Los imputados del Caso Rózsa, fueron trasladados nuevamente al PC4, lugar donde el Papa oficiaría la misa, ocuparon los asientos de últimas filas debido al retraso, una manera de tenerlos aislados como sostienen algunos de sus familiares.
Gary Prado, indicó que hoy fueron sacados de sus celdas a las 4:30 am, y llevados a Chonchocorito para que no participen de la misa y tengan contacto con el Papa.
Zvonko Matkovic, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, son las personas que fueron trasladadas.
Movilizaciones. Este tiempo los familiares de presos y perseguidos políticos iniciaron una campaña de petición de amnistía y piden que el Papa Francisco interceda por ellos ante el gobierno, para que sean liberados.
viernes, 10 de julio de 2015
Cochabamba Un equipo técnico de 20 profesionales investiga once años de gestión municipal
Un equipo técnico de 20 profesionales investiga once años de gestión municipal en Cercado, anunció ayer el director jurídico de la Alcaldía, Sergio Coca.
“Hay un cuerpo técnico a la cabeza de la dirección jurídica para “cruzar información en temas económicos, legales y de infraestructura”, declaró.
La decisión de luchar contra la corrupción no quedará solo en propaganda, por el contrario, el alcalde, José María Leyes, instruyó, mostrar a la población con hechos de que en la lucha contra la corrupción “no habrá un paso atrás”, sentenció.
En ese sentido dijo que están revisando once años de gestión municipal en Cercado de forma “secreta” y al más alto nivel.
Los alcaldes que son investigados por la nueva administración son: Gonzalo Terceros, Edwin Castellanos y Armando Vargas, informó Coca.
“Todo lo vamos a hacer conocer de forma global”, acotó.
“Hay un cuerpo técnico a la cabeza de la dirección jurídica para “cruzar información en temas económicos, legales y de infraestructura”, declaró.
La decisión de luchar contra la corrupción no quedará solo en propaganda, por el contrario, el alcalde, José María Leyes, instruyó, mostrar a la población con hechos de que en la lucha contra la corrupción “no habrá un paso atrás”, sentenció.
En ese sentido dijo que están revisando once años de gestión municipal en Cercado de forma “secreta” y al más alto nivel.
Los alcaldes que son investigados por la nueva administración son: Gonzalo Terceros, Edwin Castellanos y Armando Vargas, informó Coca.
“Todo lo vamos a hacer conocer de forma global”, acotó.
Cochabamba Funcionarios cobraban hasta Bs 500 para hacer inspecciones
En la comuna Adela Zamudio los servidores públicos pedían a la población entre 200 a 500 bolivianos para hacer “inspecciones y/o fijar día en el calendario” para aprobar cualquier trámite, denunció el director jurídico de la Alcaldía de Cochabamba, Sergio Coca.
Las denuncias, sin embargo no quedan ahí. “Tenemos informes que señalan la existencia de irregularidades en la aprobación de planos para locales comerciales, edificios y otros” en clara vulneración de las normas municipales, dijo la autoridad.
RED Según el director jurídico lo que destapó en la comuna Adela Zamudio, es una de las más grandes irregularidades que tiene el Municipio, después que fue intervenida. Fue “una red de corrupción”, subrayó.
A su turno Álex Contreras, Secretario Ejecutivo de la Alcaldía, informó que las “6 comunas” están bajo investigación.
“Todo el Municipio está siendo investigado” precisó a su vez Coca.
Las 10 secretarías, todas las direcciones y jefaturas están realizando una evaluación “sustancial y objetiva” de toda la documentación técnica, económica y legal” que está manejando hace 35 días la nueva administración, detalló la autoridad jurídica.
En los últimos 35 días de gestión la nueva administración recibió “107 denuncias de las comunas, no estamos hablando solo de una”, precisó Coca.
Debido a esta situación es que “desatamos un conjunto de actividades”, señaló.
Para detectar irregularidades hacemos de forma secreta “intervenciones para sorprender (a los malos servidores) en flagrancia”, afirmó Coca.
CERO CORRUPCIÓN La línea es clara. Habrá cero tolerancia a la corrupción. Esa es la orden principal que tenemos del Alcalde, José María Leyes, sentenció.
En el caso concreto de la comuna Adela Zamudio “estamos investigando ahora denuncia por denuncia, funcionario por funcionario”, dijo.
