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viernes, 31 de julio de 2015

Ocampo admite que el Cap. Andrade era un infiltrado

El testigo de la Fiscalía, Miguel Rolando Ocampo, dejó perplejas a las partes, cuando reveló que el capitán Wálter Andrade era infiltrado por el Gobierno en el grupo del extinto Eduardo Rózsa.

Tal situación en su momento fue revelada por el ahora sentenciado Ignacio Villa Vargas, conocido como "El Viejo".

La confesión de Ocampo ha desatado cuestionamientos de abogados defensores porque según las leyes, la figura de infiltrado solo está permitida en la investigación de casos de narcotráfico.

"Al no existir la figura de agente encubierto en casos de supuesto terrorismo y alzamiento armado, esto significa que Andrade formaba parte del grupo de Rózsa y éste, era un agente provocador del Gobierno", afirmó el abogado Gary Prado Araúz.

Andrade fue acusado por "El Viejo" de ser incluso el responsable de instalar la bomba en la casa del cardenal Julio Terrazas en abril del 2009.

Además sindicó a Andrade y otros efectivos policiales, de sembrar pruebas en el hotel Las Américas el 16 de abril de ese año, en el que los policías ajusticiaron a Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Martin Michael Dwyer.

Abogado pidió sancionar a un fiscal. Por otro lado, el abogado Otto Ritter, defensor del Gral. Gary Prado Salmón, pidió al presidente del Tribunal, Sixto Justo Fernández, sancionar a los mentirosos.

Esto ante las acusaciones del fiscal Sergio Céspedes contra su persona de ser mentiroso y de utilizar la deslealtad procesal, al omitir supuestamente unos renglones de una declaración anterior de Ocampo. Ritter instó a que se revisen actas para determinar en qué momento faltó a la verdad para que pueda ser sancionado, caso contrario, instó al juez que sancione al representante del Ministerio Público. Fernández pidió calmar los ánimos de ambas partes para llevar adelante el proceso dentro de los marcos legales del respeto profesional.

Además, instó al secretario del Tribunal Primero de Sentencia entregar copias de las actas oficiales de la declaración del testigo, para evitar el uso de documentos extraoficiales para evitar susceptibilidades.

miércoles, 29 de julio de 2015

Declararán otros 20 por el Fondo Indígena



Javier Flores, fiscal que investiga el caso “fondos en avance” del Fondo Indígena, anunció que después de la próxima semana declararán ante el Ministerio Público al menos 20 exfuncionarios de la institución.

Este proceso está al margen de los 153 proyectos no ejecutados del Fondo Indígena que causaron un daño económico al Estado de al menos Bs 71 millones, hecho que es investigado por la Fiscalía de La Paz.

“Alrededor de 20 personas son las que faltan declarar en el caso por fondos en avance, aunque primero se evalúa la documentación que se recibió en el proceso. El investigador entregará un informe en la próxima semana junto a las estrategias de investigación”, informó Flores a este diario.

Detalló que los que declararán son implicados directa o indirectamente en el proceso, ya que son exfuncionarios de la institución y sabían de los desembolsos que se realizaron de forma irregular.

El fiscal recordó que en este proceso ya emitieron su declaración informativa cuatro personas, de las que dos fueron enviadas a la cárcel de San Pedro de La Paz con detención preventiva; son los exdirectores administrativos del Fondo Indígena Félix Mamani y Édgar Foronda, acusados por los delitos de peculado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Habrían retirado cerca de Bs 1 millón.

Miguel Ocampo compró su vehículo a Marcelo Soza

En una seguidilla de preguntas interpuesta por el abogado Otto Ritter, defensor del general Gary Prado, al testigo del Ministerio Público, el mayor Miguel Rolando Ocampo, este hizo una revelación hasta ayer desconocida.

El declarante admitió la compra de un vehículo al exfiscal Marcelo Soza cuando era el policía asignado al caso Rózsa en el 2010.

Con estas declaraciones Ocampo demuestra que tuvo una relación comercial con el director de la investigación del caso, en la que años después el mismo Soza, en su carta enviada a Bolivia desde su refugio en Brasil, sostuvo que todo fue un montaje con fines políticos.

Sin embargo, el testigo de la Fiscalía negó algún grado de amistad con el polémico exrepresentante del Ministerio Público y principal acusador de 39 personas.

