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viernes, 29 de abril de 2016

Detienen en Santa Cruz a Alejandro Delius por el caso Zapata

El cantante Alejandro Delius fue aprehendido este viernes por la tarde en Santa Cruz por personal de Inteligencia de la Policía Boliviana. Según reportes extraoficiales, el artista fue detenido en el domicilio de un familiar ubicado en el centro de Santa Cruz. Delius había sido citado a declarar por el caso Gabriela Zapata. Se conoce que Delius será trasladado a La Paz. En imágenes que se viralizaron en las redes sociales, Delius apareció en un lugar público de La Paz junto a Zapata, días después de que estalló el escándalo de supuesto tráfico de influencias. Entonces Delius mostró su molestia contra los reporteros que filmaban el momento en que abordaba junto a Zapata una lujosa vagoneta.

Fiscal se falta al juicio del caso Rózsa



Sergio Céspedes, fiscal que encabeza la investigación del caso Rózsa, no asiste desde el lunes a las audiencias del juicio, que se inició en 2009 contra 39 personas acusadas de terrorismo, algo que ha sorprendido a los procesados dado que, precisamente, en esta semana uno de los policías investigadores está prestando sus declaraciones como testigo de la Fiscalía.

Frente a versiones extraoficiales sobre la ausencia —que van desde que Céspedes está de vacaciones hasta la sospecha de que hubiera sido removido del caso— ni sus colegas Marco Antonio Rodríguez y Óscar Vera, fiscales de la comisión de este caso, ni la Fiscalía General explicaron del porqué de la ausencia de Céspedes.

El fiscal Rodríguez aseguró que desconocía los motivos de la inasistencia de su colega. Dijo que correspondía a la Fiscalía General del Estado o al propio Sergio Céspedes dar una explicación.
EL DEBER solicitó información al despacho del fiscal general, Ramiro Guerrero, a través de dos de sus colaboradores, pero no hubo respuesta.

Las reacciones
“Se ha hecho extrañar el fiscal Céspedes, se nota que no está porque no se oye a la persona que destila odio y con la que me acostumbré a pelear”, dijo con ironía el abogado Otto Ritter, defensor de Juan Carlos Guedes, exdirigente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) enjuiciado por sus contactos con el fallecido Eduardo Rózsa.

“No sabemos nada”, manifestó al respecto Gary Prado, abogado de varios de los acusados.

La Unión Juvenil Cruceñista
En la audiencia, el coronel de la Policía Julio Larrea, investigador del caso Rózsa, fue interrogado por Ritter sobre el atentado en la casa del cardenal Julio Terrazas y sobre sus conocimientos de la UJC. Rodríguez objetó varias preguntas de Ritter, indicando que incurrió en muchos errores de forma en las preguntas

Aramayo retorna a La Paz tras suspensión de audiencia



Marco Antonio Aramayo, exdirector del ex Fondo de Desarrollo Indígena, Originario y Campesino (Fondioc), retorna al penal de San Pedro de La Paz, luego de que la jueza 3ª de Instrucción en lo Penal Cautelar de Trinidad, Yensy Rojas, suspendió la audiencia en la capital beniana.

Aramayo, acusado en el caso denominado Fondioc, fue trasladado del penal de San Pedro a Trinidad durante la madrugada del miércoles, en medio de un operativo ilegal, sin notificación previa y en un horario inadecuado, según denunció su abogado, Héctor Castellón. Sin embargo, el jefe de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, Jorge López, rechazó esa sindicación, pues explicó que se dio cumplimiento a un exhorto suplicatorio y que hubo contratiempos con los automóviles asignados para el viaje.

Castellón afirmó que durante la audiencia de ayer, Rojas certificó que no hubo notificación al acusado ni a su persona. En este caso, indicó que para el traslado ilegal pudo haber errores en la parte acusadora del proceso o en instancias judiciales paceñas. Por esta causa, anunció que interpondrá las denuncias respectivas para que se sancione por esta irregularidad.

