De manera extraoficial y de una fuente muy confiable al que tuvo acceso El Día, ayer la Sala Penal Tercera de La Paz, mediante un veredicto ha confirmado la Resolución del Tribunal de Sentencias, del pasado 18 de julio, donde determina que el general Gary Prado Salmón es separado del caso Rózsa.
Prado, por motivos de salud fue apartado del caso, pero que de manera 'ilegal' según los abogados de la defensa, se planteó otro incidente ante la Sala Penal Tercera de La Paz, a cuyo efecto también se suspendieron las audiencias del caso Rózsa. El proceso dura aún sin sentencia siete años y cinco meses, todavía en fase de declaración de testigos de cargo. En ese contexto, Prado fue apartado de dicho proceso.
martes, 6 de septiembre de 2016
lunes, 5 de septiembre de 2016
Caso dron: 7 personas enfrentan cargos penales
Una auditoría interna realizada por el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra sobre supuestas irregularidades en la adquisición de un sistema de vigilancia móvil con dron, que la Alcaldía adquirió en 2014 por 3,7 millones de bolivianos para la Policía, ha concluido que existen 13 personas con indicios de responsabilidad administrativa y 7 con indicios de responsabilidad penal.
Entre las personas que tienen indicios de responsabilidad penal están el exsecretario de Seguridad Ciudadana, José Canudas; el gerente de la empresa Army Security, Carlos Alberto 'Chichito' Padilla; el encargado del proceso de licitación, Ernesto Peterson, informó hace instantes el secretario municipal de Comunicación, Jorge Landívar.
El secretario municipal se rehusó a dar más nombres, al indicar que todas estas personas deberán presentar sus descargos correspondientes, como indica la norma. Indicó que copias de estos informes irá a la Contraloría y al Ministerio Público.
Actualmente, el Ministerio Público sigue un proceso por el caso dron a Canudas, Padilla, Peterson, Paúl Cuéllar (dueño de la empresa Westeco) y a otras personas involucradas en el tema.
Las investigaciones de la Fiscalía indican que ocho personas avalaron el equipo adquirido por la comuna -mediante invitación directa- a la empresa Army Security el 26 de diciembre de 2014.
Los que firmaron el acta de recepción, sin observaciones, fueron el encargado del área de Seguridad Ciudadana, Ernesto Peterson Toledo; el jefe del Departamento de Servicios Generales, Daniel Moreno Pedraza; el director interino de Tecnología y Sistemas, Alfonso Ábrego Bejarano; el auxiliar encargado de vehículos de la Alcaldía, Sergio Luis Mercado Antelo; el encargado del área central de Bienes Inmuebles, Julio César Molina Ortiz; la responsable administrativa del área técnica de Seguridad Ciudadana, Marisabel Barrero Vaca; el apoyo legal del área técnica de Seguridad Ciudadana, José Ernesto Rojas y el arquitecto Johnny Huari, de Seguridad Ciudadana.
martes, 30 de agosto de 2016
Video de supuesto soborno involucra a diputado de UD
El diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santa María, podría ser llevado a la Comisión de Ética de la Cámara Baja, luego de difundirse un video en el que se observa al legislador entregar algo a un oficial de policía. Se espera su versión para las siguientes horas.
El video difundido por las redes sociales muestra a Santa María en un evento social y en determinado momento saca de su bolsillo algo que es entregado a un oficial uniformado.
Para el diputado opositor Amilcar Barral el caso no debe causar especulación, porque se podría tratar de cualquier asunto que no tenga que ver con un ilícito.
Sin embargo, dejó la última palabra para su correligionario de bancada para que pueda dar una explicación a la sociedad y así desvirtuar un hecho que podría ser utilizado de forma política.
Por su lado, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, dijo que el caso debe ser explicado por Santa María, pero adelantó que cualquier irregularidad evidenciada puede generar responsabilidades administrativas, de forma interna en la Cámara de Diputados, y también responsabilidades penales según la tipificación que se pueda advertir respecto a algún ilícito.
La presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, fue más dura en sus palabras contra el legislador opositor tratando de descalificarlo como un fiscalizador al régimen del MAS.
