El presidente Evo Morales, a tiempo de recordar la derrota del pasado 21 de febrero, se refirió hoy al caso de Gabriela Zapata, su expareja, y dijo que luego de la polémica generada por el caso se puso a investigar y resulta que el niño, que en un inicio él mismo dijo que había muerto, no había existido.
El Mandatario brindó estas palabras a tiempo de explicar que la mentira fue empleada como campaña de la oposición en el pasado referendo del 21 de febrero, en el que ganó la opción del No a la modificación de la Constitución para una nueva reelección de Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.
"Quiero que sepan hermanas y hermanos, yo recién empecé a investigar; soy sincero, no es que el niño ha muerto, no había habido el niño, imagínense. Yo no sé con una planificación, dicen que había el niño, que había, que ha muerto, yo también estaba seguro que había muerto y ni siquiera había habido el niño, que mentira hermanas y hermanos”, expresó.
El ejemplo permitió explicar al Mandatario que la oposición, ya que no pudo derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las urnas, apeló a mujeres y niños, con mentiras, para buscar el fracaso del Gobierno.
Cuando se destapó el caso Zapata, el Mandatario, en una conferencia de prensa informó que el hijo que concibió con la ex gerenta comercial de la empresa china CAMC había muerto.
viernes, 28 de octubre de 2016
miércoles, 26 de octubre de 2016
Dos empleados denunciaron entregar 10% de sus sueldos a un exfuncionario
Dos empleados de la Cámara de Senadores denunciaron mediante nota escrita que entregaban el 10% de sus sueldos a una persona vinculada a un exfuncionario de esa institución con el pretexto de que los había ayudado a obtener su cargo. El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, se querelló contra los denunciados.
José Alberto Gonzales informó que el Senado se querellará contra las personas que presionaban a dos funcionarios para entregar parte de sus salarios.
Gonzales no proporcionó nombres de las víctimas ni de las personas que presuntamente cometían el irregular acto de la extorsión, que duró, supuestamente, un año.
“El Senado se va a querellar contra estas personas”, declaró Gonzales. La oficina jurídica de la Cámara Alta presentó este martes la denuncia y serán las autoridades competentes las que esclarezcan el caso.
José Alberto Gonzales informó que el Senado se querellará contra las personas que presionaban a dos funcionarios para entregar parte de sus salarios.
Gonzales no proporcionó nombres de las víctimas ni de las personas que presuntamente cometían el irregular acto de la extorsión, que duró, supuestamente, un año.
“El Senado se va a querellar contra estas personas”, declaró Gonzales. La oficina jurídica de la Cámara Alta presentó este martes la denuncia y serán las autoridades competentes las que esclarezcan el caso.
domingo, 23 de octubre de 2016
Procesados por puente caído no tienen cómo cubrir daños
El exalcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos, y los otros cuatro imputados por el colapso del puente a desnivel de la avenida 6 de Agosto en Independencia sólo podrán reponer el 30 por ciento del costo total de la obra de 11,3 millones de bolivianos, según el avalúo que se realizó de los bienes inmuebles y vehículos que les fueron anotados preventivamente por el Ministerio Público, aseveró el asesor general del municipio de Cercado, Sergio Coca.
Explicó que la suma de los bienes que están bajo esta medida precautoria para asegurar la reparación del daño económico es de 500 mil dólares, es decir, 3,5 millones de bolivianos, cuando la infraestructura demandó 11,3 millones.
Además se invirtieron 1,7 millone en trabajos adicionales y 580 mil en la demolición y trabajos de rehabilitación.
Los esfuerzos para recuperar los recursos son parte de las acciones legales que se siguen contra los responsables de la obra y que se han conocido a un año del colapso, ocurrido el 22 de octubre de 2015.
A un año del suceso, aún se espera el informe final de la Contraloría General del Estado, la fecha para la audiencia conclusiva y el juicio oral contra los cinco imputados por parte de la Fiscalía y el Juzgado Anticorrupción. Además de la auditoría técnica que realiza la Alcaldía de Cercado.
El asesor general recordó que el proceso penal comenzó en noviembre de 2015 en contra de Edwin Castellanos; el representante de la Empresa Álvarez, Víctor Hugo Álvarez; el ingeniero que diseñó y supervisó la obra, Nelson Vega; el exoficial mayor de Finanzas, Osvaldo Delgadillo; y el exoficial mayor de Infraestructura y actual concejal, Sergio Rodríguez.
Los cinco fueron imputados en mayo de 2015 y en junio se les impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva.
Cuatro tienen arraigo y uno arresto domiciliario. Recién se amplió la investigación contra el fiscal de obra por parte del municipio, Óscar Cortez.
Según los plazos que dicta la Ley, el Ministerio Público tiene hasta el 6 de noviembre para presentar la acusación formal o dictar sobreseimiento contra los imputados por falta de pruebas. Luego, recién se puede fijar fecha para el juicio.