Acusación. En este juicio, en el que también están implicadas otras personas, Aramayo es acusado de cometer los delitos de incumplimiento de deberes, incumplimiento de contrato y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Aramayo está detenido preventivamente en el penal de San Pedro por el caso Fondioc, proceso que fue abierto en febrero de 2015, cuando la Contraloría General del Estado descubrió que 153 obras financiadas por esa repartición estatal no habían sido ejecutadas, aspecto que causó un daño económico al Tesoro General de la Nación (TGN) de unos Bs 71 millones.

Tras conocerse esa irregularidad, el Gobierno intervino el Fondioc por seis meses, tiempo en el que detectó 30 “obras fantasma” valuadas en Bs 14 millones, cifra que podría llegar a los Bs 102 millones, debido a que aún faltan inspeccionar otros trabajos que también fueron financiados.

Castellón informó que Rojas convocó a otra audiencia por este caso para el próximo viernes, pero a realizarse en la ciudad de La Paz. Desde el año pasado, Aramayo expresó su temor de que lo lleven a otra cárcel y de que atenten contra su vida. Según las previsiones del viaje, Aramayo llegará a La Paz mañana, ya que el recorrido desde Trinidad lo volverán a hacer por vía terrestre.

“Cumplimos con todo el procedimiento para efectuar el traslado (de reos). El asunto es que, a veces, la cuestión operativa del vehículo lo ve el encargado de transporte, para que se puedan dar las movilidades correspondientes; seguro que en esto hubo un atraso”, indicó López al referirse a la hora en que fue trasladado Aramayo a la capital de Beni.

Además, el Director de Régimen Penitenciario deslindó responsabilidad en el transporte del procesado, debido a que esa labor está a cargo de otro personal de su despacho. “Yo nunca no veo quién es la persona que es trasladada”, agregó y aseguró que él ordena que se dé cumplimiento a los requerimientos judiciales.

Proceso paralizado

La Paz

El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó que la investigación del caso Fondioc está paralizada en esta región, al igual que otros casos importantes, por la pesquisa al consorcio ilegal de jueces y abogados.

Choque asegura ser perseguida política del Ministro de la Presidencia


cristina choque dijo ser utilizada como chivo espiatorio.

La jefa de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS), del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, aseguró que Juan Quintana la utilizó y se declaró perseguida política del ministro Ramón Quintana.

“Él me ha utilizado, yo soy un chivo expiatorio, soy una perseguida política por parte de él (Quintana)”, declaró Choque ayer a su salida de una audiencia en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), a la cual fue trasladada junto a la expareja del Presidente, Gabriela Zapata, y el responsable de almacenes de la UAGS, Jimmy Morales.

En la audiencia debía abrirse los sobres que contienen documentación secuestra en la UAGS y la casa de Zapata.

Entre las evidencias están los libros originales del registro de ingresos a la UAGS, en los que se presume figuran los nombres de funcionarios del Movimiento Al Socialismo MAS, autoridades, empresarios que se reunían con Gabriela Zapata o, como ella ha dado a entender, con el ministro Quintana.

“Él conocía mi oficina, él se reunía incluso en Gestión Social. Él es la máxima autoridad, yo dependo de él, el fiscal debería tomar todas las medidas necesarias con respecto a este caso”, declaró ayer Choque, entre los forcejeos de los custodios que impidieron que hable con la prensa.

La dirigente de las juventudes del MAS, vecina de Evo Morales en el Chapare, está recluida preventivamente en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF), sindicada de uso indebido de bienes del Estado y favorecimiento al enriquecimiento a particulares.

Por su lado, el ministro Quintana aún sostiene no conocer a la expareja del Presidente, quien señala que él es “el responsable de las decisiones más importantes” de su vida en los últimos años y ha dado a conocer una serie de mensajes de tono íntimo por los cuales se ha solicitado pericias, pero el ministro ha entregado otro aparato celular, acción que es calificada de “inverosímil y mañosa”, por parte de la oposición.