Con carpetas cerradas que tendrán pruebas sobre hechos irregulares el “lunes se iniciarán los procesos administrativos y/o penales si correspondieran”, aseguró Coca.
PLAZO Hasta el próximo lunes 13 de julio habrá un informe preliminar sobre el impacto que tuvieron las irregularidades en la comuna Adela Zamudio, anunció Coca.
Entre tanto cada uno de los servidores públicos de la comuna “están siendo evaluados” y si cometieron delitos “serán sujetos a procesos civiles y penales”, adelantó la autoridad.
Lunes.
El próximo lunes 13 la dirección jurídica hará conocer los daños económicos a la Alcaldía y los responsables.
Las denuncias, sin embargo no quedan ahí. “Tenemos informes que señalan la existencia de irregularidades en la aprobación de planos para locales comerciales, edificios y otros” en clara vulneración de las normas municipales, dijo la autoridad.
RED Según el director jurídico lo que destapó en la comuna Adela Zamudio, es una de las más grandes irregularidades que tiene el Municipio, después que fue intervenida. Fue “una red de corrupción”, subrayó.
A su turno Álex Contreras, Secretario Ejecutivo de la Alcaldía, informó que las “6 comunas” están bajo investigación.
“Todo el Municipio está siendo investigado” precisó a su vez Coca.
Las 10 secretarías, todas las direcciones y jefaturas están realizando una evaluación “sustancial y objetiva” de toda la documentación técnica, económica y legal” que está manejando hace 35 días la nueva administración, detalló la autoridad jurídica.
En los últimos 35 días de gestión la nueva administración recibió “107 denuncias de las comunas, no estamos hablando solo de una”, precisó Coca.
Debido a esta situación es que “desatamos un conjunto de actividades”, señaló.
Para detectar irregularidades hacemos de forma secreta “intervenciones para sorprender (a los malos servidores) en flagrancia”, afirmó Coca.
CERO CORRUPCIÓN La línea es clara. Habrá cero tolerancia a la corrupción. Esa es la orden principal que tenemos del Alcalde, José María Leyes, sentenció.
En el caso concreto de la comuna Adela Zamudio “estamos investigando ahora denuncia por denuncia, funcionario por funcionario”, dijo.
Con carpetas cerradas que tendrán pruebas sobre hechos irregulares el “lunes se iniciarán los procesos administrativos y/o penales si correspondieran”, aseguró Coca.
PLAZO Hasta el próximo lunes 13 de julio habrá un informe preliminar sobre el impacto que tuvieron las irregularidades en la comuna Adela Zamudio, anunció Coca.
Entre tanto cada uno de los servidores públicos de la comuna “están siendo evaluados” y si cometieron delitos “serán sujetos a procesos civiles y penales”, adelantó la autoridad.
Lunes.
El próximo lunes 13 la dirección jurídica hará conocer los daños económicos a la Alcaldía y los responsables.
miércoles, 8 de julio de 2015
Encarcelan a acusado de corrupción en DDRR
El juez 1º Cautelar de la ciudad de Oruro, Daniel Copa, envió ayer al penal de San Pedro a un funcionario edil y ordenó medidas sustitutivas para otras 13 personas por un caso de corrupción que fue descubierto en Derechos Reales (DDRR) el 8 de septiembre de 2014.
Según el fiscal anticorrupción que atiende este caso, Zúlmer Villegas, otros dos procesos relacionados con hechos irregulares en Derechos Reales aún son indagados. “Uno ya se encuentra con resolución de imputación y en el otro se amplía la investigación en contra de otras personas, aspectos que serán puestos a conocimiento del órgano jurisdiccional para convocar a las personas involucradas”, declaró la autoridad. Villegas explicó que en la etapa preliminar del proceso llevado a cabo ayer se ha establecido todos los aspectos de convicción que fueron elementos para imputar a los funcionarios de Derechos Reales.
Los funcionarios enjuiciados son acusados de manipular datos informáticos para venderlos a terceros o beneficiarse. Además, el funcionario edil que fue encarcelado es sindicado de otorgar fotocopias de planos de viviendas que no estaban aprobados.
Consejo. El delegado distrital de la Magistratura, René Delgado Arteaga, señaló que los hechos de corrupción perpetrados en gestiones pasadas tienen el mismo modus operandi. “Son las mismas personas apoyadas con algunos auxiliares, las que están implicadas en los otros dos casos”, advirtió.
