El abogado Guido Colque denunció que el juez Sixto Fernández, del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, pretendió sumar los delitos de alzamiento armado y organización criminal, al de terrorismo, por el que es encausado su defendido, Ignacio Villa Vargas, conocido como "el Viejo".
'Tuvimos que hacer valer nuestros derechos y apelar al auto de apertura del juicio en el que únicamente hablan de terrorismo", argumentó Colque.
Alzamiento armado tiene una sentencia de 15 a 30 años y terrorismo de 15 a 20 años, y en su criterio la intención es agravar la situación con delitos que no están registrados. "Uno puede tener varios nombres, pero el que vale es con el que lo anotan en Registro Civil", dijo Colque.
Indicó que es una muestra más de la presión que es objeto el Tribunal por parte de la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno, situación que provocó el malestar de Villa Vargas al momento de su declaración en el juicio oral, el viernes en la tarde.
Villa es el tercer imputado de 38 que comparece en el juicio oral derivado del asalto al hotel Las Américas donde murieran el supuesto cabecilla de la red subversiva, Eduardo Rózsa y dos acompañantes, el 16 de abril del 2009.
Casas de torturas. "El Viejo" dijo ante el Tribunal de que está dispuesto a mostrar 5 casas de tortura donde agentes del Gobierno que armaron el caso Rózsa, lo torturaron para que firmara una declaración en la que implica a líderes cruceños y benianos, principalmente vinculados con el movimiento autonómico del año 2008.
Las casas están ubicadas en la Villa Primero de Mayo, el Plan Tres Mil, la calle Mercado y el segundo anillo y una quinta o casa de campo. Villa también pidió garantías porque le han dejado un explosivo y han querido secuestrar a sus hijos.
Se pregunta Villa
¿Y dónde están los que tramaron el caso?
Implicados. Ignacio Villa preguntó dónde están el exjefe nacional de Inteligencia, Jorge Santistevan; el jefe de la Utarc, capitán Wálter Andrade, la policía Marilín, los agentes del Ministerio de Gobierno, Luis Clavijo, Carlos Núñez del Prado, Edson Alí y el hermano del Vicepresidente, Raúl García Linera. Solo sabe que quienes ayudaron fueron premiados, como Betty Yañiquez, exjuez y ahora fiscal de distrito de La Paz e Isabelino Gómez, fiscal del distrito cruceño.
domingo, 29 de septiembre de 2013
sábado, 28 de septiembre de 2013
'El Viejo' dice que hermano del 'Vice' era un infiltrado
Ignacio Villa Vargas, conocido como "el Viejo" y señalado inicialmente como testigo clave en el proceso por terrorismo y alzamiento armado, reveló ayer en el juicio oral, que Raúl García Linera, hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, era un infiltrado más en la organización del Gobierno que preparó el montaje del caso.
Dijo que lo conoció en una casa de campo en Villa Tunari, en el Chapare, poco antes que prestara su declaración ante la comisión mixta de diputados que investigaba el caso, cuando le pasaron "un libreto" sobre las cosas que debería decir y a quiénes debería implicar.
"Lo conozco bien, es flaco, parecido al Vicepresidente y estaba junto con Edson Alí, Luis Clavijo, Carlos Núñez del Prado, agentes del Ministerio de Gobierno que prepararon todo", dijo.
Villa Vargas dijo que en base a las directrices que le pasaron en su declaración formulada ante los diputados involucró a muchos cruceños, como se lo exigían porque lo tenían amenazado y también a su familia.
Todo es ilegal. "Nada en este caso es legal, desde la denuncia que se presentó antes de los hechos. Por eso digo que esto es amañado", señaló Villa, quien recién empezó a declarar en la tarde, pues en la mañana tuvieron que sortear algunos incidentes hasta quedar en que solo estaba siendo procesado por el delito de terrorismo, y no así por alzamiento armado, asociación delictuosa, tenencia y uso de explosivos, como pedía el Ministerio de Gobierno.
