El presidente del Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (Bocinab), José Barba, afirmó que la región amazónica fue discriminada por el directorio del ex Fondo Indígena, lo cual se reflejó en la aprobación de solo cuatro proyectos productivos por Bs 4 millones.
"Nos hemos dado cuenta que algunos dirigentes se estaban haciendo millonarios con el Fondo Indígena, tenían mucha plata, sobre todo los de la Cidob y la Conamaq. Para esas organizaciones era fácil hacerse aprobar proyectos", aseguró.
Como organización que aglutina a campesinos e indígenas del norte amazónico, (La Paz, Beni y Pando), el dirigente dijo que poco o nada se ha hecho por la macrorregión amazónica con los recursos del ex Fondo Indígena. "De 32 proyectos que hemos presentado, apenas se han podido financiar unos cuatro, que fueron gestionados por las Mujeres Bartolinas y la Federación Campesina Madre de Dios", dijo.
Por su parte, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, protestó por las denuncias, según él, infundadas contra la dirigencia de los campesinos de ese departamento por la corrupción en el ex Fondo Indígena.
lunes, 14 de diciembre de 2015
55 autos desaparecieron en la gestión de Patana
El exalcalde de El Alto, Edgar Patana, se encuentra en el penal de San Pedro de La Paz por diferentes delitos ligados a la entrega de 14 vehículos a exdirigentes vecinales, pero la Unidad Jurídica del Municipio alteño tiene otras cuatro denuncias más por hechos de corrupción que se encuentran en etapa preliminar de investigación para ser presentadas ante el Ministerio Público.
Se trata de dos casos relacionados con la desaparición de otros 55 vehículos, otro sobre la falta de licitación de 70 empresas en el proyecto Escuela Dignas y una más sobre la doble licitación de señalética para los exbuses Sariri.
La directora de la Unidad Jurídica de El Alto, Sonia Vallejo, adelantó que, debido a la complejidad de los casos, se encuentran en la etapa preliminar, con la recolección de las pruebas suficientes que aporten a la imputación formal.
“Uno de los casos es la desaparición de 33 vehículos, según una consultoría externa estos se encontrarían faltantes y desaparecidos. Por otra parte también están desaparecidos 22 vehículos donados por la Dirección de Registro y Control de Bienes Incautados (Dircabi)”, explicó Vallejo.
ESCUELAS DIGNAS
Sobre el proyecto Escuelas Dignas dijo que más de 70 empresas habrían procedido a construir en Unidades Educativas sin haber participado en un proceso de licitación.
“Nunca existió la licitación, estas empresas fueron directamente a construir, presumimos que con la idea de que en forma posterior puedan regularizar y hacerse pasar como una contratación legal”, dijo Vallejo, quien adelantó que esperan que la imputación formal esté lista para principios de la siguiente gestión.
“Queremos establecer indicios de responsabilidad penal para el exalcalde y otros responsables. Tenemos indicios por las conclusiones de la auditoría externa que estos vehículos, por ejemplo, se encuentran en el registro pero no pueden ser habidos de forma física”, explicó la autoridad jurídica de El Alto.
SARIRI
Con respecto a los exbuses Sariri señaló que presentaron otra denuncia porque detectaron nuevo uso de recursos para el cambio de color cuando eso ya estaba cubierto.
“Según los TDR la empresa CIBO S.A se habría comprometido a entregar todo con señalética y exteriores pero de forma irregular vemos que se pretendió regularizar el pago de estos servicios a otra empresa”, apuntó.
En cuanto al caso de los 14 vehículos que fueron entregados de manera ilegal a la norma establecida por el exalcalde Patana, la autoridad jurídica adelantó que hasta el momento solo se han recuperado tres.
“Que los devuelvan no elimina responsabilidad, de los tres vehículos recibidos hemos solicitado a la unidad técnica que nos pase un informe pericial para efectos de prueba”, dijo la autoridad jurídica y adelantó que también hay una denuncia por el uso de combustible de los mismos.
“Se cargaba combustible a costa de las subalcaldías. Ahí son los responsables los de la unidad administrativa porque son quienes manejan vales. No obstante para ser serios vamos a aportar elementos como ser certificados que establezcan con veracidad estos hechos”, apuntó. (ANF)
Se trata de dos casos relacionados con la desaparición de otros 55 vehículos, otro sobre la falta de licitación de 70 empresas en el proyecto Escuela Dignas y una más sobre la doble licitación de señalética para los exbuses Sariri.
