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jueves, 29 de septiembre de 2016

El contralor observa dos contratos con la CAMC



El contralor general del Estado, Henry Ara Pérez, anunció que existen observaciones a los procedimientos establecidos de dos contratos suscritos entre las empresas estatales Misicuni y por la compra de tres perforadoras de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con la firma china CAMC, pese a que el 10 de mayo la Asamblea Legislativa aprobó un informe final de una investigación en la que no se encontraron irregularidades.

Ara dijo que en los próximos días solicitará aclaraciones a ambas entidades públicas y, en caso de que no convenzan, pueden establecer responsabilidades administrativas e incluso penales.
Ambas estatales evalúan el tema y no se pronunciaron sobre los dichos del contralor. La estatal petrolera esperará la notificación oficial para emitir un comunicado.

En febrero, el presidente Evo Morales pidió una investigación de la Asamblea Legislativa y de la Contraloría después de que el comunicador Carlos Valverde lo sindicó de incurrir en un presunto tráfico de influencias por la relación que mantuvo el jefe de Estado con Gabriela Zapata, ex gerente comercial de la CAMC. La mayoría en el Poder Legislativo aprobó un informe de la comisión investigadora que lo eximió de toda culpa. Ahora, la Contraloría vuelve a abrir el tema.

“Evaluamos dos trabajos. La siguiente semana los pondremos en conocimiento de las partes. En el caso de Misicuni tenemos hallazgos que serán sujetos a peticiones de aclaración, así como en el caso de la compra de perforadoras y las adendas realizada por YPFB, que es una supervisión que tiene que ver con medidas que vaya a tomar, porque los contratos están vigentes”, dijo.

El contralor no quiso hablar de anomalías. “Son observaciones, puesto que si partimos de la existencia de los proyectos, ambos están. Puede haber deficiencias en los procesos y la norma establece tipos de responsabilidad, si es que las confirmáramos”.

Explicó que en el caso de YPFB, cuyo contrato está en ejecución, "se trata de una supervisión e implica que como aún está en ejecución, se deben encaminar recomendaciones para subsanarlo. “Estaremos atentos si es que ya lo han hecho”. Mientras que en el caso de Misicuni se obviaron procedimientos y esperamos que se aclaren en la fase de descargos”. Se puede ver que no obedecieron procedimientos que ellos mismos implementaron. Son procedimientos para la adjudicación de las empresas y que en estos casos no se halló documentos que los acrediten. Procesos que al parecer, por la documentación, se obviaron o, repito, no se respetaron en la forma preestablecida. Hay que esperar el descargo».

Sin embargo, el contralor adelantó que estos temas pueden generar responsabilidades administrativas e incluso penales, pero es muy a priori hablar de eso porque dependerá de los descargos”. Un informe por minoría, emitido por la oposición en la Asambea Legislativa, detectó ocho observaciones en el caso de Misicuni, mientras que observó también a YPFB por no ver otras opciones

Boris Villegas, condenado a dos años y siete meses de cárcel



Boris Villegas Rocabado, exdirector de Régimen Interior, acusado por el delito de organización criminal dentro del caso Ostreicher, fue sentenciado ayer a dos años y siete meses de privación de libertad. La información fue confirmada por el fiscal de distrito, Gómer Padilla. La sentencia fue dictada por el Tribunal Séptimo de Sentencia en lo Penal. “En presencia de su abogado, el imputado reconoció ser culpable del ilícito”, dijo Padilla.

En el caso extorsión también están implicados Fernando Ribera Tardío, Denis Rodas Limachi, Jeanette Velarde Luna, Roberto Achá Arandia, Edwar Omar Mollinedo Pinedo, Isabelino Gómez Cervero y Mario Ariel Rocha López. “Estas personas mantenían nexos entre ellos y la consigna era impedir que el ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher recupere su libertad, y con ello evite el reclamo de su arroz, que fue sacado de manera ilegal de los ingenios”, agregó. Con los años de condena, Villegas no volverá a prisión. Además estuvo recluido desde diciembre de 2012. Los otros acusados también se sometieron a procedimientos abreviados

miércoles, 28 de septiembre de 2016

Imputan a Alcalde de Colquiri por conducta antieconómica

El alcalde del municipio de Colquiri, Silverio Colque, fue aprehendido ayer e imputado por el delito de conducta antieconómica, en la firma de dos contratos que causaron un daño económico de Bs 188.000, según informó la fiscal de materia de La Paz, Jenny Quispe.

