Policías de Utarc reaparecen pero callan y se escabullen

Ocho años después del operativo en el hotel Las Américas, tres miembros de la disuelta Unidad Táctica de Resolución de Conflictos (Utarc), Walter Andrade, Marilyn Vargas y Gary López, reaparecieron ayer resguardados por una treintena de policías al ser convocados como testigos en el juicio por terrorismo.
Alegando que temían por sus vidas, solicitaron declarar de forma reservada y el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz presidido por Sixto Fernández les otorgó la posibilidad de que sus declaraciones se tomen a puertas cerradas, en un llamativo contraste respecto a otras personas, sobre todo las que tenían problemas de salud como Ronald Castedo, Ignacio Villa Vargas o Gary Prado Salmón.

Sin embargo, los policías se acogieron a disposiciones de la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, que establecen el deber de abstención, para no brindar información secreta referida a la seguridad interna del Estado, esto para no decir cómo se ejecutó el operativo que derivó en la muerte de Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer.
María del Carmen Morales protestó por los privilegios dados por los juzgadores a los tres policías y recordó que a su esposo, el general Prado Salmón, lo obligaron a declarar vía Skype desde su casa, violentando su derecho a la intimidad instalando cámaras en su dormitorio.

Desalojaron todo el piso
En primera instancia, Fernández ordenó desalojar de la sala a los medios de prensa y los familiares de los acusados; luego, su secretario dijo que por orden del juez, se debía desalojar el segundo piso del Palacio de Justicia, donde está el salón de audiencias. Para esto se desplegó a más de una veintena de policías con la intención de impedir que los medios registren imágenes y aborden a los agentes de la extinta Utarc, quienes luego de presentarse ante el Tribunal se escabulleron y salieron en vehículos con vidrios oscuros que los esperaban en el subsuelo del Palacio, escoltados por efectivos de Inteligencia.
Al salir, el juez Fernández negó, tres veces, haber dado la orden a su secretario de hacer desalojar el piso.

Como una burla, fue calificada por Alcides Mendoza la presencia de los tres policías y el despliegue de efectivos para resguardarlos, mientras Zvonko Matkovic dijo que los testigos citados siguen una línea trazada por el Gobierno de no declarar y que son “encubiertos por el Tribunal”.
Gary Prado, abogado de Mendoza, hizo notar que los policías habían argumentado que no tenían dinero para viajar y alojarse en Santa Cruz, pero no usaron las habitaciones pagadas en Las Américas.

Rada se abstuvo de declarar
El viceministro de movimientos sociales, Alfredo Rada, se acogió al derecho de abstención para no declarar y aseguró que Branko Marinkovic financia a los acusados desde Brasil.