Rafael Quispe, diputado por Unidad Demócrata (UN), confirmó la acusación que hizo el expresidente del Consejo Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), Marco Antonio Aramayo, contra el expresidente del Senado, Eugenio Rojas, y actual titular del Fondo de Desarrollo Indígena, quien presionaba para que se aprueben proyectos. Añadió que el hermano de Rojas fungía como el “cobrador de diezmos”, para el actual partido de gobierno.
Quispe denunció que Jesús Rojas, hermano del actual director ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena, era el “operador político” y quien presionaba a los directivos de la liquidada Fondioc para que los proyectos sean agilizados y aseguró que era el encargado de cobrar los “diezmos”, con los que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha anunciado financiar la reelección de Evo Morales.
“Ha manifestado el señor (Marco) Aramayo que se cobraba un porcentaje de más o menos un 10% para acelerar proyectos que supuestamente iban a beneficiar a los indígenas. En ese marco, estamos realizando las investigaciones, Jesús Rojas era operador político, era quien frecuentaba para presionar, no solamente al director ejecutivo, sino al director jurídico, a los cuatro directores que existían, para acelerar (los proyectos) y de acuerdo a nuestra investigación ese señor estaba encargado de cobrar los diezmos correspondientes”, declaró el diputado.
Por su lado, Eugenio Rojas rechazó las denuncias de Quispe, y a tiempo de precisar que su hermano, profesor en la ciudad de La Paz, afirmó que no realizará ninguna acción legal contra el denunciante, pero pidió pruebas.
“No conozco, yo no ando detrás de mi hermano, él es suficientemente mayor, es una persona que tiene ya edad. No sé si cobraba o no, él es maestro en La Paz”, dijo la autoridad.
El jueves pasado, Aramayo aseguró que Eugenio Rojas intentaba comunicarse con él, para pedirle que atienda a las personas que se le pedían se agilice sus trámites; antes, también acusó de presionar al directorio, a varios dirigentes.
Afirmó que él sólo obedecía órdenes y pidió que quienes lo mandaban también den la cara.
“Hay una cadena de mando que tiene que responder porque yo era un subalterno, a mí me mandaban y yo obedecía. Me mandaban desde la ministra Nemesia Achacollo, ella tiene que venir a dar la cara, ¿por qué se esconde?”, manifestó Aramayo.
martes, 27 de octubre de 2015
sábado, 24 de octubre de 2015
No descartan citar a Rojas por el caso Fondo Indígena
La comisión del Ministerio Público que indaga el caso Fondo Indígena evaluará si cita o no a declarar al exsenador Eugenio Rojas, quien fue acusado de presionar para aprobar proyectos de desarrollo rural, afirmó ayer el fiscal General, Ramiro Guerrero.
Juan Carlos Aramayo, exdirector del Fondo Indígena que está detenido por irregularidades detectadas en 153 obras inexistentes o inclonclusas, declaró el jueves que Rojas lo llamaba y presionaba para que su hermano reciba proyectos de desarrollo.
En respuesta, Eugenio Rojas dijo ayer que no conocía y que nunca vio personalmente a Aramayo. “Ni siquiera hablé por teléfono con él, eso quiero aclarar”, sostuvo el exasambleísta, quien ahora es el director del Fondo de Desarrollo Indígena.
Convocatoria. La comisión (de fiscales que investiga el caso) verá y evaluará. No se descarta a nadie (para declarar). En el marco de la investigación, las personas que pudieran brindar una información o, a partir de una revisión de documentación, tuvieran algunos indicios de responsabilidad, por supuesto que serán convocadas”, indicó Guerrero en una conferencia de prensa en la ciudad de La Paz.
El caso del Fondo Indígena fue denunciado en febrero, cuando la Contraloría detectó un desfalco de Bs 71 millones por irregularidades en 153 obras de desarrollo financiadas por el citado Fondo.
Una intervención posterior al Fondo de Desarrollo Campesino estableció que había 30 obras “fantasma” o inexistentes que causaron un daño de Bs 14,5 millones al Estado, dinero que fue depositado incluso en cuentas personales de dirigentes de diferentes organizaciones sociales campesinas e indígenas del país.
