El caso del Fondo Indígena obligó a la ministra Nemesia Achacollo a presentar su renuncia al cargo. Achacollo anunció su decisión este lunes en rueda de prensa en La Paz donde resaltó que su ascenso desde las organizaciones sociales.
Agregó que se defenderá de las acusacciones por el escándalo del Fondo Indígena. Achacollo, como ministra del sector, era cabeza del directorio de dicho fondo, pero en reiteradas oportunidades eludió su responsabilidad por los malos manejos, detectados primero por la Contraloría General del Estado y luego por la interventora Lariza Fuentes. “No he cometido ningún delito”, instió Achacollo en la sorpresiva rueda de prensa.
“No debí dar una administración tan mayoritaria por parte de las organizaciones. Esto no permitió que yo pueda hacer la fiscalización directa”, señaló Achacollo en una entrevista anterior con la Red Uno. Achacollo asumió en enero del 2010 como ministra y fue ratificada en enero de este año en el inicio de la tercera gestión del presidente Evo Morales.
lunes, 31 de agosto de 2015
Fondo de Desarrollo Indígena ejecutará proyectos pendientes
El nuevo Fondo de Desarrollo Indígena, que fue creado mediante Decreto Supremo 2493, ejecutará 216 proyectos pendientes de la anterior administración, informó ayer la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia.
El 26 de agosto, el gabinete aprobó el decreto de creación de la nueva entidad en reemplazo del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), tras la culminación de la intervención instruida para transparentar esa institución a raíz de la “corrupción” descubierta.
“La liquidadora del ex Fondo Indígena prepara carpetas de 216 proyectos que tienen convenio vigente esos los va a pasar para que la nueva autoridad posesionada como director general ejecutivo del nuevo fondo pueda continuar”, indicó en entrevista con medios estatales.
Valdivia explicó que el actual fondo se circunscribirá a financiar y ejecutar proyectos relacionados únicamente con el desarrollo productivo y serán las comunidades las que intervendrán en la definición de las iniciativas que merecerán la asignación de recursos económicos.
Aclaró que la nueva entidad no contará con un directorio como el Fondioc, en su lugar funcionará un consejo que, sin embargo, no aprobará proyectos más bien cumplirá un rol de articulador de “planificación estratégica”.
El 24 de agosto concluyó la intervención de seis meses al Fondioc que estableció un posible daño económico de más de 102 millones de bolivianos, recursos que el Gobierno pretende recuperar a través de los procesos que se iniciaron antes y durante la etapa de intervención.
En esa oportunidad, la interventora del Fondo Indígena, Lariza Fuentes, dijo que lo preocupante de toda esta situación son los 30 proyectos fantasmas y que el presunto daño económico al Estado estaría bordeando los 102.253.728 bolivianos, acotando que para sacar los montos reales tiene que verificarse a través de las auditorías correspondientes.
La interventora sostuvo, además, que desde febrero, cuando se inició intervención, se verificó que fueron reportados 3.177 proyectos desde 2009 al 2014, de los cuales, 2.077 no tenían ningún desembolso. Sin embargo, mencionó que los proyectos con algún desembolso representaban al menos 1.100 proyectos a los cuales la intervención sí ingresó.
Detalló que de esos 1.100 proyectos que se intervinieron, 216 se encuentran con plazo vigente y 884 no están en vigencia, tomando en cuenta que el convenio de entrega venció, en la mayoría de los casos, el año pasado. Acotó que el monto desembolsado para los 1.100 proyectos representa Bs 729.132.136 que han sido desembolsados a los 1.100 proyectos. (Agencias)
El 26 de agosto, el gabinete aprobó el decreto de creación de la nueva entidad en reemplazo del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), tras la culminación de la intervención instruida para transparentar esa institución a raíz de la “corrupción” descubierta.
“La liquidadora del ex Fondo Indígena prepara carpetas de 216 proyectos que tienen convenio vigente esos los va a pasar para que la nueva autoridad posesionada como director general ejecutivo del nuevo fondo pueda continuar”, indicó en entrevista con medios estatales.
Valdivia explicó que el actual fondo se circunscribirá a financiar y ejecutar proyectos relacionados únicamente con el desarrollo productivo y serán las comunidades las que intervendrán en la definición de las iniciativas que merecerán la asignación de recursos económicos.
Aclaró que la nueva entidad no contará con un directorio como el Fondioc, en su lugar funcionará un consejo que, sin embargo, no aprobará proyectos más bien cumplirá un rol de articulador de “planificación estratégica”.
El 24 de agosto concluyó la intervención de seis meses al Fondioc que estableció un posible daño económico de más de 102 millones de bolivianos, recursos que el Gobierno pretende recuperar a través de los procesos que se iniciaron antes y durante la etapa de intervención.
En esa oportunidad, la interventora del Fondo Indígena, Lariza Fuentes, dijo que lo preocupante de toda esta situación son los 30 proyectos fantasmas y que el presunto daño económico al Estado estaría bordeando los 102.253.728 bolivianos, acotando que para sacar los montos reales tiene que verificarse a través de las auditorías correspondientes.
La interventora sostuvo, además, que desde febrero, cuando se inició intervención, se verificó que fueron reportados 3.177 proyectos desde 2009 al 2014, de los cuales, 2.077 no tenían ningún desembolso. Sin embargo, mencionó que los proyectos con algún desembolso representaban al menos 1.100 proyectos a los cuales la intervención sí ingresó.
Detalló que de esos 1.100 proyectos que se intervinieron, 216 se encuentran con plazo vigente y 884 no están en vigencia, tomando en cuenta que el convenio de entrega venció, en la mayoría de los casos, el año pasado. Acotó que el monto desembolsado para los 1.100 proyectos representa Bs 729.132.136 que han sido desembolsados a los 1.100 proyectos. (Agencias)
sábado, 29 de agosto de 2015
MAS rechaza conformación de comisión para indagar caso barcazas
- El Movimiento Al Socialismo (MAS) rechazó ayer la conformación de una comisión especial de investigación sobre la millonaria estafa de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) al Estado por la adquisición de 16 barcazas y dos empujadores, que se traducen en 30 millones de dólares.
Bajo el argumento que las personas no pueden ser juzgadas dos veces por el mismo delito y que el Ministerio Público investiga el caso desde 2012, el partido de gobierno eludió constituirse en una nueva instancia de investigación.
El jefe de la bancada de Unidad Demócrata, Oscar Ortiz, reprochó que el MAS evite que el Senado se sume a las investigaciones de lo que representa uno de los “mayores escándalos de corrupción” en el país. Hasta la fecha se estima un daño económico de más de Bs 200 millones, afirmó.
El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el informe de la Comisión de Seguridad del Estado la que recomendó rechazar la conformación de una comisión especial para investigar la irregular compra de bienes navieros.
La bancada de UD planteó que se cree una comisión especial producto de las declaraciones del ministro de Defensa, Reymi Ferreira, quien alertó que las barcazas estaban prácticamente perdidas. Asimismo, en pasadas semanas el titular de Defensa tampoco asistió a un acto de fiscalización en el pleno del Senado.
Enabol contrató en 2010 a la empresa General Marine Business (GMB) que subcontrató a dos astilleros coreanos para la construcción de 16 barcazas y dos empujadores por más de 25 millones de dólares que pagó al contado y por adelantado, además canceló 3 millones de dólares por un servicio de transporte que nunca se hizo.
Estos bienes navieros debieron ser entregados a fines de 2010, sin embargo, Enabol perdió las boletas de garantía y las empresas desligaron su responsabilidad por una parte de concluir la construcción de los empujadores y por otro lado dejó las barcazas en un astillero que después inició un juicio por el pago de almacenamiento. Hasta la fecha estos bienes no llegan al país.
“Lamento mucho este informe de la Comisión de Defensa, porque ustedes saben que aquí hay uno de los casos de corrupción más escandalosos, porque el actual ministro de Defensa ha dicho que se perdieron las barcazas y eso significa más de 200 millones de bolivianos”, dijo Ortiz en el Pleno del Senado.
Criticó que el MAS no tenga la voluntad de profundizar las investigaciones en el caso, cuando el Ministerio Público indaga desde hace más de tres años y aún no existe acusación. Y hace cinco años que estos bienes ya deberían estar operando en el país.
El senador opositor citó que su petición era viable en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, a la Ley del Ministerio Público y a sus reglamentos y que el planteamiento pretendía ampliar las investigaciones al directorio de Enabol y a otras exautoridades del Ministerio de Defensa como el exministro Rubén Saavedra que tuvo que conocer sobre toda la toma de decisiones sobre este caso.
ANTECEDENTES
Enabol suscribió contratos con la empresa china SeAH B&K DUCK SUNG Sociedad Accidental, General Marine Business (GMB) & Shipbulding Resourcer Co. Ltd y China National Electronics Imp & Exp Shandong Co., en 2009, pagando por adelantado y al contado casi 30 millones de dólares, para la construcción y transporte de las 16 barcazas y dos empujadores, pero estos nunca llegaron al país.
Las embarcaciones se encuentran desde hace cinco años en el citado astillero de China, debido a que la empresa coreana supuestamente quebró e irregularmente, sin consultar a Enabol transfirió el contrato a la empresa china, sin concluir la construcción de las barcazas y remolcadores. Debido a las condiciones climatológicas se encontrarían deterioradas. Sin embargo, expertos en terma de embarcaciones de este tipo por el material utilizado es poco probable que ocurra aquello ya que en uso tiene que soportar la presión y calidad de agua.
Por este fallido contrato dos personas guardan detención preventiva (una domiciliaria) en La Paz y siete exfuncionarios se encuentran prófugos.
RECUPERACIÓN
De acuerdo con los últimos informes, se necesitarán al menos ocho millones de dólares para recuperar las barcazas y los remolcadores, que se encuentran almacenados en un puerto de China.
Según el ministro de Defensa Reymi Ferreira la empresa china que almacena las barcazas bajó su pretensión de 6 a 4,5 millones de dólares y que se tendrá resultados concretos de la negociación hasta ayer miércoles.
Una respuesta del Gobierno boliviano debe ser conocida hasta el mes de septiembre cuando defina si paga el adelanto para recuperar las barcazas o no y en ese caso se las perdería definitivamente luego de que el Tribunal Marítimo de China definiera para que el tema se resuelva pagando el almacenamiento de las embarcaciones.
Bajo el argumento que las personas no pueden ser juzgadas dos veces por el mismo delito y que el Ministerio Público investiga el caso desde 2012, el partido de gobierno eludió constituirse en una nueva instancia de investigación.
El jefe de la bancada de Unidad Demócrata, Oscar Ortiz, reprochó que el MAS evite que el Senado se sume a las investigaciones de lo que representa uno de los “mayores escándalos de corrupción” en el país. Hasta la fecha se estima un daño económico de más de Bs 200 millones, afirmó.
El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el informe de la Comisión de Seguridad del Estado la que recomendó rechazar la conformación de una comisión especial para investigar la irregular compra de bienes navieros.
La bancada de UD planteó que se cree una comisión especial producto de las declaraciones del ministro de Defensa, Reymi Ferreira, quien alertó que las barcazas estaban prácticamente perdidas. Asimismo, en pasadas semanas el titular de Defensa tampoco asistió a un acto de fiscalización en el pleno del Senado.
Enabol contrató en 2010 a la empresa General Marine Business (GMB) que subcontrató a dos astilleros coreanos para la construcción de 16 barcazas y dos empujadores por más de 25 millones de dólares que pagó al contado y por adelantado, además canceló 3 millones de dólares por un servicio de transporte que nunca se hizo.
Estos bienes navieros debieron ser entregados a fines de 2010, sin embargo, Enabol perdió las boletas de garantía y las empresas desligaron su responsabilidad por una parte de concluir la construcción de los empujadores y por otro lado dejó las barcazas en un astillero que después inició un juicio por el pago de almacenamiento. Hasta la fecha estos bienes no llegan al país.
“Lamento mucho este informe de la Comisión de Defensa, porque ustedes saben que aquí hay uno de los casos de corrupción más escandalosos, porque el actual ministro de Defensa ha dicho que se perdieron las barcazas y eso significa más de 200 millones de bolivianos”, dijo Ortiz en el Pleno del Senado.
Criticó que el MAS no tenga la voluntad de profundizar las investigaciones en el caso, cuando el Ministerio Público indaga desde hace más de tres años y aún no existe acusación. Y hace cinco años que estos bienes ya deberían estar operando en el país.
El senador opositor citó que su petición era viable en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, a la Ley del Ministerio Público y a sus reglamentos y que el planteamiento pretendía ampliar las investigaciones al directorio de Enabol y a otras exautoridades del Ministerio de Defensa como el exministro Rubén Saavedra que tuvo que conocer sobre toda la toma de decisiones sobre este caso.
ANTECEDENTES
Enabol suscribió contratos con la empresa china SeAH B&K DUCK SUNG Sociedad Accidental, General Marine Business (GMB) & Shipbulding Resourcer Co. Ltd y China National Electronics Imp & Exp Shandong Co., en 2009, pagando por adelantado y al contado casi 30 millones de dólares, para la construcción y transporte de las 16 barcazas y dos empujadores, pero estos nunca llegaron al país.
Las embarcaciones se encuentran desde hace cinco años en el citado astillero de China, debido a que la empresa coreana supuestamente quebró e irregularmente, sin consultar a Enabol transfirió el contrato a la empresa china, sin concluir la construcción de las barcazas y remolcadores. Debido a las condiciones climatológicas se encontrarían deterioradas. Sin embargo, expertos en terma de embarcaciones de este tipo por el material utilizado es poco probable que ocurra aquello ya que en uso tiene que soportar la presión y calidad de agua.
Por este fallido contrato dos personas guardan detención preventiva (una domiciliaria) en La Paz y siete exfuncionarios se encuentran prófugos.
RECUPERACIÓN
De acuerdo con los últimos informes, se necesitarán al menos ocho millones de dólares para recuperar las barcazas y los remolcadores, que se encuentran almacenados en un puerto de China.
Según el ministro de Defensa Reymi Ferreira la empresa china que almacena las barcazas bajó su pretensión de 6 a 4,5 millones de dólares y que se tendrá resultados concretos de la negociación hasta ayer miércoles.
Una respuesta del Gobierno boliviano debe ser conocida hasta el mes de septiembre cuando defina si paga el adelanto para recuperar las barcazas o no y en ese caso se las perdería definitivamente luego de que el Tribunal Marítimo de China definiera para que el tema se resuelva pagando el almacenamiento de las embarcaciones.
jueves, 27 de agosto de 2015
Recursos del Fondo Indígena llegaron a cuentas personales
La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, afirmó ayer que los recursos desembolsados para 1.100 proyectos del Fondo Indígena fueron a parar a cuentas particulares a causa de una normativa errónea que emitieron los exdirectores de esa institución.
"No es que se fueron a parar (los recursos) a cuentas particulares solamente de ciertos dirigentes. En los 1.100 proyectos financiados por el Fondo Indígena, absolutamente todos los beneficiarios, al amparo de esta errónea emisión de la normativa, recibieron los recursos financiados del Fondo Indígena en sus cuentas particulares”, señaló Valdivia en una entrevista con Panamericana, según la ANF.
Valdivia explicó que a causa de la emisión de esta normativa errónea se posibilitaron las transferencias público-privadas a cuentas particulares. Por esa deficiencia están detenidos preventivamente los exdirectores.
Hasta ahora están detenidos dos exdirectores de la entidad por delitos como contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y también hay procesos contra algunos dirigentes de organizaciones sociales que recibieron recursos del Fondo.
Según denuncias presentadas a la Fiscalía, se depositaron 43 millones de bolivianos a cuentas de nueve dirigentes de cinco organizaciones que forman parte del Directorio del Fondo como Melva Hurtado, líder de la CIDOB paralela, y Juanita Ancieta, dirigente de las bartolinas.
Ancieta y la exdirigente Julia Ramos admitieron en marzo que recibieron recursos económicos de la entidad estatal.
"En el manual de funciones del Fondo Indígena está así. Además, ustedes deben saber mejor que nosotros que también ha salido una norma de la ASFI indicando que se debe manejar de esa manera”, respondió Ancieta, al ser consultada sobre el manejo de recursos del Fondo Indígena en cuentas personales.
Meses después la dirigente anunció la devolución de cinco millones de bolivianos, pero hasta ahora no es investigada.
Acusan a Página Siete de mentir
El presidente Evo Morales acusó ayer a Página Siete y a ERBOL de no decir la "verdad” sobre la investigación a dirigentes implicados en el millonario desfalco en el Fondo Indígena.
"ERBOL, Página Siete, que digan la verdad. Si informan, están disparando, en vez de hacer una investigación o por lo menos en vez de que la otra parte diga sobre ese tema”, afirmó el Jefe de Estado en una conferencia de prensa.
Página Siete informó el martes que sólo líderes disidentes (dos) son procesados de los más de 80 dirigentes que tomaron decisiones en el Fondo Indígena y de los que recibieron recursos en sus cuentas personales.
Afirmó que entre los "proyectos con mal manejo (económico) cerrados me dijo (el Fondo Indígena) que estaba ahí Julia Ramos, Felipa Huanca. ¿Qué investigación solamente contra dirigentes disidentes opositores? ¡Díganme!”.
Huanca, excandidata del MAS, no tiene proceso abierto por el Fondo Indígena.
"No es que se fueron a parar (los recursos) a cuentas particulares solamente de ciertos dirigentes. En los 1.100 proyectos financiados por el Fondo Indígena, absolutamente todos los beneficiarios, al amparo de esta errónea emisión de la normativa, recibieron los recursos financiados del Fondo Indígena en sus cuentas particulares”, señaló Valdivia en una entrevista con Panamericana, según la ANF.
Valdivia explicó que a causa de la emisión de esta normativa errónea se posibilitaron las transferencias público-privadas a cuentas particulares. Por esa deficiencia están detenidos preventivamente los exdirectores.
Hasta ahora están detenidos dos exdirectores de la entidad por delitos como contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y también hay procesos contra algunos dirigentes de organizaciones sociales que recibieron recursos del Fondo.
Según denuncias presentadas a la Fiscalía, se depositaron 43 millones de bolivianos a cuentas de nueve dirigentes de cinco organizaciones que forman parte del Directorio del Fondo como Melva Hurtado, líder de la CIDOB paralela, y Juanita Ancieta, dirigente de las bartolinas.
Ancieta y la exdirigente Julia Ramos admitieron en marzo que recibieron recursos económicos de la entidad estatal.
"En el manual de funciones del Fondo Indígena está así. Además, ustedes deben saber mejor que nosotros que también ha salido una norma de la ASFI indicando que se debe manejar de esa manera”, respondió Ancieta, al ser consultada sobre el manejo de recursos del Fondo Indígena en cuentas personales.
Meses después la dirigente anunció la devolución de cinco millones de bolivianos, pero hasta ahora no es investigada.
Acusan a Página Siete de mentir
El presidente Evo Morales acusó ayer a Página Siete y a ERBOL de no decir la "verdad” sobre la investigación a dirigentes implicados en el millonario desfalco en el Fondo Indígena.
"ERBOL, Página Siete, que digan la verdad. Si informan, están disparando, en vez de hacer una investigación o por lo menos en vez de que la otra parte diga sobre ese tema”, afirmó el Jefe de Estado en una conferencia de prensa.
Página Siete informó el martes que sólo líderes disidentes (dos) son procesados de los más de 80 dirigentes que tomaron decisiones en el Fondo Indígena y de los que recibieron recursos en sus cuentas personales.
Afirmó que entre los "proyectos con mal manejo (económico) cerrados me dijo (el Fondo Indígena) que estaba ahí Julia Ramos, Felipa Huanca. ¿Qué investigación solamente contra dirigentes disidentes opositores? ¡Díganme!”.
Huanca, excandidata del MAS, no tiene proceso abierto por el Fondo Indígena.
FONDIOC El informe solo sirvió para lavar la cara al Gobierno
El informe de la inteventora del Fondo Indígena, Lariza Fuentes, es rechazado por la oposición política.
Tanto las diputadas Norma Piérola del Partido Demócrata Cristiano (PDC) como Jimena Costa de Unidad Demócrata (UD) coinciden que lo único que busca la "autointerventora de la ministra Nemecia Achacollo, es lavar la cara al Gobierno nacional".
"Es un informe sesgado, carente de asidero legal, porque de alguna manera es parcializado, porque primero son 1.100 proyectos aprobados que hacen más de Bs 4.750 millones", comentó Piérola.
Remarcó que Fuentes solo revisó 30 proyectos fantasmas con un daño económico de más de Bs 102 millones, pero cuestiona dónde está el resto del dinero.
