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sábado, 20 de diciembre de 2014

Soza asegura que el caso Terrorismo fue un montaje

Acorralado por un proceso de extorsión, incumplimiento de deberes y a punto de ser detenido, el ex fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza Álvarez, fue protagonista el 11 de marzo, de una inesperada fuga a Brasil. Desconcertante fue también su reaparición y posteriores revelaciones en sentido de que el caso que investigaba, durante tres años, era un montaje del mismo Gobierno para derrocar a la oposición política asentada en Santa Cruz.

Semanas después de su huida, la Fiscalía aceleró los procesos para declararlo rebelde, pedir a la Interpol su detención y luego gestionar ante Brasil la extradición; intenciones que resultaron tardías porque la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de ese país le concedió -y amplió- refugio hasta el 2016.

Soza accedió a una entrevista en Brasilia, donde reconoció que la "Carta al Pueblo de Bolivia" firmada el día de su fuga, llevaba su puño y letra, por tanto, se ratificaba que durante la investigación corrieron sobornos, compra de testigos y presiones para incluir - sin pruebas- a líderes cruceños.

Esa carta motivó que la defensa de los acusados planteara un incidente pidiendo la nulidad del proceso, debido a que Soza admitió que el caso fue un montaje con pruebas inventadas. La comisión de fiscales dijo que la carta no tenía legalidad porque no fue validada por la Cancillería boliviana.

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz declaró improcedente el recurso, con lo cual se reinició el juicio, pese a que en una grabación filmada en Brasil, Soza dijo: "Yo la reconozco la carta, yo la firmé y yo la presenté ante la Policía Federal, la leí ante los medios de comunicación y esa es la carta que yo he firmado de puño y letra y no puedo retroceder en eso".

Incluso afirmó que los audios denunciados por la senadora opositora, Carmen Eva

Gonzales, hablando de redes de extorsión a favor de altas esferas gubernamentales y de un supuesto montaje, fueron grabados por funcionarios del Ministerio de Gobierno para defenestrarlo públicamente.

Relató que huyó de Bolivia porque su vida y libertad estaban en peligro y porque "no existe garantía judicial" y mostró de prueba los procesos que, según él, fueron armados por la Fiscalía.

Boris Villegas, director jurídico del Ministerio de Gobierno, cuando se produjo el caso terrorismo, aseguró que el mismo fue planificado por el "gabinete jurídico", sin tener pruebas para descabezar al expresidente del Comité Cívico Cruceño, Branko Marinkovic y otros líderes opositores al Gobierno.

El expolicía de seguridad del exfiscal Marcelo Soza, teniente José Juan Laguna Saavedra, reveló que el ex director nacional de Inteligencia de la Policía y ex comandante general de la Policía, Jorge Renato Santiesteban Claure, trajo desde España al húngaro boliviano, Eduardo Rózsa Flores para activar el plan de descabezamiento a la oposición cruceña.

"Michael fue sumariamente ejecutado por una sola bala al corazón en el Hotel Las Américas el 16 de abril de 2009", dijo Caroline Dwyer que el 13 de septiembre de 2014 llegó a Bolivia a pedir justicia por su hijo.

"Mientras yacía muerto o moribundo, recibió cuatro tiros más en su espalda. Le encontraron en su cama. Sólo llevada nada más que su bóxer color rojo", manifestó Dwyer al pedir una investigación internacional independiente y transparente con respecto al asesinato de su hijo.

“Estudio Académico”: Policía, justicia, salud y universidades presentan alarmantes niveles de corrupción

El “Estudio Académico”, elaborado por el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, reveló que instituciones estatales, como la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), el área de salud y justicia, además de la Policía, presentan alarmantes niveles de corrupción. El informe fue presentado ayer por la ministra Nardi Suxo en el marco de su informe de gestión.

