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jueves, 31 de julio de 2014

Tras 2 años del caso barcazas, aún no hay acusación formal

El Ministerio de Defensa ha expresado su preocupación porque después de dos años de que se presentaron las denuncias de "estafa” en la adquisición de 16 barcazas y dos empujadores, el Ministerio Público aún no ha formulado la "acusación formal” en el caso.
"Estamos preocupados por el tiempo que ha transcurrido. Hemos insistido al Ministerio Público para que pueda concluir la etapa preparatoria y, terminada esta etapa, a través del juez de la causa, se solicite el control jurisdiccional para que se vaya a la acusación formal”, declaró el titular de Defensa, Rubén Saavedra.
En julio de 2012, Página Siete denunció que la Empresa Naviera Bolivia (Enabol), contraviniendo las normas del país, pagó 30 millones de dólares por adelantado y al contado a la empresa General Marine Business (GMB) por la construcción de 16 barcazas y dos empujadores.
Los contratos fueron firmados a fines de 2009 y los bienes navieros debían ser entregados hasta 2010; sin embargo, se hicieron más de cinco adendas y hasta la fecha ninguno de los productos llegó a Bolivia, pese a que también se pagó por el transporte de esos bienes desde China.
El Ministerio de Defensa, tras la publicación de esta información, denunció el caso ante la Fiscalía a base de los resultados de dos auditorías en las que identificó responsabilidades administrativas y penales.
Producto de las investigaciones, están detenidos en la cárcel de San Pedro el exgerente general de Enabol, Fredy Ballesteros, y el abogado de la empresa china, Carlos Jang Hur. Además, están con detención domiciliaria otros tres funcionarios de la Enabol.
Un tribunal de justicia chino ha dictado el año pasado una orden "irrevocable” de remate de las 16 barcazas, y tomó esa determinación porque a la empresa subcontratada para la construcción de las barcazas no se le pagó por el almacenaje de los bienes.
La resolución del tribunal chino fue emitida el 3 de marzo de 2012, que disponía el remate de las barcazas por falta de pago de almacenamiento del equipo naval.
Sin embargo, el Gobierno boliviano evitó el remate de las barcazas, luego de que Enabol planteara un recurso de objeción ante el tribunal de justicia del país asiático. "El recurso fue admitido y se tramita esa objeción”, explicó Rubén Saavedra.

En el caso de los dos empujadores, el ministro informó que "están en un astillero. Todavía no han sido concluidos”, pese a que se pagó por adelantado.
Si bien el Gobierno dice que los empujadores están en un astillero, Página Siete conoció que esos medios de transporte fueron trasladados a otro lugar sin la autorización de Enabol.

Al respecto, la Embajada de Bolivia en China dijo que no tenía información.

El Estado no dará más recursos
El Estado boliviano no destinará más recursos económicos de los que ya dio para la adquisición de las 16 barcazas y dos empujadores, que desde 2010 no llegan al país, anunció el ministro de Defensa.
"Lo que pasa es que Enabol ya pagó el 100% del valor de las barcazas y de los empujadores. Lo que resta es que la empresa a la que se le pagó termine el 20% que falta en la construcción de los aparatos”, manifestó el ministro Rubén Saavedra.
No obstante, la Enabol no renovó las boletas de garantía, por lo que no existe ningún documento que obligue a concluir los dos empujadores. Según un informe de Enabol, tanto las barcazas como los empujadores sufren deterioros por los factores climatológicos y por el tiempo que se encuentran a la intemperie.
La Enabol tiene como objetivo principal participar en toda la cadena del transporte naviero, así como de servicios portuarios, en el marco del desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y lacustres y de la marina mercante.
En ese contexto, las barcazas y empujadores tenían un fin para el transporte de los minerales del Mutún.

sábado, 26 de julio de 2014

Exfiscal dice que acusados por caso Rózsa fueron golpeados

El exfiscal Edward Mollinedo se sentó ayer frente al tribunal que lleva adelante el juicio por terrorismo 1, dirigido por Sixto Fernández y declaró como testigo ofrecido por procesados.
En medio de interferencias, objeciones y revocatorias presentadas por la Fiscalía, Mollinedo dijo que integró la comisión nacional de fiscales para atender el caso de los detenidos por terrorismo, actuaciones que las realizó el 16 y 17 de abril de 2009 y que los actos posteriores fueron de directa responsabilidad del exfiscal Marcelo Soza.
Según el exfiscal, en La Paz recibió a los acusados Mario Tadic y Elöd Tóásó para tomar sus declaraciones, pero antes gente del Ministerio de Gobierno le entregó un flash memory, aunque dijo que no recordaba qué contenía.
Comentó que ese día los detenidos estaban con una ropa rara, que parecía no ser de ellos, y que estaban mal de salud, por lo que ordenó su traslado a la clínica Copacabana. Tadic tenía muy malograda la dentadura, por los golpes que había recibido, manifestó.

