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jueves, 30 de octubre de 2014

Revelan millonaria cifra por corrupción

Según la viceministra de Lucha contra la Corrupción, Yessica Saravia, su despacho cuantificó que los delitos de corrupción han generado al menos Bs 2.000 millones como un presunto daño económico al Estado boliviano.

De acuerdo con Saravia, los daños se están tipificando en el Ministerio Público, luego de los procesos que se están investigando y remarcó que el Viceministerio ha sustanciado 388 denuncias ante la Fiscalía por diversos delitos de corrupción.

La cifra se dio a conocer en el día de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo que se recordó ayer.
La legitimación de ganancias ilícitas es la actividad que logra legitimar dineros provenientes de actos ilegales, como el narcotráfico, la corrupción, tráfico y trata de personas, terrorismo, secuestro, extorsión, entre otros.

Más detalles
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, durante la celebración del encuentro internacional de Contromafie Internacional realizado del 24 al 26 de octubre en Roma (Italia), junto a las asociaciones y organizaciones comprometidas contra las diversas formas de delincuencia organizada y transnacional, informó de que la justicia en Bolivia aplicó 99 sentencias por delitos contra la corrupción y que hubo una recuperación de bienes en favor del Estado.

Suxo desveló que entre el 2006 y 2014 se recuperaron más de Bs 901 millones.

Las últimas denuncias presentadas ante la Fiscalía por el Gobierno fueron 7 de 42 contratos de riesgo compartido entre cooperativas mineras y empresas privadas, después de la auditoría realizada a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol)

miércoles, 29 de octubre de 2014

Corrupción afecta gobernabilidad en Bolivia

Un informe de la calificadora de riesgos Fitch Ratings, con sede en Nueva York, observa que seis indicadores de gobernabilidad comparan desfavorablemente a Bolivia con relación a otros países, a pesar que durante los últimos años ha mejorado su perfil en la deuda soberana y goza de un sistema bancario estable.

VOZ OFICIAL

Poco después de conocer la calificación en septiembre último, el ministro de Economía, Luis Arce, indicó que las calificadoras de riesgo “no están viendo la verdadera dimensión de lo que está pasando en el país y la calificación otorgada tiene que ver con el comportamiento económico del país a diferencia de lo que ocurre con otras naciones que tuvieron crecimientos negativos o se han ralentizado (retrocedido)”.

El informe de Fitch Ratings muestra que esos indicadores se reflejan en el poco control hacia la corrupción, efectividad gubernamental, estabilidad política, calidad regulatoria y el imperio de la ley.

CIFRAS MACRO

La Fitch dice que a pesar de las mejoras significativas en el índice de Desarrollo Humano, Bolivia es uno de los países más pobres de Latinoamérica entre los exportadores de materias primas; además tiene el PIB per cápita más bajo con relación a otros países.

INFORMACIÓN

Por otra parte, Aesa Ratings, que es la calificadora líder en el mercado boliviano y socia de Fitch Ratings, compartió información con un grupo de periodistas a quienes explicó el alcance y la importancia de su trabajo en el país, sobre todo para el comportamiento de las empresas del sector público/privado con relación al mercado de valores y atracción de inversiones extranjeras.

TENDENCIA POSITIVA

El informe del Fitch Ratings se remonta a agosto de este año, donde hace conocer la calificación a Bolivia de “BB- con tendencia positiva” por su alto nivel de reservas internacionales en el orden del 47% del Producto Interno Bruto (PIB) y depósitos del sector público en el orden del 27% con relación al PIB.

SÓLIDA POSICIÓN

Asegura que Bolivia tiene una sólida posición acreedora, capaz de asumir mayor nivel de endeudamiento, mitigar riesgos por la baja en los precios de las materias primas, crecimiento promedio de 4.9% en los últimos cinco años, que puede subir en base a mayor inversión pública y proyectos de industrialización.

