ULTIMOS ARTICULOS

sábado, 28 de marzo de 2015

“El Viejo” deja la cárcel de Palmasola

El extestigo clave del caso terrorismo Ignacio Villa Vargas “El Viejo” deja la cárcel de Palmasola. En unos días también abandonará el hospital Guaracachi, donde fue internado para que se recupere de una afección producida por la diabetes, por lo que podrá volver a su domicilio a cumplir su arresto. Eso sí, un juez ha dictaminado su arraigo para que no pueda salir del país.

Villa Vargas fue uno de los que conoció y operó con el grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa Flores y en su momento el Ministerio de Gobierno lo calificó como el testigo clave para el proceso del juicio oral donde había más de una veintena de acusados. Según su propio relato, participó como cómplice en el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas en abril de 2009.

Después volvió a cobrar notoriedad cuando apareció en un video recibiendo $us 31.500 de manos del extinto Carlos Núñez del Prado, quien supuestamente le advertía que abandone el país, porque se estaba tramitando una orden de aprehensión en su contra.

Por este caso concreto, el de los videos-sobornos, ayer un juez dictaminó su arresto domiciliario y le ordenó el arraigo.

Según su abogado, Cristóbal Arce, sólo les falta concluir los trámites ante la oficina de Migración y una vez concreten el arraigo Villa Vargas se irá a su casa.

“El Viejo” fue detenido en un domicilio de un familiar en Santa Cruz el 6 de febrero de 2011 y luego fue trasladado a La Paz.

A lo largo del juicio oral, que comenzó en Tarija y ahora prosigue en Santa Cruz, cambió varias veces sus declaraciones en contra y favor del Gobierno y de los líderes cruceños y viceversa.

Recientemente, el 12 de febrero de 2015, Villa Vargas se declaró culpable del delito de terrorismo en el grado de complicidad y negoció su condena con el grupo de fiscales que sostiene la acusación. El Tribunal Primero de Sentencia lo condenó a 8 años de privación de libertad.

Para entender la figura legal de Villa Vargas el abogado Gary Prado aclaró dos cosas: la primera tiene que ver con el caso por terrorismo por el que “El Viejo” fue condenado a 8 años. Como ya cumplió los dos tercios de la pena puede quedar libre; eso es cosa juzgada.

Lo segundo, está relacionado con otro juicio (el de los videos-sobornos), en el que un juez de ejecución de sentencia ha dictaminado la sustitución de la detención preventiva y lo ha cambiado por el arresto domiciliario y el arraigo.

Semana poco productiva

Definitivamente la que concluye fue una de las semanas menos productivas en el juicio oral por el caso terrorismo. El martes se enfermó el acusado Hugo Paz, el miércoles Alcides Mendoza y ayer fue el turno de la jueza ciudadana Sonia Mamani.

A lo largo de la semana sólo el jueves declaró el primer testigo de cargo presentado por la Fiscalía. Se trata del mayor de policía Miguel Ocampo, quien deberá volver la semana del 6 al 10 de abril para concluir con el interrogatorio.

Denuncian que falsificaron firmas para proyecto de Bs1 millón del Fondioc

En la comunidad Pichari del municipio La Asunta de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, una persona falsificó firmas para obtener un proyecto de un millón de bolivianos para construir una granja de pollos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) y la obra no se concluye desde 2013.

La denuncia corresponde a la exsecretaria general de esa población, Sonia Pomacahua, quien dijo que 30 familias iban a beneficiarse con dicho proyecto productivo, pero fueron excluidos de a poco por el yerno de uno de los comunarios del lugar.

Pomacahua identificó a Dionisio Ticona, yerno del beneficiario Salomón Quispe, de ser el responsable de falsificar las firmas de 15 personas, incluida la suya, además de los sellos de la comunidad Pichari, de la central campesina y de su Federación Especial Única de Trabajadores Campesinos La Asunta (Feutca), que está afiliada a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

Según la exdirigente campesina, Ticona también falsificó un aval de su organización para hacerse pasar como delegado ante el Fondioc, logrando el desembolso de los recursos de la entidad estatal, proveniente del Impuesto Director a los Hidrocarburos (IDH).

"Éramos 30 beneficiarios y de todos solo ha quedado la familia Quispe. Todos los que éramos los beneficiarios; uno en uno, nos han ido excluyendo esa familia (de Salomón Quispe) y al final han entrado solos. En el Fondo están nuestros nombres como afiliados, pero allá en la ejecución es otra cosa (…) Para el segundo desembolso hasta mi firma han falsificado”, declaró Pomacahua a Erbol.