La legisladora critica que no se investigue a la presidente de la Cidob masista, Melva Hurtado, quien recibió más de Bs 22 millones y que la ministra Achacollo, quien es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Fondioc.
Además de solicitar la interpelación del ministro de Economía, Luis Arce, por entregar recursos a personas particulares.
Por su parte, la diputada Costa dijo que aparte de parcializado, el informe no pone en evidencia el manejo irregular del Fondo Indígena. La legisladora opositora lamentó que nunca hubo la supervisión técnica y menos el monitoreo en la ejecución de los proyectos. Otro hecho que cuestiona, es el uso discrecional de los recursos sin consultar a los indígenas como el manejo de los fondos a los cocaleros, campesinos y dirigentes Bartolina Sisa, cuando estaban destinados para el desarrollo de los pueblos originarios. "Por ello todos los proyectos destinados a los campesinos, interculturales, deben ser considerados como malversación", explicó.
Revelar cuentas. El senador de UD Óscar Ortiz exigió que las autoridades revelen los depósitos irregulares hechos en las cuentas personales de los responsables de los más de 1.200 proyectos, cuyo daño económico supera los Bs 170 millones.
Criticó a la Fiscalía, la Contraloría General y al Ministerio de Transparencia por no actuar con celeridad frente a un millonario daño económico causado al Estado.
Deslinda responsabilidad. El exejecutivo de la Csutcb y actual opositor del Gobierno, Roberto Coraite, deslindó responsabilidades en la falta de descargos. Dijo que como uno de los directores del Fondioc firmó 500 proyectos en la parte inicial pero no todos se aprobaron, ya que pasaron por un filtro de cinco ministerios. Indicó que referente a la Csutcb, manejó un proyecto de Bs 500.000, referente a la socialización para sustituir la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Evo Morales
'Los interculturales somos medio avasalladores'
Reacción. El presidente Evo Morales aseveró que los campesinos interculturales o colonizadores son "medio avasalladores". El Primer Mandatario cuestionó así que este sector haya recibido la mayor cantidad de proyectos de Fondo Indígena. "La mayor cantidad de proyectos habían ido a los interculturales que son nuevos asentamientos. Yo diría que más derecho tiene el movimiento indígena, originario. Los llamados colonizadores, interculturales somos los migrantes, hasta somos medio avasalladores", afirmó el Mandatario. En el pasado, los colonos del trópico de Cochabamba fueron acusados de avasallar territorio de indígenas originarios.
Digan la verdad. Asimismo, señaló que hay medios que "abusan de la libertad de expresión" y pidió que digan la "verdad", de cómo fue divulgada la información sobre el Fondo Indígena y la supuesta responsabilidad de funcionarios y dirigentes afines al MAS./Erbol/ANF
Informe
Exministra y exdirigentes en la mira
Fondo indígena. La exministra Julia Ramos aparece junto a otras personas como Félix Becerra y Roberto Coraite en el proyecto Capacitación de Recursos Humanos y Técnicos Productivos para el fortalecimiento de las organizaciones nacionales de campesinos e indígenas, con un daño económico de Bs 56.000.
Damián Condori, responsable legal en el proyecto implementación de unidades operativas para el acompañamiento de la década productiva comunitaria, con un daño económico que sería de Bs 598.800. Adolfo Chávez, representante legal en el proyecto fortalecimiento de capacidades técnicas y administrativas en organizaciones indígenas de tierras bajas, se habría transferido Bs 902.008.
Tanto las diputadas Norma Piérola del Partido Demócrata Cristiano (PDC) como Jimena Costa de Unidad Demócrata (UD) coinciden que lo único que busca la "autointerventora de la ministra Nemecia Achacollo, es lavar la cara al Gobierno nacional".
"Es un informe sesgado, carente de asidero legal, porque de alguna manera es parcializado, porque primero son 1.100 proyectos aprobados que hacen más de Bs 4.750 millones", comentó Piérola.
Remarcó que Fuentes solo revisó 30 proyectos fantasmas con un daño económico de más de Bs 102 millones, pero cuestiona dónde está el resto del dinero.
La legisladora critica que no se investigue a la presidente de la Cidob masista, Melva Hurtado, quien recibió más de Bs 22 millones y que la ministra Achacollo, quien es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Fondioc.
Además de solicitar la interpelación del ministro de Economía, Luis Arce, por entregar recursos a personas particulares.
Por su parte, la diputada Costa dijo que aparte de parcializado, el informe no pone en evidencia el manejo irregular del Fondo Indígena. La legisladora opositora lamentó que nunca hubo la supervisión técnica y menos el monitoreo en la ejecución de los proyectos. Otro hecho que cuestiona, es el uso discrecional de los recursos sin consultar a los indígenas como el manejo de los fondos a los cocaleros, campesinos y dirigentes Bartolina Sisa, cuando estaban destinados para el desarrollo de los pueblos originarios. "Por ello todos los proyectos destinados a los campesinos, interculturales, deben ser considerados como malversación", explicó.
Revelar cuentas. El senador de UD Óscar Ortiz exigió que las autoridades revelen los depósitos irregulares hechos en las cuentas personales de los responsables de los más de 1.200 proyectos, cuyo daño económico supera los Bs 170 millones.
Criticó a la Fiscalía, la Contraloría General y al Ministerio de Transparencia por no actuar con celeridad frente a un millonario daño económico causado al Estado.
Deslinda responsabilidad. El exejecutivo de la Csutcb y actual opositor del Gobierno, Roberto Coraite, deslindó responsabilidades en la falta de descargos. Dijo que como uno de los directores del Fondioc firmó 500 proyectos en la parte inicial pero no todos se aprobaron, ya que pasaron por un filtro de cinco ministerios. Indicó que referente a la Csutcb, manejó un proyecto de Bs 500.000, referente a la socialización para sustituir la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Evo Morales
'Los interculturales somos medio avasalladores'
Reacción. El presidente Evo Morales aseveró que los campesinos interculturales o colonizadores son "medio avasalladores". El Primer Mandatario cuestionó así que este sector haya recibido la mayor cantidad de proyectos de Fondo Indígena. "La mayor cantidad de proyectos habían ido a los interculturales que son nuevos asentamientos. Yo diría que más derecho tiene el movimiento indígena, originario. Los llamados colonizadores, interculturales somos los migrantes, hasta somos medio avasalladores", afirmó el Mandatario. En el pasado, los colonos del trópico de Cochabamba fueron acusados de avasallar territorio de indígenas originarios.
Digan la verdad. Asimismo, señaló que hay medios que "abusan de la libertad de expresión" y pidió que digan la "verdad", de cómo fue divulgada la información sobre el Fondo Indígena y la supuesta responsabilidad de funcionarios y dirigentes afines al MAS./Erbol/ANF
Informe
Exministra y exdirigentes en la mira
Fondo indígena. La exministra Julia Ramos aparece junto a otras personas como Félix Becerra y Roberto Coraite en el proyecto Capacitación de Recursos Humanos y Técnicos Productivos para el fortalecimiento de las organizaciones nacionales de campesinos e indígenas, con un daño económico de Bs 56.000.
Damián Condori, responsable legal en el proyecto implementación de unidades operativas para el acompañamiento de la década productiva comunitaria, con un daño económico que sería de Bs 598.800. Adolfo Chávez, representante legal en el proyecto fortalecimiento de capacidades técnicas y administrativas en organizaciones indígenas de tierras bajas, se habría transferido Bs 902.008.
Un juez envía a Palmasola al exalcalde de La Guardia Suman las demandas de sobreprecio contra Romero
Una vez con detención preventiva en Palmasola, se viene un rosario de demandas en contra del exalcalde de La Guardia, Rolando Romero.
El presidente del Concejo guardieño, Ronald Figueroa, militante de la agrupación Voces, comentó que una de las demandas de sobreprecio que escandalizó a la comuna, es la construcción de 40 tinglados.
"La obra estaba planificada en Bs 200 mil y sin embargo el costo se duplicó", afirmó el edil del frente del alcalde Jorge "Chichino" Morales.
Por esta denuncia Romero deberá declarar hoy en el Juzgado del mencionado municipio.
La demanda, fue interpuesta en su momento por el exsenador y ahora asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Isaac Ávalos.
Además, Romero deberá explicar la deuda de tres meses de los aportes de 600 funcionarios municipales a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).
Iluminación y pavimento. Otro de los presuntos casos de sobreprecios en la gestión de Romero según Figueroa, es el alumbrado público del kilómetro 8 y medio a La Guardia.
"La obra tuvo un gasto mayor a Bs 12 millones", comentó el titular del organismo deliberante.
Otra de las irregularidades denunciadas es la pavimentación, que según la actual autoridad del legislativo municipal, dejó a la municipalidad con una deuda mayor a Bs 40 millones.
Retiro de Bs 19 millones. En referencia a Jaime Cabrera, el titular del Concejo de La Guardia dijo que hay denuncias que se han sacado en efectivo dos cantidades millonarias de recursos.
En primera instancia, comentó que Cabrera retiró Bs 6 millones y después otros Bs 13 millones, cuando el procedimiento es hacerlo a través de cheques.
Aclaró que forma parte junto con Romero y el expresidente del Legislativo municipal, Mario Subirana, de la denuncia sobre la vagoneta Prado volcada hace 3 años. Además deberá ser citada la concejal suplente de ASIP, Nohemí Macías, persona que era la secretaria de Cabrera que estaba en el vehículo conducido por Aldo Loayza cuando ocurrió el vuelque.
Seguirán denunciando. La autoridad del legislativo municipal, indicó que seguirán denunciando los presuntos negociados que se hicieron en las gestiones de Rolando Romero y Jaime Gabrera, exalcaldes masistas.
En esa línea se encuentra el alcalde Jorge Morales, quien en un contacto con un medio televisivo cruceño, se comprometió a seguir investigado las malversaciones de sus antecesores.
El pasado 21 de junio, Morales denunció la desaparición de seis vehículos y siete motocicletas del edificio edil, causando un daño de más $us 400 mil. Hechos irregulares por los que culpó a Rolando Romero y Cabrera.
El presidente del Concejo guardieño, Ronald Figueroa, militante de la agrupación Voces, comentó que una de las demandas de sobreprecio que escandalizó a la comuna, es la construcción de 40 tinglados.
"La obra estaba planificada en Bs 200 mil y sin embargo el costo se duplicó", afirmó el edil del frente del alcalde Jorge "Chichino" Morales.
Por esta denuncia Romero deberá declarar hoy en el Juzgado del mencionado municipio.
La demanda, fue interpuesta en su momento por el exsenador y ahora asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Isaac Ávalos.
Además, Romero deberá explicar la deuda de tres meses de los aportes de 600 funcionarios municipales a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).
Iluminación y pavimento. Otro de los presuntos casos de sobreprecios en la gestión de Romero según Figueroa, es el alumbrado público del kilómetro 8 y medio a La Guardia.
"La obra tuvo un gasto mayor a Bs 12 millones", comentó el titular del organismo deliberante.
Otra de las irregularidades denunciadas es la pavimentación, que según la actual autoridad del legislativo municipal, dejó a la municipalidad con una deuda mayor a Bs 40 millones.
Retiro de Bs 19 millones. En referencia a Jaime Cabrera, el titular del Concejo de La Guardia dijo que hay denuncias que se han sacado en efectivo dos cantidades millonarias de recursos.
En primera instancia, comentó que Cabrera retiró Bs 6 millones y después otros Bs 13 millones, cuando el procedimiento es hacerlo a través de cheques.
Aclaró que forma parte junto con Romero y el expresidente del Legislativo municipal, Mario Subirana, de la denuncia sobre la vagoneta Prado volcada hace 3 años. Además deberá ser citada la concejal suplente de ASIP, Nohemí Macías, persona que era la secretaria de Cabrera que estaba en el vehículo conducido por Aldo Loayza cuando ocurrió el vuelque.
Seguirán denunciando. La autoridad del legislativo municipal, indicó que seguirán denunciando los presuntos negociados que se hicieron en las gestiones de Rolando Romero y Jaime Gabrera, exalcaldes masistas.
En esa línea se encuentra el alcalde Jorge Morales, quien en un contacto con un medio televisivo cruceño, se comprometió a seguir investigado las malversaciones de sus antecesores.
El pasado 21 de junio, Morales denunció la desaparición de seis vehículos y siete motocicletas del edificio edil, causando un daño de más $us 400 mil. Hechos irregulares por los que culpó a Rolando Romero y Cabrera.
miércoles, 26 de agosto de 2015
Caso barcazas: juez hipoteca bienes de imputados
A tres años de haberse iniciado las investigaciones por el millonario "fraude" en la adquisición de las 16 barcazas y dos remolcadores, el juez décimo de Instrucción del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispuso la hipoteca legal de los bienes de los imputados en el proceso penal.
La hipoteca se hizo sobre 10 bienes inmuebles y ocho vehículos de los acusados, con el objeto de precautelar el presunto daño económico de casi 30 millones de dólares al Estado, por la irregular compra de bienes navales.
"A solicitud del Ministerio de Transparencia, las autoridades jurisdiccionales procedieron a efectuar la hipoteca legal de los bienes de los imputados con el objeto de precautelar el presunto daño económico provocado a las arcas del Estado Boliviano", declaró la ministra de Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia.
De acuerdo a los antecedentes del caso, la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) pagó 28.900.000 dólares.
A la fecha, el Ministerio Público presentó una denuncia penal contra Freddy Ballesteros, exgerente general de la naviera, Fidel Gamboa, exdirector administrativo y en contra de otros servidores públicos y particulares relacionados con el hecho por la supuesta comisión de los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y otros.
Las barcazas tienen una orden de remate del Tribunal de Justicia de China. Hasta la fecha Bolivia no ha podido recuperar dichos bienes porque el astillero donde se encuentran exigía inicialmente el pago de 15 millones de dólares por el almacenaje, aunque este monto se modificó de acuerdo a las últimas negociaciones.
En relación a los remolcadores, no fueron concluidos, la empresa MSR abandonó su trabajo en el 80 por ciento de construcción porque venció la boleta de garantía.
La hipoteca se hizo sobre 10 bienes inmuebles y ocho vehículos de los acusados, con el objeto de precautelar el presunto daño económico de casi 30 millones de dólares al Estado, por la irregular compra de bienes navales.
"A solicitud del Ministerio de Transparencia, las autoridades jurisdiccionales procedieron a efectuar la hipoteca legal de los bienes de los imputados con el objeto de precautelar el presunto daño económico provocado a las arcas del Estado Boliviano", declaró la ministra de Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia.
De acuerdo a los antecedentes del caso, la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) pagó 28.900.000 dólares.
A la fecha, el Ministerio Público presentó una denuncia penal contra Freddy Ballesteros, exgerente general de la naviera, Fidel Gamboa, exdirector administrativo y en contra de otros servidores públicos y particulares relacionados con el hecho por la supuesta comisión de los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y otros.
Las barcazas tienen una orden de remate del Tribunal de Justicia de China. Hasta la fecha Bolivia no ha podido recuperar dichos bienes porque el astillero donde se encuentran exigía inicialmente el pago de 15 millones de dólares por el almacenaje, aunque este monto se modificó de acuerdo a las últimas negociaciones.
En relación a los remolcadores, no fueron concluidos, la empresa MSR abandonó su trabajo en el 80 por ciento de construcción porque venció la boleta de garantía.
A tres años de la investigación por caso barcazas, juez hipoteca bienes de imputados
A tres años de haberse iniciado las investigaciones por el millonario "fraude" en la adquisición de las 16 barcazas y dos remolcadores, el Juez décimo de Instrucción del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispuso la hipoteca legal de los bienes de los imputados en el proceso penal.
La hipoteca se hizo sobre 10 bienes inmuebles y ocho vehículos de los acusados, con el objeto de precautelar el presunto daño económico de casi 30 millones de dólares ocasionados al Estado, por la irregular compra de bienes navales.
"A solicitud del Ministerio de Transparencia, las autoridades jurisdiccionales procedieron a efectuar la hipoteca legal de los bienes de los imputados con el objeto de precautelar el presunto daño económico provocado a las arcas del Estado Boliviano", declaró la ministra de Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia. De acuerdo a los antecedentes del caso, la Empresa Naviera Boliviana (ENABOL) pagó $us 28.900.000.
A la fecha, el Ministerio Público presentó una denuncia penal contra Freddy Ballesteros, exgerente general de la naviera, Fidel Gamboa, exdirector administrativo y en contra de otros servidores públicos y particulares relacionados con el hecho por la supuesta comisión de los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y otros.
Las barcazas tienen una orden de remate del Tribunal de Justicia de China. Hasta la fecha Bolivia no ha podido recuperar dichos bienes porque el astillero donde se encuentran exigía inicialmente el pago de 15 millones de dólares por el almacenaje, aunque este monto se modificó de acuerdo a las últimas negociaciones. En relación a los remolcadores, no fueron concluidos, la empresa MSR abandonó su trabajo en el 80% de construcción porque venció la boleta de garantía.
La hipoteca se hizo sobre 10 bienes inmuebles y ocho vehículos de los acusados, con el objeto de precautelar el presunto daño económico de casi 30 millones de dólares ocasionados al Estado, por la irregular compra de bienes navales.
"A solicitud del Ministerio de Transparencia, las autoridades jurisdiccionales procedieron a efectuar la hipoteca legal de los bienes de los imputados con el objeto de precautelar el presunto daño económico provocado a las arcas del Estado Boliviano", declaró la ministra de Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia. De acuerdo a los antecedentes del caso, la Empresa Naviera Boliviana (ENABOL) pagó $us 28.900.000.
A la fecha, el Ministerio Público presentó una denuncia penal contra Freddy Ballesteros, exgerente general de la naviera, Fidel Gamboa, exdirector administrativo y en contra de otros servidores públicos y particulares relacionados con el hecho por la supuesta comisión de los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y otros.
Las barcazas tienen una orden de remate del Tribunal de Justicia de China. Hasta la fecha Bolivia no ha podido recuperar dichos bienes porque el astillero donde se encuentran exigía inicialmente el pago de 15 millones de dólares por el almacenaje, aunque este monto se modificó de acuerdo a las últimas negociaciones. En relación a los remolcadores, no fueron concluidos, la empresa MSR abandonó su trabajo en el 80% de construcción porque venció la boleta de garantía.
Exautoridad de la Guardia entre rejas Aprehenden al exalcalde Romero
El Ministerio Público aprehendió al exalcalde de La Guardia, Rolando Romero. El fiscal Pablo Guzmán lo acusó de tener responsabilidad en el vuelco de una vagoneta de la comuna guardieña hace tres años.
La exautoridad y exmilitante del Movimiento Al Socialismo (MAS) deberá ser derivado en las próximas horas a un juez cautelar para determinar su situación jurídica.
El fallo del fiscal fue aproximadamente a las 17:30, después de que prestara declaración Romero. La acusación que también le llega a la exautoridad edil Jaime Cabrera y el expresidente del Concejo Mario Subirana, quienes no acudieron a la citación de la Fiscalía cruceña ayer.
Antecedentes del hecho. Como se recordará, el hecho de tránsito ocurrió el 18 de agosto del 2012 a 5 kilómetros de la localidad de Peji, hacia la comunidad El Naranjillo. Época en que estaba como alcalde Cabrera y Romero era concejal del organismo deliberante guardieño.
Entonces unos testigos aseguraron que Cabrera, chofer, una secretaria y otras dos mujeres, junto a una niña, salieron del vehículo después de que volcara y terminara a un costado del camino.
Cabrera, en esa oportunidad negó las acusaciones en su contra, asegurando que el día en que sucedieron los hechos se encontraba en la casa de un familiar en Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, confirmó que él autorizó el uso del motorizado para que los funcionarios de la Alcaldía asistan a un acto en el kilómetro 12 en Nueva Esperanza. Posteriormente, el exconcejal Marco Velásquez, dijo que las autoridades municipales se encontraban en una “ambrosía” (bebida de leche con algún tipo de alcohol) en la quinta de Rolando Romero, lugar donde se escondió al vehículo después del accidente. Al respecto, Romero dijo en su tiempo, desconocer los motivos por el cual se encontraba el motorizado en su propiedad. Un mes después, Aldo Loayza, chofer acusado de ser el responsable del accidente de tránsito protagonizado por un vehículo oficial de la Alcaldía de La Guardia, fue aprehendido por la Fiscalía.
