El Ministerio Público junto a investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) allanaron hoy en horas de la mañana las oficinas del presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa cruz, Mario Ariel Rocha López, a quien incluyeron en calidad de sindicado en el proceso de investigación de la red de corrupción y extorsión, que operó desde hace un poco más de cinco años en los ministerios de la Presidencia y de Gobierno.
"De momento nosotros guardamos la reserva de las investigaciones hasta que lleguemos acabo ciertos actos procesales que están pendientes todavía para seguir esclareciendo este tema. El Ministerio Público va activar todas las acciones correspondientes en el tema de investigaciones, pero desconozco el tema de su inasistencia, desconozco el tema de que tuviera licencia. Hemos hecho la ampliación nosotros y ahora se lo está investigando como sindicado en las investigaciones. En caso de que no comparezca ante el llamado ante el Ministerio Público tendría que corresponder la orden de aprehensión en caso de que se lo citará y no comparezca", dijo uno de los fiscales asignados a este caso.
Por lo que los fiscales asignados a este caso allanaron, mediante orden judicial, las oficinas de Rocha López en el Tribunal Departamental, como también su domicilio en el Condominio II Torres, situado en una céntrica zona de la capital cruceña, en busca de documentos y otras pruebas e indicios que ayuden a establecer su posible implicación con la red de extorsión.
Presidencia interina
La Decana del Tribunal de Justicia, Teresa Ardaya, asumió la presidencia de esta instancia judicial de manera interina ante la ausencia de Rocha López.
"Existe un Reglamento de licencias, de permisos y de vacaciones en su caso que está establecido en el Consejo de la Magistratura, donde se establece el derecho de la persona, si está con un certificado médico debidamente fundamentado, sí efectivamente como Decana asumo la presidencia", dijo Rocha.
En el Tribunal Departamental de Justicia se informó que Rocha López solicitó una baja por motivos de salud desde el lunes 17 hasta el 31 de diciembre, solicitud que será considerada mañana por los vocales de Sala Plena. No obstante, funcionarios de esa instancia judicial señalaron a los medios de prensa que el jurista no vino desde el viernes pasado.
martes, 18 de diciembre de 2012
Después de 30 audiencias Ostreicher al fin logra salir de la cárcel
Cuando Jacob Ostreicher escuchó la determinación de la jueza Eneas Gentili no pudo más que estallar en alegría y abrazar a su familia y a su abogado, pues consiguió que luego de 19 meses la justicia boliviana le conceda medidas sustitutivas a la detención preventiva. Gentiles ordenó arresto domiciliario y el pago de una fianza de Bs 100.000.
A las 10:15 de este martes el estadounidense Jacob Ostreicher compareció a su trigésima audiencia con la justicia boliviana para pedir su excarcelación y está fue la vencida. La jueza de Instrucción Eneas Gentili falló a favor del estadounidense y ordenó su arresto domiciliario, además del pago de una fianza de Bs 100.000.
La decisión fue tomada luego de dos horas de instalada la audiencia. La alegría de Ostreicher fue mayúscula, tras escuchar la decisión de la jueza se unió en un efusivo abrazo con su esposa, su hija y su hermano, quienes llegaron de EEUU para acompañarlo y expresarle su apoyo. La alegría también fue compartida con sus abogados Jimmy Montaño.
Afuera de la sala donde se llevaba a cabo la audiencia también hubo festejos. Un grupo de ciudadanos judíos y bolivianos, que se trasladaron de la sede de Gobierno a Santa Cruz para apoyar a Ostreicher, estallaron en júbilo tras la noticia.
A su vez, las primeras palabras del empresario fueron de agradecimiento para el presidente Evo Morales. Según Jacob, el jefe de Estado está cumpliendo con su compromiso de procesar a los funcionarios públicos involucrados en la red de extorsión.
Al mismo tiempo, pidió justicia para bolivianos y extranjeros que se encuentran presos a causa de esta red. Nombró al alemán Dirk Smith como una víctima de la mala aplicación de las leyes bolivianas.