"Han falsificado (las firmas) de la mayoría de los beneficiarios, de los 30 por lo menos de unos 15 y después hay personas que ni siquiera conocemos en la comunidad, esos fungen en el Fondo; han falsificado el sello de la comunidad de la Central y de la Federación. Dionisio Ticona, que es yerno de la familia Quispe, ha falsificado todo”, insistió.

Inspección Fondioc

La exrepresentante de los campesinos de Pichari informó que una comisión del Fondo Indígena llegó en marzo de 2014 para verificar el proyecto y Ticona no supo responder por el millón de bolivianos. Pese a que se constató la malversación de los recursos, no se hizo nada para detener a Ticona.

La dirigente dijo que en el Fondo, algunos técnicos escondieron este caso en coordinación con Ticona para quedarse con el dinero de su proyecto para pollos. El comunario, respaldado por su familia, hizo aparecer de la noche a la mañana un vehículo a su nombre, además de una vivienda, contó la campesina.

Los dirigentes actuales de Pichari denunciaron a la familia Quispe y a Dionisio Ticona, pero éstos empezaron a amenazarlos de muerte, además les iniciaron un proceso por calumnia.

"En 2014 don Salomón Quispe ya le ha procesado a nuestro representante, así nos han amenazado. Nosotros somos 130 afiliados y tenemos que velar a nivel comunidad y por eso tenemos serios problemas”, finalizó Pomacahua.

viernes, 27 de marzo de 2015

Policías cuestionados están como testigos

En el listado de los testigos de cargo del Ministerio Público, está el capitán Wálter Andrade y la policía Marilyn Vargas, según un documento al que accedió El Día.

Ambos personajes han sido objeto de recurrentes cuestionamientos de parte de los acusados y los defensores en el juicio del caso Rózsa, que lo sigue el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz.

Tanto Andrade como Vargas, fueron sindicados por el ahora sentenciado Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, de ser los responsables de poner la bomba en la casa del cardenal Julio Terrazas en el 2009.

Según la “Orden Instruida”, presentada por el juez Ricardo Maldonado Aliaga, Quinto de Instrucción Penal Cautelar de La Paz en agosto del 2011, la Fiscalía tiene en total 42 testigos de cargos.

Incluso Marilyn Vargas, es acusada de sembrar pruebas en el operativo del hotel Las Américas tras la incursión de la Utarc en la que fueron abatidos los extranjeros Eduardo Rózsa, Martin Michael Dwyer y Árpád Magiarossi. Según uno de los abogados de la defensa que prefirió guardar reserva, la Fiscalía tiene la obligación de llevar al estrado del Tribunal los 42 testigos, caso contrario, se pasa a otra fase del proceso.

En la lista de la Fiscalía está el mayor Johnny Aguilera que no se encuentra en el país.

Otros incluidos. En el listado están además Moisés Shriqui, exalcalde de Trinidad y candidato inhabilitado a este municipio, junto a Carlos Ernesto Dellien Bause, actual aspirante a la Gobernación de Beni por la agrupación Nacer.

También como testigo de cargo, está el empresario Zvonko Matkovic Fleig, padre de uno de los acusado, Zvonko Matkovic Ribera.

Tribunal empezó con el tercero. Dentro del orden de la lista de testigos, el Ministerio Público empezó con el tercero, el capitán de Policía Miguel Rolando Ocampo.

quien según su declaración, comenzó a investigar desde marzo del 2011 en este proceso.

En las audiencias de esta semana ha estado respondiendo a las interrogantes de la comisión de fiscales.

Proceso
Impasse entre fiscal Céspedes y abogado Ritter

Proceso. El fiscal Sergio Céspedes se molestó con el abogado Otto Ritter, porque el jurista le dijo al testigo Miguel Rolando Ocampo, de que se maneje con la verdad porque los delitos de corrupción no prescriben.

Por lo que Céspedes consideró que fue una amenaza.

