miércoles, 12 de junio de 2013
La Fiscalía reactiva el proceso por Terrorismo II
Una comisión integrada por los fiscales Marco Antonio Rodríguez, Fernando Cabrera y Fabiana Acero reactiva el proceso denominado Terrorismo II, en el que se investiga a quienes habrían financiado al grupo acusado de separatista liderado por Eduardo Rózsa y por el cual se abrió el juicio Terrorismo I.
Rodríguez precisó que el caso Terrorismo II, que data de fines de 2010 y que fue iniciado a raíz de la desarticulación de esa célula separatista en Santa Cruz en abril de 2009, todavía está en etapa preparatoria.
En ese marco, con la finalidad de impulsar el proceso, explicó que su colega Cabrera viajó a la ciudad de Santa Cruz para “ejecutar algunos actos de investigación pendientes y recolectar información”.
Entre esas acciones, manifestó, se encuentra la toma de declaraciones a algunos sindicados y testigos. Empero, acotó, algunas de esas personas que también están procesadas en el caso Rózsa o Terrorismo I ya no están en el país, como Branko Marinkovic o Guido Náyar.
Especificó que en su momento diez imputados fueron remitidos preventivamente a la cárcel, pero a la fecha ninguno guarda encierro, pues se beneficiaron con la libertad condicional o medidas sustitutivas.
Rodríguez, que también es fiscal del caso Terrorismo I, precisó que no sólo se investiga a quiénes financiaron económicamente a ese grupo armado, sino también a las personas que apoyaron logísticamente o con información.
Caso Roghel Bolivia: juez confirma detención por estafa múltiple
La detención preventiva de Winsor Goitia Chappy, en el Penal de San Pedro de La Paz, y de Karen Olmos de Goitia, en el Centro de Orientación Femenina de esa misma ciudad, fue confirmada ayer por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso penal seguido contra ellos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), por los delitos de estafa con agravación de víctimas múltiples, asociación delictuosa y sociedades y asociaciones ficticias a través de la firma Roghel Bolivia.
Goitia y Olmos fueron sentenciados a 14 años de cárcel por una estafa piramidal a más de un millar de personas a través de Roghel Bolivia y se estima que el daño económico causado supera los 40 millones de dólares.
Una nota de prensa difundida ayer por la ASFI, señala que la ratificación de la detención fue hecha por la Sala Penal Segunda, presidida por Fernando Ganam y el vocal Félix Peralta, ayer en audiencia de medidas cautelares, en respuesta a la apelación presentada. De esta manera se desestimó la solicitud de sustitución por la detención domiciliaria, solicitada por Goitia y Olmos.
Este caso, seguido por la ASFI y por el Ministerio Público, se inició el año 2008 a partir de la denuncia presentada por la entonces Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras - SBEF, hoy Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, y que actualmente, luego de la etapa de investigación y juicio culminó con la sentencia de culpabilidad emitida por el Tribunal Sexto de Sentencia de la ciudad de La Paz.
Hasta la fecha, se sabe que al menos 890 personas son los querellantes que fueron estafados Goitia y su esposa.
La nota de la ASFI señala que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, “por mandato de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su inciso cuarto, se determina que ‘El Estado no asume, ni reconoce adeudos de la Banca ni de entidades financieras privadas’, razón por la cual las víctimas deberán seguir la acción para la reparación del daño civil, concluido el proceso penal con sentencia condenatoria”.
La ASFI señala que continuará coordinando con el Ministerio Público para que se haga justicia por los daños ocasionados.
Antecedentes
• Roghel Bolivia inició sus operaciones en Cochabamba el año 2004, mediante la supuesta implementación de programas de financiamiento para la compra de inmuebles, vehículos y maquinaria.
• Entre enero y febrero de 2008, la ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras descubrió la estafa piramidal cometida contra los ahorristas.
• Roghel pedía al interesado entre el 30 y 45 por ciento del costo de un bien y lo recibía a los 180 a 240 días recibía el mismo. La firma “supuestamente cubría el monto restante a fondo perdido”.
Goitia y Olmos fueron sentenciados a 14 años de cárcel por una estafa piramidal a más de un millar de personas a través de Roghel Bolivia y se estima que el daño económico causado supera los 40 millones de dólares.
Una nota de prensa difundida ayer por la ASFI, señala que la ratificación de la detención fue hecha por la Sala Penal Segunda, presidida por Fernando Ganam y el vocal Félix Peralta, ayer en audiencia de medidas cautelares, en respuesta a la apelación presentada. De esta manera se desestimó la solicitud de sustitución por la detención domiciliaria, solicitada por Goitia y Olmos.
