viernes, 12 de diciembre de 2014
Ministra Suxo presenta juegos anticorrupción
La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, presentó ayer juegos virtuales de lucha contra la corrupción.
“Estamos presentando una batería de juegos virtuales donde los jóvenes van a poder aprender sobre valores para la lucha contra la corrupción. Otros países también lo pueden utilizar. En Valencia (España) han pedido que les pasemos. Yo quiero decir en una reunión que estaba en Viena pidieron que se traduzcan los juegos a diferentes idiomas de Naciones Unidas. Ya están traducidos y estos juegos lo van a poder utilizar en cualquier país”, explicó en conferencia de prensa.
La Ministra de Transparencia pidió a la población “cargar” en sus computadoras y teléfonos celulares la aplicación para descargar los juegos que están dirigidos a niños y jóvenes.
Por su parte, el representante de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (Unodc), Antonio De Leo, informó que esos juegos se elaboraron gracias a la cooperación de Suecia.
“A nombre de la ONU quisiera alentar a sumarse a esta campaña. El Ministerio ha fortalecido el trabajo en materia de prevención a través de estos juegos”.
“Estamos presentando una batería de juegos virtuales donde los jóvenes van a poder aprender sobre valores para la lucha contra la corrupción. Otros países también lo pueden utilizar. En Valencia (España) han pedido que les pasemos. Yo quiero decir en una reunión que estaba en Viena pidieron que se traduzcan los juegos a diferentes idiomas de Naciones Unidas. Ya están traducidos y estos juegos lo van a poder utilizar en cualquier país”, explicó en conferencia de prensa.
La Ministra de Transparencia pidió a la población “cargar” en sus computadoras y teléfonos celulares la aplicación para descargar los juegos que están dirigidos a niños y jóvenes.
Por su parte, el representante de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (Unodc), Antonio De Leo, informó que esos juegos se elaboraron gracias a la cooperación de Suecia.
“A nombre de la ONU quisiera alentar a sumarse a esta campaña. El Ministerio ha fortalecido el trabajo en materia de prevención a través de estos juegos”.
Empleados de YPFB crearon empresas para licitaciones
La Fiscalía investiga a dos funcionarios de YPFB y a tres personas particulares que crearon empresas para adjudicarse servicios de catering y publicidad de manera irregular para diferentes eventos de la petrolera estatal. La denuncia fue presentada por YPFB ante el Ministerio Público.
El fiscal que investiga el caso, Leopoldo Ramos, informó el jueves que los funcionarios son Ever Terán Flores, jefe de la Unidad de Comunicación de YPFB, y Selva Camacho Gonzales, que trabajaba en almacenes de YPFB Chaco. Las personas particulares son Erika Rojas Rivero, Guido Alarcón Terrazas y Yalile Bravo Espinoza.
“Lo que hacían era crear empresas publicitarias para adjudicarse servicios de YPFB de manera irregular o ilegal”, aseguró el fiscal Ramos, tras indicar que los hechos vienen de 2013. A los funcionarios se los acusa por uso indebido de influencias y de deberes, en tanto que a las personas particulares por actividad ilícita de particulares con afectación al Estado.
En el caso de Terán, la audiencia de medidas cautelares se realizó el 5 de diciembre y la jueza determinó su detención domiciliaria, informó el fiscal, quien indicó que tras lo sucedido la investigación se amplió a Camacho, Rojas, Alarcón y Bravo, quienes fueron trasladados en calidad de aprehendidos desde la ciudad de Santa Cruz hasta la ciudad de La Paz la noche del miércoles. Ayer prestaron sus declaraciones.
“Hemos pedido la detención preventiva en el penal de San Pedro (para Ever Terán), pero la jueza ha dispuesto eso. La jueza tiene cuatro posibilidades: aceptar, rechazar, aumentar o disminuir (la sentencia)”, señaló Ramos.
