viernes, 28 de abril de 2017

La justicia absuelve a Gustavo Torrico en caso el menonitas



La mañana de este viernes, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz resolvió absolver de culpa al asambleísta Gustavo Torrico, en el caso de las acusaciones por presuntos hechos de extorsión y estafa a menonitas ocurridos en 2010, demanda que fue interpuesta por el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.

En un contacto telefónico con La Razón Digital, Torrico dijo que por voto unánime del presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, y los jueces técnicos y ciudadanos, establecieron que no llegaron elementos materiales probatorios que pudieran sustentar la tesis de extorción y estafa.

“Hoy por fin ha salido la sentencia, ya ha terminado todo el proceso de siete años y al final se dio lo que en justicia correspondía: la absolución. El presidente dijo que todo fue palabra y no se determinó ninguna prueba”, contó el asambleísta departamental.

Junto a Torrico, exviceministro de Régimen Interior, fue absuelto también el exdirector Nacional de Régimen del Interior, Edgardo Vásquez.

En 2010 el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, acusó a Torrico de organizar una red de estafa a menonitas que pretendía ofrecerles regularizar su estatus migratorio en el país por al menos $us 50 millones.

Junto a Torrico, fueron involucrados su asesor personal, el ciudadano alemán Dirk Schmidt, además de Edgardo Vásquez, Luis Fernando Prado y elteniente de Policía Christian Sánchez. Estos últimos quedaron absueltos de inmediato.

Schmidt consiguió su libertad condicional en 2013. Estuvo detenido por denuncias de sedición y alzamiento armado y fue quien presentó a la Fiscalía las supuestas pruebas del plan de extorsión a menonitas.

“En las declaraciones en la Fiscalía nunca se presentó un estafado o un extorsionado. Desde entonces me fueron cambiando de delitos. Empieza con unos y termina en otros. Yo ya no sabía ni de que me acusaban. Al final salió la absolución”, indicó este viernes Torrico. (28/04/2017)

Compra de taladros para YPFB Adjudicación plagada de graves irregularidades técnicas y legales

El proceso de adjudicación de tres taladros de uso petrolero para YPFB estuvo plagado de graves irregularidades, de acuerdo con un informe expedido por cuatro profesionales de investigación que pusieron en conocimiento del Directorio de la estatal petrolera, máxima instancia decisoria de la empresa, el documento signado con DTC-JUPPD-017/2017, de fecha 13 de marzo del año en curso.

En él se advierte sinnúmero de falaces contravenciones técnicas y legales, según refirió una copia legalizada del referido documento al que tuvo acceso EL DIARIO.

Según el mismo, el Comité de Licitación incumplió el Documento Base de Contrataciones (DBC), al haber aceptado los estatutos de la empresa proponente italiana, Drillmec Spa, como equivalente al documento de constitución, sin realizar un informe legal previo sobre la equivalencia de ambos documentos. Esta conducta contravino la normativa boliviana, así como el artículo 2328 del Código Civil italiano.

SOBREPRECIO

Por otro lado, en el mismo documento los investigadores calificaron de "insuficiente justificación" el incremento del precio referencial de los equipos en más de $us 60 millones de dólares, que era el precio referencial de la segunda convocatoria, lanzada en noviembre de 2016, con relación a la primera convocatoria publicada un año antes. Los equipos debían ser adquiridos en $us 148 millones.

El miércoles, el presidente de YPFB, Guillermo Achá, no pudo explicar técnica ni legalmente por qué había dado curso a tal incremento. Hace tres semanas, Achá puso sus manos al fuego por el proceso de adjudicación y dijo que era, "transparente". En su última declaración deslindó su participación en el proceso de compra del equipo, pese a la responsabilidad ejecutiva que tenía, como máxima autoridad de la empresa estatal (MAE). Y, pese a ello, dijo que no renunciaría al cargo, si no lo disponían autoridades superiores.

FIRMANTES

El informe puesto a conocimiento del Directorio de YPFB fue firmado por Marco Antonio Gallardo Navia, Enrique Carmelo Risco Pinto, Leonardo Torrico Seng y Carlos Quiroga B., todos Profesionales de Investigación. El documento llegó al Directorio, vía Dirección de Transparencia Corporativo y jefe de Unidad de Prevención y Procesamiento de Denuncias, a cargo de Alexander Ramírez Arispe y de Ever Richard Veizaga Ayala, respectivamente.

