La exgerente de la empresa China CAMC, Gabriela Zapata, reveló que por la firma de tres contratos que suscribió el Estado con la empresa española JOCA, la compañía Beijin Urban y la Planta de Polipropileno, pagó comisiones a autoridades del Gobierno. Sostiene que por denunciar estos cobros está siendo hostigada, amenazando a sus familiares y a sus abogados.
La señora de 30 años, que guarda reclusión preventiva desde febrero, aseguró que en la visita que la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa le hizo en el penal de Miraflores, siguió un “libreto”, porque le habían ofrecido su libertad.
“Me han dado todo un libreto, en el que debía decir que no hubo tráfico de influencias, creyendo que, a cambio de ello, me pondrían en libertad, pero todo ha salido al revés”, manifestó.
“Mi abogado va presentar pruebas mañana, son como cuatro documentos en los que se demuestra que yo recibía en mi domicilio de La Rinconada a presidentes de entidades y a ministros”, afirmó Zapata, antes de volver a pedir que se investigue quiénes eran los que iban a visitarla.
“Aquí vamos a aclarar, mostrando pruebas, quiénes eran los verdaderos traficantes de influencias. El señor César Navarro, que supuestamente era mi amigo, que no ha hecho nada por mí, es el que está más callado ahora; él debía explicar, porqué ha instruido a la Comibol, dar las sales de potasio, y cómo ha cerrado el tema de China Still, eso debería explicarle a este país ese sinvergüenza”, expresó Zapata.
En el caso de las visitas a su domicilio, “ingresaban autoridades de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), ingresaba gente de hidrocarburos, ingresaban el mismos ministro de Minería (César Navarro), ingresaban bastantes personas a mi casa”, aseguró Zapata, a través de un contacto telefónico con la periodista del programa Cabildeo, Roxana Lizárraga.
Zapata asegura que en el organigrama de la supuesta “organización criminal”, que presentó el ministro de la presidencia, Juan Quintana, en lugar de los cinco detenidos, deben figurar los nombres de directores de empresas estatales y ministros, citando como ejemplos a los de Minería, César Navarro, y de Obras Públicas, Milton Claros.
“Si hablan de organización criminal, deberían estar los ministros que están a la cabeza de esos contratos, empezando por el ministro de Obras Públicas. Aquí es donde está un consorcio de ministros”.
Sobre las aseveraciones de Quintana, a pesar de los duros adjetivos que el ministro ha utilizado al momento de presentar el trabajo de “investigación” que ha realizado su equipo de trabajo en tres meses, hasta el momento no se ha puesto en claro en qué consiste la ilegalidad de estos depósitos ni la vinculación con casas de juego.
La exgerente comercial de CAMC considera que se encuentran contra un monstruo del poder, refiriéndose a Morales, “lógicamente todo va salir a la manera que él (Morales) cuenta las cosas”.
AMIGO DE ZAPATA
El ministro de Minería, César Navarro, admitió, en declaraciones al periódico digital Urgentebo, que fue amigo de Gabriela Zapata. Dijo que la conoció en la ciudad de La Paz, entre fines de 2014 y principios del 2015.
“No voy a negar la amistad que tuve con ella, fuimos amigos y lo que más preocupa en esta declaración es que involucre a instituciones como la Comibol, la Gerencia de Evaporiticos y la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) y que hubiese habido algún nivel de influencia o soborno para que existan estos contratos, eso es muy preocupante”, declaró el Ministro de Minería.
Aseveró que se reunieron en un par de ocasiones en la zona Sur de La Paz, una en el Café Alexander y otra en el colombiano “Juan Valdez”, ubicado en San Miguel.
“Una relación de amistad no la puedo negar más de ese hecho; tomamos, recuerdo, un par de cafés en la zona Sur”, dijo.
CAMC
Pese a que en la misma declaración telefónica Zapata asegura que dará “muchos más detalles y con pruebas”, a excepción del Ministro de Minería, no precisó los nombres de las autoridades que visitaban su domicilio en La Rinconada.
Sin embargo, sobre el contrato que el Estado firmó con la CAMC, precisó que en fecha 16 de diciembre de 2015, ella se presentó en el despacho del ministro Claros, y mantuvo una conversación de tres horas, en la que esta autoridad le pidió que levante el amparo constitucional que la CAMC interpuso en su contra y que ganó en una primera instancia.
Señala que todo este tema salió debido a la pelea que se dio al interior del Gobierno, sobre la adjudicación de contrato por la construcción de la vía férrea Bulo Bulo-Montero.
Ante las declaraciones de Zapata, hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad había dado su contraparte, pese a la solicitud de varios medios de comunicación, entre ellos EL DIARIO.
CONTRATOS
La empresa española JOCA se adjudicó, por excepción, la construcción del Tren Eléctrico Metropolitano de Cochabamba, por un monto de 504 millones de dólares. Inicialmente, este proyecto debía ser ejecutado por Hyundai Rotem, de Corea.
La firma Beijin Urban se adjudicó el proyecto diseño y construcción del Aeropuerto Internacional Viru Viru-HUB, Beijing Urban Construction Group Co Ltda, por un costo de 300.244.840 de dólares, casi 100 millones de dólares menos del precio referencial de la convocatoria que lanzó el Gobierno.
En el caso de la planta de polipropileno aún no se adjudicó a ninguna empresa, ya que la licitación fue lanzada el 1 de mayo pasado. La inversión que está prevista para este proyecto es la mayor en la historia del país, alcanza a los 2.200 millones de dólares.
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