DEBILIDADES

Sin embargo, observa entre las debilidades, la dependencia de las materias primas que aumenta la vulnerabilidad del crecimiento de las cuentas fiscales, externas y términos de intercambio. Aclara que los hidrocarburos significan el 8% del PIB, 57% de los impuestos, 54% de las exportaciones y 33% de la inversión doméstica en 2013.

DEPENDENCIA

Señala que la incertidumbre regulatoria (donde el Estado es juez y parte frente a los privados), riesgos de nacionalización, apreciación real del tipo de cambio y un ambiente de negocios débil limitan la inversión privada; así como la diversificación económica y el desarrollo de nuevas reservas de hidrocarburos.

ENTORNO EMPRESARIAL

Las calificaciones podrían verse afectadas positivamente por: impulso de crecimiento sostenido que permita mejoras en el PIB per cápita; implementación de reformas que mejoren el entorno empresarial y aumentan nuestra confianza en las perspectivas de inversión y la sostenibilidad de las reservas de gas natural; y el fortalecimiento del marco presupuestario, sostiene el documento.

martes, 28 de octubre de 2014

Fiscalía intenta anular las pruebas de irregularidades

A como dé lugar, la comisión de fiscales del caso Rózsa busca anular las pruebas presentadas en el incidente de nulidad absoluta que interpuso el general Gary Prado Salmón.

En especial pretende que no se tomen en cuenta la carta del exfiscal Marcelo Soza y los audios donde se escucha la voz de esta exautoridad entregados por la senadora electa Carmen Eva Gonzales.

Además de los peritajes de las mismas grabaciones presentados por la electa parlamentaria opositora y del periodista Carlos Valverde. En dichos documentos se revela un presunto sembrado de pruebas, compra de testigo y montaje del caso por parte de altos funcionarios del Gobierno.

La comisión de fiscales, integrada por Sergio Céspedes, Marco Antonio Rodríguez, Iván Ortiz, Javier Monasterios y Óscar Vera, solicitaron al presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, que anule las mencionadas pruebas.

Además que solicitaron la anulación de las declaraciones de los testigos de descargo, entre ellos Boris Villegas, a quien consideran los representantes del Ministerio Público, como parcializados.

Según los fiscales Rodríguez, Monasterio, Ortiz y Céspedes, la defensa cometió irregularidades en la obtención de las pruebas, atentando contra la Constitución y el Código procesal penal.

Tomaron como ejemplo, la misiva de Soza, al sostener de que nunca fue legalizada por la Cancillería boliviana. De la misma manera, indican que los audios no los pidió ningún juez competente y las pruebas periciales fueron hechas por extranjeros desconocidos.

La defensa responde. Por su parte, el abogado Otto Ritter, patrocinante de Prado Salmón, rechazó las afirmaciones de los fiscales. "La carta de Soza está legalizada por la Cancillería brasileña, pero a su similar en Bolivia y el consulado en Brasilia no le dio la gana", afirmó el jurista. Ritter dijo además de que la verdad material es la existencia de la misiva. Sobre las grabaciones, indicó que la Fiscalía nunca encontró peritos nacionales para el audio. Cabe recordar que el caso de los audios se cerró porque Soza confirmó la autenticidad de su voz en los mismos.

Caso Barcazas Niegan libertad a exgerente de Enabol

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz negó ayer la modificación a la detención preventiva solicitada por el exgerente de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), Freddy Ballesteros, quien se encuentra desde febrero de 2013 en la cárcel de San Pedro por los presuntos hechos irregulares en la compra de barcazas para el Estado boliviano.

La fiscal del caso, Magaly Gonzales, informó que el Ministerio Público fundamentó ante la autoridad jurisdiccional los riesgos procesales como la obstaculización en el proceso y la fuga del imputado en caso de dar procedente la petición de Ballesteros.

