Funcionarios prefecturales no pudieron presentar descargos ante ministra Suxo

Noticia publicada el 25 de Agosto de 2009 en La Patria

Las acusaciones vertidas por la ministra de Transparencia y Anticorrupción, Nardi Suxo, sobre supuestos hechos de corrupción en la licitación del proyecto de Puerto Seco, no nos permitieron dar una contraparte ni hacer los descargos correspondientes, manifestó en conferencia de prensa, la directora del Departamento Administrativo Financiero (DAF) de la Prefectura del Departamento, Patricia Jaldín.
Comentó que ahora el proceso se encuentra en la Fiscalía de Distrito, instancia en la que podrán presentar todos los documentos que se requieran para su descargo.
“Quiero ratificar que todo ciudadano de acuerdo a la Constitución Política del Estado, tiene derecho a la réplica, ya que corremos con la presunción de licitud hasta que no se demuestre lo contrario, en ese sentido no podemos permitir que se afecte la moral y la integridad de las personas”, aseveró.

PROYECTO
Jaldín explicó que el proyecto del Puerto Seco fue inscrito en su etapa de preinversión el año 2006, para su posterior licitación a cargo del ex encargado de proyecto Víctor Hugo Moreno, quien solicitó para la socialización de fondos en avance, los mismos que son empleados para una pronta atención y que no puedan esperar un proceso.
“En agosto y septiembre, Moreno solicitó el desembolso de estos fondos, pero por reglamento nosotros conocemos que esto debe descargarse en un tiempo determinado, de acuerdo a los procedimientos vigentes, sin embargo el exfuncionario no realizó los descargos correspondientes y en reuniones se le ha hecho recuerdo de estas omisiones, y en algún caso aceptó estas faltas y al final llegó a complementar la información”, afirmó.
Dijo además que el 15 de diciembre del 2006 se remitió una nota a Moreno, en la que se le hizo conocer todas las observaciones a los descargos correspondientes.
“Esas cartas fueron de conocimiento del despacho prefectural, de la Dirección de Auditoría y de Desarrollo Productivo para que se tomen los conocimientos y acciones que correspondan, felizmente estamos en una auditoría del 2006 y del 2007, con la Contraloría para que determinen si verdaderamente esos recursos en algún momento fueron malversados”, expresó. Señaló que Moreno aceptó todas las responsabilidades que se generaron producto de algunos malos manejos y ratificó en su nota que no hubo dolo ni malversación.
“Este hecho nos llama la atención, pues en sus acusaciones la ministra Suxo da a entender que el prefecto y sus secretarios hubiésemos manejado estos recursos, estos documentos están en archivos, los mismos que fueron de conocimiento de la comisión que vino de La Paz y del Ministerio de Transparencia y que nos requerirán mediante lo que es la Fiscalía”, manifestó.