Por estos procesos penales iniciados por irregularidades en los proyectos hay siete detenidos, entre exdirectivos del Fondo Indígena y dirigentes locales, y 205 procesados. Uno de los exdirectivos es Juan Carlos Aramayo. Guerrero aclaró que hay una lista larga de personas implicadas por las 153 obras, ya que si solo se toma en cuenta a cuatro por proyecto, se tiene entre 500 a 600 denuncias e investigadas.
La Fiscalía regionaliza la investigación de obras
ABI
El fiscal Gregorio Blanco, miembro de la comisión que investiga la malversación de recursos económicos del ex Fondo Indígena, informó ayer que por su complejidad, número de proyectos en varias regiones y la necesidad de convocar a dirigentes involucrados, se decidió regionalizar el proceso.
“Es imposible que 125 fiscales de La Paz investiguen 300 proyectos referidos a los casos de fondos en avance y administrativos, por eso se determinó que todos los procesos sean realizados en cada región, donde se ejecutaron las obras”, declaró.
Mencionó que en Oruro, Santa Cruz y Beni se abrieron diferentes procesos que facilitarán que las personas implicadas declaren en sus respectivos departamentos.Anotó que en la auditoría que realizó la Contraloría General del Estado (CGE) existen 153 proyectos y otro lote remitido, como resultado de la intervención al Fondo Indígena.
Cae grupo de falsificadores y entre ellos el hijo de exconcejal
Un hombre acudió el pasado jueves a Tránsito a registrar un vehículo que había comprado, pero cuando entregó el Poder Notariado 2012 2015 con el que le dieron el carro, los policías se dieron cuenta de que era falso.
Uno de los agentes llamó a la notaria de Fe Pública que aparecía como firmante del documento para preguntarle si ella había emitido ese Poder. La notaria dijo que el número o código existía entre sus archivos, pero correspondía a una autorización de viaje y no a un Poder para vender un vehículo.
Los policías de Tránsito llamaron a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y remitieron el caso para que lo investiguen.
La pesquisa comenzó a las 11 de la mañana. El hombre que pretendía efectuar el registro del vehículo declaró que quien le dio el Poder Notariado falso fue el abogado D.H.S. al que contactó en la oficina de otra abogada en la calle Los Claveles, cerca de la Aduana Nacional. El abogado D.H.S., que sería el hijo de un exconcejal, según fuentes extraoficiales, sostuvo que él solo hizo el favor de contactar a M.Ch.P. para que efectuara el trámite y dio una dirección. Policías de la FELCC se dirigieron a la oficina donde se realizarían este tipo de documentos, en la calle Villazón 10 del municipio de Quillacollo, al frente de la Notaría de Fe Pública 1.
Allí fue sorprendido L.Ch. mientras transcribía otro testimonio de Poder perteneciente a la notaria de Fe Pública que había dicho que el código del Poder Notariado fraguado no correspondía a un vehículo sino a una autorización de viaje. En la oficina además hallaron sellos, pie de firma del secretario general y hojas membretadas del Sindicato de Transportes Carrasco Tropical y otras instituciones, formularios notariales en blanco, protocolos de testimonio de poder con y sin firmas de la notaria, formularios de reconocimiento de firmas, carátulas, formularios notariales, un sello y hojas de papel bond con firmas de la notaria 1, 1 sello de la Notaría 41, fotocopias de cédulas de identidad con firmas fraguadas, sellos de legalización, sellos de paso a formulario, sello de la División Registro de Vehículos de Tránsito.
El comandante de la Policía, coronel Luis Aguilar, informó que cinco varones y una mujer fueron aprehendidos y derivados a la Fiscalía por delitos de falsedad ideológica, material y uso de instrumento falsificado. Esta vez, la Policía no exhibió las fotos de los aprehendidos y cuando se les consultó a los jefes policiales si uno era hijo de un exconcejal no admitieron ni negaron la información.
Uno de los agentes llamó a la notaria de Fe Pública que aparecía como firmante del documento para preguntarle si ella había emitido ese Poder. La notaria dijo que el número o código existía entre sus archivos, pero correspondía a una autorización de viaje y no a un Poder para vender un vehículo.
