la Cámara de Diputados en su recomendación 2), incluye entre los integrantes del grupo irregular a Alejandro Hernández Mora y pide que el Ministerio Público haga las gestiones necesarias para la extradición de estos a mi país”.
NO TIENE VALIDEZ
Por su parte, el fiscal Marco Antonio Rodríguez, que forma parte de la comisión de fiscales que sigue el juicio del caso terrorismo, dijo a EL DIARIO que las declaraciones del exfiscal Marcelo Soza sobre implicaciones de otras personas y empresas como Repsol y Prisa no tienen valor legal para el caso que se ventila en el Poder Judicial.
“De inicio, descartar cualquier validez a esos pseudo documentos. Una prueba idónea es aquella que ha sido lícitamente obtenida. La fotocopia de una carta al pueblo boliviano o una fotocopia de la declaración prestada ante el Conare que no ha sido respaldada o legalizada por autoridad competente introducida al trámite procesal boliviano que regula la Ley 1970, es decir, licitud en su obtención y el trámite respectivo ante la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia carece de toda validez”, sostuvo.
Por esa razón, los documentos son excluidos como elementos de convicción necesaria para sustentar una pretensión jurídica, es decir, que es un simple papel donde se hacen conocer ciertos elementos que no “tienen un origen lícito en su obtención”.
En otras palabras dijo que un documento como el que se dio a conocer por varios medios de comunicación debía ser certificado por la Cancillería del Estado y remitido al Ministerio Público para su valoración jurídica, antes de que sea conocido por la opinión pública.
Sostuvo además que quienes están haciendo público estos documentos, “son los propios interesados en el juicio”, todo, con el propósito de eximirse de responsabilidades.
Finamente dijo que desde hoy se reanuda el juicio oral que se ventila en el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz por el caso Terrorismo en la ciudad de Santa Cruz y proseguir con la declaración del coimputado Felapio Santiesteben. Este proceso proseguirá a pesar de la vacación judicial que se inicia desde el 23 de junio.
Eduardo Rozsá, Árpád Magyarosi, húngaro-rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés; murieron durante el asalto al hotel Las Américas en Santa Cruz el 16 de abril de 2009. Mario Tadic, boliviano-croata; y Elod Tóásó, húngaro, fueron arrestados.
“Esto corresponde al Ministerio Público decidir, si los van a incluir o investigar. Si existen elementos probatorios de que han participado en alguna clase de ayuda debe ser investigado por el Ministerio Público. A todos los legisladores nos interesa que esto se aclare”, afirmó.
Según el legislador existen pruebas de que hubo intenciones de dividir Bolivia desde las logias que se organizaron en el oriente boliviano. “Si ha existido el caso Terrorismo, ahora pretender decir que no ha existido, no hay argumentos, pero reitero, que el Ministerio Público tiene que investigar si se incluye a algunas personas o que se debe hacer”, afirmó.
El exfiscal dijo que los representantes de las empresas españolas Repsol y Prisa habían tenido contacto con el presunto grupo irregular liderado por Eduardo Rozsá Flores, además de tener conocimiento sobre los aprestos separatistas que se estaban gestando en el departamento de Santa Cruz.
Soza dentro del trámite de refugio “por persecución política” presentado al Conare afirmó que en la investigación realizada en el caso Terrorismo menciona a Alejandro Hernández Mora como allegado a Eduaro Rozsá. Él dice, que “conocía todos los detalles relativos a la presencia de Rozsá en Bolivia”.
“Él se encontraba de regreso en su país, España, de donde ordené se tramite la extradición al nuestro para que presentara la declaración y sea sometido a la justicia. El conoció todos los detalles relativos al financiamiento del grupo irregular prestado principalmente por empresas españolas, entre ellas el Grupo Prisa propietario del periódico La Razón, y de la Red de Televisión ATB, y Repsol. Esta información se encuentra contenida en varias grabaciones de conversaciones telefónicas”, afirma Soza.
Más adelante la exautoridad señala que toda la referencia sobre Alejandro Hernández Mora “desapareció”. “El informe Conclusivo de la Cámara de Diputados en su recomendación 2), incluye entre los integrantes del grupo irregular a Alejandro Hernández Mora y pide que el Ministerio Público haga las gestiones necesarias para la extradición de estos a mi país”.
NO TIENE VALIDEZ
Por su parte, el fiscal Marco Antonio Rodríguez, que forma parte de la comisión de fiscales que sigue el juicio del caso terrorismo, dijo a EL DIARIO que las declaraciones del exfiscal Marcelo Soza sobre implicaciones de otras personas y empresas como Repsol y Prisa no tienen valor legal para el caso que se ventila en el Poder Judicial.
“De inicio, descartar cualquier validez a esos pseudo documentos. Una prueba idónea es aquella que ha sido lícitamente obtenida. La fotocopia de una carta al pueblo boliviano o una fotocopia de la declaración prestada ante el Conare que no ha sido respaldada o legalizada por autoridad competente introducida al trámite procesal boliviano que regula la Ley 1970, es decir, licitud en su obtención y el trámite respectivo ante la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia carece de toda validez”, sostuvo.
Por esa razón, los documentos son excluidos como elementos de convicción necesaria para sustentar una pretensión jurídica, es decir, que es un simple papel donde se hacen conocer ciertos elementos que no “tienen un origen lícito en su obtención”.
En otras palabras dijo que un documento como el que se dio a conocer por varios medios de comunicación debía ser certificado por la Cancillería del Estado y remitido al Ministerio Público para su valoración jurídica, antes de que sea conocido por la opinión pública.
Sostuvo además que quienes están haciendo público estos documentos, “son los propios interesados en el juicio”, todo, con el propósito de eximirse de responsabilidades.
Finamente dijo que desde hoy se reanuda el juicio oral que se ventila en el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz por el caso Terrorismo en la ciudad de Santa Cruz y proseguir con la declaración del coimputado Felapio Santiesteben. Este proceso proseguirá a pesar de la vacación judicial que se inicia desde el 23 de junio.
Eduardo Rozsá, Árpád Magyarosi, húngaro-rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés; murieron durante el asalto al hotel Las Américas en Santa Cruz el 16 de abril de 2009. Mario Tadic, boliviano-croata; y Elod Tóásó, húngaro, fueron arrestados.
