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domingo, 26 de agosto de 2018
viernes, 24 de agosto de 2018
miércoles, 22 de agosto de 2018
Caso Quiborax Desestiman denuncia contra autoridades
El Ministerio Público de La Paz desestimó la denuncia planteada por diputados de oposición por el caso Quiborax, contra el procurador general del Estado, Pablo Menacho, los ministros de Justicia, Héctor Arce, Minería, César Navarro, fiscal de distrito Edwin Blanco y otros, con cargos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Determinación que el expresidente Carlos Mesa calificó como “una aberración jurídica”.
“Hemos presentado la denuncia por el daño económico de $us 42,6 millones que le han causado a Bolivia y la fiscalía nos ha notificado con la desestimación de la denuncia. De acuerdo a ley como corresponde nosotros vamos hacer la objeción correspondiente”, declaró el diputado Rafael Quispe, como parte de los denunciantes.
“Se desestima la denuncia interpuesta por Wilson Pedro Santamaría Choque, Rafael Arcangel Quispe Flores y Julio Grover Huanca Nina contra Elizabeth Arismendi Chumacero, Héctor Arce Zaconeta, Félix Cesar Navarro Miranda, Pablo Menacho Diederich, Edwin Blanco y Favio Maldonado”, indica la parte dispositiva que emitió el Ministerio Público.
Quispe señaló que la investigación dispuesta contra el expresidente es parte de un proceso ante una denuncia que debe ser cumplida, pero que las autoridades denunciadas por responsables de la pérdida de los dineros del Estado también deben ser investigadas.
“Hemos presentado la denuncia por el daño económico de $us 42,6 millones que le han causado a Bolivia y la fiscalía nos ha notificado con la desestimación de la denuncia. De acuerdo a ley como corresponde nosotros vamos hacer la objeción correspondiente”, declaró el diputado Rafael Quispe, como parte de los denunciantes.
“Se desestima la denuncia interpuesta por Wilson Pedro Santamaría Choque, Rafael Arcangel Quispe Flores y Julio Grover Huanca Nina contra Elizabeth Arismendi Chumacero, Héctor Arce Zaconeta, Félix Cesar Navarro Miranda, Pablo Menacho Diederich, Edwin Blanco y Favio Maldonado”, indica la parte dispositiva que emitió el Ministerio Público.
Quispe señaló que la investigación dispuesta contra el expresidente es parte de un proceso ante una denuncia que debe ser cumplida, pero que las autoridades denunciadas por responsables de la pérdida de los dineros del Estado también deben ser investigadas.
sábado, 28 de julio de 2018
jueves, 26 de julio de 2018
miércoles, 25 de julio de 2018
martes, 24 de julio de 2018
lunes, 23 de julio de 2018
domingo, 22 de julio de 2018
Uno de ocho accionistas fue sentenciado por falsificación
El Estado boliviano presentó una denuncia penal contra los accionistas de la empresa Non Metalic Mineral Quiborax, por la falsificación del acta de conformación de accionistas. Los mayores accionistas son David Moscoso de nacionalidad boliviana y el ciudadano chileno Allan Fosck, el primero fue sentenciado a dos años de cárcel y el otro fue sobreseído.
El 14 de agosto de 2009, el principal socio de la empresa Non Metallic Minerals, David Moscoso, se acogió a un juicio abreviado por el que fue condenado a dos años de cárcel y obtuvo el perdón judicial.
Moscoso fue enjuiciado por dos delitos, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; porque admitió que se alteró el acta de conformación de accionistas de la firma, el 13 de septiembre se realizó una reunión de los empresarios, en el que decidieron la creación de la sociedad Non Metallic Minerals SA, esa acta fue cambiada de fecha, al 11 de septiembre, donde supuestamente participó Quiborax. Sin embargo, la empresa recién figuró en el acta del 13 de septiembre.
Nueve años después, el 5 de junio de 2018, dos días antes que el ministro de Minería, César Navarro, y el procurador, Pablo Menacho, paguen 42,6 millones de dólares a la empresa Quiborax, la Fiscalía retiró la acusación penal por cuatro delitos que se ventilaba en la justicia boliviana contra ocho acusados de esa firma y entre los que se encontraba el súbdito chileno fugado Allan Henry Isaac Fosck Kaplun.
El documento de retiro de acusación que presentó el Ministerio Público señala que el laudo arbitral emitido por el Ciadi rechazó las acusaciones que pesan contra el socio chileno de Non Metallic Minerals SA y que la prueba aportada por los demandantes supera la denuncia de falsificación de documentos que presentó el Estado boliviano ante esos tribunales.
Tras conocer que el Fiscal Departamental autorizó el retiro de acusación contra 8 accionistas de la empresa chilena, por la falsificación del acta de accionistas, los diputados Wilson Santamaría, Grover Huanca y Rafael Quispe presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra los ministros Héctor Arce y César Navarro, el procurador Pablo Menacho, además de los fiscales Favio Maldonado y Edwin Blanco, este último autorizó la resolución.
Por su parte, el fiscal Ramiro Guerrero pidió un informe al Fiscal departamental, Ewdin Blanco, para que explique cuáles fueron las razones para el retiro de la acusación, aunque dijo que este se basó en un procedimiento legal que establecía el laudo arbitral del Ciadi.
El 14 de agosto de 2009, el principal socio de la empresa Non Metallic Minerals, David Moscoso, se acogió a un juicio abreviado por el que fue condenado a dos años de cárcel y obtuvo el perdón judicial.
Moscoso fue enjuiciado por dos delitos, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; porque admitió que se alteró el acta de conformación de accionistas de la firma, el 13 de septiembre se realizó una reunión de los empresarios, en el que decidieron la creación de la sociedad Non Metallic Minerals SA, esa acta fue cambiada de fecha, al 11 de septiembre, donde supuestamente participó Quiborax. Sin embargo, la empresa recién figuró en el acta del 13 de septiembre.