Concejal y alcalde se adhieren como acusadores. El actual presidente del Concejo de La Guardia, Ronald Figueroa, dijo que como nueva autoridad se adhiere como parte acusadora en este proceso, junto con el alcalde Jorge "Chichino" Morales. "Hasta la fecha no fue reparado el vehículo, ocasionando un daño económico al Estado, porque el seguro no cubrió el costo, dado que el informe de alcoholemia dio positivo al chofer", explicó el edil. Dijo que si bien en primera instancia la denuncia era contra Jaime Cabrera, pero los concejales de anterior gestión ampliaron la acusación contra Romero, por ser el dueño de la propiedad donde se escondió el vehículo. Además la acusación alcanza a Subirana, expresidente del Concejo y amigo de Romero. El exalcalde, fue candidato por Alianza Solidaria Popular (ASIP), que perdió en las pasadas elecciones municipales.
La exautoridad y exmilitante del Movimiento Al Socialismo (MAS) deberá ser derivado en las próximas horas a un juez cautelar para determinar su situación jurídica.
El fallo del fiscal fue aproximadamente a las 17:30, después de que prestara declaración Romero. La acusación que también le llega a la exautoridad edil Jaime Cabrera y el expresidente del Concejo Mario Subirana, quienes no acudieron a la citación de la Fiscalía cruceña ayer.
Antecedentes del hecho. Como se recordará, el hecho de tránsito ocurrió el 18 de agosto del 2012 a 5 kilómetros de la localidad de Peji, hacia la comunidad El Naranjillo. Época en que estaba como alcalde Cabrera y Romero era concejal del organismo deliberante guardieño.
Entonces unos testigos aseguraron que Cabrera, chofer, una secretaria y otras dos mujeres, junto a una niña, salieron del vehículo después de que volcara y terminara a un costado del camino.
Cabrera, en esa oportunidad negó las acusaciones en su contra, asegurando que el día en que sucedieron los hechos se encontraba en la casa de un familiar en Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, confirmó que él autorizó el uso del motorizado para que los funcionarios de la Alcaldía asistan a un acto en el kilómetro 12 en Nueva Esperanza. Posteriormente, el exconcejal Marco Velásquez, dijo que las autoridades municipales se encontraban en una “ambrosía” (bebida de leche con algún tipo de alcohol) en la quinta de Rolando Romero, lugar donde se escondió al vehículo después del accidente. Al respecto, Romero dijo en su tiempo, desconocer los motivos por el cual se encontraba el motorizado en su propiedad. Un mes después, Aldo Loayza, chofer acusado de ser el responsable del accidente de tránsito protagonizado por un vehículo oficial de la Alcaldía de La Guardia, fue aprehendido por la Fiscalía.
Concejal y alcalde se adhieren como acusadores. El actual presidente del Concejo de La Guardia, Ronald Figueroa, dijo que como nueva autoridad se adhiere como parte acusadora en este proceso, junto con el alcalde Jorge "Chichino" Morales. "Hasta la fecha no fue reparado el vehículo, ocasionando un daño económico al Estado, porque el seguro no cubrió el costo, dado que el informe de alcoholemia dio positivo al chofer", explicó el edil. Dijo que si bien en primera instancia la denuncia era contra Jaime Cabrera, pero los concejales de anterior gestión ampliaron la acusación contra Romero, por ser el dueño de la propiedad donde se escondió el vehículo. Además la acusación alcanza a Subirana, expresidente del Concejo y amigo de Romero. El exalcalde, fue candidato por Alianza Solidaria Popular (ASIP), que perdió en las pasadas elecciones municipales.
Intervención al Fondioc Revelan daño económico por más de Bs 102 millones
El informe de la interventora Lariza Fuentes Justiniano reveló que el daño económico de 30 proyectos fantasmas en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), entre los años 2009 y 2014 fue de 102'253.318 bolivianos. Dicho informe fue remitido a las instancias respectivas de los ministerios de Transparencia y Desarrollo Rural donde se deberán asumir las acciones que correspondan.
En este monto no se cuentan los 71 millones de bolivianos que corresponden a 153 millones de bolivianos que fueron denunciados por la Contraloría General del Estado.
En conferencia de prensa Fuentes, acompañada de la directora jurídica Cecilia Aparicio, dieron a conocer los resultados de la intervención, efectuada bajo disposición del Decreto Supremo 227'4/2015 del 24 de febrero del mismo año. En su intervención de seis meses dijo que el trabajo realizado venció ayer.
Justiniano afirmó que desde 2009 cuando se dieron los primeros recursos para esa entidad de fomento al desarrollo indígena se aprobaron 3.177 proyectos, de los cuales 2.077 no tenían ningún desembolso; los proyectos que se beneficiaron con algún desembolso son 1.100, de los cuales 216 proyectos se encuentran "con plazo vigente" y el restante, es decir, 848 cuya vigencia en convenio feneció, en muchos de los casos en la gestión pasada.
Los 216 proyectos se encuentran subclasificados en diez que han recibido el 100 por ciento del desembolso; 206 tienen menos del 100 por ciento del desembolso.
En tanto que, en el paquete de proyectos que no cuentan con convenio vigente en 182 proyectos se dio el 100 por ciento del desembolso y en 702 menos del 100 por ciento del desembolso. "Esto se estableció antes de la intervención", dijo Fuentes.
RESULTADOS
Más adelante dijo que, el monto desembolsado por los 1.100 proyectos representa 729'132.136 bolivianos, de los cuales el 49 por ciento se destinó a proyectos en el departamento de La Paz y el 11.64 por ciento el departamento del Beni (los más destacados).
Luego mencionó que las verificaciones en sitio del desplazamiento del proyecto que, se tiene que 130 proyectos que siguen vigentes y se cumplen que representan al menos 116 millones de bolivianos.
Proyectos vigentes con algún tipo de observación suman 74 que en términos monetarios significan unos 63 millones de bolivianos.
En la categoría de proyectos no vigentes y cumplen con el objeto del convenio representan 313 proyectos para los que se desembolsó 207'972.000 bolivianos.
Resultando del estado de verificación 517 proyectos que representan el 53 por ciento y en monto desembolsado alcanza a los 387'691.000 bolivianos aproximadamente.
En cuanto a que no cumplen, es decir, inexistentes son 30 proyectos "fantasmas" que representan 14'514.349 bolivianos; 400 proyectos, dijo Fuentes, que no están vigentes y no cumplen representan 254’905.079 bolivianos.
Por otra parte, aclaró que en la no vigencia de los convenios "ha incurrido mucho la gestión negligente de los anteriores exejecutivos de la entidad", porque en su oportunidad dichas autoridades no tomaron en cuenta las previsiones y vías administrativa que correspondían. Asimismo, señaló que de 223 proyectos no se han presentado descargos.
En su criterio lo que preocupa son los proyectos fantasmas que representan un daño económico de 14’514.349 bolivianos; y de los 713 proyectos restantes con plazo no vigente representan 87’739.318 bolivianos.
"El presunto daño económico al Estado es de 102'253.728 bolivianos, monto que tiene que ser verificado en las instancias correspondientes", dijo al mencionar que se recuperaron 17'350.524 bolivianos.
PROCESOS
Según Fuentes hay 56 causas denunciadas en la Fiscalía con relación a los 30 proyectos inexistentes, que involucran a 90 personas que han sido los beneficiarios de los proyectos.
Entre los principales involucrados están Adolfo Chávez, Arturo Chiqueño Picanerai, y se procesa denuncia contra Damián Condori, Julia Ramos, Roberto Coraite, Felipa Huanca y otros.
Producto de las acciones legales que se han iniciado en el Ministerio Público, se encuentran en calidad de detenidos preventivos: Elvira Parra de Chuquimia, Marco Antonio Aramayo Caballero, César Quisbert Salvatierra, Herald Gómez Rodríguez, Félix Freddy Calsina, Edgar Foronda Mejía, Timoteo Choque Choqueticlla, Benjamina Calisaya Martínez y Javier Cepeda Choqueticlla.
En este monto no se cuentan los 71 millones de bolivianos que corresponden a 153 millones de bolivianos que fueron denunciados por la Contraloría General del Estado.
En conferencia de prensa Fuentes, acompañada de la directora jurídica Cecilia Aparicio, dieron a conocer los resultados de la intervención, efectuada bajo disposición del Decreto Supremo 227'4/2015 del 24 de febrero del mismo año. En su intervención de seis meses dijo que el trabajo realizado venció ayer.
Justiniano afirmó que desde 2009 cuando se dieron los primeros recursos para esa entidad de fomento al desarrollo indígena se aprobaron 3.177 proyectos, de los cuales 2.077 no tenían ningún desembolso; los proyectos que se beneficiaron con algún desembolso son 1.100, de los cuales 216 proyectos se encuentran "con plazo vigente" y el restante, es decir, 848 cuya vigencia en convenio feneció, en muchos de los casos en la gestión pasada.
Los 216 proyectos se encuentran subclasificados en diez que han recibido el 100 por ciento del desembolso; 206 tienen menos del 100 por ciento del desembolso.
En tanto que, en el paquete de proyectos que no cuentan con convenio vigente en 182 proyectos se dio el 100 por ciento del desembolso y en 702 menos del 100 por ciento del desembolso. "Esto se estableció antes de la intervención", dijo Fuentes.
RESULTADOS
Más adelante dijo que, el monto desembolsado por los 1.100 proyectos representa 729'132.136 bolivianos, de los cuales el 49 por ciento se destinó a proyectos en el departamento de La Paz y el 11.64 por ciento el departamento del Beni (los más destacados).
Luego mencionó que las verificaciones en sitio del desplazamiento del proyecto que, se tiene que 130 proyectos que siguen vigentes y se cumplen que representan al menos 116 millones de bolivianos.
Proyectos vigentes con algún tipo de observación suman 74 que en términos monetarios significan unos 63 millones de bolivianos.
En la categoría de proyectos no vigentes y cumplen con el objeto del convenio representan 313 proyectos para los que se desembolsó 207'972.000 bolivianos.
Resultando del estado de verificación 517 proyectos que representan el 53 por ciento y en monto desembolsado alcanza a los 387'691.000 bolivianos aproximadamente.
En cuanto a que no cumplen, es decir, inexistentes son 30 proyectos "fantasmas" que representan 14'514.349 bolivianos; 400 proyectos, dijo Fuentes, que no están vigentes y no cumplen representan 254’905.079 bolivianos.
Por otra parte, aclaró que en la no vigencia de los convenios "ha incurrido mucho la gestión negligente de los anteriores exejecutivos de la entidad", porque en su oportunidad dichas autoridades no tomaron en cuenta las previsiones y vías administrativa que correspondían. Asimismo, señaló que de 223 proyectos no se han presentado descargos.
En su criterio lo que preocupa son los proyectos fantasmas que representan un daño económico de 14’514.349 bolivianos; y de los 713 proyectos restantes con plazo no vigente representan 87’739.318 bolivianos.
"El presunto daño económico al Estado es de 102'253.728 bolivianos, monto que tiene que ser verificado en las instancias correspondientes", dijo al mencionar que se recuperaron 17'350.524 bolivianos.
PROCESOS
Según Fuentes hay 56 causas denunciadas en la Fiscalía con relación a los 30 proyectos inexistentes, que involucran a 90 personas que han sido los beneficiarios de los proyectos.
Entre los principales involucrados están Adolfo Chávez, Arturo Chiqueño Picanerai, y se procesa denuncia contra Damián Condori, Julia Ramos, Roberto Coraite, Felipa Huanca y otros.
Producto de las acciones legales que se han iniciado en el Ministerio Público, se encuentran en calidad de detenidos preventivos: Elvira Parra de Chuquimia, Marco Antonio Aramayo Caballero, César Quisbert Salvatierra, Herald Gómez Rodríguez, Félix Freddy Calsina, Edgar Foronda Mejía, Timoteo Choque Choqueticlla, Benjamina Calisaya Martínez y Javier Cepeda Choqueticlla.
martes, 25 de agosto de 2015
Financiados por el Fondo indígena Más proyectos 'fantasma'
La Federación de Trabajadores Campesinos del Beni informó ayer que 17 de los 20 proyectos productivos que recibieron del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), entre 2010 a 2013, son “fantasmas”, según el reporte de la red Erbol.
Esta emisora agrega que la organización, afiliada a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), verificó este hecho y denunció que exdirigentes de su organización se beneficiaron a costa de los comunarios para supuestamente quedarse con recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Irregularidad constatada. Los proyectos "están en papeles, están los desembolsos, pero en las comunidades no existe nada, ni siquiera los comunarios sabían que estos proyectos habían salido a nombre de su comunidad”, declaró Catia Chávez, secretaria Ejecutiva de la Federación de Campesinos del Beni. Los proyectos que se ejecutaron están en las comunidades de Villa Alba, Yacuma y Cercado, según Chávez. Explicó que las 20 obras se viabilizaron en la gestión del exejecutivo de la CSUTCB, Roberto Coraite, y que exdirigentes del Beni sacaron a nombre de los comunarios proyectos que no se concluyeron y otros ni se iniciaron.
Implican a un detenido. Identificó al exdirigente César Gisbert, que se encuentra detenido, como responsable de la “estafa”, además señaló a otros tres, de quienes no dio sus nombres. Esta semana concluye la intervención de parte del gobierno al Fondo Indígena, luego de denuncias de corrupción en la entidad estatal y “proyectos fantasmas”. La interventora del Fondioc, Lariza Fuentes, hará conocer hoy los resultados de las investigaciones, según el cronograma de trabajo.
Esta emisora agrega que la organización, afiliada a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), verificó este hecho y denunció que exdirigentes de su organización se beneficiaron a costa de los comunarios para supuestamente quedarse con recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Irregularidad constatada. Los proyectos "están en papeles, están los desembolsos, pero en las comunidades no existe nada, ni siquiera los comunarios sabían que estos proyectos habían salido a nombre de su comunidad”, declaró Catia Chávez, secretaria Ejecutiva de la Federación de Campesinos del Beni. Los proyectos que se ejecutaron están en las comunidades de Villa Alba, Yacuma y Cercado, según Chávez. Explicó que las 20 obras se viabilizaron en la gestión del exejecutivo de la CSUTCB, Roberto Coraite, y que exdirigentes del Beni sacaron a nombre de los comunarios proyectos que no se concluyeron y otros ni se iniciaron.
Implican a un detenido. Identificó al exdirigente César Gisbert, que se encuentra detenido, como responsable de la “estafa”, además señaló a otros tres, de quienes no dio sus nombres. Esta semana concluye la intervención de parte del gobierno al Fondo Indígena, luego de denuncias de corrupción en la entidad estatal y “proyectos fantasmas”. La interventora del Fondioc, Lariza Fuentes, hará conocer hoy los resultados de las investigaciones, según el cronograma de trabajo.
Se traba el reinicio del caso Rózsa
Ante la ausencia de tres personas, el juicio oral del caso Rózsa no pudo reiniciarse ayer por la tarde en Santa Cruz.
Primero se notó la falta en el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, de la juez ciudadana, Anastacia Calisaya, del Gral. Gary Prado Salmón y de Alejandro Gelafio Santistevan.
La juzgadora envió un certificado médico, en que justifica su ausencia debido a que el pasado 20 de agosto fue sometida a una intervención quirúrgica por un dolor abdominal crónico.
Mientras que el Gral. Prado Salmón fue operado la misma fecha en el hospital Cossmil, de unas úlceras.
Sobre la ausencia de Gelafio Santistevan, al parecer fue a causa de las autoridades penitenciarias del penal de Palmasola que no lo trasladaron hasta el Palacio de Justicia de Santa Cruz.
Cuestionan decisión del juez. El presidente del Tribunal, Sixto Justo Fernández, se vio obligado a rectificar su fallo, debido a los cuestionamientos hechos tanto por la defensa como por el Ministerio Público.
Fernández en primera instancia suspendió la audiencia para el lunes 14 de septiembre, pero el abogado Otto Ritter y el fiscal Sergio Céspedes, le observaron de que el Tribunal estaba sin quórum.
Por ello, aconsejaron primero que se suspenda hasta el jueves 27 a las 9:00, con la finalidad de esperar los certificados del Instituto de Investigación Forense (IDIF) de las dos personas operadas.
Ante estas argumentaciones, el administrador de justicia, rectificó para el lunes 7 a las 9:30.
Sin embargo, Ritter y Céspedes, volvieron a objetar, teniendo en cuenta que hasta fin de semana se puede conocer el informe forense.
Después de un cuarto intermedio de casi media hora y una vez que Fernández se pudo comunicar con la juez ciudadana, volvió a ratificar la fecha del 7.
Exclusión del Gral. depende del informe forense. El abogado Gary Prado Araúz dijo que el recurso para excluir del proceso a su padre, depende del informe forense.
"Primero queremos conocer la evaluación del IDIF y en base a ello tomaremos las medidas legales correspondientes con el fin de preservar la vida del Gral. Prado, ya que no puede estar sentado siete horas seguidas", remarcó el jurista defensor de su padre.
Primero se notó la falta en el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, de la juez ciudadana, Anastacia Calisaya, del Gral. Gary Prado Salmón y de Alejandro Gelafio Santistevan.
La juzgadora envió un certificado médico, en que justifica su ausencia debido a que el pasado 20 de agosto fue sometida a una intervención quirúrgica por un dolor abdominal crónico.
Mientras que el Gral. Prado Salmón fue operado la misma fecha en el hospital Cossmil, de unas úlceras.
Sobre la ausencia de Gelafio Santistevan, al parecer fue a causa de las autoridades penitenciarias del penal de Palmasola que no lo trasladaron hasta el Palacio de Justicia de Santa Cruz.
Cuestionan decisión del juez. El presidente del Tribunal, Sixto Justo Fernández, se vio obligado a rectificar su fallo, debido a los cuestionamientos hechos tanto por la defensa como por el Ministerio Público.
Fernández en primera instancia suspendió la audiencia para el lunes 14 de septiembre, pero el abogado Otto Ritter y el fiscal Sergio Céspedes, le observaron de que el Tribunal estaba sin quórum.
Por ello, aconsejaron primero que se suspenda hasta el jueves 27 a las 9:00, con la finalidad de esperar los certificados del Instituto de Investigación Forense (IDIF) de las dos personas operadas.
Ante estas argumentaciones, el administrador de justicia, rectificó para el lunes 7 a las 9:30.
Sin embargo, Ritter y Céspedes, volvieron a objetar, teniendo en cuenta que hasta fin de semana se puede conocer el informe forense.
Después de un cuarto intermedio de casi media hora y una vez que Fernández se pudo comunicar con la juez ciudadana, volvió a ratificar la fecha del 7.
Exclusión del Gral. depende del informe forense. El abogado Gary Prado Araúz dijo que el recurso para excluir del proceso a su padre, depende del informe forense.
"Primero queremos conocer la evaluación del IDIF y en base a ello tomaremos las medidas legales correspondientes con el fin de preservar la vida del Gral. Prado, ya que no puede estar sentado siete horas seguidas", remarcó el jurista defensor de su padre.
Sólo dos disidentes del MAS son investigados en caso del Fondo Indígena
De los 80 líderes de organizaciones sociales que tomaron decisiones sobre proyectos y recursos del Fondo Indígena desde el 2008, solo Adolfo Chávez y Damián Condori, disidentes del MAS, están siendo procesados. Así analiza el caso el diario Página Siete.
En febrero de este año, la Contraloría reveló un daño económico de Bs 71 millones por 150 proyectos no ejecutados. Es por esto que el Ministerio Público investiga. La Fiscalía convocó a declarar a Chávez, ejecutivo de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), en tres oportunidades, todas ellas suspendidas, informó Página Siete. Chávez encabezó la VIII y IX marchas en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS), lo cual lo distanció del Gobierno.
El Ministerio Público también convocó también a Condori, exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), quien no se presentó. El fiscal Anghelo Saravia ya tenía previsto ordenar su aprehensión. Luego, Condori acudió a la convocatoria, pero no le tomaron su declaración.
En las pasadas elecciones del 29 de marzo, Condori fue candidato de la agrupación Chuquisaca Somos Todos (CST) y estuvo a punto de competir por la Gobernación en una segunda vuelta, pero el Tribunal Departamental Electoral (TSE) tomó una decisión administrativa que ayudó a proclamar a su rival Esteban Urquizu.
Por otra parte los dirigentes afines al MAS como Juanita Ancieta, ejecutiva de las mujeres campesinas Bartolina Sisa; Melva Hurtado, dirigente de la CIDOB; Gustavo Aliaga, líder de los interculturales, y otros dirigentes que también recibieron recursos del Fondo Indígena no tienen procesos judiciales de ninguna índole.
