“Chito” pide dar fin al juicio y se libra de cuatro delitos

Noticia publicada el 28 de Agosto en LA prensa

La defensa de Luis Alberto “Chito” Valle confía en que el juicio de responsabilidades se extinga en mayo de 2008, y con miras a ese objetivo tiene ya una batalla ganada: la Corte Suprema de Justicia resolvió a favor del ex Prefecto de La Paz la eliminación de cuatro delitos que pesaban en su contra.

Según el Ministerio Público, Valle no tiene propiedades a su nombre, por tanto no cuenta con recursos para cubrir los 17.753.013 dólares que, se estima, es el daño económico causado en su gestión 1997-1999.

El abogado Alberto Morales, defensor de “Chito”, indicó ayer que la Corte Suprema ha dictado una resolución, el 14 de noviembre de 2006, por la que declara expresamente prescritos los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, malversación, supresión o destrucción de documento y simulación de delito.

El tiempo está en contra de los acusadores. A la fecha, según Morales, prescribió también el delito de contratos lesivos al Estado, que tiene una pena máxima de cinco años de cárcel, aunque sobre esto aún falta una resolución suprema.

En febrero, el ex Prefecto paceño estuvo en la cárcel de San Pedro, permaneció por algo más de 48 horas en la sanidad del recinto. Ahora espera el juicio de responsabilidades por la venta de vehículos de la Prefectura a precio de chatarra, la compra de muebles de La Cuisine con sobreprecio y la transferencia de muebles e inmuebles del ex Banco Minero que desaparecieron.

“Valle ha presentado —informó Morales— (la solicitud de) extinción del proceso por duración máxima. Está siendo investigado siete años sin ningún resultado y ha denunciado actividad procesal defectuosa”.

Según la Constitución, en un juicio de responsabilidades no acusa el Fiscal General de la República, sino la Sala Penal de la Corte Suprema. Ese paso no se ha dado y los jueces no han evaluado si es viable o no la propuesta acusatoria del Fiscal General.

El fiscal William Alave no pudo ser contactado ayer por este medio pues tenía su teléfono desconectado.

Otros casos

La revista Domingo mostró que la Prefectura de La Paz acumula pruebas para abrir otros casos contra Valle y su parentela. Por ejemplo, está el de una supuesta venta de una casa prefectural a una persona particular, cuyo dinero nunca entró a la caja pública.

El otro hecho habría sucedido cuando la Federación Regional de Cooperativas Auríferas se declaró en quiebra. El Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada dispuso el traspaso de la infraestructura de las cooperativas a los municipios, éstos lo rechazaron por la alta deuda que significaba, pero la Prefectura de La Paz admitió ese gravamen de 66,4 millones de bolivianos.

Morales se excusó de hacer comentarios sobre esos hechos porque, aclaró, no son investigados oficialmente por el Ministerio Público.

“Querer buscar la verdad, sabiendo que hasta que investiguen hoy, planteen mañana la acusación, luego esto tenga que ir a autorización del Congreso, lo único que hacen es generar un show, no tiene perspectivas de llegar jamás a sentencia (...) Es burlarse de la opinión pública y de la inteligencia de los comprendidos en estos temas, gastar dinero del Estado en investigaciones superfluas y mantener abierto un caso con fines más mediáticos que de justicia”.

El abogado desvirtuó la acusación de la Fiscalía. Por ejemplo, dijo que la venta de chatarra fue por una resolución del prefecto anterior Germán Quiroga y que la transferencia de inmuebles del ex Banco Minero benefició a la Prefectura.

Según abogado, se investigó a las Banzer fuera de la ley

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) colectó las transacciones financieras de las hijas de Hugo Banzer, Ilonka y María Patricia, y halló despósitos de hasta 600 mil dólares. El abogado de “Chito” Valle, Alberto Morales, desacreditó esa averiguación porque no existe una autorización legal para perseguir a las dos mujeres.

Aunque Morales explicó que no es abogado de ellas y por eso mismo aclaró que no puede involucrarse en el tema, sí dijo que a la “familia (de Valle) no la han involucrado en el proceso” de juicio de responsabilidades.

“No entiendo con qué autorización legal la UIF está investigando al entorno (familiar) si no hay requerimiento fiscal, no hay imputación, no hay caso contra ellas. Tampoco el Estado puede arbitrariamente hacer el análisis y evaluación del movimiento de cuentas de una persona y mostrarlos a la opinión pública si no hay un caso judicial. Se están vulnerando los derechos”.