Prefecto Aguilar se declara víctima de campaña para evitar posible reelección

Noticia publicada el 25 de Agosto de 2009 en LA Patria

El prefecto del departamento, Alberto Aguilar Calle se declaró víctima de una campaña política en su contra, tanto de la oposición como al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS), que intentan involucrarlo en supuestos hechos de corrupción tras conocerse la denuncia de la ministra Anticorrupción Nardi Suxo, por mal uso de recursos estatales uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta anti-económica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Aguilar mencionó que el tema está siendo utilizado de manera política, pues se vive un ambiente electoral, ya que en abril del 2010 se realizarán las elecciones prefecturales.
“Hay que lamentar que muchas veces se utiliza esta coyuntura política para desprestigiar a las personas o ante una posible reelección, la oposición es muy hábil en acudir a esta serie de difamaciones y de desprestigiar la imagen de la Prefectura, se está manejando la imagen de toda la institución y del mismo gobierno nacional, incluso puede ser interés del mismo partido político, ya que puede haber gente al interior del partido (Movimiento al Socialismo), que no simpatiza con mi persona y puede ser que la ministra se haya visto presionada para hacer ese tipo de acusaciones”, declaró.
En conferencia de prensa ofrecida ayer el prefecto Aguilar tildó de injustas las acusaciones hechas por la ministra Nardi Suxo, en las que inculpa a Aguilar y a otros funcionarios por supuesta malversación de fondos.
El prefecto indicó que él en ningún momento manejó los recursos del proyecto Puerto Seco y considera que las declaraciones de autoridades así como las publicaciones periodísticas están dañando su imagen.
“Me parece injusta e irresponsable la declaración de una ministra, sobretodo sabiendo que el prefecto y sus secretarios no tuvieron la oportunidad de haber descargado todas las investigaciones hechas por los técnicos del ministerio, pues hubiésemos tenido la oportunidad de entregar los comprobantes y los recibos de todo el manejo que se habría hecho, sobretodo cuando se asevera que el daño es de 91.000 bolivianos”, explicó.
Manifestó que las declaraciones hechas por Suxo a varios medios nacionales están infundadas y carecen de asesoramiento de gente competente en la materia.
“En su debido momento es cierto que para la Fexpocruz, se dispuso de fondos en avance que fueron entregados a Víctor Hugo Moreno, ex funcionario de la Prefectura, para hacer una actividad de promoción del Puerto Seco en Santa Cruz y dispusimos una mesa de negocios con las principales instituciones que venían del exterior y se confió a Moreno la administración de esos recursos de fondos de avance que otorgó la Prefectura”, detalló.
Recalcó que en ningún momento esos recursos pasaron por manos de la Prefectura ni del Secretaría de Ejecución Financiera, ni de la Secretaría General, ni por la comisión jurídica, cuyos representantes, Alberto Aguilar, Patricia Jaldín, Tomás López y Fidel Gutiérrez, respectivamente, están implicados en las acusaciones de Suxo.
“Ese tipo de declaraciones no tienen ningún valor de peso, pues seguramente no le informaron a cabalidad acerca del proceso administrativo de esos recursos, cabe aclarar que en su debido tiempo la responsable de la Dirección Administrativa Financiera, Patricia Jaldín, envió una carta al exdirector departamental de desarrollo productivo, Carlos Ari de la Cruz, y al ex encargado del proyecto Puerto Seco, Víctor Hugo Moreno, a quien se le observó la documentación, que no estaba contemplada de acuerdo a las normas internas establecidas en la Prefectura, motivo por el que fue despedido”, afirmó.
Agregó que la declaración de la ministra engloba dos temas diferentes, como ser el tema de la contratación de la empresa Prointec, que se adjudicó el proyecto a diseño final y la observación de que no se contaba con una asignación presupuestaria para llevar adelante el proceso de la licitación del proyecto a diseño final, temas que son totalmente independientes.

DEMANDAS
Asimismo Aguilar indicó que con la comisión jurídica se llevarán acabo las debidas medidas legales, para realizar una demanda por calumnia, hacia la ministra Suxo, pues están en su derecho de defender su honorabilidad e insistió que no se trata de un tema de corrupción.
“Si bien hay errores en lo que significa el manejo de los 91.000 bolivianos por parte de Víctor Hugo Moreno al no cumplirse los procedimientos, eso lo determinará la auditoría interna, para establecer cuál es la sanción y cargos administrativos, por lo que para despejar las dudas es competencia de la Fiscalía de Distrito analizar ese tema y determinar cuál será el proceso”, manifestó.

Prefecto asegura que ministra Suxo lo denunció por un “mal entendido”

Noticia publicada el 22 de Agosto de 2009 en La PAtria

El prefecto del departamento, Alberto Luis Aguilar Calle, sostuvo que la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, lo denunció por “un mal entendido” y asegura que no se dio mal uso a ningún dinero público en el caso del proceso de contratación del estudio a diseño final del Proyecto Oruro Puerto Seco, entre tanto que la autoridad gubernamental refirió uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
En la denuncia presentada por la cartera ministerial, según información difundida por la agencia gubernamental ABI, aparecen involucrados la secretaria departamental Administrativa, Patricia Jaldín Jallasa, el secretario general Tomás López, el secretario del Departamento Jurídico, Fidel Gutiérrez y el funcionario Víctor Hugo Moreno.
La autoridad de gobierno mencionó que la denuncia fue presentada en mérito a que se recibieron quejas y se procesó información obtenida de la propia Prefectura, habiéndose llegado a la conclusión de que se cometió uso indebido de influencias.
En las supuestas irregularidades durante la contratación del estudio a diseño final del Proyecto Oruro Puerto Seco, se habría beneficiado a la empresa Prointec SA con la suscripción de un contrato por 10.379.899 bolivianos, sin considerar que a la fecha de la firma, la Prefectura de Oruro no contaba siquiera con el 20% del monto contractual que obligó a un modificación presupuestaria.
La modificación presupuestaria provocó un recorte de recursos de programas de agricultura, investigación de asuntos económicos, comerciales, laborales y transporte aéreo, porque el proceso de contratación fue iniciado sin contar con la certificación presupuestaria.