Nueve años después, el 5 de junio de 2018, dos días antes que el ministro de Minería, César Navarro, y el procurador, Pablo Menacho, paguen 42,6 millones de dólares a la empresa Quiborax, la Fiscalía retiró la acusación penal por cuatro delitos que se ventilaba en la justicia boliviana contra ocho acusados de esa firma y entre los que se encontraba el súbdito chileno fugado Allan Henry Isaac Fosck Kaplun.
El documento de retiro de acusación que presentó el Ministerio Público señala que el laudo arbitral emitido por el Ciadi rechazó las acusaciones que pesan contra el socio chileno de Non Metallic Minerals SA y que la prueba aportada por los demandantes supera la denuncia de falsificación de documentos que presentó el Estado boliviano ante esos tribunales.
Tras conocer que el Fiscal Departamental autorizó el retiro de acusación contra 8 accionistas de la empresa chilena, por la falsificación del acta de accionistas, los diputados Wilson Santamaría, Grover Huanca y Rafael Quispe presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra los ministros Héctor Arce y César Navarro, el procurador Pablo Menacho, además de los fiscales Favio Maldonado y Edwin Blanco, este último autorizó la resolución.
Por su parte, el fiscal Ramiro Guerrero pidió un informe al Fiscal departamental, Ewdin Blanco, para que explique cuáles fueron las razones para el retiro de la acusación, aunque dijo que este se basó en un procedimiento legal que establecía el laudo arbitral del Ciadi.
Controversia con empresa Quiborax es de hace 30 años
El 7 de junio de la presente gestión, el Estado boliviano cumplió con el laudo arbitral que dictaminó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y pagó $us 42.6 millones a la empresa Non Metallic Minerals Quiborax. Este episodio fue el cierre de una controversia que data desde hace 30 años, con la promulgación de la Ley 1854 del 8 de abril de 1998.
ELDIARIO presenta un recuento de todo el proceso que pretende llevar a juicio de responsabilidades a dos expresidentes.
RESERVA FISCAL
La Ley “Valda” Nº 1854 de 1998, denominada así porque fue planteada por el senador del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Gonzalo Valda, durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez, redujo la reserva fiscal del Salar de Uyuni a 1.344.000 hectáreas, de un total de 2.362.000 hectáreas que estableció proteger anteriormente 13 puntos de la costra salina mediante el Decreto Supremo Nº 21260 del 16 de mayo de 1986, en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro.
Posterior a esta ley, se aprobó el Decreto Supremo 26574, el 9 de diciembre de 2002, durante la gestión de Jorge Quiroga, donde se ratificó la reducción de la reserva fiscal y el área de concesiones. Esto fue aprovechado por las empresas mineras para la adjudicación de concesiones para explotar ulexita, entre ellas se encontraba la empresa Non Metallic Minerals.
GOBIERNO DE MESA
El 9 de diciembre del 2003, durante el gobierno de Carlos Mesa se aprobó la Ley 2564 que abrogó La Ley “Valda” Nº 1854 y el Decreto Supremo 26574 el 9 de diciembre de 2002, con el que se restituye la reserva fiscal de toda la costra salina del salar de Uyuni, es decir la reserva fiscal abarca a 2,190.500 hectáreas.
Para efectivizar la ley mencionada, el 27 de enero del 2004 se aprobó el Decreto Supremo número 27326, que “establece la realización de auditorías técnica, jurídico legal, económico financiera, regalitario tributaria, sociolaboral y, preservación ecológica y medioambiental”, con el fin de declarar la nulidad de los derechos concesionarios mineros, en un plazo de 60 días a partir de la promulgación de la Ley Nº 2564.
Sin embargo, se establece como fecha límite para la entrega las auditorías hasta el 9 de febrero del 2004, hecho que fue observado por el Gobierno ya que no se cumplía el plazo de 60 días.
El 23 de junio de 2004, Carlos Mesa aprobó el Decreto Supremo 27589, que dispone la revocatoria de las concesiones mineras Cancha I, Doña Juanita, Tete, Borateras de Cuevitas, Basilea, Inglaterra, Don David, Sur, Pococho, La Negra, Cancha II, que pertenecían a Non Metallic Minerals, 11 en total y se le da un plazo de 30 días para la entrega de estos yacimientos.
Tras este acontecimiento es que la firma chilena presenta una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del cual Bolivia formaba parte por el Tratado Bilateral entre Chile y Bolivia que fue suscrita el 22 de septiembre de 1994, en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
CONFORMACIÓN DE NMM QUIBORAX
Según antecedentes de radio Pio XII, David Moscoso se adjudicó de forma ilegal un área importante de yacimientos de boro en la región Delta de Río Grande, que anteriormente pertenecía a la empresa Borax Consolidate de Inglaterra, que perdió la titularidad de esas concesiones por la falta de pago de las patentes anuales.
La promulgación de la Ley Nº 1854 no protegió la cuenca evaporítica del Salar, donde se encontraba las concesiones de Moscoso que fueron abandonadas, esta norma le ayudó para recuperar las áreas de explotación, esta vez lo hace a nombre de la Empresa Minera Río Grande Sur, de la cual es accionista mayoritario.
La empresa Chilena Quiborax, donde Allan Fosck es su accionista mayoritario, se especializa en la explotación en Boratos y uno de los mayores productores de ácido bórico, con plantas productoras en Arica y Antofagasta. Se interesó por las reservas de boro de la cuenca evaporítica del Salar de Uyuni, trata de adquirir las concesiones que son explotadas por Moscoso.
Para tal efecto, la Empresa Minera Río Grande del Sur se transforma en Non Metalic Minerals S.A., y las concesiones de Moscoso son transferidas a nombre de esta empresa, la firma chilena se asocia con la empresa de Moscoso que mantenía la mayoría de las acciones, aunque la empresa siempre fue manejada por Quiborax.
A inicios del 2004, una Comisión de la Cámara de Diputados realizó una inspección sorpresiva cerca de la cuenca evaporítica del Delta de Río Grande del Salar de Uyuni, descubriendo un escándalo medio ambiental realizado a Non Metallic y la empresa minera Copla, donde se observaron varias irregularidades en sus operaciones.