El daño económico por esos contratos irregulares aún no es preciso, pero se calcula que está en unos Bs 2,5 millones, complementó el fiscal. La toma de declaraciones a los cuatro aprehendidos se realizó la mañana de ayer en las oficinas de la División Económica y Financiera y la División Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de La Paz. Se prevé que la audiencia de medidas cautelas se realice este viernes.
Corrupción. La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, señaló que “por las primeras investigaciones que se realizaron habría una red de corrupción en esta Unidad de Comunicación de YPFB. El presidente Villegas nos hizo conocer, mediante una nota, esta denuncia y nosotros inmediatamente nos hemos apersonado a la misma, está trabajando el Viceministro de Lucha Contra la Corrupción, hemos tenido una reunión de coordinación con los abogados de YPFB para ver este tema”, publicó la tarde del miércoles Radio Fides en su página digital.
Mediante nota de prensa, YPFB señaló ayer que se desbarató un clan de familiares y amigos que conformaron varias empresas para favorecerse con licitaciones que fueron solicitadas por la Unidad de Comunicación de YPFB. Una de ellas se refiere a aproximadamente medio millón de dólares. Una de las empresas que se conformó era Structura, cuya responsable legal era Ana Belén Camacho, y la persona de contacto, Selva Camacho.
La segunda firma era Bravo Espinoza Yalil. El responsable de ésta era Luis Alejandro Bell Camacho y el contacto, Yalile Bravo Espinoza. La tercera firma era Omnimedia, Comunicación y Eventos Corporativos, a cargo de Guido Alarcón Terrazas, y el contacto era Ana Belén Camacho. La cuarta empresa era Colibrí Agencia Publicitaria, a cargo de Erika Rojas Rivera, el contacto era Julio Cesar Bozo. La quinta empresa era Bell Comunicaciones, a cargo de Ana Belén Camacho. Terán sugería a estas empresas a cotizar los servicios para que éstas participen de procesos licitatorios, y luego una de éstas se adjudicaba para prestar sus servicios, según YPFB.
Defensores y acusados
Abogados
Mónica Irusta, abogada de Ever Terán, rechazó las acusaciones en contra de su defendido e indicó que en el caso de Omnimedia no existió favoritismo porque fue la más barata y cumplió con todo. Erwin Tapia, abogado de Selva Camacho, señaló que su cliente no tenía ninguna influencia al interior de YPFB.
Acusan a Villegas de acoso y éste lo niega
Selva Camacho, que desempeñaba funciones en Almacenes de YPFB Chaco, denunció ayer al presidente de YPFB, Carlos Villegas, de haberla acosado sexualmente cuando trabajaba como jefa de la Unidad de Comunicación. Desde YPFB se informó anoche que en septiembre, Villegas interpuso una querella contra Camacho por los delitos de difamación e injurias, previstos en los artículos 282 y 287 del Código Penal.
En declaraciones a los medios de comunicación, Camacho dijo que fue acosada en varias oportunidades por Villegas y que intentó violarla en dos ocasiones cuando fue citada en dos hoteles. Señaló que no lo acusó antes porque la tenía amenazada. “Me decía que si yo hablaba me iba a botar de mi trabajo”. Manifestó que todo esto se trata de una venganza del presidente de YPFB, por lo que pidió un careo con Villegas para demostrar su inocencia.
En un comunicado, Villegas, que está de viaje desde el lunes, señaló que las afirmaciones de Camacho son “falaces, atacan mi reputación, honor y honra, afectando no solamente a lo personal en cuanto a mi núcleo familiar, sino también profesional e institucional, dada las funciones ejecutivas que cumplo”.
