A cuatro días de recordar los 7 años de la incursión policial al hotel Las Américas, que desembocó en un juicio con 39 acusados, abogados y cívico, ven abusos y montaje de un proceso que califican de político más que jurídico.
Incluso cuestionan la labor desempeñada del titular del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, al insistir en un caso en que el principal acusador, hoy refugiado en Brasil, denunció que es un proceso armado.
Página negra de la historia. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Róger Montenegro, considera que lo sucedido en el hotel Las Américas y el juicio de supuesto terrorismo, es una página negra de la historia boliviana. Criticó que después de siete años la justicia no hubiera actuado adecuadamente y que estén varios ciudadanos cruceños pagando una culpa que no existe. Montenegro anotó que hasta la fecha el Ministerio Público no ha podido probar la culpabilidad de los acusados y el Estado boliviano está cometiendo una gran injusticia. Dijo que el proceso devela incertidumbre y si la justicia no demostró las acusaciones de supuesto alzamiento armado y terrorismo, los imputados son inocentes y no existen tales delitos.
Se cometieron una serie de irregularidades. El jurista José Hoffmann comentó que a siete años de la muerte de tres extranjeros en un hotel, acusados por el gobierno de pertenecer a un grupo subversivo, lo que se puede percibir es que hay una serie de irregularidades. Señala por ejemplo que se ha sobrepasado el término previsto por ley en cuatro años, con una clara violación a los derechos humanos y del debido proceso.
El abogado de Ronald Castedo manifestó que hay muchos elementos que conducen a que este juicio oral fue armado, como es el caso de la denuncia firmada el 30 de marzo de 2009 antes de que sucedan los hechos denunciados. Además el 14 de abril de 2009, dos días antes del asalto de la Utarc, se presentó la denuncia ante un fiscal de Diprove que no tenía nada que ver con el tema y no a la comisión del Ministerio Público creada para atender delitos de seguridad de Estado, señaló Hoffmann. Por estos antecedentes y otras irregularidades, el abogado dijo que el caso fue armado tras la muerte de Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer.
No han demostrado las acusaciones. En esa línea, el abogado Luis Fernando Santistevan remarcó que ni los fiscales ni el tribunal de sentencia han logrado demostrar la culpabilidad de los acusados. El defensor de Juan Carlos Santistevan enfatizó que lo que sí se demostró son las irregularidades como las violaciones a los derechos constitucionales de las personas que han sido acusadas.
Indicó que debido a la manipulación del proceso, se refleja de que fue orquestado por el Gobierno central con fines políticos para neutralizar a la oposición. Manifestó que cada audiencia es una caja de Pandora, generando incertidumbre de los acusados y todavía falta mucho para que se conozca la sentencia del Tribunal, que está muy dependiente a los designios del Poder Ejecutivo.
Justamente, en los últimos meses el presidente del Tribunal, Sixto Fernández, ha sido blanco de críticas por situaciones como la ausencia de actas en el expediente. Incluso la jueza ciudadana Sonia Mamani le advirtió a Fernández que no permitirá más que se vulneren los derechos de los acusados.
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