Pero para presentar la acusación es importante que se lleve a cabo la audiencia de anticipo de prueba. La misma se suspendió en cuatro oportunidades, pese a que existe el documento de los peritos del Instituto de Investigación Forense (IDIF) desde junio.
Según el documento de Auditoría Forense del IDIF Nº 124 – 16 INV. ESP. AUD: 003/16 existen varias observaciones a la licitación y contratación de la empresa para la construcción del puente a desnivel.
La primera observación es la falta de informes de la primera convocatoria para la licitación.
Luego, el aumentó del presupuesto de 10,3 a 11,7 millones de bolivianos y la reducción de ítems para la segunda convocatoria, también declarada desierta y sin un informe.
La segunda observación es la contratación del ingeniero que diseñó la obra como supervisor, lo cual está prohibido según los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 181, porque representa un conflicto de intereses para el profesional.
Castellanos reclama que proceso debía ser a técnicos
Desde el momento de la denuncia, el exalcalde Edwin Castellanos, aseveró que el colapso fue por una falla técnica. Por lo tanto, el proceso penal debería ser contra técnicos y no así contra una persona que “con buena intención contrató la empresa constructora”.
La postura del exalcalde es compartida por el exoficial mayor de Finanzas, Osvaldo Delgadillo, que indicó que sólo contrató la empresa según especificaciones normativas
Por su parte, el exoficial mayor de Infraestructura y actual concejal del MAS, Sergio Rodríguez, señaló que sólo estuvo en el cargo en la fase inicial de construcción del puente. Por lo tanto, el proceso debería ser contra los oficiales mayores que estuvieron durante el proceso de ejecución o de recepción de la obra.
La empresa constructora Álvarez aseveró en diversas oportunidades que sólo siguieron las especificaciones que les señalaron para ejecutar la obra. Asimismo, contactaron diversos expertos extranjeros para demostrar que su trabajo se realizó de acuerdo a lo planificado. Finalmente, el ingeniero Nelson Vega aseguró que utilizó el sistema que hasta el momento no había fallado.
ANÁLISIS
FERNANDO SALAZAR, SOCIÓLOGO
“Colapso marcó un antes y un después”
En primer lugar, el colapso mostró una debilidad institucional sobre el tipo de gestión y la forma de licitación de empresas. Esto derivó en que se generara mucha susceptibilidad en la población.
El colapso del puente marcó un antes y un después en los cochabambinos. Antes decíamos “que roben, pero que hagan”. Ahora se cambió de paradigma y tenemos una nueva construcción social, cada vez que se inaugura o comienza una obra decimos: “Ojalá no se caiga”.
Además, ahora asociamos cada obra con corrupción. Pensamos que todo lo que se construye ha sido con fraude o se ha robado algo.
Este hecho también demostró el manoseo político que se hace del desarrollo regional donde no se tiene consideración de las necesidades de la población.
Finalmente, luego de un año del colapso y todo el proceso penal sin resultados deja pensar a la población que existe un encubrimiento de las autoridades judiciales.
Explicó que la suma de los bienes que están bajo esta medida precautoria para asegurar la reparación del daño económico es de 500 mil dólares, es decir, 3,5 millones de bolivianos, cuando la infraestructura demandó 11,3 millones.
Además se invirtieron 1,7 millone en trabajos adicionales y 580 mil en la demolición y trabajos de rehabilitación.
Los esfuerzos para recuperar los recursos son parte de las acciones legales que se siguen contra los responsables de la obra y que se han conocido a un año del colapso, ocurrido el 22 de octubre de 2015.
A un año del suceso, aún se espera el informe final de la Contraloría General del Estado, la fecha para la audiencia conclusiva y el juicio oral contra los cinco imputados por parte de la Fiscalía y el Juzgado Anticorrupción. Además de la auditoría técnica que realiza la Alcaldía de Cercado.
El asesor general recordó que el proceso penal comenzó en noviembre de 2015 en contra de Edwin Castellanos; el representante de la Empresa Álvarez, Víctor Hugo Álvarez; el ingeniero que diseñó y supervisó la obra, Nelson Vega; el exoficial mayor de Finanzas, Osvaldo Delgadillo; y el exoficial mayor de Infraestructura y actual concejal, Sergio Rodríguez.
Los cinco fueron imputados en mayo de 2015 y en junio se les impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva.
Cuatro tienen arraigo y uno arresto domiciliario. Recién se amplió la investigación contra el fiscal de obra por parte del municipio, Óscar Cortez.
Según los plazos que dicta la Ley, el Ministerio Público tiene hasta el 6 de noviembre para presentar la acusación formal o dictar sobreseimiento contra los imputados por falta de pruebas. Luego, recién se puede fijar fecha para el juicio.
Pero para presentar la acusación es importante que se lleve a cabo la audiencia de anticipo de prueba. La misma se suspendió en cuatro oportunidades, pese a que existe el documento de los peritos del Instituto de Investigación Forense (IDIF) desde junio.
Según el documento de Auditoría Forense del IDIF Nº 124 – 16 INV. ESP. AUD: 003/16 existen varias observaciones a la licitación y contratación de la empresa para la construcción del puente a desnivel.