Recibe del Ministerio de Gobierno. Siguiendo con el interrogatorio, el jurista defensor del general Prado Salmón le preguntó a Ocampo si volvió al servicio activo de la Policía, ya que estaba con licencia, según su declaración en marzo pasado. Al recibir respuesta afirmativa del policía, el abogado Ritter le consultó si su salario es pagado por el Ministerio de Gobierno. La Fiscalía evitó con una objeción la respuesta, pero cabe recordar que la Policía está bajo tuición de dicho ministerio. La aseveración de Ocampo es contradictoria, ya que al inicio de la jornada sostuvo que no tenía ninguna relación con esa cartera gubernamental, menos con el Ministerio Público.

Ocampo no especificó el destino otorgado por la institución verde olivo para el desarrollo de sus funciones. Las respuestas fueron sacadas por la defensa con habilidad, a pesar de las múltiples objeciones de la comisión de fiscales y del Ministerio de Gobierno.

Atraso del testigo. En la jornada matinal, las partes tuvieron que esperar por un lapso de unos 15 minutos por el retraso del testigo de cargo. Una vez iniciada y antes de que le toque el turno a la defensa del Gral. Gary Prado Salmón, el acusado Ronald "Chichi" Castedo pidió defensa material y observó las contradicciones del policía en el tiempo de su declaración. Además de calificar el tiempo que le tocó investigar a Ocampo "como los cinco meses más sucios, porque se acusó a gente inocente", increpó.

El Alto Funcionario edil desmanteló equipo de computación

La subalcaldesa del Distrito 5, Roxana Quispe, denunció que uno de los equipos de computación de su oficina fue desmantelado por un funcionario de ese despacho, lo que perjudicó de gran manera la labor que se desarrolla en este recinto municipal.

Asimismo, aclaró que el hecho registrado la pasada semana ocasionó la pérdida de información valiosa sobre obras que se deberían desarrollar en este sector.

Según las declaraciones de Quispe, se trata de un funcionario de esa repartición que anteriormente ocupaba el cargo de coordinador del anterior Subalcalde

El autor del hecho, de acuerdo con la autoridad, tomó venganza tras ser desplazado de su cargo como coordinador al de ayudante de electrónica y se presume que esto fue motivo para que este ciudadano hubiera cometido esta falta.

Una vez que las autoridades descubrieron que se desmanteló la computadora, el joven, presunto autor del hecho, se habría presentado a denunciar el hecho ante diferentes medios de comunicación y a oficinas de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc) “sintiéndose víctima de acusaciones y calumnias, indicando que su persona no había cometido el ilícito”, informó la Comuna.

“Hemos tomado en cuenta esta reacción del joven, pero las investigaciones nos darán la razón, simplemente hay que esperar y no tomar en cuenta victimizaciones que no son el camino que permitan esclarecer el hecho”, aseveró la autoridad municipal.

Por otra parte, la funcionaria denunció que muchos sellos de seguridad de computadoras están violentados. “Creemos que esta computadora tenía información muy importante y ya no está la tarjeta madre, disco duro, memoria RAM y microprocesador”, agregó Quispe.

A la fecha, esperan respuesta de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Carmen, entidad que se encuentra en plena investigación y que anunció que en los próximos días se conocerá al autor o autores del hecho. Por su parte, la subalcaldes, a través de su departamento jurídico, ya presentó querella de acusación contra el funcionario.

Critican retardación de justicia a favor de Patana

La velocidad con la que actúan para detener a periodistas y personas humildes y la demora en el proceso de investigación en contra del exalcalde de El Alto, Édgar Patana, causan asombro al diputado por Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, que ayer intentaba coadyuvar al investigador de la Policía para notificar en su domicilio a Patana, por el temor de que se quiera encubrir el hecho.

“Lo que veo es que no se mide con la misma vara, por ejemplo, a Carmelo Lens (exgobernador de Beni) un proceso y ya está en la cárcel, hermanos que estaban marchando, hacen reventar dinamita y ya están en la cárcel, ahora con medidas sustitutivas. Sin embargo, a Édgar Patana, el Ministerio de Transparencia le ha abierto como 20 procesos, tres procesos con Eduardo León, dos procesos por movilidades y sin embargo no avanza”, declaró el diputado Quispe, ayer en puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El legislador se hizo presente en esas dependencias para verificar si el investigador procedió a notificar a la aexautoridad edil alteña, en su domicilio, en el proceso para investigar a los responsables del desmantelamiento de 24 vehículos que le fueron entregados.