Villa es acusado de ser el chofer del supuesto grupo subversivo que colocó una bomba en la casa del cardenal Julio Terrazas y que luego planificó un supuesto atentado al presidente Evo Morales y que también intentaba dividir el país, en el 2009, poco antes del asalto al hotel Las Américas, donde murieron el presunto cabecilla Eduardo Rózsa y sus acompañantes Arpad Magyarosi y Michel Dwyer.
Concurre después del testimonio de los dos sobrevivientes, el boliviano croata Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó.
Su 'vía crucis'. Villa empezó informando que fue contratado por el agente del Ministerio de Gobierno, Luis Clavijo, por la suma de 7 mil bolivianos mensuales.
Ahí conoció al jefe de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), (el grupo que asaltó el hotel Las Américas y dio muerte a Rózsa y sus dos amigos) capitán Wálter Andrade, a la cabo Marilín, a los agentes Carlos Núñez del Prado y el jefe nacional de Inteligencia, Jorge Santistevan. Todos lo enviaron para que trabaje con Eduardo Rózsa en la Feria Exposición y le pagaban la suma de 80 bolivianos para que les llevara comida.
Señaló que después del 16 de abril del 2009, después de la balacera en Las Américas, fue secuestrado por agentes del Gobierno que lo esperaron en el cuarto anillo tras salir de su casa de Cotoca y desde entonces lo trasladaron a Cochabamba, La Paz y Santa Cruz donde lo torturaron para que firmara declaraciones implicando a varias personas.
Cerca de las 18:30, luego de las declaraciones parciales, la audiencia fue suspendida hasta el 7 de octubre por el juez Sixto Fernández debido a que Villa Vargas sufrió una baja de su presión.
"Dónde están los del Gobierno, los jueces y policías que se prestaron para el montaje. Acaso yo filmé el video-soborno, acaso yo me robé la plata del Ministerio".
Ignacio Villa
Implicado en el caso
"El juez Fernández se equivocó ayer en la audiencia. Dijo que Ignacio Villa debería probar su inocencia, cuando es al revés. Se presume la inocencia".
Otto Ritter
Abogado Defensor
Imputado
Involucra a los fiscales Soza y Céspedes
A Marcelo Soza. El fiscal director funcional de las investigaciones dijo que le pasó una lista de unas 140 personas para que las involucrara. Luego le preguntaba cuál de esos tenían plata.
A Sergio Céspedes. El actual director funcional de las investigaciones dijo lo conoció en la audiencia conclusiva en Cochabamba y tuvo un altercado con él porque le cambiaron un abogado.
Torturas, Villa reveló que debido a que se les pasó la mano con la corriente eléctrica cuando lo torturaron tuvieron que pagar 1.500 bolivianos en la clínica Kamiya de Santa Cruz para que lo curaran.
Dijo que lo conoció en una casa de campo en Villa Tunari, en el Chapare, poco antes que prestara su declaración ante la comisión mixta de diputados que investigaba el caso, cuando le pasaron "un libreto" sobre las cosas que debería decir y a quiénes debería implicar.
"Lo conozco bien, es flaco, parecido al Vicepresidente y estaba junto con Edson Alí, Luis Clavijo, Carlos Núñez del Prado, agentes del Ministerio de Gobierno que prepararon todo", dijo.
Villa Vargas dijo que en base a las directrices que le pasaron en su declaración formulada ante los diputados involucró a muchos cruceños, como se lo exigían porque lo tenían amenazado y también a su familia.
Todo es ilegal. "Nada en este caso es legal, desde la denuncia que se presentó antes de los hechos. Por eso digo que esto es amañado", señaló Villa, quien recién empezó a declarar en la tarde, pues en la mañana tuvieron que sortear algunos incidentes hasta quedar en que solo estaba siendo procesado por el delito de terrorismo, y no así por alzamiento armado, asociación delictuosa, tenencia y uso de explosivos, como pedía el Ministerio de Gobierno.
Villa es acusado de ser el chofer del supuesto grupo subversivo que colocó una bomba en la casa del cardenal Julio Terrazas y que luego planificó un supuesto atentado al presidente Evo Morales y que también intentaba dividir el país, en el 2009, poco antes del asalto al hotel Las Américas, donde murieron el presunto cabecilla Eduardo Rózsa y sus acompañantes Arpad Magyarosi y Michel Dwyer.