La directora de la Unidad Jurídica de El Alto, Sonia Vallejo, adelantó que, debido a la complejidad de los casos, se encuentran en la etapa preliminar, con la recolección de las pruebas suficientes que aporten a la imputación formal.
“Uno de los casos es la desaparición de 33 vehículos, según una consultoría externa estos se encontrarían faltantes y desaparecidos. Por otra parte también están desaparecidos 22 vehículos donados por la Dirección de Registro y Control de Bienes Incautados (Dircabi)”, explicó Vallejo.
ESCUELAS DIGNAS
Sobre el proyecto Escuelas Dignas dijo que más de 70 empresas habrían procedido a construir en Unidades Educativas sin haber participado en un proceso de licitación.
“Nunca existió la licitación, estas empresas fueron directamente a construir, presumimos que con la idea de que en forma posterior puedan regularizar y hacerse pasar como una contratación legal”, dijo Vallejo, quien adelantó que esperan que la imputación formal esté lista para principios de la siguiente gestión.
“Queremos establecer indicios de responsabilidad penal para el exalcalde y otros responsables. Tenemos indicios por las conclusiones de la auditoría externa que estos vehículos, por ejemplo, se encuentran en el registro pero no pueden ser habidos de forma física”, explicó la autoridad jurídica de El Alto.
SARIRI
Con respecto a los exbuses Sariri señaló que presentaron otra denuncia porque detectaron nuevo uso de recursos para el cambio de color cuando eso ya estaba cubierto.
“Según los TDR la empresa CIBO S.A se habría comprometido a entregar todo con señalética y exteriores pero de forma irregular vemos que se pretendió regularizar el pago de estos servicios a otra empresa”, apuntó.
En cuanto al caso de los 14 vehículos que fueron entregados de manera ilegal a la norma establecida por el exalcalde Patana, la autoridad jurídica adelantó que hasta el momento solo se han recuperado tres.
“Que los devuelvan no elimina responsabilidad, de los tres vehículos recibidos hemos solicitado a la unidad técnica que nos pase un informe pericial para efectos de prueba”, dijo la autoridad jurídica y adelantó que también hay una denuncia por el uso de combustible de los mismos.
“Se cargaba combustible a costa de las subalcaldías. Ahí son los responsables los de la unidad administrativa porque son quienes manejan vales. No obstante para ser serios vamos a aportar elementos como ser certificados que establezcan con veracidad estos hechos”, apuntó. (ANF)
FONDIOC, el millonario caso de corrupción de proyectos y tierra
El 70 por ciento de los proyectos denominado fantasma están en La Paz, según la Fiscalía.
El caso de corrupción en el Fondo Indígena es considerado el más grande y millonario dado a conocer por la Contraloría General del Estado, a través de la interventora de la institución, Lariza Fuentes, durante el Gobierno de Evo Morales Ayma.
Las investigaciones del Ministerio Público hallaron más de un centenar de obras fantasma y proyectos observados por los que se giraron más de 6,8 millones de dólares de las arcas públicas a cuentas privadas de partidiarios del Movimiento al Socialismo, además de la dotación de tierras, hecho que aún no es investigado.
El fiscal del Estado, Ramiro Guerrero, declaró que más de 200 personas se encuentran procesadas y se dispuso la detención de una exministra, dos dirigentes de organizaciones indígenas y el arraigo de dos senadores.
El fiscal Guerrero declaró que “aquí no hay persecución política, aquí se está persiguiendo los delitos de corrupción, los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Es gente que ha recibido dinero en cuentas particulares y no hay estos proyectos, son inexistentes".
En tanto el presidente del Estado, Evo Morales, se ratificó una vez más en su lucha contra la corrupción y señaló, al igual que el vicepresidente Álvaro García Linera, que no va a proteger a ninguno de sus líderes y simpatizantes que puedan estar involucrados en el caso.
"La justicia tiene que actuar de manera independiente, sin ningún tipo de influencia de nadie. No se olviden que quien denunció el tema fue el Gobierno y pedimos que se convoque a quien se lo deba hacer”.