A las 10:15 de este martes el estadounidense Jacob Ostreicher compareció a su trigésima audiencia con la justicia boliviana para pedir su excarcelación y está fue la vencida. La jueza de Instrucción Eneas Gentili falló a favor del estadounidense y ordenó su arresto domiciliario, además del pago de una fianza de Bs 100.000.
La decisión fue tomada luego de dos horas de instalada la audiencia. La alegría de Ostreicher fue mayúscula, tras escuchar la decisión de la jueza se unió en un efusivo abrazo con su esposa, su hija y su hermano, quienes llegaron de EEUU para acompañarlo y expresarle su apoyo. La alegría también fue compartida con sus abogados Jimmy Montaño.
Afuera de la sala donde se llevaba a cabo la audiencia también hubo festejos. Un grupo de ciudadanos judíos y bolivianos, que se trasladaron de la sede de Gobierno a Santa Cruz para apoyar a Ostreicher, estallaron en júbilo tras la noticia.
A su vez, las primeras palabras del empresario fueron de agradecimiento para el presidente Evo Morales. Según Jacob, el jefe de Estado está cumpliendo con su compromiso de procesar a los funcionarios públicos involucrados en la red de extorsión.
Al mismo tiempo, pidió justicia para bolivianos y extranjeros que se encuentran presos a causa de esta red. Nombró al alemán Dirk Smith como una víctima de la mala aplicación de las leyes bolivianas.
Inician proceso contra Ramírez
En el Juzgado Quinto de Sentencia se inició otro juicio oral contra Santos Ramírez por la irregular adquisición de un medidor volumétrico para la planta de Bermejo Tarija por un costo de 177.000 bolivianos.
El fiscal Marco Antonio Rodríguez, tras escuchar a la defensa y las declaraciones de Santos Ramírez, manifestó que la Fiscalía demostrará con evidencias que se produjo un daño al Estado en el proceso iniciado este lunes y que proseguirá el miércoles desde las 08.00.
Ramírez fue sentenciado a 12 años de cárcel en enero pasado por contratar en forma irregular a una empresa para instalar una planta separadora de líquidos en Río Grande. La irregularidad fue develada después del atraco y asesinato del empresario tarijeño Jorge O'Connor D'Arlach, propietario de la constructora Uniservice, que ganó una licitación y se adjudicó la obra de 86,35 millones de dólares.
Denuncia. Después fue denunciado a la Fiscalía por otro daño económico al Estado que asciende a la suma de 177.000 bolivianos por la adquisición de un medidor que nunca ingresó a los activos de YPFB.
El fiscal Rodríguez, tras conocer el caso, presentó la acusación formal en contra de Ramírez porque, de acuerdo con él, “hay una irregular adquisición de este equipo el 24 de septiembre de 2008”.
El fiscal recordó que, en 2008, el jefe de la unidad de plantas y almacenaje de La Paz, Luis Parra, solicitó el pago de 177.000 bolivianos a la empresa unipersonal COPAI Ingeniería, indicando que se había recibido a conformidad el medidor que nunca llegó a ser parte de los activos de YPFB. Ramírez, en audiencia, sostuvo que la investigación “tiene un móvil político y no jurídico”.
El fiscal Marco Antonio Rodríguez, tras escuchar a la defensa y las declaraciones de Santos Ramírez, manifestó que la Fiscalía demostrará con evidencias que se produjo un daño al Estado en el proceso iniciado este lunes y que proseguirá el miércoles desde las 08.00.
Ramírez fue sentenciado a 12 años de cárcel en enero pasado por contratar en forma irregular a una empresa para instalar una planta separadora de líquidos en Río Grande. La irregularidad fue develada después del atraco y asesinato del empresario tarijeño Jorge O'Connor D'Arlach, propietario de la constructora Uniservice, que ganó una licitación y se adjudicó la obra de 86,35 millones de dólares.
Denuncia. Después fue denunciado a la Fiscalía por otro daño económico al Estado que asciende a la suma de 177.000 bolivianos por la adquisición de un medidor que nunca ingresó a los activos de YPFB.