“Hoy (lunes) se llevó a efecto una audiencia de apelación (…) el señor Freddy Ballesteros ha apelado una modificación de medias (cautelares) y la Sala Penal ha confirmado la resolución emitida por la jueza 12va de instrucción en lo penal, la resolución rechazaba la modificación de medidas cautelares”, sostuvo la fiscal.

En octubre y noviembre de 2009, el exgerente general de la Enabol, Contralmirante Freddy Alberto Ballesteros Quiroga, suscribió dos contratos con las empresas Yeunsoo Shipbulding Ltda. Co. y SeAH B&K Duck Sung Sociedad Accidental para la construcción de 16 barcazas y dos empujadores.

Posteriormente, en enero de 2010, subrogó los dos contratos a la empresa General Marine Bussines Co. (GMB), relación contractual en la que generó el desplazamiento patrimonial de aproximadamente 30 millones de dólares.

lunes, 27 de octubre de 2014

No me amedrentan, dijo Guarachi Golpean a dirigente por denunciar corrupción

Rider Guasico agredió físicamente la noche del domingo al dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Joel Guarachi, por revelar actos de corrupción en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), denunció el afectado.

El hecho se registró en la terminal de Roboré de la provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, cuando Guarachi se disponía a comprar un boleto a la ciudad de Santa Cruz.

Guasico se acercó a Guarachi, junto a otros dos hombres, reclamándole por su entrevista la mañana de ese día en la Red Erbol, donde hizo conocer que su hermano, Eliomar, desvió los recursos de un proyecto productivo y supuestamente ordenó matar al dirigente de la comunidad 26 de Julio del Beni, Jacobo Soruco, que investigaba el caso.

Guarachi dijo que recibió anteriormente llamadas de muerte de parte de Rider, pero en esta ocasión lo atacó por la espalda, para golpearlo y arañarlo en el rostro.

"En la terminal me encontré con el hermano de Eliomar Guasico, Rider Guasico, que el mismo me amenazó por teléfono la primera vez, cuando fui a ver el proyecto con el Fondo Indígena. Él me amenazó por teléfono a la una y media de la mañana.

Anoche comenzó a burlarse e insultarme y yo le dije: 'no hablo con maleantes y me fui'. Me estaba yendo a buscar mi flota y en eso no más el tipo me brincó, me arañó cerca al ojo y me golpeó en el rostro", relató a Erbol.

Eliomar dijo que hace seis meses perdió el contactó con su hermano y que desconoce las acusaciones que pesan contra él. Guarachi señaló que no lo amedrentarán y que continuará con las investigaciones.

"Estos tipos están reaccionando por denuncia que hemos hecho a través de Erbol, ya están reaccionando ellos, eso no me amedrenta, vamos a seguir con las investigaciones hasta las últimas consecuencias, si es necesario vamos a dar la vida por esclarecer este hecho, por luchar contra la corrupción, vamos a hacerlo", finalizó.

domingo, 26 de octubre de 2014

Los nexos brasileños de Andrés Guzmán y el misterio de cómo llegó D’Andréa a Bolivia

La Dirección de Sol de Pando intentó comunicarse con el representante de D’Andréa Agrimport, Roberto Falascina, enviando a su correo un cuestionario el 22 de octubre aún no respondido. Entre las interrogantes que deben esclarecer los empresarios brasileños y también autoridades bolivianas, queda por establecer las circunstancias en las cuales fue posible que una fabricante brasileña de maquinarias atravesando tan severas dificultades legales, económicas y tecnológicas en su propio país, logró un contrato directo para armar en Bolivia fábricas de cartón y papel, consideradas empresas estratégicas del Estado.