Este caso, seguido por la ASFI y por el Ministerio Público, se inició el año 2008 a partir de la denuncia presentada por la entonces Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras - SBEF, hoy Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, y que actualmente, luego de la etapa de investigación y juicio culminó con la sentencia de culpabilidad emitida por el Tribunal Sexto de Sentencia de la ciudad de La Paz.
Hasta la fecha, se sabe que al menos 890 personas son los querellantes que fueron estafados Goitia y su esposa.
La nota de la ASFI señala que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, “por mandato de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su inciso cuarto, se determina que ‘El Estado no asume, ni reconoce adeudos de la Banca ni de entidades financieras privadas’, razón por la cual las víctimas deberán seguir la acción para la reparación del daño civil, concluido el proceso penal con sentencia condenatoria”.
La ASFI señala que continuará coordinando con el Ministerio Público para que se haga justicia por los daños ocasionados.
Antecedentes
• Roghel Bolivia inició sus operaciones en Cochabamba el año 2004, mediante la supuesta implementación de programas de financiamiento para la compra de inmuebles, vehículos y maquinaria.
• Entre enero y febrero de 2008, la ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras descubrió la estafa piramidal cometida contra los ahorristas.
• Roghel pedía al interesado entre el 30 y 45 por ciento del costo de un bien y lo recibía a los 180 a 240 días recibía el mismo. La firma “supuestamente cubría el monto restante a fondo perdido”.
martes, 11 de junio de 2013
Funcionarios de YPFB son investigados en Riberalta
Siete funcionarios de YPFB del distrito de Riberalta se encuentran sometidos a un riguroso proceso de investigación por supuestos hechos de corrupción, entre ellos el exjefe de zona y el actual ejecutivo regional de la empresa.
Una comisión de fiscales llegó desde La Paz e inmediatamente procedió a allanar las viviendas de los supuestos involucrados. No se descarta que en las siguientes horas se realicen algunas detenciones.
Fuentes de la empresa no quisieron ahondar en detalles y señalaron que la comisión de fiscales informará oportunamente sobre el resultado de las investigaciones /DB
Una comisión de fiscales llegó desde La Paz e inmediatamente procedió a allanar las viviendas de los supuestos involucrados. No se descarta que en las siguientes horas se realicen algunas detenciones.
Fuentes de la empresa no quisieron ahondar en detalles y señalaron que la comisión de fiscales informará oportunamente sobre el resultado de las investigaciones /DB
lunes, 10 de junio de 2013
Dos presos por la red de extorsión aceptan su culpa
Los procesados Gustavo Wagner Céspedes Rosales y Miguel Gutiérrez Soliz aceptaron su culpa y solicitaron un proceso abreviado en el caso de la red de extorsión al empresario estadounidense Jacob Ostreicher.
El informe fue confirmado por el coordinador de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Olvis Éguez al señalar que ambos detenidos ya presentaron sus memoriales pero analizan los dos casos para radicarlos ente un juez que debe fijar una audiencia para emitir su fallo.
Ambos procesados coinciden en su pedido. Consideran que ya no les interesa declararse culpables porque primero está la atención a sus familiares que están abandonados y pasando por momentos difíciles.
Gustavo Céspedes, señalado de trabajar de forma estrecha con los asesores del Ministerio de Gobierno, en una de sus declaraciones ampliatorias más polémicas implicó a la ministra de Transparencia Nardy Suxo, al exfiscal Francisco Núñez del Prado, al ex presidente del Tribunal de Justicia Ariel Rocha, a jueces y algunos vocales de formar parte de la red. Está detenido en el PC-6 de Palmasola y cree que en su contra se comete una injusticia y le duele no poder atender a sus dos hijos menores, por ello decidió ir a un juicio abreviado para salir libre con una pena mínima.
Miguel Gutiérrez, también recluido en el PC-6, manifestó que “ahora lo que quiero es mi libertad para ayudar a mi familia, que está abandonada”, dijo.
Para la Fiscalía es beneficioso
El coordinador Olvis Éguez consideró que la voluntad de los dos implicados de renunciar al juicio oral y someterse a un abreviado beneficia a toda la investigación porque se logra una condena. Esto abre el camino en un caso con 39 personas involucradas, de las cuales 14 están detenidas entre funcionarios del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de la Presidencia, de la Fiscalía y de la Dirección de Bienes Incautados. Dentro de las investigaciones también existen personas con mandamiento de apremio que están por ser declaradas rebeldes.