Rafael Quispe, diputado de Unidad Demócrata (UD), lamentó que la Fiscalía no investigue a los dirigentes pese a existir pruebas. Eduardo León, abogado de Quispe, sostuvo que el Ministerio Público agiliza las investigaciones contra Condori y Chávez porque ahora son opositores. "La Fiscalía no mide igual a la señora Melva Hurtado que se ha llevado 22 millones de bolivianos a su cuenta", señaló.
Hurtado dijo que desde 2012, cuando asumió la dirigencia de la confederación de los indígenas de tierras bajas, se ejecutaron todos los proyectos como establecen las normas. Por este caso están detenidos, los exdirectores del Fondo Indígena, Marco Aramayo y Julia Parra, mientras que Daniel Zapata está prófugo. Según informe hasta el 20 de julio devolvieron 13.747.303 bolivianos de 124 proyectos.
Además la interventora presentó al menos 20 denuncias contra funcionarios del Fondo Indígena y representantes legales de proyectos por delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, entre otros. Están detenidas nueve personas.
En febrero de este año, la Contraloría reveló un daño económico de Bs 71 millones por 150 proyectos no ejecutados. Es por esto que el Ministerio Público investiga. La Fiscalía convocó a declarar a Chávez, ejecutivo de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), en tres oportunidades, todas ellas suspendidas, informó Página Siete. Chávez encabezó la VIII y IX marchas en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS), lo cual lo distanció del Gobierno.
El Ministerio Público también convocó también a Condori, exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), quien no se presentó. El fiscal Anghelo Saravia ya tenía previsto ordenar su aprehensión. Luego, Condori acudió a la convocatoria, pero no le tomaron su declaración.
En las pasadas elecciones del 29 de marzo, Condori fue candidato de la agrupación Chuquisaca Somos Todos (CST) y estuvo a punto de competir por la Gobernación en una segunda vuelta, pero el Tribunal Departamental Electoral (TSE) tomó una decisión administrativa que ayudó a proclamar a su rival Esteban Urquizu.
Por otra parte los dirigentes afines al MAS como Juanita Ancieta, ejecutiva de las mujeres campesinas Bartolina Sisa; Melva Hurtado, dirigente de la CIDOB; Gustavo Aliaga, líder de los interculturales, y otros dirigentes que también recibieron recursos del Fondo Indígena no tienen procesos judiciales de ninguna índole.
Rafael Quispe, diputado de Unidad Demócrata (UD), lamentó que la Fiscalía no investigue a los dirigentes pese a existir pruebas. Eduardo León, abogado de Quispe, sostuvo que el Ministerio Público agiliza las investigaciones contra Condori y Chávez porque ahora son opositores. "La Fiscalía no mide igual a la señora Melva Hurtado que se ha llevado 22 millones de bolivianos a su cuenta", señaló.
Hurtado dijo que desde 2012, cuando asumió la dirigencia de la confederación de los indígenas de tierras bajas, se ejecutaron todos los proyectos como establecen las normas. Por este caso están detenidos, los exdirectores del Fondo Indígena, Marco Aramayo y Julia Parra, mientras que Daniel Zapata está prófugo. Según informe hasta el 20 de julio devolvieron 13.747.303 bolivianos de 124 proyectos.
Además la interventora presentó al menos 20 denuncias contra funcionarios del Fondo Indígena y representantes legales de proyectos por delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, entre otros. Están detenidas nueve personas.
Campesinos del Beni: Denuncian 17 proyectos fantasmas del Fondioc
La Federación de Trabajadores Campesinos del Beni informó este lunes que 17 de los 20 proyectos productivos que recibieron del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), entre 2010 a 2013, son “fantasmas”.
La organización, afiliada a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), verificó este hecho y además denunció que exdirigentes de su organización se beneficiaron a costa de los comunarios para supuestamente quedarse con recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
La secretaria Ejecutiva de la Federación de Campesinos del Beni, Catia Chávez, brindó este informe a Erbol. La dirigente señaló que para los 20 proyectos se hizo una inversión de 15 millones de bolivianos y se desconoce su destino.
“De los 20 proyectos hay en su finalidad sólo tres, son los únicos que existen y de ahí en la provincia Cercado todos son ‘palos blancos’, son ‘fantasmas’, proyectos que no existen, sin embargo, están en papeles, están los desembolsos, pero en las comunidades no existe nada, ni siquiera los comunarios sabían que estos proyectos habían salido a nombre de su comunidad”, declaró la dirigente campesina.
Los proyectos que se ejecutaron están en las comunidades de Villa Alba, Yacuma y Cercado, según Chávez. Explicó que las 20 obras se viabilizaron en la gestión del exejecutivo de la Csutcb, Roberto Coraite y que exdirigentes del Beni sacaron a nombre de los comunarios proyectos que no se concluyeron y otros ni se iniciaron.
“ESTAFA”
Identificó al exdirigente César Gisbert, que se encuentra detenido, como responsable de la “estafa”, además señaló a otros tres, de quienes no dio sus nombres. “El exdirigente de la Csutcb (Gisbert) sacó como diez proyectos ‘palos blancos’, solamente para la provincia Cercado, pero hay más en otras provincias, entonces es no más una ‘gran estafa’ lo que se nos ha hecho”, aseveró.
Indicó que cada proyecto tuvo un desembolso de más de medio millón de bolivianos y fue denunciado ante el Fondo Indígena, en 2014, pero antes de la intervención poco o nada se hizo.
DELITOS
Recordó el caso de uno de los dirigentes que aparentemente fue asesinado por denunciar un “proyecto fantasma”. “Vamos a salir transparentemente porque fuimos los que denunciamos para que esto se aclare, hubo un muerto en una comunidad por el tema del Fondo Indígena por un proyecto que no existe”, remarcó.
“Aquí se debe actuar transparentemente, personas que sean responsables y que han estafado tienen que rendir cuentas al Estado, no se puede pasar por alto porque abrir el Fondo Indígena ha costado lucha, así como costó, pedimos que se lleve adelante transparentemente”, protestó.
INTERVENCIÓN
Esta semana concluye la intervención de parte del gobierno al Fondo Indígena, luego de denuncias de corrupción en la entidad estatal y “proyectos fantasmas”.
La interventora del Fondioc, Lariza Fuentes, hará conocer este martes 25 los resultados de las investigaciones, según el cronograma de trabajo.
La intervención se basó en la verificación de al menos 1.000 proyectos repartidos en todo el país y que se aprobaron para afiliados a las organizaciones del Pacto de Unidad, como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia (Cnmciob) y de la Csutcb.
En el Beni, no sólo los campesinos se beneficiaron con proyectos productivos del Fondo Indígena, sino también el sector de las “Bartolinas”, colonizadores (interculturales) e indígenas.
La organización, afiliada a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), verificó este hecho y además denunció que exdirigentes de su organización se beneficiaron a costa de los comunarios para supuestamente quedarse con recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
La secretaria Ejecutiva de la Federación de Campesinos del Beni, Catia Chávez, brindó este informe a Erbol. La dirigente señaló que para los 20 proyectos se hizo una inversión de 15 millones de bolivianos y se desconoce su destino.
“De los 20 proyectos hay en su finalidad sólo tres, son los únicos que existen y de ahí en la provincia Cercado todos son ‘palos blancos’, son ‘fantasmas’, proyectos que no existen, sin embargo, están en papeles, están los desembolsos, pero en las comunidades no existe nada, ni siquiera los comunarios sabían que estos proyectos habían salido a nombre de su comunidad”, declaró la dirigente campesina.
Los proyectos que se ejecutaron están en las comunidades de Villa Alba, Yacuma y Cercado, según Chávez. Explicó que las 20 obras se viabilizaron en la gestión del exejecutivo de la Csutcb, Roberto Coraite y que exdirigentes del Beni sacaron a nombre de los comunarios proyectos que no se concluyeron y otros ni se iniciaron.
“ESTAFA”
Identificó al exdirigente César Gisbert, que se encuentra detenido, como responsable de la “estafa”, además señaló a otros tres, de quienes no dio sus nombres. “El exdirigente de la Csutcb (Gisbert) sacó como diez proyectos ‘palos blancos’, solamente para la provincia Cercado, pero hay más en otras provincias, entonces es no más una ‘gran estafa’ lo que se nos ha hecho”, aseveró.
Indicó que cada proyecto tuvo un desembolso de más de medio millón de bolivianos y fue denunciado ante el Fondo Indígena, en 2014, pero antes de la intervención poco o nada se hizo.
DELITOS
Recordó el caso de uno de los dirigentes que aparentemente fue asesinado por denunciar un “proyecto fantasma”. “Vamos a salir transparentemente porque fuimos los que denunciamos para que esto se aclare, hubo un muerto en una comunidad por el tema del Fondo Indígena por un proyecto que no existe”, remarcó.
“Aquí se debe actuar transparentemente, personas que sean responsables y que han estafado tienen que rendir cuentas al Estado, no se puede pasar por alto porque abrir el Fondo Indígena ha costado lucha, así como costó, pedimos que se lleve adelante transparentemente”, protestó.
INTERVENCIÓN
Esta semana concluye la intervención de parte del gobierno al Fondo Indígena, luego de denuncias de corrupción en la entidad estatal y “proyectos fantasmas”.
La interventora del Fondioc, Lariza Fuentes, hará conocer este martes 25 los resultados de las investigaciones, según el cronograma de trabajo.
La intervención se basó en la verificación de al menos 1.000 proyectos repartidos en todo el país y que se aprobaron para afiliados a las organizaciones del Pacto de Unidad, como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia (Cnmciob) y de la Csutcb.
En el Beni, no sólo los campesinos se beneficiaron con proyectos productivos del Fondo Indígena, sino también el sector de las “Bartolinas”, colonizadores (interculturales) e indígenas.
lunes, 24 de agosto de 2015
Caso Rósza Tribunal debe definir si reinstala la audiencia
Para hoy a partir de las 15:30 está convocada la reinstalación de la audiencia del caso Rósza, cuyo desarrollo depende de la presencia de Gary Prado Salmón, quien por su estado de salud se prevé que no asistirá.
"Es un hecho que no va a poder asistir a la audiencia porque su situación de salud imposibilita su presencia.
En ese sentido, nosotros haremos la representación ante el juez con toda la certificación médica que corresponde", informó anoche su abogado defensor Gary Prado.
Situación. En ese contexto, según la defensa de Prado, el Tribunal tiene dos opciones: lo aparta del caso Rózsa o sencillamente suspende la audiencia hasta que el acusado por dicho caso se restablezca plenamente de su salud. Dicha consideración, además, depende que exista quórum.
"Es un hecho que no va a poder asistir a la audiencia porque su situación de salud imposibilita su presencia.
En ese sentido, nosotros haremos la representación ante el juez con toda la certificación médica que corresponde", informó anoche su abogado defensor Gary Prado.
Situación. En ese contexto, según la defensa de Prado, el Tribunal tiene dos opciones: lo aparta del caso Rózsa o sencillamente suspende la audiencia hasta que el acusado por dicho caso se restablezca plenamente de su salud. Dicha consideración, además, depende que exista quórum.
domingo, 23 de agosto de 2015
EXPRESIDENTE DE AEROSUR Humberto Roca Leigue: “No he podido hacer nada para defenderme”
El Tribunal Quinto de Sentencia ratificó la sentencia contra el expresidente de AeroSur, Humberto Roca, que demanda cinco años de reclusión. Hizo saber desde EEUU que es incrédulo con la justicia boliviana.
¿Cómo recibe usted el fallo del Tribunal Quinto de Sentencia?
Se lo voy a decir bien clarito: en un país donde el fiscal general es corrupto. Donde los fiscales son corruptos, donde los jueces son corruptos, donde el presidente, ministros y vicepresidente son corruptos, ¿qué puede usted decir de un fallo judicial? Este es un fallo corrupto.
¿Por qué dice eso?
Si usted quiere investigar, no me crea a mí. Vaya usted y mire las pruebas. ¿Cómo es posible que un ciudadano haya afectado al Estado sin ser nada del Estado?, ¿cómo pude yo haber retirado una plata del Estado? La sentencia dice que hubo ganancias ilícitas con afectación al Estado ¿Y cómo les saqué esa plata? No fui ministro y no hice ningún contrato con el Estado.
¿Asegura usted que manejó bien su empresa aérea?
Yo fui un empresario que siempre trabajó para progresar y para crecer, no para robar. No me metí con el Estado. Más bien todo lo contrario. Yo estuve lo más alejado que pude del Estado, porque el Estado es corrupto.
¿Y qué conclusiones saca de esta decisión judicial en su contra?
Con esto han confirmado el grado de corrupción, porque han procesado a una persona sin ningún delito, sin ninguna prueba. Dicen que hay más de 70 pruebas. Pero vayan a mirarlas. Que no sea yo el que le diga.
(Cuando vino) el policía aquí (Fabricio Ormachea) lo anticipó todo. Yo no tenía chance de nada. Yo directamente iba a ser condenado, sí o sí o sí o sí. Por más que hubiera sido primo hermano de Jesucristo. No había chance. Está todo corrompido.
¿Y cómo podría defenderse?
Yo, la verdad, ¿qué le puedo decir? Nada. Ellos (los del Gobierno) han conseguido lo que querían.
¿Y qué querían?
Destruyeron una empresa que era orgullo de mucha gente para poner su empresa BoA (Boliviana de Aviación). BoA no habría crecido si hubiera existido AeroSur. La mataron 18 meses después que yo no he estado. No fue que se murió porque yo me salí.
18 meses aguantó la empresa. Pero le hicieron creer a los empleados que soy yo el culpable. Así lo hicieron con todas las personas. Ellos saben cómo construir la imagen de una persona delincuente. Ellos hicieron su trabajo.
El fiscal general recordó el lunes que había confiscaciones de sus bienes, ¿qué pasará con ellos?
Yo no sé cómo irán a hacer eso de las confiscaciones. Puede ser una confiscación o puede ser un robo. Pero hay que verificar. Yo no sé ni cómo hacen las cosas.
¿Qué dice su abogado?
Mire usted, nombraron a un abogado para que me represente. Uno que ni conozco, no sé quién es.
Pero el Tribunal dice que es usted rebelde ante la justicia. ¿Qué hará?
Yo no estoy escondido, no me he fugado. Saben mi teléfono, saben dónde estoy. No sé qué más van a hacer. No tengo ni idea porque hasta ahora hicieron todo de forma ilegal. Han hecho todo lo que no se podía hacer. No tengo ni idea de lo que existe en Bolivia en materia legal. Ni siquiera puedo ir al consulado aquí (en la ciudad donde vive). Vuelvo a repetirle y soy enfático en esto: ninguno de los procesos es legal. Todos son ilegales.
Pero, ¿acaso no hay pruebas en su contra?
¿Sabe cuáles son las pruebas? Son las carátulas de propiedad. ¿O sea que es mejor no inscribir los inmuebles? No entiendo nada yo. Sin embargo, no hacen otras investigaciones que deberían hacer. Pero eso es otra cosa. La verdad es que no tengo cómo defenderme. No tengo cómo decir nada. No sé cómo irán a seguir los procedimientos. Pero sé que todo es ilegal, abusivo, está hecho entre personas corruptas. Sin embargo, yo estoy tranquilo.
¿Por qué?
Porque yo solo los critiqué y les insistí que eran corruptos y narcotraficantes. El narcotráfico ha vencido a la moralidad y la ética en Bolivia. Yo sé que eso no lo pueden poner en el periódico porque sino, les pegan o los cierran. Pero ese es mi parecer.
¿Le llegó alguna citación que tenga que ver con sus procesos?
Nada, cero. Yo no estoy en un origen desconocido. No estoy en ‘Chiquitolandia’. Hasta un reportero de ustedes ha venido a mi casa. Y no soy ningún pícaro. Lo que pasa es que no hay cómo defenderse en Bolivia. No existe, no hay fórmula. Todo está chueco.
¿Dónde están los bienes incautados?
No tengo ni idea. Para no hacer de mi vida un desastre, no tengo ni idea de lo que pasa en Bolivia porque no quiero llenarme de rabia o ira. Es malo envenenar su espíritu. Si veo qué manejaron, cómo quedaron, cómo están, me voy a volver un amargado y eso yo no quiero, prefiero mantenerme tal como soy.
Pero eran bienes suyos
Aprecié todas las cosas que tenía. No por el valor, sino porque yo lo había trabajado. Pero si uno se pone a mirar esas cosas, acaba bravo, porque es un trabajo que me costó a mí, de mucho tiempo, no fue de dos años
¿Con qué pensamientos se queda luego de todo lo que le está pasando?
No he podido hacer nada para defenderme ni defender a la gente que yo aprecio y que también ha sido afectada. Por lo menos, mis principios no fueron ni comprados ni negociados ni destruidos.
¿Cómo recibe usted el fallo del Tribunal Quinto de Sentencia?
Se lo voy a decir bien clarito: en un país donde el fiscal general es corrupto. Donde los fiscales son corruptos, donde los jueces son corruptos, donde el presidente, ministros y vicepresidente son corruptos, ¿qué puede usted decir de un fallo judicial? Este es un fallo corrupto.
¿Por qué dice eso?
Si usted quiere investigar, no me crea a mí. Vaya usted y mire las pruebas. ¿Cómo es posible que un ciudadano haya afectado al Estado sin ser nada del Estado?, ¿cómo pude yo haber retirado una plata del Estado? La sentencia dice que hubo ganancias ilícitas con afectación al Estado ¿Y cómo les saqué esa plata? No fui ministro y no hice ningún contrato con el Estado.
¿Asegura usted que manejó bien su empresa aérea?
Yo fui un empresario que siempre trabajó para progresar y para crecer, no para robar. No me metí con el Estado. Más bien todo lo contrario. Yo estuve lo más alejado que pude del Estado, porque el Estado es corrupto.
¿Y qué conclusiones saca de esta decisión judicial en su contra?
Con esto han confirmado el grado de corrupción, porque han procesado a una persona sin ningún delito, sin ninguna prueba. Dicen que hay más de 70 pruebas. Pero vayan a mirarlas. Que no sea yo el que le diga.
(Cuando vino) el policía aquí (Fabricio Ormachea) lo anticipó todo. Yo no tenía chance de nada. Yo directamente iba a ser condenado, sí o sí o sí o sí. Por más que hubiera sido primo hermano de Jesucristo. No había chance. Está todo corrompido.
¿Y cómo podría defenderse?
Yo, la verdad, ¿qué le puedo decir? Nada. Ellos (los del Gobierno) han conseguido lo que querían.
¿Y qué querían?
Destruyeron una empresa que era orgullo de mucha gente para poner su empresa BoA (Boliviana de Aviación). BoA no habría crecido si hubiera existido AeroSur. La mataron 18 meses después que yo no he estado. No fue que se murió porque yo me salí.
18 meses aguantó la empresa. Pero le hicieron creer a los empleados que soy yo el culpable. Así lo hicieron con todas las personas. Ellos saben cómo construir la imagen de una persona delincuente. Ellos hicieron su trabajo.
El fiscal general recordó el lunes que había confiscaciones de sus bienes, ¿qué pasará con ellos?
Yo no sé cómo irán a hacer eso de las confiscaciones. Puede ser una confiscación o puede ser un robo. Pero hay que verificar. Yo no sé ni cómo hacen las cosas.
¿Qué dice su abogado?
Mire usted, nombraron a un abogado para que me represente. Uno que ni conozco, no sé quién es.
Pero el Tribunal dice que es usted rebelde ante la justicia. ¿Qué hará?
Yo no estoy escondido, no me he fugado. Saben mi teléfono, saben dónde estoy. No sé qué más van a hacer. No tengo ni idea porque hasta ahora hicieron todo de forma ilegal. Han hecho todo lo que no se podía hacer. No tengo ni idea de lo que existe en Bolivia en materia legal. Ni siquiera puedo ir al consulado aquí (en la ciudad donde vive). Vuelvo a repetirle y soy enfático en esto: ninguno de los procesos es legal. Todos son ilegales.
Pero, ¿acaso no hay pruebas en su contra?
¿Sabe cuáles son las pruebas? Son las carátulas de propiedad. ¿O sea que es mejor no inscribir los inmuebles? No entiendo nada yo. Sin embargo, no hacen otras investigaciones que deberían hacer. Pero eso es otra cosa. La verdad es que no tengo cómo defenderme. No tengo cómo decir nada. No sé cómo irán a seguir los procedimientos. Pero sé que todo es ilegal, abusivo, está hecho entre personas corruptas. Sin embargo, yo estoy tranquilo.
¿Por qué?
Porque yo solo los critiqué y les insistí que eran corruptos y narcotraficantes. El narcotráfico ha vencido a la moralidad y la ética en Bolivia. Yo sé que eso no lo pueden poner en el periódico porque sino, les pegan o los cierran. Pero ese es mi parecer.