Ilonka Banzer conversó con La Prensa el domingo, se mostró sorprendida por la averiguación de sus cuentas y dijo que no tenía nada de qué opinar. Ella recibió en una cuenta nacional transferencias por 67.750 dólares de la cuenta empresarial La Cuisine y giró cheques a la orden de dicha firma por 101 mil dólares.

Morales dijo ayer que Enrique Vargas Delos, esposo de Ilonka, es uno de los socios de La Cuisine, de la que “Chito” adquirió muebles durante su gestión, según la Fiscalía, previa licitación pero con sobreprecio.

En breve

La pesquisa a “Chito” Valle, yerno de Hugo Banzer, comenzó en mayo de 2000.

Su abogado afirma que son siete años de investigación en contra del ex Prefecto.

El defensor considera que en mayo de 2008 se extinguirá legalmente el proceso.

Valle afronta un juicio de responsabilidades por tres supuestos delitos.

El primero es por la venta de vehículos de la Prefectura paceña a precio de chatarra.

El otro es por la compra de muebles de La Cuisine SRL con sobreprecio.

Hay uno más por la transferencia de muebles e inmuebles del ex Banco Minero.

Además está la compra de un mobiliario de alcoba para la Prefectura.

“Tres sospechosos participaron en adjudicaciones” ABC lio de caminos

Noticia publicada el 22 de Agosto en La PrensaEl ex gerente general de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Roberto Araúz, y los ex funcionarios de esta empresa Fernando Zegarra y Huáscar Criales, destituidos hace dos semanas por supuestos actos de corrupción, participaron en procesos de adjudicación para la construcción de tramos carreteros en el país.

La presidenta ejecutiva de la empresa estatal caminera, Patricia Ballivián, contó además a La Prensa los por menores del proceso de adjudicación de obras, procedimiento que será controlado en breve a través de auditorías especializadas, que estarán a cargo de una empresa privada.

Junto a los tres anteriores personeros fue destituido Dennis Arratia, quien ocupaba un cargo de técnico de aplicaciones (informática) en la Gerencia de Construcciones.

Este caso comenzó con el hallazgo de correos electrónicos “sopechosos” que mencionaban “ciertas actitudes de cobros. Hay mucho que está en clave, 24 millas, o cosas así, que derivaron en el presentación de la demuncia”. Ballivián deja en manos de la Fiscalía la valoración de la información proporcionada por ABC. Afirma que se “está trabajando para limpiar la institución con la detección de actos que no estaban muy claros”.

¿Quién es Araúz?

—¿Cómo ingresó Roberto Araúz a trabajar en la institución?

—Él entró por convocatoria al cargo de jefe de la Unidad de Bienes y Servicios. Después asumió el puesto de Gerente Administrativo de la empresa. Y luego yo lo puse como Gerente General de ABC.

—¿Entre qué fechas ocurrió eso?

—Estuvo el 2004 y 2005 como Jefe de Bienes y Servicios. El 2006, como Gerente Administrativo. Ese mismo año asumió el interinato de la Gerencia General, cuando ese cargo estaba acéfalo. Y desde el 2007 ocupó este último cargo.

—¿Él tenía poder de decisión para que se adjudicara la construcción de tramos carreteros?

—Como Gerente General no. Pero sí como autoridad responsable del proceso de contratación de una empresa. Dentro de las normas, cuando se hace una licitación, mi persona nombra al responsable del proceso de contratación de cada proceso de licitación. Este funcionario recibe el nombre de Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (ARPC).

—¿Cuáles son sus funciones?

—Esta autoridad tiene funciones totalmente independientes de la estructura jerárquicas de ABC. Él conforma su comisión técnica, en la que hay un presidente.

—¿Araúz ocupo el puesto de ARPC?

—Estuvo en procesos de licitación, así como estuvieron otros funcionarios de la institución. Lo que se hace es delegar esa responsabilidad, como estipula la norma. Y, reitero, es la autoridad responsable de la contratación. Tiene independencia respecto a las autoridades de ABC.

—¿Cuántas personas forman una comisión técnica?

—Cinco en la comisión, más la persona designada como ARPC.

—¿Araúz, en qué tipo de adjudicación de obras participó?

—No tengo ahora en la memoria ese dato. Tenemos muchas licitaciones. Pero él ha debido estar en unas 10 ó 11 licitaciones por parte de la institución. Pero las convocatorias se hacen desde la compra de computadoras, mantenimientos, estudios y también obras de construcción.