Sin embargo aclaró que si las exautoridades son mencionadas, “debe haber pruebas en contra ellas y presentarlos al Ministerio Público”.
PROYECTOS DE DESARROLLO. El Fondo Indígena era una partida presupuestaria destinada a financiar proyectos de desarrollo a favor de organizaciones sindicales y campesinas en Bolivia.
Fue liquidado en agosto de este año por el gobierno después de que estalló el escándalo de corrupción.
El informe presentado por la fiscalía boliviana señala responsabilidades individuales en cinco líderes oficialistas, entre los que están los ex ministros Nemesia Achacollo y Juan Carlos Calvimontes, quienes también son señaladas por dirigentes campesinos del Beni, entre ellos Joel Guarachi.
DINERO Y MUERTE. A la fecha, se desconoce el destino del dinero salido de las arcas del Tesoro General de la Nación, destinado a proyectos que no se concluyeron o a obras que jamás fueron empezadas.
Si bien la fiscalía boliviana detectó malos manejos por 6,8 millones de dólares, la interventora Lariza Fuentes, informó que el daño económico podría alcanzar los 14,9 millones de dólares. Después del informe de la interventora, Nemecia Achacollo renunció a su cargo de ministra de Desarrollo Rural.
Ésta, además de ser señalada como cómplice de la corrupción en el Fondio, también es investigada por el asesinato de Jacobo Soruco Cholima quien denunció, en 2012, actos de corrupción en el Fondioc.
Joel Guarachi, otro de los dirigentes amenazados por personeros del Fondioc y allegados de los dos ex ministros, recordó que el pasado 2014, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos del Beni, identificó al exdirigente de la comunidad 26 de Julio del municipio San Javier, Eliomar Guasico Malala, como el autor intelectual del asesinato de Jacobo Soruco Cholima. Empero, sorpresivamente este dirigente fue liberado hace dos semanas por la justicia pese a existir evidencias en su contra.
Según Guarachi, Guasico Malala es hombre de confianza de Achacollo y que además está involucrado en el tráfico de tierras en Santa Cruz y Beni, proceso en el que también es mencionado en 2013 —según documentos a los que accedió La Prensa—, Jorge Pérez, quien entonces era miembro de la comisión jurídica del caso del INRA II en Santa Cruz.
“Son al menos cinco exministros y viceministros que se beneficiaron desde La Paz con proyectos y dotación de tierras que esperamos el Gobierno investigue y castigue, porque los que han caído ahora no son los peces gordos”, declaró a La Prensa Joel Guarachi quien continúa denunciando los actos de corrupción.
Durante la investigación, la exministra Julia Ramos, acusada de enriquecimiento ilícito, por 28 proyectos observados del Fondo Indígena, fue encarcelada.
La pasada semana la Fiscalía informó que el 70 por ciento de cerca 200 proyecto fantasma son investigados en La Paz.
6 millones de dólares, por el momento, es el daño cuantificado por la comisión de fiscales que investiga el caso.
El caso de corrupción en el Fondo Indígena es considerado el más grande y millonario dado a conocer por la Contraloría General del Estado, a través de la interventora de la institución, Lariza Fuentes, durante el Gobierno de Evo Morales Ayma.
Las investigaciones del Ministerio Público hallaron más de un centenar de obras fantasma y proyectos observados por los que se giraron más de 6,8 millones de dólares de las arcas públicas a cuentas privadas de partidiarios del Movimiento al Socialismo, además de la dotación de tierras, hecho que aún no es investigado.
El fiscal del Estado, Ramiro Guerrero, declaró que más de 200 personas se encuentran procesadas y se dispuso la detención de una exministra, dos dirigentes de organizaciones indígenas y el arraigo de dos senadores.
El fiscal Guerrero declaró que “aquí no hay persecución política, aquí se está persiguiendo los delitos de corrupción, los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Es gente que ha recibido dinero en cuentas particulares y no hay estos proyectos, son inexistentes".
En tanto el presidente del Estado, Evo Morales, se ratificó una vez más en su lucha contra la corrupción y señaló, al igual que el vicepresidente Álvaro García Linera, que no va a proteger a ninguno de sus líderes y simpatizantes que puedan estar involucrados en el caso.
"La justicia tiene que actuar de manera independiente, sin ningún tipo de influencia de nadie. No se olviden que quien denunció el tema fue el Gobierno y pedimos que se convoque a quien se lo deba hacer”.
