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sábado, 20 de septiembre de 2014

Jueza ciudadana del caso Rózsa Sonia Mamani se desmaya en audiencia

Acabando la audiencia del caso Rózsa, la jueza ciudadana Sonia Mamani tomó la palabra y solo logró decir "ya no aguanto más", porque luego se desmayó.

El médico e imputado Juan Carlos Santistevan corrió para auxiliarla, pero fue impedido por los policías. Un día antes, Mamani había manifestado su intención de renunciar al caso, debido a su delicado estado de salud. Se sabeque sufre una una anemia severa, el jueves pasado hubo una pausa en el juicio, porque Mamani acudió a un centro médico para realizarse una endoscopía por problemas gastrointestinales.

Culpa a Sixto. En contacto con los medios, Sonia Mamani, dijo el jueves que quería renunciar debido a su estado de salud. Advirtió al juez Sixto Fernández que si rechaza su salida del caso, él será responsable de lo que le pudiera suceder en el futuro, porque está poniendo en riesgo su vida.

Según un estudio Legislativo, penúltimo en ranking de transparencia

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia sólo supera al Congreso de Venezuela en cuanto a la transparencia de sus actos, según un estudio de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa que tomó en cuenta a 10 países de la región.
"En promedio, los Congresos o Asambleas Nacionales de Latinoamérica obtuvieron un 40% de Transparencia. Perú (55%) y Chile (53%) tienen niveles de transparencia superiores al 50%, mientras Venezuela (21%) y Bolivia (24%) son los países que se encuentran más rezagados, con cifras inferiores al 25%”, dice el informe de la investigación publicado en Infobae.
El estudio tomó en cuenta a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Para hacer la medición, tomó en cuenta: Presupuesto y gestión administrativa; mecanismos de participación y rendición de cuentas; normatividad; y labor del Congreso.

viernes, 19 de septiembre de 2014

Investigan la fortuna de 4 excomandantes de Policía

El Gobierno investiga a cuatro excomandantes de la Policía Nacional y a otros 22 oficiales por denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito, informó ayer la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.

"Tenemos en este momento más de 26 oficiales de alto rango de la Policía Nacional denunciados, (entre ellos hay) cuatro excomandantes denunciados. Estamos haciendo la verificación y la investigación de sus fortunas", dijo Suxo a periodistas de La Paz.

Como parte de la investigación, el Ministerio de Lucha Contra la Corrupción inició un proceso para revisar las declaraciones juradas de patrimonio que los oficiales investigados presentaron a la Contraloría "y los bienes que tienen estas personas", añadió.

La Ministra lamentó que el proceso de investigación sea "lento" porque, según dijo, los investigadores que acompañan la labor de su oficina, que también son policías, "reciben presión de sus exjefes".

El Ministerio de Lucha Contra la Corrupción también decidió hacer revisiones "al azar" de las declaraciones patrimoniales de otros policías, fiscales y jueces, para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito.

Según Suxo, su oficina se topó con "una negativa" del Ministerio Público para realizar esa tarea en el caso de los fiscales, pero indicó que, pese a ello, se están efectuando las revisiones porque son acciones establecidas mediante ley.

"Nos estamos encontrando con cosas muy interesantes en relación a la verificación e investigación de los bienes que pueden tener estas personas", sostuvo la autoridad, al añadir que espera presentar los primeros resultados en noviembre o diciembre próximos.

Suxo también destacó que en los últimos ocho años, se han presentado 388 denuncias ante la Fiscalía contra exempleados y actuales funcionarios del Estado por supuesta corrupción.

Además, la Justicia emitió 97 sentencias por estas denuncias y la oficina de Suxo logró recuperar 129.3 millones de dólares dentro de varios casos.

Según la Ministra, no se tiene registro de sentencias similares en las gestiones previas a la del presidente Evo Morales, que asumió por primera vez la Presidencia en 2006, ni entonces era posible denunciar a ministros o parlamentarios porque éstos gozaban de inmunidad.