Soza admite proceso de extorsión sistemático y culpa a Raul García Linera
El ex fiscal Marcelo Soza Álvarez admitió que durante el proceso de investigación del caso Terrorismo, la ambición económica de Raúl García Linera, Luis Clavijo - coordinadores de la investigación - y el poder político del Ministerio de Gobierno, originaron un "proceso de extorsión sistemática" sin límites que afectó al funcionamiento del Ministerio Público
En una entrevista concedida a la ANF el 8 de mayo a las 16.35 en Brasilia, Soza dijo que las recientes acusaciones del gobierno sobre prácticas de extorsión, son pretextos para que las autoridades de gobierno se "laven las manos" ante el fracaso judicial de esclarecer el caso Terrorismo, en su opinión, liquidado por la falta de credibilidad
Recordó que García Linera y Clavijo le pedían que haga pública la nómina de posibles involucrados para llamarlos a declarar y luego de publicada en los medios de comunicación social, de pronto varios no eran convocados por los investigadores por un impedimento sistemático
El ex fiscal considera que en ese momento surgieron los actos de extorsión y las declaraciones pactadas para implicar a otras personas. "Me encontraba atrapado en una red de corrupción del gobierno", afirmó en su declaración escrita entregada al Consejo Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil, que considera una solicitud de refugio en su calidad de perseguido político
"Lo que verdaderamente afectó a fondo la investigación fue que se utilizó para extorsionar y enriquecerse. Luis Norberto Clavijo, Raúl García Linera y otros abogados se apropiaron en gran parte del proceso para su beneficio propio", aseguró a tiempo de señalar que esas personas desviaron el curso de la investigación al instruir la búsqueda de los financiadores del grupo de Eduardo Rózsa
Soza tiene abierto un caso de extorsión presentado por el ex prefecto de Santa Cruz, Zvonko Matkovic y múltiples testigos en contra que aseguran haber operado por encargo del ex fiscal. Y cuando la Fiscalía Anticorrupción lo acorraló para que se presente a declarar bajo pena de ser aprehendido, huyó del país rumbo a Brasil
Sin embargo en su descargo, sostuvo que en una oportunidad le comentó al presidente Evo Morales de los actos de extorsión que implicaban a la entonces candidata a la Gobernación, Jessica Jordan, la que se habría dedicado a extorsionar a mucha gente de Trinidad, junto a su tía Ana Claudia Arruda, a las que no pudo investigar porque se enteró que el Presidente Evo Morales había enviado a su seguridad personal, el capitán Wilber Bacarreza Molina, como encargado de la Seguridad de la Candidata a la Gobernación
En su relato ante el Conare, recordó que la tía de Jessica Jordan, Ana Claudia Arruda, que se encuentra detenida en la cárcel de Palmasola por el delito de estafa, tenía el número telefónico 75003… y desde ese teléfono se comunicaba en forma directa con el Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera a los teléfonos 71263… y 70645…, y el ministro Quintana que tenía el número 73044…, quien había tomado a su cargo al Departamento del Beni
Sostuvo que en ese tiempo existía un mandamiento de apremio en contra de Arruda, "el que entregué personalmente al Ministro Juan Ramón Quintana, el que nunca ordenó su ejecución. Claudia Arruda en sus actos extorsivos hablaba a nombre del Ministro de la Presidencia", dice en otra parte de su relato
Manifestó que el ministro Quintana intervino en pasajes específicos sobre todo cuando los hechos tenían relevancia para el departamento del Beni. "Fue un permanente protector de Jessica Jordán Burton y evitó su enjuiciamiento. Lo mismo con respecto a Ana Claudia Arruda", acotó
En su opinión, en Bolivia no hay respeto a la independencia judicial ni del Ministerio Público, motivo por el que salió del país, debido a que estaba en riesgo su vida, y lamentó que en el país no se respeten el debido proceso ni las garantías constitucionales que, en su criterio, son "digitadas por el Ministro de Gobierno, a través del viceministro Jorge Pérez"
Aseguró conocer como pocos "la forma en la cual se manejan los jueces y fiscales en Bolivia. El grado de influencia del gobierno sobre la justicia es absoluto. Si un juez o fiscal decide resistir sus dictados, simplemente son destituidos, enjuiciados penalmente y condenados a una muerte civil en el ejercicio de su profesión", indicó el polémico ex representante del Ministerio Público
La Agencia de Noticias Fides (ANF) difunde a continuación la segunda parte de la entrevista realizada al ex fiscal Marcelo Soza Álvarez en Brasilia.
En una entrevista concedida a la ANF el 8 de mayo a las 16.35 en Brasilia, Soza dijo que las recientes acusaciones del gobierno sobre prácticas de extorsión, son pretextos para que las autoridades de gobierno se "laven las manos" ante el fracaso judicial de esclarecer el caso Terrorismo, en su opinión, liquidado por la falta de credibilidad
Recordó que García Linera y Clavijo le pedían que haga pública la nómina de posibles involucrados para llamarlos a declarar y luego de publicada en los medios de comunicación social, de pronto varios no eran convocados por los investigadores por un impedimento sistemático
El ex fiscal considera que en ese momento surgieron los actos de extorsión y las declaraciones pactadas para implicar a otras personas. "Me encontraba atrapado en una red de corrupción del gobierno", afirmó en su declaración escrita entregada al Consejo Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil, que considera una solicitud de refugio en su calidad de perseguido político
"Lo que verdaderamente afectó a fondo la investigación fue que se utilizó para extorsionar y enriquecerse. Luis Norberto Clavijo, Raúl García Linera y otros abogados se apropiaron en gran parte del proceso para su beneficio propio", aseguró a tiempo de señalar que esas personas desviaron el curso de la investigación al instruir la búsqueda de los financiadores del grupo de Eduardo Rózsa
Soza tiene abierto un caso de extorsión presentado por el ex prefecto de Santa Cruz, Zvonko Matkovic y múltiples testigos en contra que aseguran haber operado por encargo del ex fiscal. Y cuando la Fiscalía Anticorrupción lo acorraló para que se presente a declarar bajo pena de ser aprehendido, huyó del país rumbo a Brasil
Sin embargo en su descargo, sostuvo que en una oportunidad le comentó al presidente Evo Morales de los actos de extorsión que implicaban a la entonces candidata a la Gobernación, Jessica Jordan, la que se habría dedicado a extorsionar a mucha gente de Trinidad, junto a su tía Ana Claudia Arruda, a las que no pudo investigar porque se enteró que el Presidente Evo Morales había enviado a su seguridad personal, el capitán Wilber Bacarreza Molina, como encargado de la Seguridad de la Candidata a la Gobernación
En su relato ante el Conare, recordó que la tía de Jessica Jordan, Ana Claudia Arruda, que se encuentra detenida en la cárcel de Palmasola por el delito de estafa, tenía el número telefónico 75003… y desde ese teléfono se comunicaba en forma directa con el Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera a los teléfonos 71263… y 70645…, y el ministro Quintana que tenía el número 73044…, quien había tomado a su cargo al Departamento del Beni
Sostuvo que en ese tiempo existía un mandamiento de apremio en contra de Arruda, "el que entregué personalmente al Ministro Juan Ramón Quintana, el que nunca ordenó su ejecución. Claudia Arruda en sus actos extorsivos hablaba a nombre del Ministro de la Presidencia", dice en otra parte de su relato
Manifestó que el ministro Quintana intervino en pasajes específicos sobre todo cuando los hechos tenían relevancia para el departamento del Beni. "Fue un permanente protector de Jessica Jordán Burton y evitó su enjuiciamiento. Lo mismo con respecto a Ana Claudia Arruda", acotó
En su opinión, en Bolivia no hay respeto a la independencia judicial ni del Ministerio Público, motivo por el que salió del país, debido a que estaba en riesgo su vida, y lamentó que en el país no se respeten el debido proceso ni las garantías constitucionales que, en su criterio, son "digitadas por el Ministro de Gobierno, a través del viceministro Jorge Pérez"
Aseguró conocer como pocos "la forma en la cual se manejan los jueces y fiscales en Bolivia. El grado de influencia del gobierno sobre la justicia es absoluto. Si un juez o fiscal decide resistir sus dictados, simplemente son destituidos, enjuiciados penalmente y condenados a una muerte civil en el ejercicio de su profesión", indicó el polémico ex representante del Ministerio Público
La Agencia de Noticias Fides (ANF) difunde a continuación la segunda parte de la entrevista realizada al ex fiscal Marcelo Soza Álvarez en Brasilia.
Video Caso Rózsa Soza: "Me encontraba atrapado en una red de corrupción del gobierno"
El ex fiscal Marcelo Soza Álvarez admitió que durante el proceso de investigación del caso Rózsa, la ambición económica de Raúl García Linera (hermano del vicepresidente), Luis Clavijo - coordinadores de la investigación - y el poder político del Ministerio de Gobierno, originaron un "proceso de extorsión sistemática" sin límites que afectó al funcionamiento del Ministerio Público.
