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viernes, 17 de abril de 2015

Huanca se querella contra el diputado Rafael Quispe

La excandidata a la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca, que fue involucrada en el caso Fondo Indígena, presentó una denuncia ante el Ministerio Público de La Paz en contra del diputado Rafael Quispe por presunta violencia política, discriminación y acoso político.

“A título personal, la hermana ha decidido plantear esta acción para limpiar su nombre que fue empañado con tantas acusaciones (hechas por el diputado Quispe) y para (recobrar) la dignidad de las organizaciones sociales”, dijo el abogado de Huanca, Gonzalo Cordero, según la agencia Erbol.

Agregó que Quispe, con el pretexto de dar a conocer una serie de hechos, afectó la campaña electoral de Huanca.

“En la querella hemos adjuntado 139 hojas de documentos, que demuestran que Huanca no es propietaria de inmuebles de lujo, por otra parte hemos presentado pruebas sobre el Fondo Indígena para enervar todas estas falsas acusaciones del diputado”, enfatizó.

Huanca llegó al Ministerio Público acompañada de una decena de mujeres, quienes expresaron su respaldo a la también secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de La Paz “Bartolina Sisa”.

Sin embargo, las “Bartolinas”, a la salida de la Fiscalía, fueron abucheadas e increpadas por algunos transeúntes que exigieron la devolución de los dineros del Fondo Indígena.

ACUSACIONES La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, consideró el jueves como un "error" que se asuma la culpabilidad de todas las personas involucradas en el Fondo Indígena, en alusión a versiones sobre el cambio de la exembajadora de Bolivia en Ecuador, Maribel Santamaría, por una supuesta relación con los malos manejos de esos recursos.

"Las denuncias que puedan haber en el caso del Fondo Indígena deben ser investigadas, pero no creo que deba ser correcto que se asuma culpabilidad de la gente, solo porque su nombre aparece en una lista de proyectos, eso es un error y eso no es justo con ninguna persona", remarcó, según la agencia ABI.

jueves, 16 de abril de 2015

Video Elvira Parra pide investigar a los técnicos de los proyectos del Fondo Indígena

YPFB pide más información a la Fiscalía



El asesor jurídico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), William Alave, solicitó ayer al Ministerio Público les entregue más información sobre el avance de los procesos en los casos de corrupción por la adjudicación irregular de servicios.

“Entendemos que el tiempo va transcurriendo y lo que queremos como querellantes es tener conocimiento (de la información) para poder coordinar o solicitar otros medios de actuación, los cuales nos van a poder servir para conocer la verdad histórica de todos estos casos”, lamentó Alave, informó Cadena A en su noticioso televisivo del mediodía de ayer.

El 12 de diciembre de 2014, La Razón publicó que la Fiscalía investiga a dos funcionarios de YPFB y a tres personas particulares que crearon empresas para adjudicarse servicios de catering y publicidad de manera irregular para diferentes eventos de la petrolera estatal. La denuncia fue presentada por la petrolera estatal ante el Ministerio Público.

Al momento, según el asesor jurídico, funcionarios del Ministerio Público se trasladaron a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para tomar algunas declaraciones de personas que fueron citadas como testigos en estos casos.

Como YPFB, dijo Alave, se busca información sobre el contenido de esas declaraciones a efectos de solicitar algunas actuaciones. “Entiendo que fue presentado un memorial, hemos tenido conocimiento (de eso) por los medios de comunicación. Sin embargo, aquello no ha sido notificado formalmente. También vamos a reclamar porque nosotros como víctimas y querellantes tengamos la posibilidad de ser escuchados”.

El 23 de diciembre de 2014, el entonces presidente de YPFB Carlos Villegas ratificó su denuncia contra el supuesto clan de corrupción dentro de la petrolera. Estas personas fueron encarceladas por los delitos de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes al interior de la Unidad de Comunicación de YPFB.

De los casos y los cobros realizados

El 12 de diciembre de 2014, este diario publicó que las coimas que cobraba la red de corrupción en la jefatura de Comunicación de YPFB, para adjudicar contratos de servicios de manera irregular, oscilaban entre el 5% y 20%. El dinero era depositado en algunas cuentas.