La primera observación es la falta de informes de la primera convocatoria para la licitación.
Luego, el aumentó del presupuesto de 10,3 a 11,7 millones de bolivianos y la reducción de ítems para la segunda convocatoria, también declarada desierta y sin un informe.
La segunda observación es la contratación del ingeniero que diseñó la obra como supervisor, lo cual está prohibido según los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 181, porque representa un conflicto de intereses para el profesional.
Desde el momento de la denuncia, el exalcalde Edwin Castellanos, aseveró que el colapso fue por una falla técnica. Por lo tanto, el proceso penal debería ser contra técnicos y no así contra una persona que “con buena intención contrató la empresa constructora”.
La postura del exalcalde es compartida por el exoficial mayor de Finanzas, Osvaldo Delgadillo, que indicó que sólo contrató la empresa según especificaciones normativas
Por su parte, el exoficial mayor de Infraestructura y actual concejal del MAS, Sergio Rodríguez, señaló que sólo estuvo en el cargo en la fase inicial de construcción del puente. Por lo tanto, el proceso debería ser contra los oficiales mayores que estuvieron durante el proceso de ejecución o de recepción de la obra.
La empresa constructora Álvarez aseveró en diversas oportunidades que sólo siguieron las especificaciones que les señalaron para ejecutar la obra. Asimismo, contactaron diversos expertos extranjeros para demostrar que su trabajo se realizó de acuerdo a lo planificado. Finalmente, el ingeniero Nelson Vega aseguró que utilizó el sistema que hasta el momento no había fallado.
ANÁLISIS
FERNANDO SALAZAR, SOCIÓLOGO
“Colapso marcó un antes y un después”
En primer lugar, el colapso mostró una debilidad institucional sobre el tipo de gestión y la forma de licitación de empresas. Esto derivó en que se generara mucha susceptibilidad en la población.
El colapso del puente marcó un antes y un después en los cochabambinos. Antes decíamos “que roben, pero que hagan”. Ahora se cambió de paradigma y tenemos una nueva construcción social, cada vez que se inaugura o comienza una obra decimos: “Ojalá no se caiga”.
Además, ahora asociamos cada obra con corrupción. Pensamos que todo lo que se construye ha sido con fraude o se ha robado algo.
Este hecho también demostró el manoseo político que se hace del desarrollo regional donde no se tiene consideración de las necesidades de la población.
Finalmente, luego de un año del colapso y todo el proceso penal sin resultados deja pensar a la población que existe un encubrimiento de las autoridades judiciales.
sábado, 22 de octubre de 2016
Exalcaldes Chaly y Cholango tienen 4 procesos pendientes
Las gestiones municipales de Gonzalo Chaly Terceros (2006 - 2010) de Ciudadanos Unidos (CIU) y Edwin Castellanos conocido como Cholango (2010 - 2015) del Movimiento Al Socialismo (MAS) repercutieron en procesos en su contra, por la construcción observada del Hospital del Niño, el pago por tonelada de basura a los dirigentes de K’ara K’ara, el uso de recursos de IDH para jardines del hospital Viedma y el hundimiento de la plataforma del puente de la avenida Independencia.
Terceros reconoció que no tiene en mente la cantidad de procesos que le involucran. “Sí puedo decir que fueron muchos. Por razones políticas. La anterior gestión municipal se encargó de hacer un montón de procesos”. Castellanos aseguró que solo tiene un caso pendiente y que otros no tenían fundamento.
El concejal de Unidos por Cochabamba (UNICO) Edwin Jiménez explicó que en la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) recaen responsabilidades a los alcaldes desde los procesos de contratación de obras. Pero, las denuncias por irregularidades no pesan solo sobre las exautoridades. Los casos incluyen a los exalcaldes, funcionarios, exfuncionarios y representantes de las constructoras.
TERCEROS El tema del Hospital del Niño, que involucra a Terceros y a 11 personas más, por mala edificación, está en etapa de investigación. La obra de seis millones de bolivianos está paralizada desde el 2010.
Auditoría Interna de la Alcaldía emitió dos informes. Uno estuvo referido a la recuperación de 147 mil bolivianos por el daño económico derivado de la edificación sin planos del helipuerto. El otro es un informe general.
El exalcalde recordó que los planos de esta obra se perdieron durante la gestión de Castellanos y existe un documento que lo acredita. “En lo que a mí respecta, con esa documentación, estaría liberado”.
Un segundo proceso es el del pago a los dirigentes de 70 centavos de dolar por tonelada de basura que ingresaba al botadero de K’ara K’ara. La Contraloría le conminó a pagar 2.7 millones de bolivianos en 2014.
“Ese proceso ha sido observado porque tiene un vicio de nulidad desde su inicio, debido a que no han citado legalmente a los dirigentes de K’ara K’ara”.
La exautoridad hizo referencia a que la responsabilidad debe ser “del que da y del que recibe” y que, en este caso, solo se notificó a la Alcaldía y a la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA). “Éste proceso con toda seguridad va a volver a foja cero, para que notifiquen a los dirigentes y hagan sus descargos”.