El fiscal Rodríguez, tras conocer el caso, presentó la acusación formal en contra de Ramírez porque, de acuerdo con él, “hay una irregular adquisición de este equipo el 24 de septiembre de 2008”.
El fiscal recordó que, en 2008, el jefe de la unidad de plantas y almacenaje de La Paz, Luis Parra, solicitó el pago de 177.000 bolivianos a la empresa unipersonal COPAI Ingeniería, indicando que se había recibido a conformidad el medidor que nunca llegó a ser parte de los activos de YPFB. Ramírez, en audiencia, sostuvo que la investigación “tiene un móvil político y no jurídico”.
Política Martes, 18 de Diciembre, 2012 Ostreicher: Una juez decide hoy si sale libre
El ciudadano norteamericano Jacob Ostreicher tiene una audiencia importante hoy. El juzgado, a cargo de la juez Eneas Gentile, tratará el pedido de cesación de detención del empresario, aprehendido desde junio del año pasado por presunto enriquecimiento ilícito y nexos con el narcotraficante brasileño Maximiliano Dorado.
Yimmy Montaño y Jerjes Justiniano, abogados de Ostreicher, tienen como objetivo conseguir una medida sustitutiva en esta audiencia, y para ello presentarán "elementos consistentes" para justificar que no existe riesgo de fuga ni obstrucción de la justicia. La audiencia se realizará a las 9:30 en Los Tusequis. Por su parte, la juez Gentile dijo que ha pedido mayor protección policial en esta casa teniendo en cuenta la connotación del caso. Dijo que escuchará a ambas partes y que luego se pronunciará.
Pedirán que continúe detenido. El fiscal del Distrito, Henry Herrera, manifestó que seguirían latentes los riesgos procesales en el caso Ostreicher, por lo que dijo que persistirán en su pedido de continuar con la detención contra Ostreicher. Según Herrera, se ha conocido de dos diferentes certificados, uno en Estados Unidos y de un segundo matrimonio supuestamente contraído en Bolivia. Montaño, por su parte, dijo que el "fraudulento" matrimonio ha sido "fabricado" por la colombiana Claudia Liliana Rodríguez Espitia. Mario Uribe, ex fiscal General, prestó su declaración ayer sin consecuencias.
Asambleísta del MAS pide renuncia de los ministros
El asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) Roberto de la Cruz exigió la renuncia de los ministros supuestamente implicados en el caso de la red de extorsión y corrupción para viabilizar de mejor manera el proceso de investigación. "En El Alto hay malestar por los ministros implicados en la red de extorsión, estos señores tienen que someterse a la investigación y para ello deben renunciar a sus cargos", manifestó el asambleísta.
De la Cruz indicó que los funcionarios que deben renunciar son el ministro de Gobierno, Carlos Romero; el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; y la ministra de Transparencia, Nardy Suxo.
«No queremos que presencia de congresistas y de Sean Penn sea tomada como injerencia»
Jimmy Montaño
Abogado De Ostreicher
«Como Ministerio Público mantenemos la posición en el tema de los obstáculos»
Henry Herrera
Fiscal De Distrito
Yimmy Montaño y Jerjes Justiniano, abogados de Ostreicher, tienen como objetivo conseguir una medida sustitutiva en esta audiencia, y para ello presentarán "elementos consistentes" para justificar que no existe riesgo de fuga ni obstrucción de la justicia. La audiencia se realizará a las 9:30 en Los Tusequis. Por su parte, la juez Gentile dijo que ha pedido mayor protección policial en esta casa teniendo en cuenta la connotación del caso. Dijo que escuchará a ambas partes y que luego se pronunciará.