Sin embargo aclaró que si las exautoridades son mencionadas, “debe haber pruebas en contra ellas y presentarlos al Ministerio Público”.
PROYECTOS DE DESARROLLO. El Fondo Indígena era una partida presupuestaria destinada a financiar proyectos de desarrollo a favor de organizaciones sindicales y campesinas en Bolivia.
Fue liquidado en agosto de este año por el gobierno después de que estalló el escándalo de corrupción.
El informe presentado por la fiscalía boliviana señala responsabilidades individuales en cinco líderes oficialistas, entre los que están los ex ministros Nemesia Achacollo y Juan Carlos Calvimontes, quienes también son señaladas por dirigentes campesinos del Beni, entre ellos Joel Guarachi.
DINERO Y MUERTE. A la fecha, se desconoce el destino del dinero salido de las arcas del Tesoro General de la Nación, destinado a proyectos que no se concluyeron o a obras que jamás fueron empezadas.
Si bien la fiscalía boliviana detectó malos manejos por 6,8 millones de dólares, la interventora Lariza Fuentes, informó que el daño económico podría alcanzar los 14,9 millones de dólares. Después del informe de la interventora, Nemecia Achacollo renunció a su cargo de ministra de Desarrollo Rural.
Ésta, además de ser señalada como cómplice de la corrupción en el Fondio, también es investigada por el asesinato de Jacobo Soruco Cholima quien denunció, en 2012, actos de corrupción en el Fondioc.
Joel Guarachi, otro de los dirigentes amenazados por personeros del Fondioc y allegados de los dos ex ministros, recordó que el pasado 2014, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos del Beni, identificó al exdirigente de la comunidad 26 de Julio del municipio San Javier, Eliomar Guasico Malala, como el autor intelectual del asesinato de Jacobo Soruco Cholima. Empero, sorpresivamente este dirigente fue liberado hace dos semanas por la justicia pese a existir evidencias en su contra.
Según Guarachi, Guasico Malala es hombre de confianza de Achacollo y que además está involucrado en el tráfico de tierras en Santa Cruz y Beni, proceso en el que también es mencionado en 2013 —según documentos a los que accedió La Prensa—, Jorge Pérez, quien entonces era miembro de la comisión jurídica del caso del INRA II en Santa Cruz.
“Son al menos cinco exministros y viceministros que se beneficiaron desde La Paz con proyectos y dotación de tierras que esperamos el Gobierno investigue y castigue, porque los que han caído ahora no son los peces gordos”, declaró a La Prensa Joel Guarachi quien continúa denunciando los actos de corrupción.
Durante la investigación, la exministra Julia Ramos, acusada de enriquecimiento ilícito, por 28 proyectos observados del Fondo Indígena, fue encarcelada.
La pasada semana la Fiscalía informó que el 70 por ciento de cerca 200 proyecto fantasma son investigados en La Paz.
6 millones de dólares, por el momento, es el daño cuantificado por la comisión de fiscales que investiga el caso.
domingo, 13 de diciembre de 2015
Caso Fondioc Diputado Quispe anuncia nueva lista de implicados
El diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, anunció que tiene en su poder una nueva lista de implicados en el caso de corrupción en el exFondo Indígena. En la nómina figurarían los nombres de autoridades, senadores, diputados oficialistas y hasta ministros de Estado.
El legislador hizo la revelación en entrevista con ERBOL y aseguró que develará el contenido de esta lista hasta que la exministra de Desarrollo Rural y Tierras y expresidenta del directorio del desaparecido Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), Nemesia Achacollo.
“Hemos manifestado que cuando sea aprehendida la señora Nemesia Achacollo vamos a presentar la otra lista, ningún medio la conoce (…) Están implicados ministros, diputados, senadores y también otras autoridades. Hay que revelarla cuando sea aprehendida porque de lo contrario la señora Nemesia se va a desentender o va a querer manipular”, dijo Quispe a este medio de comunicación.
El legislador hizo la revelación en entrevista con ERBOL y aseguró que develará el contenido de esta lista hasta que la exministra de Desarrollo Rural y Tierras y expresidenta del directorio del desaparecido Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), Nemesia Achacollo.