—¿Zegarra, Criales y Arratia participaron en la adjudicación de obras?

—Criales y Zegarra fueron parte de licitaciones.

—Eso quiere decir que ellos...

—Ellos recibían la información de las empresas proponentes, hacían una valoración de las propuestas y seleccionaban al adjudicatario junto con los otros miembros de las respectivas comisiones y el ARPC designado.

—¿Se detectó irregularidades en los procesos de adjudicación en que participaron Araúz, Zegarra y Criales?

—Eso está en manos de la Fiscalía. Nosotros hemos entregados toda la información junto con la documentación de la actuación como ARPC de Araúz y de los funcionarios que estarían ahora con sospechas de actos de corrupción.

—Cuando estás comisiones designan a la empresa adjudicataria, ¿la Presidencia de ABC tiene alguna competencia en el tema?

—Ninguna. La norma solamente involucra a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) cuando hay una impugnación. La Presidencia de ABC no puede inteferir en el proceso de adjudicación. Por eso hay una ARPC y una comisión que tienen la responsabilidad de todo el proceso de la adjudicación. Si hay una impugnación de alguna empresa que participó, recién interviene la Presidencia de ABC para verificar los documentos.

—¿Es el procedimiento?

—La ARPC firma una resolución de adjudicación y es el que concede la obra. Y después se va a la firma del contrato, para lo cual se me trae toda la documentación con los informes.



—¿Cuándo hay una impugnación qué se hace?

—Se evalúa, y hay tres opiciones: 1) la procedencia de la impugnación, 2) la no procedencia o 3) la anulación del proceso si se encontrara alguna irregularidad.

—¿Se ha impugnado algún proceso de licitación en que participó Araúz?

—No. En este tiempo hemos tenido sólo una impugnación: la del tramo carretero Ancaravi-Turco, en marzo de este año, porque la comisión técnica apartó a una empresa proponente a causa de que su boleta de garantía no cumplía con los tres requisitos (de ejecutable, irrevocable y de renovación inmediata). Como establecen las normas, se hizo otra convocatoria en la que participaron de nuevo las empresas que se habían presentado en el primer llamado. Se envió un informe a la Contraloría.

—¿Si hubiera alguna irregularidad en la adjudicación, la responsabilidad caería en los miembros de la comisión técnica responsable de la adjudicación?

—Sí. Lo que pasa es que los procedimientos son claros. Para la evaluación tiene un equipo multidisciplinario. Eleva su informe. La ARPC lo revisa, lo ratifica, emite su resolución. Y hay tres días para interponer un recurso de impugnación. Si no hay esta observación, se firma el contrato con la adjudicataria, con todos los informes: técnico, jurídico y la resolución de adjudicación.

—¿Hay mecanismos internos para detectar irregularidades en las adjudicaciones?

—Nosotros vamos a proceder a hacer auditorías, con una empresa externa, de las concesiones. Las auditorías van a ser un control interno nuestro, a raíz de los que ha pasado. Ahora sólo hay un estudio al final de todo proceso, es decir, cuando se termina la obra. Queremos que la auditoría se haga en fases. Por ejemplo, cuando se termine el proceso de adjudicación, tendría que haber una investigación.

los otros sospechosos

—¿Qué funciones cumplían Dennis Arratia, Huáscar Criales y Fernando Zegarra en ABC?

—Ellos eran funcionarios que trabajaban en la gerencia de Construcciones. Estaban a cargo de los proyectos carreteros que se hacen actualmente en el país. El señor Arratia también trabajaba en la gerencia de Construcciones, pero como técnico de aplicaciones.

—¿Desde cuándo trabajaban ellos en la empresa?

—Zegarra y Criales fueron evaluados (porque trabajaban) desde la anterior institución (Servicio Nacional de Caminos) y fueron confirmados en sus puesto a raíz de las evaluaciones técnicas y administrativas. El señor Arratia ingresó por concurso de mérito, a finales de la pasada gestión.

—¿Alguno de ellos tenía relación directa con los potenciales adjudicatarios de los proyectos en licitación?

—En realidad, cada funcionario de la gerencia de Construcciones es administrador de un contrato de obras. Y ahora estamos con 40 contratos en ejecución a nivel nacional, y en puntos diversos.

Ellos no solamente eran encargados de una adjudicación, sino que se repartía el trabajo (de la oficina) en el marco del seguimiento y de la cuantía del proyecto carretero en licitación.