Acotó que los comunarios tienen los descargos, porque se hicieron obras, en su momento, con esos recursos. “Es un proceso coactivo que inició la Contraloría. No es un juicio”.
En el uso de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), proceso de 2009, para el arreglo de jardines del hospital Viedma, Terceros aclaró que esos fondos sirven para infraestructura hospitalaria, pero se había observado que los jardines no eran parte de la infraestructura. “Era un absurdo. Fue algo jocoso”.
Aseguró que el caso no avanzó más. “Estaba en la parte investigativa. Con los descargos que presentamos quedó ahí. No nos volvieron a notificar”.
CASTELLANOS El exalcalde masista informó que el único proceso que tiene es el referido al hundimiento de la plataforma del paso a desnivel de las avenidas Independencia y 6 de Agosto, que incluye a un total de cinco personas.
El tablero se hundió el 22 de octubre de 2015, la Alcaldía (de la gestión de José María Leyes) denunció el hecho penalmente a mediados de noviembre de ese año. El daño económico es de más de 11 millones de bolivianos.
El caso está en etapa de investigación y la Fiscalía evalúa los descargos para continuar con imputaciones o para liberar de cargos a los involucrados.
“Nunca he tenido procesos. Esto ha sido a consecuencia de la gestión pública”.
Reiteró que el colapso del tablero es un tema “netamente técnico”, que no debiera afectarle.
OTROS CASOS Quien más procesos tiene es Terceros. Sin embargo, aseguró que hay casos que no prosperaron o se cerraron. La creación y funcionamiento irregular de la Dirección Municipal de Salud (Dimusa), dijo, está archivado, porque “es un tema administrativo y no tiene ningún delito”. En lo referido al uso, con observaciones, de recursos para la Cumbre Suramericana de 2006, fue absuelto.
Informó que, en el caso de la sentencia de tres años por cobros irregulares para el mercado Santa Bárbara hubo apelación. Ahora, aguarda el resultado del Tribunal. “Es un proceso que con toda seguridad va a ser anulado porque se cometieron muchas irregularidades”. Entre ellas, la ausencia de un juez técnico.
En lo referido a Castellanos, el director de Auditoría Interna de la Alcaldía, Erick Bustos, dijo que el caso por supuesto sobreprecio en la compra de carros basureros, denominados Cholangos, no hay procesados, porque no se puede hacer cotizaciones ahora. “Es difícil corroborar sobreprecios porque hace cuatro años que se hizo la compra”.
Terceros reconoció que no tiene en mente la cantidad de procesos que le involucran. “Sí puedo decir que fueron muchos. Por razones políticas. La anterior gestión municipal se encargó de hacer un montón de procesos”. Castellanos aseguró que solo tiene un caso pendiente y que otros no tenían fundamento.
El concejal de Unidos por Cochabamba (UNICO) Edwin Jiménez explicó que en la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) recaen responsabilidades a los alcaldes desde los procesos de contratación de obras. Pero, las denuncias por irregularidades no pesan solo sobre las exautoridades. Los casos incluyen a los exalcaldes, funcionarios, exfuncionarios y representantes de las constructoras.
TERCEROS El tema del Hospital del Niño, que involucra a Terceros y a 11 personas más, por mala edificación, está en etapa de investigación. La obra de seis millones de bolivianos está paralizada desde el 2010.
Auditoría Interna de la Alcaldía emitió dos informes. Uno estuvo referido a la recuperación de 147 mil bolivianos por el daño económico derivado de la edificación sin planos del helipuerto. El otro es un informe general.
El exalcalde recordó que los planos de esta obra se perdieron durante la gestión de Castellanos y existe un documento que lo acredita. “En lo que a mí respecta, con esa documentación, estaría liberado”.
Un segundo proceso es el del pago a los dirigentes de 70 centavos de dolar por tonelada de basura que ingresaba al botadero de K’ara K’ara. La Contraloría le conminó a pagar 2.7 millones de bolivianos en 2014.
“Ese proceso ha sido observado porque tiene un vicio de nulidad desde su inicio, debido a que no han citado legalmente a los dirigentes de K’ara K’ara”.
La exautoridad hizo referencia a que la responsabilidad debe ser “del que da y del que recibe” y que, en este caso, solo se notificó a la Alcaldía y a la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA). “Éste proceso con toda seguridad va a volver a foja cero, para que notifiquen a los dirigentes y hagan sus descargos”.
Acotó que los comunarios tienen los descargos, porque se hicieron obras, en su momento, con esos recursos. “Es un proceso coactivo que inició la Contraloría. No es un juicio”.
En el uso de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), proceso de 2009, para el arreglo de jardines del hospital Viedma, Terceros aclaró que esos fondos sirven para infraestructura hospitalaria, pero se había observado que los jardines no eran parte de la infraestructura. “Era un absurdo. Fue algo jocoso”.