Lamentó que, en este caso, la Fiscalía haya presentado una escasa fundamentación acusatoria, la misma que fue verificada por el juez, motivo por el cual envió a la cárcel solo al funcionario municipal implicado, mientras que las otras 13 personas fueron beneficiadas con medidas sustitutivas.
Añadió que para los otros dos casos denunciados se prevé que en los próximos días se señale fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares. “Estamos convencidos de que la justicia va a determinar por propio sentido común de que solo eran tres las personas en informática, dos que son definitivamente los autores del hecho y un auxiliar”, afirmó.
Arteaga sostuvo que estos actos de corrupción generaron un daño económico a Derechos Reales porque no recibió el monto que correspondía por valores, ya que el trámite fue efectuado directamente por vía digital. “Se ha dañado la seguridad de la institución porque hay personas que se han beneficiado por la corrección arbitraria de sus datos”, expresó.
lunes, 6 de julio de 2015
Fondo Indígena: caja de Pandora
El senador y jefe de Bancada de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, denunció que entre la Contraloría, el Ministerio Público y la Interventora del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) “se pasan la pelota” al momento de dar continuidad a las investigaciones por la presunta malversación de fondos, en aproximadamente 1100 proyectos.
“Quiero hacer conocer que conforme mi solicitud, la Contraloría General del Estado asegura que mediante Decreto Supremo se dispuso la intervención administrativa y financiera sobre este caso y que el Ministerio Público realiza similar tarea, lo que quiere decir que no va hacer nuevas auditorías y no ampliará las investigaciones”, dijo a tiempo de mencionar que similar respuesta recibió de la Fiscalía, arguyendo que esa es tarea de la interventora que en dos meses concluirá su trabajo.
Ortiz cuestionó además el trabajo de la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, que anunció dar seguimiento al caso del Fondo Indígena, “esto nuevamente nos muestra que no existe la mínima voluntad en el Ejecutivo, Contraloría ni Ministerio Público de llegar a la verdad en el Fondo Indígena, donde hay miles de bolivianos en juego, cientos de millones depositados en cuentas personales y nadie quiere decir la verdad”, enfatizó.
A finales de junio, Valdivia informó que ya se presentaron 18 procesos judiciales por ilícitos identificados en la intervención del Fondo Indígena. El trabajo de saneamiento en la entidad concluirá el 2 de agosto de este año.
DINERO RECUPERADO
Al margen de las denuncias del Senador opositor, fuentes oficiales del Fondioc informaron, al iniciar este mes, que lograron recuperar 2 millones de bolivianos de ocho proyectos observados, en el marco del trabajo que realiza la interventora con las verificaciones in situ a las comunidades que se beneficiaron con proyectos productivos en todo el país.
Según un comunicado de la interventora, los “montos no ejecutados” deben ser devueltos hasta el 20 de julio y los representantes legales deben hacer sus descargos hasta el próximo 15 del mismo mes.
Entretanto, el nuevo directorio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) anunció una fiscalización al trabajo de la interventora, para lo cual demandarán informes pormenorizados del avance de las investigaciones.
BARTOLINAS
La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (Cnmciob-BS) aún posee deudas pendientes con el Fondo Indígena, si bien, la dirigencia aseguró que devolverían aproximadamente 5 millones de bolivianos de un total de 8 millones recibidos en 2014. La secretaria ejecutiva de la organización, Juanita Ancieta, dijo que aún no existe fecha para la restitución pero que lo hará conocer a la brevedad posible.
“Quiero hacer conocer que conforme mi solicitud, la Contraloría General del Estado asegura que mediante Decreto Supremo se dispuso la intervención administrativa y financiera sobre este caso y que el Ministerio Público realiza similar tarea, lo que quiere decir que no va hacer nuevas auditorías y no ampliará las investigaciones”, dijo a tiempo de mencionar que similar respuesta recibió de la Fiscalía, arguyendo que esa es tarea de la interventora que en dos meses concluirá su trabajo.
Ortiz cuestionó además el trabajo de la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, que anunció dar seguimiento al caso del Fondo Indígena, “esto nuevamente nos muestra que no existe la mínima voluntad en el Ejecutivo, Contraloría ni Ministerio Público de llegar a la verdad en el Fondo Indígena, donde hay miles de bolivianos en juego, cientos de millones depositados en cuentas personales y nadie quiere decir la verdad”, enfatizó.