“El Ministerio Público ha seguido las investigaciones dentro del presente caso, a denuncia del Ministerio de Transparencia, del actual Alcalde del municipio de Colquiri, (…) toda vez que el mismo habría realizado dos contratos por la construcción de la obra denominada casa artesanal ‘Caquena’”, indicó la fiscal.

La autoridad edil está acusada de incurrir en delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, tras haber entablado contratos de construcción con dos empresas –Cabas y Unipersona–, para la ejecución de la casa artesanal; sin embargo, “se presentaron irregularidades en el proceso de contratación y en los plazos de entrega de las obras”.

Quispe informó que la denuncia también es en contra de un exalcalde y de otros funcionarios municipales que tuvieron que ver con los procesos de contratación, supervisión y ejecución de las obras señaladas.

La fiscal dijo que en este caso investigarán también a otras cuatro personas que estarían implicadas.

martes, 27 de septiembre de 2016

Juez dicta tres años de prisión para ex alcaldesa Aydeé Nava por el caso alumbrado público



El juez Esteban Monzón dictó el lunes una sentencia de tres años de prisión para la ex alcaldesa de Sucre, Aydeé Nava, por los delitos de firma de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en un caso relacionado con el cobro de la tasa de alumbrado público.

Sin embargo, el Tribunal de Sentencia determinó de oficio la suspensión condicional de la pena, porque los delitos se cometieron antes de la vigencia de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Con esa resolución, Nava no deberá salir del país, cambiar de domicilio y otras condicionantes, explicó el juez.

La audiencia se desarrolló en el Tribunal Segundo de Sentencia de esta capital y la lectura íntegra de la sentencia será el 29 de septiembre a las 14h30.

"Es una pena que se tenga que dar una sentencia de tres años por algo que no existe", dijo Nava a los periodistas tras la audiencia.

La Fiscalía acusó a Nava de firmar un convenio con la Compañía Eléctrica Sucre S.A. sin autorización del Concejo Municipal por el cual le cedió el cobro de la tasa de alumbrado público y aseo urbano a cambio de quedarse con el 5,66% de la recaudación de alumbrado público, pero haciéndose cargo de la expansión, mantenimiento, colocación de postes y cableado.

Para la ex autoridad la rebaja de la tasa de alumbrado público de 15% a 5,66% es una prueba que demuestra que el convenio fue beneficioso para el municipio de Sucre y no hay daño económico como señala la Fiscalía.

"Recurriremos a una apelación", concluyó.

lunes, 26 de septiembre de 2016

Viaje de 68 dirigentes sociales a Panamá costó al Estado más de Bs medio millón

Más de medio millón de bolivianos, 593.354 bolivianos, gastó el Estado en el viaje de una delegación de 68 dirigentes y delegados de organizaciones sociales que participaron de una Cumbre de los Pueblos que se realizó de manera paralela a la VII Cumbre de las Américas en Panamá en abril de 2015, según publica ANF.

Para dicho viaje, el Ministerio de Relaciones Exteriores autorizó el desembolso de 236.493 bolivianos para los viáticos de los representantes de los movimientos sociales y las organizaciones sociales de la sociedad civil. Cada persona recibió poco más de 3.000 bolivianos por tres días y medio.

Se contrató una aeronave C-130B para realizar la ruta La Paz-Santa Cruz-Panamá-La Paz, el vuelo tuvo un costo de 296.677 bolivianos. Este monto se distribuyó de la siguiente manera: 30.303 bolivianos para viáticos de una tripulación de siete personas; 141.421 para el combustible de ida a Panamá y 124.952 bolivianos para el retorno.

El total de recursos económicos para el viaje de la delegación alcanzó a 593.354 bolivianos, de acuerdo al informe escrito que respondió la Cancillería a la diputada de Unidad Demócrata, Jimena Costa, quien formuló una serie de preguntas respecto a dicho viaje.

Costa consideró que existe un “un uso clientelar” de los recursos para los dirigentes de las organizaciones sociales afines al partido gobernante. “Son viajes que los mantienen contentos a los dirigentes, para viajar por el mundo”, cuestionó la asambleísta. (ANF).

ENTRE DE OBRAS

También algunos diputados dan conocer que también se erogan recursos para que dirigentes asistan a las entregas de obras en diferentes regiones del país, en la que la base queda excluida, y sólo los representantes son tomados en cuenta.