¿Le llegó alguna citación que tenga que ver con sus procesos?
Nada, cero. Yo no estoy en un origen desconocido. No estoy en ‘Chiquitolandia’. Hasta un reportero de ustedes ha venido a mi casa. Y no soy ningún pícaro. Lo que pasa es que no hay cómo defenderse en Bolivia. No existe, no hay fórmula. Todo está chueco.
¿Dónde están los bienes incautados?
No tengo ni idea. Para no hacer de mi vida un desastre, no tengo ni idea de lo que pasa en Bolivia porque no quiero llenarme de rabia o ira. Es malo envenenar su espíritu. Si veo qué manejaron, cómo quedaron, cómo están, me voy a volver un amargado y eso yo no quiero, prefiero mantenerme tal como soy.
Pero eran bienes suyos
Aprecié todas las cosas que tenía. No por el valor, sino porque yo lo había trabajado. Pero si uno se pone a mirar esas cosas, acaba bravo, porque es un trabajo que me costó a mí, de mucho tiempo, no fue de dos años
¿Con qué pensamientos se queda luego de todo lo que le está pasando?
No he podido hacer nada para defenderme ni defender a la gente que yo aprecio y que también ha sido afectada. Por lo menos, mis principios no fueron ni comprados ni negociados ni destruidos.
sábado, 22 de agosto de 2015
Ratifican sentencia contra extitular de línea aérea AeroSur
IMPRESO
sentencia
Aerosur
Humberto Roca
ratifican
extitular
Miguel Ángel Melendres
mamelendres@yahoo.com
22/08/2015
02:30
El Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz concluyó la lectura de la sentencia contra el ex- presidente de la línea aérea AeroSur, Humberto Roca, en la que ratificó la condena de cinco años de prisión más 300 días de multa a razón de Bs 50 diarios.
Las consideraciones de la sentencia se dieron a conocer el jueves, un día antes de lo programado en la tabla informativa del Tribunal. Hasta ayer, ninguna de las partes había sido notificada con el fallo del Tribunal.
“El señor Roca ha sido procesado en rebeldía.
La lectura de la consideración tiene más de seis hojas y fue leída en 30 minutos. La Fiscalía hizo reserva de apelación porque quiere que se aplique la pena máxima de ocho años. Nosotros, como defensa, vamos a pedir que se anule la sentencia y que se lo absuelva de pena y culpa porque se han vulnerado algunos derechos”, explicó ayer el abogado de oficio de Roca, Santos Martínez.
Dijo que a su defendido se le aplicó con retroactividad la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que no estaba vigente cuando se cometieron los supuestos hechos en 2006.
Fallo ‘corrupto’
Tras hacerle conocer la parte resolutiva de su sentencia, Humberto Roca manifestó a EL DEBER, vía telefónica, que “es un fallo corrupto” contra su persona.
“¿Cómo es posible que un ciudadano haya afectado al Estado sin ser nada del Estado? No fui ministro ni hice ningún contrato con el Estado”, se defendió desde su morada en el extranjero.
El abogado Martínez refrendó que a su defendido se le aplicó un proceso coactivo fiscal a través del cual se le está cobrando los impuestos que presuntamente no habría pagado al erario nacional.
“Por ello, no corresponde hacer dos procesos al mismo tiempo por un hecho y en distintas jurisdicciones. En la coactiva fiscal y en la jurisdicción penal en este caso”, dijo.
A media semana, el fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que durante el juicio que se realizó desde el año 2010, a base de una información preliminar del Ministerio de Transparencia, se logró la confiscación de todos los bienes que antes estaban con anotación preventiva.
“Hablamos de las Torres Urbarí con 525 departamentos, además de 55 vehículos de colección”, dijo.
La máxima autoridad del Ministerio Público manifestó también que el Tribunal no tomó en cuenta que Roca se fugó del país, por lo que en la apelación se pedirá la pena máxima tal como establece la normativa legal para este tipo de delito
En un proyecto del Fondo indígena Denuncian supuesto soborno a interventora
En la colonia San Lorenzo del municipio de Caranavi de La Paz, los comunarios aseguraron que los interventores del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) fueron supuestamente “sobornados” por parte de los responsables de un proyecto productivo para que no hagan conocer el aparente “mal manejo de recursos”, informó Erbol. En la zona colonizadora (intercultural) se aprobó en 2011 la ejecución del proyecto de cerdos de engorde, con la construcción de chancherías para 28 beneficiarios.
El periódico digital Erbol señala además que buscó la contraparte de la interventora de la entidad estatal, Lariza Fuentes, quien según este medio, se negó a responder y amenazó con denunciarlos si publicaban la noticia.
Los antecedentes. Según Erbol, tras un convenio suscrito entre el Fondo Indígena y los pobladores de esa región, que son parte de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), se desembolsó en 2012 cerca de Bs 800.000 para su desarrollo. Sin embargo, en esa población surgieron en junio pasado denuncias en relación a que las chancherías se encontraban a media ejecución y que no todos los beneficiarios recibieron los cerdos. Además en la misma oportunidad señalaron que los interventores del Fondioc, responsables de verificar la existencia del proyecto y la inversión del dinero desembolsado, fueron sobornados. La intervención del Fondioc concluye el próximo martes cuando se tiene previsto dar a conocer los resultados.
El periódico digital Erbol señala además que buscó la contraparte de la interventora de la entidad estatal, Lariza Fuentes, quien según este medio, se negó a responder y amenazó con denunciarlos si publicaban la noticia.
Los antecedentes. Según Erbol, tras un convenio suscrito entre el Fondo Indígena y los pobladores de esa región, que son parte de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), se desembolsó en 2012 cerca de Bs 800.000 para su desarrollo. Sin embargo, en esa población surgieron en junio pasado denuncias en relación a que las chancherías se encontraban a media ejecución y que no todos los beneficiarios recibieron los cerdos. Además en la misma oportunidad señalaron que los interventores del Fondioc, responsables de verificar la existencia del proyecto y la inversión del dinero desembolsado, fueron sobornados. La intervención del Fondioc concluye el próximo martes cuando se tiene previsto dar a conocer los resultados.
Cómplice del exfiscal Soza admite extorsión a Zvonko
Ana Claudia Arruda Flores solicitó a la justicia ir a juicio abreviado y admitió ser cómplice del exfiscal Marcelo Soza en la extorsión a Zvonko Matkovic Fleig.
Las declaraciones de Arruda están incluidas en el memorial del Ministerio Público enviado al Juzgado Décimo de Instrucción de Santa Cruz donde se solicita el proceso abreviado.
En el documento, Arruda admite que junto con el abogado Leonardo Pereyra, se reunió con Matkovic a solicitud del exfiscal Marcelo Soza, para pedirle en primera instancia $us 50 mil, para beneficiar a su hijo acusado del caso Rózsa.
Arruda admitió que colaboró con Soza al dar su casa como punto de encuentro de la exautoridad con Matkovic y el empresario Cristóbal (Pili) Roda. En el memorial se señala que Roda estaba en el listado inicial de los acusados del caso Rózsa para extorsionarlo.
Las reuniones se hicieron en el domicilio de Arruda, ubicado en la avenida Alemania, entre cuarto y quinto anillo, donde también dio hospedaje a Soza y a su edecán el Tte. José Juan Laguna.
En el documento de la Fiscalía se menciona que José Guillermo Aue, sobrino de Arruda, admitió ser intermediario para que se realice esa reunión en casa de su tía.
Ante esos hechos, la acusada se someterá a juicio abreviado por el delito de complicidad de extorsión y cohecho del exfiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza.
Se suspendió la audiencia. Ayer ante la ausencia de los representantes del Ministerio Público, se suspendió la audiencia del juicio abreviado en contra de Arruda.
Por tal motivo, la juez Eneas Gentile, en suplencia legal del Juzgado Décimo de Instrucción, determinó nueva fecha para el jueves 3 de septiembre a las 10:00.
El Ministerio Público está solicitando una sentencia mínima de dos años para la acusada, teniendo en cuenta que ese es el tiempo que guarda reclusión en el penal de Palmasola.
Senadora pide incluir a otros. Carmen Eva Gonzales, senadora de UD, lamentó que se sentencie a la persona que dijo la verdad y no para los colaboradores de Soza. "Entre ellos figuran Guillemo Aue, (ligado a un club de fútbol) que nunca fue imputado por los delitos de extorsión", afirmó la legisladora. Mencionó que este proceso demuestra la veracidad de los hechos irregulares cometidos por Soza y denunciados por su persona.
Fiscalía
* Memorial. En la declaración de José Juan Laguna, indicó que en la ciudad de Santa Cruz estuvo hospedado junto con Marcelo Soza por dos noches en el domicilio de Ana Claudia Arruda.
* Es cierto y evidente que (Laguna) tomó contacto con Margoth Melgar Hurtado (hermana de Alberto Melgar) a quien para ayudar a su hermano le pidió la suma de $us 20 mil, dinero que era imposible de conseguir para la Sra. Margoth, manifestándole el imputado luego de una llamada telefónica al fiscal Soza, que se le ayudaría, pero debería conseguir $us 6 mil, de los cuales $us 5 mil eran para el fiscal y $us 1.000 para su persona como intermediario.
* La imputada Ana Claudia Arruda, (...) colaboró con el acusado Marcelo Soza, facilitando domicilio como medio para el encuentro y la realización de entrevistas con el exfiscal Soza con Zvonko Matkovic Fleig y Cristóbal Roda Vaca, propiciando el encuentro de estos a efecto de que el exfiscal pueda negociar y exigir beneficios o dádivas, para ayudar a involucrados del caso denominado terrorismo, hechos de los cuales la misma tenía pleno conocimiento, toda vez que se evidenció que fue quien pactó el cobro de $us 50 mil cobrados a Zvonko Matkovic.
Fuente: Extractos del Memorial de fecha 24 de julio de 2015
Las declaraciones de Arruda están incluidas en el memorial del Ministerio Público enviado al Juzgado Décimo de Instrucción de Santa Cruz donde se solicita el proceso abreviado.
En el documento, Arruda admite que junto con el abogado Leonardo Pereyra, se reunió con Matkovic a solicitud del exfiscal Marcelo Soza, para pedirle en primera instancia $us 50 mil, para beneficiar a su hijo acusado del caso Rózsa.
Arruda admitió que colaboró con Soza al dar su casa como punto de encuentro de la exautoridad con Matkovic y el empresario Cristóbal (Pili) Roda. En el memorial se señala que Roda estaba en el listado inicial de los acusados del caso Rózsa para extorsionarlo.
Las reuniones se hicieron en el domicilio de Arruda, ubicado en la avenida Alemania, entre cuarto y quinto anillo, donde también dio hospedaje a Soza y a su edecán el Tte. José Juan Laguna.
En el documento de la Fiscalía se menciona que José Guillermo Aue, sobrino de Arruda, admitió ser intermediario para que se realice esa reunión en casa de su tía.
Ante esos hechos, la acusada se someterá a juicio abreviado por el delito de complicidad de extorsión y cohecho del exfiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza.
Se suspendió la audiencia. Ayer ante la ausencia de los representantes del Ministerio Público, se suspendió la audiencia del juicio abreviado en contra de Arruda.
Por tal motivo, la juez Eneas Gentile, en suplencia legal del Juzgado Décimo de Instrucción, determinó nueva fecha para el jueves 3 de septiembre a las 10:00.
El Ministerio Público está solicitando una sentencia mínima de dos años para la acusada, teniendo en cuenta que ese es el tiempo que guarda reclusión en el penal de Palmasola.
Senadora pide incluir a otros. Carmen Eva Gonzales, senadora de UD, lamentó que se sentencie a la persona que dijo la verdad y no para los colaboradores de Soza. "Entre ellos figuran Guillemo Aue, (ligado a un club de fútbol) que nunca fue imputado por los delitos de extorsión", afirmó la legisladora. Mencionó que este proceso demuestra la veracidad de los hechos irregulares cometidos por Soza y denunciados por su persona.
Fiscalía
* Memorial. En la declaración de José Juan Laguna, indicó que en la ciudad de Santa Cruz estuvo hospedado junto con Marcelo Soza por dos noches en el domicilio de Ana Claudia Arruda.
* Es cierto y evidente que (Laguna) tomó contacto con Margoth Melgar Hurtado (hermana de Alberto Melgar) a quien para ayudar a su hermano le pidió la suma de $us 20 mil, dinero que era imposible de conseguir para la Sra. Margoth, manifestándole el imputado luego de una llamada telefónica al fiscal Soza, que se le ayudaría, pero debería conseguir $us 6 mil, de los cuales $us 5 mil eran para el fiscal y $us 1.000 para su persona como intermediario.
* La imputada Ana Claudia Arruda, (...) colaboró con el acusado Marcelo Soza, facilitando domicilio como medio para el encuentro y la realización de entrevistas con el exfiscal Soza con Zvonko Matkovic Fleig y Cristóbal Roda Vaca, propiciando el encuentro de estos a efecto de que el exfiscal pueda negociar y exigir beneficios o dádivas, para ayudar a involucrados del caso denominado terrorismo, hechos de los cuales la misma tenía pleno conocimiento, toda vez que se evidenció que fue quien pactó el cobro de $us 50 mil cobrados a Zvonko Matkovic.
Fuente: Extractos del Memorial de fecha 24 de julio de 2015
jueves, 20 de agosto de 2015
Para evitar corrupción cambian personal en áreas “sensibles”
La Alcaldía de Cochabamba decidió cambiar personal en áreas “sensibles” o pasibles a hechos de corrupción para transparentar la gestión municipal.
El secretario general de la Alcaldía, Ricardo Pol, informó que cambian gente en áreas como en el Servicio Municipal de Estacionamiento (SEM), Recaudaciones, Matadero, mingitorios y Sitios Municipales.
Manifestó que también aplican mecanismos como la Ley 1178, de Administración y Control Gubernamentales, filtros en la adquisición de bienes y servicios y buscan rodearse de la mejor gente posible.
“Estamos sacando a corruptos que están incluso bajo sospecha y vamos generando mecanismos jurídicos, administrativos, técnicos para que no incurran en hechos de corrupción”, agregó.
SIN ANÓNIMOS Pol dijo que no existen objeciones para denunciar, que lo único que se requiere es que no sean anónimas.
Aseguró que el nombre de los denunciantes se mantiene en reserva, pero que necesitan tener un respaldo para poder seguir los procesos.
Dijo que una carta es suficiente, pero si se puede acompañar documentación respaldatoria es mejor.
Las notas se pueden presentar a los subalcaldes o incluso al mismo alcalde José María Leyes. En todos los casos llegarán a Transparencia municipal para su revisión y tratamiento.
El secretario general de la Alcaldía, Ricardo Pol, informó que cambian gente en áreas como en el Servicio Municipal de Estacionamiento (SEM), Recaudaciones, Matadero, mingitorios y Sitios Municipales.
Manifestó que también aplican mecanismos como la Ley 1178, de Administración y Control Gubernamentales, filtros en la adquisición de bienes y servicios y buscan rodearse de la mejor gente posible.
“Estamos sacando a corruptos que están incluso bajo sospecha y vamos generando mecanismos jurídicos, administrativos, técnicos para que no incurran en hechos de corrupción”, agregó.
SIN ANÓNIMOS Pol dijo que no existen objeciones para denunciar, que lo único que se requiere es que no sean anónimas.
Aseguró que el nombre de los denunciantes se mantiene en reserva, pero que necesitan tener un respaldo para poder seguir los procesos.
Dijo que una carta es suficiente, pero si se puede acompañar documentación respaldatoria es mejor.
Las notas se pueden presentar a los subalcaldes o incluso al mismo alcalde José María Leyes. En todos los casos llegarán a Transparencia municipal para su revisión y tratamiento.
Gobierno pretende recuperar las barcazas y remolcadores
LOS DOS REMOLCADORES QUE DEBEN SER CONCLUIDOS.
Si bien existe la decisión de no erogar un solo centavo para recuperar las barcazas y remolcadores, la voluntad política de lograrlo es firme. Se recurrirá a los medios necesarios para que ese valioso material fluvial llegue a Bolivia y cumpla el rol que se le asignó, que es el de viabilizar las exportaciones nacionales por el Atlántico, mediante el uso de la Hidrovía Paraná-Paraguay, dijo el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.
La autoridad refirió que el último comunicado del embajador en China y de los delegados oficiales que viajaron a ese país, Bolivia tiene hasta el 10 de septiembre la posibilidad de hacer factible la conciliación. “Hay un acuerdo para que el monto a desembolsarse se reduzca a 4.2 millones de dólares. Eso es lo último, no hay posibilidad de reducir más la cifra”, dijo.
En reunión entre el Procurador General del Estado, el equipo jurídico que viajó a China y el Gobierno se estableció que la respuesta que debía darse hasta el 21 de agosto se aplazó al mes de septiembre cuando deberá realizarse el primer pago, que es la mitad de aquella suma y, al cabo de los 80 días posteriores, cancelarel resto para recuperar las 16 barcazas.
“Como hemos comentado, no va a salir un solo centavo del TGN, se ratificó en el Gabinete ni un solo centavo más de lo que se pagó, lo que se nos ha instruido es buscar socios que puedan aportar ese y otros monto más que se necesitan. A la vez, que quede en claro que ha invertido el Estado, como parte de aporte de capital fiscal, para evitar que sea mayor el daño económico”, afirmó. Volvió a insistir que sería necesario realizar un esfuerzo más en este tema, a pesar de las críticas que se produjeron en algunos sectores políticos.
“Nosotros, al margen de lo que diga la oposiciòn, vamos a actuar pensando en recuperar esas barcazas y remolcadores, y volver al proyecto original”, afirmó el ministro, a tiempo de reiterar que los responsables del presunto fraude al Estado y responder ante la justicia.
El ministro indicó que aún existe la posibilidad de pagar ese dinero que exige el Tribunal Marítimo de China, en el caso de conformarse la sociedad del Estado con la Corporación de las Fuerzas Armadas Para el Desarrollo Nacional (Cofadena), porque esta tiene la posibilidad de hacerlo y, de ese modo, salvar las barcazas.
Expuso, asimismo, que aparte de la asociación entre la empresa naviera del Estado y Cofadena, en otra reunión con el procurador se definirá la sociedad estratégica que se “vaya a asumir, porque no se puede perder alegremente 30 millones de dólares”. Entre otros posibles socios se encuentra una empresa China y otra venezolana.
REMOLCADORES
En relación a la situación de los dos remolcadores, el ministro Ferreira aseveró que estas embarcaciones están reconocidas como de propiedad del Estado boliviano y que una empresa dueña del astillero, donde se encuentran atracados tiene que desistir de su remate, como se comprometió con una anterior gerencia de Enabol (Empresa Naviera de Bolivia). Empero, pide un millón y cuatro millones de dólares, en total cinco millones, para terminar la construcción de ambos remolcadores. “Para eso hay plazo, podemos discutir, la empresa es muy flexible, expresó.
En 2009, Enabol pagó alrededor de 30 millones de dólares a la empresa GMB, de Corea, para que construya 16 barcazas, dos remolcadores y el transporte de estos equipos desde la República Popular de China hasta el puerto argentino Rosario, mismos que debían ser entregados a fines de 2010.
miércoles, 19 de agosto de 2015
Detención preventiva para representante de obra de Fondo Indígena
El juzgado tercero de instrucción cautelar de Trinidad dictó detención preventiva para Herland Gómez, representante legal del proyecto "mejoramiento de ganado lechero para la producción de leche y sus derivados", en la comunidad de Casarabe, en Beni.
El monto del proyecto alcanzaba a Bs 623.928 y según la verificación in situ que llevó a cabo la intervención del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y Campesinas, el proyecto sería fantasma.
En esa entidad, la Contraloría detectó un daño económico al Estado de Bs 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados, pero que recibieron recursos públicos como parte de pagos anticipados.
El monto del proyecto alcanzaba a Bs 623.928 y según la verificación in situ que llevó a cabo la intervención del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y Campesinas, el proyecto sería fantasma.
En esa entidad, la Contraloría detectó un daño económico al Estado de Bs 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados, pero que recibieron recursos públicos como parte de pagos anticipados.
Cochabamba Existen 25 funcionarios envueltos en nepotismo
Hay entre 25 y 30 personas involucradas en casos de nepotismo en Obras Públicas, dijo el director de Recursos Humanos de la Alcaldía, Hernán Méndez.
Aunque todavía realizan evaluaciones detalladas, Méndez manifestó que identificaron personal contratado que tiene parentesco entre sí y que son cerca a una treintena de personas.