PREFECTO
Sin embargo el prefecto Aguilar aseguró que el proceso fue totalmente transparente y está avalado por el Consejo Departamental.

“Lo único que nos cuestionan es que debería haberse presupuestado el total de la inversión para ese estudio a diseño final, pues sabemos que técnica o calificativamente, teníamos garantizado el anticipo de un 20 por ciento, y debemos ajustarnos para pagar las planillas, ya que el estudio finalizará a fin de año”, expresó.
Agregó que realizó la gestión para que la Corporación Andina de Fomento (CAF) pueda aportar un 50 por ciento.
Señaló además que los planes operativos de la Prefectura son dinámicos por lo que se necesitaba prever el pago anticipado del 20 por ciento del monto total de un millón y medio de dólares y, se debe fijar las planillas en las que se consideraron los recursos hasta su culminación para el próximo año.
“Todo ello se encuentra en manos de los técnicos de la CAF en Venezuela, ellos comprendieron que es un proyecto de un alcance a nivel de toda la región andina, pues está incorporado dentro del Plan Nacional de Desarrollo y agendado en lo que es el Zicosur, por lo que del 31 de septiembre al 1 de octubre tenemos una exposición acerca del tema Puerto Seco”, explicó.
Mencionó además que todo ello se despejará con un informe, pues quizás todo se debe a un mal entendido o a la falta de conocimiento de la ministra Suxo, respecto al proyecto Puerto Seco.
“Hemos cumplido con todo lo que debíamos hacer, sin embargo aún no tenemos la declaración de la ministra, pues seguramente la presentó a la instancia que corresponde, nos harán conocer de manera formal y nos tocará a nosotros presentar los descargos correspondientes”, afirmó.

Prefecto Alberto Aguilar acusado de supuestos actos de corrupción

Noticia publicada el 22 de agosto de 2009 en La Patria

El vicepresidente Álvaro García Linera anunció ayer que el Gobierno no encubrirá ni protegerá al prefecto Alberto Luís Aguilar, acusado de haber cometido varios actos ilegales por la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.
Por su parte, Aguilar dijo que enviará a La Paz la documentación que supuestamente demostrará su inocencia en el caso de presunta corrupción y daño económico de al menos 91.000 bolivianos.
Pero Suxo ya sentó la denuncia ante el Ministerio Público por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
La denuncia contra Aguilar llegó al despacho de Suxo con documentación escrita sobre la contratación irregular de la empresa Prointec S.A., a la que se adjudicó el proyecto a diseño final del Puerto Seco, por la suma de 10.379.899 bolivianos, sin considerar que la Prefectura no contaba ni con el 20 por ciento del monto contractual, se informó oficialmente.
Suxo también denunció irregularidades en la entrega de recursos en calidad de “Fondos de Avance en la gestión 2006, cargadas al proyecto Oruro-Puerto Seco, por las sumas de 99.500 y 91.000 bolivianos, recursos entregados aparentemente para socializar ese plan”.

prefecto Aguilar

Los descargos presentados “no cuentan con un mínimo de tres cotizaciones, no existen actas de conformidad de servicio, no cursan listas de participación en los supuestos eventos y otros”, según Suxo.
“Adicionalmente se observa el pago de 82.977 bolivianos a la Empresa Sukini Design, cuyo informe final apunta a la organización de la agenda de los medios y protocolo del Prefecto en la ciudad de Santa Cruz, cuyo contrato además fue regularizado en forma posterior a la prestación de servicios”, dijo.
Indicó que también se evidenció la suscripción de contratos de personal para el proyecto, con carácter retroactivo a favor de Marcela Uribe y Wálter Apaza, transgrediendo el artículo 6 de la Ley 2027 (Estatuto del Funcionario Público) y las normas básicas de contrataciones estatales.
Además de Aguilar, están implicados la secretaria departamental administrativa, Patricia Jaldín; el responsable del proyecto Oruro Puerto Seco, Víctor Hugo Moreno; el encargado del proceso de contratación, Tomás López, y el secretario del Departamento Jurídico, Fidel Gutiérrez.