La elaboración estuvo a cargo del Instituto Boliviano de Estudios en Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (IBEC), en el marco de la implementación de la Agenda de Investigación, ejecutó tres investigaciones en las áreas de Salud, Policía y Universidad, con el objetivo de proponer políticas públicas y acciones contra la corrupción, en base al conocimiento y evidencia empírica sobre transparencia y anticorrupción.

Las tres investigaciones fueron priorizadas como temas necesarios y urgentes realizados en 10 talleres de consulta con la participación de más de 350 representantes de entidades estatales, privadas y organizaciones sociales.

Según Suxo, estos son los resultados obtenidos luego de más de un año de trabajo. “Estas investigaciones son netamente académicas pero han desarrollado y demostrado, cuáles son los problemas y dónde están los focos de corrupción en estas áreas”, aclaró en un preámbulo a la presentación del informe.

UMSA

El investigador Alfredo Balboa fue el encargado de realizar la investigación a la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA. “Hemos tenido el apoyo del rector Waldo Albarracín, nos ha abierto las puertas, las investigación no son de esta gestión, se tomó en cuenta períodos anteriores”, aclaró.

En la UMSA el objetivo fue determinar la relación entre el sistema universitario y potenciales prácticas de corrupción en la universidad pública.

Como eje central se encontró que existen grupos de poder, que sobresalen en la toma de decisiones. “Hemos constatado que hay más interés en lo político que en lo académico”, explicó.

En la unidad de trasparencia de la carrera de Derecho se tiene una serie de denuncias como la venta de exámenes, acoso sexual, cobro por trámites, entre otros. “Cuando quisimos procesar estos hechos nos chocamos con un muro porque hay protección a los docentes, funcionarios administrativos”, dijo.

Se ofrecen becas sólo a los amigos; se presentan sobornos y extorsión para la obtención de títulos; apropiación indebida de bienes y recursos en las facultades y admisión irregular de estudiantes, entre otra gran variedad de irregularidades.

SALUD

Marlene Choque fue la investigadora en el caso del sistema de salud; el objetivo principal, analizar la cultura institucional del sistema de salud pública e identificar los puntos neurálgicos, zonas de riesgo donde no se aplican los contenidos de la transparencia o sean potencialmente susceptibles de actos de corrupción, para también proponer alternativas de solución o mitigación.

Entre los factores de riesgo, se identificó a la formulación de contratos relacionados a bienes y servicios. Conformación de las comisiones de calificación y recepción de bienes, decisiones en las comisiones de calificación, recepción provisional de bienes, seguimiento del cumplimiento de contratos, contratos de personal entre otros.

POLICÍA FELCC

“Disculpen, voy a tomar un trago de agua, porque esto es realmente terrible”, afirmó Suxo, antes de emitir el informe referido a la investigación hecha sobre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), cuya elaboración tomó tiempo debido a que varios profesionales desistieron de esta investigación por las amenazas y el peligro que supone destapar a la corrupción al interior de la Policía.

Bajo la metodología de estudio de caso, encuestas y entrevistas a uniformados policiales de diferentes rangos, para definir varios otros aspectos, se estableció que las prácticas más comunes de corrupción en la Felcc son:

Las prácticas más comunes de corrupción en la institución policial son cobros irregulares, incumplimiento de plazos procesales, extravío de documentos en investigaciones policiales, la modificación de las actas, la manipulación de las pruebas para manipular una condena, señaló entre lo más destacado la ministra Suxo.

El informe señala que las zonas de riesgo identificadas en la institución policial, además de la Felcc, son el Comando General, la Inspectoría General y la Dirección Nacional de Personal.

OBSERVACIÓN DE EMBAJADOR

Por otro lado, el embajador de Uruguay, Carlos Flanagan, invitado al evento, señaló que si bien no puede inmiscuirse en temas de Estado, preguntó a la ministra Suxo, el hecho de que las unidades transparencia, de las diferentes instituciones, no dependan del Ministerio de Transparencia, lo cual facilitaría la fiscalización.

