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lunes, 25 de julio de 2016

Achacollo sufre descompensación e ingresa a clínica de Santa Cruz

La exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, fue internada el lunes por una descompensación en su salud debido a una hipertensión, informó el director de la clínica Med, José Viveros.

"La señora Achacollo ingresó a la clínica Med a las 7:15 de la mañana y fue recibida por médicos de emergencia, que informan que ella llegó un poco descompensada. Tiene un antecedente de hipertensión arterial con una presión de 180-95 y una frecuencia cardiaca de 105, estaba presentando taquicardia provocado por un cuadro de ansiedad", explicó.

El galeno añadió que Achacollo fue atendida por un cardiólogo que determinó su internación por 48 horas.

La exministra fue objeto de electrocardiogramas y radiografías de tórax y se le compensó la hipertensión arterial con anti hipertensores, además de suministrarle sedantes para controlar su cuadro de ansiedad, agregó.

Con este cuadro, Achacollo se ve imposibilitada de viajar a La Paz para terminar de responder un cuestionario de la comisión de fiscales que investiga el caso del ex Fondo Indígena.

Prosol, convertido en un nido de corrupción



Ocho años después de su puesta en marcha, el programa Productivo Solidario Comunal, el archiconocido Prosol, sigue siendo paradójicamente el gran desconocido para la población tarijeña.

Desde que la Federación de Campesinos, con Luis Alfaro al frente, lo arrancara a punta de bloqueo a la Gobernación de Tarija de Mario Cossío, reglado todavía con una Ley Nacional, son más de 200 millones de dólares los que han sido transferidos desde las arcas públicas a las manos privadas, en este caso, las de los campesinos.
Si bien el proyecto inicial apostaba por el individuo – familia, con el tiempo se vio la necesidad de concentrar esfuerzos y la unidad central pasó a ser la comunidad, incluso vía reglamento se obligó a concentrar las iniciativas en planes quinquenales para lograr cambios a largo plazo. La apuesta del bono, tan neoliberal, se convertía así en un esfuerzo comunal, más “socialista”.
En el imaginario colectivo, el Prosol llega a las comunidades y se reparte en efectivo de forma que “cada campesino hace lo quiere con esa platita”. Esta idea no dista tanto de la jerga que utilizan los propios beneficiarios que hablan de “cobrar su Prosol” o castigar “sin Prosol” a comunarios rebeldes. Lo cierto es que eso ya no sucede, o no debería. Las comunidades plantean su proyecto a largo plazo y deciden el destino de los fondos. El mismo debe ser aprobado por unanimidad, de ahí que se haya retorcido el reglamento para permitir hasta dos o tres iniciativas por comunidad. En lo práctico: si una comunidad decide comprar un tractor, a cada comunario le corresponderá un total de horas de uso. Cuando se habla de “castigar sin Prosol” se hace referencia a no disponer esas horas y no a restar al comunario, ya que eso repercutiría en perjuicio de la propia comunidad.
El modelo parecería el ideal del patrón social – comunitario – productivo que proclama el ministro de Economía Luis Arce Catacora. También el ala más indigenista del Gobierno. La realidad contrastada la semana pasada es que el sistema ha alimentado un nido de padrinazgos y corrupción que esquilma el programa.

Los privilegios
De acuerdo a los datos del propio José Sánchez, director del Prosol, unas 80 empresas creadas en los últimos cinco años se pelean unos 200 millones de bolivianos, monto estimado del programa para este 2016. Todas ellas tienen sus oficinas alrededor de la oficina central del programa comunal en la zona del Mercado Campesino. Su misión es única y exclusivamente adjudicarse las “licitaciones” que, en un sistema semi rudimentario, las comunidades si publican a través de diferentes medios. Las empresas, en su mayoría exclusivamente intermediarias y conformadas a partir de ex funcionarios del propio Prosol u otras personas influyentes, se reparten las pujas de una forma más o menos amistosa.
Fuentes internas de las comunidades explican el secreto del éxito: Por un lado deben recabar avales para que la oficina del Prosol la considere “técnicamente” viable, por el otro debe entrar en comunicación con el Comité del Prosol de cada comunidad.
La pasada semana, la asambleísta Guadalupe Jurado anunciaba que había interpuesto una denuncia contra “Sureñita”, puesto que esta habría utilizado su nombre como recomendación. La denuncia es por difamación. La misma Sureñita fue denunciada por el propietario de la empresa Boreal Traiding por haberse quedado con la mayor parte de los recursos obtenidos por la comunidad de Guerrahuayco. Boreal Traiding si entregó el material, pero no lo cobró en su integridad.
Sureñita es una empresa, pero también el nombre propio de su alma mater, Sureñita Toconas Caihuara, ex técnico del Prosol durante la gestión de Carlos Villavicencio, en el interinato de Lino Condori. La joven, una vez conocido el mecanismo desde dentro, no dudó en lanzarse al estrellato.
Sureñita, en este caso y según la denuncia, habría sido contratada por el Comité del Prosol de la mencionada comunidad conformado por tres personas de controvertidos parentescos: Domingo Gareca, Miriam Jurado y Rubén Porco Aguilar.
Las personas elegidas por la Comunidad para conformar el Comité del Prosol se convierten en la autoridad de facto. Definen y deciden sobre el proyecto, aplican sanciones a quienes no cumplen con los reglamentos, hacen aprobar el proyecto en las oficinas del programa y sobre todo, licitan. En la denuncia de Boreal Traiding contra Sureñita se habla de hasta 50.000 bolivianos para cada miembro del Comité además de otros montos similares para el director del Prosol y la asambleísta que supuestamente ejerció el padrinazgo.