En una entrevista concedida a la ANF el 8 de mayo a las 16.35 en Brasilia, Soza dijo que las recientes acusaciones del gobierno sobre prácticas de extorsión, son pretextos para que las autoridades de gobierno se "laven las manos" ante el fracaso judicial de esclarecer el caso Rózsa, en su opinión, liquidado por la falta de credibilidad.
Recordó que García Linera y Clavijo le pedían que haga pública la nómina de posibles involucrados para llamarlos a declarar y luego de publicada en los medios de comunicación social, de pronto varios no eran convocados por los investigadores por un impedimento sistemático.
El ex fiscal considera que en ese momento surgieron los actos de extorsión y las declaraciones pactadas para implicar a otras personas. "Me encontraba atrapado en una red de corrupción del gobierno", afirmó en su declaración escrita entregada al Consejo Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil, que considera una solicitud de refugio en su calidad de perseguido político.
"Lo que verdaderamente afectó a fondo la investigación fue que se utilizó para extorsionar y enriquecerse. Luis Norberto Clavijo, Raúl García Linera y otros abogados se apropiaron en gran parte del proceso para su beneficio propio", aseguró a tiempo de señalar que esas personas desviaron el curso de la investigación al instruir la búsqueda de los financiadores del grupo de Eduardo Rózsa.
Soza tiene abierto un caso de extorsión presentado por el ex prefecto de Santa Cruz, Zvonko Matkovic y múltiples testigos en contra que aseguran haber operado por encargo del ex fiscal. Y cuando la Fiscalía Anticorrupción lo acorraló para que se presente a declarar bajo pena de ser aprehendido, huyó del país rumbo a Brasil.
Sin embargo en su descargo, sostuvo que en una oportunidad le comentó al presidente Evo Morales de los actos de extorsión que implicaban a la entonces candidata a la Gobernación, Jessica Jordan, la que se habría dedicado a extorsionar a mucha gente de Trinidad, junto a su tía Ana Claudia Arruda, a las que no pudo investigar porque se enteró que el presidente Evo Morales había enviado a su seguridad personal, el capitán Wilber Bacarreza Molina, como encargado de la Seguridad de la Candidata a la Gobernación.
En su relato ante el Conare, recordó que la tía de Jessica Jordan, Ana Claudia Arruda, que se encuentra detenida en la cárcel de Palmasola por el delito de estafa, tenía el número telefónico 75003… y desde ese teléfono se comunicaba en forma directa con el Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera a los teléfonos 71263… y 70645…, y el ministro Quintana que tenía el número 73044…, quien había tomado a su cargo al Departamento del Beni.
Sostuvo que en ese tiempo existía un mandamiento de apremio en contra de Arruda, "el que entregué personalmente al Ministro Juan Ramón Quintana, el que nunca ordenó su ejecución. Claudia Arruda en sus actos extorsivos hablaba a nombre del Ministro de la Presidencia", dice en otra parte de su relato.
Manifestó que el ministro Quintana intervino en pasajes específicos sobre todo cuando los hechos tenían relevancia para el departamento del Beni. "Fue un permanente protector de Jessica Jordán Burton y evitó su enjuiciamiento. Lo mismo con respecto a Ana Claudia Arruda", acotó.
En su opinión, en Bolivia no hay respeto a la independencia judicial ni del Ministerio Público, motivo por el que salió del país, debido a que estaba en riesgo su vida, y lamentó que en el país no se respeten el debido proceso ni las garantías constitucionales que, en su criterio, son "digitadas por el Ministro de Gobierno, a través del viceministro Jorge Pérez".
Aseguró conocer como pocos "la forma en la cual se manejan los jueces y fiscales en Bolivia. El grado de influencia del gobierno sobre la justicia es absoluto. Si un juez o fiscal decide resistir sus dictados, simplemente son destituidos, enjuiciados penalmente y condenados a una muerte civil en el ejercicio de su profesión", indicó el polémico ex representante del Ministerio Público.
La Agencia de Noticias Fides (ANF) difunde a continuación la segunda parte de la entrevista realizada al ex fiscal Marcelo Soza Álvarez en Brasilia:
En una entrevista concedida a la ANF el 8 de mayo a las 16.35 en Brasilia, Soza dijo que las recientes acusaciones del gobierno sobre prácticas de extorsión, son pretextos para que las autoridades de gobierno se "laven las manos" ante el fracaso judicial de esclarecer el caso Rózsa, en su opinión, liquidado por la falta de credibilidad.
Recordó que García Linera y Clavijo le pedían que haga pública la nómina de posibles involucrados para llamarlos a declarar y luego de publicada en los medios de comunicación social, de pronto varios no eran convocados por los investigadores por un impedimento sistemático.
El ex fiscal considera que en ese momento surgieron los actos de extorsión y las declaraciones pactadas para implicar a otras personas. "Me encontraba atrapado en una red de corrupción del gobierno", afirmó en su declaración escrita entregada al Consejo Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil, que considera una solicitud de refugio en su calidad de perseguido político.
"Lo que verdaderamente afectó a fondo la investigación fue que se utilizó para extorsionar y enriquecerse. Luis Norberto Clavijo, Raúl García Linera y otros abogados se apropiaron en gran parte del proceso para su beneficio propio", aseguró a tiempo de señalar que esas personas desviaron el curso de la investigación al instruir la búsqueda de los financiadores del grupo de Eduardo Rózsa.
Soza tiene abierto un caso de extorsión presentado por el ex prefecto de Santa Cruz, Zvonko Matkovic y múltiples testigos en contra que aseguran haber operado por encargo del ex fiscal. Y cuando la Fiscalía Anticorrupción lo acorraló para que se presente a declarar bajo pena de ser aprehendido, huyó del país rumbo a Brasil.
Sin embargo en su descargo, sostuvo que en una oportunidad le comentó al presidente Evo Morales de los actos de extorsión que implicaban a la entonces candidata a la Gobernación, Jessica Jordan, la que se habría dedicado a extorsionar a mucha gente de Trinidad, junto a su tía Ana Claudia Arruda, a las que no pudo investigar porque se enteró que el presidente Evo Morales había enviado a su seguridad personal, el capitán Wilber Bacarreza Molina, como encargado de la Seguridad de la Candidata a la Gobernación.
En su relato ante el Conare, recordó que la tía de Jessica Jordan, Ana Claudia Arruda, que se encuentra detenida en la cárcel de Palmasola por el delito de estafa, tenía el número telefónico 75003… y desde ese teléfono se comunicaba en forma directa con el Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera a los teléfonos 71263… y 70645…, y el ministro Quintana que tenía el número 73044…, quien había tomado a su cargo al Departamento del Beni.
Sostuvo que en ese tiempo existía un mandamiento de apremio en contra de Arruda, "el que entregué personalmente al Ministro Juan Ramón Quintana, el que nunca ordenó su ejecución. Claudia Arruda en sus actos extorsivos hablaba a nombre del Ministro de la Presidencia", dice en otra parte de su relato.
Manifestó que el ministro Quintana intervino en pasajes específicos sobre todo cuando los hechos tenían relevancia para el departamento del Beni. "Fue un permanente protector de Jessica Jordán Burton y evitó su enjuiciamiento. Lo mismo con respecto a Ana Claudia Arruda", acotó.
En su opinión, en Bolivia no hay respeto a la independencia judicial ni del Ministerio Público, motivo por el que salió del país, debido a que estaba en riesgo su vida, y lamentó que en el país no se respeten el debido proceso ni las garantías constitucionales que, en su criterio, son "digitadas por el Ministro de Gobierno, a través del viceministro Jorge Pérez".