Pedirán que continúe detenido. El fiscal del Distrito, Henry Herrera, manifestó que seguirían latentes los riesgos procesales en el caso Ostreicher, por lo que dijo que persistirán en su pedido de continuar con la detención contra Ostreicher. Según Herrera, se ha conocido de dos diferentes certificados, uno en Estados Unidos y de un segundo matrimonio supuestamente contraído en Bolivia. Montaño, por su parte, dijo que el "fraudulento" matrimonio ha sido "fabricado" por la colombiana Claudia Liliana Rodríguez Espitia. Mario Uribe, ex fiscal General, prestó su declaración ayer sin consecuencias.
Asambleísta del MAS pide renuncia de los ministros
El asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) Roberto de la Cruz exigió la renuncia de los ministros supuestamente implicados en el caso de la red de extorsión y corrupción para viabilizar de mejor manera el proceso de investigación. "En El Alto hay malestar por los ministros implicados en la red de extorsión, estos señores tienen que someterse a la investigación y para ello deben renunciar a sus cargos", manifestó el asambleísta.
De la Cruz indicó que los funcionarios que deben renunciar son el ministro de Gobierno, Carlos Romero; el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; y la ministra de Transparencia, Nardy Suxo.
«No queremos que presencia de congresistas y de Sean Penn sea tomada como injerencia»
Jimmy Montaño
Abogado De Ostreicher
«Como Ministerio Público mantenemos la posición en el tema de los obstáculos»
Henry Herrera
Fiscal De Distrito
lunes, 17 de diciembre de 2012
Torrico advierte que una imputación mal planteada favorecerá a red de extorsión
El exviceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, está convencido de que hay una equivocación en la tipificación del delito por el que están en prisión preventiva 10 implicados en la red tipificada como extorsión.
Torrico cree que al equivocarse en la imputación, dentro de seis o nueve meses los detenidos saldrán en libertad y no habrá más que agregar al caso.
“Yo digo que no es extorsión porque es un delito privado, tampoco es una organización criminal porque no hay caso de narcotráfico o secuestro, creo que es un caso de uso de influencias para enriquecimiento ilícito, hay un concurso real de delitos con múltiples víctimas y como son funcionarios públicos agravan su pena en un tercio. Si calificas mal en la cautelar en la audiencias conclusiva no califican los delitos que se imputa”, advirtió.
Torrico cree que no se trata de una equivocación pretendida con el simple afán de favorecer a la cita red. “Prefiero pensar que los fiscales han pecado de ingenuos, quiero darles el derecho a la duda”, expresó.
Recordó el Código Penal para referirse a algunas preferencias, tal el caso de haber enviado a los principales sindicados a la Felcc, enmanillar a unos y no a otros, lo que demuestra influencias de algunos.
Sugirió que la Comisión Nacional de Investigación en el caso de corrupción y extorsión debería convocar al ex fiscal, Harry Suaznábar y al actual juez del Juzgado Primero de Medidas Cautelares, Néstor Carlos Guerrero, debido a que todos los casos del Ministerio Público patrocinados por Rivera y Rodas recaían en estas dos instancias jurídicas, de manera extraña.
Con relación a la libertad de acción que tenían los integrantes de la red, recordó que fue manejado casi de manera independiente a partir de las atribuciones entregadas por la exautoridad Sacha Llorenti, quien en vez de controlar a su gente se dedicaba a “chatear” todo el día.
Producto de esta dejadez y abandono de funciones se dispararon varios casos como el de Caranavi, Chaparina y se quiso hacer ver que estos problemas fueron producto de que se rompieron las cadenas de mando.
A juicio de Torrico, nunca se rompe la cadena de mando. “Lo que sucedió es que en estos casos nadie quiere asumir su responsabilidad por el descuido y la inexperiencia que se ha manejado el Ministerio de Gobierno. Nunca se rompe una cadena de mando, lo que pasó en todos estos casos fue que todos querían ordenar y como tenía libertad de acción, querían hacer lo que les daba la gana, como que lo hicieron en muchos de los casos”, afirmó a EL DIARIO.