Sin embargo, la disminución de recursos parece que afectó a los viajes, ya que los números de dirigentes se reducen en las entregas, y sólo se toma en cuenta a los militantes de las regiones en donde se hace entrega de obras, según algunos legisladores.

jueves, 22 de septiembre de 2016

Hay indicios de tráfico de influencias en el caso dron



La auditoría por la compra de un centro de monitoreo móvil y un dron para la Policía por parte de la Alcaldía, por Bs 3,7 millones, detectó una serie de irregularidades, por lo que determinó que siete personas tienen indicios de responsabilidad penal y 13, responsabilidad administrativa. Los informes de auditoría fueron presentados ayer por funcionarios del Ejecutivo municipal al órgano deliberante.

Según dicha auditoría, seis funcionarios y ex funcionarios municipales habrían incurrido en los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y comisión por omisión. Los sindicados son José Canudas Araujo, Ernesto Mario Peterson Toledo, Marisabel Barrero Vaca, José Ernesto Rojas Villarroel, Johnny Huari Montaño y Ernesto Terceros Goitia.

Además, el informe, que fue presentado por el secretario de Asuntos Jurídicos de la comuna, José Negrete, indica que José Alberto Padilla, propietario de la empresa Army Security, tiene indicios de haber incurrido en los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado e incumplimiento de contrato.

Negrete informó de que el 9 de este mes la Alcaldía presentó una querella en la Fiscalía contra todas estas personas. Además, dijo que esperan ampliar la querella contra Paúl Cuéllar Bejarano, de la empresa Westeco, y contra otros que resultaren involucrados en el caso.

La Alcaldía también detectó indicios de responsabilidad administrativa de los seis ex funcionarios municipales anteriormente nombrados, además de otros siete: José Mojica, Zeneida Soria, Guísela Garrido, Deisy Cuéllar, Adalid Toledo, Fernando Zabala y Emilene Gutiérrez.

Diputados en la sesión

Víctor Gutiérrez, presidente de la comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Diputados, junto a otros dos miembros de la comisión, presenciaron la sesión. Al inicio de la misma, Negrete expuso los argumentos sobre la incompetencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional para fiscalizar al ejecutivo municipal.

Gutiérrez indicó que, según la Carta Magna y la Ley Marco de Autonomías, los entes autónomos deben responder a los requerimientos del órgano legislativo nacional y que el alcalde Percy Fernández ya lo ha hecho en 18 ocasiones de forma escrita y que lo único que cambia en esta oportunidad es que se solicita un informe oral.
Gutiérrez agregó que por cuestiones de salud Percy puede solicitar que el informe sea dado en Santa Cruz

Denuncian corrupción en Dirección de Catastro



Una funcionaria de la Dirección de Catastro denunció que el titular de esta entidad edil incurre en actos de corrupción, pues atiende trámites catastrales en su oficina particular de arquitecto, a través de su hija.

La arquitecta Rocío Mollinedo, denunció a Víctor Espejo, director de Catastro de la comuna alteña, pues dentro de su labor como funcionaria en esta entidad, detectó que una mujer identificada como Pamela E. T. constantemente hacía ingresar trámites catastrales en dicha unidad.

Mollinedo hizo seguimiento a los trámites y evidenció que el mismo Espejo instruía que éstos sean despachados de inmediato. En total detectó 20 casos de este tipo.

Señaló que logró comprobar que Espejo continúa atendiendo su despacho de arquitecto, que está ubicado en cercanías de la plaza del Lustrabotas, en plena Ceja de El Alto, pero a través de su hija, quien firma los documentos y hace los trámites.

La funcionaria denunció este hecho ante autoridades de la misma Alcaldía, pero fue despedida, pese a que tiene más de 20 años como trabajadora municipal y que en su calidad de persona con discapacidad está protegida por las leyes laborales y no puede ser destituida.

Mollinedo, apoyada por la dirigencia de las personas con discapacidad de El Alto, está exigiendo que la Alcaldía destituya a Espejo, que lo procese y a su vez la restituya en su cargo, junto a otras 11 personas con discapacidad —de esa repartición municipal— a quienes se les entregó su memorando de despido, porque tenían conocimiento de estos actos irregulares y no quisieron socaparlos.

La dirigente de las personas con discapacidad de El Alto, María Angélica Ramos, afirmó que la alcaldesa Soledad Chapetón tiene conocimiento de estas denuncias y también del despido de personas con discapacidad, pero no hace nada para investigar las acusaciones o hacer respetar los derechos laborales de las personas despedidas.

“Más bien acusan a los compañeros despedidos de haber hecho mal su trabajo. Es lamentable que socapen de esa manera la corrupción”, señaló.