Seguidilla de excusas
Las audiencias en los juzgados donde se ventila el caso de la red de extorsión están sufriendo demora y esa situación preocupa a la fiscalía anticorrupción. El juez que conoció el caso, José Subieta, se excusó, lo mismo hizo Pablo Vargas, Valeria Salas, Eneas Gentile y Wilson Arévalo. El viernes el caso pasó ante un juez de la Villa Primero de Mayo.
El fiscal Olvis Eguez dijo que las excusas motivadas especialmente por enemistad entre jueces y abogados de los procesados, causa perjuicio pues no se cumplen con los términos que establece la norma. Asimismo, señaló que hay varias personas prófugas que deben ser declaradas rebeldes y las excusas entorpecen.
Para las 15:30 de hoy está prevista en la sala Penal Primera la apelación del ex director jurídico Fernando Rivera
Apuestan por su inocencia
Los ex hombres fuertes
Fernando Rivera, Denis Rodas y Boris Villegas aseguran que lucharán por su inocencia.
Solo cumplieron órdenes
En sus declaraciones Fernando Rivera dice que para indagar el caso de Jacob Ostreicher solo cumplió órdenes especialmente del exministro de Gobierno Sacha Llorenti.
Los otros no se pronuncian
El procesado José Manuel Antezana del Ministerio de la Presidencia, los exfiscales Isabelino Gómez, Roberto Achá, Janeth Velarde, Edward Mollinedo, así como exfuncionarios de Dircabi, no se pronunciaron pero creen en su inocencia.
Ostreicher: “Deberían de agradecer a Sean Penn”
El estadounidense Jacob Ostreicher expresó su decepción por los ataques de los parlamentarios Isaac Ávalos, Galo Bonifaz y por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que cuestionaron al actor Sean Penn e incluso lo llamaron hasta de cuatro sobrenombres.
Ostreicher expresó que Sean Penn es el único que, frente al Congreso en Estados Unidos, cuestionó al Gobierno de Barack Obama por no ayudar a Bolivia en sus causas del mar, de la coca y otros temas. Sean Penn no pretende dañar a los bolivianos con el pedido a las compañías que patrocinan el Dakar. Lo que se busca es llamar la atención internacional para que luchen por miles de bolivianos que son víctimas de la justicia”, dijo Jacob. Expresó que la gente del Gobierno de Bolivia debería agradecer a Sean Penn y más bien lo insultan.
“Bonifaz, Ávalos y Quintana atacan a Sean Penn y a mí me amenazan por mandar cartas al presidente Morales, pero ninguno de ellos habla contra la red de extorsión”, dijo Jacob. Señaló que a “mídeberían de invitarme y no escribir cartas”, dijo al señalar que hay gente desleal a Evo Morales.
El informe fue confirmado por el coordinador de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Olvis Éguez al señalar que ambos detenidos ya presentaron sus memoriales pero analizan los dos casos para radicarlos ente un juez que debe fijar una audiencia para emitir su fallo.
Ambos procesados coinciden en su pedido. Consideran que ya no les interesa declararse culpables porque primero está la atención a sus familiares que están abandonados y pasando por momentos difíciles.
Gustavo Céspedes, señalado de trabajar de forma estrecha con los asesores del Ministerio de Gobierno, en una de sus declaraciones ampliatorias más polémicas implicó a la ministra de Transparencia Nardy Suxo, al exfiscal Francisco Núñez del Prado, al ex presidente del Tribunal de Justicia Ariel Rocha, a jueces y algunos vocales de formar parte de la red. Está detenido en el PC-6 de Palmasola y cree que en su contra se comete una injusticia y le duele no poder atender a sus dos hijos menores, por ello decidió ir a un juicio abreviado para salir libre con una pena mínima.
Miguel Gutiérrez, también recluido en el PC-6, manifestó que “ahora lo que quiero es mi libertad para ayudar a mi familia, que está abandonada”, dijo.
Para la Fiscalía es beneficioso
El coordinador Olvis Éguez consideró que la voluntad de los dos implicados de renunciar al juicio oral y someterse a un abreviado beneficia a toda la investigación porque se logra una condena. Esto abre el camino en un caso con 39 personas involucradas, de las cuales 14 están detenidas entre funcionarios del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de la Presidencia, de la Fiscalía y de la Dirección de Bienes Incautados. Dentro de las investigaciones también existen personas con mandamiento de apremio que están por ser declaradas rebeldes.