Una extranjera tiene cargo jerárquico en el Gobierno

Noticia publicada el 22 de Agosto de 2007 en La Razon

Hortensia Jiménez, ciudadana cubana de padres chilenos, ejerce actualmente las funciones de directora de Desarrollo Energético del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, reveló el lunes en su programa Con letra chica, que se difunde por la red PAT, el periodista Carlos Valverde.
Valverde expresó que antes de desempeñar el cargo de directora de Desarrollo Energético, Jiménez trabajó como consultora en esa cartera de Estado. En junio del 2006 presentó el Balance Energético Nacional (BEN) para la planificación del sector.
Según el ex viceministro de Justicia Carlos Alarcón, los artículos 36, 37, 40 (numeral 2) y 41 de la Constitución Política del Estado (CPE) definen claramente el concepto de ciudadanía.
“Es decir, la Constitución reserva el derecho al ejercicio de funciones públicas a los bolivianos, que, a la vez, son ciudadanos bolivianos, ya sea por origen o por naturalización”, precisó.
Es más, dijo que en concordancia con la CPE, el Estatuto del Funcionario Público establece, en su artículo 1, inciso c), que “el presente estatuto se rige por los siguientes principios: reconocimiento de los ciudadanos a desempeñar cargos públicos”.
“O sea, que de acuerdo a la Constitución y a la ley, los extranjeros no tienen el derecho a desempeñar cargos públicos”. Sobre el tema, el constitucionalista Benjamín Miguel Harb mencionó que la contratación de la ciudadana cubana no estuvo enmarcada en las leyes bolivianas.
“Son cargos que requieren la nacionalidad boliviana. Eso está establecido en la Ley de Organización del Poder Ejecutivo” y en otras disposiciones legales, afirmó el ex parlamentario.
El senador de Podemos Carlos Börth añadió que los cargos jerárquicos en la administración pública no pueden ser ejercidos por ciudadanos extranjeros.
“En los niveles ejecutivos no pueden haber extranjeros”, afirmó el parlamentario y citó el Estatuto del Funcionario Público como una de las normas que regula la contratación de personal en la administración central.
Ciudadanía
Artículo 40 • Numeral 2º. En el derecho a ejercer funciones públicas, sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas por ley.
Artículo 41 • Son ciudadanos bolivianos, varones y mujeres mayores de 18 años de edad, cualesquiera sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta.

Policía investigará a todos los funcionarios de la ABC

Noticia publicada La Razon el 21 de Agosto de 2007

Con el propósito de luchar contra la corrupción, la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Patricia Ballivián, informó ayer que la Policía investigará a todos los funcionarios que trabajan en esta entidad.

Según la autoridad, el Ministerio de Gobierno y la ABC firmarán un convenio para realizar este trabajo. “Todos los funcionarios que quieran trabajar en la ABC y los que ya trabajan van a ser investigados y van a poner toda la información personal, financiera a cargo de la Policía”, sostuvo Ballivián, al indicar que en la actual gestión de Gobierno se invertirán más de dos mil millones de dólares en la construcción de vías camineras, dinero que debe ser cuidado para que no caiga en manos de los corruptos.

“Nunca falta la gente maliciosa que quiere aprovecharse de ciertos intereses y nosotros vamos a precautelar”, señaló la funcionaria y aclaró que los recursos que se roban no son de la institución sino de los bolivianos.

Por otra parte, sostuvo que las comisiones que evalúen las licitaciones de carreteras y puentes serán sometidas a una auditoría externa. Explicó que esta labor se la hará a las cuatro adjudicaciones, donde existen sospechas de manipulación de información.

En cuanto a los tres funcionarios que fueron despedidos la semana pasada, y que ahora guardan detención domiciliaria por casos de corrupción, dijo que se encontró evidencia en su contra, referida a beneficios económicos a cambio de favores a empresas contratistas.

Los funcionarios destituidos son Dennis Arratia, Huáscar Criales y Fernando Zegarra. El proceso está en curso.

Funcionarios de ABC pierden su libertad

Noticia publicada el 20 de Agosto de 2007 en LA Razon
La jueza de medidas cautelares, Betty Yañíquez, determinó la detención domiciliaria de tres funcionarios de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) por licitaciones irregulares que involucran a un funcionario de la empresa Queiroz Galvao.

La denuncia que llevó a la detención fue presentada el viernes por la presidenta de la ABC, Patricia Ballivián, al fiscal Marco Antonio Vargas, quien respondió a la querella presentándose en oficinas de la empresa estatal, donde fue informado sobre los presuntos actos ilícitos.