INCORRECTA ADJUDICACIÓN

El documento calificó también de “incorrecta” la adjudicación a la empresa Drillmec, por haber incumplido las exigencias legales y administrativas establecidas en el DBC, parte VI de los Formularios y documentos de presentación de propuesta, además de los documentos legales respectivos, contenidos en los incisos a y b formularios administrativos inciso b del DBC.

Según los investigadores, en resumen, la empresa italiana Drillmec no presentó los documentos de su constitución, por lo que incurrió en falta de validez, eficacia y alcance del Poder Especial del documento privado con el que hizo la presentación de su propuesta. Tampoco presentó el documento de registro tributario, imprescindible en estas operaciones.

El informe relata también que el Ministerio de Hidrocarburos remitió a conocimiento de YPFB un reporte técnico con cinco observaciones, elaborado por personal del Viceministerio de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

FESTEJO

El informe pidió asimismo al Directorio la verificación y autenticación de la conformación de un grupo de WhatsApp, que establecen que los miembros del Comité de Licitación habrían festejado la licitación con los siguientes textos: ‘Que vivan los 3 taladros...’, ‘Felicidades’, ‘…Ya estoy festejando de antemano’, además envian aplausos, signos positivos con el dedo pulgar de la mano y con fotografías de bebidas, todo esto en fecha 22 de octubre de 2016", refirió el documento en su página 46.

TERCERAS PERSONAS

En otro acápite, los investigadores alertaron la participación de terceras personas en el proceso de contratación. El responsable de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, se refirió a este y otros aspectos en su informe, hecho público hace un mes aproximadamente.

jueves, 27 de abril de 2017

Funcionarios declararán por el caso terrorismo

El embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti; el secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Walker San Miguel; los ministros de la Presidencia y Minería, René Martínez y César Navarro, respectivamente, y, las diputadas del Movimiento Al Socialimsmo (MAS), Gabriela Montaño y Betty Yaniquez, declararán vía cuestionario en el juicio oral por el caso Terrorismo, que se lleva a cabo en la ciudad de Santa Cruz, informó a ANF el abogado Gary Prado Arauz.

“Ya se le mandó un cuestionario al embajador Sacha Llorenti y se le ha mandado también al ministro Martínez (…) Hemos mandado cuestionario al diplomático boliviano en la Comunidad Andina de Naciones, Walker San Miguel”, señaló Prado Arauz.

Estos testigos de descargo han sido ofrecidos por el procesado Alcides Mendoza, quien, con la declaración de las autoridades, pretende demostrar su inocencia en el denominado caso Terrorismo.

El abogado dijo que todas las autoridades señaladas emitirán las declaraciones por escrito, porque el Código de Procedimiento Penal ampara que las declaraciones de altas autoridades sean por la vía del cuestionario.

Suspenden juicio de Zapata hasta el próximo miércoles

El juicio que se sigue a la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, fue suspendido hasta el miércoles de la próxima semana, debido a la recargada agenda de procesos que lleva adelante el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, mientras se elabora el cuestionario para los dos ministros que deben comparecer como testigos de descargo de la también exgerente de la empresa China CAMC.

De acuerdo con la información emitida desde el juzgado, la carga procesal obliga a sus miembros a modificar los tres días que se fijó para realizar las audiencias de este caso, martes y miércoles y jueves.

DOS JUECES

Recordemos que el jueves, 30 de marzo, la juez técnico Ana María Villagomez fue posesionada como nueva vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, cargo que le impide ser parte del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, donde radica el caso Zapata, por lo que el polémico juicio y una posible sentencia quedó en manos de sólo dos jueces: Iván Perales y José Luis Quiroga.

Según el Código Penal, cuando se designe a un nuevo miembro del Tribunal, este ya no puede conocer un juicio que ya haya iniciado.

En este sentido, los casos donde la exmiembro del tribunal ejercía como presidenta, han sido repartidos entre Perales y Quiroga, generando carga procesal desigual con el nuevo miembro.

Además de ese tema, dentro del juicio, la defensa de Gabriela Zapata ha tenido problemas para notificar a los 35 testigos de descargo, entre los cuales están los ministros de Minería, César Navarro, y Obras Públicas, Milton Claros.

Sobre las autoridades, estos solicitaron contestar el interrogatorio de las partes, por medio escrito y por eso se trabaja en la elaboración de los cuestionarios.

