martes, 19 de abril de 2016

Hicieron denuncias y ahora los procesan

El asambleísta departamental Mario Orellana fue demandado por el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, por difamación y calumnias por sus denuncias sobre el proyecto del Tren Metropolitano. Con este suman tres los procesos en contra de denunciantes de hechos de corrupción, incluido el del diputado de UD, Tomás Monasterio, que destapó el caso del contratista de YPFB acusado de narcotráfico, y el del diputado Rafael Quispe (también de UD), que denunció corrupción en el ex Fondo Indígena.

Orellana aseguró ayer que se trata de una medida política de amedrentamiento que busca evitar que siga investigando y dando declaraciones a la prensa.

El asambleísta contó que supo de la denuncia la semana pasada; pero el proceso se le sigue a raíz de información vertida por él durante una conferencia de prensa en enero pasado. En aquel entonces, Orellana declaró a los medios que Claros mentía al decir que el presupuesto de 537 millones de dólares, asignado para el proyecto del Tren Metropolitano, fue propuesto por la empresa española JOCA y aseguró que encontró diapositivas de 2015 donde ya se hacía mención a ese monto.

El caso de Orellana es similar al proceso que lleva adelante Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) en contra de Monasterios, quien denunció el nexo de la petrolera estatal con José Luis Sejas Rosales, acusado por narcotráfico en Argentina. En el proceso que se le sigue, ya congelaron sus cuentas y anotaron sus bienes.

En tanto que Quispe es procesado por la excandidata del MAS a la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca, por violencia política contra las mujeres y por acoso político a raíz de sus denuncias sobre el exFondioc donde se detectó un daño económico preliminar al Estado de 102 millones de bolivianos. También pidió públicamente que se investigue a la exministra Nemesia Achacollo por su responsabilidad como presidenta del directorio del fondo.

--La pasada semana, la jueza Primera de Instrucción Anticorrupción, Cinthia Delgadillo, declaró rebelde a Quispe y emitió una orden de aprehensión que aún no se cumple.

El artículo 152 de la Constitución Política del Estado (CPE), en relación a los senadores y diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, señala: “Las asambleístas y los asambleístas gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a éste, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones no podrán ser procesados penalmente”.

Según el abogado constitucionalista, José Antonio Rivera, la CPE protege a los diputados y senadores bajo un principio de inviolabilidad. Sin embargo, la norma no alcanza a las autoridades departamentales como los asambleístas. Señaló que ellos tendrían que ampararse en los estatutos autonómicos una vez que entren en vigencia.

Para Monasterio, los procesos en contra de quienes denuncian hechos de corrupción son actos claros de persecución política. “El premio por decir la verdad y denunciar corrupción y narcotráfico en este país son procesos, juicios y demandas (…)”, afirmó.

Por su parte, Orellana aseguró que la denuncia en su contra es una medida política asumida con el fin de evitar que vierta nuevas denuncias en contra del Gobierno central. Sin embargo, aseguró que no dejará de hacer su trabajo y asumirá su defensa como corresponde.

“Todos sabemos que el Gobierno, sus ministros y el MAS se inventan estos procesos para amedrentar a uno a través de persecución penal, para evitar que sigamos abriendo la boca para denunciar estas irregularidades. En lugar de dar explicaciones del costo del proyecto, a lo que se dedican es a perseguir a quienes hacemos un trabajo de fiscalización”, agregó.

Además, cuestionó que todavía no se informe a la población sobre los avances del proyecto. A eso se suma que todavía no se dio la orden de proceder, pese a tener el estudio de factibilidad.



SURGE NUEVA DENUNCIA CONTRA FFAA

Santa Cruz | Los Tiempos

Los diputados opositores Rose Marie Sandoval y Luis Alberto Vaca (Demócratas) anunciaron que hoy presentarán ante la presidenta de la Cámara de Diputados, en La Paz, denuncia formal por un presunto caso de corrupción en la compra de equipos y motores de aviación para las Fuerza Armadas (FFAA) y solicitarán que se conforme una comisión multipartidaria para investigar estos hechos y sancionar a los culpables.

Mientras duren las investigaciones, estos legisladores solicitan que el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, y el comandante en jefe de las FFAA, Gonzalo Durán, sean suspendidos de sus cargos, así como también todos los que hubiesen estado implicados en este supuesto hecho irregular.

Ayer, los dos parlamentarios señalaron que ya se denunció la compra irregular de ocho motores de aviación, pero que en su primera denuncia ninguna de las entidades estatales a la que recurrieron con petición de informe les respondió. En esa lista del silencio, dijeron, están las FFAA, el Ministerio de Defensa, Ministerio de Transparencia y la Fiscalía.

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