En círculos políticos y empresariales del Brasil que conocen los conflictos judiciales y financieros del grupo Falascina, se menciona un nombre que habría sido la clave para que D’Andréa haga negocios con el gobierno boliviano buscando salvarla de una inminente quiebra: Andrés Fermín Guzmán Heredia.
Andrés Guzmán y Olacyr de Morães, en el 2012, cuando acompañaron a la presidenta Dilma Rousseff, con una comitiva empresarial, a un viaje de negocios en Rusia. | Foto Archivo Veja

Andrés Guzmán y Olacyr de Morães, en el 2012, cuando acompañaron a la presidenta Dilma Rousseff, con una comitiva empresarial, a un viaje de negocios en Rusia. | Foto Archivo Veja

Guzmán Heredia fue un habilidoso político y gestor comercial nacido en Cochabamba que se instaló en los años 90 en el Acre boliviano para realizar negocios con el Brasil, rondando entre el éxito y la muerte.

Falleció trágicamente el 4 de abril de este año al ser acribillado por el chofer del famoso “rey de la soya” en el Brasil, Olacyr de Morâes, poco después de que Guzmán salía del palacete del octogenario y corrupto magnate, en São Paulo, con casi 200.000 dólares (en billetes de reales) dentro una maleta que se presume era parte de una extorsión al multimillonario. Andrés Guzmán se jactaba de ser amigo íntimo del viejo Olacyr, viajaban juntos a Europa y alguna vez lo trajo a Bolivia para ver el carnaval de Oruro. La Policía brasileña aún no ha esclarecido cómo y por qué pudo Guzmán extorsionar aquellos $us 200.000 a Morâes; según el chofer que lo baleó no era la primera vez que el boliviano obtenía dinero de ese modo, abusando a su patrón. Se presume que entre ambos empresarios habría existido un vínculo homosexual que se prestó a la extorsión. Olacyr de Morâes no fue imputado ya que su leal chofer asumió toda la responsabilidad penal del asesinato.

EL “OPERADOR” CLAVE DE LOS NEGOCIOS CON BRASIL
Con el talento de un próspero pastor evangélico para los diezmos, Guzmán Hererdia trabajó con el Gobierno de Sánchez de Lozada y asesoró al entonces ministro gonista Alfonso Revollo para entregar la administración del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) a la familia Canhedo, propietaria de la quebrada empresa VASP (qué sorprendente similitud con el caso D’Andréa). Con los buenos dividendos obtenidos del inescrupuloso Wagner Canhedo por esa intermediación que marcó el triste destino del LAB, Andrés Guzmán se compró un curul como Senador suplente por Pando dentro la bancada del partido Podemos que lideraba el ex presidente Jorge Quiroga Ramírez.
Cuando Evo Morales asumió la Presidencia, el senador podemista, fiel a su premisa de que “el poder es para hacer negocios”, se pasó a las filas del MAS y dio su voto en favor de la Ley de Reconducción Comunitaria del Inra, en noviembre del 2006. Con ese paso se abrió un camino expedito hacia el Palacio Quemado y se hizo amigo de mucha confianza de Juan Ramón Quintana, el Ministro de la Presidencia, quien gracias a Guzmán Heredia que trajo un grupo de “consultores” brasileños a Pando, pudo desarrollar una estrategia de alianzas, en las elecciones generales del 2010, con un sector de la élite conservadora pandina que abandonó al ex prefecto Leopoldo Fernández por cuestión de negocios precisamente.
Guzmán Heredia fue el puente para que Quintana establezca un pacto político con el principal líder de la vieja escuela banzerista de Pando, Miguel “Chiquitín” Becerra, quien rompió con Leopoldo Fernández que era respaldado por Tuto Quiroga. El frío pragmatismo con que Quintana, Guzmán y Becerra hicieron la “toma de Pando”, facilitó que sicarios vinculados al narcotráfico en la ruta de la cocaína del Perú al Brasil y que dispararon contra campesinos del MAS durante la masacre de Porvenir, sean bienvenidos en los aparatos de seguridad e inteligencia controlados por el Ministro de la Presidencia.
A Andrés Guzmán se lo vincula también con las gestiones realizadas por la empresa constructora brasileña OAS para adjudicarse la construcción del camino asfaltado entre Cochabamba y Beni, en el polémico proyecto que pretende atravesar el territorio indígena y parque nacional del Tipnis, dentro la amazonia boliviana.