Aseguró conocer como pocos "la forma en la cual se manejan los jueces y fiscales en Bolivia. El grado de influencia del gobierno sobre la justicia es absoluto. Si un juez o fiscal decide resistir sus dictados, simplemente son destituidos, enjuiciados penalmente y condenados a una muerte civil en el ejercicio de su profesión", indicó el polémico ex representante del Ministerio Público.
La Agencia de Noticias Fides (ANF) difunde a continuación la segunda parte de la entrevista realizada al ex fiscal Marcelo Soza Álvarez en Brasilia:
domingo, 15 de junio de 2014
Piden interceder para anular juicio del caso Rózsa
Familiares de los acusados del Caso Rózsa clamaron por justicia y libertad para sus seres queridos, en una carta enviada a Ban Ki-Moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En la misiva firmada por el abogado Gary Prado, en representación de las familias de los 39 imputados, denuncia sobre las constantes vulneración a los derechos humanos. Establecen que el supuesto alzamiento armado y terrorismo, fue un montaje del gobierno de Evo Morales. Sostienen que los informes de autopsia contra los ciudadanos Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer, acribillados en el hotel Las Américas, fueron falsificados por funcionarios gubernamentales. Denuncian que las pruebas de la acusación contra sus familiares fueron manipuladas, contaminadas y sembradas por los efectivos policiales. También sindican a gente cercana al Gobierno de sobornar a testigos falsos y a extorsionar a empresarios con la supuesta investigación del caso.
El documento publicado hoy en una solicitada a la máxima autoridad de la ONU, dicen que se obligó a denunciar a políticos opositores y cívicos sin prueba alguna. Sindican a los jueces del Tribunal de recibir prebendas para asegurar condena contra los imputados.
Misiva a empresarios de la Fexpo. Además publican una segunda carta, enviada a los empresarios Julio Roda y Luis Barbery, presidente y vicepresidente de la Fexpo, lugar donde se realiza la cumbre de la G-77 + China. Les hacen recuerdo de que el pasado 19 de mayo, les hacían llegar su preocupación por permitir que se realice ese evento internacional en los predios donde el gobierno preparó el montaje del caso Rózsa. Piden que intercedan al presidente Evo Morales, para que ponga fin a la parodia del proceso judicial, habida cuenta que se cumplieron los plazos procesales y los acusados siguen detenidos sin sentencia. Asimismo pide nulidad de juicio antes las declaraciones ante el Conare del Brasil, por el exfiscal Marcelo Soza. Por otro lado, ayer colocaron una gigantografía en el segundo anillo frente al Hotel Cortez, con foto de los 39 acusados con una leyenda que dice: 'Cinco años de infamia y montaje del caso Rózsa'.
El documento publicado hoy en una solicitada a la máxima autoridad de la ONU, dicen que se obligó a denunciar a políticos opositores y cívicos sin prueba alguna. Sindican a los jueces del Tribunal de recibir prebendas para asegurar condena contra los imputados.
Misiva a empresarios de la Fexpo. Además publican una segunda carta, enviada a los empresarios Julio Roda y Luis Barbery, presidente y vicepresidente de la Fexpo, lugar donde se realiza la cumbre de la G-77 + China. Les hacen recuerdo de que el pasado 19 de mayo, les hacían llegar su preocupación por permitir que se realice ese evento internacional en los predios donde el gobierno preparó el montaje del caso Rózsa. Piden que intercedan al presidente Evo Morales, para que ponga fin a la parodia del proceso judicial, habida cuenta que se cumplieron los plazos procesales y los acusados siguen detenidos sin sentencia. Asimismo pide nulidad de juicio antes las declaraciones ante el Conare del Brasil, por el exfiscal Marcelo Soza. Por otro lado, ayer colocaron una gigantografía en el segundo anillo frente al Hotel Cortez, con foto de los 39 acusados con una leyenda que dice: 'Cinco años de infamia y montaje del caso Rózsa'.
lunes, 9 de junio de 2014
El exdirector de Régimen Interior asegura que Soza dice la verdad
El exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno Boris Villegas, procesado por la red de extorsión del caso de Jacob Ostreicher, afirmó que todo lo que está revelando el exfiscal Marcelo Soza desde Brasil es verdad.
“En términos generales Marcelo Soza dice la verdad porque todo mundo sabe que la justicia y el Ministerio Público están controlados por el Ministerio de Gobierno. Los fiscales son simples funcionarios del Ministerio de Gobierno y quien no hace lo que ellos quieren lo usan y lo botan, y al final terminan en la cárcel. Antes Soza era el niño mimado de todos, ahora es el peor delincuente. Lo mismo sucede conmigo, yo era el director de Régimen y ahora todo lo que digo no vale porque soy un gran delincuente”, dijo Villegas frente a los vocales del Tribunal de Justicia, Hugo Iquise y Willam Tórrez.
Fue el viernes durante una audiencia de apelación a su detención. Expresó que ya lleva un año y cinco meses preso y sin pruebas en su contra, pero que hay una consigna política para destruirlo. Villegas figura en una lista de testigos en el juicio por terrorismo impulsado por Soza.
“No puedo entrar al fondo de lo que dice Soza, pero está en lo cierto respecto a la dependencia de la justicia al ejecutivo. En el proceso por terrorismo, el Ministerio de Gobierno paga los pasajes, los alojamientos y los viáticos a los jueces del tribunal que conocen el caso y a los fiscales, y eso no es depender de alguien?”, dijo.
En documentos entregados al Consejo Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil, Soza aseguró que fue presionado para fabricar pruebas, acusar a cruceños y armar el caso terrorismo en medio de ilegalidad.
Dura respuesta del ministerio
En el acto en la sala penal, los fiscales anticorrupción Olvis Égüez y Ángel Álvarez se opusieron al pedido de Villegas. Lo mismo hizo la nueva asesora legal del Ministerio de Gobierno, María Judith Achocayo, cuyo poder otorgado por el vice ministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, para llevar el caso fue cuestionado.
La abogada asumió férrea defensa del ministro Carlos Romero y de Jorge Pérez. Descalificó a Villegas y aseguró que él y los de la red trabajaron antes en el ministerio y que cometieron delitos, y deben ser juzgados.
Le dijo a Villegas que el ladrón piensa que todos son de su condición, hecho que causó la reacción inmediata de Villegas y de su abogado, Otto Ritter, al calificar la frase como autoritaria, condenatoria y de discriminación. Ritter se levantó para abandonar la sala exigiendo a los vocales poner freno a la acusación de la asesora y al final Tórrez puso orden. La apelación fue rechazada por el tribunal y Villegas perdió otro recurso
“En términos generales Marcelo Soza dice la verdad porque todo mundo sabe que la justicia y el Ministerio Público están controlados por el Ministerio de Gobierno. Los fiscales son simples funcionarios del Ministerio de Gobierno y quien no hace lo que ellos quieren lo usan y lo botan, y al final terminan en la cárcel. Antes Soza era el niño mimado de todos, ahora es el peor delincuente. Lo mismo sucede conmigo, yo era el director de Régimen y ahora todo lo que digo no vale porque soy un gran delincuente”, dijo Villegas frente a los vocales del Tribunal de Justicia, Hugo Iquise y Willam Tórrez.
Fue el viernes durante una audiencia de apelación a su detención. Expresó que ya lleva un año y cinco meses preso y sin pruebas en su contra, pero que hay una consigna política para destruirlo. Villegas figura en una lista de testigos en el juicio por terrorismo impulsado por Soza.
“No puedo entrar al fondo de lo que dice Soza, pero está en lo cierto respecto a la dependencia de la justicia al ejecutivo. En el proceso por terrorismo, el Ministerio de Gobierno paga los pasajes, los alojamientos y los viáticos a los jueces del tribunal que conocen el caso y a los fiscales, y eso no es depender de alguien?”, dijo.