Gobierno investiga a 4 ex jefes policiales y 22 oficiales por delitos de corrupción

La Policía está en la mira luego de que el Gobierno, a través del Ministerio de Transparencia, anunciara la investigaciones de cuatro ex jefes policiales y 22 oficiales por delitos de corrupción como enriquecimiento ilícito.
"Tenemos en este momento más de 26 oficiales de alto rango de la Policía nacional denunciados, (entre ellos hay) cuatro ex comandantes denunciados. Estamos haciendo la verificación y la investigación de sus fortunas”, informó ayer la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo, en un encuentro con periodistas en la ciudad de La Paz.
Como parte de la investigación, este ministerio inició un proceso para revisar las declaraciones juradas de patrimonio que los oficiales investigados presentaron a la Contraloría, "y los bienes que tienen estas personas”, añadió.
La ministra lamentó que el proceso de investigación sea "lento” porque, según afirmó, los investigadores que acompañan la labor de su oficina, que también son policías, "reciben presión de sus ex jefes”.
El Ministerio de Lucha contra la Corrupción también decidió hacer revisiones "al azar” de las declaraciones patrimoniales de otros policías, fiscales y jueces, para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito.
Según Suxo, su oficina se topó con "una negativa” del Ministerio Público para realizar esa tarea en el caso de los fiscales, pero pese a ello, se están efectuando las revisiones establecidas mediante ley.
"Nos estamos encontrando con cosas muy interesantes en relación a la verificación e investigación de los bienes que pueden tener estas personas”, sostuvo la autoridad, al añadir que espera presentar los primeros resultados en noviembre o diciembre próximos.

A Dwyer lo remataron con cuatro tiros, dice su madre



Carolina, madre de Michael Dwyer, denunció ayer que a su hijo lo remataron con cuatro disparos de arma de fuego cuando estaba moribundo con el primer proyectil que le destrozó el corazón y los pulmones, en el operativo policial que abrió el caso Terrorismo.

La progenitora y otros familiares llegaron a Bolivia el domingo para pedir al Gobierno que acepte una investigación internacional transparente para hallar a los responsables de la matanza. Dwyer murió el 9 de abril de 2009, junto a Eduardo Rózsa y Árpád Magyarosi, dentro de un operativo destinado a desarticular a un grupo acusado de separatista por el Ejecutivo. Sobrevivieron Mario Tadic y Elöd Tóásó.

“Los restos fueron repatriados a Irlanda y su cadáver fue examinado por la patóloga oficial del Estado de Irlanda, la médica María Cáceres, que concluyó que era imposible que Michael haya participado en tal tiroteo”, dijo Carolina.

“Por este motivo nos encontramos totalmente unidos en nuestra solicitud para convocar una investigación independiente internacional transparente con respecto al asesinato de Michael, al respecto hemos reunido documentación de las pruebas”, añadió la extranjera.

Los fiscales Marco Antonio Rodríguez y Sergio Céspedes coincidieron en que no corresponde una investigación internacional del caso Terrorismo porque Bolivia es un Estado Plurinacional que cuenta con un Órgano Judicial que determinará la culpabilidad o inocencia de los acusados.

Según Céspedes, la misma corte internacional respeta la ley local, entonces no procedería una pericia externa. Además el proceso se encuentra en su última fase. “Hay una autopsia y pericia balística que determinan lo contrario de lo que dice la madre de Dwyer”, sostuvo Rodríguez.

De acuerdo con la familia, realizan un seguimiento de cerca del juicio. “Con la documentación que hemos recolectado podemos desenredar y descifrar la verdad (de) cómo y por qué asesinaron a Michael”, subrayó Carolina.

“Hemos visitado la habitación donde yacía el cadáver de mi hijo, sentí que la presencia de la persona que asesinó a Michael estaba a pocos centímetros, tanto en mi mente como del cuerpo de Michael”, señaló a los periodistas.

Denuncian intento de soborno

Durante la reanudación del juicio oral del caso Terrorismo se registró un incidente la mañana de ayer, cuando el fiscal Sergio Céspedes solicitó a la Policía revisar la mochila de Juan Kudelka, uno de los 39 acusados dentro del proceso, porque supuestamente había información que llevaba dinero para sobornar al testigo que declaraba.

El abogado Alberto Morales criticó la actitud del Fiscal, calificó de ilegal y abusiva la medida adoptada por la autoridad. Esta situación generó la reacción inmediata de Céspedes, quien insistió en que se revisara el bolsón del acusado. Finalmente el pedido no halló eco y no se hizo la verificación de qué contenía el maletín.