Torrico está convencido de que la contratación de Rivera, Rodas y otros no es producto de la casualidad, sino de influencias o padrinos. “En política no hay casualidades, tampoco méritos, todo es premeditado en política. Por algún motivo Villegas fue a dar al Ministerio de Transparencia. Cómo entró, no sé. La ministra dice que fue por concurso de méritos y no hay tal concurso, basta ver la página de Sicoe. Tampoco sé si doña Nardi (Suxo) hace las contrataciones o la hace un viceministro. Alguien lo puso, tengo mis sospechas, pero no puedo decirlo, porque luego me dirán que tengo que comprobarlo”, expresó Torrico.
En tanto, el proceso continúa y ayer se determinó la detención preventiva en Palmasola del exinspector de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi), Miguel Gutiérrez Solís, quien dijo que dio nombres en su declaración, pero “extrañamente” no se ha detenido a ningún aludido. “Si los fiscales y el Gobierno quieren encubrir todo está bien; mi vida corre peligro, pero saben quiénes están arriba”, declaró.
El caso de extorsión al norteamericano Jacob Ostreicher ya lleva diez detenidos con gente vinculada a los ministerios de Gobierno, la Presidencia y Anticorrupción, además de fiscales, entre ellos Fernando Rivera, Dennis Rodas, Isabelino Gómez, Boris Villegas y Juan Antezana.
Torrico cree que al equivocarse en la imputación, dentro de seis o nueve meses los detenidos saldrán en libertad y no habrá más que agregar al caso.
“Yo digo que no es extorsión porque es un delito privado, tampoco es una organización criminal porque no hay caso de narcotráfico o secuestro, creo que es un caso de uso de influencias para enriquecimiento ilícito, hay un concurso real de delitos con múltiples víctimas y como son funcionarios públicos agravan su pena en un tercio. Si calificas mal en la cautelar en la audiencias conclusiva no califican los delitos que se imputa”, advirtió.
Torrico cree que no se trata de una equivocación pretendida con el simple afán de favorecer a la cita red. “Prefiero pensar que los fiscales han pecado de ingenuos, quiero darles el derecho a la duda”, expresó.
Recordó el Código Penal para referirse a algunas preferencias, tal el caso de haber enviado a los principales sindicados a la Felcc, enmanillar a unos y no a otros, lo que demuestra influencias de algunos.
Sugirió que la Comisión Nacional de Investigación en el caso de corrupción y extorsión debería convocar al ex fiscal, Harry Suaznábar y al actual juez del Juzgado Primero de Medidas Cautelares, Néstor Carlos Guerrero, debido a que todos los casos del Ministerio Público patrocinados por Rivera y Rodas recaían en estas dos instancias jurídicas, de manera extraña.
Con relación a la libertad de acción que tenían los integrantes de la red, recordó que fue manejado casi de manera independiente a partir de las atribuciones entregadas por la exautoridad Sacha Llorenti, quien en vez de controlar a su gente se dedicaba a “chatear” todo el día.
Producto de esta dejadez y abandono de funciones se dispararon varios casos como el de Caranavi, Chaparina y se quiso hacer ver que estos problemas fueron producto de que se rompieron las cadenas de mando.
A juicio de Torrico, nunca se rompe la cadena de mando. “Lo que sucedió es que en estos casos nadie quiere asumir su responsabilidad por el descuido y la inexperiencia que se ha manejado el Ministerio de Gobierno. Nunca se rompe una cadena de mando, lo que pasó en todos estos casos fue que todos querían ordenar y como tenía libertad de acción, querían hacer lo que les daba la gana, como que lo hicieron en muchos de los casos”, afirmó a EL DIARIO.
Torrico está convencido de que la contratación de Rivera, Rodas y otros no es producto de la casualidad, sino de influencias o padrinos. “En política no hay casualidades, tampoco méritos, todo es premeditado en política. Por algún motivo Villegas fue a dar al Ministerio de Transparencia. Cómo entró, no sé. La ministra dice que fue por concurso de méritos y no hay tal concurso, basta ver la página de Sicoe. Tampoco sé si doña Nardi (Suxo) hace las contrataciones o la hace un viceministro. Alguien lo puso, tengo mis sospechas, pero no puedo decirlo, porque luego me dirán que tengo que comprobarlo”, expresó Torrico.