Los policías de Tránsito llamaron a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y remitieron el caso para que lo investiguen.
La pesquisa comenzó a las 11 de la mañana. El hombre que pretendía efectuar el registro del vehículo declaró que quien le dio el Poder Notariado falso fue el abogado D.H.S. al que contactó en la oficina de otra abogada en la calle Los Claveles, cerca de la Aduana Nacional. El abogado D.H.S., que sería el hijo de un exconcejal, según fuentes extraoficiales, sostuvo que él solo hizo el favor de contactar a M.Ch.P. para que efectuara el trámite y dio una dirección. Policías de la FELCC se dirigieron a la oficina donde se realizarían este tipo de documentos, en la calle Villazón 10 del municipio de Quillacollo, al frente de la Notaría de Fe Pública 1.
Allí fue sorprendido L.Ch. mientras transcribía otro testimonio de Poder perteneciente a la notaria de Fe Pública que había dicho que el código del Poder Notariado fraguado no correspondía a un vehículo sino a una autorización de viaje. En la oficina además hallaron sellos, pie de firma del secretario general y hojas membretadas del Sindicato de Transportes Carrasco Tropical y otras instituciones, formularios notariales en blanco, protocolos de testimonio de poder con y sin firmas de la notaria, formularios de reconocimiento de firmas, carátulas, formularios notariales, un sello y hojas de papel bond con firmas de la notaria 1, 1 sello de la Notaría 41, fotocopias de cédulas de identidad con firmas fraguadas, sellos de legalización, sellos de paso a formulario, sello de la División Registro de Vehículos de Tránsito.
El comandante de la Policía, coronel Luis Aguilar, informó que cinco varones y una mujer fueron aprehendidos y derivados a la Fiscalía por delitos de falsedad ideológica, material y uso de instrumento falsificado. Esta vez, la Policía no exhibió las fotos de los aprehendidos y cuando se les consultó a los jefes policiales si uno era hijo de un exconcejal no admitieron ni negaron la información.
Rojas reconoce que llamó al FONDIOC
El director ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) Eugenio Rojas, reconoció que llamó en varias ocasiones al exdirector ejecutivo del Fondo Indígena Antonio Aramayo, para que "atienda" y "agilice" los proyectos de varias comunidades pero Aramayo nunca los atendió.
Rojas negó que haya presionado a Aramayo, cuando fue senador para que apruebe los proyectos ni se reunió con él. Insistió en decir que las llamadas que hizo al Fondo Indígena eran recibidas por el personal de Aramayo.
Rojas explicó que realizó las llamadas por las quejas de varias comunidades que señalaron que sus proyectos no se aprobaban.
Antonio Aramayo acusó el jueves a Rojas, de haberle presionado para aprobar proyectos del Fondo indígena.
LA AUTORIDAD NEGÓ QUE LAS LLAMADAS HECHAS AL FONDO INDÍGENA SEAN PARA PRESIONAR POR LA APROBACIÓN DE PROYECTOS.
Rojas negó que haya presionado a Aramayo, cuando fue senador para que apruebe los proyectos ni se reunió con él. Insistió en decir que las llamadas que hizo al Fondo Indígena eran recibidas por el personal de Aramayo.
Rojas explicó que realizó las llamadas por las quejas de varias comunidades que señalaron que sus proyectos no se aprobaban.
Antonio Aramayo acusó el jueves a Rojas, de haberle presionado para aprobar proyectos del Fondo indígena.
LA AUTORIDAD NEGÓ QUE LAS LLAMADAS HECHAS AL FONDO INDÍGENA SEAN PARA PRESIONAR POR LA APROBACIÓN DE PROYECTOS.
viernes, 23 de octubre de 2015
Caso Rózsa Fiscales repiten la táctica con el testigo
En la audiencia del juicio del caso Rózsa, la comisión de fiscales está utilizando la misma táctica de impedir que su testigo responda a las preguntas de la defensa.
Así lo afirmó el abogado Gary Prado Araúz, defensor del acusado Juan Carlos Guedes Bruno.