DEMANDA INTERNACIONAL
El 2006 –en la primera gestión de Evo Morales– el Ciadi notificó al Estado boliviano sobre la demanda internacional y a partir de esa fecha es que se inició la controversia entre ambas partes, por la reversión de las concesiones mineras.
El Estado trató de llegar a un primer acuerdo con la firma chilena en el 2008, el resarcimiento alcanzaba a $us 3 millones, pero este proyecto quedó suspendido debido a que se encontró que el acta de conformación de accionistas de Quiborax fue fraguada, ilegalidad que fue admitida por David Moscoso por lo cual fue procesado y sentenciado con dos años de privación de libertad.
El 26 de febrero de 2010 el Ciadi emitió una decisión sobre medidas provisionales para suspender el proceso penal iniciado por el Estado boliviano contra Allan Fosk, David Moscoso y otros siete accionistas de la firma, además piden evitar cualquier otro proceso penal directamente relacionado con este arbitraje, hasta que haya concluido el arbitraje o hasta que se reconsidere esta decisión.
PRIMER FALLO
En septiembre de 2015, el tribunal internacional emitió el laudo arbitral en contra de Bolivia y lo obligaba a cumplir con el resarcimiento de daños que alcanzaba a los $us 48,6 millones, tras conocer este dictamen la defensa legal del país solicitó la anulación del laudo que ganó la firma chilena, con el argumento de que “contiene gravísimas violaciones al procedimiento mismo de las normas del Ciadi”.
El Estado boliviano apeló la decisión del tribunal internacional, pero aun así el dictamen fue contrario al interés nacional.
Hubo una segunda intención de que Bolivia y la firma lleguen a un acuerdo en agosto del 2016, en esa fecha se realizó una reunión en las oficinas de la entonces subprocuradora Carmiña Llorenti. A esas instalaciones llegaron los representantes legales de Quiborax con el objetivo de acordar el retiro de acusaciones del querellante y del Ministerio Público, así como el proyecto de resolución judicial.
En esta reunión, Rodrigo Gil, abogado de la firma chilena, se prestó la computadora de Llorenti para enviar documentos, pero la funcionaria boliviana dejó abierto su correo electrónico, descuido que aprovechó el jurista chileno enviar a sus socios y colegas desde la bandeja de Llorenti tres tipos de documentos: el de retiro de la acusación particular, el retiro de acusación de la Fiscalía y la sentencia descargada.
Este hecho derivó en que la Procuraduría General del Estado inicie un proceso administrativo disciplinario contra Carmiña Llorenti. Esta investigación interna fue instruida por el entonces titular de esa división, Héctor Arce, ahora Ministro de Justicia.
En ese escenario, el 7 de junio de la presente gestión, el estado boliviano cumplió con el laudo arbitral que dictaminó el Ciadi y pagó $us 42.6 millones a la empresa Non Metallic Minerals Quiborax.
“Lo que nosotros hemos hecho es cumplir con una sentencia internacional, no es un tema que podamos decidir si cumplimos o no, es una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada. Caso contrario, los chilenos pueden agarrar la sentencia y puede ejecutarla en 152 países que son miembros del Ciadi y puede congelar cuentas del Estado”, dijo el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, después de que Bolivia pagó la millonaria suma.
JUICIO DE RESPONSABILIDADES
En mayo pasado, el procurador, Pablo Menacho, presentó una proposición acusatoria ante la Fiscalía General del Estado contra el expresidente Carlos Mesa y tres de sus exministros por el procedimiento ilegal que hizo para la reversión de las concesiones de Quiborax.
Tras una investigación y toma de declaraciones de los involucrados por parte de la Fiscalía, se determinó que había materia justiciable en contra de los acusados, por lo que determinó presentar un requerimiento acusatorio al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual da luz verde para el juicio de responsabilidades contra el expresidente.
Se tiene previsto que la Sala Plena del TSEJ de este miércoles 25 analice el requerimiento acusatorio aunque su presidente, Antonio Revilla, dijo que el tratamiento de la acusación contra Mesa no es prioritario ya que se debe concluir con los casos pendientes de la anterior magistratura.
Por otro lado, el Movimiento al Socialismo (MAS), Víctor Borda, anunció el viernes 13 de julio que iniciará un juicio de responsabilidades contra el expresidente Jorge Tuto Quiroga por la aprobación del Decreto Supremo 26574 y exparlamentarios que aprobaron una norma para “dividir” el Salar de Uyuni y validaron la concesión a la empresa minera Quiborax-Non Metallic Mineral.
DATOS
- En 1998 se promulgó la Ley “Valda” Nº 1854 en el gobierno de Hugo Banzer. Esta norma redujo la Reserva Fiscal del Salar de Uyuni de 2.362.000 hectáreas a 1.344.000 hectáreas.
- El 9 de diciembre de 2002 el gobierno de Jorge Quiroga se aprobó el DS 26574 que ratificó la reducción de la Reserva Fiscal y el área de concesiones.
- El 9 de diciembre del 2003 en el gobierno de Carlos Mesa se aprobó la Ley 2564 que abrogó la Ley “Valda” Nº 1854 de Banzer y el DS 26574 de Quiroga. La norma restituye la Reserva Fiscal de toda la costra salina del Salar de Uyuni.
ELDIARIO presenta un recuento de todo el proceso que pretende llevar a juicio de responsabilidades a dos expresidentes.
RESERVA FISCAL
La Ley “Valda” Nº 1854 de 1998, denominada así porque fue planteada por el senador del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Gonzalo Valda, durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez, redujo la reserva fiscal del Salar de Uyuni a 1.344.000 hectáreas, de un total de 2.362.000 hectáreas que estableció proteger anteriormente 13 puntos de la costra salina mediante el Decreto Supremo Nº 21260 del 16 de mayo de 1986, en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro.
Posterior a esta ley, se aprobó el Decreto Supremo 26574, el 9 de diciembre de 2002, durante la gestión de Jorge Quiroga, donde se ratificó la reducción de la reserva fiscal y el área de concesiones. Esto fue aprovechado por las empresas mineras para la adjudicación de concesiones para explotar ulexita, entre ellas se encontraba la empresa Non Metallic Minerals.