Hugo del Granado Cosio: Debe haber control de la Contraloría
Cuando en una empresa se manejan cantidades de dinero muchas veces de manera discrecional, con poca transparencia, esos son los resultados. No se puede tener confianza en los empleados cuando los controles son deficientes. Ha habido varios casos de corrupción pero los más grandes han sido el de Santos Ramírez y el de Gerson Rojas, por lo de una planta de separación de líquidos, la de Río Grande, que fueron descubiertos de manera fortuita y no por controles internos, ni auditorías. Ha habido varios casos más en Santa Cruz, también en el distrito comercial de Cobija (...). Tiene que haber mejores controles, una participación más estricta de parte de la Contraloría General del Estado, pues los contratos que se firman son de mucho dinero, de muchos millones de dólares (...).
No solo son los hechos de corrupción los que se tienen que cuidar, sino también la eficiencia con la cual se emplean los recursos, los contratos con sobreprecios, son ya una irregularidad que tienen que ser fiscalizadas o monitoreadas por alguien que no sea de YPFB. De lo que se trata es de que puedan haber auditorías frecuentes sobre cada inversión y cada proyecto que se realiza para ver si éstas están en los precios de mercado, si no ha habido desvío de fondos. Hay que tomar en cuenta lo que ha pasado con Petrobras para poder ubicarse en lo que significa el manejo de ingentes cantidades de dinero con falta de controles.
Hugo del Granado Cosio es experto en hidrocarburos.
Sospechan que ‘clan’ movió más de Bs 5 millones en YPFB
Luego de las primeras indagaciones del Ministerio Público, el fiscal Leopoldo Ramos considera que dentro de las investigaciones por corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), más de Bs 5 millones habrían movido el supuesto clan familiar que involucra a funcionarios de la unidad de Comunicación.
En un operativo montado en la Santa Cruz de la Sierra, el miércoles, fueron trasladadas a La Paz cuatro personas (cuyas iniciales son S.C.G., Y.B.E., L.A.B.C. y A.B.C.) acusadas, por Asesoría Legal de YPFB de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.
“No tenemos un cálculo determinado. Pero haciendo sumas, en un contrato tenemos $us 480.000; y en otros contratos bordeamos unos Bs 2 millones”, declaró el fiscal Ramos, calificando al grupo acusado como “un clan familiar”.
Además de los aprehendidos en Santa Cruz, el juzgado Primero Anticorrupción impuso medidas sustitutivas a W.E.T. en La Paz, y un sexto G.V.A., fue aprehendido en Cobija (Pando) y trasladado también a la sede de Gobierno. En las próximas horas se realizará la audiencia de medidas cautelares. El fiscal cree que hubo un direccionamiento intencionado para favorecer a cuatro empresas con los servicios que necesitaba YPFB y adjudicaba contratos.
Denuncias contra Villegas
Pese a la estricta vigilancia policial de S.C.G., una de las aprehendidas, se dio modos para hablar con la prensa, donde denunció haber sido acosada por el presidente de YPFB, Carlos Villegas, desde que era ministro de Planificación.
“Esto es parte de una venganza de Carlos Villegas. En varias oportunidades me acosó sexualmente, intentó violarme. Si don Carlos quiere que yo lo enfrente, hagamos un careo y voy a decirle las veces que él intentó violarme en el hotel Las Américas y en el hotel Camino Real (Santa Cruz)”, manifestó.
Villegas se encuentra en el exterior desde el lunes, por lo que no se pudo obtener su respuesta. El departamento de Comunicación de YPFB envió dos comunicados. El primero califica el caso como el de “un clan de familiares y amigos”. Y la segunda recuerda que ya en septiembre pasado, Villegas había interpuesto una querella contra S.C.G. por los delitos de difamación e injurias
En un operativo montado en la Santa Cruz de la Sierra, el miércoles, fueron trasladadas a La Paz cuatro personas (cuyas iniciales son S.C.G., Y.B.E., L.A.B.C. y A.B.C.) acusadas, por Asesoría Legal de YPFB de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.
“No tenemos un cálculo determinado. Pero haciendo sumas, en un contrato tenemos $us 480.000; y en otros contratos bordeamos unos Bs 2 millones”, declaró el fiscal Ramos, calificando al grupo acusado como “un clan familiar”.