Seguidilla de excusas
Las audiencias en los juzgados donde se ventila el caso de la red de extorsión están sufriendo demora y esa situación preocupa a la fiscalía anticorrupción. El juez que conoció el caso, José Subieta, se excusó, lo mismo hizo Pablo Vargas, Valeria Salas, Eneas Gentile y Wilson Arévalo. El viernes el caso pasó ante un juez de la Villa Primero de Mayo.
El fiscal Olvis Eguez dijo que las excusas motivadas especialmente por enemistad entre jueces y abogados de los procesados, causa perjuicio pues no se cumplen con los términos que establece la norma. Asimismo, señaló que hay varias personas prófugas que deben ser declaradas rebeldes y las excusas entorpecen.
Para las 15:30 de hoy está prevista en la sala Penal Primera la apelación del ex director jurídico Fernando Rivera
Apuestan por su inocencia
Los ex hombres fuertes
Fernando Rivera, Denis Rodas y Boris Villegas aseguran que lucharán por su inocencia.
Solo cumplieron órdenes
En sus declaraciones Fernando Rivera dice que para indagar el caso de Jacob Ostreicher solo cumplió órdenes especialmente del exministro de Gobierno Sacha Llorenti.
Los otros no se pronuncian
El procesado José Manuel Antezana del Ministerio de la Presidencia, los exfiscales Isabelino Gómez, Roberto Achá, Janeth Velarde, Edward Mollinedo, así como exfuncionarios de Dircabi, no se pronunciaron pero creen en su inocencia.
Ostreicher: “Deberían de agradecer a Sean Penn”
El estadounidense Jacob Ostreicher expresó su decepción por los ataques de los parlamentarios Isaac Ávalos, Galo Bonifaz y por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que cuestionaron al actor Sean Penn e incluso lo llamaron hasta de cuatro sobrenombres.
Ostreicher expresó que Sean Penn es el único que, frente al Congreso en Estados Unidos, cuestionó al Gobierno de Barack Obama por no ayudar a Bolivia en sus causas del mar, de la coca y otros temas. Sean Penn no pretende dañar a los bolivianos con el pedido a las compañías que patrocinan el Dakar. Lo que se busca es llamar la atención internacional para que luchen por miles de bolivianos que son víctimas de la justicia”, dijo Jacob. Expresó que la gente del Gobierno de Bolivia debería agradecer a Sean Penn y más bien lo insultan.
“Bonifaz, Ávalos y Quintana atacan a Sean Penn y a mí me amenazan por mandar cartas al presidente Morales, pero ninguno de ellos habla contra la red de extorsión”, dijo Jacob. Señaló que a “mídeberían de invitarme y no escribir cartas”, dijo al señalar que hay gente desleal a Evo Morales.
Suxo: Mario Cossío debe responder por 22 juicios en su contra
La autoridad, en entrevista en Bolivia TV, desvirtuó de esa manera las recientes declaraciones de Cossío, quién declaró que los juicios en su contra 'son inventados' y que el interés por procesarlo es 'político' para anularlo rumbo a las próximas elecciones de 2014.
Suxo manifestó que los procesos contra Cossío cursan en la justicia, muchos de los que fueron interpuestos por sus propios allegados como es el caso del ex diputado por Podemos, Fernando Barrientos, cuando ejercía el cargo de Jefe de Transparencia enTarija y otros por gente que indicó que los intereses de esa región estaban siendo afectados.
Las denuncias se refieren, por ejemplo, a obras que fueron inauguradas y que; sin embargo, nunca fueron concluidas u otras que a días de su estreno ya presentaban rajaduras y deterioro.
"Debe asumir su defensa, tiene garantías para su defensa, este es el momento en que venga a Bolivia y asuma su defensa y no siga los pasos de su hermano que luego de 4 años de sentencia por enriquecimiento ilícito fugo del país", dijo.
La Ministra explicó que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz que recoge las convenciones suscritas por Bolivia sobre lucha contra la corrupción establece que no se puede dejar actos de corrupción en la impunidad, por lo que procede el juzgamiento en rebeldía, que es lo que se hará en el caso de Cossío debido a su prolongada ausencia.