GOBIERNO DE MESA
El 9 de diciembre del 2003, durante el gobierno de Carlos Mesa se aprobó la Ley 2564 que abrogó La Ley “Valda” Nº 1854 y el Decreto Supremo 26574 el 9 de diciembre de 2002, con el que se restituye la reserva fiscal de toda la costra salina del salar de Uyuni, es decir la reserva fiscal abarca a 2,190.500 hectáreas.
Para efectivizar la ley mencionada, el 27 de enero del 2004 se aprobó el Decreto Supremo número 27326, que “establece la realización de auditorías técnica, jurídico legal, económico financiera, regalitario tributaria, sociolaboral y, preservación ecológica y medioambiental”, con el fin de declarar la nulidad de los derechos concesionarios mineros, en un plazo de 60 días a partir de la promulgación de la Ley Nº 2564.
Sin embargo, se establece como fecha límite para la entrega las auditorías hasta el 9 de febrero del 2004, hecho que fue observado por el Gobierno ya que no se cumplía el plazo de 60 días.
El 23 de junio de 2004, Carlos Mesa aprobó el Decreto Supremo 27589, que dispone la revocatoria de las concesiones mineras Cancha I, Doña Juanita, Tete, Borateras de Cuevitas, Basilea, Inglaterra, Don David, Sur, Pococho, La Negra, Cancha II, que pertenecían a Non Metallic Minerals, 11 en total y se le da un plazo de 30 días para la entrega de estos yacimientos.
Tras este acontecimiento es que la firma chilena presenta una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del cual Bolivia formaba parte por el Tratado Bilateral entre Chile y Bolivia que fue suscrita el 22 de septiembre de 1994, en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
CONFORMACIÓN DE NMM QUIBORAX
Según antecedentes de radio Pio XII, David Moscoso se adjudicó de forma ilegal un área importante de yacimientos de boro en la región Delta de Río Grande, que anteriormente pertenecía a la empresa Borax Consolidate de Inglaterra, que perdió la titularidad de esas concesiones por la falta de pago de las patentes anuales.
La promulgación de la Ley Nº 1854 no protegió la cuenca evaporítica del Salar, donde se encontraba las concesiones de Moscoso que fueron abandonadas, esta norma le ayudó para recuperar las áreas de explotación, esta vez lo hace a nombre de la Empresa Minera Río Grande Sur, de la cual es accionista mayoritario.
La empresa Chilena Quiborax, donde Allan Fosck es su accionista mayoritario, se especializa en la explotación en Boratos y uno de los mayores productores de ácido bórico, con plantas productoras en Arica y Antofagasta. Se interesó por las reservas de boro de la cuenca evaporítica del Salar de Uyuni, trata de adquirir las concesiones que son explotadas por Moscoso.
Para tal efecto, la Empresa Minera Río Grande del Sur se transforma en Non Metalic Minerals S.A., y las concesiones de Moscoso son transferidas a nombre de esta empresa, la firma chilena se asocia con la empresa de Moscoso que mantenía la mayoría de las acciones, aunque la empresa siempre fue manejada por Quiborax.
A inicios del 2004, una Comisión de la Cámara de Diputados realizó una inspección sorpresiva cerca de la cuenca evaporítica del Delta de Río Grande del Salar de Uyuni, descubriendo un escándalo medio ambiental realizado a Non Metallic y la empresa minera Copla, donde se observaron varias irregularidades en sus operaciones.
DEMANDA INTERNACIONAL
El 2006 –en la primera gestión de Evo Morales– el Ciadi notificó al Estado boliviano sobre la demanda internacional y a partir de esa fecha es que se inició la controversia entre ambas partes, por la reversión de las concesiones mineras.
El Estado trató de llegar a un primer acuerdo con la firma chilena en el 2008, el resarcimiento alcanzaba a $us 3 millones, pero este proyecto quedó suspendido debido a que se encontró que el acta de conformación de accionistas de Quiborax fue fraguada, ilegalidad que fue admitida por David Moscoso por lo cual fue procesado y sentenciado con dos años de privación de libertad.
El 26 de febrero de 2010 el Ciadi emitió una decisión sobre medidas provisionales para suspender el proceso penal iniciado por el Estado boliviano contra Allan Fosk, David Moscoso y otros siete accionistas de la firma, además piden evitar cualquier otro proceso penal directamente relacionado con este arbitraje, hasta que haya concluido el arbitraje o hasta que se reconsidere esta decisión.
PRIMER FALLO
En septiembre de 2015, el tribunal internacional emitió el laudo arbitral en contra de Bolivia y lo obligaba a cumplir con el resarcimiento de daños que alcanzaba a los $us 48,6 millones, tras conocer este dictamen la defensa legal del país solicitó la anulación del laudo que ganó la firma chilena, con el argumento de que “contiene gravísimas violaciones al procedimiento mismo de las normas del Ciadi”.
El Estado boliviano apeló la decisión del tribunal internacional, pero aun así el dictamen fue contrario al interés nacional.
Hubo una segunda intención de que Bolivia y la firma lleguen a un acuerdo en agosto del 2016, en esa fecha se realizó una reunión en las oficinas de la entonces subprocuradora Carmiña Llorenti. A esas instalaciones llegaron los representantes legales de Quiborax con el objetivo de acordar el retiro de acusaciones del querellante y del Ministerio Público, así como el proyecto de resolución judicial.
En esta reunión, Rodrigo Gil, abogado de la firma chilena, se prestó la computadora de Llorenti para enviar documentos, pero la funcionaria boliviana dejó abierto su correo electrónico, descuido que aprovechó el jurista chileno enviar a sus socios y colegas desde la bandeja de Llorenti tres tipos de documentos: el de retiro de la acusación particular, el retiro de acusación de la Fiscalía y la sentencia descargada.
Este hecho derivó en que la Procuraduría General del Estado inicie un proceso administrativo disciplinario contra Carmiña Llorenti. Esta investigación interna fue instruida por el entonces titular de esa división, Héctor Arce, ahora Ministro de Justicia.
En ese escenario, el 7 de junio de la presente gestión, el estado boliviano cumplió con el laudo arbitral que dictaminó el Ciadi y pagó $us 42.6 millones a la empresa Non Metallic Minerals Quiborax.