Huanca atribuye las denuncias en su contra a la envidia Exdirigente: “Nos hacían sacar dinero (público) y nos quitaban”

La exejecutiva de las "Bartolinas” de la provincia Loayza, Jesusa Tarqui, denunció que sus compañeras dirigentes seccionales recibían dinero del Fondo Indígena y no recorrían media cuadra hasta que profesionales técnicos, que trabajaban con Felipa Huanca, les quitaban los recursos públicos que obtenían para su comunidad.
"Nos hacían sacar (dinero). Ni media cuadra cargábamos la plata y ya nos quitaban los técnicos de doña Felipa Huanca. Ni llegaba la plata a la comunidad. Media cuadra apenas cargábamos. Los técnicos decían: ‘esto hay que comprar, esto hay que hacer’”, relató.
Tarqui afirmó que las dirigentes seccionales eran usadas como "palos blancos” por la ejecutiva departamental de las "Bartolinas”, Felipa Huanca. "Las hermanas seccionales firmaban, sacaban la plata del banco”, indicó.
Explicó que para gestionar proyectos se necesitaba el aval de Huanca, quien usaba a técnicos de su confianza para la ejecución. La misma versión tuvo el secretario de Educación de la Central Agraria Tupac Katari Luribay, Abraham Paco.
Este dirigente aseveró que los proyectos para esta provincia, que eran gestionados por Huanca, llegaban a medias o no se entregaban. Tarqui indicó que en la provincia Loayza hay proyectos de crianza de cuyes en Luribay y Sapahaqui, carpas solares en Yaco, semillas en Cairoma y artesanías en Malla. Aseveró que ninguna de estas obras cerró.
La secretaria ejecutiva de las "Bartolinas”, Felipa Huanca, advirtió que hay resentimiento y envidia en las personas que denunciaron actos de corrupción en su contra en el marco del caso Fondo Indígena.
"Estos últimos dos años hemos sido fortalecidos, por eso no nos valoran mucha gente. Tienen mucha envidia, pero vamos a seguir, vamos a estar trabajando. Soy orgullo del campo, de manta, de pollera, de chicote, porque nosotros llevamos una manta de respeto”, dijo la excandidata a la Gobernación de La Paz.
Se refirió, en específico, a la exdirigente Jesusa Tarqui y al dirigente campesino Abraham Paco, quienes la acusaron de irregularidades en la gestión y ejecución de proyectos.
"Esa Jesusa Tarqui no ha logrado tener cargo. Es una exdirigente resentida. Y Abraham Paco es de la oposición, que se presta a eso y además es un resentido y está hablando cosas que no debe hablar”, afirmó.
Huanca desafió a ambos a demostrar con papeles las acusaciones en su contra.
Las dirigentes de las "Bartolinas” de la provincia Ingavi, Gregoria Tonconi y Vicenta Condori, indicaron que las llaman corruptas y las acusan de que están cargando dinero. Esa es la discriminación que dicen sufrir.
Ellas, además de la exejecutiva de esta organización en la provincia Loayza, Jesusa Tarqui, culparon de este fenómeno al escándalo de megacorrupción en el Fondo Indígena y a la ejecutiva de las "Bartolinas”, Felipa Huanca.

A seis años del caso Rózsa juicio sigue en la nebulosa

Hoy se recuerdan los seis años del operativo policial en el hotel Las Américas donde fueron abatidos los ciudadanos extranjeros Eduardo Rózsa, el húngaro Árpád Magiarossi y el irlandés Martín Michael Dwyer. El Gobierno argumentó que urdían un plan subversivo y la justicia abrió un proceso en el que incluyó a 39 personas, la mayoría de Santa Cruz, en un caso marcado por las irregularidades y en el que algunos de los otrora acusadores han admitido públicamente el presunto montaje de pruebas, compra de testigos y manipulación desde esferas gubernamentales. Según María del Carmen Morales, esposa del acusado Gral. Gary Prado Salmón, el caso fue armado por el gobierno de Evo Morales para perseguir y encarcelar a políticos, cívicos y empresarios. “Hace seis años (ayer) que se atentó a la casa del cardenal Julio Terrazas, para tener un motivo para perseguir a los líderes cruceños”, remarcó.