A finales de junio, Valdivia informó que ya se presentaron 18 procesos judiciales por ilícitos identificados en la intervención del Fondo Indígena. El trabajo de saneamiento en la entidad concluirá el 2 de agosto de este año.
DINERO RECUPERADO
Al margen de las denuncias del Senador opositor, fuentes oficiales del Fondioc informaron, al iniciar este mes, que lograron recuperar 2 millones de bolivianos de ocho proyectos observados, en el marco del trabajo que realiza la interventora con las verificaciones in situ a las comunidades que se beneficiaron con proyectos productivos en todo el país.
Según un comunicado de la interventora, los “montos no ejecutados” deben ser devueltos hasta el 20 de julio y los representantes legales deben hacer sus descargos hasta el próximo 15 del mismo mes.
Entretanto, el nuevo directorio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) anunció una fiscalización al trabajo de la interventora, para lo cual demandarán informes pormenorizados del avance de las investigaciones.
BARTOLINAS
La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (Cnmciob-BS) aún posee deudas pendientes con el Fondo Indígena, si bien, la dirigencia aseguró que devolverían aproximadamente 5 millones de bolivianos de un total de 8 millones recibidos en 2014. La secretaria ejecutiva de la organización, Juanita Ancieta, dijo que aún no existe fecha para la restitución pero que lo hará conocer a la brevedad posible.
sábado, 4 de julio de 2015
Escándalo caso Fondioc: Ortiz: Ministro Arce debe asumir sus responsabilidades
El presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, el senador Óscar Ortiz, dijo que el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, no “salva su responsabilidad” en el caso del Fondo Indígena, porque según el informe del fiscal general, Ramiro Guerrero, “consintió” los desembolsos del Fondo a cuentas particulares de los dirigentes y no habría asumido ninguna acción para evitar la irregularidad.
AMENAZA
“En vez de amenazar con proceso a los fiscales que el Ministro revele quién autorizó, a quienes y qué montos se desembolsaron en las cuentas personales de los responsables de los proyectos", insistió el asambleísta. El ministro Arce dijo sentirse difamado por el informe de la Fiscalía y anunció procesos contra los fiscales que –según dijo esta semana- buscan involucrarlo en el escándalo del manejo irregular de dineros del fondo. Arce será citado a declarar.
FISCAL GENERAL
Ortiz precisó que el informe que remitió el Ministerio Público está firmado por el propio Fiscal General, independientemente de que la comisión de fiscales conformada por Anghelo Saravia, Elsa Villafranqui y Gregorio Blanco, haya sido advertida por el ministro Arce con un proceso judicial por involucrarlo en el caso del Fondo Indígena.
ACLARACIÓN
Este miércoles, el fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, salió al frente para aclarar que los fiscales no quisieron decir “consentimiento”, sino “conocimiento”. La declaración se produjo inmediatamente después que el titular de Economía advirtiera con procesarlos.
Según Ortiz, el hecho concreto es que el ministro Arce “no asumió ninguna acción para evitar la irregularidad”, ya sea por “consentir” o por “conocer” las erogaciones de dinero. Independientemente del uso de uno u otro verbo, dijo el senador Ortiz, la autoridad “no se salva de su responsabilidad”.
AMENAZA
“En vez de amenazar con proceso a los fiscales que el Ministro revele quién autorizó, a quienes y qué montos se desembolsaron en las cuentas personales de los responsables de los proyectos", insistió el asambleísta. El ministro Arce dijo sentirse difamado por el informe de la Fiscalía y anunció procesos contra los fiscales que –según dijo esta semana- buscan involucrarlo en el escándalo del manejo irregular de dineros del fondo. Arce será citado a declarar.
FISCAL GENERAL
Ortiz precisó que el informe que remitió el Ministerio Público está firmado por el propio Fiscal General, independientemente de que la comisión de fiscales conformada por Anghelo Saravia, Elsa Villafranqui y Gregorio Blanco, haya sido advertida por el ministro Arce con un proceso judicial por involucrarlo en el caso del Fondo Indígena.
ACLARACIÓN
Este miércoles, el fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, salió al frente para aclarar que los fiscales no quisieron decir “consentimiento”, sino “conocimiento”. La declaración se produjo inmediatamente después que el titular de Economía advirtiera con procesarlos.