Concurre después del testimonio de los dos sobrevivientes, el boliviano croata Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó.
Su 'vía crucis'. Villa empezó informando que fue contratado por el agente del Ministerio de Gobierno, Luis Clavijo, por la suma de 7 mil bolivianos mensuales.
Ahí conoció al jefe de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), (el grupo que asaltó el hotel Las Américas y dio muerte a Rózsa y sus dos amigos) capitán Wálter Andrade, a la cabo Marilín, a los agentes Carlos Núñez del Prado y el jefe nacional de Inteligencia, Jorge Santistevan. Todos lo enviaron para que trabaje con Eduardo Rózsa en la Feria Exposición y le pagaban la suma de 80 bolivianos para que les llevara comida.
Señaló que después del 16 de abril del 2009, después de la balacera en Las Américas, fue secuestrado por agentes del Gobierno que lo esperaron en el cuarto anillo tras salir de su casa de Cotoca y desde entonces lo trasladaron a Cochabamba, La Paz y Santa Cruz donde lo torturaron para que firmara declaraciones implicando a varias personas.
Cerca de las 18:30, luego de las declaraciones parciales, la audiencia fue suspendida hasta el 7 de octubre por el juez Sixto Fernández debido a que Villa Vargas sufrió una baja de su presión.
"Dónde están los del Gobierno, los jueces y policías que se prestaron para el montaje. Acaso yo filmé el video-soborno, acaso yo me robé la plata del Ministerio".
Ignacio Villa
Implicado en el caso
"El juez Fernández se equivocó ayer en la audiencia. Dijo que Ignacio Villa debería probar su inocencia, cuando es al revés. Se presume la inocencia".
Otto Ritter
Abogado Defensor
Imputado
Involucra a los fiscales Soza y Céspedes
A Marcelo Soza. El fiscal director funcional de las investigaciones dijo que le pasó una lista de unas 140 personas para que las involucrara. Luego le preguntaba cuál de esos tenían plata.
A Sergio Céspedes. El actual director funcional de las investigaciones dijo lo conoció en la audiencia conclusiva en Cochabamba y tuvo un altercado con él porque le cambiaron un abogado.
Torturas, Villa reveló que debido a que se les pasó la mano con la corriente eléctrica cuando lo torturaron tuvieron que pagar 1.500 bolivianos en la clínica Kamiya de Santa Cruz para que lo curaran.
Según El Viejo, fue torturado para acusar a 140 personas
El Viejo Ignacio Villa Vargas afirmó ayer que fue bajo tortura y amenazas sobre sus parientes que declaró y acusó a personalidades de Santa Cruz de haber sido parte del supuesto plan separatista, terrorista y de alzamiento armado sustentado por el Gobierno como base para la incursión policial del hotel las Américas hace cuatro años.
"Fíjense en mi brazo (derecho). A causa de los golpes y torturas, está con una fractura consolidada, pero nunca me permitieron un tratamiento…”. Agregó que aún ahora pasa noches en vela por la violencia que dijo que se le había aplicado y que no ha cesado. Sus torturadores, según afirmó, le dieron una lista de 140 personas a las que debía acusar. Teóricamente, tras las declaraciones de El Viejo, quedarían sin sustento las acusaciones sobre quienes están presos o declarados rebeldes a causa de su testimonio. Habló ante los jurados bajo la atención compacta del público y un silencio apenas perturbado por el ruido del aire acondicionado de la sala.
Con diabetes avanzada y en silla de ruedas, lucía muchos más años que los 52 del registro. Morador de Cotoca, a 20 kilómetros de Santa Cruz, fue estrella de la acusación y al poco tiempo uno de los 39 acusados. Es uno de los mayores juicios de la historia boliviana.
Voz débil y de contra-alto que traducía una fuerte presión emocional, El Viejo dijo que en Cochabamba, al abrirse las audiencias el año pasado, un funcionario del entonces fiscal del caso Marcelo Soza, le advirtió que debía callarse ante los medios o su familia sufriría consecuencias. En esa ocasión, dijo, estaba presente uno de los fiscales que ahora encabeza la acusación tras la salida de Soza del caso, en la avalancha de denuncias de extorsión que tiene en la cárcel acusados a otros exmagistrados.