Un video hunde más a Ramírez y revela nuevas irregularidades

Noticia publicada el 22 de Julio de 2009 en El Deber

Un video en el que aparecen conversando los involucrados en el bullado caso YPFB Catler Uniservice, Fernando Córdova y Miguel O’Connor, destapó ayer una serie de revelaciones sobre corrupción al interior de la estatal petrolera, la cual confirma la participación del ex presidente de YPFB Santos Ramírez y la supuesta complicidad de su esposa, Giovanna Navia Doria Medina, sus hermanos, además del principal ejecutivo argentino, Agustín Melano.
La prueba fue revelada por los fiscales Edward Mollinedo y César Romano, que a partir de hoy anuncian nuevas citaciones y la imputación de algunos involucrados.
Según el video, Córdova dijo a O’Connor que el 3 de diciembre de 2008 se entregó en tres oportunidades cuantiosas sumas de dinero a Giovanna Navia y Gonzalo Aramayo. En total se entregó $us 800.000.
Asimismo, revela el pago de anticipos por $us 300.000, supuestamente a Ramírez. Además indica que se hizo desembolsos por $us 20.000 a otras personas identificadas como M., Del C., A. y O.
'Yo sé que Santos ha recibido plata, porque Navia le ha debido entregar”, agrega Córdova, al señalar que antes de la licitación de la planta separadora de líquidos en Río Grande en el departamento de Santa Cruz, ya se había llegado a un arreglo entre Ramírez y el ejecutivo argentino de la firma Catler, Agustín Melano, por $us 1,8 millones.
Más adelante, Córdova asegura que Ramírez le contó que tiene un cheque de $us 100.000 a favor de los Navia.
Por otro lado, la conversación entre O’Connor y Córdova muestra que el ex titular de la petrolera y los demás involucrados que están en la cárcel alistan poner un negocio a su salida de la cárcel de San Pedro, para lo cual ya compraron un radiomóvil a través de un supuesto palo blanco.
“Giovanna se ha ido a EEUU, Santos la ha hecho viajar, todo está planificado”, manifestó Córdova. En el video también se involucra a algunos parlamentarios, aunque no aclaran sus nombres.
Sobre el particular, el titular de YPFB, Carlos Villegas, aseguró que su antecesor obtiene documentación exclusiva de la empresa con ayuda de ciertos trabajadores infidentes.
El ejecutivo de YPFB admitió que existe todavía personal leal al ex hombre fuerte del Presidente del Estado Plurinacional Evo Morales, que filtra información de forma irresponsable. “A los fiscales que están investigando les pido que realicen una investigación profunda sobre los canales de salida y llegada de la información de YPFB”, indicó.
Al respecto, el abogado de Ramírez, José Luis Paredes, manifestó que las afirmaciones del fiscal Mollinedo unidas a las del ex presidente de la estatal Carlos Villegas son temerarias, excesivas y subjetivas. “Si el actual ejecutivo de YPFB dice que Ramírez tiene personas infiltradas que le pasan información que dé nombres. Lo demás es una sospecha no digna de revelarse de esa forma, peor aún si se trata de una autoridad seria. Por otro lado, los fiscales de materia no pueden hacer revelación de esta naturaleza si no es primero ante el juez y de modo formal, porque el mismo instructivo que los designó como miembros de la comisión de fiscales, en su última parte, les dice que tengan mucho cuidado y que respeten la dignidad y el honor de los investigados y procesados. infringen normas básicas”, dijo.