Testigos de cargo

Presentados por la fiscalía

1. My. Jhonny Aguilera
2. Cap. Julio Larrea
3. Cap. Miguel Rolando Ocampo Tarqui
4. Sgto. Luis Geria Peña
5. Pol. Wilson Pérez Choque
6. Pol. Bismark Rocha
7. Eduardo Sosa Chávez
8. Hernán Samejía
9. Mauricio Melgar Roca
10. Ricardo Moreno Antelo
11. Zvonko Pedro Matkovic Fleig
12. Cristian Daher Tobiag
13. Leo Federico Fleig Linale
14. Reyes Antelo Villarroel
15. Mario Antonio Valenzuela
16. Juan Edwin Bause Leigue
17. Moisés Shriqui Bejarano
18. Hans Melgar Villarroel
19. Juan Carlos Suárez Cuéllar
20. Carlos Ernesto Dellien Bause
21. Carlos Alberto Guillen
22. Saúl Antelo Torrico
23. Evelin Leigue Rivera
24. Eduardo Luis Vega
25. Luis Hernán Rossell
26. Lorena Rojas Díaz
27. Marbel Sandra Villarroel
28. Assad Daher Gargui
29. Diego Mauricio Téllez Romero
30. Jaime Arturo Vaca Pinto Saucedo
31. Carlos Alberto Baldivieso Velasco
32. Billy Maciel Vaca Paniagua
33. Jorge Renato Santistevan Claure
34. Cap. Wálter Andrade Sanjinez
35. Pol. Marilyn Judith Vargas Villca
36. Billy Maciel Vaca Paniagua
37. Miguel Antonio Vaca Muñuni
38. Jeimmy Delboy Callaú
39. Pablo Suárez Vidal
40. Dany Pedraza Ferrufino
41.My. Marco Navia Doria Medina
42. Sbtte. Rubén Espejo Ramírez

miércoles, 25 de marzo de 2015

Rafael Quispe “Felipa Huanca tiene casa de un millón”


El diputado suplente de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, denunció ayer que la candidata a la Gobernación de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Felipa Huanca, tiene cerca de un millón de bolivianos en bienes e indicó que se desconoce el origen del dinero; mientras, la dirigente campesina dijo que todo lo consiguió con sacrificio, desde muy joven.

Lo que Quispe quiso puntualizar ha sido la coincidencia de fechas entre la erogación de recursos económicos del Fondo Indígena para el proyecto denominado Ayni Productivo, con la compra de bienes de Felipa Huanca.

Para dar cuenta de sus aseveraciones Rafael Quispe, mostró algunos documentos de información rápida de derechos reales, además de algunas fotografías.

“Yo a doña Felipa la he conocido haciendo campaña por Felipe Quispe, el año 2002, 2003, 2004 y la señora constantemente ha venido siendo dirigente y la pregunta es de dónde saca plata para construir semejante casa”, señaló Quispe en conferencia de prensa.

Felipa Huanca, no quiso entrar en detalles sobre los bienes que tiene a su nombre. Pidió insistentemente que Quispe demuestre las denuncias contra ella.

Dijo todo lo que tiene, lo logró desde muy joven y con mucho sacrificio. Solicitó a la población paceña que no crea a la exautoridad del CONAMAQ porque aseguró que miente.

“Ese señor ha aprovechado de una mujer candidata (para) mentir al pueblo paceño. Yo quiero decir con toda honestidad, pueblo paceño que no le crean porque él es de derecha ¿Por qué no se preocupa de Samuel Doria Medina? Que me compruebe (...) Desde jovencita me he sacrificado, que no mienta al pueblo paceño”, exigió.

martes, 24 de marzo de 2015

Caso Rózsa Testigo pide que no se filme declaración

En el reinicio del juicio del caso Rózsa, el primer testigo de cargo presentado por el Ministerio Público, Miguel Rolando Ocampo, solicitó al Tribunal de Sentencia, no ser filmado por los medios televisivos. Después de un acalorado debate entre los abogados de la defensa y el Ministerio Público, el presidente del Tribunal, Justo Sixto Fernández, resolvió aprobar esa solicitud del declarante.

Analizó los expedientes. El testigo de cargo, informó que fue designado como policía investigador del caso Rózsa en marzo del 2010, para analizar el expediente del caso Rózsa. Además dijo que tomó declaraciones a varios de los acusados y también de gente que no está acusada.

Sin embargo, después de un breve cuarto intermedio, Ocampo recibió la noticia del fallecimiento de un familiar, por lo que el juzgador Fernández decidió postergar la audiencia para hoy.

Revelan más beneficios a organizaciones afines

El dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq), Hilarión Mamani, señaló que las ocho organizaciones del Directorio del Fondo Indígena se repartieron a Bs 300 y 600 mil los recursos provenientes del Impuesto Director a los Hidrocarburos (IDH) de la entidad estatal, como parte de los proyectos de fortalecimiento institucional.

Mamani reconoció que el Fondo de Desarrollo Indígena Originario (Fondioc) les entregó la pasada gestión Bs 600 mil. El dirigente, afín al MAS, se quejó porque solo les entregaron una vez dicho monto y protestó contra sus pares de las otras organizaciones porque no hicieron los descargos de pasadas gestiones.