“Hemos manifestado que cuando sea aprehendida la señora Nemesia Achacollo vamos a presentar la otra lista, ningún medio la conoce (…) Están implicados ministros, diputados, senadores y también otras autoridades. Hay que revelarla cuando sea aprehendida porque de lo contrario la señora Nemesia se va a desentender o va a querer manipular”, dijo Quispe a este medio de comunicación.
Cidob y oposición piden investigar a Achacollo y cinco ministros
Los pedidos para que se investiguen a altas autoridades de Gobierno no se dejaron esperar, incluso de organizaciones afines al MAS, es así que el secretario de Medio Ambiente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Rafael Álvarez, expresó su molestia por la actuación de la comisión de fiscales en el caso Fondioc y amenazó con “quitar apoyo” al presidente Morales en el referéndum del 21 de febrero.
Álvarez señaló al ministro de Economía, Luis Arce, y a la exministra de Desarrollo Rural y Tierra, Nemesia Achacollo como responsables de la autorización de los desembolsos por los cuales ahora son juzgados sus afiliados, y pidió que ambos sean considerados en el proceso.
«Los desembolsos vienen directamente desde el ministro (Luis Arce) y la que firmaba los convenios fue la ministra Nemesia”, puntualizó Álvarez. El dirigente calificó como un «atropello abusivo al pueblo indígena” el proceder del Ministerio Público debido a que «sacaron como delincuente” a Melva Hurtado, la presidenta de la Cidob, siendo que ella es «una persona transparente”.
La Cidob reúne a 700 comunidades de 34 naciones indígenas y todos los miembros apoyan a Hurtado, quien es representante legal de los 13 proyectos observados del Fondo, estimados en 20.942.021 bolivianos.
Ahora Hurtado, es procesada por Incumplimiento de Contrato, Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado. Álvarez reiteró que entre las posibles acciones que realicen como medida de protesta está restar apoyo al gobierno en el próximo referendo por la reelección de Evo Morales.
CINCO MINISTROS
En Sucre, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Horacio Poppe, pidió formalmente al Ministerio Público la ampliación de las investigaciones contra cinco ministros que formaron parte del directorio del Fondo Indígena.
El directorio, de acuerdo al Decreto Supremo 28571, estaba conformado por los máximos dirigentes de las principales organizaciones sociales campesinas e indígenas, pero también por los ministerios de Desarrollo Rural, que presidía el Fondo Indígena; de Economía y Finanzas; de la Presidencia, de Planificación y Producción. El Ministro tenía la facultad de delegar a un funcionario de su despacho a las reuniones del directorio, es así que se puede observar la presencia de representantes de las carteras de Estado en esas sesiones.
Álvarez señaló al ministro de Economía, Luis Arce, y a la exministra de Desarrollo Rural y Tierra, Nemesia Achacollo como responsables de la autorización de los desembolsos por los cuales ahora son juzgados sus afiliados, y pidió que ambos sean considerados en el proceso.
«Los desembolsos vienen directamente desde el ministro (Luis Arce) y la que firmaba los convenios fue la ministra Nemesia”, puntualizó Álvarez. El dirigente calificó como un «atropello abusivo al pueblo indígena” el proceder del Ministerio Público debido a que «sacaron como delincuente” a Melva Hurtado, la presidenta de la Cidob, siendo que ella es «una persona transparente”.
La Cidob reúne a 700 comunidades de 34 naciones indígenas y todos los miembros apoyan a Hurtado, quien es representante legal de los 13 proyectos observados del Fondo, estimados en 20.942.021 bolivianos.
Ahora Hurtado, es procesada por Incumplimiento de Contrato, Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado. Álvarez reiteró que entre las posibles acciones que realicen como medida de protesta está restar apoyo al gobierno en el próximo referendo por la reelección de Evo Morales.
CINCO MINISTROS
En Sucre, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Horacio Poppe, pidió formalmente al Ministerio Público la ampliación de las investigaciones contra cinco ministros que formaron parte del directorio del Fondo Indígena.
El directorio, de acuerdo al Decreto Supremo 28571, estaba conformado por los máximos dirigentes de las principales organizaciones sociales campesinas e indígenas, pero también por los ministerios de Desarrollo Rural, que presidía el Fondo Indígena; de Economía y Finanzas; de la Presidencia, de Planificación y Producción. El Ministro tenía la facultad de delegar a un funcionario de su despacho a las reuniones del directorio, es así que se puede observar la presencia de representantes de las carteras de Estado en esas sesiones.