“¿Con qué moral el diputado Wilson Santamaría va a fiscalizar, cumplir su labor de fiscalización si está involucrado en un hecho de corrupción, un cohecho?”, declaró Montaño, según boletín de la Cámara Baja.
La diputada dejó entrever que Santa María pasará a la Comisión de Ética.
viernes, 26 de agosto de 2016
León: Zapata recibía el 5 por ciento por contrato adjudicado
El abogado Eduardo León denunció que la exnovia del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, realizó contratos con los ministerios de Minería y Obras Públicas y obtenía el 5 por ciento por cada contrato que se adjudicaba la empresa china CAMC.
Agregó que Zapata actuaba “en confabulación con los abogados William Sánchez Peña, Walter Zuleta (prófugos de la justicia) y algunos políticos”.
León dijo que "Gabriela Zapata ganaba 7 mil dólares por los contratos que lograban algunas empresas y además el 5 por ciento por contrato que ella conseguía. Tenemos documentado".
Agregó que la joven "tenía contratos con el Ministerio de Minería y con el Ministerio de Obras Públicas, a partir de sus cuatro empresas. Hacía consultorías por 7 mil dólares al mes, y por cada contrato que ella obtenía ganaba el 5 por ciento , en algunos casos, y el 2.5 por ciento , en otros. Imagínese el porcentaje de 100 millones de dólares de un contrato y eso ganaba la señora Gabriela Zapata".
Al abogado aseveró que el Ministerio Público se parcializó con Zapata ya que hasta ahora no la imputó por el delito de trata y tráfico de personas y le va favoreciendo en otros casos, eximiéndola de algunos delitos. León indicó que el Gobierno “protege a Zapata y ha querido, bajo mi libertad, pretender que yo involucre a otros políticos, a otras personas que estarían supuestamente metidas en este caso". Zapata fungía como gerente comercial de la empresa china CAMC y ganaba en promedio sobre los 3 mil o 4 mil dólares, según declaración del abogado Walter Zuleta, y supuestamente llegó a ocupar ese cargo a raíz de la relación sentimental que sostuvo con el presidente Evo Morales.
Recientemente, el Ministerio Público eximió a Zapata de los delitos de uso indebido de influencias en grado de complicidad, falsedad material, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. León lamentó que no se investiguen las influencias que tuvo la exnovia de Morales.
Agregó que Zapata actuaba “en confabulación con los abogados William Sánchez Peña, Walter Zuleta (prófugos de la justicia) y algunos políticos”.
León dijo que "Gabriela Zapata ganaba 7 mil dólares por los contratos que lograban algunas empresas y además el 5 por ciento por contrato que ella conseguía. Tenemos documentado".
Agregó que la joven "tenía contratos con el Ministerio de Minería y con el Ministerio de Obras Públicas, a partir de sus cuatro empresas. Hacía consultorías por 7 mil dólares al mes, y por cada contrato que ella obtenía ganaba el 5 por ciento , en algunos casos, y el 2.5 por ciento , en otros. Imagínese el porcentaje de 100 millones de dólares de un contrato y eso ganaba la señora Gabriela Zapata".
Al abogado aseveró que el Ministerio Público se parcializó con Zapata ya que hasta ahora no la imputó por el delito de trata y tráfico de personas y le va favoreciendo en otros casos, eximiéndola de algunos delitos. León indicó que el Gobierno “protege a Zapata y ha querido, bajo mi libertad, pretender que yo involucre a otros políticos, a otras personas que estarían supuestamente metidas en este caso". Zapata fungía como gerente comercial de la empresa china CAMC y ganaba en promedio sobre los 3 mil o 4 mil dólares, según declaración del abogado Walter Zuleta, y supuestamente llegó a ocupar ese cargo a raíz de la relación sentimental que sostuvo con el presidente Evo Morales.
Recientemente, el Ministerio Público eximió a Zapata de los delitos de uso indebido de influencias en grado de complicidad, falsedad material, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. León lamentó que no se investiguen las influencias que tuvo la exnovia de Morales.
Eduardo León: “Por mi libertad pidieron que involucre a opositores y oficialistas”
Noticia publicada elEl abogado Eduardo León sostuvo el jueves, que tuvo ofertas de personas del Gobierno para conseguir su libertad en corto tiempo, pero debía involucrar en sus declaraciones a militantes opositores y a funcionarios del Movimiento Al Socialismo (MAS).