Antecedentes y situación actual

Corrupción. El asesinato y robo al empresario Jorge O'Connor D'Arlach Taborga, ocurrido el martes 27 de enero, en la casa del primo cuñado de Santos Ramírez, Gonzalo Aramayo Doria Medina, destapó uno de los mayores hechos de corrupción en YPFB. El empresario fue socio de la firma Catler-Uniservice, que firmó un contrato con YPFB para construir una planta separadora de líquidos en Río Grande por un monto de $us 86,3 millones. Según las investigaciones el dinero que tenía en su posesión era una coima para Santos Ramírez, porque pudo haber favorecido la contratación de esa empresa pese a que no tenía experiencia.

Proceso. Miguel O’Connor, Guillermo Aruquipa y Misael Gemio están con arresto domiciliario. O’Connor supuestamente se benefició del arresto domiciliario por mostrar el video con Córdova.

Operativo. Los fiscales requisaron la anterior semana las celdas de Santos Ramírez, Fernando Córdova, Javier Navia Doria Medina, Mario Cossío Macgalen y Franklin Gonzalo Aramayo.

Evo, molesto con resultados de red de gas
A tres años de la nacionalización, el presidente Evo Morales admitió ayer sentirse disconforme con los resultados del programa de instalación de gas domiciliario en el país, debido a los bajos resultados obtenidos en su administración.
Explicó que en los tres años de Gobierno se lograron apenas 50.000 conexiones domiciliarias sólo en algunas ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Tarija. "Hay que reconocer que no todo es bueno, tenemos debilidades", agregó.
"Es muy poco lo que se ha avanzado en la instalación de gas domiciliario, no estoy conforme con el programa, hay algunas dificultades, por eso es que mi pedido es cómo podemos acelerar la instalación del gas domiciliario. Hasta 2005, había 12.917 conexiones, en nuestra gestión nos acercamos a 50 mil, pero somos millones", dijo.
Para este año, la estatal petrolera programó la instalación de 15 mil nuevas conexiones de gas domiciliario en la ciudad de Cochabamba, sin embargo, Emcogas no cumplió sus metas fijadas y sólo realizó 3.470 conexiones.
En ese contexto, Evo Morales comprometió que en estos seis meses que restan se cumplirá la meta de siete mil instalaciones y para el próximo año están programadas 20 mil instalaciones en el departamento de Cochabamba con un presupuesto de $us 100 millones. También se prevé aumentar las redes de gas en el resto del país./ ANF

Pasivos y contingencias, sin claridad
El presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible del Senado, Jorge Aguilera, informó que al cierre de las declaraciones sobre la nacionalización de Transredes, no existe claridad en torno a lo que significan los pasivos y las contingencias, además de los compromisos de inversión no realizados por el grupo TR Holding.
“Tengo en mis manos una auditoría de TC Bolivia SRL. en 2006 y entregada al Ministerio de Hidrocarburos en 2007 y para sorpresa nuestra no la conocía el presidente de YPFB Transporte, el señor Cyro Camacho”, señaló.

Al respecto, un comunicado de la transportadora da cuenta de que durante más de tres horas los miembros del Directorio y el titular máximo de YPFB Transporte, Cyro Camacho, contestaron las preguntas de los miembros del Senado. “Actualmente, la empresa tiene una línea de trabajo técnica con personal especializado que sigue los procedimientos de gestión, al margen de toda actividad política partidaria. Asimismo, demostró con los indicadores financieros la solvencia de la empresa, el cumplimiento de sus compromisos tributarios, pagos de deudas a los organismos financiadores y otros”.
El ejecutivo explicó también que la empresa es coherente con su política de desarrollo sostenible y en ese marco cumplió con los compromisos establecidos con las comunidades aledañas al río Desaguadero tras el accidente en el 2000, indicando que se compensó y se ejecutó un proceso de remediación y limpieza ambiental por más de $us 53 millones. /HHG

Directorio echa a Angulo de YPFB Transportes, y él ratifica denuncias

Noticia publicada el 17 de Junio de 2009

El Directorio de YPFB Transportes destituyó de la presidencia a Gildo Angulo después de que éste denunciara a su similar de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, por un sobreprecio en la nacionalización de Transredes S.A. El nuevo titular de la transportadora de hidrocarburos es Cyro Camacho, quien fue posesionado junto con dos directores.

