Eduardo León, abogado del diputado opositor Rafael Quispe, acusó a cuatro autoridades oficialistas de cometer irregularidades en el manejo del Fondo Indígena, informó la agencia Fides (ANF). El jurista especificó que se trata del exsenador del MAS Fidel Surco, la dirigente oficialista Leonilda Zurita, Rosenda Santa María, mano derecha de Felipa Huanca, y Fernando Choque, dirigente de la Federación Departamental de Campesinos de La Paz.
León presentó una demanda judicial contra todas esas personas y agregó que el martes autoridades de la provincia Larecaja presentarán otra denuncia contra Rosenda Santa María y una contra Felipa Huanca por presunto desfalco y traspaso de más de dos millones de bolivianos a sus cuentas personales.
Se anticipa a la respuesta del oficialismo. El abogado León aseguró que van a responder a esta nueva denuncia de irregularidades tratando de tacharla de ser un acto estrictamente político y no jurídico. Asimismo, explicó que se está buscando de esta manera distorsionar todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora.
“Existen una serie de proyectos que no tienen respaldo jurídico, no tienen respaldo legal, pues ahora lo que están procurando es distorsionar el proceso”, dijo León.
Un caso como muestra. León anunció que mañana se presentarán todos los documentos y respaldos para solicitar que se haga incursión en el proceso de esta parte de los beneficiarios y también mostrar cómo ha ido invirtiendo.
“Sacar cerca de Bs 400.000 para un proyecto de carpas que solamente son palos y adobes, a través de la señora Maribel Santa María Mamani quien ha recibido ese dinero como parte de las Bartolinas”, enfatizó.
El abogado dijo que van a demostrar cómo se han falsificado incluso facturas. Además, mostrarán cómo se hacían los descargos de los proyectos. Una vez que los comunarios denunciaron que las facturas eran falsas, las autoridades retiraban todo el descargo a raíz de esta denuncia. Hasta la fecha los proyectos de 2010 y 2011, no han sido descargados.
Más presión. El diputado Rafael Quispe instalará una huelga de hambre en la Fiscalía exigiendo que se le tomen declaraciones para que dé su versión sobre el escándalo del Fondioc.
La Contraloría emitió en febrero un reporte en el que se evidenció un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos en el Fondo Indígena por la existencia de 153 proyectos fantasmas.
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