Suxo respondió al embajador uruguayo afirmando que esto se debía a una resolución en la que se instruye a las diferentes instituciones, crear sus propias unidades, con recursos y personal adecuado a sus dimensiones y tipo de trabajo.

viernes, 19 de diciembre de 2014

Fiscal: Testaferro recibía coimas para red de corrupción en YPFB

Marco Antonio Arguedas era el que recibía el dinero de las coimas que entregaban las empresas para adjudicarse contratos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), dijo el fiscal que atiende el caso, Leopoldo Ramos.
Arguedas está prófugo y el Ministerio Público lo busca.
"En el caso de Arguedas, era la persona en la que depositaban el dinero, una especie de comisión de los funcionarios de Yacimientos, era el testaferro”, reveló Ramos.
Dijo que el presidente de YPFB, Carlos Villegas, dio ese dato.
"Lo que hicimos fue solicitar, a través del Ministerio de Transparencia y a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), el movimiento particularmente de una cuenta de Marco Antonio Arguedas. En una reunión del 27 de agosto, me informaron que depositaron dinero a favor de él. La UIF nos envió una información que señala, con claridad, que hubo depósitos por un poco más de 34.000 dólares y también retiros”, dijo Villegas el martes.
Arguedas fue acusado de formar parte de la red de corrupción que operaba dentro de la petrolera estatal.
Hasta el momento, fueron detenidas seis personas. Ever Terán exjefe de la Unidad de Comunicación de la casa matriz, y Selva Camacho, quien trabajaba en YPFB Chaco, en Santa Cruz, son dos de los que recibieron medidas cautelares.
Terán tiene detención domiciliaria y Camacho recibió prisión preventiva en Palmasola, Santa Cruz. Además, fueron detenidas otras cuatro personas.
El fiscal agregó que la Policía aún no ha logrado aprehender a Arguedas ni a Ana Belén Camacho, hermana de Selva Camacho.

Ampliación
El fiscal Ramos afirmó que otras 10 personas fueron citadas a prestar declaraciones.
Cuatro de ellas, Gerson Camacho, Alba Chirinos, Julia Gutiérrez y una empleada de menor rango, trabajan en YPFB.
Las seis personas particulares restantes tendrían nexos con las cinco empresas que se favorecían con contratos de YPFB.
Mónica Irusta, abogada de Ever Terán, solicitó la declaración de Gerson Camacho, quien era el que firmaba los contratos y no así su defendido. Sin embargo, desestimó iniciar una acusación contra esta persona.
Sobre Chirinos, Villegas dijo que fue quien "digitó este contrato de 484 mil dólares” para que YPFB Transportes firmara a favor de la empresa Bravo.
Por esta razón, sostuvo que se presentó la denuncia por los delitos de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa y cohecho pasivo y activo.
Selva Camacho denunció al presidente de YPFB por acoso sexual, pero éste lo negó y presentó otra querella por difamación.

jueves, 18 de diciembre de 2014

IBCE: Sector empresarial desafiliará a miembros que incurran en corrupción

Uno de los componentes del pacto firmado entre la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) señala que todo funcionario involucrado en actos ilícitos de corrupción será retirado de su entidad empresarial a la cual está afiliada.
El presidente del IBCE, José Luis Landivar Bowles, informó a Cambio que el principal alcance del “Pacto de Prevención y Lucha Contra la Corrupción en la Cadena Logística de Comercio Exterior”, firmado ayer en La Paz, desarrollará de forma consensuada un código de ética en un plazo de 120 días, tras la firma del convenio.
“A partir de la firma del convenio o pacto, se desarrollará este código de ética que va ser de cumplimiento obligatorio en todos los actores, tanto de funcionarios de la Aduana, como también de la cadena de los operadores del comercio exterior”, señaló.
Asimismo, la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, señaló que la suscripción de este pacto implicará una mayor transparencia en la actividad aduanera, logrando un mayor nivel de confianza para mejorar la imagen pública.
Según Ardaya, el problema de corrupción se puede dar tanto al interior, como al exterior de esta entidad o como también en distintas empresas privadas o públicas.
“Nosotros nos sentimos orgullosos de ser aduaneros y nos va a permitir de alguna manera entre todos trabajar en temas de corrupción. Esto implica que el sector público y privado se unan ante este fenómeno importante que es el de la corrupción”, remarcó.
En tanto, abogó por crear una conciencia ética en el sector público y privado para “extirpar y erradicar” los hechos de corrupción.