Agregó que la autoridad suspendida debe justificar la "inmensa" fortuna que posee, pues se trata de más de 26 bienes y empresas, que también están a nombre de sus familiares, por lo que dos de sus hijas, entre otros, deben responder por enriquecimiento ilícito con 'afectación' al Estado.
ABI
Suxo manifestó que los procesos contra Cossío cursan en la justicia, muchos de los que fueron interpuestos por sus propios allegados como es el caso del ex diputado por Podemos, Fernando Barrientos, cuando ejercía el cargo de Jefe de Transparencia enTarija y otros por gente que indicó que los intereses de esa región estaban siendo afectados.
Las denuncias se refieren, por ejemplo, a obras que fueron inauguradas y que; sin embargo, nunca fueron concluidas u otras que a días de su estreno ya presentaban rajaduras y deterioro.
"Debe asumir su defensa, tiene garantías para su defensa, este es el momento en que venga a Bolivia y asuma su defensa y no siga los pasos de su hermano que luego de 4 años de sentencia por enriquecimiento ilícito fugo del país", dijo.
La Ministra explicó que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz que recoge las convenciones suscritas por Bolivia sobre lucha contra la corrupción establece que no se puede dejar actos de corrupción en la impunidad, por lo que procede el juzgamiento en rebeldía, que es lo que se hará en el caso de Cossío debido a su prolongada ausencia.
Agregó que la autoridad suspendida debe justificar la "inmensa" fortuna que posee, pues se trata de más de 26 bienes y empresas, que también están a nombre de sus familiares, por lo que dos de sus hijas, entre otros, deben responder por enriquecimiento ilícito con 'afectación' al Estado.
ABI
viernes, 7 de junio de 2013
Suspendido otra vez el juicio del caso Rózsa
La inasistencia del coimputado Ronald Castedo por problemas de salud provocó ayer, por segunda vez consecutiva durante esta semana, la suspensión de la audiencia del caso Terrorismo o Rózsa en Santa Cruz. Hoy se debe reanudar el juicio.
El juez Sixto Fernández, presidente del Tribunal 1° de Sentencia de La Paz que está a cargo del juicio, explicó que se vio obligado a suspender la audiencia porque se incumplió con la determinación de la última audiencia, en la que se dispuso presentar el certificado médico sobre Castedo.
“Estamos esperando que se nos haga llegar a la brevedad posible este certificado que determine, a cabalidad, cuál es el estado de salud del acusado”, declaró el magistrado. Castedo fue sometido, el fin de semana, a una cirugía de corazón.
El caso Terrorismo o Rózsa se refiere a la desarticulación de un grupo acusado de separatista en la capital oriental, en abril de 2009. En este juicio se imputó a 39 personas, de las que 24 asumen su defensa y 15 fueron declaradas en rebeldía.
Herman Fries, abogado de Castedo, que es expresidente de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas), indicó que la salud es delicada, por lo que insistió en que lo separen del proceso por el bien de su cliente.
“Por su estado de salud, (Castedo) puede tener una muerte súbita, él está viviendo sus días contados, cada día que pasa es un regalo para él”, expresó preocupado el abogado defensor.
Contraloría descarta auditar el 100% de obras del Evo Cumple
La Contraloría General del Estado (CGE) revisa el informe de Unidad Nacional sobre el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, pero anunció que no realizará una auditoría a todas las obras que se ejecutaron con financiamiento de ese plan gubernamental.
“Es un tanto irracional en términos de recursos humanos que tiene la Contraloría pretender que se realice auditorías al 100% de las obras”, declaró ayer a Página Siete el subcontralor de Servicios Legales, Edino Clavijo.
El funcionario también dijo que una de las razones fundamentales para no efectuar la evaluación es que “un proyecto o una obra (del Evo Cumple) es realizada por las entidades públicas y no por el programa como tal”.
En su criterio, la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) del Ministerio de la Presidencia sólo cumple un rol de “canalizador” de los fondos y que son las entidades autonómicas, como los municipios, las que ejecutan.
La diputada de la opositora Unidad Nacional (UN) Elizabeth Reyes insistió que la auditoría debe ser realizada a “todo el program, porque el programa Evo Cumple es el que necesita fiscalización y porque evade controles, entre otros”, sostuvo.
No obstante, Clavijo determinó que para la CGE es irrelevante realizar una auditoría a las fuentes de financiamiento de las obras que se ejecutan en los municipios, que pueden ser de donación, IDH, regalías o TGE, sino le interesa que las obras se ejecuten a base de los contratos.