Respecto de Choque, aún está pendiente una recusación que se ha presentado en contra de Quintana, para rechazar la destitución a su cargo en la UAGS, por su calidad de madre que brinda lactancia.

Exdirectora del Fondioc evita detención por un nuevo juicio en Potosí

La exdirectora del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), Elvira Paula Parra de Chuquimia, evitó la imputación por un presunto manejo irregular de recursos fiscales en el proyecto de “Carpas solares” en Tupiza y su detención en este proceso en la audiencia desarrollada en el Juzgado de Instrucción Penal 5to en la Villa Imperial.

La exejecutiva del Fondioc llegó al Palacio de Justicia a las 15:35, a la audiencia convocada por la jueza Gladys Romero. Tenía custodia policial, estaba enmanillada y acompañada de su abogado.

La audiencia de imputación y consideración de medidas cautelares comenzó a las 15:45 resolviendo que la abogada, Patricia Virginia Soto, no estaba legalmente habilitada como representante de la liquidadora del Fondioc, Lariza Veruska Fuentes.

El fiscal Daniel Ticona, en su condición de fiscal anticorrupción, informó que el proceso se planeó por la liquidación del Fondioc por incumplimiento de deberes, daño económico al estado y otros por el proyecto de construcción de “carpas solares” en el municipio de Tupiza.

El proyecto nunca se habría concretado pese a existir desembolso de recursos económicos, lo cual generó un daño al Estado por que la denuncia se extendió a la dirigente campesina Dionisia Yucra y los técnicos Pastor Miranda Yucra y Pablo Quispe Cruz.

Los dos últimos no se presentaron a la audiencia pese a estar legalmente notificados ante lo cual el Ministerio Público solicitó la declaratoria de la rebeldía, el arraigo, la publicación de sus datos y señas y la emisión del mandamiento de apremio.

La abogada de Defensa Pública, Ana María Chávez, dijo que Pastor Miranda y Pablo Quispe son de Tupiza, región en la que existía paro y bloqueo de caminos lo cual habría imposibilitado su presentación.

La jueza suspendió la audiencia para el martes 17 de mayo a las 15:00 dando por notificadas a las partes que estaban presentes.

Es un proceso por proyecto de carpas solares

Elvira Paula Parra de Chuquimia, Dionisia Yucra, Pastor Miranda Yucra y Pablo Quispe Cruz son investigados por la presunta comisión de delitos de daño económico al Estado y otros.

Están implicados en el proyecto de "Construcción de carpas solares en el municipio de Tupiza" del Departamento de Potosí.

Cuando Elvira Parra era la directora del Fondioc (2012) se dio el adelanto de 800 mil Bolivianos, pero ella dejó el cargo y no sabe cómo marchó el proyecto productivo.

Ella está detenida en la cárcel de Obrajes, de La Paz, pese a lo cual el fiscal encargado iba a solicitar su detención preventiva y la de los otros implicados para garantizar su presencia.

Zapata afirma que Quintana le pidió que salga del país


Gabriela zapata calificó de burlas las declaraciones del ministro carlos romero.

La expareja del presidente Evo Morales calificó de “burda” la versión del ministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre su supuesta fuga al Brasil y aseguró que, al contrario, luego de que se dio a conocer la relación que mantenía con Morales, Quintana le pidió que salga del país y ella se negó.

“El servicio de Inteligencia debería de informarle al Ministro de Gobierno que cuando el Ministro de la Presidencia me ha pedido que abandone el país, no lo he hecho. Si yo hubiera tenido intenciones de fugarme, como se dice, lo hubiera hecho”, fue la declaración de Zapata, ayer.

Al ser consultada sobre las declaraciones del ministro Romero, sobre una posible coordinación con el exsenador Roger Pinto, para esta fuga, Zapata señaló “esas son mentiras burdas”, que, afirmó, buscan desprestigiarla.

