ULTIMOS ARTICULOS

lunes, 1 de septiembre de 2014

12 casos con indicios de corrupción y falta de transparencia

Noticia publicada el
CASOS CON INDICIOS DE CORRUPCIÓN NO INVESTIGADOS EN YPFB, BOA, SATÉLITE, TELEFÉRICO ADEMÁS DE OTROS, COMO LA COMPRA DE BARCAZAS CHINAS Y EL ROBO AL BCB, GOLPEAN LA CREDIBILIDAD DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN. GALERÍA(4)
[Move to Panel 1]

La corrupción es una de las prácticas gubernamentales y privadas que afecta directamente a los sectores menos favorecidos de la sociedad, dicen unánime muchos economistas.

No están pendientes solo los hechos de corrupción del ámbito económico que fueron denunciados como escándalo en los medios como en caso del expresidente de YPFB, Santos Ramírez, sino otros como el caso de la compra de barcazas chinas, el caso BoA, el robo de dinero del BCB y la administración de la empresa naviera boliviana. En muchos de ellos falta transparencia del Gobierno que no explica las millonarias contrataciones de proyectos petroleros y obras civiles.

SIN LICITACIÓN

Otros casos que cobraron relevancia en los últimos meses están vinculados al tráfico de influencias y contratos sin licitación favorables a familiares del vicepresidente, Alvaro García Linera, como ocurrió con la empresa estatal BoA.

EFECTO MULTIPLICADOR

“Así como los ingresos del país se ha incrementado 10 veces más, como resultado de los costos internacionales que favorecen la venta del gas a otros países, de la misma manera los hechos de la corrupción se han multiplicado en más de 10 veces en la actual gestión, por la forma en la que se realizaron las adquisiciones de empresas de servicio”, precisa el analista Humberto Vacaflor Ganam, al referirse a las contrataciones por excepción sin licitación internacional.

SATÉLITE TÚPAC KATARI

Tal el caso del satélite Tupac Katari que tiene un valor de $us 302 millones, existiendo serias inconsistencia sobre el valor invertido y los servicios que presta. Por ejemplo, las autoridades señalaron que el satélite no podrá obtener fotografías sobre los cultivos de coca, la masa forestal afectada por la expansión de la frontera agrícola ni otros servicios para el estudio climatológico.

PLANTA DE UREA

La compra de una planta de Urea para su instalación en Bulo Bulo en la zona del Chapare cochabambino está enmarcada en la misma lógica de invitación directa y sin licitación internacional. La inversión total de este proyecto es de $us 862,5 millones y desde la fundación de Bolivia es la más alta de la historia en una sola industria, dijo un reporte de YPFB. El Gobierno afirma que se ha adjudicado a la empresa Samsung con licitación internacional.

TELEFÉRICO

También se cuenta la contratación del teleférico en beneficio de una empresa China, con un valor de $us 240 millones, realizado por invitación directa cuando inexplicablemente se transó solamente dos días dejando de lado a otras empresas proponentes europeas, sin aplicar las normas nacionales que exigen licitación internacional por la cuantía de los fondos comprometidos.

“Por lo tanto todos los contratos realizados en el actual Gobierno ha sido realizado solo por invitación directa, sin aplicar la ley y el proceso de licitación que exige la norma, porque lo contrario a la aplicación a la norma simplemente dan paso a diferentes interpretaciones de hechos de corrupción”, observó Vacaflor.

COMISIONES

Para el analista es de conocimiento que las empresas contratadas no por procesos legales de licitación, tienen a ofrecer diferentes montos como mecanismos de comisión por haber sido contratados, acto que no se puede aplicar en un proceso de licitación pública. “Por lo tanto el 10% del que se habla por concepto de contratación es aplicado en este tipo de contratación de la cual solo un pequeño grupos llega a ser favorecido”, indicó.

OTROS CASOS

A los casos identificados anteriormente se suma por ejemplo el 5% de Impuestos Directos de Hidrocarburos (IDH), que representa $us 500 millones destinado al Fondo Indígena, recursos de los cuales en la actualidad se desconoce cómo son destinados y cuales los beneficios que se logra en favor del Estado y de los propios productores.