Céspedes señaló sin mencionar nombres que había información que algunos de los acusados le estarían pagando al testigo que declara dentro de un incidente de actividad procesal defectuosa, acción procesal presentada por Gary Prado Salmón. Este juicio se encuentra en la fase oral, después de cinco años de haberse dado inicio.

sonia mamani dice que el caso ha deteriorado su salud Jueza amenaza con dejar el caso y el juicio se ‘tambalea’

El juicio por supuesto terrorismo pende de un hilo. La amenaza que hizo ayer la jueza ciudadana Sonia Mamani Vargas, de dejar sus funciones como parte del Tribunal Primero de Sentencia, puede hacer que el proceso se vea obligado a cambiar de juzgadores y, por lo tanto, reiniciar el juicio que comenzó las audiencias orales y públicas los primeros días de octubre de 2012.
Las afirmaciones de Mamani, que junto a Anastasia Calizaya son las juezas ciudadanas, fueron hechas en medio de una crisis de salud que la aqueja desde el inicio de este caso y que le ha provocado varios inconvenientes.
Ayer Mamani habló con los medios de comunicación en la clínica Foianini, donde fue sometida a una serie de estudios para determinar las razones de la anemia aguda que padece, afección que ha provocado que ella se desvanezca en un par de oportunidades.
“Hasta el momento yo he estado asumiendo todos mis gastos, yo les dije (a los otros miembros del tribunal) que estoy mal, pero nadie me hace caso, solo me exigen que esté en la audiencia y yo no puedo jugar de esa manera con mi salud. Tengo dos hijos y debo velar por ellos”, afirmó la jueza y agregó que está pensando seriamente en dejar el juicio porque su salud se ha deteriorado.
“El doctor (Sixto Fernández) siempre me dice: ‘Tienes que seguir, vamos a poner un médico y te vamos a asistir’; pero nada de eso pasó hasta el momento, pese a que estoy bajo su cargo. Lo único que me dice él es que tengo que aguantar, pero no puedo seguir de esta manera, no puedo atentar contra mi salud”, insistió la mujer, que hoy por la tarde debe recibir los resultados de sus estudios y definir si se aleja del juicio por supuesto terrorismo.

Discrepancias en silencio
“En algunas cosas no estuve de acuerdo”, expresó Mamani, al ser consultada sobre algunas de las resoluciones que emitió el tribunal y que fueron cuestionadas por los abogados de los sindicados.
La jueza reconoció que no hizo estas observaciones en audiencia, pero aclaró que trató de defender su criterio ante los otros juzgadores.
Por ejemplo, ella señaló que está a favor de que todos los testigos en este caso declaren de manera extensa lo que saben, ya que afirmó que así es la única forma que ella tiene para construirse un criterio sobre lo que sucedió.
“Me parece que hay que escuchar al testigo que fue parte de eso (en referencia al caso), si no cómo voy a entender, cómo voy a sacar una resolución, cómo voy a decidir si no sé nada de eso. Pienso que deberíamos escuchar a la persona que fue parte de lo ocurrido, por lo menos ha visto y conoció lo que sucedió”, explicó Mamani.
De ratificarse hoy la intención que hizo pública la juzgadora, a criterio del fiscal Marco Antonio Rodríguez, el tribunal que lleva el caso tendría que dejar de conocer el mismo y se debe conformar un nuevo ente juzgador, para que el juicio puede ser iniciado desde cero

Dejan que villegas siga testificando
El incidente que planteó el Ministerio Público, que el martes cortó la declaración ofrecida por Boris Villegas respecto a las circunstancias en que conoció al procesado Juan Carlos Guedes, fue negado por los juzgadores y ordenaron que el exasesor del Ministerio de Gobierno continúe con su declaración sobre lo que sabe de lo ocurrido en el caso.
Sin embargo, la determinación es específica al señalar que el procesado debe testificar únicamente en el marco de la pregunta planteada, ya que en muchas de las respuestas que ha logrado dar Villegas ante otros cuestionamiento, se afirma que el proceso fue armado desde su concepción y que todo fue ejecutado en base a una manipulación política desde el Gobierno.
Como el tribunal le ordenó seguir declarando, Villegas afirmó que conoció a Guedes, un ex dirigente unionista acusado de conseguir armas para el presunto grupo terrorista, cuando llegó torturado por la Policía y fue entregado en La Paz.