Mencionó a exfuncionarios policiales y del Ministerio de Gobierno, entre ellos al capitán con quien aparece en una de las fotografías más difundidas del caso (una parrillada en la casa de Villa Vargas), al lado de Eduardo Rózsa Flores, a quien el Gobierno atribuye la condición de cabecilla del grupo que supuestamente quería dividir Bolivia. Fue muerto en el episodio del 16 de abril de 2009.
Las amenazas, dijo, no han cesado y por eso había exigido garantías. Afirmó que incluso a su prisión de Palmasola llegan emisarios para decirle que debe cuidarse de lo que diga ante el tribunal.
Al cabo de dos horas de testimonio, en las que repasó algunos de los momentos que han marcado la historia que se le endilga, la sesión fue suspendida hasta el 7 de octubre, debido a la baja presión registrada (60-110). Es el tercero en declarar sobre el pliego acusatorio.
El supuesto caso terrorismo ocurrió el 16 de abril de 2009 cuando murieron a manos de la Policía en el hotel Las Américas, el boliviano húngaro croata Eduardo Rózsa, el irlandés Dwyer Michael Martin y el rumano Arpad Magyarosi, además fueron detenidos el húngaro Elod Toaso y el boliviano-croata Mario Tadic.
"Fíjense en mi brazo (derecho). A causa de los golpes y torturas, está con una fractura consolidada, pero nunca me permitieron un tratamiento…”. Agregó que aún ahora pasa noches en vela por la violencia que dijo que se le había aplicado y que no ha cesado. Sus torturadores, según afirmó, le dieron una lista de 140 personas a las que debía acusar. Teóricamente, tras las declaraciones de El Viejo, quedarían sin sustento las acusaciones sobre quienes están presos o declarados rebeldes a causa de su testimonio. Habló ante los jurados bajo la atención compacta del público y un silencio apenas perturbado por el ruido del aire acondicionado de la sala.
Con diabetes avanzada y en silla de ruedas, lucía muchos más años que los 52 del registro. Morador de Cotoca, a 20 kilómetros de Santa Cruz, fue estrella de la acusación y al poco tiempo uno de los 39 acusados. Es uno de los mayores juicios de la historia boliviana.
Voz débil y de contra-alto que traducía una fuerte presión emocional, El Viejo dijo que en Cochabamba, al abrirse las audiencias el año pasado, un funcionario del entonces fiscal del caso Marcelo Soza, le advirtió que debía callarse ante los medios o su familia sufriría consecuencias. En esa ocasión, dijo, estaba presente uno de los fiscales que ahora encabeza la acusación tras la salida de Soza del caso, en la avalancha de denuncias de extorsión que tiene en la cárcel acusados a otros exmagistrados.
Mencionó a exfuncionarios policiales y del Ministerio de Gobierno, entre ellos al capitán con quien aparece en una de las fotografías más difundidas del caso (una parrillada en la casa de Villa Vargas), al lado de Eduardo Rózsa Flores, a quien el Gobierno atribuye la condición de cabecilla del grupo que supuestamente quería dividir Bolivia. Fue muerto en el episodio del 16 de abril de 2009.
Las amenazas, dijo, no han cesado y por eso había exigido garantías. Afirmó que incluso a su prisión de Palmasola llegan emisarios para decirle que debe cuidarse de lo que diga ante el tribunal.
Al cabo de dos horas de testimonio, en las que repasó algunos de los momentos que han marcado la historia que se le endilga, la sesión fue suspendida hasta el 7 de octubre, debido a la baja presión registrada (60-110). Es el tercero en declarar sobre el pliego acusatorio.