BANCO CENTRAL

El robo de más de 120.000 dólares de las bóvedas de seguridad del BCB no tiene avances en la investigación para establecer a los responsables de este delito. Se presume una red de personeros de la entidad que sustrajeron esos caudales. El presidente del BCB, Marcelo Zabalaga, dio recientemente información escueta sobre el trabajo de las autoridades policiales, aunque se pudo recuperar una pequeña parte del botín.

TARIJA

Otro caso observado son los recursos que la Gobernación del departamento de Tarija destinados en calidad de préstamo a la Administradora de Caminos de Bolivia (ABC), para la ampliación de vías que no están en ese departamento. “El préstamo es por más de 10 millones de dólares y nadie conoce cómo son manejados estos recursos que fueron prestados por la Gobernación”, señaló Vacaflor.

A la nómina de procedimientos irregulares el analista observa -por ejemplo- los casos de contrabando que pese a la aprobación de decretos sancionatorios los mismos no solo son inaplicables, sino que generaron un incremento en el valor que se destina a los productos que ingresan por concepto de contrabando.

ROPA USADA

“La internacional de prendería usada que antes estaba administrada por seis familias y que se conoce que en la actualidad, solo favorece a una familia por la cual se logra su administración tanto de la internación así como de su comercialización, factor que solo ha generado el incremento del valor de dicha ropa tanto en el mercado interno como aquella que se vende en la Argentina -por ejemplo- donde se identifica un gran acopio de esta prendería mucho más que lo que ocurre en otras regiones del país”, remarcó.

INDOCUMENTADOS

En el caso de los vehículos chutos o internados por contrabando, el actual control de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), solo han permitido que se incremente los pagos de internación que se aplican en las trancas por donde circula dichos motorizados, de lo contrario no circularían en todas las provincias del país y sobre todo en el Chapare.

“Todo estos casos son simplemente la actual forma de administrar la ilegalidad de la cual surgen nuevos millonarios que de seguro no invierten sus resultados en la banca nacional sino posiblemente en la banca suiza que hace dos años llegó a Bolivia ante la existencia de 205 nuevos millonarios en el país”, recordó Vacaflor.

OTROS CASOS PENDIENTES

A los casos anteriores se agrega la irregular compra de barcazas a empresas de Corea del Sur el 2009 por parte del contraalmirante Freddy Ballesteros, cuando dirigía la Empresa Naviera Boliviana (Enabol). El ministro de Defensa Rubén Saavedra ratificó ante un fiscal su denuncia penal contra un jefe naval por comprar supuestamente de forma irregular a empresas de Corea del Sur una flotilla de barcazas y remolcadores por $us 26 millones, informó una fuente oficial.

Saavedra reiteró esta semana la denuncia en la Fiscalía contra Ballesteros, quien el 2009, cuando estaba al frente de la estatal Empresa Naviera Boliviana (Enabol), firmó los contratos de compra, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

Ballesteros, quien desde hace varios meses está detenido por este caso ante la firma de un contrato con Seah B&k Duck Sung por la construcción de 16 barcazas valoradas en 14,4 millones de dólares y otro con la compañía Yensoo Shipinbuilding por dos remolcadores valuados en 11,5 millones de dólares, proceso sin licitación.

COIMAS

En cuando al caso del delito de coima identificado en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, quien fue sentenciado por supuesta corrupción en el caso Catler – Uniservice, aseguró que todas las acusaciones en su contra, como el contrato con una “empresa fantasma”, la falta de garantías para la construcción de la Planta Separadora de Río Grande y la supuesta “coima” de 450 mil dólares, no fueron comprobadas.

SENTENCIA

Ramírez fue sentenciado por denuncias de corrupción pública en la firma de un contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Catler-Uniservice por $us 86 millones para la instalación de una planta separadora de líquidos en Río Grande Santa Cruz. La acusación surgió tras un hecho de sangre, donde Jorge O’Connor, socio de Catler-Uniservice, resultó asesinado.

YPFB

Ramírez también indicó que el actual presidente de YPFB, Carlos Villegas, hizo el desistimiento de la demanda y denunció que la paralización de la obra habría provocado un daño económico al Estado de alrededor de $us 40 millones. Con todo esto, aseguró que existe mucha presión para “hacerlo ver culpable” y aseveró que fue víctima de una trampa donde “hicieron matar al empresario Jorge O’connor”.