Con 600 mil cada una. Explicó que cada una de las cinco organizaciones nacionales: Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa (Csnmciob - BS), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Cscib y el Conamaq, tenían a Bs 600 mil. Mientras que las tres regionales: Central Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc) y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), solo contaban a Bs 300 mil.

Camioneta de $us 45 mil. El secretario de Relaciones de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), Julio Pasimita, informó que compraron una camioneta de $us 45 mil con recursos del Fondioc, que estaban destinados para el fortalecimiento institucional.

jueves, 19 de marzo de 2015

Dinero del Fondo Indígena llegó a cuentas personales de dirigentes



En el marco de la denuncia de desfalco de Bs 71 millones por 153 obras inconclusas en el Fondo Indígena, ayer se hizo conocer que al menos ocho dirigentes de organizaciones sociales recibieron dinero de esa entidad a través de transferencias realizadas a sus cuentas bancarias personales.

Los documentos, a los que tuvo acceso La Razón, revelan esta irregularidad en comprobantes de desembolso de recursos del Banco Central de Bolivia (BCB) hacia el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y de éste a otras cuentas particulares y no así, como debe ser, al Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) que está dentro del Banco Unión.

Parte de la documentación fue presentada también por el abogado Eduardo León, junto a su defendido, el diputado y exdirigente Rafael Quispe, que inició dos procesos penales por actos de corrupción en el Fondo Indígena.

Según los documentos, la presidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Melva Hurtado, es la que más recursos recibió, pues solamente en 2014 obtuvo Bs 22.383.159,30, monto desembolsado en ocho partidas. El dinero fue transferido a dos cuentas personales de Hurtado en el Banco Mercantil y el Banco Unión. No se difunde el número de cuenta por razones de privacidad que se establece en normas de la banca.

Proceso. Otro dirigente beneficiado es Damián Condori, actual candidato a gobernador de Chuquisaca y exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), quien percibió Bs 600.000 para un “proyecto de fortalecimiento de gestión”, pero los recursos fueron derivados a su cuenta particular que abrió en el Banco Unión.

Los documentos además implican a Hilarión Mamani, dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), que, entre otras personas, recibió Bs 600.000 del BCB, monto que igual fue derivado al Banco Unión. También se encuentra Julia Ramos, exministra de Desarrollo Rural y dirigente campesina de Tarija, quien obtuvo Bs 98.000 e igual lo transfirió a su cuenta del Banco Unión.

Los documentos implican a la secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Juanita Ancieta, quien percibió Bs 9.130.814,5 para dos proyectos, pero el dinero habría sido transferido a una cuenta personal del Banco Sol.

Se cita a otros dirigentes como Karina Villegas, de la CSUTCB, que recibió Bs 30.000, monto que fue depositado a su nombre al Banco Unión. Además está Richard Reyes, de la CSUTCB, que obtuvo Bs 72.192 y derivó a su cuenta personal en el mismo banco estatal. La misma acción se dio con Ramiro Alanoca, que obtuvo Bs 59.172,00, depositado a la misma entidad financiera. Por último, está Fernando Choque, exdirigente campesino de La Paz, también fue implicado por percibir Bs 8.210.096,00 y luego transferirlo a esta institución financiera. Este diario intentó obtener una respuesta de Ramos, Ancieta, Hurtado y Condori, pero sin éxito, debido a que sus celulares estaban apagados.

Informe a la Fiscalía

Anuncio

El diputado y exdirigente campesino Rafael Quispe anunció que enviará a la Fiscalía los documentos que sindican a dirigentes de las organizaciones sociales para que realice investigaciones.

El Senado suspende informe de Achacollo

El Senado suspendió sin fecha el informe oral que debía realizar la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, sobre las irregularidades del Fondo Indígena, ya que esa autoridad tiene que entregar obras. La petición de informe la realizaron siete asambleístas de Unidad Demócrata (UD), luego de que la pasada semana el Movimiento Al Socialismo (MAS) le brindara su voto de confianza en una sesión de interpelación.

“En virtud de las notas que hemos recibido, queda justificada la inasistencia de la ministra Nemesia Achacollo para la sesión de petición de informe oral (...) y lo que queda es suspender este informe y reprogramarlo”, informó el presidente de esta instancia legislativa, José Alberto Gonzales.

Arguyó que Achacollo demostró no poder asistir al pleno, mediante unas notas, en las que indica que la autoridad gubernamental está invitada a entregas de resoluciones de usufructos y asentamientos en Pando, el 21 de marzo, día fijado para el informe. Gonzales aseguró que en los próximos días se coordinará una fecha para el informe requerido. Miembros de UD piden que se decida lo más antes posible una fecha para que se dé el informe.