Explicó que verifican la documentación para poder aplicar la normativa vigente.
“Hemos encontrado de que en anteriores gestiones habían contratado hermanos, primos, primos hermanos”, aseveró y agregó que se estima que hay entre cuatro y cinco familias trabajando en Obras Públicas.
Recordó que antes de concluir la anterior gestión municipal, la Alcaldía registró el contrato de 750 trabajadores eventuales.
Al tratarse de la unidad operativa de la Municipalidad toman el cuidado necesario.
Hasta ayer habían registrado una decena de despedidos solo en esta unidad.
Méndez resaltó que en algunos casos se trata de invitación a jubilaciones.
Aunque todavía realizan evaluaciones detalladas, Méndez manifestó que identificaron personal contratado que tiene parentesco entre sí y que son cerca a una treintena de personas.
Explicó que verifican la documentación para poder aplicar la normativa vigente.
“Hemos encontrado de que en anteriores gestiones habían contratado hermanos, primos, primos hermanos”, aseveró y agregó que se estima que hay entre cuatro y cinco familias trabajando en Obras Públicas.
Recordó que antes de concluir la anterior gestión municipal, la Alcaldía registró el contrato de 750 trabajadores eventuales.
Al tratarse de la unidad operativa de la Municipalidad toman el cuidado necesario.
Hasta ayer habían registrado una decena de despedidos solo en esta unidad.
Méndez resaltó que en algunos casos se trata de invitación a jubilaciones.
martes, 18 de agosto de 2015
Diputada opositora señaló a fiscales Cuestionan lentitud del proceso del Fondo Indígena
Uno de los casos de corrupción y manejo discrecional de recursos más polémicos es la temática del Fondo Indígena (Fondioc). Proceso que se encuentra en pleno proceso de investigación, que es cuestionado por la oposición, por la lentitud de los avances. Esto tomando en cuenta de que de los ocho detenidos preventivos, dos son directores del Fondioc y los otros 6 son beneficiarios específicos.
Norma Piérola, jefe de bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), lamentó que "los fiscales y jueces hayan arrestado y aprehendido a chivos expiatorio y protegiendo a los verdaderos responsables".
Piérola afirmó que el encubrimiento del Movimiento Al Socialismo (MAS) es claro a las dirigentes de las mujeres campesinas Bartolina Sisa, Interculturales y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Fsutcb).La legisladora opositora cuestionó que la Fiscalía no investiga a Melva Hurtado, titular de la Cidob al MAS, a pesar de que no ha respondido de Bs 22 millones.
Sin embargo, persiguen al otro dirigente opositor, Adolfo Chávez, por un monto inferior al millón de Bolivianos
"Mientras que también el Ministerio Público los mantiene con un acto de impunidad a la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemecia Achacollo, y al ministro de Economía, Luis Arce", puntualizó.
Piérola también sindicó como responsables a la exdirigente de las Bartolina en La Paz y excandidata masista a la Gobernación, Felipa Huanca, y la titular de las campesinas a nivel nacional, Juanita Ancieta.
El MAS no interfiere. Por su parte, el jefe de bancada masista en la Brigada Parlamentaria cruceña, Edgar Montaño, negó lentitud del proceso del caso Fondioc. Afirmó que el MAS no interfiere en el trabajo del Ministerio Público. Además aclaró que fue el presidente Evo Morales, el que instruyó al contralor general, Gabriel Herbas, investigar los malos manejos. Remarcó que fue la ministra Achacollo la que denunció los desvíos de fondos. Por ello, pidió a la oposición no criticar sin fundamentos, cuando en gobiernos anteriores nunca se investigó los malos manejos".
Chávez declaró en la Fiscalía. Por otro lado, Adolfo Chávez, titular de la Cidob opositora, se presentó en la Fiscalía para prestar su declaración. Dijo que hay instrucciones del Gobierno de detenerlo y es por eso que no han presentado los descargos los técnicos Shirley Villegas y Pedro Ágreda.
Caso Fondioc
Hay 8 detenidos, pero solo 2 son directores
Caso Fondioc. Desde febrero a la fecha, hay ocho detenidos por el escándalo de los malos manejos del Fondo Indígena (Fondioc), pero solamente dos son directores ejecutivos:
- Marco Antonio Aramayo y Elvira Parra (exdirectores Ejecutivos del Fondioc), que se encuentran detenido desde marzo de este año en La Paz.
- César Quisbert (Exdirigente de la Csutcb), está detenido en el penal de Mocoví en Beni.
- Carlos Aníbal Cuéllar y Vicenta Moisan, tienen arraigo y deben firmar cada 15 días.
- Timoteo Choque, Benjamina Callisaya y Javier Cepeda fueron enviados a la cárcel de San Pedro de Oruro con detención preventiva.
Norma Piérola, jefe de bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), lamentó que "los fiscales y jueces hayan arrestado y aprehendido a chivos expiatorio y protegiendo a los verdaderos responsables".
Piérola afirmó que el encubrimiento del Movimiento Al Socialismo (MAS) es claro a las dirigentes de las mujeres campesinas Bartolina Sisa, Interculturales y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Fsutcb).La legisladora opositora cuestionó que la Fiscalía no investiga a Melva Hurtado, titular de la Cidob al MAS, a pesar de que no ha respondido de Bs 22 millones.
Sin embargo, persiguen al otro dirigente opositor, Adolfo Chávez, por un monto inferior al millón de Bolivianos
"Mientras que también el Ministerio Público los mantiene con un acto de impunidad a la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemecia Achacollo, y al ministro de Economía, Luis Arce", puntualizó.
Piérola también sindicó como responsables a la exdirigente de las Bartolina en La Paz y excandidata masista a la Gobernación, Felipa Huanca, y la titular de las campesinas a nivel nacional, Juanita Ancieta.
El MAS no interfiere. Por su parte, el jefe de bancada masista en la Brigada Parlamentaria cruceña, Edgar Montaño, negó lentitud del proceso del caso Fondioc. Afirmó que el MAS no interfiere en el trabajo del Ministerio Público. Además aclaró que fue el presidente Evo Morales, el que instruyó al contralor general, Gabriel Herbas, investigar los malos manejos. Remarcó que fue la ministra Achacollo la que denunció los desvíos de fondos. Por ello, pidió a la oposición no criticar sin fundamentos, cuando en gobiernos anteriores nunca se investigó los malos manejos".
Chávez declaró en la Fiscalía. Por otro lado, Adolfo Chávez, titular de la Cidob opositora, se presentó en la Fiscalía para prestar su declaración. Dijo que hay instrucciones del Gobierno de detenerlo y es por eso que no han presentado los descargos los técnicos Shirley Villegas y Pedro Ágreda.
Caso Fondioc
Hay 8 detenidos, pero solo 2 son directores
Caso Fondioc. Desde febrero a la fecha, hay ocho detenidos por el escándalo de los malos manejos del Fondo Indígena (Fondioc), pero solamente dos son directores ejecutivos:
- Marco Antonio Aramayo y Elvira Parra (exdirectores Ejecutivos del Fondioc), que se encuentran detenido desde marzo de este año en La Paz.
- César Quisbert (Exdirigente de la Csutcb), está detenido en el penal de Mocoví en Beni.
- Carlos Aníbal Cuéllar y Vicenta Moisan, tienen arraigo y deben firmar cada 15 días.
- Timoteo Choque, Benjamina Callisaya y Javier Cepeda fueron enviados a la cárcel de San Pedro de Oruro con detención preventiva.
Cochabamba Solo una funcionaria municipal de Urbanismo tiene 24 denuncias
Solo una funcionaria municipal del área de Urbanismo de la comuna Molle tiene 24 denuncias en su contra por varias irregularidades.
El director de Asesoría Jurídica de la Alcaldía de Cochabamba, Sergio Coca, informó que la funcionaria está acusada de incumplimiento de normas, retardo de trámites “de manera intencional” y actos de corrupción, pero que todo debe ser evaluado aún. Acotó que con las revisiones hechas, el Alcalde determinará la permanencia o retiro de la involucrada.
Manifestó que como instancia legal documentan el caso y que comenzarán una fiscalización.
“Vamos a pedir la documentación para volver a valorar por qué una sola servidora tiene 24 denuncias”, dijo.
Añadió que “eso nos alarma y estamos hablando desde la gestión 2010”, mencionó al recordar que las denuncias se extienden hasta este 2015, poco antes del cambio de gestión municipal.
La Dirección Jurídica de la Alcaldía informó que cada semana registra al menos dos denuncias en contra de ex y actuales funcionarios municipales.
VALLE HERMOSO Por otro lado, en la comuna Valle Hermoso corre un plazo acordado entre vecinos y autoridades municipales para presentar denuncias en contra de los funcionarios.
La anterior semana tapiaron las oficinas exigiendo incluso la destitución del Subalcalde porque no eran atendidos.
Coca informó que hasta ayer solo recibió una denuncia, que se hizo de manera formal y documentada y que compromete a tres funcionarios en temas de retraso en trámites, favoritismo en algunos trámites e incumplimiento de deberes.
“Es contra tres funcionarios y se está valorando la documentación presentada”, precisó.
Sobre el pedido de destitución del Subalcalde, el director jurídico señaló que se hace revisiones y que aguardan fundamentaciones y documentación para analizar y en base a eso asumir una determinación.
EL PLAN Las denuncias que se registran se dan en distintas subalcaldías de manera constante, por lo que desde la Municipalidad decidieron fiscalizar comuna por comuna.
Coca informó que en las subalcaldías verificarán el trabajo técnico, económico y legal.
Añadió que les preocupa que las comunas tengan retardo en la ejecución presupuestaria, pese a que cuentan con un Plan Operativo Anual (POA), proyectos y todo el personal para realizar las obras.
El director de Asesoría Jurídica de la Alcaldía de Cochabamba, Sergio Coca, informó que la funcionaria está acusada de incumplimiento de normas, retardo de trámites “de manera intencional” y actos de corrupción, pero que todo debe ser evaluado aún. Acotó que con las revisiones hechas, el Alcalde determinará la permanencia o retiro de la involucrada.
Manifestó que como instancia legal documentan el caso y que comenzarán una fiscalización.
“Vamos a pedir la documentación para volver a valorar por qué una sola servidora tiene 24 denuncias”, dijo.
Añadió que “eso nos alarma y estamos hablando desde la gestión 2010”, mencionó al recordar que las denuncias se extienden hasta este 2015, poco antes del cambio de gestión municipal.
La Dirección Jurídica de la Alcaldía informó que cada semana registra al menos dos denuncias en contra de ex y actuales funcionarios municipales.
VALLE HERMOSO Por otro lado, en la comuna Valle Hermoso corre un plazo acordado entre vecinos y autoridades municipales para presentar denuncias en contra de los funcionarios.
La anterior semana tapiaron las oficinas exigiendo incluso la destitución del Subalcalde porque no eran atendidos.
Coca informó que hasta ayer solo recibió una denuncia, que se hizo de manera formal y documentada y que compromete a tres funcionarios en temas de retraso en trámites, favoritismo en algunos trámites e incumplimiento de deberes.
“Es contra tres funcionarios y se está valorando la documentación presentada”, precisó.
Sobre el pedido de destitución del Subalcalde, el director jurídico señaló que se hace revisiones y que aguardan fundamentaciones y documentación para analizar y en base a eso asumir una determinación.
EL PLAN Las denuncias que se registran se dan en distintas subalcaldías de manera constante, por lo que desde la Municipalidad decidieron fiscalizar comuna por comuna.
Coca informó que en las subalcaldías verificarán el trabajo técnico, económico y legal.
Añadió que les preocupa que las comunas tengan retardo en la ejecución presupuestaria, pese a que cuentan con un Plan Operativo Anual (POA), proyectos y todo el personal para realizar las obras.
lunes, 17 de agosto de 2015
Dan cinco años de prisión a Humberto Roca y confiscan sus bienes
El Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz sentenció hoy a cinco años de cárcel para Humbero Roca, expresidente ejecutivo de la empresa AeroSur, además determinó la confiscación de sus bienes en el país.
"En la audiencia realizada en el Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz se dispuso cinco años de cárcel y 300 días de multa fijando 50 bolivianos por día. Es un avance importante en este caso, pero como Ministerio Público no estamos conformes con esta determinación”, informó el fiscal General del Estado, Ramiro José Guerrero.
De acuerdo con la información oficial, una vez concluidos los alegatos en este proceso que inició en 2010, el Tribunal dio lectura a la parte resolutiva y fijó para el 21 de agosto la lectura completa de la sentencia.
Según el ordenamiento legal, la pena máxima por este tipo de delitos es de ocho años, razón por la cual una vez se de lectura íntegra de la sentencia el Ministerio Público presentara la apelación correspondiente.
Guerrero también informó que se logró la confiscación de todos los bienes que antes estaban con anotación preventiva. "Hablamos de las Torres Urbarí con 525 departamentos, además de 55 vehículos de colección”, agregó.
La máxima autoridad del Ministerio Público manifestó que el Tribunal no tomó en cuenta que Humberto Roca Leigue fugó del país, por lo en la apelación se pedirá la pena máxima de ocho años tal como establece la normativa legal para este tipo de delito.
En junio de 2012 se inició el juicio oral contra el expresidente de AeroSur, procesado en rebeldía debido a que fugó a los Estados Unidos.
"En la audiencia realizada en el Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz se dispuso cinco años de cárcel y 300 días de multa fijando 50 bolivianos por día. Es un avance importante en este caso, pero como Ministerio Público no estamos conformes con esta determinación”, informó el fiscal General del Estado, Ramiro José Guerrero.
De acuerdo con la información oficial, una vez concluidos los alegatos en este proceso que inició en 2010, el Tribunal dio lectura a la parte resolutiva y fijó para el 21 de agosto la lectura completa de la sentencia.
Según el ordenamiento legal, la pena máxima por este tipo de delitos es de ocho años, razón por la cual una vez se de lectura íntegra de la sentencia el Ministerio Público presentara la apelación correspondiente.
Guerrero también informó que se logró la confiscación de todos los bienes que antes estaban con anotación preventiva. "Hablamos de las Torres Urbarí con 525 departamentos, además de 55 vehículos de colección”, agregó.
La máxima autoridad del Ministerio Público manifestó que el Tribunal no tomó en cuenta que Humberto Roca Leigue fugó del país, por lo en la apelación se pedirá la pena máxima de ocho años tal como establece la normativa legal para este tipo de delito.
En junio de 2012 se inició el juicio oral contra el expresidente de AeroSur, procesado en rebeldía debido a que fugó a los Estados Unidos.
Ex presidente de Aerosur Humberto Roca es condenado a 5 años de prisión
El Ministerio Público emitió sentencia de cinco años de cárcel para Humberto Roca Leigue, ex presidente ejecutivo de la empresa AeroSur, por la comisión del delito de Enriquecimiento Ilícitos de Particulares con afectación al Estado.
“En la audiencia realizada en el Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz se dispuso cinco años de cárcel y 300 días de multa fijando 50 bolivianos por día. Es un avance importante en este caso, pero como Ministerio Público no estamos conformes con esta determinación”, declaró.
“En la audiencia realizada en el Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz se dispuso cinco años de cárcel y 300 días de multa fijando 50 bolivianos por día. Es un avance importante en este caso, pero como Ministerio Público no estamos conformes con esta determinación”, declaró.
Potosi Exfuncionario de la Alcaldía se llevó 30.000 dólares
Más de 30.000 dólares en maquinaria se habría llevado un exfuncionario municipal causando una deuda que ahora es cobrada por el proveedor del material de trabajo.
"Un mal funcionario municipal habría solicitado a un proveedor que se le haga entrega de cinco instrumentos de trabajo los cuales jamás ingresaron al Gobierno Municipal de Potosí. La suma asciende a 30.000 dólares", dijo el jefe de la Unidad de Transparencia, Carlos Gómez.
Afirmó que el exfuncionario ya fue identificado y se procederá con lo que faculta la ley.
Ahora el proveedor de esos instrumentos de trabajo pretende cobrar esa suma a la Alcaldía e incluso habla de que se le causó un daño económico. "No existe el proceso de contratación, no se licitó y denunciaremos a la Fiscalía", dijo.
"Un mal funcionario municipal habría solicitado a un proveedor que se le haga entrega de cinco instrumentos de trabajo los cuales jamás ingresaron al Gobierno Municipal de Potosí. La suma asciende a 30.000 dólares", dijo el jefe de la Unidad de Transparencia, Carlos Gómez.
Afirmó que el exfuncionario ya fue identificado y se procederá con lo que faculta la ley.
Ahora el proveedor de esos instrumentos de trabajo pretende cobrar esa suma a la Alcaldía e incluso habla de que se le causó un daño económico. "No existe el proceso de contratación, no se licitó y denunciaremos a la Fiscalía", dijo.
domingo, 16 de agosto de 2015
Oruro - Fondo indígena Tres personas fueron recluidas por proyecto Río Verde
El juez mixto cautelar de Oruro, Waldo Mollo, dictó la detención preventiva en la cárcel de esa ciudad de Timoteo Choque, Benjamín Calisaya y Javier Cepeda acusados, por incumplimiento de convenio en la ejecución de un proyecto de la construcción del sistema de microriego Río Verde, pereciente al Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc).
Según informe del Ministerio Público, el proyecto estaba destinado al municipio de Challapata, en la localidad de Ayllu Kahually Mecara, donde Timoteo Choque era representante legal, Benjamín Calisaya tenía el cargo administrador y Javier Cepeda, encargado de la comisión de ejecución, presuntamente realizaban los movimientos financieros para poner en marcha la obra.
En la noche del viernes se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares en la que el juez Waldo Mollo dictó la detención preventiva para Choque y Calisaya que eran los representantes legal y administrativo, del proyecto y Cepeda, responsable de la comisión de ejecución. Este sábado serán remitidos a la cárcel de San Pedro de Oruro.
El Fondo Indígena desembolsó 555.635 bolivianos, en la gestión 2013, para la construcción de “un sistema de microriego” en río Verde del ayllu Kawalli Marka en el municipio de Challapata en el departamento orureño. Sin embargo, este proyecto pese a que se entregaron los recursos económicos estaría “inconcluso”.
El objetivo del proyecto era lograr el desarrollo socioeconómico de la zona aprovechando su potencialidad en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, edafológicos, humanos, suficientes para una agricultura sostenible y elevar el nivel de ingresos de los pobladores de las comunidades que se benefician con el proyecto.
ANTECEDENTES
Tras una prolongada audiencia, la jueza Primera de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Cinthia Delgadillo, dispuso la detención preventiva de Julia Parra en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes y detención domiciliaria con horario de trabajo para Marco Antonio Aramayo, dos de los directivos que en su momento formaron parte del Directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc).
En esa fecha, la juez Delgadillo en sus conclusiones decidió asumir la determinación de ordenar la detención preventiva contra la exdirectora ejecutiva del Fondioc, Julia Parra. En cambio su colega en el mismo directorio, Marco Antonio Aramayo, a quien se le otorgó detención domiciliaria en la ciudad de Santa Cruz. La autoridad judicial, en su caso, dispuso arraigo y el pago de fianza de 50 mil bolivianos, además, hacer conocer el horario de trabajo.
Como parte del proceso se incluye al exdirector ejecutivo del Fondo Indígena (Fondioc), Marco Antonio Aramayo, fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por decisión del Tribunal Penal Tercero del Tribunal de Justicia de La Paz, integrado por Jorge Arias y Virginia Crespo, tras revocar la detención domiciliaria dictaminada el 5 de marzo pasado.
Según imputación de la comisión de fiscales, los delitos de los dos directivos del fondo indígena son incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Según informe del Ministerio Público, el proyecto estaba destinado al municipio de Challapata, en la localidad de Ayllu Kahually Mecara, donde Timoteo Choque era representante legal, Benjamín Calisaya tenía el cargo administrador y Javier Cepeda, encargado de la comisión de ejecución, presuntamente realizaban los movimientos financieros para poner en marcha la obra.
En la noche del viernes se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares en la que el juez Waldo Mollo dictó la detención preventiva para Choque y Calisaya que eran los representantes legal y administrativo, del proyecto y Cepeda, responsable de la comisión de ejecución. Este sábado serán remitidos a la cárcel de San Pedro de Oruro.
El Fondo Indígena desembolsó 555.635 bolivianos, en la gestión 2013, para la construcción de “un sistema de microriego” en río Verde del ayllu Kawalli Marka en el municipio de Challapata en el departamento orureño. Sin embargo, este proyecto pese a que se entregaron los recursos económicos estaría “inconcluso”.
