El Ministerio de Transparencia intervino la oficina central de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y cinco gerencias regionales, tras evidenciar gastos reservados, falta de fiscalización del directorio, designaciones irregulares de personal y una alcoba en la presidencia. La nueva autoridad de la entidad, Marlene Ardaya, solicitó al despacho de Gobierno relevar a todo el personal del Control Operativo Aduanero (COA) y un auditoría.
Ésta es la primera vez que se ocupa la Aduana. En 1999, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió su reestructuración institucional luego de varias denuncias de irregularidades.
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, en declaraciones a los medios de comunicación casi dos horas después de iniciada la acción (09.00), informó que se procedió a precintar las oficinas de los ejecutivos de la Aduana, así como computadoras y discos duros de otros funcionarios de quienes se tenían
observaciones.
La presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, dijo que la intervención fue decidida “dadas las constantes denuncias sobre hechos irregulares que en anteriores gestiones no se investigaron. Se saneará la institución”.
Además, entregó a Suxo documentos que prueban posibles actos irregulares y que involucran a ex autoridades de la Presidencia Ejecutiva de la entidad, miembros del Directorio y gerencias
regionales.
La Prensa intentó comunicarse vía teléfono con los denunciados, Vargas y su directorio, pero no logró el contacto.
El 25 de enero, Marlene Ardaya asumió la administración de la ANB y dejó Impuestos Nacionales. En el acto de posesión, el presidente Evo Morales pidió que se realice un trabajo de limpieza de la corrupción en la Aduana Nacional puesto que fue loteada por las organizaciones sociales.
Su antecesor fue Wilfredo Vargas y antes ocupó el cargo César López, quien fue destituido tras revelarse la fuga de 33 camiones que trasladaban mercadería de contrabando en 2009. También fue presidenta Marcia Morales Olivera.
Entre los papeles entregados a Transparencia figuran actas (de reuniones de Directorio) que no fueron firmadas por los directores, tampoco por Wilfredo Vargas.
Explicó que se encontró que los directores no firmaban las actas después de reuniones del Directorio, acción tipificada en el Código Penal; además permitieron que exista “una especie” de gastos reservados dentro de la ANB.
Según las resoluciones de la Aduana Nacional de 2009, el Directorio está compuesto por dos personas: Alberto Goitia y Gonzalo García Grandi. El primero fue nombrado en 1999.
Según Suxo, este cuerpo colegiado se extendió en sus funciones más diez años, cuando sólo fue elegido por cinco. Por eso se espera que presenten su renuncia, de lo contrario se les iniciará acciones legales.
Añadió que en la Presidencia Ejecutiva existían presupuestos asignados por techos, es decir, se conocía el monto total y no el detalle de su uso, “lo que equivale a decir que hay algunos indicios de que se realizaron gastos de estas partidas sin ningún control presupuestario”.
Además, se verificó la designación de funcionarios en comisión de servicios en el exterior “en forma irregular”.
Esta categoría permite que un empleado público cobre su salario y otros beneficios sin que trabaje en las oficinas de la institución a la que pertenece.
Otra irregularidad fue la existencia de “memorandos en algunos documentos de gerentes regionales” que permitieron designaciones de personal sin la autorización del máximo ejecutivo y tampoco de la Gerencia nacional, “es decir, un uso y abuso de la contratación de personal en la Aduana”.
Además de la existencia de un reglamento del sistema de personal que no fue compatibilizado con el Servicio Civil de acuerdo con las normas nacionales.
Ardaya dijo que de los 1.400 funcionarios que tiene la ANB, sólo el 30 por ciento está institucionalizado, es decir que su designación fue por selección a través de convocatorias públicas.
Añadió que en el caso de los funcionarios de carrera, si se hallan irregularidades resultado de la intervención, se iniciarán procesos, pero aseguró que no habrá despidos injustificados.
Algo que llamó la atención de la nueva autoridad es que al tomar control de la entidad encontró en su despacho un dormitorio habilitado por su antecesor que tiene entre las comodidades una cama, frigobar y una ducha.
Fuentes consultadas por La Prensa dijeron que cuando concluyó la gestión de César López, este lugar sólo era un living reservado con un sillón, dos sillas y una mesa que nunca fue usada.
Suxo informó que junto a la Presidencia de la ANB se solicitó al Ministerio de Gobierno el cambio de todo el personal del COA, porque “hemos podido ver altos indicios de corrupción” .
Tras la intervención, en las inmediaciones de la oficina central de la Aduana, los funcionarios se encontraban sorprendidos porque aproximadamente una decena de policías no los dejaban entrar en su fuente laboral. Tampoco a los ciudadanos que querían entregar correspondencia o realizar algún trámite, quienes tenían el temor de que hubiera una amenaza de bomba. A las 10.30, los empleados entraron hasta la sala de recepción.
Se encontró instalado un dormitorio en el despacho de presidencia.
De 1.400 empleados de la Aduana, el 30% está institucionalizado.
FEPLP brinda su respaldo
La Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) exigió a la Aduana reencaminar el proceso de institucionalización que se estancó en los últimos años y brindó su respaldo a las acciones tendentes a erradicar la corrupción ejecutadas por la nueva presidenta de la entidad, Marlene Ardaya.
El presidente de la FEPLP, Enrique García, recordó que en 1999 se impulsó una reforma de la entidad que funcionó durante los primero años, pero no fue continuada por los gobiernos de turno.
Parte de las nuevas denuncias de corrupción en la Aduana Nacional tiene que ver con la ausencia de personal idóneo y con honestidad.
Añadió que los interinatos en la presidencia y el Directorio de la entidad frenaron la formulación de políticas de lucha contra el contrabando que es una de las tareas pendientes que ahora debe encarar la nueva administración.
Los empresarios de La Paz piden que la nueva autoridad de la Aduana reimpulse la institucionalización y selección de personal mediante exámenes de competencia y mejore los controles para erradicar el contrabando.
Para destacar
El Directorio de la Aduana define las políticas de la institución, establece sus estrategias administrativas y crea sus normas.
Está conformado por cinco miembros: el presidente de la entidad y cuatro directores.
La Presidencia de la ANB la designa el Presidente del Estado de una terna aprobada por diputados.
Cada administración tiene un periodo de cinco años y no se puede ejercer el cargo dos gestiones consecutivas.
Los directores son nombrados por el Presidente del Estado de una terna aprobada por los diputados.
Sus funciones duran cinco años y sólo pueden ser reelectos después de que transcurra el mismo periodo.
Entre sus atribuciones está el otorgar las licencias a los despachantes de Aduana y a las agencias.
Aprueban el Programa Operativo Anual, el presupuesto, los estados financieros y la designación de funcionarios.