CONCEDIERON TUTELA
La revelación de León la hizo antes de ingresar a su audiencia se cesación a la detención preventiva que tiene en San Pedro. En este tema, el juez Abrahán Aguirre, del juzgado cuatro de ejecución penal, le otorgó la tutela a un incidente que presentó y remitió el caso al juzgado 13vo, donde se debe conocer la determinación de sí le otorgan libertad.
PROMESA DE LIBERTAD
“Han pretendido bajo la promesa de mi libertad, que en mis declaraciones involucre a políticos de la oposición y también del propio Gobierno, y fue la misma gente del Gobierno. Las propuesta las hicieron inclusive antes de mi detención”, explicó León antes de enfrentar al juez en su pedido de cesación de detención.
“Hubo gente torturada en este proceso para inculparme en más delitos y a mí me presionaron para que diga qué gente de la oposición estaba detrás de todo el caso Zapata”, continuó el exabogado de la madre del hijo de Evo Morales.
Para el jurista, que guarda prisión en el reclusorio de San Pedro, la persona que planeó todo el proceso es Gabriela Zapata.
“Está claro que fue Gabriela Zapata la persona que planeó todo este complot y por eso la Fiscalía le libra de los dos únicos delitos por los que podía ser condenada a más de dos años de prisión”, subrayó León.
“Ella (Zapata) goza de protección y de impunidad, y aunque pidan la cárcel de por vida, el Ministerio Público no va poder sostener su acusación, porque en todos está en calidad de cómplice”, acotó.
La Fiscalía exoneró a Zapata de los delitos de falsedad material, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, pero anunció que mantiene la acusación de otros ocho, en su mayoría referido a trata y tráfico de personas.
CONCEDIERON TUTELA
La revelación de León la hizo antes de ingresar a su audiencia se cesación a la detención preventiva que tiene en San Pedro. En este tema, el juez Abrahán Aguirre, del juzgado cuatro de ejecución penal, le otorgó la tutela a un incidente que presentó y remitió el caso al juzgado 13vo, donde se debe conocer la determinación de sí le otorgan libertad.
PROMESA DE LIBERTAD
“Han pretendido bajo la promesa de mi libertad, que en mis declaraciones involucre a políticos de la oposición y también del propio Gobierno, y fue la misma gente del Gobierno. Las propuesta las hicieron inclusive antes de mi detención”, explicó León antes de enfrentar al juez en su pedido de cesación de detención.
“Hubo gente torturada en este proceso para inculparme en más delitos y a mí me presionaron para que diga qué gente de la oposición estaba detrás de todo el caso Zapata”, continuó el exabogado de la madre del hijo de Evo Morales.
Para el jurista, que guarda prisión en el reclusorio de San Pedro, la persona que planeó todo el proceso es Gabriela Zapata.
“Está claro que fue Gabriela Zapata la persona que planeó todo este complot y por eso la Fiscalía le libra de los dos únicos delitos por los que podía ser condenada a más de dos años de prisión”, subrayó León.
“Ella (Zapata) goza de protección y de impunidad, y aunque pidan la cárcel de por vida, el Ministerio Público no va poder sostener su acusación, porque en todos está en calidad de cómplice”, acotó.
La Fiscalía exoneró a Zapata de los delitos de falsedad material, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, pero anunció que mantiene la acusación de otros ocho, en su mayoría referido a trata y tráfico de personas.
jueves, 25 de agosto de 2016
Acusan de estafa a funcionario municipal y a dos cómplices
Un hombre vio un anuncio en los diarios en los que se ofertaba en venta un lote en la zona de Mesadilla. Llamó a los teléfonos de referencia y se contactó con dos hombres y una mujer que se presentaron como los apoderados del dueño del terreno.
Estos le pidieron 72.000 dólares y le prestaron una copia de un documento de propiedad para que verifique que “todo estaba en regla”. Incluso le dieron una fotocopia del carnet del supuesto propietario.
El comprador pensó en conseguir una rebaja en el precio del lote y fue a buscar al dueño para pedirle que negocien sin la intermediación de los apoderados. Grande fue su sorpresa cuando el supuesto dueño le dijo que no tenía lotes en Mesadilla. Con él fueron hasta la fuerza anticrimen para sentar una denuncia.