Más de 100 entidades
El foro realizado ayer por el IBCE, en su edición 55, aglutinó a 115 entidades que se adscribieron al acuerdo de forma voluntaria, además de marcar un nuevo récord de asistencia al contar con cerca de 250 asistentes, entre empresarios, funcionarios públicos y población.
Este evento fue el resultado de un trabajo sinérgico de preparación por varios meses, derivando en la suscripciónvoluntaria de un compromiso que busca acciones concretas como instaurar de manera consensuada y coordinada un Consejo Público-Privado para vigilar un sistema que permita atacar y denunciar actos de corrupción en el país, a lo largo de la cadena logística de comercio exterior, sostiene el IBCE.
Además, el Pacto de Prevención y Lucha Contra la Corrupción se orienta a adecuar y modificar los códigos de ética en las entidades privadas; designar una comisión mixta; generar planes de acción, investigación y difusión, para enfrentar el flagelo en el ámbito del comercio exterior.
Por su parte, la representante de la Organización Mundial de duanas (OMA), Norma Locatelli, indicó que Bolivia con el trabajo realizado, además del pacto, se convierte en el segundo país de Sudamérica y del mundo en firmar un acuerdo de ética y transparencia a nivel de la administración aduanera de la OMA.

Conclusiones y expresiones del Foro
Entre las principales expresiones y conclusiones destacan, por ejemplo: la felicitación y el apoyo a la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, y a toda la institución, por combatir la corrupción.
La prevención del delito es fundamental y se debe iniciar en la etapa escolar, sostiene el IBCE.
Las instituciones públicas y privadas deben participar en liberar al país de la corrupción, además, los participantes coincidieron que hacer negocios éticos no es imposible.
También se determinó que “poner en mesa los problemas” es la mejor forma de avanzar contra la corrupción.
Los participantes ponderaron que con la firma de este acuerdo público contra la corrupción, la Aduana Nacional abre las puertas a un verdadero cambio y se situó como un ejemplo a seguir, por los avances en la materia, a Uruguay.
Se valoró la gestión aduanera en los últimos 5 años.

Santos Ramírez: En YPFB se tapan hechos de corrupción

El expresidente de YPFB y preso en la cárcel de San Pedro, Santos Ramírez, afirmó ayer a Erbol que “los más grandes hechos de corrupción” en la estatal petrolera “se están tapando de manera sistemática”.

Aseguró que Gerson Rojas, exfuncionario de Yacimientos, sabe con precisión el sobreprecio en la planta Río Grande, puesto que hizo una auditoría. Lamentó que él esté “guardado” en la cárcel de Palmasola y no tenga derecho a hablar. Rojas fue gerente de la planta de separación de líquidos y fue detenido acusado de enriquecimiento ilícito.

Ramírez aseveró, además, que el fiscal Edward Mollinedo también sabe los “tejemanejes” de la corrupción en YPFB. Está detenido en Palmasola por el caso de la red de extorsión.

El exsenador por el MAS reiteró su denuncia de que hubo sobreprecio en la construcción de la planta de Río Grande.

Explicó que el contrato firmado por él, motivo por el cual fue encarcelado, disponía un costo de 86 millones de dólares y que con el nuevo contrato, hecho después de su salida, la planta costó 180 millones de dólares.

Investigación actual

El fiscal a cargo de las investigaciones de la presunta nueva red de corrupción en YPFB, Leopoldo Ramos, dijo a ANF que se citará a cuatro funcionarios más por estar presuntamente vinculados con la red y se busca a dos personas particulares que se encontrarían prófugas.