Los motorizados a los que hace referencia el diputado de UD, serián las que se le dotó al municipio alteño desde la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) de Oruro y según informó el legislador se encuentran desmanteladas.

Quispe criticó la postura del Ministerio Público, que a pesar de haber comprobado el estado de los vehículos, retarda el procesamiento de la exautoridad del Movimiento Al Social (MAS).

“Hay un grado de protección” asegura el diputado que ha contabilizado que Patana cuenta con cerca de 20 denuncias en el Ministerio de Transparencia, otras tres denuncias por irregularidades en la adjudicación de obras a tres empresas. Rafael Quispe se constituye en parte denunciante por la desaparición de 33 vehículos y el desmantelamiento de otros 24.

En contrapartida, según la ANF, el exalcalde de la ciudad de El Alto negó que durante su gestión se hubieran entregado irregularmente los motorizados a dirigentes sociales, aseguró que fueron guardados en la Alcaldía y que todos están en el mismo estado en el que fueron recibidos. Patana es acusado por el abogado Eduardo León de haber entregado 24 vehículos a distintas organizaciones sociales en su gestión y que ahora están en calidad de chatarra.

En 2013 es decir dos años después de la recepción de los vehículos, la Alcaldía firmó un convenio con Dircabi para poder utilizarlos hasta 2016 con el compromiso de mantenerlos en el mismo estado que los recibieron. La exautoridad manifestó que del total de vehículos sólo se utilizaron cinco y que antes de hacerlo se les sacó fotografías y un video para evidenciar cómo llegaron; además, cada motorizado tiene un informe detallado de la placa y el estado en el que se encuentra y cómo fueron utilizados.

martes, 28 de julio de 2015

Video La Fiscalía rechaza una denuncia de corrupción contra Édgar Patana

Patana niega entrega de vehículos a dirigentes sociales

El exalcalde de la ciudad de El Alto, Édgar Patana, negó hoy que durante su gestión se hubieran entregado irregularmente 24 vehículos a dirigentes sociales, aseguró que fueron guardados en la Alcaldía y que todos están en el mismo estado en el que fueron recibidos.

Patana es acusado por el abogado Eduardo León de haber entregado 24 vehículos a distintas organizaciones sociales en su gestión y que ahora están en estado de chatarra.

En 2013, es decir dos años después de la recepción de los vehículos, la Alcaldía firmó un convenio con Dircabi para poder utilizarlos hasta 2016 con el compromiso de mantenerlos en el mismo estado que los recibieron.

La exautoridad manifestó que de los 24 vehículos sólo se utilizaron cinco y que antes de hacerlo se les sacó fotografías y un video para evidenciar cómo llegaron; además, cada motorizado tiene un informe detallado de la placa y el estado en el que se encuentra y cómo fueron usados.

Agregó que hubo un intento de robo de los vehículos, pero que fue desbaratado.

"Ninguno de estos vehículos se entregó a dirigentes sociales, como dice la acusación, cada vehículo tiene el registro correspondiente", aclaró Patana.

Existe contra Patana una segunda denuncia, esta vez por la desaparición de 33 vehículos de la Alcaldía. El exfuncionario señaló que en su gestión se detectó esa ausencia, pero que desaparecieron en gestiones anteriores a la suya.

La semana pasada, Patana fue citado dentro del proceso de investigación de un video que muestra que, cuando era dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), recibió un paquete del exalcalde Fanor Nava. Se presume que ese paquete contenía un soborno.

Sin embargo, una vez que terminó su declaración, fue aprehendido por otro caso, una demanda por pagos no realizados a una AFP que deberían haber beneficiado a una funcionaria. El monto adeuda era, aparentemente, de solo 405 bolivianos.

Entrevistado por un canal de TV, afirmó que existe un informe que sí pagó este monto y que en todo caso, si es que no existe el registro, la responsabilidad ya era del alcalde interino de El Alto, Zacarías Maquera, que ocupó el cargo después de él.

Patana fue aprehendido el viernes 24 de julio y enviado a la carceleta de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, pero el sábado salió con medidas sustitutivas y debe presentarse al Ministerio Público una vez a la semana.