Aseguró que el caso no avanzó más. “Estaba en la parte investigativa. Con los descargos que presentamos quedó ahí. No nos volvieron a notificar”.
CASTELLANOS El exalcalde masista informó que el único proceso que tiene es el referido al hundimiento de la plataforma del paso a desnivel de las avenidas Independencia y 6 de Agosto, que incluye a un total de cinco personas.
El tablero se hundió el 22 de octubre de 2015, la Alcaldía (de la gestión de José María Leyes) denunció el hecho penalmente a mediados de noviembre de ese año. El daño económico es de más de 11 millones de bolivianos.
El caso está en etapa de investigación y la Fiscalía evalúa los descargos para continuar con imputaciones o para liberar de cargos a los involucrados.
“Nunca he tenido procesos. Esto ha sido a consecuencia de la gestión pública”.
Reiteró que el colapso del tablero es un tema “netamente técnico”, que no debiera afectarle.
OTROS CASOS Quien más procesos tiene es Terceros. Sin embargo, aseguró que hay casos que no prosperaron o se cerraron. La creación y funcionamiento irregular de la Dirección Municipal de Salud (Dimusa), dijo, está archivado, porque “es un tema administrativo y no tiene ningún delito”. En lo referido al uso, con observaciones, de recursos para la Cumbre Suramericana de 2006, fue absuelto.
Informó que, en el caso de la sentencia de tres años por cobros irregulares para el mercado Santa Bárbara hubo apelación. Ahora, aguarda el resultado del Tribunal. “Es un proceso que con toda seguridad va a ser anulado porque se cometieron muchas irregularidades”. Entre ellas, la ausencia de un juez técnico.
En lo referido a Castellanos, el director de Auditoría Interna de la Alcaldía, Erick Bustos, dijo que el caso por supuesto sobreprecio en la compra de carros basureros, denominados Cholangos, no hay procesados, porque no se puede hacer cotizaciones ahora. “Es difícil corroborar sobreprecios porque hace cuatro años que se hizo la compra”.
viernes, 21 de octubre de 2016
Alcaldía procesa a 22 personas por tres obras irregulares
Mañana se cumple un año del hundimiento de la plataforma del paso a desnivel, emplazado en las avenidas Independencia y 6 de Agosto. El proceso iniciado para identificar a los responsables de aquel hecho continúa en camino, al igual que otros dos casos más que involucran a obras observadas de la Alcaldía de Cochabamba.
Las tres obras son: un paso a desnivel, un hospital y el mejoramiento de áreas verdes con glorietas. Tienen observaciones e involucran a 22 personas, incluidas exalcaldes, funcionarios, exfuncionarios municipales y representantes de algunas empresas constructoras.
Estas obras fueron ejecutadas durante las gestiones municipales de los exalcaldes Gonzalo Terceros (2006 - 2010) y Edwin Castellanos (2010 - 2015). La actual gestión de José María Leyes impulsa los procesos y lleva adelante auditorías.
PUENTE El concejal de Unidos por Cochabamba (UNICO) Edwin Jiménez recordó que, tras el hundimiento del puente de la avenida Independencia, el 22 de octubre de 2015, el Concejo Municipal solicitó una auditoría al proceso de adjudicación y construcción de la obra. El daño económico asciende a 11 millones de bolivianos.
El asesor general de la Alcaldía de Cochabamba, Sergio Coca, cuestionó que las autoridades jurisdiccionales no hayan dado respuesta a la demanda iniciada el 18 de noviembre del pasado año. Denunció que hasta la fecha no existe ningún responsable entre los cinco involucrados.
“Un año y sin justicia. Se ha demostrado que la estructura ha sido mal diseñada y construida, pero no hay resultados. Ni siquiera existe el acta de la audiencia cautelar”.
La Alcaldía inició un proceso penal en contra del exalcalde Castellanos, el proyectista y supervisor de la obra Nelson Vega, el representante legal de la empresa Álvarez Ltda. Víctor Hugo Álvarez, el exoficial Mayor Administrativo y Financiero de la Alcaldía Oswaldo Delgadillo y el exoficial mayor de Desarrollo de Infraestructura Territorial y actual concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sergio Rodríguez.
El director de la Unidad de Auditoría Interna de la Alcaldía de Cochabamba, Erick Bustos, dijo que dejó de lado ese tema porque está en manos de la Contraloría General del Estado.
La Contraloría intervino en el caso de oficio y emitió un informe preliminar con indicios de responsabilidad, “por incumplimiento al objeto del contrato” en el contratista y el supervisor”.
Los involucrados presentaron sus pruebas de descargo y, según Bustos, una vez que la Contraloría concluya el análisis emitirá un informe complementario “ratificando o levantando” las responsabilidades.
La plataforma fue demolida en mayo de 2015 y, en la actualidad, la zona fue rehabilitada para la circulación vehicular.
HOSPITAL La obra del Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel de 6 millones de bolivianos, que comenzó su construcción en 2007, está paralizada desde 2010. Hay 12 personas vinculadas a las irregularidades. Entre ellas, el exalcalde Terceros, un exoficial mayor técnico, el representante de la empresa constructora, el supervisor, el fiscal y siete personas más.