Además de los aprehendidos en Santa Cruz, el juzgado Primero Anticorrupción impuso medidas sustitutivas a W.E.T. en La Paz, y un sexto G.V.A., fue aprehendido en Cobija (Pando) y trasladado también a la sede de Gobierno. En las próximas horas se realizará la audiencia de medidas cautelares. El fiscal cree que hubo un direccionamiento intencionado para favorecer a cuatro empresas con los servicios que necesitaba YPFB y adjudicaba contratos.
Denuncias contra Villegas
Pese a la estricta vigilancia policial de S.C.G., una de las aprehendidas, se dio modos para hablar con la prensa, donde denunció haber sido acosada por el presidente de YPFB, Carlos Villegas, desde que era ministro de Planificación.
“Esto es parte de una venganza de Carlos Villegas. En varias oportunidades me acosó sexualmente, intentó violarme. Si don Carlos quiere que yo lo enfrente, hagamos un careo y voy a decirle las veces que él intentó violarme en el hotel Las Américas y en el hotel Camino Real (Santa Cruz)”, manifestó.
Villegas se encuentra en el exterior desde el lunes, por lo que no se pudo obtener su respuesta. El departamento de Comunicación de YPFB envió dos comunicados. El primero califica el caso como el de “un clan de familiares y amigos”. Y la segunda recuerda que ya en septiembre pasado, Villegas había interpuesto una querella contra S.C.G. por los delitos de difamación e injurias
Concejal Pórcel, investigado por enriquecimiento ilícito
El concejal Rommel Pórcel está siendo sometido a una investigación por enriquecimiento ilícito por parte de la Fiscalía Anticorrupción, tras una denuncia hecha por trabajadores de la empresa de servicios generales El Guaje.
La información fue confirmada por la fiscal anticorrupción Rosmery Barrientos, quien dijo que ha recibido una denuncia contra el concejal Pórcel y se abrió la indagación, por lo que el munícipe fue citado de manera formal para que preste su declaración. La audiencia fue fijada para las 8:00 de ayer, Pórcel acudió, pero se abstuvo de declarar.
Barrientos señaló que las pesquisas se sustentan en la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuyo artículo 28 establece penas de tres a ocho años de cárcel para toda persona (en este caso funcionario público) cuyo patrimonio crezca desmedidamente utilizando a cualquier institución.
Los trabajadores de El Guaje formularon la denuncia argumentando que Pórcel está acumulando dinero valiéndose del esfuerzo de los obreros y sin cumplir sus obligaciones en el pago de beneficios sociales. Dijeron que los afectados son 45.
El representante de los trabajadores, José Miguel Velasco, afirmó en un canal de TV que Porcel es el dueño de El Guaje. “Él (Pórcel) nos llamó a su oficina y nos indicó que era el dueño de la empresa, pero que puso a otra persona ahí, porque él es un funcionario público. Le llevé una liquidación que ajustó el Ministerio de Trabajo y me dijo que solo cancelaría un sueldo más y que si íbamos a juicio, se encargaría de hacer dormir el caso porque tiene influencias”, denunció Velasco.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción maneja información en sentido de que la empresa figura a nombre de una mujer.
La fiscal expresó que se investiga la posibilidad de que en este caso existan palos blancos. “La investigación recién está empezando. Investigaremos todos los bienes del denunciado”, señaló.
Demanda por falta de pago
El abogado Óscar Fernando Auza, que defiende a los trabajadores, aseguró que Pórcel es dueño de El Guaje, que echó a 45 obreros sin pagarles sus beneficios y que se presentó una denuncia por el delito de enriquecimiento ilícito por considerar que fue desleal con los trabajadores.