Mal elaborado. La representante de los familiares de los acusados del caso Rózsa, manifestó que el juicio estaba mal elaborado y con una planificación burda.

Morales dijo que demuestra que este es un proceso que no tiene ni pies ni cabeza, “porque el Gobierno se ha imbuido de artimañas para llegar a una sentencia”.

Acto de desagravio. Ayer los familiares de los perseguidos políticos del caso Rózsa, hicieron un acto de desagravio a la imagen del cardenal Julio Terrazas. El encuentro se realizó en “la carpa de los perseguidos políticos”, ubicada frente a la Brigada Parlamentaria Cruceña en la plaza 24 de Septiembre.

Caso Terra Forte Ampliarán demanda por robo agravado a Patana

El representante del consorcio de abogados de la empresa constructora Terra Forte, Miguel Ángel Pérez, informó que se decidió ampliar la querella contra el exalcalde de El Alto, Édgar Patana, por el supuesto delito de robo agravado, debido a la desaparición del “libro de órdenes” que se solicitó sea incluido en la investigación.

El asesor legal mencionó que se tomó en cuenta, en la ampliación de la demanda, la retención de los materiales de trabajo de la constructora Terra Forte que se encontraban en predios de lo que iba a ser la Subalcaldía del Distrito 8.

Asimismo se anunció que la gerente de la constructora, María Gutiérrez, prestará declaración ampliatoria tras ser citada por el fiscal Edwin Blanco.

También se conoció que se debe presentar el próximo viernes a brindar su declaración el supervisor de Obra de la Alcaldía de El Alto, Carmelo Guarachi, para que coadyuve a esclarecer el caso tras la denuncia presentada por los asesores legales de la constructora.

Fondioc: Quispe declara hoy


RAFAEL QUISPE, DIPUTADO DE UD. GALERÍA(2)
[Move to Panel 1]

El diputado suplente de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, fue citado para declarar hoy a las 14.30 sobre el caso Fondioc.

El asambleísta señaló que en la oportunidad ratificará sus denuncias del desfalco al Fondo Indígena e indicó que Fidel Surco, Irineo Zuna, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y Leonilda Zurita habrían sido exdirigentes de esta institución.

Aseveró que los 50 dirigentes que fueron parte del directorio del Fondioc, los cuales fueron nombrados por la ministra Nemesia Achacollo deben ir a declarar sobre los 154 proyectos fantasmas, además del Contralor General del Estado y otras autoridades involucradas en este caso.

“Esperemos que desde ahora los implicados en este desfalco asistan voluntariamente a declarar sobre su participación en el Fondo Indígena para esclarecer y dar con los responsables”, señaló. Quispe indicó también que está en manos del Ministerio Público continuar con las investigaciones.

SOBREPRECIOS

Por otra parte, el abogado de Quispe Eduardo León, denunció que los proyectos adolecen de sobreprecio e incluso facturas alteradas, sin embargo luego de las denuncias se habrían retirado estas facturas de descargo.

NUEVO EMBAJADOR EN ECUADOR

Por otro lado, la el cantautor boliviano Juan Enrique Jurado fue designado embajador de Bolivia en Ecuador, en reemplazo de Ruzena Maribel Santa María Mamani, quien participó de seis proyectos para la provincia Loayza de La Paz, donde se invirtió al menos ocho millones de bolivianos.

De igual manera la exejecutiva campesina de la provincia Loayza de La Paz, Jesusa Tarqui, junto a cinco de sus compañeras denunció a la diplomática y a la ex candidata a la gobernación Felipa Huanca de haber cometido actos ilícitos en seis proyectos de esta provincia donde se habría producido un daño económico de más de tres millones de bolivianos el año 2011.

El nuevo embajador fue senador del MAS por Tarija en el período 2009 – 2014, y compuso una de las canciones más difundidas del llamado proceso de cambio “La Patria”, también fue electo constituyente el año 2006.