La declaración en inglés
Mollinedo también informó al tribunal de que la declaración que prestó el húngaro Elöd Tóásó fue en inglés a pedido de él y en representación de su consulado. No se le recibió en su idioma materno, como indica la ley

Juristas esperan auditoría transparente del caso Rózsa

Ante la decisión del Consejo de la Magistratura de realizar una auditoría al caso Rózsa, tres abogados de la defensa esperan que sea un trabajo transparente y se logre descubrir las irregularidades del proceso. La información fue proporcionada por el decano del mencionado Órgano Judicial, Róger Triveño. La autoridad dijo que la auditoría revisará principalmente el desarrollo del procedimiento y el accionar de los jueces integrantes del Tribunal a cargo y en caso de encontrar faltas disciplinarias se los procesará.

Se cometieron muchos vicios El abogado Gary Prado Arauz, defensor de su padre Gary Prado Salmón, del coronel Zoilo Salces y de Marco Monasterio, dijo que se adhiere a la auditoría del proceso porque se cometieron muchos vicios de nulidad. "Las irregularidades son de responsabilidad de los jueces cautelares que conocieron la etapa de investigación y la audiencia conclusiva, donde convalidaron pruebas ilícitas, violaciones a los derechos humanos, torturas, etc", expresó Prado. Además en la etapa del juicio oral se cometió otros abusos, explicó, como la instalación de la audiencia en Tarija sin la presencia de Ignacio Villa Vargas, estando en calidad de detenido preventivo. Comentó que otro vicio grave fue declarar rebelde a su padre, cuando estaba justificada su ausencia.

Proceso con demoras. El defensor del general Prado, Otto Ritter, dijo que ojalá sea una auditoría seria, ya que en el proceso del caso Rózsa hubo demasiadas demoras. La primera atribuible al Ministerio Público, porque desde la denuncia hasta la acusación pasaron 20 meses por culpa de Marcelo Soza, quien dirigía la investigación. La segunda demora es que después de la acusación del exfiscal y la audiencia conclusiva, se llevó luego de 6 meses, atribuida al Órgano Judicial. Dijo que reformulada la acusación de Soza, pasaron otros 6 meses para instalar la audiencia conclusiva, es decir, que hasta que empezó el juicio transcurrió más de 3 años.

Conducta de jueces. Por su parte, el abogado defensor de Zvonko Matkovic, Álvaro Melgarejo, dijo que la fiscalización deberá estar centrada en la conducta de los jueces que vieron el caso.

"Por ello, se harán auditorías jurídicas de la participación de los distintos administradores de justicia que conocieron el caso en el transcurso del proceso", afirmó. Los tres juristas aclararon que esta solicitud fue realizada por la defensa del coimputado Alberto Melgar ante el Consejo de La Magistratura.

Tortura evidente. Por otro lado, en la declaración como testigo de descargo el exfiscal Edward Mollinedo reveló ayer que cuando recibió en abril de 2009 a Mario Tadic para tomarle su declaración, este presentaba señales de haber sido golpeado. Tadic dijo hace unos meses ante el Tribunal que funcionarios del Ministerio de Gobierno y agentes policiales le rompieron los dientes.

