La ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, denunció hoy que la Policía favorece a Hugo Baldiviezo, exDirector Nacional Administrativo y Financiero de la entidad e implicado en la compra ilícita de harina y arroz, y demandó su baja de la institución para sentar un precedente.
"No estamos de acuerdo que el Comando General de la Policía favorezca al general Hugo Baldiviezo Cardoso con destinarlo a la Letra C de disponibilidad y goce de haberes, sobre quien, además, de estar prófugo de la justicia, pesa un mandamiento de aprehensión", dijo en conferencia de prensa.
El Ministerio de Transparencia como parte coadyuvante en la investigación penal de la adquisición ilícita de harina y arroz remitió al comandante general de la Policía, Edgar Téllez, una carta en la que se pide que Baldiviezo sea procesado mediante Régimen Disciplinario.
"Es hora de que en la Policía se siente un precedente en contra de cualquier funcionario independientemente del cargo o la jerarquía y sea procesado bajo el Régimen Disciplinario, si corresponde en función a la gravedad de la infracción (se dicte) la baja de estos servidores policiales", mencionó.
Valdivia, dejó establecido que en ese caso existen los elementos suficientes de convicción de que el exDirector Nacional Administrativo y Financiero incurrió en los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, con referencia a los dos contratos de adquisición de víveres.
Para la Ministra de Transparencia lo correcto es que cualquier funcionario policial en los diferentes rangos, grados y cargos que incurra en alguna falta durante el desempeño de sus funciones sea procesado en el marco de los reglamentos disciplinarios.
Así también la autoridad ratificó su desacuerdo con el arresto domiciliario que dispuso la juez Primero de Instrucción Anticorrupción, Cintia Delgadillo, para el excomandante general de la institución del orden, Luis Cerruto, imputado por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y otros en el mismo caso.
Aseguró que su despacho coadyuvará a la comisión de fiscales que investiga el caso, que está conformado por Lilian Calderón, Lilian Villalta y Edwin Sarmiento.
viernes, 7 de agosto de 2015
jueves, 6 de agosto de 2015
Develan caso de corrupción en construcción de Procuraduría
El procurador general del Estado, Héctor Arce, informó que se detectó una complicidad ilícita en las empresas encargadas de la construcción y fiscalización del edificio de esta entidad en El Alto. Producto de este caso de corrupción, hay un empresario con arresto domiciliario.
“Se ha advertido una serie de irregularidades que son comunes en algunas obras y deben tener una investigación y sanción drástica. Advertimos que hubo una complicidad, un contubernio entre la empresa constructora Suárez y la empresa fiscalizadora Sarmiento”, explicó Arce.
Relató que hubo demoras en la construcción, por lo que se hizo una investigación y se evidenció que la empresa Suárez contrató a Sarmiento para realizar algunos trabajos, como planos.
Es decir, la compañía constructora contrató a la empresa que debía controlar su obra. Entonces “nunca la iba a denunciar porque estaba en un contubernio”, acotó el Procurador.
La entidad estatal rompió el contrato para la construcción e inició acciones penales, producto de las cuales el propietario de la empresa Sarmiento tiene arresto domiciliario y el dueño de la compañía Suárez está imputado, según la autoridad.
La construcción del edificio de la Procuraduría costará más de 30 millones de bolivianos. Arce indicó que por este caso de corrupción no hay un daño económico a Estado, pero se tardará más en terminar el nuevo inmueble.
“Se ha advertido una serie de irregularidades que son comunes en algunas obras y deben tener una investigación y sanción drástica. Advertimos que hubo una complicidad, un contubernio entre la empresa constructora Suárez y la empresa fiscalizadora Sarmiento”, explicó Arce.
Relató que hubo demoras en la construcción, por lo que se hizo una investigación y se evidenció que la empresa Suárez contrató a Sarmiento para realizar algunos trabajos, como planos.
Es decir, la compañía constructora contrató a la empresa que debía controlar su obra. Entonces “nunca la iba a denunciar porque estaba en un contubernio”, acotó el Procurador.
La entidad estatal rompió el contrato para la construcción e inició acciones penales, producto de las cuales el propietario de la empresa Sarmiento tiene arresto domiciliario y el dueño de la compañía Suárez está imputado, según la autoridad.
La construcción del edificio de la Procuraduría costará más de 30 millones de bolivianos. Arce indicó que por este caso de corrupción no hay un daño económico a Estado, pero se tardará más en terminar el nuevo inmueble.
miércoles, 5 de agosto de 2015
Procuraduría rescinde contrato con empresa que construía su sede en El Alto por "contubernio" y corruptela"
El procurador general del Estado, Héctor Arce, informó el miércoles que se "rescindió" contrato con la empresa Suárez que construía el edificio de la Procuraduría, en la ciudad de El Alto, porque se detectó "contubernio y corruptela" con la empresa supervisora Sarmiento.