El director interino de la Dirección del Trabajo, Aníbal Melgar, dijo desconocer sobre una denuncia formal en esa institución por obreros de El Guaje contra Pórcel. EL DEBER intentó conocer la versión del concejal Pórcel, pero no fue posible, pues no contestó su teléfono
La información fue confirmada por la fiscal anticorrupción Rosmery Barrientos, quien dijo que ha recibido una denuncia contra el concejal Pórcel y se abrió la indagación, por lo que el munícipe fue citado de manera formal para que preste su declaración. La audiencia fue fijada para las 8:00 de ayer, Pórcel acudió, pero se abstuvo de declarar.
Barrientos señaló que las pesquisas se sustentan en la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuyo artículo 28 establece penas de tres a ocho años de cárcel para toda persona (en este caso funcionario público) cuyo patrimonio crezca desmedidamente utilizando a cualquier institución.
Los trabajadores de El Guaje formularon la denuncia argumentando que Pórcel está acumulando dinero valiéndose del esfuerzo de los obreros y sin cumplir sus obligaciones en el pago de beneficios sociales. Dijeron que los afectados son 45.
El representante de los trabajadores, José Miguel Velasco, afirmó en un canal de TV que Porcel es el dueño de El Guaje. “Él (Pórcel) nos llamó a su oficina y nos indicó que era el dueño de la empresa, pero que puso a otra persona ahí, porque él es un funcionario público. Le llevé una liquidación que ajustó el Ministerio de Trabajo y me dijo que solo cancelaría un sueldo más y que si íbamos a juicio, se encargaría de hacer dormir el caso porque tiene influencias”, denunció Velasco.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción maneja información en sentido de que la empresa figura a nombre de una mujer.
La fiscal expresó que se investiga la posibilidad de que en este caso existan palos blancos. “La investigación recién está empezando. Investigaremos todos los bienes del denunciado”, señaló.
Demanda por falta de pago
El abogado Óscar Fernando Auza, que defiende a los trabajadores, aseguró que Pórcel es dueño de El Guaje, que echó a 45 obreros sin pagarles sus beneficios y que se presentó una denuncia por el delito de enriquecimiento ilícito por considerar que fue desleal con los trabajadores.
El director interino de la Dirección del Trabajo, Aníbal Melgar, dijo desconocer sobre una denuncia formal en esa institución por obreros de El Guaje contra Pórcel. EL DEBER intentó conocer la versión del concejal Pórcel, pero no fue posible, pues no contestó su teléfono
jueves, 11 de diciembre de 2014
Identifican a presunto cabecilla de red de corrupción en YPFB
Camacho solicitará medidas sustitutivas, por su situación de maternidad, toda vez que en la víspera fue trasladada de Santa Cruz a La Paz con un bebé de 5 meses.
Jueves, 11 de Diciembre, 2014
Identifican-a-presunto-cabecilla-de-red-de-corrupcion-en-YPFB-
Ref. Fotografia: Fiscal, Leopoldo Ramos, a cargo del caso de corrupción en YPFB. (Jimena Mercado)
Ever Terán, exdirector de comunicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue identificado como el presunto cabecilla de la denominada red de corrupción al interior de la estatal petrolera, según el fiscal a cargo del caso Leopoldo Ramos.
A decir de la autoridad del Ministerio Público, Terán fue cautelado el pasado 5 de diciembre y a la fecha guarda detención domiciliaria por uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
En el caso de la exfuncionaria, Selva Camacho, se adelantó que los delitos por los que será acusada son los mismos que Terán. Entretanto, los otros cuatro particulares serán juzgados por daño económico al Estado.
Al momento, se habla de una defraudación al Estado de cerca de 2,5 millones de bolivianos, producto de la realización de contratos irregulares por objeto de publicidad para YPFB, logrados por Terán quien habría participado de la conformación de empresas que se adjudicaban negocios con la estatal con apenas una semana de haberse constituido.
Camacho solicitará medidas sustitutivas, por su situación de maternidad, toda vez que en la víspera fue trasladada de Santa Cruz a La Paz con un bebé de 5 meses.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)