Hay indicios de tráfico de influencias en el caso dron

La auditoría por la compra de un centro de monitoreo móvil y un dron para la Policía por parte de la Alcaldía, por Bs 3,7 millones, detectó una serie de irregularidades, por lo que determinó que siete personas tienen indicios de responsabilidad penal y 13, responsabilidad administrativa. Los informes de auditoría fueron presentados ayer por funcionarios del Ejecutivo municipal al órgano deliberante.

Según dicha auditoría, seis funcionarios y ex funcionarios municipales habrían incurrido en los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y comisión por omisión. Los sindicados son José Canudas Araujo, Ernesto Mario Peterson Toledo, Marisabel Barrero Vaca, José Ernesto Rojas Villarroel, Johnny Huari Montaño y Ernesto Terceros Goitia.

Además, el informe, que fue presentado por el secretario de Asuntos Jurídicos de la comuna, José Negrete, indica que José Alberto Padilla, propietario de la empresa Army Security, tiene indicios de haber incurrido en los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado e incumplimiento de contrato.

Negrete informó de que el 9 de este mes la Alcaldía presentó una querella en la Fiscalía contra todas estas personas. Además, dijo que esperan ampliar la querella contra Paúl Cuéllar Bejarano, de la empresa Westeco, y contra otros que resultaren involucrados en el caso.

La Alcaldía también detectó indicios de responsabilidad administrativa de los seis ex funcionarios municipales anteriormente nombrados, además de otros siete: José Mojica, Zeneida Soria, Guísela Garrido, Deisy Cuéllar, Adalid Toledo, Fernando Zabala y Emilene Gutiérrez.

Diputados en la sesión

Víctor Gutiérrez, presidente de la comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Diputados, junto a otros dos miembros de la comisión, presenciaron la sesión. Al inicio de la misma, Negrete expuso los argumentos sobre la incompetencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional para fiscalizar al ejecutivo municipal.

Gutiérrez indicó que, según la Carta Magna y la Ley Marco de Autonomías, los entes autónomos deben responder a los requerimientos del órgano legislativo nacional y que el alcalde Percy Fernández ya lo ha hecho en 18 ocasiones de forma escrita y que lo único que cambia en esta oportunidad es que se solicita un informe oral.
Gutiérrez agregó que por cuestiones de salud Percy puede solicitar que el informe sea dado en Santa Cruz