En tanto, el proceso continúa y ayer se determinó la detención preventiva en Palmasola del exinspector de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi), Miguel Gutiérrez Solís, quien dijo que dio nombres en su declaración, pero “extrañamente” no se ha detenido a ningún aludido. “Si los fiscales y el Gobierno quieren encubrir todo está bien; mi vida corre peligro, pero saben quiénes están arriba”, declaró.
El caso de extorsión al norteamericano Jacob Ostreicher ya lleva diez detenidos con gente vinculada a los ministerios de Gobierno, la Presidencia y Anticorrupción, además de fiscales, entre ellos Fernando Rivera, Dennis Rodas, Isabelino Gómez, Boris Villegas y Juan Antezana.
Mañana es día clave para Jacob Ostreicher
El Ministro de Gobierno confirmó la audiencia de cesación de detención este martes.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó ayer que este martes se realizará la audiencia de cesación de detención para el empresario Jacob Ostreicher, en la que se definirá si el acusado continuará detenido o accederá a su liberación.
“El Señor Jacob tiene que debatir en esa audiencia la posibilidad de tener una medida sustitutiva. Nosotros, en todo caso, acompañaremos esa audiencia. Esperemos que la autoridad Judicial actúe como mande la ley y la ley establece que si la defensa presenta elementos consistentes de que no hay una actitud de obstrucción de la justicia, no hay intencionalidad de fuga, se tomarán medidas sustitutivas”.
El Ministro dijo que la investigación se está realizando de acuerdo a ley y que su despacho no va a interferir para garantizar efectividad en el proceso.
“He recibido las investigaciones, (se) están cumpliendo los ritmos, la posibilidad es definida por el Ministerio Público, yo no quiero entrar en polémica con el Ministerio Público, somos respetuosos con nuestro trabajo, respetamos su atribución legal de esta investigación y confiamos que la misma se desarrolle de manera acelerada y objetiva”.
Declaraciones. El Ministro de Gobierno va a presentar un memorial al Ministerio Público, específicamente a la comisión que investiga a la llamada red de extorsión, en el que hace conocer su predisposición a declarar voluntariamente en torno a dicha red.
“Voluntariamente vamos a hacer que se fije esta audiencia de declaración testifical que puedo hacer en la presente semana, yo tengo un viaje, una misión que debo cumplir en el exterior, en Brasilia con autoridades. Estaré ausente los días lunes y martes. Mi propósito era (declarar) en la jornada de ayer, sábado (anteayer), pero lamentablemente, la interpelación parlamentaria duró 6 horas. Y (con) otra agenda que cumplimos con los embajadores, no pudimos llegar a tiempo. Arribé a Santa Cruz en horas de la noche, los fiscales ya se habían retirado porque habían tenido una larga jornada de audiencias en el marco de este proceso, no pudo realizarse la audiencia como yo habría deseado”, explicó la autoridad.
Sobre claudia liliana rodríguez. El abogado de Claudia Liliana Rodríguez —socia de Ostreicher—, Fabio Jofre, denunció que se le siguió proceso judicial a su clienta sin haberle tomado primero las declaraciones correspondientes.
“Sin que le hayan tomado una declaración informativa ya se le ha seguido proceso sin ninguna prueba (…). Sólo prestó declaraciones en el caso de Legitimación de Ganancias Ilícitas, pero no en el caso Ostreicher”, afirmó.
La acusada por estafa estaba detenida en Sucre por supuesta legitimación ilícita de ganancias y por un supuesto vínculo con el narcotraficante Maximiliano Dorado; sin embargo, debido a problemas de salud se la trasladó a Santa Cruz.
“La razón del traslado es sólo por causas médicas porque en Sucre no existen los materiales para atender sus dolencias”, dijo Jofre.
Por otro lado, el defensor de Ostreicher pidió el pasado viernes que su cliente sea trasladado de centro asistencial, pues temen por su seguridad, “gente desconocida ha intentado ingresar a su habitación”, dijo Jimmy Montaño.
