jueves, 16 de junio de 2016

México diseña nuevas leyes anticorrupción

Cada año, unos 100.000 millones de dólares desaparecen en México. La corrupción, enquistada en la segunda potencia económica de América Latina, deja grandes agujeros que casi nunca son castigados. Presionados por varios escándalos, los partidos políticos ultiman ahora un nuevo sistema legal que extirpe ese “cáncer”.

La idea es que México deje de estar entre los países menos transparentes del mundo (el 95 de 167 según Transparencia Internacional), que los políticos rindan públicamente cuentas y que sean castigados si, por ejemplo, aplican las habituales “mordidas” a la hora de asignar contratos públicos que, además de ser una merma democrática, ahuyentan a inversores extranjeros.

“Durante muchos años, una de las grandes quejas de los empresarios era el llamado diezmo, sobornos del 10 por ciento en los contratos públicos. Hoy el diezmo se convirtió en 30 por ciento o más, en una subasta al mejor postor”, dice Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Esta organización civil, que cifra en un 9 por ciento del Producto Interno Bruto el costo de la corrupción para México, es uno de los grupos que más lobby ha hecho en la redacción del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que prevé centralizar las políticas al respecto, establecer penas más severas para los corruptos.

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