En un operativo ejecutado por policías y una fiscal el martes, los tres “apoderados” fueron aprehendidos en poder del título de propiedad falso.
La fiscal Faridy Arnez dijo que los tres detenidos son investigados por los delitos de uso de instrumento falsificado, falsedad material, tentativa de estelionato y de estafa.
Rolando Ramos, el abogado del hombre que se salvó de ser estafado, acotó que el funcionario de la Comuna Tunari René R.Z. podría ser imputado, además, por el delito de uso indebido de bienes del Estado, pues utilizó un vehículo oficial de la Alcaldía para acudir a la cita con la víctima. “Lo más preocupante es que este funcionario tenía acceso a cédulas de identidad y a documentos de propiedades por los trámites que ingresan a las Comunas y él los usaba para delinquir”, sostuvo.
Los otros dos cómplices, Gustavo P.Ch. y Greta H.M. se acogieron a su derecho al silencio.
Preocupante
El abogado dijo que es grave que funcionarios usen los documentos de trámites para delinquir.
Estos le pidieron 72.000 dólares y le prestaron una copia de un documento de propiedad para que verifique que “todo estaba en regla”. Incluso le dieron una fotocopia del carnet del supuesto propietario.
El comprador pensó en conseguir una rebaja en el precio del lote y fue a buscar al dueño para pedirle que negocien sin la intermediación de los apoderados. Grande fue su sorpresa cuando el supuesto dueño le dijo que no tenía lotes en Mesadilla. Con él fueron hasta la fuerza anticrimen para sentar una denuncia.
En un operativo ejecutado por policías y una fiscal el martes, los tres “apoderados” fueron aprehendidos en poder del título de propiedad falso.
La fiscal Faridy Arnez dijo que los tres detenidos son investigados por los delitos de uso de instrumento falsificado, falsedad material, tentativa de estelionato y de estafa.
Rolando Ramos, el abogado del hombre que se salvó de ser estafado, acotó que el funcionario de la Comuna Tunari René R.Z. podría ser imputado, además, por el delito de uso indebido de bienes del Estado, pues utilizó un vehículo oficial de la Alcaldía para acudir a la cita con la víctima. “Lo más preocupante es que este funcionario tenía acceso a cédulas de identidad y a documentos de propiedades por los trámites que ingresan a las Comunas y él los usaba para delinquir”, sostuvo.
Los otros dos cómplices, Gustavo P.Ch. y Greta H.M. se acogieron a su derecho al silencio.
Preocupante
El abogado dijo que es grave que funcionarios usen los documentos de trámites para delinquir.
miércoles, 24 de agosto de 2016
CAMC no pagó AFP ni registró a Zapata en Ministerio de Trabajo
La empresa china CAMC contrató a Gabriela Zapata Montaño, expareja del presidente Evo Morales, como su gerente comercial, pero la compañía no pagó AFP ni la registró como empleada ante el Ministerio de Trabajo, como exigen las leyes laborales de Bolivia.
De acuerdo al requerimiento conclusivo de acusación que presentó la Fiscalía, Zapata fue contratada por la firma china CAMC sin la exigencia de mayores requisitos que correspondan al perfil laboral necesario para que cumpla esa función.
El Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre la firma estatal china y Gabriela Zapata señala que fue por 144.000 dólares, y la exnovia del Jefe de Estado percibió mensualmente un sueldo de 3.000 dólares.
Ante la pregunta que formuló el senador Óscar Ortiz, en la Petición de Informe Escrito 227/2016-2017 "¿Si la empresa china CAMC efectuó aportes a favor de la expareja de Morales en las gestiones de 2012, 2013, 2014 y 2015?”, el viceministro de Pensiones de Servicios Financieros, Mario Guillén, informó que "la señora Gabriela Geraldine Zapata Montaño no cuenta con registro como Asegurada a la Seguridad Social de Largo Plazo en BBVA Previsión AFP S.A. ni en Futuro de Bolivia S.A. AFP”.
La única excepción para que la china CAMC no pague AFP es que haya contratado a Zapata como consultora, según la normativa.