Por su parte, el presidente en ejercicio, Álvaro García, dijo ayer sobre YPFB que “es la propia institución que tiene la capacidad de autoevaluarse, autocurarse y autodepurarse, y esta es una buena señal de una institución sana”.

Red de corrupción en YPFB exigía coimas de hasta 20% por contrato



Las coimas que cobraba la red de corrupción que operada desde la jefatura de Comunicación de YPFB, para adjudicar contratos de servicios de manera irregular, oscilaban entre el 5% y 20%. El dinero debía ser depositado en algunas cuentas del grupo para asegurar los trabajos.

La denuncia fue hecha la noche del martes por el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, en el programa A Todo Pulmón de Cadena A. En la entrevista señaló que se enteró de estas irregularidades el 27 de agosto, cuando se reunió con representantes de algunas empresas que prestaban servicios a la petrolera estatal, entre ellas Erika Rojas, gerente general de Colibrí; Wálter Ustárez, gerente de Sirenita; y Marti Méndez.

“Ellos vinieron fundamentalmente para expresar que YPFB tenía varias deudas pendientes con esas empresas. Y comenzando a entrar al detalle me dicen que además son objeto de extorsión, me dan nombres de la gente de YPFB. Me dicen: ‘Me extorsionan’ y me dieron números de cuenta donde ella (Erika Rojas) tiene que depositar obligadamente si el proceso de contratación iba a ser exitoso y además depositar para recibir su pago”, explicó el titular de YPFB.

Investigación. Desde esa fecha es que se empezó a investigar los contratos de servicios irregulares a través de la Unidad de Transparencia de la entidad, y en la búsqueda se descubrió —según Villegas— que de esta red eran parte el jefe de la Unidad de Comunicación de YPFB, Ever Terán Flores, y Selva Camacho, exjefa en ese cargo que luego fue a trabajar en YPFB Chaco. Añadió que estas personas, junto a amigos y familiares, conformaron cuatro empresas que luego se adjudicaron contratos. “Tuvieron un modus operandi que, desde la Dirección de Comunicación de YPFB, se adjudicaban esos contratos. Hasta el momento hemos descubierto seis procesos de contratación a favor de esas empresas”, acotó.

En los procesos para contratar servicios a YPFB, habían empresas que reunían características técnicas mejores que las que se adjudicaron los contratos, pero la red las descalificaba para beneficiarse, añadió. En la audiencia de medidas cautelares de Erika Rojas, ésta denunció también la extorsión que sufría de parte de esos funcionarios y algunas personas particulares. Entre éstos citó a Alba Chirinos (funcionaria de YPFB Transporte), Julia Gutiérrez, Selva Camacho Gonzales, Marco Arguedas y Ever Terán Flores.

El martes el fiscal asignado a este caso, Leopoldo Ramos, anunció que a raíz de las declaraciones de Rojas, la investigación por la adjudicación ilegal de contratos en YPFB se ampliará a diez personas más, cuatro de la petrolera estatal, otras seis particulares, y que las citaciones para que éstas declaren serán entregadas en los siguientes días. Complementó que a Rojas se le secuestró una computadora y documentos donde se muestran las acciones de esa red.

Las empresas conformadas por esta red eran Structura, de Ana Belén Camacho Gonzales (hermana de Selva); Omnimedia, de Guido Alarcón Terrazas (pareja de Ana Belén Camacho); Bell Comunicaciones, también de Ana Belén Camacho; y Bravo Servicios Integrales, de Yalile Bravo Espinoza, cuyo representante legal era Luis Alejandro Bell Camacho.

Pesquisa, apoyo y denuncias

Gobierno

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, destacó ayer que YPFB haya denunciado los hechos de corrupción en la petrolera estatal, y que ahora la investigación esté en manos del Ministerio Público. Pidió mostrar las pruebas si hay denuncias en sentido contrario.

Poder

El titular de YPFB, Carlos Villegas, denunció que Ever Terán, como jefe de Comunicación, tenía mucho poder y generaba un ambiente de presión en los responsables de comunicación de otras subsidiarias.