Ausencia
Defensor sospecha de la supuesta enfermedad de jueza

Proceso. El abogado Gary Prado ve sospechosa la enfermedad de la jueza ciudadana Sonia Mamani, que motivó la suspensión de la tarde de ayer. El defensor del coronel Zoilo Salces teme que la verdadera intención sea que los acusadores impidan a toda costa que se presenten a declarar Fernando Rivera, Denis Rodas y Boris Villegas en calidad de testigo de descargo. "Son capaces de mandarlos al penal de Cantumarca en Potosí o de algún recinto penitenciario lejano, con el fin de que no se conozca la verdad", explicó Prado quien también es defensor de su padre. La jueza ciudadana Mamani no se presentó la tarde de ayer a la audiencia del caso Rózsa y a través de su colega Anastacia Calisaya, envió una receta médica y un diagnóstico de la clínica Pro Salud, de que se encontraba enferma. El abogado Otto Ritter lamentó que no se valoró de la misma manera la solicitud hace un par de semanas del coronel Adalberto Tórrez.

jueves, 24 de julio de 2014

en juicio por terrorismo 1 Exasesores dirán lo que saben del caso Rózsa

Los ex hombres fuertes del Ministerio de Gobierno procesados en el caso de la red de extorsión se enfrentarán hoy a sus colegas y a fiscales del Ministerio Público en una audiencia, dentro del juicio por el caso terrorismo.

Fernando Rivera, Denis Rodas, Boris Villegas, así como los exfiscales Edward Mollinedo e Isabelino Gómez fueron notificados ayer por funcionarios del tribunal de sentencia, que dirige el juez Sixto Fernández, para que comparezcan en el juicio.

Ellos fueron ofrecidos como testigos de descargo por varios procesados por terrorismo. Para los abogados defensores, el testimonio de los exasesores es importante, pues ellos tuvieron en sus manos el caso desde su inicio y conocieron en detalle los fundamentos y estrategias. Hace dos semanas tenían que declarar en el juzgado, pero no los sacaron de la cárcel.

Los exasesores ganaron dos recursos de acción de libertad contra el gobernador de Palmasola por no haberlos dejado salir del penal.

Senadora tiene documentos

La senadora Carmen Eva Gonzales estuvo presente ayer en la audiencia. Expresó que este caso prácticamente se está cayendo después de la fuga de su principal actor, el exfiscal Marcelo Soza. “Si este caso se cae, también caerán los casos Chaparina, Caranavi, La Calancha y el asalto a Pando y si todo estos se vienen abajo es obvio que el Gobierno también caerá, por eso hacen todo por mantener el juicio por terrorismo”, expresó. La senadora dijo que divulgará más datos reveladores hoy

miércoles, 23 de julio de 2014

Suxo entrega denuncias de corrupción contra fiscales



La ministra de Transparencia y lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, denunció a un grupo de fiscales por delitos de corrupción e incumplimiento de deberes y entregó los documentos al fiscal general, Ramiro Guerrero, para que “tome las acciones necesarias”.

“Le hemos preparado aquí una carpeta, departamento por departamento, (con) todas las denuncias que tenemos en contra de fiscales, con nombres, casos y temas muy puntuales. Quiero dejar esta carpeta para que usted tome las acciones necesarias”, manifestó Suxo cuando le entregó una carpeta con las denuncias.

Según Suxo, “hay fiscales que no cumplen con su deber”, no realizan la anotación preventiva de bienes de los acusados por hechos de corrupción y, cuando está avanzado el proceso, no es posible recuperar nada porque los bienes ya tienen otro propietario. También denunció que hay retardación de justicia, ya que tiene denuncias que datan de 2007.

Guerrero comprometió indagar a los denunciados, afirmó que para ello existe la Dirección de Régimen Disciplinario que “a denuncia se abre proceso” y el fiscal puede ser sancionado, ya sea con suspensión de actividades, descuentos salariales y hasta destitución.

“Somos conscientes de que hay fiscales que no han asumido que esta tarea es de servicio a la sociedad y no para servirse del Ministerio Publico”, sostuvo y entregó a Suxo el nuevo Código de Ética, que entrará en vigencia desde mañana, un documento que establece una serie de principios y valores éticos que deben regir el actuar de los fiscales.

“Nos hemos encontrado con una gran carga procesal de más de 160.000 juicios en el país, de los casos de corrupción tenemos más de 6.500 casos”, acotó Guerrero cuando reconoció que hay dilación de procesos. Explicó que para agilizar éstos se implementó la rotación de fiscales, “hemos hecho cambios, estamos trabajando en la construcción del modelo del nuevo fiscal, de lo que significa un modelo de despacho fiscal”.