AUDIENCIA

En la audiencia de ayer, Zapata logró que se realice la inspección ocular en los ambientes de la China CAMC, para que los miembros del Tribunal determinaran el lugar de trabajo de la expareja del presidente Morales. La próxima semana, el juicio se retomará y se espera que declaren funcionarios públicos de YPFB, además de los ejecutivos de la empresa donde Zapata tenía relación sentimental con uno de sus ejecutivos.

miércoles, 26 de abril de 2017

Eduardo Leon “La verdad no se puede parar con las rejas y autoritarismo”

Custodiado por su abogada y un efectivo policial de civil, Eduardo León Arancibia desciende de un radiotaxi en las puertas de la Fiscalía, donde debe realizar su registro biométrico, a fin de firmar cada lunes y viernes un libro para demostrar que no fugó del país.

El lunes, a las 15:18, León dejó la cárcel de San Pedro, luego de 11 meses de cumplir detención preventiva, acusado de falsificar su libreta de servicio militar para obtener el título de abogado en provisión nacional. Además de presentar un menor, como si fuese hijo de su exdefendida Gabriela Zapata y del presidente Evo Morales.

"¡Doc, siga adelante! ¡Te apoyamos en tu lucha, León! ¡Fuerza hermano!”, con esas palabras saludan a León que ingresa a la Fiscalía mientras su abogada realiza los trámites administrativos, Página Siete aborda a León, quien gentilmente acepta responder algunas interrogantes.

Casi un año en la cárcel, ¿cómo cambió su vida?

Fueron 11 meses de penas, alegrías y principalmente de una forma de tratar de aprender algo más en la vida.

¿Cómo fue su vida cotidiana en la cárcel?

Ahí vi la justicia desde el otro lado. La justicia cruel y absurda. Se dice que se respeta el debido proceso de la gente que está encarcelada, pero vi que hay gente que es presionada y obligada a declararse culpable.

El abuso que hace el Gobierno es lo que ha deteriorado el Estado de Derecho en Bolivia; también afectó a cientos de familias que en este caso deambulan en las fiscalías demandando justicia.

¿Qué fue lo que extrañó más?

Trabajar, porque mi vida siempre ha sido trabajar, trabajar honestamente. Mi trabajo siempre ha sido lo primordial en mi vida.

Le quitaron su título profesional, ¿qué acciones tomará ahora?

Pretendieron decapitarme, cortarme las manos. Sentí una impotencia frente a las autoridades, que de leyes conocerán muy poco. Una noche duermes con título y al día siguiente amaneces sin ser nada, pero es tradicional porque en el Estado que vivimos los que no tienen títulos, los que no se esfuerzan y no llegan a tener estudios académicos tienen mayor preferencia, claro, digo esto sin discriminar a nadie.

Desde hace 10 meses están decidiendo si me van a quitar definitivamente o no el título. Yo acudiré a las vías legales, ante organismos internacionales comunicaré que volveré a tramitar el título como la licencia.

La Fiscalía hizo un peritaje científico de mis notas y de todos los años que he cursado y ha establecido categóricamente de que yo soy abogado. Entonces de quienes me han sindicado de ello tendrán que responder y comprobar este extremo.

¿Si usted habla, puede retornar al penal?

A mí no me van a sentenciar porque yo no soy responsable de nada. Las sentencias políticas no vamos a aceptar, pero mientras puedan, que sigan con sus procesos urdidos de manera grosera.

Pero tenemos una estructura, un equipo de abogados y quienes me acusan van a necesitar tener realmente un grupo de abogados que tengan probidad para que de alguna forma puedan alcanzar por lo menos en algo a la defensa que estamos planteando.

¿Qué puede decir del caso Zapata?

Este caso es el ejemplo de cómo muchas personas sufren en este país. Queda demostrado que se pueden armar casos a cualquier persona, que pueden sindicar de cualquier cosa y le pueden llevar a la cárcel.

Las autoridades salen a decir que se ha seguido el debido proceso, que el juez ha dictado; primero, el debido proceso no sólo se trata de cumplir las formalidades a letra muerta de la ley, sino también es darles consistencia a las resoluciones.

La CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) mediante varias sentencias e informes se ha establecido que todas las reformas que se ha realizado en materia procesal penal, y en materia penal en Bolivia, desde el 2010, son totalmente ilegales. Por un lado, han agravado las penas y por otra se ha vuelto mucho más difícil que una persona pueda recobrar su libertad.

El caso Zapata ha servido para apuñalarme, para anular a varias personas, pero la verdad no se puede parar con las rejas, con el autoritarismo.



HOJA DE VIDA



Detención León fue aprehendido en mayo de 2016 y remitido al penal de San Pedro con detención preventiva. Fue abogado de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales.
Dato El pasado lunes salió del penal de San Pedro, luego de estar 11 meses preso.