“Lo que nosotros hemos hecho es cumplir con una sentencia internacional, no es un tema que podamos decidir si cumplimos o no, es una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada. Caso contrario, los chilenos pueden agarrar la sentencia y puede ejecutarla en 152 países que son miembros del Ciadi y puede congelar cuentas del Estado”, dijo el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, después de que Bolivia pagó la millonaria suma.
JUICIO DE RESPONSABILIDADES
En mayo pasado, el procurador, Pablo Menacho, presentó una proposición acusatoria ante la Fiscalía General del Estado contra el expresidente Carlos Mesa y tres de sus exministros por el procedimiento ilegal que hizo para la reversión de las concesiones de Quiborax.
Tras una investigación y toma de declaraciones de los involucrados por parte de la Fiscalía, se determinó que había materia justiciable en contra de los acusados, por lo que determinó presentar un requerimiento acusatorio al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual da luz verde para el juicio de responsabilidades contra el expresidente.
Se tiene previsto que la Sala Plena del TSEJ de este miércoles 25 analice el requerimiento acusatorio aunque su presidente, Antonio Revilla, dijo que el tratamiento de la acusación contra Mesa no es prioritario ya que se debe concluir con los casos pendientes de la anterior magistratura.
Por otro lado, el Movimiento al Socialismo (MAS), Víctor Borda, anunció el viernes 13 de julio que iniciará un juicio de responsabilidades contra el expresidente Jorge Tuto Quiroga por la aprobación del Decreto Supremo 26574 y exparlamentarios que aprobaron una norma para “dividir” el Salar de Uyuni y validaron la concesión a la empresa minera Quiborax-Non Metallic Mineral.
DATOS
- En 1998 se promulgó la Ley “Valda” Nº 1854 en el gobierno de Hugo Banzer. Esta norma redujo la Reserva Fiscal del Salar de Uyuni de 2.362.000 hectáreas a 1.344.000 hectáreas.
- El 9 de diciembre de 2002 el gobierno de Jorge Quiroga se aprobó el DS 26574 que ratificó la reducción de la Reserva Fiscal y el área de concesiones.
- El 9 de diciembre del 2003 en el gobierno de Carlos Mesa se aprobó la Ley 2564 que abrogó la Ley “Valda” Nº 1854 de Banzer y el DS 26574 de Quiroga. La norma restituye la Reserva Fiscal de toda la costra salina del Salar de Uyuni.
viernes, 20 de julio de 2018
Mesa presentó tercer memorial al TSJ
El expresidente Carlos Mesa informó ayer que el pasado 17 de julio presentó un tercer memorial ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para hacer “conocer la falsedad ideológica en la que incurrió el procurador general del Estado, Pablo Menacho”, en el marco del caso Quiborax.
“La falsedad ideológica en la que incurrió el Procurador (está) en su proposición acusatoria (presentada en mi contra) al pedir que se me juzgue por el Decreto Supremo 27589, que dicté en 2004 (para expulsar del Salar a la empresa) Non Metallic Minerals (Quiborax), cuando en su defensa ante el Tribunal Arbitral del CIADI la misma Procuraduría defendió la total legalidad de dicho DS”, explicó.
Mesa, mediante una publicación en su blog, agregó que la autoridad de la Procuraduría “incurrió en una flagrante contradicción y cuya tipificación no es otra que falsedad ideológica”.
Por tanto, quiero hacer “conocer estos elementos determinantes para el rechazo del requerimiento acusatorio (presentado luego en mi contra) por el Fiscal General del Estado (Ramiro Guerrero), en la investigación preliminar del caso Quiborax”, sostuvo Mesa, en su memorial.
El Procurador presentó inicialmente una proposición acusatoria en contra de Mesa después de que el Estado boliviano perdió un juicio con Quiborax dentro de un proceso llevado adelante en el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y por lo que tuvo que pagar 42,6 millones de dólares a la empresa.
El Gobierno aseguró que este juicio perdido en el ámbito internacional fue por culpa del cuestionado DS 27589 de Carlos Mesa, que revocó las concesiones mineras de la empresa sin respetar lo que establecía la Ley 2564.
Ese “revocatoria de concesiones mineras (…) se llevó a cabo vulnerando las disposiciones de la Ley Nº 2564, que establecía la elaboración de seis auditorías, previas a la ‘declaratoria de nulidad’ de dichas concesiones. (Además) todo ello se debía realizar en un plazo perentorio de 60 días, que no fue cumplido”, por tanto, Mesa tiene que asumir su responsabilidad, remarcó la Procuraduría, en un comunicado de prensa.
En un anterior memorial, Mesa identificó irregularidades en las que incurrió la Fiscalía General, sobre la base de la declaración que hizo el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé en el caso Quiborax, respuesta que fue enviada un día después que el fiscal Ramiro Guerrero presentó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el requerimiento acusatorio.
Entre las observaciones está que el ¨fiscal “manifiesta una abierta parcialidad” en contra de su persona, al hacer declaraciones públicas sobre el contenido del testimonio de Rodríguez Veltzé, “dado que ha perdido ya atribución y competencia para seguir con investigaciones preliminares, una vez formulado el requerimiento acusatorio”.
Otra observación tiene que ver con el contenido de las declaraciones de Guerrero, que “desnaturalizan” el sentido y alcance de lo expresado por Rodríguez Veltzé, lo que calificó como una tergiversación.
“La falsedad ideológica en la que incurrió el Procurador (está) en su proposición acusatoria (presentada en mi contra) al pedir que se me juzgue por el Decreto Supremo 27589, que dicté en 2004 (para expulsar del Salar a la empresa) Non Metallic Minerals (Quiborax), cuando en su defensa ante el Tribunal Arbitral del CIADI la misma Procuraduría defendió la total legalidad de dicho DS”, explicó.
Mesa, mediante una publicación en su blog, agregó que la autoridad de la Procuraduría “incurrió en una flagrante contradicción y cuya tipificación no es otra que falsedad ideológica”.