El supuesto caso terrorismo ocurrió el 16 de abril de 2009 cuando murieron a manos de la Policía en el hotel Las Américas, el boliviano húngaro croata Eduardo Rózsa, el irlandés Dwyer Michael Martin y el rumano Arpad Magyarosi, además fueron detenidos el húngaro Elod Toaso y el boliviano-croata Mario Tadic.
viernes, 27 de septiembre de 2013
Exsocia de Ostreicher quiere libertad definitiva
La colombiana Claudia Liliana Rodríguez acudirá hoy ante la jueza Eneas Gentile para participar de una audiencia en la que busca su libertad definitiva. Es la exsocia del estadounidense Jacob Ostreicher, tiene detención domiciliaria y es implicada en un supuesto clan de narcos. Ella pidió que se le cambie la medida, al considerar que su situación mejoró
Policía y Fiscalía investigan supuesta corrupción en SER
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía investigan a una supuesta red de falsificadores que operaba desde la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral del gobierno municipal (SER), ubicada en el segundo anillo.
La investigación se desarrolló desde el miércoles cuando personal de la institución detectó a un exfuncionario en poder de licencias de funcionamiento falsas. De inmediato, el director de SER, Fernando Mustafá, denunció el hecho en la Policía y en la Fiscalía. Un hombre fue aprehendido y se iniciaron las investigaciones para ubicar a otras personas que actuaban en complicidad.
El hecho fue confirmado por Mustafá, que aseguró que luego de detectarse la presencia del exfuncionario, se hizo un seguimiento y se encontró licencias de funcionamiento falsas.
La fiscal de la División Económicos Financieros de la Felcc, Doris Rivero, afirmó que se ha iniciado la investigación al exfuncionario y que existe la posibilidad de que otras personas que trabajan en SER tengan relación con este caso, pero que ese extremo se debe demostrar en el curso de las pesquisas.
Más detenidos
En horas de la tarde de ayer, otro hombre fue detenido en las instalaciones del segundo anillo y luego de ser enmanillado fue conducido a la Felcc para que preste su declaración ante la fiscal encargada del caso.
La Felcc y la Fiscalía tienen conocimiento de que algunas personas, entre ellos tramitadores, se ‘esfumaron’ del lugar, al parecer alertados de las acciones de las autoridades.
La fiscal Rivero aseguró que hay bastante documentación en el expediente que se está analizando y que revela algunos métodos supuestamente utilizados por personas inescrupulosas para ganar dinero fácil incurriendo en delitos.
Aseveró que la investigación está empezando y que se investiga para dar con el paradero de otras personas para aplicarles el peso de la ley.
Más controles
Tras las acciones que se realizan en dicha secretaría municipal se intensificaron los controles tanto internos como externos, para evitar actos irregulares.
José Crapuzzi, otro de los responsables de las oficinas, manifestó que se requirió la presencia policial y de la Fiscalía inmediatamente después de detectarse la irregularidad.
El directivo municipal pidió a la población no dejarse sorprender por estas personas y denunciar cualquier irregularidad
LLENO DE TRAMITADORES
Oficinas concentradas
En las oficinas de SER, situadas en el segundo anillo, el gobierno municipal concentra gran parte de los servicios para la gente.
Licencias e impuestos
Allí se atiende el pago de impuestos y se tramita la otorgación de licencias de funcionamiento para locales en diversos sectores.
Presencia de tramitadores
En las afueras de estas oficinas municipales suele haber gran afluencia de tramitadores, que ofrecen sus servicios y guías a la gente.
La investigación se desarrolló desde el miércoles cuando personal de la institución detectó a un exfuncionario en poder de licencias de funcionamiento falsas. De inmediato, el director de SER, Fernando Mustafá, denunció el hecho en la Policía y en la Fiscalía. Un hombre fue aprehendido y se iniciaron las investigaciones para ubicar a otras personas que actuaban en complicidad.
El hecho fue confirmado por Mustafá, que aseguró que luego de detectarse la presencia del exfuncionario, se hizo un seguimiento y se encontró licencias de funcionamiento falsas.
La fiscal de la División Económicos Financieros de la Felcc, Doris Rivero, afirmó que se ha iniciado la investigación al exfuncionario y que existe la posibilidad de que otras personas que trabajan en SER tengan relación con este caso, pero que ese extremo se debe demostrar en el curso de las pesquisas.