En documentos entregados al Consejo Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil, Soza aseguró que fue presionado para fabricar pruebas, acusar a cruceños y armar el caso terrorismo en medio de ilegalidad.
Dura respuesta del ministerio
En el acto en la sala penal, los fiscales anticorrupción Olvis Égüez y Ángel Álvarez se opusieron al pedido de Villegas. Lo mismo hizo la nueva asesora legal del Ministerio de Gobierno, María Judith Achocayo, cuyo poder otorgado por el vice ministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, para llevar el caso fue cuestionado.
La abogada asumió férrea defensa del ministro Carlos Romero y de Jorge Pérez. Descalificó a Villegas y aseguró que él y los de la red trabajaron antes en el ministerio y que cometieron delitos, y deben ser juzgados.
Le dijo a Villegas que el ladrón piensa que todos son de su condición, hecho que causó la reacción inmediata de Villegas y de su abogado, Otto Ritter, al calificar la frase como autoritaria, condenatoria y de discriminación. Ritter se levantó para abandonar la sala exigiendo a los vocales poner freno a la acusación de la asesora y al final Tórrez puso orden. La apelación fue rechazada por el tribunal y Villegas perdió otro recurso
sábado, 7 de junio de 2014
Caso Rózsa Suspenden audiencia del juicio oral para el 16
Por razones de enfermedad de uno de los acusados del caso Rózsa, la audiencia del juicio oral fue suspendida para el lunes 16 de junio. El proceso deberá seguir con su declaración ampliatoria el imputado Alejandro Gelafio Santistevan.
Como se recordará, Santistevan acusó al Ministerio de Gobierno de pagar a un sicario para intentar asesinarlo en el penal de San Pedro.
Además sindicó al exfiscal Marcelo Soza de falsificar un documento de flujo migratorio para implicarlo como uno de los integrantes de la supuesta célula terrorista de Eduardo Rózsa, quien fuera abatido en el hotel Las Américas el 16 de abril del 2009.
Después de que concluya su declaración ante el Tribunal Primero de Sentencia, deberá responder a las preguntas tanto de los jueces, fiscales y los abogados defensores del caso denominado "del siglo".
Como se recordará, Santistevan acusó al Ministerio de Gobierno de pagar a un sicario para intentar asesinarlo en el penal de San Pedro.
Además sindicó al exfiscal Marcelo Soza de falsificar un documento de flujo migratorio para implicarlo como uno de los integrantes de la supuesta célula terrorista de Eduardo Rózsa, quien fuera abatido en el hotel Las Américas el 16 de abril del 2009.
Después de que concluya su declaración ante el Tribunal Primero de Sentencia, deberá responder a las preguntas tanto de los jueces, fiscales y los abogados defensores del caso denominado "del siglo".
viernes, 6 de junio de 2014
Interpol busca a Ostreicher por el delito de legitimar ganancias ilícitas
El empresario estadounidense Jacob Ostreicher figura entre la lista de buscados de la Policía Internacional (Interpol) bajo el delito de legitimación de ganancias ilícitas y otros. Esta acción activa su búsqueda y aprehensión para entregarlo a la justicia boliviana.
El 5 de diciembre de 2013 Ostreicher huyó de Bolivia para regresar a su país (EEUU), llegó a Los Ángeles y no así a su hogar en Brooklyn, uno de los condados más importantes de Nueva York.
Tras la huida, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, encargó a la justicia extremar los esfuerzos para tramitar la extradición de Ostreicher, que huyó del país incumpliendo el arraigo dictado por la justicia boliviana por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
Ostreicher estuvo detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola desde el 13 de junio de 2011, acusado de legitimación de ganancias ilícitas, ya que llegó al país para invertir $us 27 millones y compró un bien de la familia Dorado, sindicada de lavado de dinero. El 18 de diciembre de 2012 obtuvo su libertad bajo fianza.
El 5 de diciembre de 2013 Ostreicher huyó de Bolivia para regresar a su país (EEUU), llegó a Los Ángeles y no así a su hogar en Brooklyn, uno de los condados más importantes de Nueva York.
Tras la huida, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, encargó a la justicia extremar los esfuerzos para tramitar la extradición de Ostreicher, que huyó del país incumpliendo el arraigo dictado por la justicia boliviana por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
Ostreicher estuvo detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola desde el 13 de junio de 2011, acusado de legitimación de ganancias ilícitas, ya que llegó al país para invertir $us 27 millones y compró un bien de la familia Dorado, sindicada de lavado de dinero. El 18 de diciembre de 2012 obtuvo su libertad bajo fianza.
Soza y Villegas identifican al funcionario encargado de “grabar” conversaciones
Marcelo Soza y Boris Villegas identificaron a Julkar Gabriel Zeballos como el funcionario del Ministerio de Gobierno que grabó las conversaciones del exfiscal sobre el caso de supuesto terrorismo y que fueron presentadas en audios por la senadora Carmen Eva Gonzales.
“Las grabaciones que presentó la senadora Carmen Eva Gonzales a los medios de comunicación corresponden a mi voz que fue grabada por Julkar Gabriel Zeballos, un investigador del Ministerio de Gobierno, que trabajó conmigo en el caso terrorismo I”, escribió Soza en su carta para el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) de Brasil.
En entrevista con la Red Erbol, Villegas también identificó a la misma persona como el responsable de los audios. “El señor (Soza) ha sido grabado por gente del Ministerio de Gobierno por órdenes del ministro y la persona que ha procedido a hacer esa intercepción, lo digo con nombre y apellido, es el señor Julkar Zeballos, que trabaja directamente bajo las órdenes del señor Jorge Pérez”.
El jurista agregó que “esta gente” ha trabajado directamente en el caso de la diputada Marcela Revollo. Esta legisladora fue grabada en una conversación telefónica mientras ofrecía apoyo económico para la IX marcha del Tipnis.
“Julkar es el asesor de Jorge Pérez en temas de seguimiento, intercepción y espionaje”, afirmó Villegas.
El exfiscal reveló, además, que informó al ministro Juan Ramón Quintana que sufría esas grabaciones, pero nunca hizo nada para evitarlo. Para Soza, eso “ratifica que él (Zeballos) fue enviado por el gobierno expresamente”.
Según el exinvestigador, el objetivo del Ministerio de Gobierno, al ordenar que lo graben, era desprestigiarlo y sacarlo del caso Rózsa porque él “nunca accedió a los pedidos insistentes del ministro Romero para forzar el proceso y condenar en muchos casos a gente inocente”.
Es más, Soza sostuvo que las grabaciones fueron obtenidas por el Ministerio “para entregárselas a la oposición”.
SOZA SOBRE RED DE EXTORSIÓN
El exfiscal escribió que estaba “sorprendido” cuando detuvieron a los “abogados del Ministerio de Gobierno” porque ellos “eran simplemente funcionarios dependientes que cumplían órdenes del ministro de Gobierno y el Viceministro Jorge Pérez Valenzuela”.
Agregó que teme ser víctima de los “mismos abusos (que) se cometen hoy mismo en contra de los abogados del Ministerio de Gobierno que se encuentran detenidos en Palmasola en condiciones inhumanas”.
EQUIPO DEL MINISTERIO
De acuerdo con la carta entregada al Conare, Soza “conocía que el Ministerio de Gobierno disponía de equipos y gente entrenada para grabar conversaciones de políticos de oposición y también del propio gobierno incluido el presidente del Estado, y conocía como funcionaba ese procedimiento. Este equipo es dirigido por el Viceministro Jorge Pérez”.
Al respecto, Villegas añadió que “ese equipo funciona contra quien no comulga con Carlos Romero: periodistas, políticos, amas de casa, quien sea está expuesto a que se viole su privacidad”.