Por tanto, quiero hacer “conocer estos elementos determinantes para el rechazo del requerimiento acusatorio (presentado luego en mi contra) por el Fiscal General del Estado (Ramiro Guerrero), en la investigación preliminar del caso Quiborax”, sostuvo Mesa, en su memorial.
El Procurador presentó inicialmente una proposición acusatoria en contra de Mesa después de que el Estado boliviano perdió un juicio con Quiborax dentro de un proceso llevado adelante en el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y por lo que tuvo que pagar 42,6 millones de dólares a la empresa.
El Gobierno aseguró que este juicio perdido en el ámbito internacional fue por culpa del cuestionado DS 27589 de Carlos Mesa, que revocó las concesiones mineras de la empresa sin respetar lo que establecía la Ley 2564.
Ese “revocatoria de concesiones mineras (…) se llevó a cabo vulnerando las disposiciones de la Ley Nº 2564, que establecía la elaboración de seis auditorías, previas a la ‘declaratoria de nulidad’ de dichas concesiones. (Además) todo ello se debía realizar en un plazo perentorio de 60 días, que no fue cumplido”, por tanto, Mesa tiene que asumir su responsabilidad, remarcó la Procuraduría, en un comunicado de prensa.
En un anterior memorial, Mesa identificó irregularidades en las que incurrió la Fiscalía General, sobre la base de la declaración que hizo el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé en el caso Quiborax, respuesta que fue enviada un día después que el fiscal Ramiro Guerrero presentó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el requerimiento acusatorio.
Entre las observaciones está que el ¨fiscal “manifiesta una abierta parcialidad” en contra de su persona, al hacer declaraciones públicas sobre el contenido del testimonio de Rodríguez Veltzé, “dado que ha perdido ya atribución y competencia para seguir con investigaciones preliminares, una vez formulado el requerimiento acusatorio”.
Otra observación tiene que ver con el contenido de las declaraciones de Guerrero, que “desnaturalizan” el sentido y alcance de lo expresado por Rodríguez Veltzé, lo que calificó como una tergiversación.
miércoles, 18 de julio de 2018
domingo, 15 de julio de 2018
sábado, 14 de julio de 2018
Por falsificación Exmandatario pide reactivar proceso contra Quiborax
El expresidente, Carlos Mesa, solicitó a la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) hacer gestiones para reactivar el proceso penal contra representantes de Quiborax por falsificación, con el objetivo de que reparen el daño económico causado al Estado en este caso.
El pedido de Mesa surge después de saberse que la AEMP desistió del proceso penal contra Allan Fosk y otros representantes de Quiborax, poco antes de que la Procuraduría firmara en acuerdo con la empresa chilena para pagarle 42,6 millones de dólares de indemnización por quitarle su adjudicación en la explotación de ulexita.
El expresidente sostiene la Procuraduría hizo una pésima defensa de Bolivia en este litigio, porque permitió que se abra un arbitraje internacional sobre la base de un acta falsificada, con la cual Quiborax cambió su status de ser empresa boliviana a ser chilena.
El proceso penal por falsificación contra Quiborax ya tuvo un condenado, David Moscoso, quien admitió su culpa y fue sentenciado a dos años de cárcel, aunque se benefició del perdón judicial.
Mesa cuestionó que la AEMP y la Fiscalía se hayan retirado del juicio contra los restantes acusados de Quiborax, tomando en cuenta que ya hubo un condenado que admitió la culpa.
La Procuraduría argumentó que el tribunal de arbitraje emitió una medida cautelar para levantar los procesos contra Quiborax, sin embargo, Mesa aseveró que el laudo no obliga a Bolivia a extinguir ningún proceso penal.
El expresidente sostuvo en su carta a la AEMP que con la condena a Moscoso so comprueba “el perjuicio causado a Bolivia como efecto de los delitos de falsificación y uso de documento falsificado, consistió en forzar delictivamente la realización de este proceso arbitral”.
Señaló que en la sentencia a Moscoso se permiten acciones judiciales complementarias para recuperar el daño económico causado por el arbitraje, sin embargo, eso no es posible si se levanta el juicio a Quiborax.
En ese entendido, Mesa pidió a la AEMP que, en preservación de los intereses del Estado, tiene que dejar sin efecto su desistimiento de la acusación particular, impugnar la resolución judicial de absolución a los representantes de Quiborax, continuar con la acusación particular y adoptar todas las medidas judiciales convenientes para que David Moscoso, Allan Fosk y los restantes coprocesados reparen el daño económico.
JUICIO
El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia una proposición acusatoria de juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa por el caso Quiborax.
Para el diputado Wilson Santamaría (Unidad Nacional) la Fiscalía General del Estado está “encaprichada” en enjuiciar al expresidente Carlos Mesa solo con fines políticos, pese a la declaración del exmandatario Eduardo Rodríguez quien dijo haber saneado el procedimiento de reversión de las concesiones a Quiborax.
“Si el expresidente ha dicho su verdad documentada a través de un cuestionario, por qué la Fiscalía continúa encaprichada en encontrar exclusiva responsabilidad en el expresidente Mesa”, cuestionó Santamaría.
El pedido de Mesa surge después de saberse que la AEMP desistió del proceso penal contra Allan Fosk y otros representantes de Quiborax, poco antes de que la Procuraduría firmara en acuerdo con la empresa chilena para pagarle 42,6 millones de dólares de indemnización por quitarle su adjudicación en la explotación de ulexita.
El expresidente sostiene la Procuraduría hizo una pésima defensa de Bolivia en este litigio, porque permitió que se abra un arbitraje internacional sobre la base de un acta falsificada, con la cual Quiborax cambió su status de ser empresa boliviana a ser chilena.
El proceso penal por falsificación contra Quiborax ya tuvo un condenado, David Moscoso, quien admitió su culpa y fue sentenciado a dos años de cárcel, aunque se benefició del perdón judicial.
Mesa cuestionó que la AEMP y la Fiscalía se hayan retirado del juicio contra los restantes acusados de Quiborax, tomando en cuenta que ya hubo un condenado que admitió la culpa.