"En el proceso de construcción del edificio se advirtió que hubo una complicidad, contubernio entre la constructora y la supervisora, aparentemente, según se investiga, Suárez encargaba a Sarmiento realizar ciertos trabajos como planos y demás situaciones que le generaban una relación económica entre partes, algo inaceptable", denunció en conferencia de prensa.
Explicó que a raíz del hecho, "se decidió romper el contrato con Suárez y se contratará otra empresa para seguir con la edificación de la infraestructura de la Procuraduría General del Estado, creada por la Ley 064.
Indicó que resultado de una investigación se descubrió un retraso en las obras hecho que no denunció la fiscalizadora, en una construcción que tiene la inversión de 30 millones de bolivianos.
En este caso, indicó que se originó un daño en el tiempo de construcción de una obra que demanda mucho esfuerzo y sacrificio y acorde a las necesidades de la única institución nacional que tiene su sede la ciudad de El Alto.
Advertidos de hecho ilegal, dijo que la PGE realizó la denuncia penal ante la Fiscalía Departamental, que imputó al propietario de la empresa Sarmiento, sobre quien ahora pesa un arresto domiciliario ordenado por la autoridad jurisdiccional.
En el caso del representante de la supervisora Sarmiento, acotó, que también fue imputado penalmente por el Ministerio Público que desarrolla una amplia investigación.
Advirtió que "no se tolerará ni el más mínimo acto de corrupción que se pueda dar al interior de la Procuraduría General del Estado como en ninguna institución del Estado".
Tras esa experiencia, anunció que la PGE trabaja en una propuesta para el funcionamiento de la administración pública, de cómo deben operar las instituciones cuando se advierte este tipo de contubernios o actos de corrupción entre las constructoras y las supervisoras o las empresas fiscalizadoras.
Revelan que socios de Patana recibieron dinero
Pascual Arellana, exdirigente regional del Movimiento Al Socialismo (MAS) en El Alto, denunció que además del exalcalde Edgar Patana, personas cercanas a esa exautoridad también recibieron dinero del exalcalde Fanor Nava para que no se opongan a proyectos que pretendía concretar.
En febrero de este año, se conoció el contenido de un video en el que Patana recibe un paquete de Nava. En esa oportunidad, el aludido dijo no recordar el encuentro que sostuvo con Nava.
Pero Arellana aseguró que en ese paquete había dinero y que además hubo personas allegadas a Patana que también recibieron plata de parte de Nava.
“Después de dos o tres días de saberse de ese video, me encontré con una persona de confianza de (Fanor) Nava y él me dijo que ese video es sólo una pequeña muestra, que de eso hay muchas. Que no sólo Patana, sino otros cercanos a él, también recibían plata y lo que recibió Patana sí era plata.
Nava les decía “tengo este proyecto, por favor no tienen que molestar” y les daba plata. Me quedé sorprendido”, dijo el exdirigente masista, en entrevista con Erbol.
En febrero de este año, se conoció el contenido de un video en el que Patana recibe un paquete de Nava. En esa oportunidad, el aludido dijo no recordar el encuentro que sostuvo con Nava.
Pero Arellana aseguró que en ese paquete había dinero y que además hubo personas allegadas a Patana que también recibieron plata de parte de Nava.
“Después de dos o tres días de saberse de ese video, me encontré con una persona de confianza de (Fanor) Nava y él me dijo que ese video es sólo una pequeña muestra, que de eso hay muchas. Que no sólo Patana, sino otros cercanos a él, también recibían plata y lo que recibió Patana sí era plata.
Nava les decía “tengo este proyecto, por favor no tienen que molestar” y les daba plata. Me quedé sorprendido”, dijo el exdirigente masista, en entrevista con Erbol.
Segundo caso de corrupción Excomandante de la Policía fue detenido
El excomandante de la Policía Luis Cerruto fue detenido ayer por incumplimiento de deberes por la investigación de un intento de compra supuestamente irregular de 83.000 quintales de azúcar y arroz para la Policía boliviana. Está en celdas de la Felcc a la espera de que un juez tome alguna decisión sobre su caso.
"En la mañana, a las 07:45, (Luis Cerruto) ha presentado su declaración para que se obtengan mayores elementos en el transcurso de la tarde, yo creo que se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares", expresó a Panamericana el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gary Omonte.