Según un comunicado del Directorio de la compañía difundido ayer por la tarde, “las acusaciones del ex presidente de la sociedad Sr. Gildo Angulo carecen de veracidad y denotan desconocimiento de la realidad financiera de la empresa, así como de la capacidad de gestión de la misma, lo que afecta la imagen de YPFB Transportes S.A., al crear un clima de desconfianza y desestabilización al interior de la empresa”.

Así, el lunes 15, en la junta general de accionistas celebrada en el edificio Multicentro de La Paz, a las 17.30, se decidió la destitución del ex ejecutivo, quien el 12 de junio acusó a Villegas de haber asumido deudas tributarias, ambientales y de inversiones no hechas por TR Holdings, la accionista mayoritaria de Transredes.

Ayer, Angulo ratificó su denuncia ante medios cruceños sobre el pago de 50 millones de dólares por impuestos que adeudaba la capitalizadora, por el daño ambiental en el Río Desaguadero causado por un derrame petrolero y 58 millones de dólares por el incumplimiento de las inversiones de la capitalizadora.

Además desafió a Villegas a un debate público en el Congreso.

Aseguró que no se aferra al cargo y que, si es el precio que tiene que pagar, lo asume con orgullo. Además dijo que no es la primera vez que se “engaña al presidente Evo Morales. Villegas pone en riesgo la nacionalización”.

Villegas reconoció el lunes que la deuda impositiva fue asumida porque se optó por el mal menor, es decir, un proceso de arbitraje internacional que le habría costado al país 1.000 millones de dólares.

La presidenta del Servicio de Impuestos Nacionales, Marlene Ardaya, afirmó que la deuda tributaria de la nacionalizada es de sólo de 34 millones de dólares, de los que 5,5 ya fueron pagados.

En entrevista en Unitel, Angulo afirmó que existen más personas implicadas en este hecho pero que no le corresponde decirlo —“no es mi intención”—, sólo buscaría que la opinión pública conozca a Villegas.

Fuentes del sector señalaron que la junta de accionistas fue forzada para asumir esta decisión, puesto que a la primera cita de las diez de la mañana no asistieron todos los directores, circunstancia que propició la suspensión de la reunión. Además se recibió una amenaza de bomba a la misma hora en el edificio. Según El Deber, Villegas asistió por la tarde al encuentro a puerta cerrada. La Prensa se aproximó al edificio e intentó entrar en las dos ocasiones, por la mañana y por la tarde. En el segundo intento en recepción señalaron que no se permitiría el acceso de la prensa.

Otro comunicado de YPFB Transportes señala que se adopta el cambio para “fortalecer las competencias de la empresa en aspectos técnicos y tecnológicos”. Los nuevos directores son Raúl Ferrufino, como vicepresidente de Comercialización y Regulaciones, en lugar del actual presidente de la petrolera, y Cecilia Vidangos, como vicepresidenta interina de Recursos Humanos y Servicios Generales, quien sustituye a Hernán Vásquez.

Este último fue el tercer presidente de YPFB Transportes antes de Angulo, desde el 22 de abril hasta el 12 de mayo de este año. Su designación fue respaldada por los trabajadores de la petrolera, quienes objetaron su destitución y, mediante una delegación, intentaron en La Paz revertirla.

Desde Santa Cruz, Cyro Camacho explicó que el nombramiento de Angulo obedeció “a una coyuntura que se dio en determinado momento” y cuyo “resultado final no fue el que se esperaba”, porque el ex ejecutivo tiene “limitaciones” en materia petrolera. El ex ejecutivo tildó de “antinacionalista” a la nueva autoridad.

El viceministro de Transparencia, Tamer Medina, aseguró que la designación de Angulo como director con una resolución del ex presidente de YPFB Santos Ramírez, acusado en dos hechos de corrupción, fue ilegal y sin conocimiento del Directorio de la estatal petrolera, situación cuestionable.

La Prensa le consultó por qué se hace esta observación ahora que salen denuncias de irregularidades en la compra de Transredes. La autoridad sólo atinó a señalar que el Gobierno recién tomó conocimiento de su designación.

Agregó que Angulo, al enterarse de que se lo iba a alejar del Directorio, salió a lanzar una serie de “difamaciones en venganza”.