El objetivo del proyecto era lograr el desarrollo socioeconómico de la zona aprovechando su potencialidad en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, edafológicos, humanos, suficientes para una agricultura sostenible y elevar el nivel de ingresos de los pobladores de las comunidades que se benefician con el proyecto.
ANTECEDENTES
Tras una prolongada audiencia, la jueza Primera de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Cinthia Delgadillo, dispuso la detención preventiva de Julia Parra en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes y detención domiciliaria con horario de trabajo para Marco Antonio Aramayo, dos de los directivos que en su momento formaron parte del Directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc).
En esa fecha, la juez Delgadillo en sus conclusiones decidió asumir la determinación de ordenar la detención preventiva contra la exdirectora ejecutiva del Fondioc, Julia Parra. En cambio su colega en el mismo directorio, Marco Antonio Aramayo, a quien se le otorgó detención domiciliaria en la ciudad de Santa Cruz. La autoridad judicial, en su caso, dispuso arraigo y el pago de fianza de 50 mil bolivianos, además, hacer conocer el horario de trabajo.
Como parte del proceso se incluye al exdirector ejecutivo del Fondo Indígena (Fondioc), Marco Antonio Aramayo, fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por decisión del Tribunal Penal Tercero del Tribunal de Justicia de La Paz, integrado por Jorge Arias y Virginia Crespo, tras revocar la detención domiciliaria dictaminada el 5 de marzo pasado.
Según imputación de la comisión de fiscales, los delitos de los dos directivos del fondo indígena son incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
sábado, 15 de agosto de 2015
Transparencia denunció a exgobernador por falsificación
El director de Transparencia de la Gobernación de Tarija, Waldo Tarifa, informó que se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía contra el exgobernador, Lino Condori Aramayo, y exdirector de Recursos Humanos de la Gobernación y actual jefe distrital del Ministerio de Trabajo, Ramón Vilca, por el supuesto delito de falsificación de contratos labores, cuando fungían como funcionarios públicos.
La denuncia se presente ayer ante el Ministerio Público, en la que se hace referencia a observaciones de varios contratos laborales en cuanto a la contratación de personal en la pasada administración de la Gobernación.
Tarifa explicó que la acción se hizo tras recibir una denuncia de la Dirección de Recursos Humanos en la cual se informa de una presunta falsedad material e ideológica de al menos seis contratos.
“Se formalizó la acusación, será las instancias legales las que investiguen el caso. La acción es contra el ex gobernador, Condori, el exdirector de Recursos Humanos, Ramón Vilca y la exasesora legal y también a los funcionarios que fueron beneficiados con los contratos laborales”, agregó.
Según Tarifa se pudo descubrir que en los contratos observados, inicialmente, se señala como fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2015, pero modifica esa fecha sea el 31 de diciembre, favoreciendo de esa forma a algunos funcionarios.
Asimismo, informó que se investiga la supuesta compra irregular de una imprenta en la gestión de Condori, por la que se habría pagado 140 mil dólares, a pesar de ser de medio uso, cuando en el mercado nacional, se podría adquirir en menos de 28 mil dólares.
La denuncia se presente ayer ante el Ministerio Público, en la que se hace referencia a observaciones de varios contratos laborales en cuanto a la contratación de personal en la pasada administración de la Gobernación.
Tarifa explicó que la acción se hizo tras recibir una denuncia de la Dirección de Recursos Humanos en la cual se informa de una presunta falsedad material e ideológica de al menos seis contratos.
“Se formalizó la acusación, será las instancias legales las que investiguen el caso. La acción es contra el ex gobernador, Condori, el exdirector de Recursos Humanos, Ramón Vilca y la exasesora legal y también a los funcionarios que fueron beneficiados con los contratos laborales”, agregó.
Según Tarifa se pudo descubrir que en los contratos observados, inicialmente, se señala como fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2015, pero modifica esa fecha sea el 31 de diciembre, favoreciendo de esa forma a algunos funcionarios.
Asimismo, informó que se investiga la supuesta compra irregular de una imprenta en la gestión de Condori, por la que se habría pagado 140 mil dólares, a pesar de ser de medio uso, cuando en el mercado nacional, se podría adquirir en menos de 28 mil dólares.
miércoles, 12 de agosto de 2015
El Estado aún no logra un acuerdo sobre las barcazas chinas
Las negociaciones entre el Gobierno y la empresa china que almacena las barcazas adquiridas por Bolivia no llegaron ayer a un acuerdo, porque el Estado está dispuesto a pagar hasta $us 3 millones y la firma exige $us 4,5 millones, informó el ministro de Defensa, Reymi Ferreira. Explicó además que se exploran alternativas para conseguir otros $us 4 millones y garantizar la construcción de empujadores.
El Gobierno consiguió en una audiencia de conciliación judicial en China, en julio, evitar el remate de las 16 barcazas detenidas en el astillero de Yan Thai y abrir un proceso de negociación que comenzó el lunes para levantar definitivamente la orden de remate, demostrar la propiedad y recuperar las lanchas.
En el inicio de la negociación no se lograron acuerdos, pero hubo avances. Ferreira recordó anoche en una entrevista con Cadena A que la empresa que almacena en China las barcazas intentó cobrar $us 8 millones por sus servicios, monto que bajó a $us 4,5 millones en el proceso de negociación para resolver el conflicto legal.
El monto aún es alto, porque el presidente Evo Morales solo autorizó pagar hasta $us 3 millones, explicó el ministro, según una nota publicada en el portal digital del Ministerio de Defensa.
La Empresa Naviera Boliviana (Enabol) pagó por adelantado y al contado al menos 30 millones de dólares para la construcción de 16 barcazas, dos remolcadores y su traslado al lugar de destino, Bolivia. El equipamiento debió ser entregado a fines de 2010, pero se firmaron más de cinco adendas para postergar su entrega. Actualmente, las 16 barcazas están en medio de un juicio, porque el astillero donde se encuentran inició una demanda legal exigiendo el pago por el almacenaje.
Ferreira reveló que Enabol firmó un contrato de almacenaje por $us 100.000 por mes y reiteró que el Estado no pagará ningún costo adicional por los empujadores, que tienen un avance de construcción del 70% y un saldo de $us 4 millones. El Estado, añadió, solo pagará al menos $us 1 millón para su transporte
Planteó como alternativa para resolver los faltantes $us 4 millones la creación de una empresa de riesgo compartido con una empresa o que la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo (Cofadena) asuma el costo para luego formar una empresa de riesgo compartido con la finalidad de lograr un capital de arranque.
“El Gobierno no va a dar un centavo más, por eso tenemos que buscar alternativas, uno es darlas por perdidas y la otra es asumir riesgos y lo vamos a hacer, los vamos a hacer de dos formas, la posibilidad de hacer sociedad de riesgos compartidos con empresas serias, que ellos puedan hacerse cargo de parte del pago de lo que falta e iniciemos el trabajo, la otra es que con recursos de COFADENA podamos recuperar los empujadores y terminar de construir para iniciar trabajo de riesgo compartido con empresas privadas”, insistió.
El Ministro explicó que pidió al presidente del Senado, Alberto Gonzáles, reprogramar la fecha de un informe oral sobre el caso, porque no pudo acudir ayer, precisamente, porque aún persiste el problema.
Van 140 días con el primer testigo y faltan más de 400
Han pasado 140 días desde que comenzó a declarar el My. Miguel Rolando Ocampo, primer testigo de los 43 que tiene el Ministerio Público y todavía no concluye. Sumado a ello, según un sondeo rápido de El Día, en solamente cuatro acusados, suman 314 testigos de descargo, sin contar los otros 13 que se someten al proceso, que pudieran pasar los 400. Actualmente la defensa del general Gary Prado Salmón, sigue en su contrainterrogatorio al policía investigador del caso Rózsa, mismo que es muy probable que interroguen al investigador esta semana de audiencia.
Posteriormente y según el cronograma establecido, faltan por interrogar al efectivo policial la defensa del Cnl. Adalberto Tórrez, Alberto Melgar y Carlos Eduardo Pereira.
"Este proceso por lo menos tiende a prolongarse por más de 3 años", comentó el abogado Gary Prado Araúz, defensor de su padre.
Objeciones y contradicciones. Prado Araúz cuestionó las permanentes objeciones por parte del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno a las preguntas hechas a Ocampo por la defensa. Indicó que la intención es que no se conozca la verdad de que todo el proceso es un montaje por parte del exfiscal Marcelo Soza.
Además mencionó para evitar que el interrogado caiga en una serie de contradicciones, como ya lo ha hecho en varias oportunidades. "Lamentablemente hay un muro infranqueable que son las objeciones de la Fiscalía y para que no se conozca la realidad que es muy distinta a la acusación de Soza", enfatizó. Tomó como ejemplo la conformación de una supuesta milicia que nunca existió y todo queda en supuestos y es por ese motivo la obstaculización de la Fiscalía y con la anuencia del Tribunal Primero de Sentencia a la cabeza del juez Sixto Fernández.
Mal formuladas. Por su parte, el fiscal Sergio Céspedes argumentó que las objeciones del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno, es precisamente porque las preguntas son mal formuladas e incluso consideradas impertinentes y reiterativas.
Posteriormente y según el cronograma establecido, faltan por interrogar al efectivo policial la defensa del Cnl. Adalberto Tórrez, Alberto Melgar y Carlos Eduardo Pereira.
"Este proceso por lo menos tiende a prolongarse por más de 3 años", comentó el abogado Gary Prado Araúz, defensor de su padre.
Objeciones y contradicciones. Prado Araúz cuestionó las permanentes objeciones por parte del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno a las preguntas hechas a Ocampo por la defensa. Indicó que la intención es que no se conozca la verdad de que todo el proceso es un montaje por parte del exfiscal Marcelo Soza.
Además mencionó para evitar que el interrogado caiga en una serie de contradicciones, como ya lo ha hecho en varias oportunidades. "Lamentablemente hay un muro infranqueable que son las objeciones de la Fiscalía y para que no se conozca la realidad que es muy distinta a la acusación de Soza", enfatizó. Tomó como ejemplo la conformación de una supuesta milicia que nunca existió y todo queda en supuestos y es por ese motivo la obstaculización de la Fiscalía y con la anuencia del Tribunal Primero de Sentencia a la cabeza del juez Sixto Fernández.
Mal formuladas. Por su parte, el fiscal Sergio Céspedes argumentó que las objeciones del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno, es precisamente porque las preguntas son mal formuladas e incluso consideradas impertinentes y reiterativas.
Cochabamba Transparencia investiga a dos ex y actuales funcionarios por semana
La Alcaldía Municipal de Cochabamba remite cada semana a dos personas, entre actuales y exfuncionarios, a la Unidad de Transparencia por supuestos hechos de corrupción en las anteriores gestiones.
Se trata de más de 30 casos desde junio de 2015. El director Jurídico de la Alcaldía, Sergio Coca, informó que desde que están en funciones, hace dos meses, reciben por lo menos dos casos semanales de denuncias que hacen los ciudadanos.
Solo la anterior semana Coca registró 24 denuncias formales de una sola subalcaldía y estimó que el daño económico sería de mínimamente 24 mil bolivianos. Los hechos irregulares se habrían dado entre los años 2010 y 2015.
La etapa preliminar, para no iniciar procesos sin sustento, consiste en la investigación documental, cruce de información y declaraciones de exservidores públicos.
Coca acotó que muchos casos se derivarán a Auditoría y asi contar con más elementos para determinar la responsabilidad civil y penal, según corresponda.
INTERVENCIONES La Dirección Jurídica intervino la comuna Adela Zamudio el 8 de julio. Se conoce que los informes están concluidos. Solo, como ejemplo, Coca mencionó un caso en el que el daño económico asciende a 650 mil bolivianos por boletas emitidas, pero que no se ejecutaron en una construcción irregular. También encontraron documentos rotos.
Asimismo almacenes de Obras Públicas fueron intervenidos el 27 de julio por una “adquisición fantasma” que hicieron exfuncionarios.
Una tercera acción fue el secuestro de contratos que involucran a una exfuncionaria. Está acusada de beneficiar a un familiar que prestaba servicios de amplificación en la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra), el 3 de agosto,
El director manifestó que existen denuncias en todas las comunas y que continuarán las acciones y controles.
Apuntes.
Un filtro jurídico en la Intendencia
El alcalde José María Leyes informó que se reestructurará la Intendencia mediante un decreto edil. Sergio Coca dijo que el documento ya está en manos de la autoridad para su aprobación. Explicó que consiste en aplicar una especie de filtro jurídico para que, por ejemplo, los sitios municipales que se asignen no se decidan en la Intendencia sino que pasen antes por la Dirección Jurídica para su verificación.
Mercado Santa Bárbara
El director jurídico informó que en el mercado Santa Bárbara hay condiciones técnicas y legales para habilitar los ambientes y que sean ocupados. Un primer trabajo es el mantenimiento, que en la anterior gestión estaba presupuestado en 588 mil bolivianos, que actualizados los costos ahora son 620 mil. Una segunda etapa es definir quiénes ocuparán el mercado y que esto debe hacerse en coordinación con 378 vendedores. El 10 de agosto visitaron el lugar junto a la dirigente Amanda Melendres. Prevén acuerdos hasta fin de mes. Aclaró que el municipio es el propietario de la infraestructura
Se trata de más de 30 casos desde junio de 2015. El director Jurídico de la Alcaldía, Sergio Coca, informó que desde que están en funciones, hace dos meses, reciben por lo menos dos casos semanales de denuncias que hacen los ciudadanos.
Solo la anterior semana Coca registró 24 denuncias formales de una sola subalcaldía y estimó que el daño económico sería de mínimamente 24 mil bolivianos. Los hechos irregulares se habrían dado entre los años 2010 y 2015.
La etapa preliminar, para no iniciar procesos sin sustento, consiste en la investigación documental, cruce de información y declaraciones de exservidores públicos.
Coca acotó que muchos casos se derivarán a Auditoría y asi contar con más elementos para determinar la responsabilidad civil y penal, según corresponda.
INTERVENCIONES La Dirección Jurídica intervino la comuna Adela Zamudio el 8 de julio. Se conoce que los informes están concluidos. Solo, como ejemplo, Coca mencionó un caso en el que el daño económico asciende a 650 mil bolivianos por boletas emitidas, pero que no se ejecutaron en una construcción irregular. También encontraron documentos rotos.
Asimismo almacenes de Obras Públicas fueron intervenidos el 27 de julio por una “adquisición fantasma” que hicieron exfuncionarios.
Una tercera acción fue el secuestro de contratos que involucran a una exfuncionaria. Está acusada de beneficiar a un familiar que prestaba servicios de amplificación en la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra), el 3 de agosto,
El director manifestó que existen denuncias en todas las comunas y que continuarán las acciones y controles.
Apuntes.
Un filtro jurídico en la Intendencia
El alcalde José María Leyes informó que se reestructurará la Intendencia mediante un decreto edil. Sergio Coca dijo que el documento ya está en manos de la autoridad para su aprobación. Explicó que consiste en aplicar una especie de filtro jurídico para que, por ejemplo, los sitios municipales que se asignen no se decidan en la Intendencia sino que pasen antes por la Dirección Jurídica para su verificación.
Mercado Santa Bárbara
El director jurídico informó que en el mercado Santa Bárbara hay condiciones técnicas y legales para habilitar los ambientes y que sean ocupados. Un primer trabajo es el mantenimiento, que en la anterior gestión estaba presupuestado en 588 mil bolivianos, que actualizados los costos ahora son 620 mil. Una segunda etapa es definir quiénes ocuparán el mercado y que esto debe hacerse en coordinación con 378 vendedores. El 10 de agosto visitaron el lugar junto a la dirigente Amanda Melendres. Prevén acuerdos hasta fin de mes. Aclaró que el municipio es el propietario de la infraestructura
No hay acuerdo para rescate de barcazas
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, dijo anoche que no hubo acuerdo entre la empresa DSR (que tiene almacenadas las 16 barcazas y dos remolcadores) y los representantes del Gobierno boliviano que se trasladaron hasta China para conciliar en el Tribunal Marítimo de Qindao.
Las declaraciones fueron vertidas en el programa Todo A Pulmón de Cadena "A", donde la autoridad sostuvo, sin embargo, que el Viceministro de Defensa se quedó el resto de la semana para continuar gestionado un acuerdo con la empresa china y lograr que las embarcaciones sean liberadas.
La diferencia, según la autoridad, sigue siendo un millon de dólares por el almacenaje. Según la empresa DSR, Bolivia debe cancelar cuatro millones de dólares; pero el país ofreció tres millones.
"Bolivia no tiene capacidad de pago", dijo Ferreyra a tiempo de señalar que la autoridad que se quedó en China tiene la facultad de seguir viendo posibilidades para negociar.
Ferreira observó que otro de los inconvenientes que se atraviesa es el de los remolcadores que, en su criterio, sólo tienen un 30 por ciento de avance en su construcción, aquello ocasionado por el quiebre en el trato entre las empresas contratistas.
Dijo que existe la posibilidad de que ya no se construyan las otras ocho barcazas restantes y ese monto sirva para el transporte de los remolcadores que sería de un millón de dólares.
COMISIÓN
La comisión que se trasladó hasta el país asiático está conformada por el gerente general de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), Óscar Achá Marconi; el viceministro de Defensa, general Fernando Aramayo Mercado; además del subprocurador Pablo Menacho.
En el mes de julio, la delegación boliviana compuesta por el ministro Ferreira y el procurador general Arce logró que el Tribunal Marítimo de Qindao suspenda el remate de las embarcaciones, las mismas que fueron retenidas por problemas legales entre empresas que las construyeron.
En 2012, Enabol pagó alrededor de 30 millones de dólares a la empresa GMB, de Corea, para que construya 16 barcazas, dos remolcadores y el transporte de estos equipos desde la República Popular de China hasta el puerto argentino Rosario, mismos que debían ser entregados a fines de 2010.
GMB subcontrató a empresas chinas la construcción de las embarcaciones y para ello adquirió un astillero, donde se realizó el trabajo de fabricación, situación que quedó truncada una vez que desde el Banco Central de Bolivia (BCB) no se alertó, por medio de código Swift, sobre la caducidad de las boletas de garantía.
INFORME
Ayer, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, debía presentar un informe sobre el tema de las barcazas al pleno de la Cámara de Senadores. Sin embargo, por una actividad urgente de su despacho solicitó se suspenda su intervención. Esta actitud, para el senador Óscar Ortiz, significó rehuir a los cuestionamientos que se tiene para identificar a los responsables de este caso de “corrupción”, por qué no se convocó a exministros para que expliquen el caso y por qué la Contraloría no inició una auditoría al contrato firmado.
Por su parte, el senador del MAS, Milton Barón, dijo al respecto que el Estado ha tomado las acciones para recuperar los recursos económicos y mientras no concluya el litigio las barcazas y remolcadores no se los puede usar, por más que sean entregados en puerto boliviano.
Las declaraciones fueron vertidas en el programa Todo A Pulmón de Cadena "A", donde la autoridad sostuvo, sin embargo, que el Viceministro de Defensa se quedó el resto de la semana para continuar gestionado un acuerdo con la empresa china y lograr que las embarcaciones sean liberadas.
La diferencia, según la autoridad, sigue siendo un millon de dólares por el almacenaje. Según la empresa DSR, Bolivia debe cancelar cuatro millones de dólares; pero el país ofreció tres millones.
"Bolivia no tiene capacidad de pago", dijo Ferreyra a tiempo de señalar que la autoridad que se quedó en China tiene la facultad de seguir viendo posibilidades para negociar.
Ferreira observó que otro de los inconvenientes que se atraviesa es el de los remolcadores que, en su criterio, sólo tienen un 30 por ciento de avance en su construcción, aquello ocasionado por el quiebre en el trato entre las empresas contratistas.
Dijo que existe la posibilidad de que ya no se construyan las otras ocho barcazas restantes y ese monto sirva para el transporte de los remolcadores que sería de un millón de dólares.
COMISIÓN
La comisión que se trasladó hasta el país asiático está conformada por el gerente general de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), Óscar Achá Marconi; el viceministro de Defensa, general Fernando Aramayo Mercado; además del subprocurador Pablo Menacho.
En el mes de julio, la delegación boliviana compuesta por el ministro Ferreira y el procurador general Arce logró que el Tribunal Marítimo de Qindao suspenda el remate de las embarcaciones, las mismas que fueron retenidas por problemas legales entre empresas que las construyeron.