El director de Auditoría Interna de la Alcaldía informó que emitieron dos informes. Uno estuvo referido a la recuperación de 147 mil bolivianos por el daño económico derivado de la construcción sin planos del helipuerto. El otro está relacionado a un informe “por todo el hospital, todos los daños”, que se remitió a la instancia jurídica para iniciar las acciones legales. “Tengo entendido que ya se notificó a los involucrados”.
GLORIETAS El asesor general de la Alcaldía informó sobre la ejecución de glorietas con irregularidades. Hay alrededor de cinco exfuncionarios, que habrían incurrido también en delitos de corrupción.
Coca dijo que “pese a que en las planillas se señalaba un informe de avance físico determinado, en la verificación no existía y eran trabajos defectuosos”.
Manifestó que se siguió los procesos respectivos contra exfuncionarios.
SIN OPERAR Las autoridades anunciaron que hay otro proceso en puerta. La planta de reciclaje de residuos sólidos de K’ara K’ara, situada al lado derecho del ingreso, está sin funcionar.
Bustos manifestó que ya tiene un informe con un avance del 90 por ciento para iniciar un proceso penal y que en unas tres semanas se concluirá. “Va a haber muchos procesados, estamos trabajando en la cuantificación”.
CERRADO Entretanto, aunque ya hay sentenciados, desde que se concluyó el mercado Santa Bárbara, en 2008, con una inversión de nueve millones de bolivianos, permanece cerrado. El concejal Jiménez recordó que se hizo un proceso penal, en 2013, que derivó en sentencias en contra del exalcalde Terceros y dos dirigentes de los comerciantes por cobros irregulares para la ejecución de la obra. Mientras el tema no se esclarece, la infraestructura se deteriora y los vendedores instalan sus puestos alrededor del nuevo, pero abandonando el mercado.
Observación
Sergio Coca cuestionó que cuando hay procesos contra gente del MAS son rechazados o sobreseidos, pero para los opositores “hay detención preventiva o juicios orales”.
3
Años de prisión
El exalcalde Gonzalo Terceros fue sentenciado a tres años de prisión por irregularidades en la ejecución del mercado Santa Bárbara. Fue favorecido con el perdón judicial, por lo que no fue recluido en la cárcel.
Dos comerciantes también recibieron sentencia.
Apuntes
En revisión
El director de Auditoría Interna de la Alcaldía de Cochabamba, Erick Bustos, informó que existen auditorías solicitadas que están en la Dirección de Transparencia, porque hay casos que implican responsabilidad administrativa. Explicó que una vez que esta instancia concluya su trabajo, le corresponderá a Auditoría Interna verificar los proyectos.
El concejal Edwin Jiménez manifestó que desde el pleno del Concejo Municipal se solicitó auditorías a los procesos de adjudicación de distribuidores vehiculares:
* Nudo viario Beijing y Blanco Galindo, que tuvo una inversión mayor a los 100 millones de bolivianos. Fue inaugurado durante la primera quincena de septiembre de este año, aunque las obras menores continuaron después.
* Puente de las avenidas 6 de Agosto y Barrientos, ejecutado con una inversión mayor a 60 millones de bolivianos. Está concluido.
* Paso a desnivel de la avenida 6 de Agosto y República, de 46 millones de bolivianos. Ya fue entregado.
* Puente de la avenida 6 de Agosto y Panamericana, de 13 millones de bolivianos. En la actualidad está cerrado porque fue ejecutado con el mismo sistema de tirantes de la plataforma hundida del puente de la avenida Independencia. Desde la Alcaldía informaron que ya hay una empresa adjudicada para trabajar en la rehabilitación de esta obra.
El director de Auditoría Interna de la Alcaldía manifestó que estas obras están pendientes para una próxima etapa, “el próximo año”.
Bustos argumentó que cuenta con poco personal para la cantidad de tareas que le corresponde a su Unidad.
Recomendación
Considerando que ahora la Alcaldía de Cochabamba puede aprobar proyectos de hasta 70 millones de bolivianos sin que lleguen al Concejo Municipal, el concejal Jiménez recomendó al Ejecutivo contar con estudios a diseño final para que existan elementos suficientes antes de lanzar una adjudicación. “Deben tener supervisores, fiscales de obra para hacer seguimiento y control, en lo que respecta a la calidad de las obras y al cumplimiento de los plazos de ejecución”. Acotó que se debe revisar los currículos de las empresas, la experiencia específica, general, la solvencia financiera, porque pueden ser aspectos contraproducentes a futuro, cuando se apliquen auditorías.
Las tres obras son: un paso a desnivel, un hospital y el mejoramiento de áreas verdes con glorietas. Tienen observaciones e involucran a 22 personas, incluidas exalcaldes, funcionarios, exfuncionarios municipales y representantes de algunas empresas constructoras.