“Las grabaciones que presentó la senadora Carmen Eva Gonzales a los medios de comunicación corresponden a mi voz que fue grabada por Julkar Gabriel Zeballos, un investigador del Ministerio de Gobierno, que trabajó conmigo en el caso terrorismo I”, escribió Soza en su carta para el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) de Brasil.
En entrevista con la Red Erbol, Villegas también identificó a la misma persona como el responsable de los audios. “El señor (Soza) ha sido grabado por gente del Ministerio de Gobierno por órdenes del ministro y la persona que ha procedido a hacer esa intercepción, lo digo con nombre y apellido, es el señor Julkar Zeballos, que trabaja directamente bajo las órdenes del señor Jorge Pérez”.
El jurista agregó que “esta gente” ha trabajado directamente en el caso de la diputada Marcela Revollo. Esta legisladora fue grabada en una conversación telefónica mientras ofrecía apoyo económico para la IX marcha del Tipnis.
“Julkar es el asesor de Jorge Pérez en temas de seguimiento, intercepción y espionaje”, afirmó Villegas.
El exfiscal reveló, además, que informó al ministro Juan Ramón Quintana que sufría esas grabaciones, pero nunca hizo nada para evitarlo. Para Soza, eso “ratifica que él (Zeballos) fue enviado por el gobierno expresamente”.
Según el exinvestigador, el objetivo del Ministerio de Gobierno, al ordenar que lo graben, era desprestigiarlo y sacarlo del caso Rózsa porque él “nunca accedió a los pedidos insistentes del ministro Romero para forzar el proceso y condenar en muchos casos a gente inocente”.
Es más, Soza sostuvo que las grabaciones fueron obtenidas por el Ministerio “para entregárselas a la oposición”.
SOZA SOBRE RED DE EXTORSIÓN
El exfiscal escribió que estaba “sorprendido” cuando detuvieron a los “abogados del Ministerio de Gobierno” porque ellos “eran simplemente funcionarios dependientes que cumplían órdenes del ministro de Gobierno y el Viceministro Jorge Pérez Valenzuela”.
Agregó que teme ser víctima de los “mismos abusos (que) se cometen hoy mismo en contra de los abogados del Ministerio de Gobierno que se encuentran detenidos en Palmasola en condiciones inhumanas”.
EQUIPO DEL MINISTERIO
De acuerdo con la carta entregada al Conare, Soza “conocía que el Ministerio de Gobierno disponía de equipos y gente entrenada para grabar conversaciones de políticos de oposición y también del propio gobierno incluido el presidente del Estado, y conocía como funcionaba ese procedimiento. Este equipo es dirigido por el Viceministro Jorge Pérez”.
Al respecto, Villegas añadió que “ese equipo funciona contra quien no comulga con Carlos Romero: periodistas, políticos, amas de casa, quien sea está expuesto a que se viole su privacidad”.
El operativo contra Rózsa fue armado, dice Soza
El operativo policial en el hotel cruceño Las Américas para desarticular al grupo acusado de separatismo, en el que murieron tres extranjeros, fue preparado y eran innecesarias las muertes, afirmó el fiscal Marcelo Soza ante el Comité Nacional para Refugiados (Conare) de Brasil.
“Desde un principio yo advertí que este operativo de la Utarc (Unidad Táctica de Resolución de Crisis) había sido excesivo y que era innecesario matar a esta gente para garantizar el proceso”, declaró Soza ante el Conare, según partes importantes de su declaración que fue leída en Cadena A.
El 16 de abril de 2009, la Policía intervino el hotel Las Américas para desarticular al grupo señalado de separatista. Allí murieron Eduardo Rózsa Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés. Entretanto sobrevivieron Mario Tadic, boliviano-croata, y Elod Tóásó, húngaro. A partir de esta acción se instaura el juicio del caso Terrorismo.
“Fruto de la investigación he llegado a establecer que el operativo en el hotel Las Américas fue cuidadosamente planificado con mucha anticipación por el Ministerio de Gobierno y por la Dirección de Inteligencia de la Policía Boliviana”, dijo Soza.
El 26 de mayo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que Soza trabaja para la derecha radical que representa el exlíder cívico Branco Marinkovic. “Es empleado de los extorsionadores, le pagaron, va a decir muchas cosas que no tienen valor jurídico”, advirtió.
jueves, 5 de junio de 2014
Soza acusa a firmas españolas de financiar al grupo Rózsa
El exfiscal Marcelo Soza, en sus declaraciones escritas en Brasil, acusa a dos empresas españolas de financiar al grupo de Eduardo Rózsa.
Soza explicó que el vínculo de Rózsa con estas empresas era conocido por el ciudadano español A.H.M. “Él conocía todos los detalles relativos a la presencia de Rózsa en Bolivia, las personas que lo habían convencido de volver y financiaron su transporte y estadía”, indica.
El exfiscal ya hizo referencia a este ciudadano español en julio de 2009, cuando declaró ante los medios de comunicación que lo investigaba. Describió a A.H.M como un exmilitar especialista en explosivos contratado por Rózsa para perpetrar atentados. Según el mismo reporte, Soza pidió a la Policía la búsqueda del español, apodado ‘Malaria’, y de su compatriota Antonio Valencia, supuesto francotirador. Aseveró que la investigación sobre A.H.M. fue eliminada por decisión de Raúl García Linera/Erbol
Soza explicó que el vínculo de Rózsa con estas empresas era conocido por el ciudadano español A.H.M. “Él conocía todos los detalles relativos a la presencia de Rózsa en Bolivia, las personas que lo habían convencido de volver y financiaron su transporte y estadía”, indica.
El exfiscal ya hizo referencia a este ciudadano español en julio de 2009, cuando declaró ante los medios de comunicación que lo investigaba. Describió a A.H.M como un exmilitar especialista en explosivos contratado por Rózsa para perpetrar atentados. Según el mismo reporte, Soza pidió a la Policía la búsqueda del español, apodado ‘Malaria’, y de su compatriota Antonio Valencia, supuesto francotirador. Aseveró que la investigación sobre A.H.M. fue eliminada por decisión de Raúl García Linera/Erbol
miércoles, 4 de junio de 2014
Implicado en caso terrorismo denuncia que pagaron para asesinarlo
Alejandro Gelafio Santiesteban Stroebel, uno de los nueve procesados que permanece preso dentro del juicio por supuesto terrorismo, rompió el silencio y denunció que hubo gente, vinculada al Gobierno, que pagó para que un reo sentenciado a 30 años intente asesinarlo en el penal de San Pedro.
Santiesteban, que prosiguió ayer con su testimonio en el reinicio del juicio, relató que una noche, a principios de 2010, un sujeto que estaba purgando pena por el delito de asesinato, lo increpó y quiso atacarlo con un cuchillo.
“Dos reclusos que vieron lo que sucedía salieron en mi defensa, pero terminaron apuñalados en el estómago y las nalgas”, precisó Santiesteban.
El resto de la población de San Pedro, al ver lo que sucedía en el sector conocido como La Posta, intentó linchar al agresor, situación que no se consumó porque Santiesteban defendió a su atacante y la Policía terminó auxiliándolo.
Tras este incidente, que Santiesteban no denunció porque al día siguiente su madre casi fue arrollada por un vehículo con vidrios oscuros, el acusado logró obtener una declaración de su agresor, que le confirmó que gente del Ministerio de Gobierno le había pagado para acabar con su vida.