Será difícil que caso Fondioc llegue a ciertos niveles del poder político
Las responsabilidades en torno al caso del exfondo Indígena, van a ser muy difíciles que lleguen a ciertos niveles del poder político, pese a las peticiones de la oposición para que se investigue al menos a cinco ministros de Estado, sostuvo el constitucionalista William Bascopé.
De no modificar su postura el oficialismo, el experto afirmó que, los hechos irregulares producidos en el Fondioc que involucra a altas autoridades de Gobierno y dirigentes afines al oficialismo, van a cobrarle factura al Órgano Ejecutivo en el referéndum previsto para el 21 de febrero del próximo año.
DOS CLASES DE RESPONSABILIDADES
Consultado sobre el hecho de que hasta el momento solo fueron detenidos empleados secundarios que ya están en la cárcel, mientras los denominados “peces gordos”, están libres y no rinden cuentas, pese a enunciados del Gobierno de investigar “caiga quien caiga”, precisó que en este caso emergen algunas clases de responsabilidades.
Mencionó que, una es la responsabilidad penal, la misma que llegará a conocerse cuando haya una sentencia firme y que, posiblemente, aún falten varios nombres, entre ellos de aquellas personas que al verse abandonadas por el partido, van ir hablando, y “soltando algunas pistas”, sin embargo, el analista ve difícil que las investigaciones lleguen a ciertos niveles del poder político.
“Porque una Fiscalía, un Poder Judicial muy cooptado y una Policía que no tiene cierta independencia orgánica ni disciplinaria reglamentaria y que depende mucho del poder político, van a ser siempre manejados por aquellos intereses caracterizados por atacar a unos y proteger a otros”, precisó.
NO SE CONSTRUYÓ INSTITUCIONALIDAD
A su juicio, en Bolivia en estos 10 años, el Movimiento Al Socialismo (MAS) no ha sabido construir institucionalidad, y si lo hizo, fue sólo a partir de sus propios intereses de partido, especialmente de una cúpula.
“Veo muy difícil que llegue a durar el tema del exfondo; van a caer los que ya ha sido funcionales al partido gobernante, los que le han servido para movilizar gente. Para algunos es una manera de lavarse el rostro, mas no creo que caigan aquellos que a través de un decreto, hayan permitido que esos dineros erogados vayan a cuentas particulares, más allá de quien ha nombrado ese directorio y más allá de cuál es la norma que permite que salgan fondos públicos a bolsillos particulares”, enfatizó.
En ese contexto, cree que debe ingresarse al trasfondo del asunto y averiguar si había líderes o responsables políticos, que conocían de esos hechos que bien podrían haberlo evitado, porque hace tiempo se sabía de esas irregularidades, y que lamentablemente, se ha “socapado”.
COMPRANDO CONCIENCIAS
También mencionó que probablemente que esa disposición de dinero servía para que los líderes de esos movimientos políticos sean fieles al oficialismo y que bajo pretexto de proyectos se ha comprado apoyos, conciencias y movilización de un sector indígena campesino, devaluándose así ese sector social, asimismo, dejó en claro que esa es una responsabilidad política, porque hubo desgaste del sector indígena que podía haber cumplido un rol mucho más positivo.
INTERESES AJENOS
Bascopé también recordó que en todo partido político siempre va existir gente que ingrese al Gobierno por ciertos intereses, que son más de carácter personal y ambiciones económicas, y que eso es inevitable y difícilmente identificable.
“Una sociedad siempre se ha caracterizado porque tiene gente que puede tener buenas intenciones o personas que guardan malas y crueles intenciones que puedan existir, y la historia de la humanidad siempre se ha caracterizado de esa forma, pero para eso hay límites, y esos justamente se dan a partir de líderes principales que dirigen un partido político y que ponen el ejemplo, disciplinan las conductas de sus partidarios y los ayudan en función de Gobierno”, enfatizó.
Dejó en claro que si los líderes principales de ese partido político que ya está en función de gobierno permiten, consienten o no hacen nada u omiten por lo menos investigaciones, estarían condescendiendo y volviéndose de alguna forma en cómplices.