El jurista dijo que al parecer, a los fiscales no les interesa que se conozca la verdad histórica de los hechos. "Hay una restricción permanente de los fiscales, se nota la debilidad de su testigo (Luis A. Geria) y al parecer no quieren que conteste nada", afirmó el jurista.
Preocupación por el juez. Prado Araúz dijo estar preocupado por las resoluciones del presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, por temas que anteriormente la Fiscalía preguntó al primer testigo Miguel Ocampo. Indicó que ahora se les impide incluso interrogar a Geria por hechos que en su momento se le preguntó a Ocampo. / El Día
Así lo afirmó el abogado Gary Prado Araúz, defensor del acusado Juan Carlos Guedes Bruno.
El jurista dijo que al parecer, a los fiscales no les interesa que se conozca la verdad histórica de los hechos. "Hay una restricción permanente de los fiscales, se nota la debilidad de su testigo (Luis A. Geria) y al parecer no quieren que conteste nada", afirmó el jurista.
Preocupación por el juez. Prado Araúz dijo estar preocupado por las resoluciones del presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, por temas que anteriormente la Fiscalía preguntó al primer testigo Miguel Ocampo. Indicó que ahora se les impide incluso interrogar a Geria por hechos que en su momento se le preguntó a Ocampo. / El Día
Eugenio Rojas admite que gestionó proyectos del Fondo Indígena
El director ejecutivo del Fondo Indígena, Eugenio Rojas, admitió que hizo gestiones para que se agilice la aprobación de proyectos en la liquidada entidad, aunque afirmó que no era para presionar y negó que hubiera pedido el 10% por cada proyecto.
"Cuando era senador intenté llamar (a Aramayo), pero nunca me contestó, contestaba su secretaria y decía ‘le va a devolver la llamada’, pero nunca llamaba. Nunca quería que fiscalicemos. Cuando era Viceministro yo llamé, convoqué, (quería saber) qué normativa estaba aplicando. No vino", declaró Rojas.
Añadió que hizo gestiones para agilizar los proyectos ya que "los hermanos se quejaban" por la demora. "Yo no tengo ningún proyecto", insistió el legislador en una rueda de prensa.
Marco Antonio Aramayo exdirector ejecutivo del liquidado Fondo Indígena, denunció en las últimas horas que el exsenador Rojas se comunicó varias veces por teléfono para presionar en la aprobación de proyectos y que se beneficiaba del 10% del costo de los mismos, y similar actuación habrían tenido otros dirigentes de las organizaciones sociales.
En respuesta, Rojas sostuvo que sus gestiones no tuvieron el propósito de presionar ni de pedir un porcentaje de los proyectos. "Yo no conocía del 10%, entonces él (Aramayo) conocía del 10%. Nunca podemos pedir 10%, jamás. Llamaba para que atienda a los hermanos", remarcó.
En cambio, le dijo a Aramayo que debería empezar a preocuparse de cómo va a responder por ese dinero que no está en el Fondo. Seguro que "con lo que está en la cárcel devolverá, debe ser una preocupación", sentenció Rojas.
Aramayo en varias oportunidades aseguró que su trabajo fue técnico y que no se benefició de los recursos del Fondo Indígena, ya que los desembolsos se realizaron a los representantes legales de los proyectos, a los responsables de administración y de ejecución de obras.
Consultado Rojas sobre si los dirigentes Melva Hurtado, Juanita Ancieta, Ever Choquehuanca y los más de 400 dirigentes implicados también deberían preocuparse por los recursos que recibieron, respondió: "todos", aunque manifestó que el caso está en investigación.
Desde 2010, el Fondo Indígena desembolsó recursos económicos en cuentas particulares de los beneficiarios de los proyectos. Rojas anunció que una de las medidas es que ya no se harán transferencias a cuentas privadas, sino que el Fondo Indígena manejará los recursos directamente.
"Cuando era senador intenté llamar (a Aramayo), pero nunca me contestó, contestaba su secretaria y decía ‘le va a devolver la llamada’, pero nunca llamaba. Nunca quería que fiscalicemos. Cuando era Viceministro yo llamé, convoqué, (quería saber) qué normativa estaba aplicando. No vino", declaró Rojas.
