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lunes, 25 de mayo de 2015

Melgar se declara preso político

El preso boliviano Alejandro Melgar, detenido en 2012 en Uruguay, acusado en Bolivia de complicidad al financiar en 2009 a supuestos terroristas en un plan subversivo, se definió como "secuestrado" y "perseguido político", según publicó un medio de ese país.

En una entrevista concedida al diario El País, que refleja la agencia EFE, en el interior de la Cárcel Central de Montevideo, Melgar dijo sentirse "secuestrado" por el sistema judicial uruguayo y ser un "perseguido político" de Bolivia.

sábado, 23 de mayo de 2015

Caso YPFB Condenan a dos años de cárcel a Érika Rojas

La justicia dictó ayer la primera sentencia en el caso de corrupción en el área de comunicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contra Érika Rojas, dueña de la empresa Colibrí, a quien condenó a dos años de cárcel.

El fiscal Róger Velásquez informó que el Juzgado Primero Anticorrupción de La Paz llevó el juicio abreviado al que se acogió Rojas, tras haberse declarado culpable y dictó la sentencia.

"Se declaró probada y procedente el procedimiento abreviado, condenándola a una pena de dos años de privación de libertad", dijo.

Según el cuaderno de investigación, Rojas como propietaria de la empresa Colibrí tuvo contacto "irregular" con la encargada de comunicación de transportes, Alba Chirinos.

Suman los procesos abreviados Primera sentencia del caso YPFB

Dentro el caso de la supuesta red de corrupción, al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se dictó ayer la primera sentencia, mediante utilización del proceso abreviado, por el cual Erika Rojas, propietaria de la empresa Colibrí, recibió dos años de prisión. Abogados de otros dos implicados critican la manipulación que el Ministerio Público hace de este tipo alternativas jurídicas.

El Tribunal Especial Anticorrupción de La Paz, presidido por Cithia Delgadillo, emitió la primera sentencia en el presunto caso de corrupción en YPFB, dentro del cual, Erika Rojas, aceptó una supuesta relación de hechos en la que admitió la entrega de 22 mil dólares a la funcionaria estatal, Alba Chirinos, para beneficiarse de contratos publicitarios.

Rojas tendría que cumplir su sentencia al interior del Centro de Orientación Femenina de Obrajes, sin embargo, su defensa ya presentó el pedido de perdón judicial por el cual, en los próximos días recobraría su libertad.

Según el investigador, el dinero fue depositado a la cuenta de Marco Arguedas, quien efectuó el movimiento de dinero, por medio de intermediarios; para que el pago llegue a manos de Chirinos y en base a esta sentencia, la Fiscalía analiza ampliar las investigaciones a otros funcionarios de YPFB.

El fiscal explicó que, dentro el proceso judicial, se investiga a los representantes de las empresas Omnimedia, Structura, Colibrí Agencia Publicitaria, Bravo y Bell Comunicaciones, que presuntamente formaron parte del clan familiar que se benefició de contratos sin licitación.

La relación de conjeturas manejada por el Ministerio Público señala que un grupo de funcionarios creó cuatro empresas con el propósito de adjudicarse contratos con la estatal petrolera para organizar eventos, en uno de los últimos se firmó un contrato por más de medio millón de dólares.

Rojas, en sus declaraciones del 15 de diciembre, del año pasado, dentro de una audiencia de medidas cautelares, reveló que “siempre” debía pagar coimas para adjudicarse contratos con la estatal petrolera. Relató que la jefe de comunicación de YPFB Transporte, Alba Chirinos, excompañera de colegio, le invitó a trabajar con la estatal petrolera.

“Ella me dijo que trabajemos, que las cosas se hacían así, que tenía que dar un adelanto por el trabajo que me concedan, me dijo que tenía que depositar a una cuenta registrada de Marco Arguedas. Esos pagos me lo pedían por adelantado antes que el trabajo salga y no solamente me lo exigía ella, me lo exigían otras personas más”, sostuvo en esa oportunidad.

Por su lado, los abogados de otros implicados pidieron aún no brindar declaraciones sobre la sentencia. Sin embargo, recordaron que la forma de manejar el concepto de los procesos abreviados, por parte de los fiscales, dejan serias dudas y al momento estarían siendo usados para inculpar a personas inocentes, contra los cuales no se tiene prueba.