SUBSIDIO

Ramírez también hizo referencia a los beneficios que conlleva la conclusión y la puesta en funcionamiento de la Planta Separadora de Río Grande, puesto que hizo entrever que el actual contrato de exportación de gas de Bolivia a Brasil no contemplaría el pago real por el gas rico que era comercializado.

BOA

En el caso de BOA, fue Arturo Murillo, actual candidato de Unidad Nacional (UN), quien presentó ante la Fiscalía de Cochabamba una denuncia formal contra el vicepresidente Álvaro García Linera por presunto uso indebido de influencias en la firma de un contrato de servicios de refrigerio (catering) entre la línea aérea estatal Boliviana de Aviación (BoA) y la empresa “Air Catering”, de la que es accionaria su cuñada, Silvana del Castillo Tejada.

“Hemos formalizado la denuncia que habíamos dicho que la íbamos a formalizar la semana pasada. Hemos cumplido con nuestra labor ciudadana. Esta denuncia es contra autor o autores del caso de tráfico de influencias en BoA, un contrato millonario de BoA, de la familia real, de la familia del vicepresidente Álvaro García Linera”, manifestó entonces Murillo. Dijo también que su denuncia se basó en el artículo 146 del Código Penal, que define el uso indebido de influencias.

TRAMA FAMILIAR

Según el representante de UN, la denuncia tiene por fundamento que de la empresa Air Catering era socia Silvana Carolina del Castillo Tejada, quien está casada con Mauricio García Linera, hermano del Vicepresidente, por tanto resultó ser la cuñada del Vicepresidente.

INVITACIÓN DIRECTA

El segundo fundamento presentado por Murillo señala que el contrato para el servicio de refrigerio habría sido hecho por “invitación directa” y sin previa licitación. En el tercero, el gerente general de BoA, Ronald Casso Casso, quien habría suscrito el contrato, tiene un pariente consanguíneo, Winston Fabián Casso Casso, a quien se identificó como miembro del equipo de seguridad de Álvaro García Linera.

jueves, 28 de agosto de 2014

LA CORRUPCIÓN SIGUE IGUAL EN BOLIVIA

Noticia publicada elTransparencia Internacional hizo conocer en los días precedentes el listado de los países más y menos corruptos del mundo, en el que Bolivia, por segundo año consecutivo, se mantiene en el puesto 106, entre 175 naciones objeto de estudio.

Según ese reporte, Somalia, Corea del Norte y Afganistán son los peores del planeta, en tanto que los mejores países del mundo son Dinamarca, Nueva Zelanda, Suecia y Finlandia.

La percepción en bolivia. De acuerdo con el capítulo referido a Bolivia, las personas encuestadas por Transparencia Internacional, la institución nacional peor calificada es la Policía Nacional, de la que el 86 por ciento de los ciudadanos cree que es una entidad altamente corrompida, seguida de cerca, con el 78 por ciento, por los partidos políticos.

El 76 por ciento define al Órgano Judicial como el tercer ente más atacado por esta lacra social.

El 69 por ciento atribuye un alto grado de corrupción a los funcionarios públicos.

El 68 por ciento, posiblemente con relación a los partidos políticos, de los encuestados, observa que la Asamblea Legislativa Plurinacional es otra institución poco transparente.

Finalmente, el 52 por ciento dice que los militares forman otra entidad nacional penetrada por altos niveles de corrupción.

Son las seis organizaciones que merecen la censura de la mayor parte de los encuestrados.

El 20 por ciento de los encuestados dijo que la corrupción se incrementó en baja medida en el periodo comprendido entre 2012 y 2013.

Sin embargo, el 57 por ciento de los entrevistados dijo que la corrupción es un grave problema en Bolivia.

El 42 por ciento dijo que la corrupción es resultado, en gran medida, de que el Gobierno es detentado por un reducido grupo que actúa en función de su propio interés.

El 32 por ciento aseguró que las medidas adoptadas por la administración nacional para contrarrestar la corrupción resultan insuficientes o poco eficientes.

El 38 por ciento afirmó que algún miembro de su entorno familiar pagó en el curso del año anterior un soborno.

El 23 por ciento opinó que las personas comunes pueden hacer bastante en materia de lucha contra este flagelo.