Más deudas tributarias

La presidenta del SIN, Marlene Ardaya, informó que aún existen deudas de otras tres petroleras nacionalizadas por 156.394.781 dólares, que corresponden a activos sobrevaluados que incidieron en el menor cálculo impositivo hecho antes de la nacionalización. Dijo que en el momento en que se conozca el fallo del Poder Judicial se verá quién es el representante legal para cobrarle.

En el caso de YPFB-Andina S.A. los pasivos suman 99 millones de dólares, Chaco S.A. debe 57 millones de dólares y la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana S.A. (CLHB) alrededor de 394.781 dólares (2,8 millones de bolivianos).

Ardaya dijo que éstos están en procesos contenciosos en la Corte Suprema de Justicia, pero entretanto el SIN debe cobrar para evitar una prescripción.

Pasivos de ex Transredes se comen la utilidad 2008

El ex superintendente de Hidrocarburos Carlos Miranda aseguró que los pasivos de 50 millones de dólares de YPFB Transportes se comerán toda la utilidad obtenida en 2008.

De acuerdo con los estados financieros, la compañía disminuyó sus ganancias de 677,5 millones de bolivianos en 2007 a 355,2 millones el año pasado, es decir, experimentaron una baja de 52,4 por ciento.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, confirmó las obligaciones pendientes y anunció que se las cumplirá con el flujo de caja de YPFB Transportes.

La autoridad aseguró que durante el proceso de negociación con los socios de Transredes se tuvo que aceptar el pago de estas obligaciones debido a que de por medio se podría afrontar un arbitraje internacional con una demanda de 1.000 millones de dólares por parte de las transnacionales Ashmore y Shell.

Según Miranda, lo preocupante es que las obligaciones serán asumidas por YPFB Transportes, con lo cual le quedará poco margen para reinvertir las utilidades en la ampliación de la red de transporte.

Recordó que en la actualidad se requiere una inversión de 100 millones de dólares, que el Gobierno prestará a la estatal petrolera, para completar las obras del gasoducto Carrasco-Cochabamba y de otras líneas de transporte internas y externas.

El problema que se prevé reside en que YPFB Transportes puede tener menos ingresos en la medida que Brasil no demande más volúmenes de gas natural, pues las ganancias de la empresa dependen de llevar más hidrocarburos.

Más datos

El Gobierno, con el Decreto 28701, del 1 de mayo de 2006, instruyó nacionalizar YPFB.

Además tomó el control de la producción, transporte, refinación y comercio de hidrocarburos.

La estatal petrolera fijó como subsidiarias a Chaco, Andina y YPFB Transportes.

YPFB destituye al hombre que acusó a Carlos Villegas

Noticia publicada el 17 de Junio en La Razon

Gildo Angulo fue destituido ayer del cargo de presidente de YPFB Transporte, a cuatro días de que acusara al titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, de una serie de irregularidades. El directorio de la empresa transportadora tomó la decisión

indicando que la saliente autoridad no tiene el conocimiento necesario para ocupar el puesto, que ahora está al mando de Cyro Camacho Chávez.

“Las acusaciones del ex presidente de la sociedad, Sr. Gildo Angulo, carecen de veracidad y denotan desconocimiento de la realidad financiera de la empresa, así como de la capacidad de gestión de la misma, lo que afecta la imagen de YPFB Transporte SA, al crear un clima de desconfianza y desestabilización al interior de la empresa”, señala el directorio de la estatal, mediante un comunicado difundido este martes.

Angulo, el viernes, denunció que Villegas manejaba Yacimientos como si fuese “su propiedad privada”. Además aseguró que para la nacionalización de Transredes se pagaron 250 millones de dólares cuando la empresa debía 200 millones al fisco y a otros.

Este lunes, Villegas rechazó las acusaciones, pero admitió que se liberó del pago de 50 millones de dólares que Transredes adeudaba por asuntos tributarios.

Ayer, en entrevista con La Razón, Angulo atribuyó su alejamiento a una decisión del presidente de YPFB . Aseguró que la medida fue tomada “sin un proceso judicial, simplemente porque es el dueño de la empresa (...) No me quise someter a sus caprichos y ésa es la bronca conmigo”.