En 2012, Enabol pagó alrededor de 30 millones de dólares a la empresa GMB, de Corea, para que construya 16 barcazas, dos remolcadores y el transporte de estos equipos desde la República Popular de China hasta el puerto argentino Rosario, mismos que debían ser entregados a fines de 2010.
GMB subcontrató a empresas chinas la construcción de las embarcaciones y para ello adquirió un astillero, donde se realizó el trabajo de fabricación, situación que quedó truncada una vez que desde el Banco Central de Bolivia (BCB) no se alertó, por medio de código Swift, sobre la caducidad de las boletas de garantía.
INFORME
Ayer, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, debía presentar un informe sobre el tema de las barcazas al pleno de la Cámara de Senadores. Sin embargo, por una actividad urgente de su despacho solicitó se suspenda su intervención. Esta actitud, para el senador Óscar Ortiz, significó rehuir a los cuestionamientos que se tiene para identificar a los responsables de este caso de “corrupción”, por qué no se convocó a exministros para que expliquen el caso y por qué la Contraloría no inició una auditoría al contrato firmado.
Por su parte, el senador del MAS, Milton Barón, dijo al respecto que el Estado ha tomado las acciones para recuperar los recursos económicos y mientras no concluya el litigio las barcazas y remolcadores no se los puede usar, por más que sean entregados en puerto boliviano.
martes, 11 de agosto de 2015
Condenan a exAlcalde de San Buenaventura a 5 años de cárcel por corrupción
El ex Alcalde Municipal de San Buenaventura, Hinosencio Adalid Carvajal, fue condenado el lunes a 5 años de pena en la cárcel de San Pedro de La Paz, por la malversación de 1.500 turrilles de cemento asfáltico.
Tras conocer el fallo, la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, manifestó que "éstas son muestras claras de una implacable lucha contra aquellas autoridades que vulneran y violan la Ley afectando el crecimiento y desarrollo de la comunidad".
Advirtió que sólo a través de una gestión transparente y cumplimiento de la Ley se podrá alcanzar el progreso integral de los pueblos.
Carvajal fue imputado y condenado por los delitos de Peculado, Uso Indebido de Influencias, Conducta Antieconómica, Incumplimiento de Deberes y Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos.
En la gestión 2011, el Ministerio de Transparencia presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la ex autoridad edil, que se habría apoderado de manera ilegal de 1.500 turriles de cemento asfaltico, donados por el Gobierno Departamental de La Paz, material que debía ser utilizado para el mejoramiento de vías del Proyecto "Pavimento Flexible - Vías Urbanas" del municipio San Buenaventura, y que se encontraba en poder, custodia y administración de esta autoridad.
De acuerdo a las investigaciones del proceso, se determinó que el ex Alcalde de San Buenaventura no logró aclarar ni presentar descargos correspondientes sobre el destino de los 1.500 turrilles de cemento asfáltico, por lo que se sometió a un proceso abreviado reconociendo su culpabilidad en la comisión de delitos denunciados.
Por esa razón se le aplicó la pena mínima del delito mayor, tipificado en el artículo 142 del código de procedimiento penal y modificado por el Artículo 34 de la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción e Investigación de Fortunas, "Marcelo Quiroga Santa Cruz", que establece una sanción de 5 a 10 años de reclusión.
Caso Rózsa. Continúan las objeciones de los acusadores a las preguntas formuladas por la defensa al mayor de Policía Miguel Rolando Ocampo.
Han pasado 140 días desde que comenzó a declarar el My. Miguel Rolando Ocampo, primer testigo de los 43 que tiene el Ministerio Público y todavía no concluye. Sumado a ello, según un sondeo rápido de El Día, en solamente cuatro acusados, suman 314 testigos de descargo, sin contar los otros 13 que se someten al proceso, que pudieran pasar los 400. Actualmente la defensa del general Gary Prado Salmón, sigue en su contrainterrogatorio al policía investigador del caso Rózsa, mismo que es muy probable que interroguen al investigador esta semana de audiencia.
Posteriormente y según el cronograma establecido, faltan por interrogar al efectivo policial la defensa del Cnl. Adalberto Tórrez, Alberto Melgar y Carlos Eduardo Pereira.
"Este proceso por lo menos tiende a prolongarse por más de 3 años", comentó el abogado Gary Prado Araúz, defensor de su padre.
Objeciones y contradicciones. Prado Araúz cuestionó las permanentes objeciones por parte del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno a las preguntas hechas a Ocampo por la defensa. Indicó que la intención es que no se conozca la verdad de que todo el proceso es un montaje por parte del exfiscal Marcelo Soza.
Además mencionó para evitar que el interrogado caiga en una serie de contradicciones, como ya lo ha hecho en varias oportunidades. "Lamentablemente hay un muro infranqueable que son las objeciones de la Fiscalía y para que no se conozca la realidad que es muy distinta a la acusación de Soza", enfatizó. Tomó como ejemplo la conformación de una supuesta milicia que nunca existió y todo queda en supuestos y es por ese motivo la obstaculización de la Fiscalía y con la anuencia del Tribunal Primero de Sentencia a la cabeza del juez Sixto Fernández.
Mal formuladas. Por su parte, el fiscal Sergio Céspedes argumentó que las objeciones del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno, es precisamente porque las preguntas son mal formuladas e incluso consideradas impertinentes y reiterativas.
Posteriormente y según el cronograma establecido, faltan por interrogar al efectivo policial la defensa del Cnl. Adalberto Tórrez, Alberto Melgar y Carlos Eduardo Pereira.
"Este proceso por lo menos tiende a prolongarse por más de 3 años", comentó el abogado Gary Prado Araúz, defensor de su padre.
Objeciones y contradicciones. Prado Araúz cuestionó las permanentes objeciones por parte del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno a las preguntas hechas a Ocampo por la defensa. Indicó que la intención es que no se conozca la verdad de que todo el proceso es un montaje por parte del exfiscal Marcelo Soza.
Además mencionó para evitar que el interrogado caiga en una serie de contradicciones, como ya lo ha hecho en varias oportunidades. "Lamentablemente hay un muro infranqueable que son las objeciones de la Fiscalía y para que no se conozca la realidad que es muy distinta a la acusación de Soza", enfatizó. Tomó como ejemplo la conformación de una supuesta milicia que nunca existió y todo queda en supuestos y es por ese motivo la obstaculización de la Fiscalía y con la anuencia del Tribunal Primero de Sentencia a la cabeza del juez Sixto Fernández.
Mal formuladas. Por su parte, el fiscal Sergio Céspedes argumentó que las objeciones del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno, es precisamente porque las preguntas son mal formuladas e incluso consideradas impertinentes y reiterativas.
Aprehenden a Humberto Quispe por presuntos delitos de corrupción
El exfiscal Humberto Quispe fue aprehendido ayer por una de las múltiples víctimas que dejó a su paso mientras fungía en ese cargo, luego de que el Ministerio Público mostrara su incapacidad para ejecutar la resolución desde el 23 de julio. La abogada Carminia Luna, denunciante, ubicó y ejecutó la orden de aprehensión en 20 minutos.
En noviembre de 2012, Quispe, junto a un grupo de efectivos del Grupo de Investigaciones de Casos Especiales (GICE), al mando del entonces capitán Wilson Gómez, irrumpió en la oficina de la abogada Carminia Luna, ubicada en la calle Yanacocha y junto a otro grupo de personas se la presentó ante medios de comunicación, como la cabecilla de una banda de falsificadores de documentos.
En enero de 2013, Luna abrió un proceso penal en contra de Quispe, porque en colaboración de un extramitador Robert Jiménez y el capitán del GICE “montaron un proceso penal”, tramado con el fin de alejarla de un caso de saneamiento de un inmueble, en el cual los tres citados tenían interés.
Hace un par de meses, Jiménez también fue detenido a instancias de la abogada Luna, al momento guarda detención preventiva en San Pedro.
ASOCIACIÓN
Luna es una de las 20 personas que forman parte de la “Asociación de Víctimas de Humberto Quispe” que se conformó luego de que se denunciara que varios de los procesos de Quispe eran “montados”, o al menos carecían de sustento, por lo que varias personas fueron afectadas en su libertad y otro tipo de daños.
La Asociación tiene abierto un proceso en contra de Quispe, con seis denunciantes, y cerca de ocho meses transcurridos están, también los compromisos del Fiscal General de por medio, el Ministerio Público no logró resolver el rechazo o la imputación, pese a la gran cantidad de documentos presentados y las detalladas declaraciones.
FISCALES AMIGOS
Según la hoja de vida de Quispe, este se desempeñó como asesor legal de varias instituciones ligadas al Gobierno, además de instancias judiciales como el Consejo de la Magistratura, donde trabajó junto a su amigo, el ahora fiscal Marco Antonio Vargas, quien hasta el mes de junio formaba parte de la comisión que investiga a Quispe.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, lamentó que en estas instancias “todos sean amigos” e instruyó el alejamiento de Vargas del proceso, desde entonces, no se ha informado de ningún otro avance.
DEFENSA
Quispe fue aprehendido ayer cerca de las 10.30, en inmediaciones del Palacio de Justicia. La orden de captura estaba lista desde el 23 de julio pero no fue ejecutada por el fiscal Edwin Blanco, que ahora lleva el caso.
Jorge Borda, abogado de Quispe, sostiene que su cliente fue aprehendido de forma ilegal, pues su cliente declaró hace más de tres meses por este proceso, y en ese momento, el fiscal Blanco no señaló ningún riesgo procesal, por lo que le llama la atención la medida. Además que no existe imputación, por lo que aún no se tiene fecha de la audiencia de medidas cautelares.
En declaraciones a un canal de televisión, Quispe manifestó que su detención se debe a una persecución política por sus ideales afines al Gobierno y demostrará su inocencia.
En noviembre de 2012, Quispe, junto a un grupo de efectivos del Grupo de Investigaciones de Casos Especiales (GICE), al mando del entonces capitán Wilson Gómez, irrumpió en la oficina de la abogada Carminia Luna, ubicada en la calle Yanacocha y junto a otro grupo de personas se la presentó ante medios de comunicación, como la cabecilla de una banda de falsificadores de documentos.
En enero de 2013, Luna abrió un proceso penal en contra de Quispe, porque en colaboración de un extramitador Robert Jiménez y el capitán del GICE “montaron un proceso penal”, tramado con el fin de alejarla de un caso de saneamiento de un inmueble, en el cual los tres citados tenían interés.
Hace un par de meses, Jiménez también fue detenido a instancias de la abogada Luna, al momento guarda detención preventiva en San Pedro.
ASOCIACIÓN
Luna es una de las 20 personas que forman parte de la “Asociación de Víctimas de Humberto Quispe” que se conformó luego de que se denunciara que varios de los procesos de Quispe eran “montados”, o al menos carecían de sustento, por lo que varias personas fueron afectadas en su libertad y otro tipo de daños.
La Asociación tiene abierto un proceso en contra de Quispe, con seis denunciantes, y cerca de ocho meses transcurridos están, también los compromisos del Fiscal General de por medio, el Ministerio Público no logró resolver el rechazo o la imputación, pese a la gran cantidad de documentos presentados y las detalladas declaraciones.
FISCALES AMIGOS
Según la hoja de vida de Quispe, este se desempeñó como asesor legal de varias instituciones ligadas al Gobierno, además de instancias judiciales como el Consejo de la Magistratura, donde trabajó junto a su amigo, el ahora fiscal Marco Antonio Vargas, quien hasta el mes de junio formaba parte de la comisión que investiga a Quispe.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, lamentó que en estas instancias “todos sean amigos” e instruyó el alejamiento de Vargas del proceso, desde entonces, no se ha informado de ningún otro avance.
DEFENSA
Quispe fue aprehendido ayer cerca de las 10.30, en inmediaciones del Palacio de Justicia. La orden de captura estaba lista desde el 23 de julio pero no fue ejecutada por el fiscal Edwin Blanco, que ahora lleva el caso.
Jorge Borda, abogado de Quispe, sostiene que su cliente fue aprehendido de forma ilegal, pues su cliente declaró hace más de tres meses por este proceso, y en ese momento, el fiscal Blanco no señaló ningún riesgo procesal, por lo que le llama la atención la medida. Además que no existe imputación, por lo que aún no se tiene fecha de la audiencia de medidas cautelares.
En declaraciones a un canal de televisión, Quispe manifestó que su detención se debe a una persecución política por sus ideales afines al Gobierno y demostrará su inocencia.
sábado, 8 de agosto de 2015
Próximo 10 de agosto deberá definirse situación de barcazas
Para el lunes 10 de agosto, Bolivia espera resolver la controversia que existe en torno a las barcazas que se encuentran en un puerto de China. Así lo hizo conocer el ministro de Defensa Reymi Ferreira.
Estimaciones realizadas a la fecha, la deuda por el “almacenamiento” de las 16 barcazas y dos remolcadores sobrepasaría los 15 millones de dólares.
A inicios del mes de julio, una delegación boliviana, compuesta por el ministro Ferreira y el Procurador General del Estado, Héctor Arce, se constituyó en la ciudad de Nankin, en el sur de China, para verificar el estado en que se hallan las barcazas y los empujadores, así como la situación jurídica que se confronta con el embargo al que están sometidos. El equipo naval se encuentra en un astillero de Yan Thai.
Según el ministro Ferreira, el Gobierno boliviano propuso al Tribunal Marítimo de China que estaría dispuesto en pagar tres millones de dólares; la empresa naviera china pide 4,5 millones de dólares.
Este aspecto debe ser resuelto la próxima semana, en tanto continúa el proceso penal que el Estado nacional interpuso contra las personas que tuvieron que ver en el contrato para la fabricación de los remolcadores y las barcazas, por valor de casi 30 millones de dólares, monto pagado al contado por la Empresa Naviera Boliviana (Enabol).
En 2012, se reveló que la estatal naviera pagó ese monto a una empresa GMB, de Corea, para la construcción de 16 barcazas, dos remolcadores y el transporte de estos equipos desde la República Popular de China hasta el puerto argentino Rosario, mismos que debían ser entregados a fines de 2010.
GMB subcontrató a empresas chinas la construcción de las embarcaciones y para ello adquirió un astillero donde se realizó el trabajo de fabricación, situación que quedó truncada una vez que desde el Banco Central de Bolivia (BCB) no se alertó por medio de código Swift sobre la caducidad de las boletas de garantía.
TRIBUNAL
El Tribunal Marítimo de China, dictó una orden de remate después que el astillero, donde están las 16 barcazas, exige el pago de 15 millones de dólares por concepto de almacenaje.
El vicepresidente Álvaro García Linera, anunció en más de una oportunidad que el Estado no iba a pagar un solo centavo más por los productos, ya que en 2010 se había cancelado la totalidad del costo es decir casi 30 millones de dólares.
Por su parte, Ferreira en otra oportunidad dio prácticamente por pérdidas las barcazas y los remolcadores principalmente por el deterioro que habrían sufrido después de más de cuatro años de haber sido construidas.
Entre tanto en el Ministerio Público poco o nada de información existe en referencia al caso de las barcazas chinas. Tampoco se dio una respuesta sobre la posibilidad de que hubiera responsabilidad en funcionarios del Banco central de Bolivia (BCB) quienes ocasionaron la caducidad de las boletas de garantía.
Estimaciones realizadas a la fecha, la deuda por el “almacenamiento” de las 16 barcazas y dos remolcadores sobrepasaría los 15 millones de dólares.
A inicios del mes de julio, una delegación boliviana, compuesta por el ministro Ferreira y el Procurador General del Estado, Héctor Arce, se constituyó en la ciudad de Nankin, en el sur de China, para verificar el estado en que se hallan las barcazas y los empujadores, así como la situación jurídica que se confronta con el embargo al que están sometidos. El equipo naval se encuentra en un astillero de Yan Thai.
Según el ministro Ferreira, el Gobierno boliviano propuso al Tribunal Marítimo de China que estaría dispuesto en pagar tres millones de dólares; la empresa naviera china pide 4,5 millones de dólares.
Este aspecto debe ser resuelto la próxima semana, en tanto continúa el proceso penal que el Estado nacional interpuso contra las personas que tuvieron que ver en el contrato para la fabricación de los remolcadores y las barcazas, por valor de casi 30 millones de dólares, monto pagado al contado por la Empresa Naviera Boliviana (Enabol).
En 2012, se reveló que la estatal naviera pagó ese monto a una empresa GMB, de Corea, para la construcción de 16 barcazas, dos remolcadores y el transporte de estos equipos desde la República Popular de China hasta el puerto argentino Rosario, mismos que debían ser entregados a fines de 2010.
GMB subcontrató a empresas chinas la construcción de las embarcaciones y para ello adquirió un astillero donde se realizó el trabajo de fabricación, situación que quedó truncada una vez que desde el Banco Central de Bolivia (BCB) no se alertó por medio de código Swift sobre la caducidad de las boletas de garantía.
TRIBUNAL
El Tribunal Marítimo de China, dictó una orden de remate después que el astillero, donde están las 16 barcazas, exige el pago de 15 millones de dólares por concepto de almacenaje.
El vicepresidente Álvaro García Linera, anunció en más de una oportunidad que el Estado no iba a pagar un solo centavo más por los productos, ya que en 2010 se había cancelado la totalidad del costo es decir casi 30 millones de dólares.
Por su parte, Ferreira en otra oportunidad dio prácticamente por pérdidas las barcazas y los remolcadores principalmente por el deterioro que habrían sufrido después de más de cuatro años de haber sido construidas.
Entre tanto en el Ministerio Público poco o nada de información existe en referencia al caso de las barcazas chinas. Tampoco se dio una respuesta sobre la posibilidad de que hubiera responsabilidad en funcionarios del Banco central de Bolivia (BCB) quienes ocasionaron la caducidad de las boletas de garantía.
viernes, 7 de agosto de 2015
REVISARÁN TODOS LOS TRÁMITES Por decreto investigarán corrupción en Intendencia
Con el objetivo de luchar contra la corrupción en la Intendencia, el Alcalde José María Leyes promulgará, la siguiente semana, un decreto municipal para que la Dirección de Asesoría Legal revise “todos” los trámites de la dependencia, según informó el asesor legal de la Alcaldía, Sergio Coca.
“Esto significará que todas las personas que estaban haciendo negociados y estaban generando actos de corrupción se los va a identificar y si no cumplen con la norma de manera inmediata voy a pedir la documentación adicional y voy a generar los informes que correspondan. Si tienen que caer cabezas y tienen que entrar a la cárcel muchos responsables lo van hacer”, declaró.
Explicó que los trámites que los ciudadanos realizan en la dependencia municipal pasarán por el “visto bueno” de la Dirección de Asesoría Legal. Para ello, el municipio contratará, la siguiente semana, a tres profesionales quienes darán celeridad al trabajo y evitarán generar un “cuello de botella” en las diferentes solicitudes.
Coca aclaró que la medida cuenta con un sustento legal y técnico. A ello se suma que es una “solución de forma y fondo” para luchar contra el microtráfico en la Intendencia. La determinación surge tras que se desbarató, el 8 de julio, una banda de falsificadores de licencias de funcionamiento. Producto de ello, el Juzgado Cautelar 13 de la EPI Sur dispuso la detención del exguardia municipal, Ronald García Buendía, en el penal de San Sebastián por uso de instrumento falsificado y ventajas ilegitimas a razón del cargo. En tanto, que Marco Peredo Machuca fue enviado a San Antonio por presuntos delitos de falsedad ideológica y material.
“Esto significará que todas las personas que estaban haciendo negociados y estaban generando actos de corrupción se los va a identificar y si no cumplen con la norma de manera inmediata voy a pedir la documentación adicional y voy a generar los informes que correspondan. Si tienen que caer cabezas y tienen que entrar a la cárcel muchos responsables lo van hacer”, declaró.
Explicó que los trámites que los ciudadanos realizan en la dependencia municipal pasarán por el “visto bueno” de la Dirección de Asesoría Legal. Para ello, el municipio contratará, la siguiente semana, a tres profesionales quienes darán celeridad al trabajo y evitarán generar un “cuello de botella” en las diferentes solicitudes.
Coca aclaró que la medida cuenta con un sustento legal y técnico. A ello se suma que es una “solución de forma y fondo” para luchar contra el microtráfico en la Intendencia. La determinación surge tras que se desbarató, el 8 de julio, una banda de falsificadores de licencias de funcionamiento. Producto de ello, el Juzgado Cautelar 13 de la EPI Sur dispuso la detención del exguardia municipal, Ronald García Buendía, en el penal de San Sebastián por uso de instrumento falsificado y ventajas ilegitimas a razón del cargo. En tanto, que Marco Peredo Machuca fue enviado a San Antonio por presuntos delitos de falsedad ideológica y material.
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