Utilidad, o no
Los más críticos del programa, entre los que se cuentan los actuales secretarios de Gobernación y Desarrollo Productivo, Luis Alfaro y Fernando Barrientos, consideran que ni siquiera el 50 por ciento de los recursos llegan a beneficiar a los campesinos, mientras que muchos funcionarios y ex autoridades han lucrado con el programa. Alfaro y Barrientos también son acusados de participar de esta suerte de intermediaciones.
Si los 5.000 beneficiarios, aproximadamente, que hay en Bermejo, hubieran considerado adquirir el ingenio azucarero de IABSA, ya haría años que lo hubieran hecho. Sin embargo, el programa fraccionado no ha permitido abordar grandes y necesarias obras que beneficiaran la producción y que en cada caso tiene que ver con la producción, la industrialización o la apertura de mercados.
Las represas construidas, como la de Calderas, El Molino o Huacata, apenas cuentan con sistemas de riego. Cada helada o granizada dispara los precios en el mercado de Tarija. Proyectos como los de cítricos están en riesgo de no avanzar por la falta de producción requerida…
La conversión de la región tarijeña, tradicional exportadora de hidrocarburos, en una región agroindustrial requiere todavía del incentivo público, sobre todo en la inversión tecnológica. Sin embargo, según reconocen unos y otros, la actual deriva del programa no está alcanzando el objetivo primordial, por lo que se requieren cambios profundos.

Medidas urgentes para oxigenar el Prosol

Más allá de las limitaciones económicas para cubrir el programa en este 2016, los diferentes actores coinciden en que tal como está y con el actual reglamento es difícil seguir aplicando ya que las medidas de control son fácilmente sorteables.
El dirigente campesino Eider Quiroga señaló estar de acuerdo con la depuración de listas de las comunidades, ya que durante la gestión de Lino Condori se detectaron escándalos sobre los nombres incluidos en las listas presentadas por algunas comunidades. Lo cierto es que las comunidades en estos casos se autorregulan, ya que sus autoridades dan fe de sus miembros y las oficinas del Prosol solo verifican que se aporte una copia de la cédula de cada miembro. El propio secretario ejecutivo de la Gobernación 2011-2015, Roberto Ruíz, informó haber encontrado su nombre y el de otros familiares en comunidades de Villa Montes.
Ese fue otro asunto relevante, ya que en 2013 se detectaron en Villa Montes más de 40 comunidades inexistentes, supuestamente indígenas, constituidas exclusivamente para cobrar Prosol, sin ningún tipo de control. La investigación exigía identificar a quienes habían otorgado la personería jurídica, responsabilidad de la Gobernación y requisito imprescindible para presentarse al programa. Hasta la fecha se desconocen los culpables.
Se presupone que existen otras comunidades fantasmas incluidas en el departamento, o que han surgido a raíz de divisiones de comunidades antiguas, precisamente divididas por asuntos como el Prosol u otras cuestiones de inversión.
La Gobernación de Tarija ha descentralizado al Chaco la gestión del programa de acuerdo a sus atribuciones. Mientras en Tarija el secretario de Gobernación Luis Alfaro pide diálogo para ajustar el monto, en Yacuiba, el subgobernador José Quecaña ya ha asegurado que lo recortará porque solo tiene diez millones de bolivianos dispuestos para cubrir este programa. Los campesinos, por el momento, no se plantean conceder un recorte del presupuesto. En el pasado reciente, Quiroga planteó un mecanismo móvil ligado al crecimiento o caída de los hidrocarburos.