Pérdida de Bs 5 millones. En el contrato firmado en febrero de este año para la compra de arroz y azúcar existe una enmienda que estipula que la Policía debe pagar el 30% de adelanto para que la empresa comience a trabajar y por ello se hizo un pago de cinco millones de bolivianos, pero después se anuló el acuerdo y se perdió ese dinero.
Por este mismo caso, aparte de Cerruto, hay una persona detenida en la cárcel de Obrajes y otras seis están siendo investigadas.
Comisión de fiscales define su futuro. El fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, informó ayer que una comisión de fiscales define el futuro legal del excomandante de la Policía, Luis Cerruto.
Rollano precisó que la colección de elementos y pruebas identificaron como posibles responsables del sobreprecio a Cerruto y a otros investigados en el caso.
Entre los probables autores, están exfuncionarios y funcionarios policiales de alta jerarquía. Ya se ha imputado a cinco personas, dos están con detención preventiva. Los dos detenidos preventivos cumplían funciones como asesores jurídicos en el Comando General de la Policía y habrían firmado varios de los contratos de provisión de alimentos.
Casos
General Alberto Aracena, procesado por compra con sobreprecios
Denuncias. Este es el segundo caso de corrupción que se investiga a un comandante policial en semanas recientes. Se investiga otra denuncia, referida a la supuesta compra con sobreprecio de camisas para la Policía en 2013, y por la que está procesado el excomandante de esa institución, general Alberto Aracena.
"En la mañana, a las 07:45, (Luis Cerruto) ha presentado su declaración para que se obtengan mayores elementos en el transcurso de la tarde, yo creo que se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares", expresó a Panamericana el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gary Omonte.
Pérdida de Bs 5 millones. En el contrato firmado en febrero de este año para la compra de arroz y azúcar existe una enmienda que estipula que la Policía debe pagar el 30% de adelanto para que la empresa comience a trabajar y por ello se hizo un pago de cinco millones de bolivianos, pero después se anuló el acuerdo y se perdió ese dinero.
Por este mismo caso, aparte de Cerruto, hay una persona detenida en la cárcel de Obrajes y otras seis están siendo investigadas.
Comisión de fiscales define su futuro. El fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, informó ayer que una comisión de fiscales define el futuro legal del excomandante de la Policía, Luis Cerruto.
Rollano precisó que la colección de elementos y pruebas identificaron como posibles responsables del sobreprecio a Cerruto y a otros investigados en el caso.
Entre los probables autores, están exfuncionarios y funcionarios policiales de alta jerarquía. Ya se ha imputado a cinco personas, dos están con detención preventiva. Los dos detenidos preventivos cumplían funciones como asesores jurídicos en el Comando General de la Policía y habrían firmado varios de los contratos de provisión de alimentos.
Casos
General Alberto Aracena, procesado por compra con sobreprecios
Denuncias. Este es el segundo caso de corrupción que se investiga a un comandante policial en semanas recientes. Se investiga otra denuncia, referida a la supuesta compra con sobreprecio de camisas para la Policía en 2013, y por la que está procesado el excomandante de esa institución, general Alberto Aracena.
EL ALTO Detienen a personal médico por corrupción.
Una Juez cautelar resolvió la detención preventiva en la cárcel de San Pedro de tres funcionarios, el director y dos técnicos, del Hospital Boliviano Holandés de El Alto por un sobreprecio en la adquisición de medicamentos, informó un vocero de la Fiscalía de El Alto.
Jaime M., Hugo B. y Boris M. fueron citados y después imputados por el Ministerio Público por el irregular manejo de 70.000 bolivianos. Indagan a otros funcionarios.
Jaime M., Hugo B. y Boris M. fueron citados y después imputados por el Ministerio Público por el irregular manejo de 70.000 bolivianos. Indagan a otros funcionarios.
FISCAL GUERRERO Dice que actuará contra los que no cumplan la ley
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo ayer que está en alerta por presuntas “presiones”(a favor de Carlos Chávez) a los vocales que decidirán el futuro del titular de la FBF, hoy en la audiencia de apelación, en Sucre. Les dijo a los jueces que el Ministerio Público “actuará contra los que no cumplan con las leyes”.
Guerrero habló del tema luego de que el lunes los jueces tuvieron criterio dividido en la sala penal segunda y se determinó que sea un tercer vocal quien defina si Carlos Chávez y Alberto Lozada tienen medidas sustitutivas o preventivas.
