Los manejos realizados por el ex Fondo Indígena se someterán a una auditoría forense, que será realizada por peritos de la Fiscalía General del Estado y los resultados serán complementarios a los obtenidos por la Contraloría General, que halló un daño económico al Estado.
"En el transcurso del proceso se hará una auditoría forense y para eso necesitamos personal especializado”, declaró el fiscal general, Ramiro Guerrero.
En febrero pasado, el contralor general del Estado, Gabriel Herbas, reveló que tras concluir una primera fase de la auditoría al Fondo Indígena se detectó un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados, pero que sí recibieron recursos públicos como parte de pagos anticipados.
Sin embargo, Guerrero argumentó que las irregularidades halladas en el Fondo Indígena "nacen a partir de un informe circunstanciado de la Contraloría, que no es precisamente una auditoría”. Por esta razón, argumentó que están trabajando con algunos peritos del Instituto de Investigaciones Forenses dependientes de la Fiscalía.
"La Fiscalía va a actuar con objetividad. Se está verificando la ejecución de los proyectos, los descargos y, basado en ello, se va a ir convocando (a los implicados) ya sea en calidad de testigos o en calidad de investigados o a las personas que corresponda”, agregó el Fiscal General.
Unificación del caso
El Fiscal General del Estado informó la anterior semana que la solicitud de unificación de todos los casos del Fondo Indígena, presentada por el exdirector administrativo Marco Aramayo, no podrá ejecutarse debido al posible congestionamiento de casos en el departamento de La Paz y la dificultad de convocar a los implicados a declarar.
"La determinación es que se pueda investigar y se pueda hacer la apertura de casos en los diferentes departamentos, para que se facilite la citación a personas que están en comunidades campesinas e indígenas. Toda esa carga de los fiscales está en La Paz y es para que se permita descongestionar”, aclaró.
Según la autoridad, en La Paz hay 125 fiscales, cada uno con 500 a 1.000 casos que atender, por lo que la unificación de todos los casos generaría congestionamiento.
Guerrero explicó, además, que no todos los casos son los mismos, que fueron desarrollados en diferentes lugares, con diferentes montos, personas, responsables y fechas, lo que dificulta la resolución del caso
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