Más detenidos
En horas de la tarde de ayer, otro hombre fue detenido en las instalaciones del segundo anillo y luego de ser enmanillado fue conducido a la Felcc para que preste su declaración ante la fiscal encargada del caso.
La Felcc y la Fiscalía tienen conocimiento de que algunas personas, entre ellos tramitadores, se ‘esfumaron’ del lugar, al parecer alertados de las acciones de las autoridades.
La fiscal Rivero aseguró que hay bastante documentación en el expediente que se está analizando y que revela algunos métodos supuestamente utilizados por personas inescrupulosas para ganar dinero fácil incurriendo en delitos.
Aseveró que la investigación está empezando y que se investiga para dar con el paradero de otras personas para aplicarles el peso de la ley.
Más controles
Tras las acciones que se realizan en dicha secretaría municipal se intensificaron los controles tanto internos como externos, para evitar actos irregulares.
José Crapuzzi, otro de los responsables de las oficinas, manifestó que se requirió la presencia policial y de la Fiscalía inmediatamente después de detectarse la irregularidad.
El directivo municipal pidió a la población no dejarse sorprender por estas personas y denunciar cualquier irregularidad
LLENO DE TRAMITADORES
Oficinas concentradas
En las oficinas de SER, situadas en el segundo anillo, el gobierno municipal concentra gran parte de los servicios para la gente.
Licencias e impuestos
Allí se atiende el pago de impuestos y se tramita la otorgación de licencias de funcionamiento para locales en diversos sectores.
Presencia de tramitadores
En las afueras de estas oficinas municipales suele haber gran afluencia de tramitadores, que ofrecen sus servicios y guías a la gente.
En juicio por terrorismo, sale Toaso y entra El Viejo
Después de dos meses frente al tribunal que lo juzga, ayer concluyó la defensa del húngaro Elod Toaso, uno de los dos sobrevivientes del asalto al hotel Las Américas, ocurrido hace más de 53 meses. Acusado junto a otras 38 personas de pretender matar al presidente Evo Morales, al gobernador Rubén Costas y a otras autoridades en un plan para alzarse en armas, escindir Bolivia y crear una nueva nación, el acusado dijo que sentía que se había librado de un gran peso. "Ahora veremos qué dicen ellos”, declaró apuntando con la mirada al tribunal.
Dos de los jurados, la jueza Julia Elena Gemio y el presidente del tribunal, Sixto Fernández, le hicieron las últimas preguntas, tras la serie que habían iniciado esta semana los abogados de la defensa. Las juezas ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya permanecieron calladas. A las 17:30 era el turno de Ignacio Villa Vargas, El Viejo, el tercero de la lista para dirigirse al tribunal.
El acusado fue durante algunos meses el "testigo estrella” del fiscal que dirigió el caso hasta este año, Marcelo Soza, quien después lo pasó a la condición de "acusado fundamental”. Pero la sesión fue suspendida hasta hoy porque el acusado sentía que su salud estaba quebrantada para iniciar la etapa de su defensa.
Otro de sus colegas de prisión, el exdirigente cívico Alcides Mendoza, con la presión en niveles extremos, los ojos rojos como si le estuviese ocurriendo un derrame, reclamó ser excluido del juicio o que se le permita un tratamiento intensivo antes de la reanudación de sesiones. El médico Juan Carlos Santisteban, otro de los acusados, dijo que "puede ocurrir todo”.
Dos de los jurados, la jueza Julia Elena Gemio y el presidente del tribunal, Sixto Fernández, le hicieron las últimas preguntas, tras la serie que habían iniciado esta semana los abogados de la defensa. Las juezas ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya permanecieron calladas. A las 17:30 era el turno de Ignacio Villa Vargas, El Viejo, el tercero de la lista para dirigirse al tribunal.
El acusado fue durante algunos meses el "testigo estrella” del fiscal que dirigió el caso hasta este año, Marcelo Soza, quien después lo pasó a la condición de "acusado fundamental”. Pero la sesión fue suspendida hasta hoy porque el acusado sentía que su salud estaba quebrantada para iniciar la etapa de su defensa.