Santiesteban indicó que no revelará los nombres de los contratados ni de su jefe, hasta que esta denuncia sea aceptada en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Acusó a Marcelo Soza
Durante el testimonio del procesado, que recordó que en 10 días más cumplirá cinco años preso, dijo que su detención se dio por un informe falso de su flujo migratorio. Acusó de esta ilegalidad al exfiscal Marcelo Soza y pidió a la Fiscalía investigar esta denuncia.
Finalmente, recordó su trabajo como voluntario en los cuerpos de paz del Ejército nacional, donde participó de misiones en Congo y Haití
Santiesteban, que prosiguió ayer con su testimonio en el reinicio del juicio, relató que una noche, a principios de 2010, un sujeto que estaba purgando pena por el delito de asesinato, lo increpó y quiso atacarlo con un cuchillo.
“Dos reclusos que vieron lo que sucedía salieron en mi defensa, pero terminaron apuñalados en el estómago y las nalgas”, precisó Santiesteban.
El resto de la población de San Pedro, al ver lo que sucedía en el sector conocido como La Posta, intentó linchar al agresor, situación que no se consumó porque Santiesteban defendió a su atacante y la Policía terminó auxiliándolo.
Tras este incidente, que Santiesteban no denunció porque al día siguiente su madre casi fue arrollada por un vehículo con vidrios oscuros, el acusado logró obtener una declaración de su agresor, que le confirmó que gente del Ministerio de Gobierno le había pagado para acabar con su vida.
Santiesteban indicó que no revelará los nombres de los contratados ni de su jefe, hasta que esta denuncia sea aceptada en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Acusó a Marcelo Soza
Durante el testimonio del procesado, que recordó que en 10 días más cumplirá cinco años preso, dijo que su detención se dio por un informe falso de su flujo migratorio. Acusó de esta ilegalidad al exfiscal Marcelo Soza y pidió a la Fiscalía investigar esta denuncia.
Finalmente, recordó su trabajo como voluntario en los cuerpos de paz del Ejército nacional, donde participó de misiones en Congo y Haití
martes, 3 de junio de 2014
Ausencia de tres procesados frena juicio en el caso Terrorismo
La falla en las notificaciones de tres implicados en el juicio por supuesto terrorismo provocó que el reinicio de las audiencias de este proceso se suspenda para hoy a las 10:00. A este problema se sumó la ausencia de la jueza ciudadana Anastacia Calizaya, que no pudo llegar a las 15:30 a la capital cruceña, desde la sede de Gobierno.
El presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, hizo conocer que los procesados Hugo Melquiadez Vásquez Ortiz, Juan Carlos Velarde Roca y Carlos Pereyra Pérez no estaban presentes en la sala de audiencias. La secretaria del juzgado indicó que no se los pudo notificar, por lo que la autoridad ordenó ejecutar las diligencias necesarias.
Los abogados de los acusados hicieron notar que el retraso de ayer era una cuestión ajena a ellos y que muchos de los procesados, pese a que no fueron citados judicialmente, estaban delante del tribunal para evitar más retrasos en el juicio.
Denuncia de Zvonko
Zvonko Matkovic, que el viernes pasado no logró salir del penal de San Pedro, dijo que la Fiscalía negó su pedido basado en la denuncia que hizo su padre contra el exfiscal Marcelo Soza.
“Eso fue lo último de los abusos. Los fiscales llevaron la declaración de mi padre en el caso por extorsión y la presentaron como prueba. Argumentaron que ese era un motivo más para evitar que salga libre”, reclamó Zvonko y denunció que esto es una extorsión de la Fiscalía, puesto que lo ocurrido demuestra que si su familia sigue con el proceso contra Soza, él no podrá dejar la cárcel. Pese a todo, ratificó que no dejarán el caso contra el exfiscal
El presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, hizo conocer que los procesados Hugo Melquiadez Vásquez Ortiz, Juan Carlos Velarde Roca y Carlos Pereyra Pérez no estaban presentes en la sala de audiencias. La secretaria del juzgado indicó que no se los pudo notificar, por lo que la autoridad ordenó ejecutar las diligencias necesarias.
Los abogados de los acusados hicieron notar que el retraso de ayer era una cuestión ajena a ellos y que muchos de los procesados, pese a que no fueron citados judicialmente, estaban delante del tribunal para evitar más retrasos en el juicio.
Denuncia de Zvonko
Zvonko Matkovic, que el viernes pasado no logró salir del penal de San Pedro, dijo que la Fiscalía negó su pedido basado en la denuncia que hizo su padre contra el exfiscal Marcelo Soza.
“Eso fue lo último de los abusos. Los fiscales llevaron la declaración de mi padre en el caso por extorsión y la presentaron como prueba. Argumentaron que ese era un motivo más para evitar que salga libre”, reclamó Zvonko y denunció que esto es una extorsión de la Fiscalía, puesto que lo ocurrido demuestra que si su familia sigue con el proceso contra Soza, él no podrá dejar la cárcel. Pese a todo, ratificó que no dejarán el caso contra el exfiscal
lunes, 2 de junio de 2014
Jueces y fiscales quedan en la mira al reanudarse audiencias del caso Soza
Luego de 70 días, hoy se reanuda las audiencias del caso Terrorismo, con la declaración de Gelafio Santiesteban. El proceso continúa con el refuerzo de otros dos fiscales y con la afirmación de Otto Ritter, abogado del general Gary Prado Salmón, que si la Fiscalía General no detiene a Sergio Céspedes, este seguiría los pasos de Marcelo Soza, porque le consideran su cómplice.
De marzo a esta fecha, se han suscitado varios hechos que pueden modificar los resultados de este juicio, la principal es la salida de Marcelo Soza al Brasil, el 11 de marzo.
Luego está la recusación, planteada el pasado 14 de marzo, por Ignacio Villa Vargas a las dos juezas ciudadanas, paralizando el proceso, pero a la vuelta de la esquina está la revelación de la “Carta a Bolivia”, escrita por Marcelo Soza, en la que desvirtúa el caso y afirma que se montaron pruebas.
Sobre el tema el pasado jueves 29 de mayo, a tiempo de presentar un segundo, exigiendo una respuesta al trámite de legalización de la firma de un funcionario del Brasil, presentada hace más de un mes, los abogados del general Gary Prado Salmón afirmaron que el canciller David Choquehuanca y el embajador Jerjes Justiniano, estarían obstruyendo la justicia, por lo que no descartaban plantear acciones legales en su contra, por incumplimiento de funciones.
MÁS FUGAS Y
CONFIANZA
Sin embargo, Gary Prado (hijo) y Otto Ritter, abogados de Prado Salmón, denunciaron que si la Fiscalía General no toma medidas se pueden dar nuevas fugas y apuntaron al fiscal Céspedes.
“¿Por qué no han citado a declarar a Luis Clavijo?, y yo les digo, cómplice de Soza. En la toma de declaraciones fue (Sergio) Céspedes, y acuérdense, si la Fiscalía no lo detiene ahorita, Céspedes es el próximo en huir y no soy brujo pero paso raspando”, afirmó Ritter.
Céspedes, el aludido, durante un acto público realizado el viernes pasado, rechazó la acusación calificándola de “absurda”, ya que él no habría participado en la recolección del caso como lo afirma Ritter.
Pero ante la incertidumbre de una nueva fuga que derrumbe el caso, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, restó importancia a las declaraciones de Ritter y afirmó sin individualizar sobre la acusación en contra de Céspedes: “Yo confío en el trabajo del equipo de fiscales que están llevando adelante el caso. Yo, como Fiscal General, me voy a involucrar más directamente en este y en otros casos de connotación”.
“Son opiniones, criterios de los diferentes abogados y yo no voy a entrar a debatir, (…) lo que sí yo quiero decir es el que el Ministerio Público, basa sus actuaciones en el marco de la Constitución. Es por eso que hemos reforzado el equipo de fiscales”, aseveró Guerrero sobre los vaticinios de Ritter.