La Procuraduría argumentó que el tribunal de arbitraje emitió una medida cautelar para levantar los procesos contra Quiborax, sin embargo, Mesa aseveró que el laudo no obliga a Bolivia a extinguir ningún proceso penal.
El expresidente sostuvo en su carta a la AEMP que con la condena a Moscoso so comprueba “el perjuicio causado a Bolivia como efecto de los delitos de falsificación y uso de documento falsificado, consistió en forzar delictivamente la realización de este proceso arbitral”.
Señaló que en la sentencia a Moscoso se permiten acciones judiciales complementarias para recuperar el daño económico causado por el arbitraje, sin embargo, eso no es posible si se levanta el juicio a Quiborax.
En ese entendido, Mesa pidió a la AEMP que, en preservación de los intereses del Estado, tiene que dejar sin efecto su desistimiento de la acusación particular, impugnar la resolución judicial de absolución a los representantes de Quiborax, continuar con la acusación particular y adoptar todas las medidas judiciales convenientes para que David Moscoso, Allan Fosk y los restantes coprocesados reparen el daño económico.
JUICIO
El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia una proposición acusatoria de juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa por el caso Quiborax.
Para el diputado Wilson Santamaría (Unidad Nacional) la Fiscalía General del Estado está “encaprichada” en enjuiciar al expresidente Carlos Mesa solo con fines políticos, pese a la declaración del exmandatario Eduardo Rodríguez quien dijo haber saneado el procedimiento de reversión de las concesiones a Quiborax.
“Si el expresidente ha dicho su verdad documentada a través de un cuestionario, por qué la Fiscalía continúa encaprichada en encontrar exclusiva responsabilidad en el expresidente Mesa”, cuestionó Santamaría.
viernes, 13 de julio de 2018
Rodríguez puede agravar situación jurídica de Mesa
La respuesta al cuestionario que emitió el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé sobre el caso Quiborax puede agravar la situación del expresidente Carlos Mesa, porque argumenta que enmendó el procedimiento y reestableció el principio de legalidad para la recuperación de las concesiones mineras en el Salar de Uyuni.
Ante esto el vocero de la demanda marítima señaló que el fiscal Ramiro Guerrero emitió una lectura tergiversada del informe.
RAMIRO GUERRERO
“En ese caso todavía sería más lapidario para el expresidente Mesa, porque establece claramente el expresidente Rodríguez Veltzé, que emitió un decreto subsanando lo mal que se había hecho y corrigiendo la ilegalidad que se había cometido”, dijo el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, después de una reunión que sostuvo en el Ministerio de Justicia con otras autoridades de esa área.
El titular de la Fiscalía indicó que las respuestas del cuestionario fueron remitidas un día después de vencido el plazo para presentar el requerimiento acusatorio en contra del expresidente Mesa, y que por supuesto, esos antecedentes se analizarán y se acumularán cuando se investigue el caso, si es que la Asamblea Legislativa autoriza el juicio de responsabilidades.
CARLOS MESA
Sin embargo, horas después de conocer estas declaraciones, el expresidente Carlos Mesa advirtió que el titular de la Fiscalía tergiversó la respuesta que emitió Rodríguez Veltzé, que sólo se refirió a los errores de forma que se presentaron en el Decreto Supremo 27589 del 23 de junio del 2004, que fue promulgado en su gobierno que viabilizó la reversión de las concesiones mineras de Non Metallic Minerals Quiborax.
“El Fiscal manifiesta su abierta parcialidad en mi contra, al hacer declaraciones sobre el contenido de la misma cuando ya no tiene atribución ni competencia para seguir con investigaciones preliminares, una vez formulado el requerimiento acusatorio en esta fase del proceso”, sostiene el exmandatario en una publicación en su sitio web.
ENMIENDA
En una de las 12 preguntas que hace el Ministerio Público a Rodríguez Veltzé, la exautoridad explicó que en su gestión de gobierno (junio a diciembre del 2005) cumplió con el principio de la legalidad y que se abrogó el Decreto Supremo 27589, emitido por Carlos Mesa, porque adolecía de deficiencias insubsanables.
“Quiero dejar constancia expresa de que la actuación de mi gobierno se concentró en restablecer el Principio de Legalidad en la conducción de la actividad del Estado en el procedimiento de recuperación de concesiones mineras ubicadas en el Salar de Uyuni y áreas de influencia conforme lo dispuso la Ley 2564”, señala en su declaración como testigo.
El Decreto de Carlos Mesa, dispone la revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras Cancha I, Doña Juanita, Tete, Borateras de Cuevitas, Basilea, Inglaterra, Don David, Sur, Pochocho, La Negra, Cancha II, ubicadas en el Delta del Río Grande del Gran Salar de Uyuni, Provincia Nor Lípez del Departamento de Potosí, que se adjudicó la firma chilena.
El gobierno de Rodríguez promulgó el Decreto Supremo 28527 el 16 de diciembre de 2005 que dispuso abrogar el Decreto Supremo 27589 del expresidente Mesa, donde señala que esa norma adolece de deficiencias jurídicas insubsanables conforme al Código de Minería.
En ninguna de las disposiciones del Código establece la revocatoria de concesiones mineras, en las que se aplica la figura legal de caducidad y nulidad de concesiones mineras previo proceso administrativo bajo competencia y jurisdicción de la Superintendencia de Minas.
Bajo ese punto, Mesa argumentó que el 28 de octubre de 2004, la Superintendencia de Minas, anuló las concesiones de la Empresa Non Metallic Minerals (NMM), saneando de esa forma el Decreto que se promulgó en su gobierno.
PROCEDIMIENTO
En tanto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Antonio Revilla, manifestó que el requerimiento acusatorio presentado por la fiscal será tratado conforme al principio de prelación, es decir que es evaluado conforme a su llegada, ya que hasta el momento queda pendiente el 20 por ciento de los procesos que fueron dejados por los anteriores magistrados.
“No es tema de prioridad. Corresponde darle el mismo tratamiento que al resto de los casos que radican en la sala plena, no hay casos prioritarios. Hay que tomar en cuenta que nosotros estamos liquidando el resto de los casos en sala plena y consiguientemente después de esto será tratado”, dijo el magistrado.