Un programa que requiere varios cambios

Guadalupe Jurado desmiente corrupción

No es la primera vez que el nombre de Guadalupe Jurado aparece vinculado a los escándalos de tierras o del Prosol. La asambleísta por Cercado es una de las líderes campesinas más consolidadas en el Movimiento Al Socialismo (MAS). Por eso, alega ella, su nombre habría sido utilizado por Sureñita Toconas para presionar al empresario que proveyó a Guerrahuayco sobre la comisión por los servicios de intermediación.

Santos Valdez se compró un micro

El ejecutivo de la Federación Campesina de Tarija, Santos Valdez, tiene a su nombre la movilidad que compró su comunidad con los recursos del Prosol. La Gobernación ha cuestionado la utilidad productiva del micro, así como la titularidad del mismo, sin embargo, Valdez señala que la operación contó con el aval de los técnicos del programa y que brindó su nombre como un acto de servicio más.

Comunidades fantasmas siguen secretas

En 2013 se destaparon más de 40 comunidades fantasmas que los indígenas weenhayek habrían constituido con nombres falsos con la única intención de cobrar el Prosol en Villa Montes. El propio Roberto Ruíz, secretario ejecutivo de aquel entonces, denunció que él aparecía en las listas. La investigación inicial arrojó datos sobre la posible connivencia con el nivel central en la operación. Finalmente no se han arrojado ningún resultado al respecto.

Advierte de un “favoritismo cínico” Quispe pide detención para Nemesia Achacollo

El diputado suplente de oposición, Rafael Quispe, anunció que pedirá a instancias judiciales que la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, sea detenida preventivamente por el caso del liquidado Fondo Indígena debido al “favoritismo cínico” por parte de la Fiscalía Departamental.

“Es un hecho sui generis que le den tanta amplitud a Nemesia Achacollo, nosotros en el marco del procedimiento nos vamos a presentar reiterando que Achacollo debe ser detenida preventivamente y remitida a la cárcel”, expresó Quispe.

El asambleísta de Unidad Demócrata (UD) observó el “segundo cuarto intermedio” en las declaraciones informativas de Achacollo, como lo informó el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, aspecto que Quispe calificó como un hecho que demuestra el “favoritismo cínico” de parte de la Fiscalía.

El viernes, la exministra Achacollo junto con su abogado solicitó que se postergue su comparecencia hasta hoy y la Fiscalía aceptó. Un día antes, la exautoridad se presentó y solo respondió 15 de las 40 preguntas preparadas por los investigadores. Su abogado defensor, Édgar Solís, aseguró que la investigada presentó más de 5.000 hojas en sietes carpetas, en respuesta a las preguntas iniciales que se le hicieron.

Pero según Solís, las copias simples debían ser legalizadas como pruebas de descargo mediante requerimientos de originales o certificaciones emitidos por los responsables de la liquidación del ex Fondo Indígena.

PRESUNTOS DELITOS

Achacollo es investigada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, malversación de fondos y favorecimiento al enriquecimiento ilícito con los recursos asignados al ex Fondo Indígena.

Quispe dijo que otras personas involucradas en el caso del Fondo Indígena fueron detenidas preventivamente “por hechos mínimos” y que es curioso que no suceda lo mismo con Achacollo.

“Tanto los jueces están recibiendo presiones para favorecer para encarcelar ispis (peces pequeños) y los fiscales están siendo fieles obedientes en el momento de dar esas preferencias a las señora Nemesia Achacollo”, aseveró.

El desfalco del ex Fondo Indígena alcanza los 182,7 millones de dólares, según un estudio de la Fundación Pazos Kanki, dato que la interventora Lariza Fuente señala no es correcto.

En su momento, la Contraloría General del Estado detectó un desfalco de 71 millones de dólares que fueron a parar a cuentas particulares de dirigentes de organizaciones sociales o mal utilizados.

sábado, 23 de julio de 2016

Caso Rózsa La Fiscalía apela la separación de Prado

Como estaba previsto, el Ministerio Público presentó la apelación de la separación del proceso del caso Rózsa, al Gral. Gary Prado Salmón. Situación que obligó ayer al presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, de suspender la audiencia para el lunes 1 de agosto a las 15:30.

Primero se debe resolver la apelación. El abogado Gary Prado Araúz dijo que si bien el juez fijó una fecha, pero si no se resuelve un tribunal cruceño la apelación de los fiscales, la audiencia quedaría en suspenso.