“Hay una situación de inseguridad, hay personas que han estado visitando la habitación de mi cliente que no tienen nada que ver”.
Jimmy Montaño / ABOGADO DE OSTREICHER
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó ayer que este martes se realizará la audiencia de cesación de detención para el empresario Jacob Ostreicher, en la que se definirá si el acusado continuará detenido o accederá a su liberación.
“El Señor Jacob tiene que debatir en esa audiencia la posibilidad de tener una medida sustitutiva. Nosotros, en todo caso, acompañaremos esa audiencia. Esperemos que la autoridad Judicial actúe como mande la ley y la ley establece que si la defensa presenta elementos consistentes de que no hay una actitud de obstrucción de la justicia, no hay intencionalidad de fuga, se tomarán medidas sustitutivas”.
El Ministro dijo que la investigación se está realizando de acuerdo a ley y que su despacho no va a interferir para garantizar efectividad en el proceso.
“He recibido las investigaciones, (se) están cumpliendo los ritmos, la posibilidad es definida por el Ministerio Público, yo no quiero entrar en polémica con el Ministerio Público, somos respetuosos con nuestro trabajo, respetamos su atribución legal de esta investigación y confiamos que la misma se desarrolle de manera acelerada y objetiva”.
Declaraciones. El Ministro de Gobierno va a presentar un memorial al Ministerio Público, específicamente a la comisión que investiga a la llamada red de extorsión, en el que hace conocer su predisposición a declarar voluntariamente en torno a dicha red.
“Voluntariamente vamos a hacer que se fije esta audiencia de declaración testifical que puedo hacer en la presente semana, yo tengo un viaje, una misión que debo cumplir en el exterior, en Brasilia con autoridades. Estaré ausente los días lunes y martes. Mi propósito era (declarar) en la jornada de ayer, sábado (anteayer), pero lamentablemente, la interpelación parlamentaria duró 6 horas. Y (con) otra agenda que cumplimos con los embajadores, no pudimos llegar a tiempo. Arribé a Santa Cruz en horas de la noche, los fiscales ya se habían retirado porque habían tenido una larga jornada de audiencias en el marco de este proceso, no pudo realizarse la audiencia como yo habría deseado”, explicó la autoridad.
Sobre claudia liliana rodríguez. El abogado de Claudia Liliana Rodríguez —socia de Ostreicher—, Fabio Jofre, denunció que se le siguió proceso judicial a su clienta sin haberle tomado primero las declaraciones correspondientes.
“Sin que le hayan tomado una declaración informativa ya se le ha seguido proceso sin ninguna prueba (…). Sólo prestó declaraciones en el caso de Legitimación de Ganancias Ilícitas, pero no en el caso Ostreicher”, afirmó.
La acusada por estafa estaba detenida en Sucre por supuesta legitimación ilícita de ganancias y por un supuesto vínculo con el narcotraficante Maximiliano Dorado; sin embargo, debido a problemas de salud se la trasladó a Santa Cruz.
“La razón del traslado es sólo por causas médicas porque en Sucre no existen los materiales para atender sus dolencias”, dijo Jofre.
Por otro lado, el defensor de Ostreicher pidió el pasado viernes que su cliente sea trasladado de centro asistencial, pues temen por su seguridad, “gente desconocida ha intentado ingresar a su habitación”, dijo Jimmy Montaño.
“Hay una situación de inseguridad, hay personas que han estado visitando la habitación de mi cliente que no tienen nada que ver”.
Jimmy Montaño / ABOGADO DE OSTREICHER
ALCALDÍA de La Paz registra 140 casos de corrupción en 2012
Según el concejal del MAS Jorge Silva, la Alcaldía paceña combate los hechos de corrupción menores y no da a conocer los de mayor gravedad.