De acuerdo al procedimiento para consultores al Sistema Integral de Pensiones (SIP), todo consultor de línea, consultor por producto o consultor extranjero cuyo contratante sea una representación internacional acreditado ante el Estado Plurinacional de Bolivia no se encuentra en la obligación de efectuar el pago de contribuciones al SIP, pudiendo realizarlo de manera voluntaria.
Por otro lado, el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, aseguró, en mayo pasado mediante un informe escrito, que la CAMC -que firmó contratos con el Estado boliviano por más de 500 millones de dólares- inició actividades el 16 de mayo de 2014, presentando de manera trimestral las planillas correspondientes y otros documentos que exige su cartera de Estado.
En ese sentido, entre otros documentos, menciona que la CAMC presentó el "Formulario de Registro Obligatorio de empleadores, cuya información refleja un total de 377 trabajadores incluyendo los montos que corresponden a los aportes de seguro social de corto y largo plazo declarando información adicional a la sucursal ubicada en la ciudad de Cochabamba”.
Al concluir señala que en los archivos y registros del Ministerio de Trabajo "no se cuenta con ningún contrato a nombre de la señora Gabriela Zapata”, asimismo "no se habría reportado alguna relación laboral con la mencionada señora por parte de la empresa china CAMC enginnering co Ltda Bolivia Branch”.
El jefe de bancada de Unidad Demócrata, Arturo Murillo, solicitó a la Fiscalía la pronta convocatoria de los ejecutivos de CAMC debido a que infringieron varias normas laborales, tomando en cuenta que toda empresa internacional que opera en Bolivia se rige bajo leyes bolivianas.
Indicó que en mayo, mediante memorial, solicitaron a la Fiscalía la comparecencia, pero "hicieron oídos sordos”.
Antelo y Grundy, vinculados a Zapata, no figuran en la acusación
Sigfrido Antelo Suárez y Dennis Grundy, operadores de Gabriela Zapata Montaño (la expareja del presidente Evo Morales), no figuran en la lista de acusados que presentó la Fiscalía por el caso de uso indebido de las oficinas de la Unidad de Gestión Social dependiente del Ministerio de la Presidencia.
La Fiscalía señala en el requerimiento conclusivo de acusación dice que Antelo fue quien abordaba a las presuntas víctimas, "mencionando que tenía contacto con una mujer de bastante influencia y de llegada directa con la primera autoridad del Estado Plurinacional de Bolivia”. Grundy se reunía con Zapata en oficinas de Gestión Social.
En mayo pasado, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció que la exenamorada del presidente Evo Morales y Cristina Choque, exdirectora de Gestión Social, eran líderes de una organización criminal integrada por al menos tres supuestos cómplices: Ricardo Alegría Sequeiros, exfuncionario de la Cámara de Senadores; Carlos Marvin Ramiorez, operador político, ambos detenidos preventivamente, y Antelo (prófugo).
Antelo de sobrenombre Pipo -explicó Quintana- tenía el papel, en la organización criminal, de ser el enlace con empresarios nacionales. Además que tiene antecedentes penales, un proceso por estafa en el año 2000 y otro proceso por estelionato en 2011.
"Existe información que vincula a Antelo con casas de juego ilegales en la ciudad de Santa Cruz, aspecto que debe ser investigado por la Fiscalía”, se indicó en las diapositivas que presentó el ministro Quintana.
En una anterior oportunidad se consultó por el paradero de Antelo al fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, quien dijo que éste era investigado. Posteriormente, se le preguntó al fiscal general, Ramiro Guerrero, sobre Grundy y dijo que había solicitado un juicio abreviado, pero que estaba aún en análisis.
De acuerdo al requerimiento conclusivo de acusación que presentó la Fiscalía, Zapata fue contratada por la firma china CAMC sin la exigencia de mayores requisitos que correspondan al perfil laboral necesario para que cumpla esa función.
El Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre la firma estatal china y Gabriela Zapata señala que fue por 144.000 dólares, y la exnovia del Jefe de Estado percibió mensualmente un sueldo de 3.000 dólares.