Dictan orden de aprehensión contra 2 personas

El fiscal asignado al caso de corrupción en YPFB por contratos irregulares, Leopoldo Ramos, informó ayer que hay órdenes de aprehensión contra Ana Belén Camacho (hermana de Selva Camacho), responsable de Bell Comunicaciones, y Marco Arguedas, que trabajaba con Guido Alarcón (pareja de Ana Belén). Ambos están prófugos.

“Lo que hacía (Marco Arguedas) era recibir en su cuenta bancaria todas las coimas que le iban pagando a Ana Belén”, informó el fiscal. Añadió que para este jueves se llamó a declarar a cuatro funcionarios de la petrolera estatal debido a la ampliación de la investigación en este caso.

La noche del martes, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, indicó que Ana Belén Camacho se encuentra prófuga al igual que Alba Chirinos, funcionaria de YPFB Transporte. “Este señor Marco Arguedas es el que recibía el dinero que entregaban las empresas”, complementó la autoridad. Respecto de Guido Víctor Alarcón, Villegas señaló que éste es miembro de la Fuerza Aérea Boliviana y dijo que su pareja, Ana Belén Camacho, está prófuga y es persona clave en este proceso de investigación.

El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer desde Sucre que instruyó la conformación de una comisión para que investigue los hechos de corrupción en YPFB. “Lo que estamos haciendo es actuar en el marco de la objetividad de las atribuciones que tenemos como Ministerio Público”. Ante la consulta de si se investigará al presidente de YPFB, éste respondió: “Se va a investigar a todos los que estén involucrados en ese caso”. Sobre los contratos irregulares, Villegas indicó que estos hechos disminuirán la dinámica de trabajo en YPFB porque a los funcionarios les costará tomar decisiones.

Villegas implica a jefa de Comunicación de YPFB en caso de corrupción

La jefa de Comunicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Transporte, A.C., estaría implicada en el caso de corrupción que envuelve a varios funcionarios, según declaró su titular, Carlos Villegas.

El presidente de YPFB manifestó que A.C. se encuentra prófuga de la justicia y es una persona clave para el proceso de los implicados en el caso de corrupción en la compañía estatal. Además Villegas dio los nombres de tres funcionarios más (J.G., M.A. y E.T.)

“Está prófuga la señora A.C. porque es clave en este proceso y la señora E.R. prácticamente hace un relato y denuncia todos los hechos que han sucedido. Había obligación de pago adelantado antes de la adjudicación de un proceso de contratación, y ella siempre vivió bajo la presión de todas estas personas”, dijo Villegas en el programa A Todo Pulmón del canal televisivo Cadena A.

Por su parte la acusada, A.C, jefa de Comunicación y Relaciones Externas de YPFB Transporte, se comunicó con el conductor John Arandia para desmentir las declaraciones de Villegas.

La acusada informó que no recibió ninguna citación de la justicia, que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz por una baja médica y que su jefe, el señor Cristian Inchauste, gerente general de YPFB Transporte, tiene conocimiento de su paradero.

“A mí no me han citado, ni me han convocado y eso es lo que corresponde. Si a mí me han nombrado personas que están involucradas en la imputación general, deberían convocarme", declaró la acusada al programa

Además descalificó a la denunciante E.C. "Me menciona una imputada, que es una persona que está detenida y está en La Paz", afirmó la acusada y agregó que tiene "total predisposición" a presentarse para la investigación y "determinar la participación o no de gente que me ha involucrado, porque yo cumplo con mis funciones”, señaló A.C.

Asimismo, la jefa de comunicación expresó que se tomó la libertad de llamar al presentador de Cadena A para aclarar la situación y “no puedan "embarrarla de la manera que lo estaba haciendo el licenciado Villegas”.

Para finalizar, aseveró que se presentará de manera voluntaria para coadyuvar con sus “pruebas de descargo” y que no tiene ninguna relación con el caso.