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viernes, 30 de enero de 2015

Fernando Rivera se somete a un juicio abreviado

El abogado Fernando Rivera Tardío, uno los exasesores legales más influyentes en el Ministerio de Gobierno, decidió renunciar al juicio oral y someterse a un procedimiento abreviado, para lo cual se ha declarado culpable de los delitos que se le acusan dentro de la red de extorsión desbaratada tras la denuncia del estadounidense Jacob Ostreicher.

La información fue confirmada por el fiscal Ángel Álvarez, que integra la comisión anticorrupción, junto a Mabel Andrade, Mario Mercado y Olvis Égüez.

El fiscal aseguró que la solicitud de abreviado fue presentada por Rivera, que acepta su culpabilidad en el delito de organización criminal y extorsión, y pide una pena de tres años de cárcel.

Rivera permanece detenido desde noviembre de 2012. Hasta hace poco se declaraba inocente y calificaba de político el proceso en su contra.
Su abogado, Carmelo Alberio, informó de que la solicitud fue pesentada a la comisión de fiscales y será analizada para su posterior conocimiento de un juez, que deberá fijar audiencia para dictar la sentencia.

Dijo que a Rivera solo le interesa recobrar su libertad.
Boris Villegas se queda solo

El exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno Boris Villegas es el único que queda en la cárcel. También se declararon culpables para someterse a un procedimiento abreviado, Gustavo Céspedes, Cori Balcázar, Miguel Gutiérrez, Denis Rodas, Isabelino Gómez, Roberto Achá, Ramiro Ordóñez y Manuel Antezana. La jueza Ximena Flores es la encargada de llevar a cabo los abreviados

Caso YPFB Abogado de Camacho descalifica a Ministerio Público

Ramiro Vera, abogado de Selva Camacho, descalificó el trabajo que realiza la comisión de fiscales del Ministerio Público que tiene a su cargo la investigación de los presuntos hechos de corrupción en la Unidad de Comunicación Social de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) al indicar que los fiscales se atribuyen un trabajo que nunca lo realizaron cuando develan supuestos vínculos de una de las empresas involucradas con la Unidad de Comunicación del Ministerio de Informaciones.

“Lo que me llama la atención es que cuando ellos (Ministerio Público) están perdiendo el norte en su investigación sacan elementos a los medios como si fuera nuevo cuando ese elemento es de hace bastante tiempo y ha sido presentado por la defensa”, dijo.

Luego acreditó la suficiente capacidad como para poder haber sido contratados como empresa, Servicios Integrales y Comunicación Bravo, para otorgar los servicios necesarios y aclaró que el Ministerio de Comunicaciones no tiene nada que ver con YPFB y mucho menos con Selva Camacho.

El fiscal Leopoldo Ramos informó que existen “por lo menos dos contratos” en que el Ministerio de Comunicación, mediante la Dirección de Estrategias Comunicacionales, realizó compras a la empresa Servicios Integrales y Comunicación Bravo, la cual está acusada de pertenecer a la red de corrupción de YPFB.

El representante del Ministerio Público precisó que la firma de la directora de Estrategias Comunicacionales, Silvia Salinas, está en dos documentos sobre la adquisición de memorias flash y poleras para la Reunión Conmemorativa del 50º Aniversario del G77+China, realizada en Santa Cruz en 2014, cuando Amanda Dávila era ministra. Según el reporte de Erbol la funcionaria se excusó alegando que estaba en reunión y no sabía cuándo estaría disponible, asimismo, su teléfono celular estuvo apagado en horas de la tarde y en la noche del miércoles no contestó.

En cuanto al caso de las memorias flash, Ramos explicó que, haciendo una comparación, el Ministerio compró estos dispositivos a un monto mayor al que se pueden adquirir en una tienda, donde están disponibles hasta en 60 bolivianos. Sugirió que esa diferencia se puede explicar por “la calidad del flash, la forma el diseño, todo eso entra en la especificación que ellos (los contratantes) han realizado”.

Sobre las poleras, la autoridad mostró un documento en el que Salinas encomienda a la empresa Bravo garantizar la provisión de 550 prendas con el logotipo del G77.