Estas obras fueron ejecutadas durante las gestiones municipales de los exalcaldes Gonzalo Terceros (2006 - 2010) y Edwin Castellanos (2010 - 2015). La actual gestión de José María Leyes impulsa los procesos y lleva adelante auditorías.
PUENTE El concejal de Unidos por Cochabamba (UNICO) Edwin Jiménez recordó que, tras el hundimiento del puente de la avenida Independencia, el 22 de octubre de 2015, el Concejo Municipal solicitó una auditoría al proceso de adjudicación y construcción de la obra. El daño económico asciende a 11 millones de bolivianos.
El asesor general de la Alcaldía de Cochabamba, Sergio Coca, cuestionó que las autoridades jurisdiccionales no hayan dado respuesta a la demanda iniciada el 18 de noviembre del pasado año. Denunció que hasta la fecha no existe ningún responsable entre los cinco involucrados.
“Un año y sin justicia. Se ha demostrado que la estructura ha sido mal diseñada y construida, pero no hay resultados. Ni siquiera existe el acta de la audiencia cautelar”.
La Alcaldía inició un proceso penal en contra del exalcalde Castellanos, el proyectista y supervisor de la obra Nelson Vega, el representante legal de la empresa Álvarez Ltda. Víctor Hugo Álvarez, el exoficial Mayor Administrativo y Financiero de la Alcaldía Oswaldo Delgadillo y el exoficial mayor de Desarrollo de Infraestructura Territorial y actual concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sergio Rodríguez.
El director de la Unidad de Auditoría Interna de la Alcaldía de Cochabamba, Erick Bustos, dijo que dejó de lado ese tema porque está en manos de la Contraloría General del Estado.
La Contraloría intervino en el caso de oficio y emitió un informe preliminar con indicios de responsabilidad, “por incumplimiento al objeto del contrato” en el contratista y el supervisor”.
Los involucrados presentaron sus pruebas de descargo y, según Bustos, una vez que la Contraloría concluya el análisis emitirá un informe complementario “ratificando o levantando” las responsabilidades.
La plataforma fue demolida en mayo de 2015 y, en la actualidad, la zona fue rehabilitada para la circulación vehicular.
HOSPITAL La obra del Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel de 6 millones de bolivianos, que comenzó su construcción en 2007, está paralizada desde 2010. Hay 12 personas vinculadas a las irregularidades. Entre ellas, el exalcalde Terceros, un exoficial mayor técnico, el representante de la empresa constructora, el supervisor, el fiscal y siete personas más.
El director de Auditoría Interna de la Alcaldía informó que emitieron dos informes. Uno estuvo referido a la recuperación de 147 mil bolivianos por el daño económico derivado de la construcción sin planos del helipuerto. El otro está relacionado a un informe “por todo el hospital, todos los daños”, que se remitió a la instancia jurídica para iniciar las acciones legales. “Tengo entendido que ya se notificó a los involucrados”.
GLORIETAS El asesor general de la Alcaldía informó sobre la ejecución de glorietas con irregularidades. Hay alrededor de cinco exfuncionarios, que habrían incurrido también en delitos de corrupción.
Coca dijo que “pese a que en las planillas se señalaba un informe de avance físico determinado, en la verificación no existía y eran trabajos defectuosos”.
Manifestó que se siguió los procesos respectivos contra exfuncionarios.
SIN OPERAR Las autoridades anunciaron que hay otro proceso en puerta. La planta de reciclaje de residuos sólidos de K’ara K’ara, situada al lado derecho del ingreso, está sin funcionar.
Bustos manifestó que ya tiene un informe con un avance del 90 por ciento para iniciar un proceso penal y que en unas tres semanas se concluirá. “Va a haber muchos procesados, estamos trabajando en la cuantificación”.
CERRADO Entretanto, aunque ya hay sentenciados, desde que se concluyó el mercado Santa Bárbara, en 2008, con una inversión de nueve millones de bolivianos, permanece cerrado. El concejal Jiménez recordó que se hizo un proceso penal, en 2013, que derivó en sentencias en contra del exalcalde Terceros y dos dirigentes de los comerciantes por cobros irregulares para la ejecución de la obra. Mientras el tema no se esclarece, la infraestructura se deteriora y los vendedores instalan sus puestos alrededor del nuevo, pero abandonando el mercado.
Observación
Sergio Coca cuestionó que cuando hay procesos contra gente del MAS son rechazados o sobreseidos, pero para los opositores “hay detención preventiva o juicios orales”.
3
Años de prisión
El exalcalde Gonzalo Terceros fue sentenciado a tres años de prisión por irregularidades en la ejecución del mercado Santa Bárbara. Fue favorecido con el perdón judicial, por lo que no fue recluido en la cárcel.
Dos comerciantes también recibieron sentencia.
Apuntes
En revisión
El director de Auditoría Interna de la Alcaldía de Cochabamba, Erick Bustos, informó que existen auditorías solicitadas que están en la Dirección de Transparencia, porque hay casos que implican responsabilidad administrativa. Explicó que una vez que esta instancia concluya su trabajo, le corresponderá a Auditoría Interna verificar los proyectos.