ERROR EN

NOTIFICACIÓN

Zapata ha sido traslada ayer, junto a la jefa de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS), del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque y el almacenero de esta institución, Jimmy Morales, al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para que asistan a la apertura de sobres de documentos y equipos de computación, secuestrados en la vivienda de la exnovia del Presidente y de las oficinas de Gestión Social. Sin embargo, la audiencia fue suspendida por la juez Primero Anticorrupción, Cinthia Delgadillo.

La juez explicó que la audiencia se suspendió por la inasistencia de los abogados de Zapata, hasta el próximo cuatro de mayo.

Empero, la decisión fue censurada por Williams Sánchez, quien, mostrando el encabezado del documento, detalló que la notificación para ambos abogados se la hizo para que asistan al Juzgado Segundo Anticorrupción, a cargo de otra juez, y que a eso se debió su retraso.

Por otro lado, se corroboró que las notificaciones para el chofer Morales y Choque se emitieron señalando su trasladado al IDIF.

En la jornada previa se dio a conocer una carta que Zapata le dirigió al presidente Morales hace un mes, donde reitera que quien debe ser investigado es el Ministro de la Presidencia, e insiste que este le miente a él y al país, según confirmó el abogado Eduardo León. La misiva fue entregada al apoderado del presidente, Gastón Velásquez, y también se le pidió tener una reunión con él, la cual, al parecer, no ha sido aceptada.

QUINTANA

Zapata denunció que Quintana le pidió abandonar el país con destino a Brasil, después de que salió a la luz la denuncia del presentador de televisión Carlos Valverde. A esta acusación se sumó Cristina Choque, exjefa de la Unidad de Apoyo y Gestión Social, que afirmó que Quintana sostuvo varias reuniones en dependencias de la oficina que administraba.

En febrero, Valverde denunció que Zapata, aprovechando su relación con el Primer Mandatario, benefició con contratos millonarios a la Empresa China CAMC y para este cometido utilizó ambientes del Ministerio de la Presidencia. El ministro Quintana interpuso una querella penal en contra de Zapata, Choque y el chofer Morales, por el delito de uso inadecuado de bienes del Estado.

jueves, 28 de abril de 2016

Choque: 'Quintana disponía del destino de las mercaderías donadas por la Aduana'

La exjefa de la Unidad de Apoyo y Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, declaró que el ministro de esa cartera de Estado, Juan Ramón Quintana, disponía de las mercaderías que llegaban a esa repartición producto de los decomisos de la Aduana Nacional.

En marzo, unas fotografías fueron publicadas por el senador Arturo Murillo, donde se observa a la exgerenta comercial de la empresa china CAMC, Gabriela Zapata, junto a la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, y supuestamente junto a Cristina Choque. Quintana en declaración ante el fiscal dijo que Choque presuntamente favoreció a Zapata con mercancías entregadas por la Aduana y con objetos de donación de unidades solidarias.

Al respecto, Choque señaló en su declaración informativa, al que accedió ANF, que "él (ministro) dice que yo he hecho mal manejo respecto a las mercaderías de la Aduana Nacional de la Ley N° 615, el ministro Quintana firma los convenios con las Fuerzas Armadas para que se nos presten ambientes como almacenes, también el ministro disponía el destino de éstas mercaderías".

La exjefa de Gestión Social dijo que existen leyes de transferencia de mercaderías de la Aduana Nacional al Ministerio de la Presidencia.

Según la normativa, la distribución de las donaciones provenientes de la Aduana es potestad de la máxima autoridad del Ministerio de la Presidencia.

Afirmó que en ningún momento favoreció a Zapata con bienes o con contratos porque el cargo que desempeñaba no tenía las facultades para tomar ese tipo de disposiciones, que son competencia exclusiva de la autoridad de la Presidencia.

Choque argumentó que gracias al buen trabajo que desarrolló en Gestión Social fue ratificada tanto por el ministro Carlos Romero como por Quintana.