Otras siete entidades nacionales reciben aprobación general. Se trata de oenegés (69% de opinión favorable, medios de comunicación (73%), iglesias (81%), negocios (67%), sistemas educativos (64%) y servicios médicos (64%), siempre con respecto de la corrupción.

sábado, 23 de agosto de 2014

Más revelaciones detallan quiénes y cómo “armaron” el caso terrorismo

El exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, reveló ayer cómo presuntamente el gabinete jurídico del Gobierno operaba para poner y sacar jueces y fiscales en el caso terrorismo, que acabó acorralando a opositores en Santa Cruz.

Villegas acusó al ahora procurador del Estado, Héctor Arce, de haber sido una de las personas que planificó el caso desde su lugar “de mandamás en el organismo paraestatal que tejió el proceso”.

Villegas volvió a declarar ayer en calidad de testigo de la defensa de los acusados por el caso terrorismo que busca resolver el recurso de incidente para anular la acusación del Ministerio Público. El exasesor del Gobierno está preso por el delito de extorsión.

Boris Villegas arremetió y se jugó una carta importante ayer al reafirmar que Héctor Arce, ahora procurador general del Estado, sí fue parte de la estructura paraestatal llamada “gabinete jurídico”.

“Que me desmienta con pruebas si alguna vez se reunió con Luis Clavijo y Alfredo Rada en mi presencia. Que diga qué fue lo que le instruyó a Clavijo; si él no lo dice yo lo voy a decir, entonces le estoy dando la oportunidad de que salve un poco su vergüenza, si es que todavía la tiene”, advirtió Villegas, quien volverá al banquillo de los testigos el lunes 1 de septiembre.

Ayer terminó una semana más de audiencias en las que se busca resolver el recurso de incidente presentado por la defensa para anular la acusación del Ministerio Público.

En su calidad de testigo, Boris Villegas se declaró un soldado de la revolución que sólo obedecía órdenes, tanto del gabinete jurídico como del ministro de Gobierno, Alfredo Rada.

“El gabinete jurídico era una especie de comité de selección donde se decidía quien sería fiscal o juez o quien conocería determinado caso. Para eso servía”, dijo el testigo.

Agregó que una vez que recibían las órdenes e instrucciones que emanaban de este ente paraestatal, creado exclusivamente para ver los casos llamados de seguridad de Estado, acataba todo lo pedido haciendo lo necesario en la parte operativa.

“La exfiscal y primera jueza que conoció el caso en La Paz, Betty Yañiquez, era una de las personas que asistía a las reuniones convocadas por el gabinete jurídico y a ella se le daban instrucciones directas de parte de Héctor Arce. Carlos Núñez del Prado y Luis Clavijo fueron los cerebros para armar el caso”, señaló, a tiempo de recordar que ahora Yañiquez es candidata del MAS en La Paz y Arce ejerce como Procurador del Estado.

Polémica con el Procurador

Villegas acusó al procurador del Estado, Héctor Arce, de haber sido una de las personas que planificó el caso terrorismo desde su lugar de mandamás en el organismo paraestatal que tejió el proceso. El jueves, según una nota de ANF, Arce negó que el gabinete jurídico haya planificado el caso. Dijo que se analizaban solamente asuntos de interés para el Estado.

Festejo de cumpleaños

Lo que son las paradojas de la vida. Ayer, aprovechando un breve receso en sala concedido por el presidente del Tribunal, Sixto Fernández, el grupo de acusados por el caso terrorismo llevaron una torta y se pusieron de pie para cantar el “cumpleaños feliz” al testigo de cargo, Boris Villegas.

“Quiero agradecer la calidad humana de estas personas y haciendo a un lado el pasado cuando me encontraba del lado del Gobierno y les pude haber hecho algún daño, quiero decirles que en ningún momento fue por cuestiones personales, sino que obedecía a órdenes directas de los ministros del Gobierno con los cuales trabajada y del gabinete jurídico”, dijo.

Antes de la finalización de la audiencia, Villegas denunció ante el presidente del Tribunal que al mediodía, cuando se dictaminó un cuarto intermedio para almorzar, fue amedrentado por efectivos del Ministerio de Gobierno que lo filmaron y le sacaron fotografías en el ingreso al penal de Palmasola.

Villegas, exfuncionario y exasesor del Ministerio de Gobierno, está preso en la cárcel de Palmasola junto a Denis Rodas y Fernando Rivero, acusados por el delito de extorsión.