FRENAR EL MAL
Estima que cuando avanza la corrupción en una gestión de gobierno y no se frena en el momento oportuno, es difícil que posteriormente lo haga, porque a esos líderes les costaría el cargo político, además del escándalo que se armaría, y que obviamente, la factura a ese liderazgo sería el castigo del voto ciudadano, lo que inevitablemente saldría a relucir.
En ese marco, dijo que los grandes líderes que pasan a la historia, son hombres que en realidad han sacrificado mucho y que son los que manejan el poder y no son manejados por él, porque el tema del poder de las facultades de decidir muchos aspectos las toman como propiedad y en función de intereses colectivos, pero si son bajo intereses en función de ciertos grupos o intereses oscuros de manera personal, obviamente, que con el tiempo las facturas son gruesas.
APUNTES
- Si la justicia en el caso del Fondo Indígena no castiga a todos los responsables van a cobrarle factura al Órgano Ejecutivo en el referéndum previsto para el 21 de febrero del próximo año.
- “La Fiscalía, el poder Judicial y la Policía carecen de independencia orgánica y disciplinaria y dependen mucho del poder político y están manejados por aquellos intereses caracterizados por atacar a unos y proteger a otros”.
- “Van a caer los que han sido funcionales al partido gobernante. Es muy difícil que caigan aquellos que a través de un decreto, han permitido que esos dineros erogados vayan a cuentas particulares”
- Para la Cidob el ministro de Economía, Luis Arce, y a la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo son los responsables de la autorización de los desembolsos por los cuales ahora son juzgados sus afiliados, y pidió que ambos sean considerados en el proceso.
De no modificar su postura el oficialismo, el experto afirmó que, los hechos irregulares producidos en el Fondioc que involucra a altas autoridades de Gobierno y dirigentes afines al oficialismo, van a cobrarle factura al Órgano Ejecutivo en el referéndum previsto para el 21 de febrero del próximo año.
DOS CLASES DE RESPONSABILIDADES
Consultado sobre el hecho de que hasta el momento solo fueron detenidos empleados secundarios que ya están en la cárcel, mientras los denominados “peces gordos”, están libres y no rinden cuentas, pese a enunciados del Gobierno de investigar “caiga quien caiga”, precisó que en este caso emergen algunas clases de responsabilidades.
Mencionó que, una es la responsabilidad penal, la misma que llegará a conocerse cuando haya una sentencia firme y que, posiblemente, aún falten varios nombres, entre ellos de aquellas personas que al verse abandonadas por el partido, van ir hablando, y “soltando algunas pistas”, sin embargo, el analista ve difícil que las investigaciones lleguen a ciertos niveles del poder político.
“Porque una Fiscalía, un Poder Judicial muy cooptado y una Policía que no tiene cierta independencia orgánica ni disciplinaria reglamentaria y que depende mucho del poder político, van a ser siempre manejados por aquellos intereses caracterizados por atacar a unos y proteger a otros”, precisó.
NO SE CONSTRUYÓ INSTITUCIONALIDAD
A su juicio, en Bolivia en estos 10 años, el Movimiento Al Socialismo (MAS) no ha sabido construir institucionalidad, y si lo hizo, fue sólo a partir de sus propios intereses de partido, especialmente de una cúpula.
“Veo muy difícil que llegue a durar el tema del exfondo; van a caer los que ya ha sido funcionales al partido gobernante, los que le han servido para movilizar gente. Para algunos es una manera de lavarse el rostro, mas no creo que caigan aquellos que a través de un decreto, hayan permitido que esos dineros erogados vayan a cuentas particulares, más allá de quien ha nombrado ese directorio y más allá de cuál es la norma que permite que salgan fondos públicos a bolsillos particulares”, enfatizó.
En ese contexto, cree que debe ingresarse al trasfondo del asunto y averiguar si había líderes o responsables políticos, que conocían de esos hechos que bien podrían haberlo evitado, porque hace tiempo se sabía de esas irregularidades, y que lamentablemente, se ha “socapado”.
COMPRANDO CONCIENCIAS
También mencionó que probablemente que esa disposición de dinero servía para que los líderes de esos movimientos políticos sean fieles al oficialismo y que bajo pretexto de proyectos se ha comprado apoyos, conciencias y movilización de un sector indígena campesino, devaluándose así ese sector social, asimismo, dejó en claro que esa es una responsabilidad política, porque hubo desgaste del sector indígena que podía haber cumplido un rol mucho más positivo.