AMENAZAS DE PROCESO
Tras conocer que el Fiscal Departamental autorizó el retiro de acusación contra 8 accionistas de la empresa chilena, por la falsificación del acta de accionistas, los diputados Wilson Santamaría, Grover Huanca y Rafael Quispe presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra los ministros Héctor Arce y César Navarro, el procurador Pablo Menacho, además de los fiscales Favio Maldonado y Edwin Blanco, este último autorizó la resolución.
El fiscal departamental Edwin Blanco aseguró que está dispuesto a someterse a cualquier proceso de investigación, ya que existen fundamentos legales que son explicados y que era una obligación desea instancia dar cumplimiento al laudo arbitral, caso contrario este hubiese generado procesos en su contra.
SOLICITUD DE INFORME
Por su parte, Guerrero pidió un informe a la autoridad departamental para que explique cuáles fueron las razones para el retiro de la acusación, aunque dijo que este se basó en un procedimiento legal que establecía el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Ante esto el vocero de la demanda marítima señaló que el fiscal Ramiro Guerrero emitió una lectura tergiversada del informe.
RAMIRO GUERRERO
“En ese caso todavía sería más lapidario para el expresidente Mesa, porque establece claramente el expresidente Rodríguez Veltzé, que emitió un decreto subsanando lo mal que se había hecho y corrigiendo la ilegalidad que se había cometido”, dijo el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, después de una reunión que sostuvo en el Ministerio de Justicia con otras autoridades de esa área.
El titular de la Fiscalía indicó que las respuestas del cuestionario fueron remitidas un día después de vencido el plazo para presentar el requerimiento acusatorio en contra del expresidente Mesa, y que por supuesto, esos antecedentes se analizarán y se acumularán cuando se investigue el caso, si es que la Asamblea Legislativa autoriza el juicio de responsabilidades.
CARLOS MESA
Sin embargo, horas después de conocer estas declaraciones, el expresidente Carlos Mesa advirtió que el titular de la Fiscalía tergiversó la respuesta que emitió Rodríguez Veltzé, que sólo se refirió a los errores de forma que se presentaron en el Decreto Supremo 27589 del 23 de junio del 2004, que fue promulgado en su gobierno que viabilizó la reversión de las concesiones mineras de Non Metallic Minerals Quiborax.
“El Fiscal manifiesta su abierta parcialidad en mi contra, al hacer declaraciones sobre el contenido de la misma cuando ya no tiene atribución ni competencia para seguir con investigaciones preliminares, una vez formulado el requerimiento acusatorio en esta fase del proceso”, sostiene el exmandatario en una publicación en su sitio web.
ENMIENDA
En una de las 12 preguntas que hace el Ministerio Público a Rodríguez Veltzé, la exautoridad explicó que en su gestión de gobierno (junio a diciembre del 2005) cumplió con el principio de la legalidad y que se abrogó el Decreto Supremo 27589, emitido por Carlos Mesa, porque adolecía de deficiencias insubsanables.
“Quiero dejar constancia expresa de que la actuación de mi gobierno se concentró en restablecer el Principio de Legalidad en la conducción de la actividad del Estado en el procedimiento de recuperación de concesiones mineras ubicadas en el Salar de Uyuni y áreas de influencia conforme lo dispuso la Ley 2564”, señala en su declaración como testigo.
El Decreto de Carlos Mesa, dispone la revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras Cancha I, Doña Juanita, Tete, Borateras de Cuevitas, Basilea, Inglaterra, Don David, Sur, Pochocho, La Negra, Cancha II, ubicadas en el Delta del Río Grande del Gran Salar de Uyuni, Provincia Nor Lípez del Departamento de Potosí, que se adjudicó la firma chilena.
El gobierno de Rodríguez promulgó el Decreto Supremo 28527 el 16 de diciembre de 2005 que dispuso abrogar el Decreto Supremo 27589 del expresidente Mesa, donde señala que esa norma adolece de deficiencias jurídicas insubsanables conforme al Código de Minería.
En ninguna de las disposiciones del Código establece la revocatoria de concesiones mineras, en las que se aplica la figura legal de caducidad y nulidad de concesiones mineras previo proceso administrativo bajo competencia y jurisdicción de la Superintendencia de Minas.
Bajo ese punto, Mesa argumentó que el 28 de octubre de 2004, la Superintendencia de Minas, anuló las concesiones de la Empresa Non Metallic Minerals (NMM), saneando de esa forma el Decreto que se promulgó en su gobierno.
PROCEDIMIENTO
En tanto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Antonio Revilla, manifestó que el requerimiento acusatorio presentado por la fiscal será tratado conforme al principio de prelación, es decir que es evaluado conforme a su llegada, ya que hasta el momento queda pendiente el 20 por ciento de los procesos que fueron dejados por los anteriores magistrados.
“No es tema de prioridad. Corresponde darle el mismo tratamiento que al resto de los casos que radican en la sala plena, no hay casos prioritarios. Hay que tomar en cuenta que nosotros estamos liquidando el resto de los casos en sala plena y consiguientemente después de esto será tratado”, dijo el magistrado.
AMENAZAS DE PROCESO
Tras conocer que el Fiscal Departamental autorizó el retiro de acusación contra 8 accionistas de la empresa chilena, por la falsificación del acta de accionistas, los diputados Wilson Santamaría, Grover Huanca y Rafael Quispe presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra los ministros Héctor Arce y César Navarro, el procurador Pablo Menacho, además de los fiscales Favio Maldonado y Edwin Blanco, este último autorizó la resolución.
El fiscal departamental Edwin Blanco aseguró que está dispuesto a someterse a cualquier proceso de investigación, ya que existen fundamentos legales que son explicados y que era una obligación desea instancia dar cumplimiento al laudo arbitral, caso contrario este hubiese generado procesos en su contra.
SOLICITUD DE INFORME
Por su parte, Guerrero pidió un informe a la autoridad departamental para que explique cuáles fueron las razones para el retiro de la acusación, aunque dijo que este se basó en un procedimiento legal que establecía el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
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