LA PAZ
Cambio
Este año, la Alcaldía de La Paz registró 140 denuncias por hechos de corrupción; sin embargo, el concejal del Movimiento al Socialismo (MAS) Jorge Silva manifestó que ese dato es poco creíble porque sólo se presentaron los hechos de menor relevancia.
El dato proviene de la Unidad de Transparencia del Gobierno Municipal y fue revelado en un informe presentado por el alcalde Luis Revilla en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción y el Día de la Transparencia Municipal.
De acuerdo con el documento, la Guardia Municipal y la Intendencia, encargada de emitir licencias de funcionamiento y catastro, son las reparticiones que más denuncias reunieron en 2012.
Según el Ejecutivo edil, entre los casos resueltos las sanciones han ido desde las administrativas y en algunos casos se ha optado por el despido.
De los casos, en criterio de Revilla, 88 fueron aclarados y 50 aún se encuentran en proceso de investigación.
Para el concejal Silva, con seguridad existen mayores casos de corrupción que tienen que ver con la aprobación de planimetrías y nepotismo, entre otros, que no son denunciados por temor a represalias y en los que incluso están involucradas algunas dirigencias.
El concejal consideró que en la Alcaldía de La Paz no se hace una lucha frontal contra la corrupción y planteó la necesidad de que una entidad externa realice una auditoría para conocer la verdadera dimensión de las irregularidades que se cometen en esa institución.
“El Alcalde siempre va a dar a conocer lo que le conviene y lo que no, lo va a encubrir, por ejemplo, el caso de nepotismo entre la subalcaldesa Patricia Velasco, Fabián Siñani y el subalcalde Ramiro Burgos que son familiares, eso no lo van a dar a conocer a la población. Ese informe es muy poco creíble y parcial”, afirmó.
“Con este informe realizado por la Unidad de Transparencia se muestra que los propios ratones cuidan su queso”, agregó.
Por último, Jorge Silva mencionó, como otro caso irregular, la utilización de vehículos de la Alcaldía de La Paz para realizar “trabajo político” por parte de Juan Del Granado.
LA PAZ
Cambio
Este año, la Alcaldía de La Paz registró 140 denuncias por hechos de corrupción; sin embargo, el concejal del Movimiento al Socialismo (MAS) Jorge Silva manifestó que ese dato es poco creíble porque sólo se presentaron los hechos de menor relevancia.
El dato proviene de la Unidad de Transparencia del Gobierno Municipal y fue revelado en un informe presentado por el alcalde Luis Revilla en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción y el Día de la Transparencia Municipal.
De acuerdo con el documento, la Guardia Municipal y la Intendencia, encargada de emitir licencias de funcionamiento y catastro, son las reparticiones que más denuncias reunieron en 2012.
Según el Ejecutivo edil, entre los casos resueltos las sanciones han ido desde las administrativas y en algunos casos se ha optado por el despido.
De los casos, en criterio de Revilla, 88 fueron aclarados y 50 aún se encuentran en proceso de investigación.
Para el concejal Silva, con seguridad existen mayores casos de corrupción que tienen que ver con la aprobación de planimetrías y nepotismo, entre otros, que no son denunciados por temor a represalias y en los que incluso están involucradas algunas dirigencias.
El concejal consideró que en la Alcaldía de La Paz no se hace una lucha frontal contra la corrupción y planteó la necesidad de que una entidad externa realice una auditoría para conocer la verdadera dimensión de las irregularidades que se cometen en esa institución.
“El Alcalde siempre va a dar a conocer lo que le conviene y lo que no, lo va a encubrir, por ejemplo, el caso de nepotismo entre la subalcaldesa Patricia Velasco, Fabián Siñani y el subalcalde Ramiro Burgos que son familiares, eso no lo van a dar a conocer a la población. Ese informe es muy poco creíble y parcial”, afirmó.
“Con este informe realizado por la Unidad de Transparencia se muestra que los propios ratones cuidan su queso”, agregó.
Por último, Jorge Silva mencionó, como otro caso irregular, la utilización de vehículos de la Alcaldía de La Paz para realizar “trabajo político” por parte de Juan Del Granado.
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