Incidentes

Juan Kudelka reclama
Al finalizar la audiencia ayer por la mañana, se generó un incidente entre el fiscal Sergio Céspedes y el procesado Juan Kudelka. El miembro del Ministerio Público ordenó a los policías que registren la mochila del acusado, bajo la presunción de que allí llevaba armas o dinero para pagar a los testigos en este caso. Al final no se halló nada de eso y el sindicado pidió, por la tarde, la presencia de la Defensoría del Pueblo en el juicio.

Indignación del exasesor
Boris Villegas, el exmiembro del Ministerio de Gobierno, negó recibir dinero de nadie y denunció que la Policía ha intentado detener a su abogada.

DECLARACIONES JURADAS, BAJO LA LUPA DE NARDI SUXO

El Ministerio de Transparencia investiga, al azar, las declaraciones juradas de jueces, fiscales y efectivos de la Policía, informó ayer la titular de este despacho, Nardi Suxo, durante la presentación de los mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción.

La autoridad explicó la difícil tarea de su despacho, toda vez que se enfrenta a tres grupos de poder: jueces, fiscales y policías, que entorpecen y dificultan las investigaciones además de lanzar amenazas para que no avancen las investigaciones de cada caso.

Dijo que pese a todas estas dificultadas, el Ministerio continuará los procedimientos en todas las denuncias que reciben y, en particular, aquellas que están documentadas para remitirlas a la instancia respectiva o, en su caso, dejarlas sin efecto.

"Nos imaginamos lo difícil que debe ser para un ciudadano denunciar, pero es verdad... (imagínense) todo un Ministerio, muchas veces nos vemos acorralados por jueces, fiscales y policías. Entonces, cómo se verá el ciudadano de a pie".

Reiteró que pese a todos los obstáculos el trabajo del Ministerio de Transparencia seguirá con sus indagaciones sobre las denuncias incluso contra exautoridades del partido de Gobierno.

"Ahora estamos pidiendo verificaciones de declaraciones juradas, al azar, de jueces, fiscales y policías".

El objeto es determinar el origen de las fortunas y se espera tener resultados entre noviembre y diciembre próximo.

Investigan a cuatro exjefes policiales. La Ministra de Transparencia informó que actualmente se investiga 26 denuncias contra funcionarios de la Policía, entre ellos cuatro excomandantes por denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito. "Tenemos en este momento más de 26 oficiales de alto rango de la Policía Nacional denunciados, cuatro excomandantes denunciados. Estamos haciendo la verificación y la investigación de sus fortunas... Nos hemos encontrado con cosas muy interesantes en relación a la declaración jurada y la verificación de los bienes que puedan tener estas personas". Lamentó que cada proceso sea lento, pero que esto se debe a que las indagaciones son efectuadas por policías, quienes "reciben presiones de sus exjefes".

Explicó que uno de los casos, en los que está involucrado uno de los excomandates, está relacionado con la construcción del edificio Los Reyes, de la Cooperativa de Vivienda Policial. El jefe policial recibió un departamento.

"El Ministerio toma acciones contra un jefe policial y no le gusta que lo investiguemos, porque lo hemos denunciado por el tema el edificio Los Reyes que nos demuestre que es inocente y no lo ha hecho y lo primero que hizo fue denunciarnos, pero no vamos a dejar ese proceso".

El ministerio de transparencia procesa 49 denuncias contra jueces y fiscales. La Ministra de Transparencia informó también que su despacho investiga 49 denuncias contra jueces y fiscales, en la mayoría de los casos, por incumplimiento de deberes.

De este número 22 son jueces y 27 fiscales quienes continúan en sus funciones.

Suxo dijo que estos casos no prosperan debido a que los investigadores, quienes llevan adelante la causa, al igual que en el caso de los policías, son los fiscales.

Señaló que para mejorar la justicia se requiere jueces anticorrupción, un nuevo Código Penal y reformas a la Ley Quiroga Santa Cruz.

Otros casos. De acuerdo con los datos proporcionados, Transparencia actualmente investiga 388 denuncias contra servidores públicos. Logró sentencia en 97 casos por hechos de corrupción y se recuperó 129,3 millones de dólares en los diferentes casos.

Suxo señaló que el ministerio público dio una negativa a su despacho para revisar las declaraciones juradas de fiscales.