viernes, 22 de mayo de 2015

Investigación de 150 proyectos del Fondo pasa a la interventora

El contralor general del Estado, Gabriel Herbas, derivó la investigación de 150 proyectos del Fondo Indígena a la interventora Larisa Fuentes, para que verifique si éstos se ejecutaron o se trata de proyectos "fantasmas”.
"Los 150 proyectos que debían evaluarse se pasaron a la interventora del Fondo Indígena para que pueda hacer una valoración e informe sobre los proyectos a la Contraloría en un determinado tiempo”, informó Herbas, quien aclaró que la interventora, una vez concluya su trabajo, debe enviar a la Contraloría toda la documentación de los proyectos para su valoración final.
Antes de la intervención del Fondo Indígena, la Contraloría aún investigaba el estado de 269 proyectos del Fondo Indígena.
El 12 de febrero y tras una primera fase de auditoría, Herbas detectó un daño económico de 71 millones de bolivianos por 153 proyectos inconclusos o no ejecutados que fueron financiados por el Fondo Indígena.
El caso fue derivado al Ministerio Público para la investigación de estas irregularidades.
En esa oportunidad, Herbas informó que parte de la auditoría también reveló que hay otros 100 proyectos que recibieron 74,6 millones de bolivianos del Fondo y que no cerraron de manera formal, por lo que no se tiene constancia de su ejecución.
Además, la auditoría estableció que unos 169 proyectos no cuentan con el "cierre” correspondiente, pero recibieron el 100% del financiamiento de más de 132 millones de bolivianos.

El presidente de la comisión de Naciones y Pueblos Indígenas de Senado, Óscar Ortiz, calificó de irresponsable la acción del Contralor de remitir a la interventora los proyectos del Fondo para que determine si se ejecutaron o no.
"No entiendo por qué el Contralor, habiendo tomado conocimiento público, no está auditando los proyectos. El Contralor debiera estar ampliando la investigación en vez de entregar toda la información a la interventora”, dijo Ortiz, quien opina que el Gobierno pretende liberar de culpa a las autoridades superiores, entre ellas a la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo.

El dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Celso Padilla, dijo que los resultados que presente la interventora del Fondo "no serán confiables” y que la meta es mostrar a los dirigentes como los principales corruptos. "Los culpables tienen que ir a la cárcel, empezando por la ministra Achacollo, porque ella es la presidenta del Fondo”.

El Fondo Indígena

Recursos El Fondo Indígena recibe el 5% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos para la ejecución de proyectos en el área rural.
Dirección La presidenta del directorio del Fondo Indígena es la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo. Además, está conformado por la CIDOB, "Bartolinas”, CSUTCB, APG, Interculturales, Conamaq, CEP ES y CPEMB.

En Fiscalía tramitan seis procesos contra Patana

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que de acuerdo con un informe obtenido confirmó que el exalcalde de El Alto, Édgar Patana, tiene seis proceso que están siendo tramitados y que en uno de ellos, caso Terra Forte, el fiscal asignado al caso le solicitó 10 días para dar a conocer el requerimiento que corresponda.

De esa manera aclaró la información que diera a conocer la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, en sentido de que la exautoridad edil tenía una treintena de denuncias en su contra por el presunto delito de corrupción.

“Hay seis casos, no son el número que indican. Se han realizado varios actos investigativos”, dijo además de informar que no se descarta la posibilidad de que todos los casos se acumulen en un solo proceso, dependiendo la relación que tengan y que el Ministerio Público investiga.

En los últimos días se conoció otra denuncia contra la exautoridad edil, además del caso Terra Forte (incumplimiento de contrato), el caso denunciado por el Centro de Investigaciones Americana (relacionado a presunta extorsión) se suma la denuncia por la presunta desaparición de 33 vehículos pertenecientes a ese municipio. En todos los casos la denuncia fue realizada por el abogado Eduardo León.

Por su parte, Édgar Patana salió al frente de las acusaciones y arremetió contra León señalando que este profesional no tiene moral para hablar de su gestión, debido a que fue parte de procesos irregulares con gente que escapó del país, haciendo referencia al exalcalde José Luis Paredes.

Asimismo, desmintió que sea parte de la desaparición de 33 movilidades del municipio alteño, más bien informó que su gestión fue la encargada de revalorizar esos vehículos, desde la creación del municipio alteño hasta la gestión 2013.

“Tengo conocimiento de tres (denuncias), las tres voy a asumir y estoy seguro que en la instancia correspondiente estoy demostrando que cada uno de ellos son infundados”, afirmó.

jueves, 21 de mayo de 2015

Patana admite desaparición de vehículos en su gestión edil

El exalcalde de El Alto Édgar Patana admitió que hay vehículos del gobierno municipal que están desaparecidos, pero aclaró que los responsables son los funcionarios encargados de los mismos y que ordenó hacer los procesos.
"Como señala el informe que nos han dado, hay vehículos de todo tipo: desde motos, maquinaria pesada, vagonetas, vehículos livianos, que no se sabe dónde están”, dijo.
Patana aclaró que ordenó realizar un proceso de revalorización del parque automotor de la Alcaldía desde que su creación hasta 2013. Recibió el informe en agosto de 2014 en el que se daba cuenta de las desapariciones.
La exautoridad incluso dijo que también coches hay sobrantes que no están registrados.

miércoles, 20 de mayo de 2015