“Pedimos a los vocales que cumplan estrictamente la ley. Que cumplan estrictamente el procedimiento. No queremos pensar que existen presiones de otro tipo para actuar fuera del marco de la ley”, aseguró ayer Guerrero durante una conferencia de prensa en La Paz.
El fiscal fue más contundente y alertó que si los jueces se dejan llevar por “presiones, el Ministerio Público actuará contra estos señores que no cumplan la ley y las normas”.
En tanto, la vocal del juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal, Elena Lovental, informó ayer a la agencia ABI que un juez dirimidor resolverá las apelaciones del Ministerio Público y de los dirigentes coimputados Chávez y Lozada; presidente y secretario ejecutivo de la FBF, respectivamente, acusados de presunta corrupción de esta institución deportiva.
“No hay coincidencia en los votos de los miembros del Tribunal del Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal, se precisa para una resolución dos votos conformes, entretanto no hayan dos votos conformes se irán convocando a dirimidores”, señaló.
Lovental precisó que por la falta de criterios coincidentes de los vocales y votos conformes esta instancia no emitió resolución en la audiencia de apelación, que se prolongó hasta pasada la media noche del lunes.
“La resolución se referirá a las tres apelaciones presentadas por el Ministerio Público y los coimputados Chávez y Lozada”, expresó. “El (juez) dirimidor tomará una decisión para la resolución”, acotó. A la fecha, cinco dirigentes y un funcionario de la FBF fueron imputados formalmente en el caso de presunta corrupción en esa entidad deportiva. Tres están detenidos preventivamente y tres con medidas sustitutivas.
Declaran improcedente la apelación
El pandino Jorge Justiniano y el beniano Pedro Zambrano recibieron otro revés de la justicia boliviana la noche de ayer.
Después de más de siete horas de audiencia (con un cuarto intermedio de 2:45 ) los vocales Iván Sandoval y Hugo Córdova resolvieron apoyar la decisión del juez Quinto de Instrucción en lo penal, Roberto Valdivieso que ordenó su encarcelamiento en Villa Busch (Justiniano) y en Mocoví (Zambrano) el mes pasado, imputados por los supuestos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, delitos tributarios y estafa con la agravante de víctimas múltiples.
Guerrero habló del tema luego de que el lunes los jueces tuvieron criterio dividido en la sala penal segunda y se determinó que sea un tercer vocal quien defina si Carlos Chávez y Alberto Lozada tienen medidas sustitutivas o preventivas.
“Pedimos a los vocales que cumplan estrictamente la ley. Que cumplan estrictamente el procedimiento. No queremos pensar que existen presiones de otro tipo para actuar fuera del marco de la ley”, aseguró ayer Guerrero durante una conferencia de prensa en La Paz.
El fiscal fue más contundente y alertó que si los jueces se dejan llevar por “presiones, el Ministerio Público actuará contra estos señores que no cumplan la ley y las normas”.
En tanto, la vocal del juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal, Elena Lovental, informó ayer a la agencia ABI que un juez dirimidor resolverá las apelaciones del Ministerio Público y de los dirigentes coimputados Chávez y Lozada; presidente y secretario ejecutivo de la FBF, respectivamente, acusados de presunta corrupción de esta institución deportiva.
“No hay coincidencia en los votos de los miembros del Tribunal del Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal, se precisa para una resolución dos votos conformes, entretanto no hayan dos votos conformes se irán convocando a dirimidores”, señaló.
Lovental precisó que por la falta de criterios coincidentes de los vocales y votos conformes esta instancia no emitió resolución en la audiencia de apelación, que se prolongó hasta pasada la media noche del lunes.
“La resolución se referirá a las tres apelaciones presentadas por el Ministerio Público y los coimputados Chávez y Lozada”, expresó. “El (juez) dirimidor tomará una decisión para la resolución”, acotó. A la fecha, cinco dirigentes y un funcionario de la FBF fueron imputados formalmente en el caso de presunta corrupción en esa entidad deportiva. Tres están detenidos preventivamente y tres con medidas sustitutivas.
Declaran improcedente la apelación
El pandino Jorge Justiniano y el beniano Pedro Zambrano recibieron otro revés de la justicia boliviana la noche de ayer.
Después de más de siete horas de audiencia (con un cuarto intermedio de 2:45 ) los vocales Iván Sandoval y Hugo Córdova resolvieron apoyar la decisión del juez Quinto de Instrucción en lo penal, Roberto Valdivieso que ordenó su encarcelamiento en Villa Busch (Justiniano) y en Mocoví (Zambrano) el mes pasado, imputados por los supuestos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, delitos tributarios y estafa con la agravante de víctimas múltiples.
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