Luis Bell logró el contrato por la eficiencia, los precios, los tiempos de la entrega del producto, pero además que ni siquiera se pudieron presentar los contratos con el Ministerio de Comunicaciones porque “el fiscal (Leopoldo Ramos) los secuestró allanaron ilegalmente el domicilio de Selva Camacho, de Yalile Bravo y capturaron al señor Luis Bell. Dentro estos allanamientos que el fiscal negó haberlos realizado, decomisó todos los documentos, entre estos secuestro esta documentación y la hicieron desaparecer”, dijo Vega.

En este caso por disposición de la juez primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia Familiar, Cinthia Delgadillo, se encuentran con detención preventiva Selva Camacho, Alejandro Bell Camacho, Yalile Bravo, Ericka Rojas, Guido Alarcón Terrazas y Ever Terán.

NIEGAN CONTRATOS

Al respecto la viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza del Ministerio de Comunicación negó ayer haber contratado a la empresa Bravo de merchandising, en ocasión de la Cumbre del G77 más China, celebrada en junio último en la ciudad de Santa Cruz y, como prueba, dijo haber surtido de documentación de respaldo al Ministerio Público boliviano.

jueves, 29 de enero de 2015

Caso de corrupción en YPFB En la mira de Fiscalía otros funcionarios involucrados

El fiscal Leopoldo Ramos informó que existen al menos dos contratos en que el Ministerio de Comunicación, mediante la Dirección de Estrategias Comunicacionales realizó compras a la empresa Servicio Integrales y Comunicación Bravo, la cual está acusada de pertenecer a la red de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El representante del Ministerio Público precisó que la firma de la directora de Estrategias Comunicacionales, Silvia Salinas, está en dos documentos sobre la adquisición de memorias flash y poleras para la Reunión Conmemorativa del 50º Aniversario del G77+China, realizada en Santa Cruz en junio de 2014, durante la gestión de Amanda Dávila como ministra. Erbol visitó la oficina de Salinas, pero una funcionaria la excusó alegando que estaba en reunión y no sabía cuándo estaría disponible, asimismo, su teléfono celular estuvo apagado, en horas de la tarde, y en la noche no contestó.

En cuanto al caso de las memorias flash, Ramos explicó que, haciendo una comparación, el Ministerio compró estos dispositivos a un monto mayor al que se pueden adquirir en una tienda, donde están disponibles hasta en 60 bolivianos. Sugirió que esa diferencia se puede explicar por "la calidad del flash, la forma el diseño, todo eso entra en la especificación que ellos (los contratantes) han realizado".

Sobre las poleras, la autoridad mostró un documento en que Salinas encomienda a la empresa Bravo garantizar la provisión de 550 prendas con el logotipo del G77.

Ramos anticipó que Salinas será convocada a declarar en calidad de testigo, y que las demás personas mencionadas en los documentos también serán requeridas "para que vayan aclarando un poco la firma de contratos y adjudicaciones de servicios".

La misma empresa, Bravo, tiene como representante legal a Luis Bell, hijo de Selva Camacho, y como contacto comercial a Yalile Bravo, todos ellos detenidos preventivamente por el caso de corrupción en YPFB.

Esta compañía está acusada de favorecerse irregularmente con un contrato de 484 mil dólares de YPFB Transporte, para la provisión de 44 vallas publicitarias con motivo del G77.

El Fiscal aseveró que Yalile Bravo "nunca jamás" mencionó los contratos con YPFB. "Nosotros teníamos solamente el contrato de las vallas nada más, por otros medios hemos investigado estas otras adjudicaciones", recordó.

miércoles, 28 de enero de 2015

Vecinos denuncian al subalcalde de la zona Sur por loteamientos

Por segundo día, vecinos inconformes con el nombramiento de Ernesto Villarroel como subalcalde del macrodistrito Sur realizaron bloqueos y tomaron los predios de la Subalcaldía ubicada en Obrajes. El exdirector jurídico del municipio, Fernando Velásquez, denuncia que Villarroel es procesado por loteamiento.

"Ernesto Villarroel ha sido posesionado el viernes sin consenso de las juntas vecinales. Rocha traicionó su compromiso del 3 de enero cuando dijo que las juntas vecinales elegirían a sus candidatos. Villarroel es una persona no grata y procesada que no tiene apoyo de las juntas” señaló el representante de Control Social del Distrito 19 del macrodistrito Sur, Rolando Chipana.