INTERESES AJENOS
Bascopé también recordó que en todo partido político siempre va existir gente que ingrese al Gobierno por ciertos intereses, que son más de carácter personal y ambiciones económicas, y que eso es inevitable y difícilmente identificable.
“Una sociedad siempre se ha caracterizado porque tiene gente que puede tener buenas intenciones o personas que guardan malas y crueles intenciones que puedan existir, y la historia de la humanidad siempre se ha caracterizado de esa forma, pero para eso hay límites, y esos justamente se dan a partir de líderes principales que dirigen un partido político y que ponen el ejemplo, disciplinan las conductas de sus partidarios y los ayudan en función de Gobierno”, enfatizó.
Dejó en claro que si los líderes principales de ese partido político que ya está en función de gobierno permiten, consienten o no hacen nada u omiten por lo menos investigaciones, estarían condescendiendo y volviéndose de alguna forma en cómplices.
FRENAR EL MAL
Estima que cuando avanza la corrupción en una gestión de gobierno y no se frena en el momento oportuno, es difícil que posteriormente lo haga, porque a esos líderes les costaría el cargo político, además del escándalo que se armaría, y que obviamente, la factura a ese liderazgo sería el castigo del voto ciudadano, lo que inevitablemente saldría a relucir.
En ese marco, dijo que los grandes líderes que pasan a la historia, son hombres que en realidad han sacrificado mucho y que son los que manejan el poder y no son manejados por él, porque el tema del poder de las facultades de decidir muchos aspectos las toman como propiedad y en función de intereses colectivos, pero si son bajo intereses en función de ciertos grupos o intereses oscuros de manera personal, obviamente, que con el tiempo las facturas son gruesas.
APUNTES
- Si la justicia en el caso del Fondo Indígena no castiga a todos los responsables van a cobrarle factura al Órgano Ejecutivo en el referéndum previsto para el 21 de febrero del próximo año.
- “La Fiscalía, el poder Judicial y la Policía carecen de independencia orgánica y disciplinaria y dependen mucho del poder político y están manejados por aquellos intereses caracterizados por atacar a unos y proteger a otros”.
- “Van a caer los que han sido funcionales al partido gobernante. Es muy difícil que caigan aquellos que a través de un decreto, han permitido que esos dineros erogados vayan a cuentas particulares”
- Para la Cidob el ministro de Economía, Luis Arce, y a la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo son los responsables de la autorización de los desembolsos por los cuales ahora son juzgados sus afiliados, y pidió que ambos sean considerados en el proceso.
viernes, 11 de diciembre de 2015
En un mes de trabajo De 12 denuncias en el Gad-Oru se investigan dos casos de corrupción
De 12 denuncias que se presentaron a la Dirección de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, se investigan dos casos por este delito, informó la titular de esa dependencia del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad-Oru), Varinia Aramayo.
"En este mes, en tema de corrupción, solo se identificaron dos casos, uno en el Servicio Departamental de Deportes (Sedede), por los procesos de contratación que no se hicieron de acuerdo a norma, como establece el Decreto Supremo 181, causando de sobremanera daño económico al Estado y en el Hospital General ´San Juan de Dios´ por adquisición de algunos insumos con sobreprecio", informó Aramayo.
Señaló que recibieron 12 denuncias dentro de este primer mes de trabajo, las cuales fueron derivadas en procesos administrativos, además de revisión de antecedentes ante la Secretaría de Asuntos Jurídicos y paralelamente la formalización de denuncias ante el Ministerio Público.
La autoridad dijo estar acorde a la política nacional de erradicar la corrupción y con el lineamiento preestablecido de "mano dura contra la corrupción" del gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez.
Aramayo aseguró que, tras haberse recordado el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, el 9 de diciembre, cree que es importante hacer una evaluación breve de lo que ha venido haciendo la Dirección de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción de la Gobernación.
Agregó que la Dirección trabaja bajo cuatro objetivos específicos planteados frente al "monstruo" de la corrupción, que son: fortalecer la participación ciudadana, la transparencia en la entidad pública, medidas para eliminar la corrupción y paralelamente aplicar los mecanismos de fortalecimiento institucional.
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