Calificó su destitución como “arbitraria, ilegal” y “que viola todos los estatutos de la empresa”.

La autoridad saliente, designada presidente el 12 de mayo del 2008 por decisión del directorio, emplazó a Villegas a ir al Congreso para aclarar las denuncias.

YPFB Transporte informó además de que Camacho fue designado como nuevo presidente ejecutivo en una reunión de directorio. Es el quinto ejecutivo en este puesto.

Camacho se desempeñaba como vicepresidente de Comercialización y Regulaciones de la empresa, en la que trabaja desde el 2000. Es economista, especializado en regulaciones de transporte y distribución de gas natural.

También fueron promovidos Raúl Ferrufino al cargo que ocupaba el actual presidente y Cecilia Vidangos como vicepresidente de Recursos Humanos y Servicios Generales a.i.

Puntos de vista

“Se necesita gente calificada”
Cyro Camacho, nuevo presidente de YPFB Transporte.

“La empresa está en una etapa de enfrentar un crecimiento con nuevos proyectos. No conozco en detalle las denuncias del señor Angulo, pero sé que ante el inminente cambio, se debe retomar un rumbo de estándares de calidad y las anteriores autoridades estaban pasando por alto esa prioridad. Se necesita gente calificada, con experiencia en el negocio, algo que no sucedía con el anterior directorio. Tengo casi 30 años de experiencia en el sector”.

“No se quiere conocer la verdad”
BERNARDO MONTENEGRO, diputado de Podemos.

“Lo único que hace eso (la destitución de Angulo) es demostrar que no se quiere conocer la verdad y ello perjudicará las investigaciones. Lo que se analiza es que probablemente se va a convocar (al Senado) al presidente de YPFB y al Ministro (de Hidrocarburos) porque es un tema que no puede quedar así. Se habla de sumas millonarias de corrupción y estas señales demuestran que el MAS quiere tapar la corrupción campeante en todas las instituciones”.

“Su actuación fue política”
JORGE SILVA, diputado del Movimiento al Socialismo (MAS).

“El tema se basa en los antecedentes. Gildo Angulo ha sido candidato a la presidencia por un partido neoliberal (NFR) y no entendemos su actuación posterior. Al parecer, logró convencer a algunas autoridades del MAS para hacerse cargo de la presidencia de esa entidad (YPFB Transporte). Sin embargo, al parecer su actuación fue estrictamente política y eso lógicamente ha generado su destitución, después de que el directorio ha hecho una evaluación”.

Entrevista

“Yo no le he mentido a mi país”

GILDO ANGULO,
ex presidente ejecutivo de YPFB Transporte.

Es ex almirante de la Armada. Cursó estudios en la Escuela Militar de Ingeniería, donde obtuvo un título en Geodesia. Logró un diplomado en Hidrología en Holanda. El 2005 postuló a la presidencia del país por Nueva Fuerza Republicana (NFR).

¿Cómo toma su destitución?
El mal uso del poder da para eso y muchas cosas más. Este hombre (Carlos Villegas) está herido porque le dije las verdades que nadie le dijo en el país. Yo no le he mentido a mi país (...) Se ha enojado y ejerce todo su poder y fuerza para destituirme, lo puede hacer porque es el accionista mayoritario, pero legalmente ha violado la normativa estatutaria.

¿Qué va a hacer ahora?
Públicamente emplazo a Villegas a que, en el menor tiempo posible, nos presentemos ante el Congreso para decir la verdad al país sobre estas denuncias.

¿Asumirá alguna acción legal?
No tengo plata para contratar un abogado y porque además no hace falta argumentar la destitución a mi favor; sería aferrarme a un cargo que ya no deseo ejercer, mientras existan funcionarios corruptos como Carlos Villegas.

¿Le bastó un mes para conocer YPFB Transporte?
Llevo como director 11 meses, la conozco (a la empresa) porque la temática central para entender cómo funciona el proceso es la hidráulica y yo soy especialista, sobre todo, en mecánica de fluidos por los tubos (...) No soy un advenedizo, soy un profesional apropiado para esta empresa.

¿Por qué denunciar ahora?
Quise hacerlo estando en ejercicio de mi cargo, hacerlo después es respirar por la herida. Redacción Santa Cruz