Suxo rechaza versión de villegas

La Paz | Abi

La ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, afirmó ayer que el gabinete jurídico tiene la principal función de defender los intereses del Estado y no de interferir en el Órgano Judicial o el Ministerio Público, como denunciaron exasesores del Ministerio de Gobierno enjuiciados por extorsión y terrorismo.

“Hay un gabinete jurídico y está compuesto por ministros del área jurídica y con autoridades que tienen que ver con la defensa legal del Estado y constitucionalistas, todos en la línea jurídica y se reúne para discutir propuestas legislativas o decretos”, aseguró.

Explicó que los criterios que se vierten en el gabinete jurídico son sometidos a consideración del Consejo Nacional de Política Económica (Conape) y del Gabinete, por lo tanto no decide independientemente ninguna norma o medida alguna. En ese sentido, desvirtuó las acusaciones que se vertieron en el juicio por el caso terrorismo sobre una supuesta interferencia del Gobierno en el Órgano Judicial y en el Ministerio Público.

Yañíquez fue la primera juez en ser llamada para el caso Rózsa

"Hago notar que la primera (jueza) que vio esto (el caso terrorismo) fue Betty Yañíquez, ahora candidata del MAS, quien recibía órdenes del gabinete jurídico”, afirmó ayer Boris Villegas, exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, durante su declaración como testigo en el caso terrorismo.
Villegas relató que el año 2009 fue jefe de Gestión Jurídica del Ministerio de Gobierno en la gestión del exministro Alfredo Rada y que toda orden "emanaba del gabinete jurídico”.
"Este tema terrorismo fue caratulado como el tema del siglo” dijo Villegas, pero fue interrumpido por el juez Sixto Fernández; entonces le pidió que no le corte la palabra porque él conoció "muy bien” y de cerca el trabajo que realizó el gabinete jurídico.
"Dependiendo de la situación llamaban a jueces y fiscales para coordinar. Una vez lo coordinaban me transmitían las órdenes para llevarlo a cabo. Cabe hacer notar que la primera que vio esto fue Betty Yañíquez ahora candidata del MAS, quien recibía órdenes del gabinete jurídico”, afirmó Villegas.
En 2009, Yañíquez entonces era juez séptimo de Instrucción en lo Penal, ordenó la detención preventiva de Mario Tadic Astorga y Elod Toaso. Posteriormente instruyó la detención preventiva de Zoilo Salces, Gary Prado Salmón, Juan Carlos Santiesteban y otros.
En el tercer día de interrogatorio del exfuncionario, el panorama no cambió. La audiencia se desarrolló en medio de objeciones y contraargumentos.

Tras los alegatos recíprocos, el juez Fernández declaró un cuarto intermedio. En ese ínterin fue recibida una torta para celebrar el cumpleaños de Villegas, quien se encuentra detenido preventivamente en el penal de Palmasola desde diciembre de 2012 acusado junto a sus excompañeros de trabajo Fernando Rivera y Dennis Rodas, acusados de formar parte de la red de extorsión.



En este momento, Villegas emocionado y aprovechando la presencia de varios periodistas agradeció el gesto y afirmó que seguirá "hablando todo lo que tenga que decir aunque les duela o cuando vemos a Sergio Céspedes sacando fotos y a Arévalo (abogado del Ministerio de Gobierno) filmando con sus celulares”.
Luego de 15 minutos, la audiencia que se desarrolla en la ciudad de Santa Cruz se reanudó, pero los abogados defensores y fiscales ahondaron su discusión sobre el concepto teórico del flash memory, discos duros y memorias de computadoras.
Uno de los abogados preguntó a Villegas sobre los flash, discos duros y las computadoras que el exfiscal Marcelo Soza presentó como prueba para imputar a los acusados; Céspedes objetó, su colega Iván Ortíz dijo que la pregunta es confusa, capciosa y tenía que aclarar por qué esos equipos eran soportes técnicos y por tanto debía individualizar.
Morales uno de los abogados defensores lamentó que la Fiscalía esté obstruyendo "para que no se sepa la verdad. Los usa a ustedes (a los jueces) para encubrir delitos. Les pido a ustedes que no lo hagan ahora para poder decidir con base de conocimiento y no de lo que ellos le han hecho saber, tengan la capacidad de querer saber la verdad. Dejen al testigo responder”, reclamó.