Otro de sus colegas de prisión, el exdirigente cívico Alcides Mendoza, con la presión en niveles extremos, los ojos rojos como si le estuviese ocurriendo un derrame, reclamó ser excluido del juicio o que se le permita un tratamiento intensivo antes de la reanudación de sesiones. El médico Juan Carlos Santisteban, otro de los acusados, dijo que "puede ocurrir todo”.
jueves, 26 de septiembre de 2013
Tribunal dice que no hay injerencia política Niegan libertad a 'El Viejo' y temen muerte de imputado
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que cada dos semanas sesiona en Santa Cruz, negó ayer la libertad al procesado por terrorismo y alzamiento armado, Ignacio Villa Vargas, conocido como “El Viejo” y presentado inicialmente por el Ministerio Público como “testigo clave” en el proceso, pero que ahora se encuentra distanciado.
Durante casi cuatro horas, Guido Colque, defensor de Villa, presentó pruebas que este tiene un domicilio conocido y un trabajo en caso de salir en libertad, con la intención de evitar el riesgo procesal de peligro de fuga, causas por las que ordenaron su detención hace tres años.
También presentó certificados médicos y que su salud corre peligro por la diabetes y trombosis que sufre debido a su avanzada edad, de 62 años.
El riesgo sigue. Sin embargo, los fiscales a la cabeza de Sergio Céspedes afirmaron que el riesgo que el imputado pueda irse persiste, como lo han hecho otros procesados, de modo que para la continuidad del juicio, es preferible que continúe privado de su libertad, pues tampoco ha comparecido en el juicio oral.
Ante ese planteamiento, el tribunal dirigido por el juez Sixto Fernández, determinó negar la cesación a la detención.
Esa situación provocó el enojo de Vargas, quien indicó que esto se debe a una represalia del Gobierno que envía a sus emisarios hasta la cárcel de Palmasola para negociar que durante su declaración “hunda” a los procesados, principalmente a los cruceños vinculados al movimiento cívico.
Una vida en riesgo. Por la mañana continuó declarando el húngaro Elöd Tásó, pero la audiencia se concentró en una discusión entre los abogados defensores y los fiscales, si debería responder si conocía cuáles son los puntos de ataque y de defensa.
Los fiscales decían que ya había respondido, pero los defensores que deberían hacerlo.
Estaban en ese dilema cuando el exdirigente unionista, Alcides Mendoza, tuvo un decaimiento y el médico y procesado Juan Santistevan pidió que lo internaran porque su vida corría peligro por su hipertensión.
Durante casi cuatro horas, Guido Colque, defensor de Villa, presentó pruebas que este tiene un domicilio conocido y un trabajo en caso de salir en libertad, con la intención de evitar el riesgo procesal de peligro de fuga, causas por las que ordenaron su detención hace tres años.
También presentó certificados médicos y que su salud corre peligro por la diabetes y trombosis que sufre debido a su avanzada edad, de 62 años.
El riesgo sigue. Sin embargo, los fiscales a la cabeza de Sergio Céspedes afirmaron que el riesgo que el imputado pueda irse persiste, como lo han hecho otros procesados, de modo que para la continuidad del juicio, es preferible que continúe privado de su libertad, pues tampoco ha comparecido en el juicio oral.
Ante ese planteamiento, el tribunal dirigido por el juez Sixto Fernández, determinó negar la cesación a la detención.
Esa situación provocó el enojo de Vargas, quien indicó que esto se debe a una represalia del Gobierno que envía a sus emisarios hasta la cárcel de Palmasola para negociar que durante su declaración “hunda” a los procesados, principalmente a los cruceños vinculados al movimiento cívico.
Una vida en riesgo. Por la mañana continuó declarando el húngaro Elöd Tásó, pero la audiencia se concentró en una discusión entre los abogados defensores y los fiscales, si debería responder si conocía cuáles son los puntos de ataque y de defensa.
Los fiscales decían que ya había respondido, pero los defensores que deberían hacerlo.
Estaban en ese dilema cuando el exdirigente unionista, Alcides Mendoza, tuvo un decaimiento y el médico y procesado Juan Santistevan pidió que lo internaran porque su vida corría peligro por su hipertensión.
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