Los imputados, Dennis Arratia, Huáscar Criales y Fernando Zegarra habrían mantenido contacto vía correos electrónicos y chat, en los que preparaban arreglos de pagos y montos para beneficiar en procesos de licitación y contratación de construcción de carreteras a determinadas empresas, en este caso, Queiroz-Galvao. Alexandro Uzeda, representante de esta empresa, habría sido la conexión.

Por esto, el fiscal Vargas dispuso la aprehensión de Arratia (principal imputado) Criales y Zegarra, quienes ayer fueron llevados ante la Jueza Yañíquez para determinar medidas cautelares o su libertad.

Entretanto, ABC tiene previsto ejecutar la boleta de garantía de la constructora brasileña Queiroz-Galvao, de 22 millones de dólares, si los descargos que la empresa presentará hoy no satisfacen al directorio. ANF

Fiscalía analiza denuncias de corrupción en ABC

Noticia publicada el diario el 18 de Agosto de 2007

La presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Patricia Ballivián, confirmó este viernes la suspensión de sus funciones del gerente general de la institución, Roberto Araúz, caso que fue remitido al Centro Especial de Investigaciones de la Policía (CEIP).

La autoridad exteriorizó su preocupación por las denuncias de corrupción que se están dando en esa entidad, según informa la Agencia ABI.

En contra de Roberto Araúz, pesan algunos correos electrónicos, que no constituyen prueba fehaciente, en los que el funcionario, presuntamente favorece, a ciertas empresas para concederles contratos de construcción de carreteras.

La Presidenta de la ABC informó que una unidad especializada del CEIP se encuentra investigando el caso, mientras tanto, el funcionario está suspendido del cargo.

“Se ha suspendido de sus funciones al que fungió como gerente general en la institución por algunas susceptibilidades en unos email (correos electrónicos) que no son elementos para determinar actos ilícitos”, declaró.

Patricia Ballivián dijo que el caso se encuentra en proceso de investigación, por lo que recalcó que nadie es culpable hasta que se lo demuestre.

“Debo decir que se trata de un cargo de confianza y al existir cierta susceptibilidad, mi persona lo que ha hecho es suspender de sus funciones al gerente general”, indicó.

Asimismo, Ballivián dijo que si se prueba la inocencia, el gerente general será repuesto en el cargo.

El pasado 4 de marzo, la presidenta de la ABC, Patricia Ballivián, recordó la destitución del anterior gerente general, Iván Velásquez, por haber cometido irregularidades en la licitación del tramo Mataral - Valle Grande.

ABC destituye a un gerente por presunta corrupción

Noticia publicada el 16 de Agosto de 2007 en La Razon

La presidenta interina de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Patricia Ballivián, determinó destituir al gerente general de la entidad, Roberto Arauz, por estar involucrado en supuestos casos de corrupción.

Ballivián declaró a medios de prensa que Arauz fue destituido el viernes por la aparición de correspondencia electrónica en la cual se hacían referencias a pagos de dinero a cambios de favores administrativos, aunque no se pudo evidenciar la empresa que estaría involucrada en el hecho.

Agregó que en los correos electrónicos (e-mail) aparecían nombres como Roberto, Paty y Fonplata como favorecidos con un porcentaje de distribución.

Según ANF, la titular de la ABC negó haber estado involucrada en el hecho, y aclaró que ella llevó adelante la investigación, lo que “finalmente terminó en la destitución de Arauz”.

El despido se debió a que el inculpado ocupaba "un cargo de confianza y apoyo, evaluación y rendimiento", y como perdió la confianza de la presidencia ejecutiva de ABC, fue destituido el viernes pasado. "Mi potestad es poner gente de confianza", concluyó Patricia Ballivián.

En cuanto a alguna medida legal contra el sospechoso, la ejecutiva de la ABC indicó que no existe base legal para esto, ya que toda la información salió de correos anónimos, los cuales no pueden ser utilizados para una acusación formal.

Esta es la segunda destitución por casos de corrupción dentro de la ABC en lo que va del año. El primer despedido fue Iván Velásquez, el 2 de marzo de este año, por presuntos actos de corrupción en el proceso de adjudicación del tramo caminero Mataral-Valle Grande, en el departamento de Santa Cruz. Velásquez habría favorecido dolosamente a la empresa de Andrés Petricevic con la adjudicación de la vía.