Como se recordará, el pasado martes 19, el Tribunal apartó del juicio oral del caso Rózsa al Gral. Prado Salmón por su delicado estado de salud, amparada en la Constitución y convenios internacionales. Decisión unánime del tribunal integrado por los jueces técnicos Sixto Fernández y Elena Gemio y las jueces ciudadanas Anastasia Calisaya y Sonia Mamani. Resolución que fue anunciada la apelación respectiva por la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno, aunque estos últimos desistieron del mencionado recurso judicial.
Notas Relacionadas

Achacollo asegura que denunció el caso en 2010

Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural y Tierras, supo que existían irregularidades en el manejo del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (Fdppioycc) en 2010, tres meses luego de ser posesionada en el cargo. Según su abogado, la exautoridad denunció las anomalías ante los otros ministerios que conformaban el Directorio de la entidad y ante la Fiscalía paceña.

Ayer, el Ministerio Público accedió nuevamente a posponer la comparecencia de la exautoridad en el caso de corrupción y desvío de recursos del Fondo, esta vez para el lunes a las 17:30.

“El año 2010, a los tres meses de que la señora Achacollo ingresó (al cargo), vio que existían irregularidades (en el Fondo), llamó al Directorio y el Directorio le dijo: señora usted no tiene nada que ver, esa plata es nuestra y es la plata de los indígenas”, aseguró ayer Édgar Soliz, abogado de la exministra. Las irregularidades, afirmó, fueron denunciadas entonces ante la Fiscalía Departamental de La Paz y los ministerios que eran parte del directorio junto con el de Desarrollo Rural y Tierras: Planificación del Desarrollo, Producción y Microempresa, Economía y Finanzas Públicas, y Presidencia.

El jurista reiteró la existencia de un acta notariada en la que el Directorio del Fondo “le quitó toda potestad a la señora Achacollo para dictar cualquier tipo de resoluciones”. El documento, precisó, tiene fecha del 30 de junio del 2010 y fue firmado en Cochabamba. El jueves, Soliz dijo que el acta estaba fechada el 10 de marzo de 2010. Consultado sobre la contradicción, respondió: “No recuerdo, fue el año 2010”.

El acta forma parte de la documentación de descargo que la defensa de Achacollo presentó a la Fiscalía en fotocopias simples, y la cual tiene que ser cotejada por los fiscales a cargo del caso con los originales o fotocopias legalizadas que ya fueron solicitadas mediante requerimiento al Fondo Indígena. “Hemos solicitado (la suspensión de la comparecencia) para que los fiscales puedan cotejar la documentación que les hemos presentado con la que les va a remitir el Fondo… el acta original va a ser remitida al Ministerio Público la próxima semana y en ella se puede determinar claramente la responsabilidad de los miembros del Directorio y de los señores (ex) directores, recluidos y prófugos”, explicó Soliz.

El jueves, Achacollo se presentó a declarar en calidad de investigada por los delitos de incumplimiento de deberes, malversación de fondos y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Ese día, los fiscales accedieron a que la declaración entre en cuarto intermedio hasta ayer a las 14:30 para valorar las pruebas de descargo y para que la exministra continúe respondiendo las 40 preguntas del cuestionario elaborado por el Ministerio Público. Bajo ese mismo argumento, la defensa pidió ayer una nueva suspensión hasta las 17:30 del lunes, solicitud que fue aceptada.

“La señora (Achacollo) ha decido declarar, ha presentado documentación y asegura tener más documentación que aparentemente pretendería desvirtuar ciertos cargos penales que pesan sobre ella… se han respondido 15 (preguntas) que van a dar lugar a más preguntas y cuestionamientos importantes, es un tema complejo, tenemos muchas cosas que queremos que nos responda”, indicó ayer el fiscal departamental de La Paz Edwin Blanco.

“Cada pregunta ha sido respondida con una prueba, que no es una hoja, es un folder”, complementó Soliz.

El senador opositor Óscar Ortiz (UD) cuestionó ayer el proceder de la Fiscalía. “Se declara cuarto intermedio en la declaración, algo que nunca se ha visto. Además, la Fiscalía le da las preguntas y las aumenta a 40 para declarar el cuarto intermedio como si se tratara de una petición de informe escrito en el Parlamento… Esto comprueba que hay una manipulación escandalosa y presumo que también presiones muy fuertes sobre el Ministerio Público”, expresó.

Campesinos de Potosí quieren ayudar en investigación de Caso Fondioc

El secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de Potosí, Grover Mamani, informó que las organizaciones sociales campesinas del departamento, no permitirán que se excluya a dirigentes que estarían implicados en el caso del ex Fondo Indígena. Afirmó, que contribuirán para se esclarezca la posible corrupción.

El dirigente dijo: “esto se tiene que esclarecerse de la manera más trasparente, porque tenemos que demostrar que si existen casos de corrupción de dirigentes, se tiene que sancionar y tienen que ser castigados según normativas” manifestó.