Según Ortiz, el hecho concreto es que el ministro Arce “no asumió ninguna acción para evitar la irregularidad”, ya sea por “consentir” o por “conocer” las erogaciones de dinero. Independientemente del uso de uno u otro verbo, dijo el senador Ortiz, la autoridad “no se salva de su responsabilidad”.
viernes, 3 de julio de 2015
Por delitos de corrupción Sentencian a dos exalcaldes de Huanuni
El Tribunal de Sentencia de Huanuni, ayer, 2 de julio del año en curso, dictó sentencia de 5 años de reclusión contra Rosario Mamani Fernández, exalcaldesa Municipal de Huanuni, por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica, Uso Indebido de Influencias y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, pena que deberá cumplir en el penal de San Pedro del departamento de Oruro.
En la misma audiencia se condenó a tres años de reclusión en el penal de San Pedro de Oruro, a Policarpio Mamani Quillca, exlcalde municipal de Huanuni, por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Uso Indebido de Influencias y Nombramientos Ilegales. Se dijo que uno de los condenados es miembro de la Federación de Cooperativistas Mineros.
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, en el marco de sus atribuciones, el 10 de mayo del año 2009, presentó denuncia ante la Fiscalía Departamental de Ministerio Público del Departamento de Oruro, contra Rosario Mamani Fernández, por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica, Uso Indebido de Influencias y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas y contra Policarpio Calani Quillca, por el delito de Nombramientos Ilegales.
Rosario Mamani, durante el ejercicio de sus funciones el año 2008, habría cometido irregularidades en el proceso de contratación del Proyecto “Construcción Enlocetado Plaza San Pedro”, adjudicando el proyecto a una empresa cuya propuesta tenía el precio más alto, afectando la economía del municipio. Asimismo habría llevado adelante procesos de contratación irregulares para la Adquisición de Contenedores y Computadoras, pues autorizó el pago de anticipo superiores a los fijados por ley y firmó actas de entrega sin el visto bueno de las autoridades responsables.
Por otra parte, el exalcalde de Huanuni en la gestión 2006, Policarpio Calani Quillca, habría designado como oficial mayor de Culturas a Rosario Mamani Fernández, cuando esta fungía como concejal municipal del municipio de Huanuni, incurriendo en el delito de nombramientos ilegales.
Ante estos hechos, la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, manifestó que estas son muestras claras de una implacable lucha contra aquellas autoridades que vulneran y violan la ley afectando el crecimiento y desarrollo de la comunidad, recomendando que sólo a través de una gestión transparente y cumplimiento de la ley se podrá alcanzar el progreso integral de los pueblos.
En la misma audiencia se condenó a tres años de reclusión en el penal de San Pedro de Oruro, a Policarpio Mamani Quillca, exlcalde municipal de Huanuni, por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Uso Indebido de Influencias y Nombramientos Ilegales. Se dijo que uno de los condenados es miembro de la Federación de Cooperativistas Mineros.
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, en el marco de sus atribuciones, el 10 de mayo del año 2009, presentó denuncia ante la Fiscalía Departamental de Ministerio Público del Departamento de Oruro, contra Rosario Mamani Fernández, por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica, Uso Indebido de Influencias y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas y contra Policarpio Calani Quillca, por el delito de Nombramientos Ilegales.
Rosario Mamani, durante el ejercicio de sus funciones el año 2008, habría cometido irregularidades en el proceso de contratación del Proyecto “Construcción Enlocetado Plaza San Pedro”, adjudicando el proyecto a una empresa cuya propuesta tenía el precio más alto, afectando la economía del municipio. Asimismo habría llevado adelante procesos de contratación irregulares para la Adquisición de Contenedores y Computadoras, pues autorizó el pago de anticipo superiores a los fijados por ley y firmó actas de entrega sin el visto bueno de las autoridades responsables.
Por otra parte, el exalcalde de Huanuni en la gestión 2006, Policarpio Calani Quillca, habría designado como oficial mayor de Culturas a Rosario Mamani Fernández, cuando esta fungía como concejal municipal del municipio de Huanuni, incurriendo en el delito de nombramientos ilegales.
Ante estos hechos, la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, manifestó que estas son muestras claras de una implacable lucha contra aquellas autoridades que vulneran y violan la ley afectando el crecimiento y desarrollo de la comunidad, recomendando que sólo a través de una gestión transparente y cumplimiento de la ley se podrá alcanzar el progreso integral de los pueblos.
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