YPFB Denuncias a funcionarios se centran en tres delitos

De acuerdo al resumen de denuncias que estudia el Consejo de la Magistratura en el departamento de Santa Cruz, las denuncias contra funcionarios judiciales en su mayoría son por tres delitos: Prevaricato, uso indebido de influencia e incumplimiento de deberes.

Medida. La delegada distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, Wilma Pérez, informó que esa instancia se encuentra estudiando entre 20 y 25 denuncias. Agregó que además de los tres delitos más comunes, también llegan denuncias por otros tipos legales como beneficios en razón del cargo y consorcios.

Pérez indicó que entre los casos que están analizando, existen denuncias contra autoridades judiciales cruceñas como Agapito Alpire, Iris Justiniano, e incluso Wilson Arévalo, quien ocupaba un cargo de juez y ahora se encuentra en Palmasola. "Estamos en etapa de evaluación de las denuncias que hemos recibido en este tiempo. Recabando información necesaria para definir si el caso debe pasar o no a otras instancia investigativa", manifestó.

Procedimiento. De acuerdo a la información de la delegada distrital de dicha instancia judicial, el procedimiento de evaluación recae primero en el Consejo de la Magistratura. Desde allí se hacen las investigaciones correspondientes de las denuncias.

Dependiendo de la sustancia de la acusación y de las pruebas que se encuentren, el caso es sancionado de acuerdo a evaluación de categorías como leves, graves y gravísimas.

La Magistratura se encarga de sancionar a las autoridades y funcionarios judiciales por denuncias disciplinarias administrativas, mientras que las acusaciones graves y gravísimas, pasan al Ministerio Público, para constituirse en una demanda.

Nacional. A nivel nacional, el presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, informó que se detectó a unos 150 funcionarios que están procesados judicialmente y tienen imputaciones del Ministerio Público en su contra.

Señaló que además entre los jueces procesados hay unos 40 que están acusados en casos de gravedad, y que existen otros administradores de justicia que tienen procesos disciplinarios por faltas gravísimas.

Choque, mencionado por el diario digital Erbol, lamentó que varios administradores de justicia sigan en sus funciones a pesar a pesar de que fueron denunciados por corrupción, e incluso detenidos preventivamente.

Video Achá pone su cargo en manos de Evo y está dispuesto a someterse a investigación

El presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, aseguró hoy que su presidencia no tiene ninguna responsabilidad en el proceso de contratación para la compra de tres taladros de exploración y explotación hidrocarburífera a la empresa italiana Drillmec.

Señaló que está dispuesto a someterse a la investigación por las irregularidades en el proceso de licitación y contratación para la compra de los taladros por un monto 148,8 millones de dólares; además pone su cargo en manos del presidente, Evo Morales.

En este contexto, aseveró que las unidades jurídicas y administrativas son responsables de este proceso. “Nosotros establecemos las condiciones y los lineamientos necesarios para que se precautele la transparencia. Las observaciones y denuncias que tenemos están referidas al proceso de contratación como tal donde esta presidencia no participa, ni como gestora”, señaló Achá en conferencia de prensa en La Paz.

“Se ha especulado que esta presidencia dio la orden para la compra, lo ha hecho unidad gestora, que ha gestionado la necesidad (…). Esta presidencia y el directorio, en ningún momento forman parte de la gestión de este proceso de contratación. Se tienen que delimitar las responsabilidades que se tienen por cada una de las instancias”, agregó.

Con relación a la resolución administrativa del 3 de junio de 2016, presentada ayer por el senador opositor, Oscar Ortiz, en la que se indica que el presidente de YPFB autorizó el incremento en 417,1 millones de bolivianos en el precio referencial para la adquisición de los tres taladros, Achá aseguró que este aumento se efectuó en una fase previa al proceso de contratación final.

“Un comité de proyectos hace la evaluación financiera y la factibilidad económica de realizar este incremento (…). Tampoco se puede establecer que esta presidencia, de manera independiente, ha asumido un incremento en el costo de inversión (…). Se ha cumplido con todas las instancias correspondientes”, explicó.

El pasado 18 de abril, el ministro de Justicia, Héctor Arce, presentó una denuncia contra 15 funcionarios de YPFB y el representante de la empresa italiana Drillmec, Diego Bergonzi, por los presuntos hechos irregulares detectados en el proceso de contratación de esa compañía para la adquisición de los taladros. Achá no fue incluido en la lista de los denunciados.

La empresa italiana se adjudicó la fabricación de los taladros por un monto de 124.9 millones de dólares. Según diferentes autoridades, no existe un daño económico al Estado porque la empresa estatal YPFB no realizó ningún desembolso.