Villegas fue presentado como testigo de descargo por los acusados de terrorismo para que el Tribunal Primero de Sentencia se pronuncie a favor de la nulidad del juicio porque consideran que la Fiscalía de La Paz, utilizó pruebas "defectuosas” para acusarlos.

Fiscalía anuncia designar vocero por caso Rózsa

Página Siete / La Paz
La Fiscalía anunció la designación de un vocero para que informe y explique a los medios de comunicación todo lo referente al caso terrorismo para evitar declaraciones que afecten al proceso. El vocero sería designado en las próximos días.
Por otra parte, el juez Sixto Fernández, del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, en el que se desarrolla el juicio por el caso terrorismo, suspendió la audiencia hasta las 15:30 del próximo 1 de septiembre.
La audiencia para resolver el incidente de nulidad del juicio por el caso terrorismo fue suspendida cerca de las 17:30 de ayer luego de que Ignacio Villa Vargas El Viejo solicitara autorización al juez para que un médico lo evalúe puesto que sentía dolores en el hígado.
Antes de que se suspendiera la audiencia, Boris Villegas, exfuncionario del Ministerio de Gobierno, denunció que es acosado por funcionarios del Gobierno con el afán de intimidarlo.
"Incluso mientras comía una torta que me invitaron acá, fui filmado por los fiscales y los del Ministerio de Gobierno que están acá. Me imagino que lo usaran en mi contra”, dijo Villegas al pedir al juez garantías tomando en cuenta que hace varias semanas fueron agredidos al interior de sus celdas.

viernes, 22 de agosto de 2014

Informe del caso Rózsa fue redactado por el Gobierno

En su segundo día de declaraciones como testigo en el caso terrorismo, el exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno Boris Villegas hizo nuevas revelaciones que causaron malestar a los fiscales. Reveló que el informe de toda la historia de terrorismo y separatismo aprobada y difundida por la Cámara Legislativa fue redactado de forma completa por funcionarios del Ministerio de Gobierno en la Vicepresidencia del Estado, en La Paz.
“Voy a recordar a los fiscales que he jurado ante este tribunal decir la verdad y aunque se molesten, mi compromiso es con la verdad y no con ningún partido político”, expresó Villegas al iniciar sus declaraciones, que en varias ocasiones debieron ser interrumpidas por las objeciones que presentaron las partes.
Contó que el informe sobre terrorismo publicado por una comisión de la Cámara de Diputados en realidad fue hecho por él y por otros personeros del Ministerio de Gobierno.
“Yo participé en la elaboración, fue escrito por nosotros, los del Ministerio de Gobierno. Obviamente nosotros no podíamos firmar porque éramos del ministerio, pero firmaron Gustavo Torrico, César Navarro y otros, quienes gracias a ese informe se catapultaron políticamente”, manifestó.
Reuniones de coordinación
Según Villegas, las reuniones con el gabinete jurídico para tratar este caso con jueces, el fiscal Marcelo Soza, ministros y viceministros se realizaban en las oficinas del Ministerio de Gobierno, del viceministerio, en la Fiscalía y en la Unidad Ejecutora de Lucha Contra el Narcotráfico, ubicada en la avenida 6 de Agosto, es decir, en las oficinas donde antes funcionaba la DEA.
Dijo que las conferencias de prensa eran organizadas por Luis Clavijo, Carlos Núñez del Prado, Antonio Núñez del Prado, Edzon Ari (asistenteque en un video aparece entregando un soborno a ‘El Viejo’, y Álex Soliz.

Denuncia contra jueza
Por otra parte, Kathy Rabczuk y su esposo, Juan Kudelka, denunciaron que en este caso opera una mafia que sigue los pasos del exfiscal Marcelo Soza. Kathy Rabczuk acusó a la jueza técnica Elena Gemio de “vender favores” a presos en la cárcel de San Pedro, aprobando salidas a los reclusos a saunas y churrascos. Tanto Gemio como el fiscal Céspedes no respondieron a las acusaciones

EN LA AUDIENCIA

La fiscalía observa testimonio
El fiscal Sergio Céspedes observó varias veces ante el tribunal que Boris Villegas contesta otros temas alejados del caso y que cae en contradicciones.

