El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, dijo anoche que no hubo acuerdo entre la empresa DSR (que tiene almacenadas las 16 barcazas y dos remolcadores) y los representantes del Gobierno boliviano que se trasladaron hasta China para conciliar en el Tribunal Marítimo de Qindao.
Las declaraciones fueron vertidas en el programa Todo A Pulmón de Cadena "A", donde la autoridad sostuvo, sin embargo, que el Viceministro de Defensa se quedó el resto de la semana para continuar gestionado un acuerdo con la empresa china y lograr que las embarcaciones sean liberadas.
La diferencia, según la autoridad, sigue siendo un millon de dólares por el almacenaje. Según la empresa DSR, Bolivia debe cancelar cuatro millones de dólares; pero el país ofreció tres millones.
"Bolivia no tiene capacidad de pago", dijo Ferreyra a tiempo de señalar que la autoridad que se quedó en China tiene la facultad de seguir viendo posibilidades para negociar.
Ferreira observó que otro de los inconvenientes que se atraviesa es el de los remolcadores que, en su criterio, sólo tienen un 30 por ciento de avance en su construcción, aquello ocasionado por el quiebre en el trato entre las empresas contratistas.
Dijo que existe la posibilidad de que ya no se construyan las otras ocho barcazas restantes y ese monto sirva para el transporte de los remolcadores que sería de un millón de dólares.
COMISIÓN
La comisión que se trasladó hasta el país asiático está conformada por el gerente general de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), Óscar Achá Marconi; el viceministro de Defensa, general Fernando Aramayo Mercado; además del subprocurador Pablo Menacho.
En el mes de julio, la delegación boliviana compuesta por el ministro Ferreira y el procurador general Arce logró que el Tribunal Marítimo de Qindao suspenda el remate de las embarcaciones, las mismas que fueron retenidas por problemas legales entre empresas que las construyeron.
En 2012, Enabol pagó alrededor de 30 millones de dólares a la empresa GMB, de Corea, para que construya 16 barcazas, dos remolcadores y el transporte de estos equipos desde la República Popular de China hasta el puerto argentino Rosario, mismos que debían ser entregados a fines de 2010.
GMB subcontrató a empresas chinas la construcción de las embarcaciones y para ello adquirió un astillero, donde se realizó el trabajo de fabricación, situación que quedó truncada una vez que desde el Banco Central de Bolivia (BCB) no se alertó, por medio de código Swift, sobre la caducidad de las boletas de garantía.
INFORME
Ayer, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, debía presentar un informe sobre el tema de las barcazas al pleno de la Cámara de Senadores. Sin embargo, por una actividad urgente de su despacho solicitó se suspenda su intervención. Esta actitud, para el senador Óscar Ortiz, significó rehuir a los cuestionamientos que se tiene para identificar a los responsables de este caso de “corrupción”, por qué no se convocó a exministros para que expliquen el caso y por qué la Contraloría no inició una auditoría al contrato firmado.
Por su parte, el senador del MAS, Milton Barón, dijo al respecto que el Estado ha tomado las acciones para recuperar los recursos económicos y mientras no concluya el litigio las barcazas y remolcadores no se los puede usar, por más que sean entregados en puerto boliviano.
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