Respecto a la posible absolución de responsabilidades de la exministra de Desarrollo y Tierras, Nemesia Achacollo, el dirigente campesino, señaló, que “no se permitirá desde las organizaciones sociales tapar hechos de corrupción” ; “debe haber responsables del posible desfalco del Fondo Indígena” agregó.

Por otro lado, el Ministerio Público, declaró la noche cuarto intermedio en la declaración sobre el caso Fondo Indígena de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo. “El cuarto intermedio hasta el lunes es porque hay más de 40 preguntas que absolver del Ministerio Público y hemos llegado (recién) al número 15”, dijo Edgar Solís, abogado de la exministra.

Por concesiones de la Fiscalía Posponen declaración de Achacollo hasta el lunes

Las concesiones que la Fiscalía Departamental de La Paz otorga a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, determinó que su declaración informativa sea pospuesta hasta el lunes a horas 17:00, bajo el argumento de que la comisión de fiscales debe evaluar los documentos de descargos, presentados por quien es señalada como una de las principales responsables del desvío de recursos del exFondioc, por haber sido presidente del directorio de este organismo, cuando además era Ministra de Estado.

PRIVILEGIOS

El jueves, Achacollo, junto a sus dos abogados, se presentó ante el Fiscal Anticorrupción Anghelo Saravia, para dar repuesta a cerca de 40 preguntas relacionadas a la irregular aprobación de desembolsos para la ejecución de proyectos fantasmas en el ex Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc).

Sin embargo, según fuentes confiables, cuando el interrogatorio cursaba en la pregunta 15 del interrogatorio, entró en un cuarto intermedio. El fiscal departamental, Edwin Blanco, justificó el hecho, señalando que el caso del Fondo Indígena era muy complejo y ante las preguntas realizadas a Achacollo, por parte de Saravia, ésta presentó documentos, como pruebas de descargo, los cuales debían ser evaluados para continuar con el interrogatorio.

“Solo la presentación del cuaderno de investigación ha tomado bastante tiempo; la comisión de fiscales tiene un sinfín de preguntas que deben ser absueltas, más aún siendo que la señora Achacollo ha decidido declarar”, señaló Blanco, revelando que la presencia de Achacollo no fue determinada por la Fiscalía, sino que dependió de la voluntad de la exautoridad.

Al respecto, miembros de Unidad Demócrata (UD) criticaron el trato “privilegiado” que el Ministerio Público otorga a Achacollo. “Ante la cantidad de denuncias, de pruebas, sobre el desfalco, particularmente en proyectos de fortalecimiento, sobre los que no hay ni una piedra, está claro que la responsable cabeza de ese ministerio y presidenta del directorio es la señora Achacollo. Debe ser aprehendida, procesada y enjuiciada”, declaró el diputado Wilson Santamaría.

La continuidad del interrogatorio fue reprogramada para ayer, a las 14:30 horas, pero el mismo fue pospuesto nuevamente, “a solicitud de la defensa técnica de la señora Achacollo, (se suspendió por segunda vez la declaración), para que se valoren las pruebas que hemos presentado hoy día y las pruebas que está remitiendo el Fondo Indígena”, aseguró Edgar Solís, abogado de la exministra.

NIEGA HABER FIRMADO

En la víspera, Solís también había asegurado que su cliente no firmó ningún documento autorizando la transferencia de dinero, “ella (Achacollo) no transfirió dinero. No existe firma de que ella dio dinero, (los desembolsos se hacían) a través del directorio que tenía la responsabilidad de todos los proyectos” del Fondo Indígena.

El defensor precisó que, en el marco de la revisión de los siete cuerpos del cuaderno de investigaciones y las repuestas a las 15 primeras preguntas, Achacollo presentó cerca de 5.000 hojas, en tres carpetas, como descargo.

“Son resoluciones, instructivos, solicitudes de informes”, afirmó Solís, asegurando que entre ellas están las pruebas de que Achacollo no era la máxima responsable de la aprobación de los desembolsos para los proyectos, sino “era competencia del director del Fondo Indígena (Marco Antonio Aramayo, recluido actualmente en San Pedro). Esto ahora está en la Fiscalía”, explicó Solís, corroborando las concesiones que la Fiscalía Departamental tiene con Achacollo.

Solís reveló que Achacollo presentó toda esta documentación en fotocopias simples, y que durante el cuarto intermedio, los fiscales remitieron requerimientos para que los responsables de la liquidación del exFondo Indígena, remitan las copias legalizadas, figura que no se permitió a ninguno de los más de 20 detenidos preventivos, que se tiene por este caso.