Ante la pregunta que formuló el senador Óscar Ortiz, en la Petición de Informe Escrito 227/2016-2017 "¿Si la empresa china CAMC efectuó aportes a favor de la expareja de Morales en las gestiones de 2012, 2013, 2014 y 2015?”, el viceministro de Pensiones de Servicios Financieros, Mario Guillén, informó que "la señora Gabriela Geraldine Zapata Montaño no cuenta con registro como Asegurada a la Seguridad Social de Largo Plazo en BBVA Previsión AFP S.A. ni en Futuro de Bolivia S.A. AFP”.
La única excepción para que la china CAMC no pague AFP es que haya contratado a Zapata como consultora, según la normativa.
De acuerdo al procedimiento para consultores al Sistema Integral de Pensiones (SIP), todo consultor de línea, consultor por producto o consultor extranjero cuyo contratante sea una representación internacional acreditado ante el Estado Plurinacional de Bolivia no se encuentra en la obligación de efectuar el pago de contribuciones al SIP, pudiendo realizarlo de manera voluntaria.
Por otro lado, el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, aseguró, en mayo pasado mediante un informe escrito, que la CAMC -que firmó contratos con el Estado boliviano por más de 500 millones de dólares- inició actividades el 16 de mayo de 2014, presentando de manera trimestral las planillas correspondientes y otros documentos que exige su cartera de Estado.
En ese sentido, entre otros documentos, menciona que la CAMC presentó el "Formulario de Registro Obligatorio de empleadores, cuya información refleja un total de 377 trabajadores incluyendo los montos que corresponden a los aportes de seguro social de corto y largo plazo declarando información adicional a la sucursal ubicada en la ciudad de Cochabamba”.
Al concluir señala que en los archivos y registros del Ministerio de Trabajo "no se cuenta con ningún contrato a nombre de la señora Gabriela Zapata”, asimismo "no se habría reportado alguna relación laboral con la mencionada señora por parte de la empresa china CAMC enginnering co Ltda Bolivia Branch”.
El jefe de bancada de Unidad Demócrata, Arturo Murillo, solicitó a la Fiscalía la pronta convocatoria de los ejecutivos de CAMC debido a que infringieron varias normas laborales, tomando en cuenta que toda empresa internacional que opera en Bolivia se rige bajo leyes bolivianas.
Indicó que en mayo, mediante memorial, solicitaron a la Fiscalía la comparecencia, pero "hicieron oídos sordos”.
Antelo y Grundy, vinculados a Zapata, no figuran en la acusación
Sigfrido Antelo Suárez y Dennis Grundy, operadores de Gabriela Zapata Montaño (la expareja del presidente Evo Morales), no figuran en la lista de acusados que presentó la Fiscalía por el caso de uso indebido de las oficinas de la Unidad de Gestión Social dependiente del Ministerio de la Presidencia.
La Fiscalía señala en el requerimiento conclusivo de acusación dice que Antelo fue quien abordaba a las presuntas víctimas, "mencionando que tenía contacto con una mujer de bastante influencia y de llegada directa con la primera autoridad del Estado Plurinacional de Bolivia”. Grundy se reunía con Zapata en oficinas de Gestión Social.
En mayo pasado, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció que la exenamorada del presidente Evo Morales y Cristina Choque, exdirectora de Gestión Social, eran líderes de una organización criminal integrada por al menos tres supuestos cómplices: Ricardo Alegría Sequeiros, exfuncionario de la Cámara de Senadores; Carlos Marvin Ramiorez, operador político, ambos detenidos preventivamente, y Antelo (prófugo).
Antelo de sobrenombre Pipo -explicó Quintana- tenía el papel, en la organización criminal, de ser el enlace con empresarios nacionales. Además que tiene antecedentes penales, un proceso por estafa en el año 2000 y otro proceso por estelionato en 2011.
"Existe información que vincula a Antelo con casas de juego ilegales en la ciudad de Santa Cruz, aspecto que debe ser investigado por la Fiscalía”, se indicó en las diapositivas que presentó el ministro Quintana.
En una anterior oportunidad se consultó por el paradero de Antelo al fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, quien dijo que éste era investigado. Posteriormente, se le preguntó al fiscal general, Ramiro Guerrero, sobre Grundy y dijo que había solicitado un juicio abreviado, pero que estaba aún en análisis.
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