Añadió que hizo gestiones para agilizar los proyectos ya que "los hermanos se quejaban" por la demora. "Yo no tengo ningún proyecto", insistió el legislador en una rueda de prensa.
Marco Antonio Aramayo exdirector ejecutivo del liquidado Fondo Indígena, denunció en las últimas horas que el exsenador Rojas se comunicó varias veces por teléfono para presionar en la aprobación de proyectos y que se beneficiaba del 10% del costo de los mismos, y similar actuación habrían tenido otros dirigentes de las organizaciones sociales.
En respuesta, Rojas sostuvo que sus gestiones no tuvieron el propósito de presionar ni de pedir un porcentaje de los proyectos. "Yo no conocía del 10%, entonces él (Aramayo) conocía del 10%. Nunca podemos pedir 10%, jamás. Llamaba para que atienda a los hermanos", remarcó.
En cambio, le dijo a Aramayo que debería empezar a preocuparse de cómo va a responder por ese dinero que no está en el Fondo. Seguro que "con lo que está en la cárcel devolverá, debe ser una preocupación", sentenció Rojas.
Aramayo en varias oportunidades aseguró que su trabajo fue técnico y que no se benefició de los recursos del Fondo Indígena, ya que los desembolsos se realizaron a los representantes legales de los proyectos, a los responsables de administración y de ejecución de obras.
Consultado Rojas sobre si los dirigentes Melva Hurtado, Juanita Ancieta, Ever Choquehuanca y los más de 400 dirigentes implicados también deberían preocuparse por los recursos que recibieron, respondió: "todos", aunque manifestó que el caso está en investigación.
Desde 2010, el Fondo Indígena desembolsó recursos económicos en cuentas particulares de los beneficiarios de los proyectos. Rojas anunció que una de las medidas es que ya no se harán transferencias a cuentas privadas, sino que el Fondo Indígena manejará los recursos directamente.
Caso barcazas chinas Citarán a exministro San Miguel y personeros del Banco Central de Bolivia
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que el exministro de Defensa, Walker San Miguel, y los dos personeros del Banco Central de Bolivia (BCB) serán nuevamente convocados a brindar sus declaraciones informativas dentro el bullado caso de las barcazas chinas.
La principal autoridad del Ministerio Público hizo esas declaraciones luego de responder al cuestionario de siete preguntas que le plantearon sobre el proceso de investigación que se realiza en instancias de la Fiscalía, sobre el caso de las barcazas, en la Cámara de Senadores.
En el caso de San Miguel, Guerrero refirió que en una primera oportunidad no se hizo presente a brindar su declaración; respecto a los funcionarios Francisco Lecoña y David Espinoza Torrico volverán a ser citados luego de que no pudieron ser encontrados en sus domicilios.
El informe que brindo Guerrero, lo hizo en 15 minutos, lo que llamó la atención del senador que solicitó el informe, Óscar Ortíz, quien le replicó no estar satisfecho por la información que brindó en la Cámara de Senadores.
Guerrero, en el tiempo que brindó su informe, afirmó que el caso continúa “no está cerrado porque se halla en proceso de investigación y resulta compleja por la naturaleza del hecho” y que se espera que las diligencias que se llevan adelante sirvan para establecer el grado de responsabilidad de las 14 personas involucradas en este pleito, tanto en la etapa preliminar como en la preparatoria al juicio oral.
Entre esas diligencias están las declaraciones testificales, requerimientos fiscales para recabar información de las entidades bancarias, de la autoridad de supervisión del sistema financiero (ASFI), de la Unidad de Investigación Financiera y requerimientos para obtener información de otras instancias del Estado.
Los delitos por los que fueron imputadas las personas involucradas son: Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes, Incumplimiento de Contrato, Asociación Delictuosa y Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado, además de Falsedad Ideológica, Falsedad Ideológica y Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito.
En cuanto al contrato para el para el pago del 100 por ciento del dinero para la fabricación de dos remolcadores y 16 barcazas, por los que se pagó cerca de 30 millones de dólares, Guerrero dijo que la investigación reveló que “las transferencias que se realizaron fueron hechas al amparo del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Empresa Pública Nacional Estratégica Enabol, instrumento que sustenta sus disposiciones en el análisis integral de la normativa vigente”.