Unidad Nacional puso en debate la falta de control en el manejo de los recursos de este programa que hasta 2011 funcionó con recursos de donación venezolana, según el Gobierno.
Para esta fuerza política opositora, desde 2007 se administraron 438,7 millones de dólares sin fiscalización de ninguna entidad pública. El Gobierno negó esta versión indicando que no administra estos recursos, sino las entrega directamente a los municipios, que tienen sus propias instancias de fiscalización.
Actualmente la Contraloría está revisando el contenido de la investigación realizad por UN.
“Vamos a valorar los aspectos técnicos que (se) están denunciando sobre obras en concreto y como cualquier denuncia, se valorará la pertinencia o no de realizar la auditoría (a las obras)”.
Hay “pequeños problemas”
El presidente Evo Morales reconoció ayer que el programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, que está siendo cuestionado sobre su manejo por la oposición, tuvo “pequeños problemas”, pero no especificó cuáles.
Morales cree que menos del 5% de los municipios presenta problemas.
Desde la ciudad de Santa Cruz el Mandatario resaltó las virtudes de este programa, que destina recursos para infraestructura y equipamiento en municipios.
“Ha habido algunos pequeños problemas, pero muy pocos yo diría. Una vez hicimos una investigación, en el menos del 5% tenían problemas”, dijo, según reportó la ANF.
Con ironía, nuevamente Morales llamó al líder de UN, Samuel Doria Medina, como su jefe de campaña y anunció que este programa continuará, con la diferencia que se redoblará el presupuesto actual.
En La Paz, el diputado del MSM Fabián Yaksic pidió a la Contraloría cumplir con su rol de fiscalización al programa.
“Es un tanto irracional en términos de recursos humanos que tiene la Contraloría pretender que se realice auditorías al 100% de las obras”, declaró ayer a Página Siete el subcontralor de Servicios Legales, Edino Clavijo.
El funcionario también dijo que una de las razones fundamentales para no efectuar la evaluación es que “un proyecto o una obra (del Evo Cumple) es realizada por las entidades públicas y no por el programa como tal”.
En su criterio, la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) del Ministerio de la Presidencia sólo cumple un rol de “canalizador” de los fondos y que son las entidades autonómicas, como los municipios, las que ejecutan.
La diputada de la opositora Unidad Nacional (UN) Elizabeth Reyes insistió que la auditoría debe ser realizada a “todo el program, porque el programa Evo Cumple es el que necesita fiscalización y porque evade controles, entre otros”, sostuvo.
No obstante, Clavijo determinó que para la CGE es irrelevante realizar una auditoría a las fuentes de financiamiento de las obras que se ejecutan en los municipios, que pueden ser de donación, IDH, regalías o TGE, sino le interesa que las obras se ejecuten a base de los contratos.
Unidad Nacional puso en debate la falta de control en el manejo de los recursos de este programa que hasta 2011 funcionó con recursos de donación venezolana, según el Gobierno.
Para esta fuerza política opositora, desde 2007 se administraron 438,7 millones de dólares sin fiscalización de ninguna entidad pública. El Gobierno negó esta versión indicando que no administra estos recursos, sino las entrega directamente a los municipios, que tienen sus propias instancias de fiscalización.
Actualmente la Contraloría está revisando el contenido de la investigación realizad por UN.
“Vamos a valorar los aspectos técnicos que (se) están denunciando sobre obras en concreto y como cualquier denuncia, se valorará la pertinencia o no de realizar la auditoría (a las obras)”.
Hay “pequeños problemas”
El presidente Evo Morales reconoció ayer que el programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, que está siendo cuestionado sobre su manejo por la oposición, tuvo “pequeños problemas”, pero no especificó cuáles.
Morales cree que menos del 5% de los municipios presenta problemas.
Desde la ciudad de Santa Cruz el Mandatario resaltó las virtudes de este programa, que destina recursos para infraestructura y equipamiento en municipios.
“Ha habido algunos pequeños problemas, pero muy pocos yo diría. Una vez hicimos una investigación, en el menos del 5% tenían problemas”, dijo, según reportó la ANF.
Con ironía, nuevamente Morales llamó al líder de UN, Samuel Doria Medina, como su jefe de campaña y anunció que este programa continuará, con la diferencia que se redoblará el presupuesto actual.
En La Paz, el diputado del MSM Fabián Yaksic pidió a la Contraloría cumplir con su rol de fiscalización al programa.
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