Temen que céspedes se fugue
El acusado Juan Kudelka, ayer en la audiencia, denunció que el fiscal Sergio Céspedes está por fugar del país tal como lo hizo Marcelo Soza. “Hace un año dije que Soza se iba a ir del país, pero nadie me creyó”, expresó.

jueves, 21 de agosto de 2014

Villegas revela que caso Rózsa fue para aniquilar la medialuna

de Gobierno Boris Villegas empezó a declarar ayer como testigo del caso terrorismo y sus palabras causaron revuelo en el juicio. Con voz fuerte, sin dubitar y de forma contundente, el ex hombre fuerte del Gobierno reveló que el caso terrorismo, que fue gestado en el asalto al hotel Las Américas el 16 de abril de 2009 donde murieron tres personas, entre ellas Eduardo Rózsa, fue diseñado política y jurídicamente desde el Gobierno, bajo las directrices de un gabinete jurídico integrado por los ministerios de Transparencia, de Defensa, de Gobierno y la participación directa de Héctor Arce.

Villegas dijo que el caso terrorismo, también llamado separatismo, fue usado de forma emblemática para aniquilar a la medialuna, aplastar a la dirigencia cívica del oriente boliviano, especialmente a la de Santa Cruz, así como a líderes cruceños, entre empresarios y directivos de instituciones, como Cotas y el Comité Pro Santa Cruz.

Sicosis por terrorismo del siglo

Según Villegas, el entonces ministro de Gobierno, Alfredo Rada, y el viceministro, Marcos Farfán, impartían órdenes al gabinete jurídico, que escogía a los fiscales y a jueces para que lleven todos los casos considerados de extrema seguridad para el Estado.

Asimismo, aseguró que crearon una sicosis cuando se les aseguró que en Santa Cruz terroristas estaban gestando un caso de separatismo. En tal sentido, se les dijo que ellos solo debían hacer lo que se les instruía, pues las decisiones eran tomadas a muy alto nivel.

Es más, se les instruyó no decir nada porque sus vidas corrían peligro. “Nos indicaron que este era el caso del siglo, es decir el primer caso de terrorismo de la historia republicana de Bolivia y que teníamos que dedicarle el cien por cien de nuestro tiempo. Eran órdenes del ministro de Gobierno y del viceministro. (...) Nos dijeron que los separatistas buscaban convertir Bolivia en una nueva Croacia o Bosnia”, expresó Villegas, que actualmente está recluido en la cárcel de Palmasola acusado de extorsión.

Según él, el caso terrorismo era importante para la sustentabilidad del actual régimen de Gobierno, porque a través del mismo se logró debilitar, a la medialuna.

Dijo que no es casualidad que todos los acusados en el caso terrorismo hubieran sido los principales líderes del oriente boliviano. Entre los involucrados están Alberto Melgar; el coronel Zoilo Salces; Zvonko Matkovic Ribera (hijo del exprefecto de Santa Cruz), Ronald Castedo, expresidente de Cotas; Branko Marinkovic, Guido Náyar, etc.

Villegas expresó que no se debe olvidar que se usó un discurso político de la época. Ese discurso fue: “La derecha incrustada en las principales instituciones, organizaciones cívicas de los departamentos buscaban tumbar al Gobierno”.

Branko, en primera fila

En su larga exposición, Villegas manifestó que no era casualidad que Juan Kudelka, ex mano derecha de Branko Marinkovic, esté procesado en el juicio por terrorismo. “La orden que nosotros teníamos era que Branko Marinkovic debía estar aquí, en primera fila. Todo este tema ha sido desde un principio dibujado, porque una vez que se hizo el dibujo político se ejecutó el jurídico. Fue mal hecho, pero el plan no lo hizo Boris Villegas ni Fernando Rivera ni Denis Rodas, que ahora somos los paganinis de todo lo malo, de todo lo ilegal que se hizo. El que hizo todo fue el gabinete jurídico, donde estaban Sacha Llorenti, Alfredo Rada, Wilfredo Chávez y Carlos Romero. Todos ellos siguieron con este sainete denominado juicio terrorismo, que tiene las mismas características que el sainete en el que me encuentro procesado (el caso extorsión), el caso tiene todos los mismos elementos inventados y es político”, manifestó.