ANTECEDENTES
La posibilidad de negligencia en instancias financieras, especialmente en el Banco Central de Bolivia (BCB), habría sido una de las causas para que el proyecto de las barcazas chinas haya “abortado” y actualmente estén a punto de ser rematadas por las autoridades judiciales de China debido a que el Gobierno de Bolivia, al margen de las gestiones realizadas para evitar dicha acción legal no hayan concretado un acuerdo para recuperarlas y que el país cuente con la primera flota de barcazas que naveguen la hidrovía Paraguay Paraná tal como se publicó en EL DIARIO en el mes de agosto.
La información dio cuenta que el Banco Central de Bolivia informó mediante carta BCB-GOI-SOEXT-DOCC-CE-2010-345 en fecha 3 de Noviembre de 2010 a la gerencia general de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) que las cartas de crédito Standby SB-QDB2010LG00004 y SB-QDB2010LG00005, que garantizan tanto la compra de las barcazas como los remolcadores, habrían estado en orden y válidas hasta el 4 y 5 de mayo de 2011 respectivamente.
La principal autoridad del Ministerio Público hizo esas declaraciones luego de responder al cuestionario de siete preguntas que le plantearon sobre el proceso de investigación que se realiza en instancias de la Fiscalía, sobre el caso de las barcazas, en la Cámara de Senadores.
En el caso de San Miguel, Guerrero refirió que en una primera oportunidad no se hizo presente a brindar su declaración; respecto a los funcionarios Francisco Lecoña y David Espinoza Torrico volverán a ser citados luego de que no pudieron ser encontrados en sus domicilios.
El informe que brindo Guerrero, lo hizo en 15 minutos, lo que llamó la atención del senador que solicitó el informe, Óscar Ortíz, quien le replicó no estar satisfecho por la información que brindó en la Cámara de Senadores.
Guerrero, en el tiempo que brindó su informe, afirmó que el caso continúa “no está cerrado porque se halla en proceso de investigación y resulta compleja por la naturaleza del hecho” y que se espera que las diligencias que se llevan adelante sirvan para establecer el grado de responsabilidad de las 14 personas involucradas en este pleito, tanto en la etapa preliminar como en la preparatoria al juicio oral.
Entre esas diligencias están las declaraciones testificales, requerimientos fiscales para recabar información de las entidades bancarias, de la autoridad de supervisión del sistema financiero (ASFI), de la Unidad de Investigación Financiera y requerimientos para obtener información de otras instancias del Estado.
Los delitos por los que fueron imputadas las personas involucradas son: Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes, Incumplimiento de Contrato, Asociación Delictuosa y Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado, además de Falsedad Ideológica, Falsedad Ideológica y Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito.
En cuanto al contrato para el para el pago del 100 por ciento del dinero para la fabricación de dos remolcadores y 16 barcazas, por los que se pagó cerca de 30 millones de dólares, Guerrero dijo que la investigación reveló que “las transferencias que se realizaron fueron hechas al amparo del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Empresa Pública Nacional Estratégica Enabol, instrumento que sustenta sus disposiciones en el análisis integral de la normativa vigente”.
ANTECEDENTES
La posibilidad de negligencia en instancias financieras, especialmente en el Banco Central de Bolivia (BCB), habría sido una de las causas para que el proyecto de las barcazas chinas haya “abortado” y actualmente estén a punto de ser rematadas por las autoridades judiciales de China debido a que el Gobierno de Bolivia, al margen de las gestiones realizadas para evitar dicha acción legal no hayan concretado un acuerdo para recuperarlas y que el país cuente con la primera flota de barcazas que naveguen la hidrovía Paraguay Paraná tal como se publicó en EL DIARIO en el mes de agosto.
La información dio cuenta que el Banco Central de Bolivia informó mediante carta BCB-GOI-SOEXT-DOCC-CE-2010-345 en fecha 3 de Noviembre de 2010 a la gerencia general de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) que las cartas de crédito Standby SB-QDB2010LG00004 y SB-QDB2010LG00005, que garantizan tanto la compra de las barcazas como los remolcadores, habrían estado en orden y válidas hasta el 4 y 5 de mayo de 2011 respectivamente.
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