Acotó que a pesar de las debilidades, el Ministerio Público es la única institución que tiene fiscales anticorrupción, no pasa lo mismo con el Órgano Judicial que no cuenta con jueces anticorrupción que debían ser implementados hace cuatro años.

martes, 22 de julio de 2014

Defensa de Humberto Roca demandará inconstitucionalidad de Ley Marcelo Quiroga

Jorge Valda, abogado de Humberto Roca, dijo ayer que demandará la inconstitucionalidad de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, por considerar que el proceso por enriquecimiento ilícito no vincula a su cliente tomando en cuenta que dicha norma procesa a empleados públicos y no así a privados.

Ayer debía dictarse la sentencia contra el empresario cruceño y principal accionista de la extinta línea aérea Aerosur. Sin embargo por la inasistencia del fiscal asignado a las investigaciones, el de Sentencia dispuso aplazar la decisión hasta el 30 de julio.

“Se ha pedido un aplazamiento por la dilación del Ministerio Público esto se va a retrasar. Sin embargo hemos presentado toda la documentación necesaria para que el Tribunal considere y valore que la prueba obtenida por el Ministerio Público no es idóneo. Es prueba ilegal. Todo el enjuiciamiento contra Humberto Roca es un enjuiciamiento ilegal”, dijo Valda.

También hizo referencia a que para el 30 de julio la defensa de Roca presentará “un último recurso” referida a la “demanda de inconstitucionalidad de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz” porque el delito de enriquecimiento ilícito a particulares, como señala la Constitución Política del Estado, únicamente puede ser aplicado a servidores públicos, funcionarios públicos o exfuncionarios públicos, no a particulares.

“Humberto Roca, nunca ha sido servidor público, sin embargo, va a ser enjuiciado y sentenciado por un delito inconstitucional”, afirmó.

Sin embargo, dijo Valda que tiene la esperanza de que este último recurso a ser presentado permita al Tribunal actuar objetivamente. “Confiamos en que existen ciudadanos que tienen un criterio independiente, que esperemos que su criterio no esté contaminado y tampoco influyan las declaraciones del mayor Fabricio Ormachea, por eso esperamos que obtengamos una determinación ecuánime razonable y adecuada a los datos de un proceso ilegal”, manifestó.

De acuerdo con los antecedentes, el juicio contra Roca se inicia hace cinco años, a partir de la denuncia del Ministerio de Transparencia con una denuncia en sentido de que el empresario cruceño tendría más de 60 vehículos y que al desconocer el origen de esos vehículos es acusado de enriquecimiento ilícito.

Luego el Ministerio Público inicia la investigación a Roca, su familia y Aerosur determinando que todos sus bienes no estarían justificados a pesar de que se demostró en varias oportunidades que era una persona con suficientes recursos, a partir de los negocios que tenía.

Asimismo, se anotaron preventivamente 538 bienes e inmuebles a favor del Estado boliviano.

Caso terrorismo Jueces faltan y se suspende por segunda vez audiencia

Por las ausencias del presidente del Tribunal Primero de Sentencia, Sixto Fernández, y de las juezas ciudadanas Anastasia Callisaya y Sonia Mamani se suspendió ayer la reanudación de la audiencia del juicio oral por el caso terrorismo.
A la audiencia sólo se presentó la jueza Elena Gemio.
Los jueces del Tribunal Primero de Sentencia no pudieron llegar a Santa Cruz desde la ciudad de La Paz debido a problemas con la línea aérea, según informaron funcionarios judiciales.
Ésta es la segunda vez que se suspende la audiencia por el caso terrorismo por ausencia de los jueces técnicos y ciudadanos.
La sesión debía comenzar a las 15:30, pero funcionarios del Tribunal informaron que los juzgadores no llegaron debido a inconvenientes con su vuelo. Los acusados, acompañados por sus abogados, estuvieron temprano en la sala y luego de esperar 30 minutos se retiraron.
Cuando dejaban el lugar, los abogados de los acusados expresaron su molestia por lo ocurrido, ya que recordaron que anteriormente se suspendió la audiencia por razones similares.
El abogado de los acusados de terrorismo y alzamiento armado, Gary Prado, informó que la audiencia se debe reanudar hoy a las 9:00.
En la audiencia está prevista la declaración de Zvonko Matkovic, quien fue involucrado por el presunto grupo terrorista debido a una llamada que duró 20 segundos.