Los vecinos manifestaron que son varias las víctimas de loteamiento por parte de Villarroel que cuenta con un proceso técnico administrativo en el que -como autoridad- estaría siendo juez y parte. Reiteraron que de no ser escuchados recrudecerán sus medidas presión.
Terrenos en Aruntaya


El exdirector jurídico del municipio, Fernando Velásquez, con documentación en mano, ratificó que el nuevo subalcalde de la zona Sur tiene un proceso técnico administrativo por el loteamiento de unos terrenos en Aruntaya. Señaló que fueron los mismos vecinos del lugar quienes dieron la alerta.

"Luego de la denuncia, en la inspección del área se hizo presente el que actualmente pretende ser subalcalde de la zona Sur. Presentó documentos que fueron aprobados en Palca y adjuntó un certificado de jurisdicción de dicho municipio. Sin embargo las unidades correspondientes de la comuna paceña verificaron que se trataba de una propiedad municipal, lo que deja todo el movimiento y venta de este lugar en la ilegalidad”, explicó.

Velásquez afirmó que no puede nombrarse autoridad a quien desconoce e irrespeta los limites de La Paz, "cuando la principal función de este cargo debe ser la defensa de la jurisdicción en un conflicto limítrofe de larga data”. Sostuvo que Villarroel al tener terrenos que están siendo loteados y proyectos de construcción ilegales tiene conflictos de interés y no puede ser autoridad en el macrodistrito .
"Lo tenemos por imposición de Rocha y de seguro su intención será tapar estas ilegalidades regularizando la zona aprovechando su cargo. Sólo esperamos que el proceso en curso, continúe con la independencia que debe tener para evidenciar el delito. Existen descargos que deben ser presentados”, dijo.
Denuncias en Irpavi II

El presidente de la junta vecinal del sector Mirador Alto La Florida, Juan Carlos Flores, señaló que Villarroel tiene procesos penales por agresión y loteamientos de terrenos de familias en Irpavi II.
A su turno, el fiscal de la Acción Comunal del Distrito 19, Ciro Aguilar, señaló que estos "bochornosos actos” del alcalde Omar Rocha han molestado a los habitantes de los distritos del Sur y han generado división.
"Estos actos sólo pueden desembocar en la confrontación porque nuestra Subalcadía no toma determinaciones. Somos más de 200 mil habitantes que necesitamos ser atendidos y que por mucho tiempo hemos sido abandonados. Tras esta afrenta no queda más que masificar las protestas”, dijo.
Página Siete llamó insistentemente al subalcalde de la zona Sur, pero Ernesto Villarroel no contestó los requerimientos.

Comuna socializa Ley Anticorrupción

Para que los funcionarios ediles efectúen un manejo transparente y honesto en el desenvolvimiento de sus funciones se socializa entre las unidades del Gobierno Municipal la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, informó el director de Capital Humano, Juan Mamani.

La capacitación se lleva adelante en el teatro Raúl Salmón de la Barra de La Ceja de El Alto desde el 26 de enero y concluirá el 4 de febrero próximo.

Según información oficial, participan servidores públicos de las nueve secretarias y las 14 subalcaldías que agrupa el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.

Esta norma busca evitar hechos ilegales como el enriquecimiento ilícito, además de asegurar el resarcimiento de daños causados al Estado y la colectividad, fomentar una cultura de valores en la sociedad, resaltando las conductas éticas de la ciudadanía.

“Es una ley que a los funcionarios puede fiscalizar, es retroactiva, por ello deben tener un manejo adecuado y lealtad en el trabajo institucional”, concluyó Mamani.

martes, 27 de enero de 2015

Muerte de Villegas no impide continuidad en el caso YPFB

El Ministerio Público continuará las investigaciones dentro el caso de supuestos hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos (YPFB) a pesar de la muerte de su presidente Carlos Villegas.

La fiscal de Distrito de La Paz, Patricia Santos, anunció que las diligencias y citaciones realizadas por la comisión de fiscales se realizan como establece el procedimiento investigativo para establecer las responsabilidades en los delitos denunciados por Villegas.

lunes, 26 de enero de 2015