Clavijo y Núñez del Prado

Boris Villegas recordó que cuando se dio el caso terrorismo era la época en que Santa Cruz demandaba autonomía, había toma de instituciones y algunos hablaban de separatismo. Fue entonces que Rada y Farfán, con su equipo operativo integrado por Luis Clavijo y Carlos Núñez del Prado, elaboraron estrategias tácticas para contrarrestar las actitudes políticas e intentos armados.

Contó que el ministro Rada fue quien pidió que se elabore una denuncia contra los supuestos separatistas. “La denuncia debía contar con elementos y establecer qué hecho, pero él dijo que era un tema de seguridad y que solo debíamos de obedecer. Dijo que había que prevenir la jurisdicción de La Paz para tener el control total del caso”.

Intereses políticos ocultos

En sus declaraciones, el testigo Villegas también afirmó que lamentaba haber formado parte del proceso de cambio y de trabajar en el Ministerio de Gobierno.

Reiteró que detrás del caso terrorismo hay muchos intereses políticos ocultos y personas inocentes procesadas al igual que él.

La Fiscalía critica a Villegas

El fiscal Sergio Céspedes, en una dura intervención, criticó a Villegas por considerar que de forma efusiva no se sujetó al tema sino que, fruto de la venganza insertó otros temas que no vienen al caso. Le dijo a Villegas que si se siente ofendido que inicie demandas y que haga respetar sus derechos. Además Céspedes le dijo al tribunal que Villegas entró en serias contradicciones y que los jueces sabrán valorar sus declaraciones. Abogados del Ministerio de Gobierno también cuestionaron a Villegas

martes, 19 de agosto de 2014

Objeciones frenan a testigo en juicio por terrorismo

El juicio por terrorismo se reinició la tarde de ayer y el testigo principal ofrecido por los procesados, el exasesor del Ministerio de Gobierno Denis Rodas, solo respondió tres preguntas, las demás fueron frenadas por las objeciones y revocatorias planteadas por los fiscales y por los abogados del Ministerio de Gobierno.

Las permanentes intervenciones del fiscal Sergio Céspedes oponiedose a las preguntas de los abogados de los acusados y que eran declaradas pertinentes por el tribunal a la cabeza de Sixto Fernández, causaron malestar a los juristas y procesados que estaban en sala, al extremo que en algunos momentos los reclamos fuera de orden subieron de tono.

El abogado José Hotmman, que defiende a Gelafio Santisteban, expresó en un momento dado que ya no sabía qué preguntar porque todo es obstaculizado por el fiscal y lamentablemente el tribunal le daba la razón.

El abogado preguntó al testigo Denis Rodas si conocía al juez Rolando Sarmiento y si mantenía contacto con Julkar Zeballos, un consultor técnico que trabajaba para la Fiscalía y cerca del exfiscal Marcelo Soza. Sin embargo, Rodas no contestó ante las objeciones del fiscal Céspedes.

El abogado Gary Prado expresó que estas obstaculizaciones de la Fiscalía son una clara muestra de que no se quiere que se conozca la verdad del caso, el montaje armado desde las esferas del Gobierno para perpetrar el ataque al hotel Las Américas y dar muerte a tres personas, entre ellas a Eduardo Rósza Flores.

El abogado Otto Ritter manifestó que el Gobierno, a través de los fiscales y del tribunal, jamás permitirá que se conozca la verdad. Cuestionó a la justicia de ser benevolente con narcotraficantes y duros con los perseguidos y detenidos políticos. “La justicia mejorará cuando el presidente Evo Morales se vaya y se conocerá todo, no hay poder eterno”, dijo.

El pedido de Tadic y Tóásó

Los detenidos Elod Tóásó y Mario Tadic, en un pronunciamiento público, hicieron una relación sobre la historia del caso terrorismo y separatismo. Expresaron que ellos fueron víctimas de torturas, de vejámenes y que se les vulneró todos sus derechos constitucionales. Ambos acusados tienen esperanzas en las demandas ante organismos internacionales al considerar que el terrorismo fue manejado desde las mismas esferas del Gobierno. La hermana de Elod Tóásó movilizó a gente en Brasil exigiendo que sea liberado.

El juicio por terrorismo sigue hoy con el interrogatorio a Dennis Rodas, y esperan declarar Boris Villegas y Fernando Rivera