Gestando la gran estafa del papel y del cartón

El 3 de septiembre del año 2007, el Ministro de la Presidencia anunció oficialmente una reunión con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) para exponerles el plan gubernamental de crear un conjunto de “empresas estratégicas” en el área productiva. Quintana, decía la crónica informativa, “anunció que se discutirá en forma democrática y respetuosa todos los puntos de vista, y las objeciones a la política oficial”. Fue entonces cuando Eduardo Peinado Rivero, el Viceministro de Industrias, hizo su estelar aparición anunciando que“el Ejecutivo prevé impulsar industrias estatales de papel, cartón y vidrio”. El presidente de la CEPB, Roberto Mustafá, expresó sus reparos. “Los empresarios no estamos de acuerdo que existan empresas estatales, todo debe estar en manos privadas para evitar temas de corrupción, favoritismo político. Todo se debe manejar con visión clara y gestión empresarial”,declaró Mustafá premonitoriamente.

Dos días después de la reunión con los empresarios privados, el 5 de septiembre del 2007 —con un enfático impulso del Ministro de la Presidencia— el Gobierno crea simultáneamente las empresas para fabricar papel y cartón, Papelbol en Cochabamba y Cartonbol en Oruro, mediante los sucesivos decretos supremos 29255 y 29256 respectivamente.

Andrés Guzmán Heredia (izq), asesinado en abril de este año en Sâo Paulo bajo circunstancias escabrosas, Eduardo Peinado (centro) por fin tras las rejas, y Roberto Falascina, el dueño brasileño de D’Andréa, una fábrica de maquinarias agrícolas cuyas chatarras no pueden ser rematadas. Tres personajes, entre otros, claves en el negociado de Papelbol. | Fotomontaje Sol de Pando 

Esas empresas instaladas en el occidente del país, además de Lacteosbol, junto a otras como la Empresa Boliviana de Almendras (EBA) y la Cooperativa de Zafreros y Fabriles castañeros (Zafabri) en el norte amazónico (Riberalta), fueron proyectadas y diseñadas y diseñadas con la intervención personal del Ministro de la Presidencia a través de un organismo técnico bajo su directa dependencia, la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), creada en abril del mismo año 2007, de la cual en el año 2010 (cuando Quintana asume la dirección de Ademaf, organismo diseñado por el mismo ex militar para desplegar labores de inteligencia y seguridad del Estado encubiertas como actividades de desarrollo económico en base a las teorías clásicas de la “guerra de baja intensidad”) se desprendió el Servicio de Desarrollo Productivo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), que bajo tuición de Ministerio de Desarrollo Productivo administra actualmente las “empresas estratégicas” creadas por Quintana en el 2007. La UPRE continúa operando en dicho Ministerio “direccionando” —según los criterios personales, políticos y electorales de Quintana— recursos del programa Evo Cumple que es financiado con fondos venezolanos. Desde el año 2011, esta unidad “técnica y económica” del Ministerio de la Presidencia tiene las manos libres para realizar contrataciones directas, sin necesidad de licitación alguna (aun cuando los montos en juego sean mayores a Bs 20.000), que es exactamente lo que Peinado ya hizo desde su Viceministerio en el 2007 favoreciendo a D’Andréa al margen de toda licitación.
Las fábricas Papelbol y Cartonbol nacieron el año 2007 amarradas a D’Andréa Agrimport que —de manera idéntica a la quebrada VASP en los tiempos de Sánchez de Lozada— llegó a Bolivia para obtener ganancias ilícitas buscando salir de su bancarrota; y también tenía entre sus gestores más activos y convincentes a Andrés Guzmán Heredia, estrecho colaborador del ministro Quintana además de miembro connotado de la Cámara Boliviano Brasileña de Comercio.

sábado, 25 de octubre de 2014