Guerrero también manifestó que se han hecho las solitudes correspondientes al Tribunal que lleva adelante el proceso, para que el proceso se reencause y se sesione de manera continua, reiterando que la Fiscalía tiene todas las pruebas, “y va a sustentar lo que ha presentado en la acusación” aseguró.
Sobre la reanudación de las audiencias a partir de hoy, Ritter no puso en duda su presencia, “claro que vamos estar presentes, nosotros siempre hemos estado firmes y somos los más interesados, los que no quieren que se aclare el caso son los del Gobierno”, dijo.
Según Prado, la carta puede anular el caso Terrorismo, ya que una vez el consulado boliviano haga la entrega de la copia legalizada, donde se legaliza la firma del funcionario brasileño, certificando que fue escrita por el exfiscal Soza, el documento será válido para ser presentado ante los estratos judiciales y lograr la anulación de obrados del caso Terrorismo.
“Porque aquí hay un principio básico, quien firma la acusación por la cual 39 personas están siendo sometidas a juicio es Marcelo Soza. Tres años después, Soza reconoce que habría sido manipulado por el Órgano Ejecutivo, por el Ministerio de Gobierno, que habría soborno, extorsión, ejecución extrajudicial (en el operativo del Hotel de Las Américas), doble autopsia para tapar la muerte de los tres extranjeros”.
“¿Cómo puede basarse un juicio en el trabajo y la firma de una persona que ha extorsionado para llegar a esa acusación?” se cuestionó Prado.
Desde hoy, el equipo de fiscales compuesta por los juristas Sergio Céspedes, Iván Ortiz, Marco Antonio Rodríguez, Óscar Vera y Javier Monasterio tendrán a su cargo la investigación del caso Terrorismo y si la Cancillería cumple con la legalización, deberán afrontar un panorama distinto, pues las bases de la investigación estarían socavadas como lo afirman Prado y Ritter.
SOZA NO ES
PERSEGUIDO POLÍTICO
Sobre la legalización de la carta, que continúa retenida en el Consulado de Bolivia en el Brasil, el fiscal Céspedes le restó importancia bajo el argumento de que no afectaría las bases del juicio.
Por su lado, Guerrero dijo que la carta, “por ahora” no tiene ningún valor legal, “más bien, nosotros queremos que el señor Soza vuelva a nuestro país y estamos activando todos los mecanismos, como es la solicitud de extradición y vamos a mandar la documentación al Conare de Brasil, indicando que Soza no es ningún perseguido político, Soza es un prófugo que tiene que venir a rendir cuentas ante la justicia boliviana”, afirmó.
De marzo a esta fecha, se han suscitado varios hechos que pueden modificar los resultados de este juicio, la principal es la salida de Marcelo Soza al Brasil, el 11 de marzo.
Luego está la recusación, planteada el pasado 14 de marzo, por Ignacio Villa Vargas a las dos juezas ciudadanas, paralizando el proceso, pero a la vuelta de la esquina está la revelación de la “Carta a Bolivia”, escrita por Marcelo Soza, en la que desvirtúa el caso y afirma que se montaron pruebas.
Sobre el tema el pasado jueves 29 de mayo, a tiempo de presentar un segundo, exigiendo una respuesta al trámite de legalización de la firma de un funcionario del Brasil, presentada hace más de un mes, los abogados del general Gary Prado Salmón afirmaron que el canciller David Choquehuanca y el embajador Jerjes Justiniano, estarían obstruyendo la justicia, por lo que no descartaban plantear acciones legales en su contra, por incumplimiento de funciones.
MÁS FUGAS Y
CONFIANZA
Sin embargo, Gary Prado (hijo) y Otto Ritter, abogados de Prado Salmón, denunciaron que si la Fiscalía General no toma medidas se pueden dar nuevas fugas y apuntaron al fiscal Céspedes.
“¿Por qué no han citado a declarar a Luis Clavijo?, y yo les digo, cómplice de Soza. En la toma de declaraciones fue (Sergio) Céspedes, y acuérdense, si la Fiscalía no lo detiene ahorita, Céspedes es el próximo en huir y no soy brujo pero paso raspando”, afirmó Ritter.
Céspedes, el aludido, durante un acto público realizado el viernes pasado, rechazó la acusación calificándola de “absurda”, ya que él no habría participado en la recolección del caso como lo afirma Ritter.
Pero ante la incertidumbre de una nueva fuga que derrumbe el caso, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, restó importancia a las declaraciones de Ritter y afirmó sin individualizar sobre la acusación en contra de Céspedes: “Yo confío en el trabajo del equipo de fiscales que están llevando adelante el caso. Yo, como Fiscal General, me voy a involucrar más directamente en este y en otros casos de connotación”.
“Son opiniones, criterios de los diferentes abogados y yo no voy a entrar a debatir, (…) lo que sí yo quiero decir es el que el Ministerio Público, basa sus actuaciones en el marco de la Constitución. Es por eso que hemos reforzado el equipo de fiscales”, aseveró Guerrero sobre los vaticinios de Ritter.
Guerrero también manifestó que se han hecho las solitudes correspondientes al Tribunal que lleva adelante el proceso, para que el proceso se reencause y se sesione de manera continua, reiterando que la Fiscalía tiene todas las pruebas, “y va a sustentar lo que ha presentado en la acusación” aseguró.
Sobre la reanudación de las audiencias a partir de hoy, Ritter no puso en duda su presencia, “claro que vamos estar presentes, nosotros siempre hemos estado firmes y somos los más interesados, los que no quieren que se aclare el caso son los del Gobierno”, dijo.
Según Prado, la carta puede anular el caso Terrorismo, ya que una vez el consulado boliviano haga la entrega de la copia legalizada, donde se legaliza la firma del funcionario brasileño, certificando que fue escrita por el exfiscal Soza, el documento será válido para ser presentado ante los estratos judiciales y lograr la anulación de obrados del caso Terrorismo.
“Porque aquí hay un principio básico, quien firma la acusación por la cual 39 personas están siendo sometidas a juicio es Marcelo Soza. Tres años después, Soza reconoce que habría sido manipulado por el Órgano Ejecutivo, por el Ministerio de Gobierno, que habría soborno, extorsión, ejecución extrajudicial (en el operativo del Hotel de Las Américas), doble autopsia para tapar la muerte de los tres extranjeros”.
“¿Cómo puede basarse un juicio en el trabajo y la firma de una persona que ha extorsionado para llegar a esa acusación?” se cuestionó Prado.
Desde hoy, el equipo de fiscales compuesta por los juristas Sergio Céspedes, Iván Ortiz, Marco Antonio Rodríguez, Óscar Vera y Javier Monasterio tendrán a su cargo la investigación del caso Terrorismo y si la Cancillería cumple con la legalización, deberán afrontar un panorama distinto, pues las bases de la investigación estarían socavadas como lo afirman Prado y Ritter.
SOZA NO ES
PERSEGUIDO POLÍTICO
Sobre la legalización de la carta, que continúa retenida en el Consulado de Bolivia en el Brasil, el fiscal Céspedes le restó importancia bajo el argumento de que no afectaría las bases del juicio.
Por su lado, Guerrero dijo que la carta, “por ahora” no tiene ningún valor legal, “más bien, nosotros queremos que el señor Soza vuelva a nuestro país y estamos activando todos los mecanismos, como es la solicitud de extradición y vamos a mandar la documentación al Conare de Brasil, indicando que Soza no es ningún perseguido político, Soza es un prófugo que tiene que venir a rendir cuentas ante la justicia boliviana”, afirmó.
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