El concejal Edwin Jiménez manifestó que desde el pleno del Concejo Municipal se solicitó auditorías a los procesos de adjudicación de distribuidores vehiculares:
* Nudo viario Beijing y Blanco Galindo, que tuvo una inversión mayor a los 100 millones de bolivianos. Fue inaugurado durante la primera quincena de septiembre de este año, aunque las obras menores continuaron después.
* Puente de las avenidas 6 de Agosto y Barrientos, ejecutado con una inversión mayor a 60 millones de bolivianos. Está concluido.
* Paso a desnivel de la avenida 6 de Agosto y República, de 46 millones de bolivianos. Ya fue entregado.
* Puente de la avenida 6 de Agosto y Panamericana, de 13 millones de bolivianos. En la actualidad está cerrado porque fue ejecutado con el mismo sistema de tirantes de la plataforma hundida del puente de la avenida Independencia. Desde la Alcaldía informaron que ya hay una empresa adjudicada para trabajar en la rehabilitación de esta obra.
El director de Auditoría Interna de la Alcaldía manifestó que estas obras están pendientes para una próxima etapa, “el próximo año”.
Bustos argumentó que cuenta con poco personal para la cantidad de tareas que le corresponde a su Unidad.
Recomendación
Considerando que ahora la Alcaldía de Cochabamba puede aprobar proyectos de hasta 70 millones de bolivianos sin que lleguen al Concejo Municipal, el concejal Jiménez recomendó al Ejecutivo contar con estudios a diseño final para que existan elementos suficientes antes de lanzar una adjudicación. “Deben tener supervisores, fiscales de obra para hacer seguimiento y control, en lo que respecta a la calidad de las obras y al cumplimiento de los plazos de ejecución”. Acotó que se debe revisar los currículos de las empresas, la experiencia específica, general, la solvencia financiera, porque pueden ser aspectos contraproducentes a futuro, cuando se apliquen auditorías.
Dirigente de FBF Imputan a Torrico por falsificar notas para su título de abogado
El secretario ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y presidente de la Asociación de Fútbol de La Paz, Walter Torrico, fue aprehendido ayer y hoy debe comparecer ante un juez; está imputado por el delito de falsedad material en relación a la falsificación de notas en la carrera de Derecho de la UMSA para obtener su título de abogado.
La Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), a través de su representante legal Javier Tapia, interpuso una demanda penal en contra de Torrico, acusándolo de ejercer de manera indebida la profesión de abogado.
El lunes, Torrico se presentó ante la fiscal Amparo Morales, quien lo citó para tomarle declaración informativa, pero el dirigente se abstuvo y se refugió a su derecho al silencio.
Ante ese hecho y con indicios suficientes, la fiscal optó por una aprehensión directa, la cual fue ejecutada ayer por la mañana.
El dirigente es sindicado en varias irregularidades, entre ellas falsedad material, uso de instrumento falsificado, ejercicio indebido de la profesión y se le amplió la denuncia por incurrir en legitimación de ganancias.
A esa denuncia se adhirió el Ministerio de Justicia, asimismo el Colegio de Abogados de La Paz también interpuso una denuncia en la Fiscalía contra Torrico y otros presuntos falsos abogados, acusándolos de falsificar sus certificados de notas con el objetivo de obtener su título profesional.
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, manifestó que Torrico “estaba ejerciendo la profesión falsamente hace 15 años” y desde el Ministerio de Justicia se conoce que hay 30 casos similares.
Las denuncias, en los últimos meses, de abogados que ejercen de manera ilegal la profesión se incrementó, y ya algunos ya se encuentran detenidos en San Pedro, pero todavía hay casos en investigación.
La Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), a través de su representante legal Javier Tapia, interpuso una demanda penal en contra de Torrico, acusándolo de ejercer de manera indebida la profesión de abogado.
El lunes, Torrico se presentó ante la fiscal Amparo Morales, quien lo citó para tomarle declaración informativa, pero el dirigente se abstuvo y se refugió a su derecho al silencio.
Ante ese hecho y con indicios suficientes, la fiscal optó por una aprehensión directa, la cual fue ejecutada ayer por la mañana.
El dirigente es sindicado en varias irregularidades, entre ellas falsedad material, uso de instrumento falsificado, ejercicio indebido de la profesión y se le amplió la denuncia por incurrir en legitimación de ganancias.
A esa denuncia se adhirió el Ministerio de Justicia, asimismo el Colegio de Abogados de La Paz también interpuso una denuncia en la Fiscalía contra Torrico y otros presuntos falsos abogados, acusándolos de falsificar sus certificados de notas con el objetivo de obtener su título profesional.
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, manifestó que Torrico “estaba ejerciendo la profesión falsamente hace 15 años” y desde el Ministerio de Justicia se conoce que hay 30 casos similares.
Las denuncias, en los últimos meses, de abogados que ejercen de manera ilegal la profesión se incrementó, y ya algunos ya se encuentran detenidos en San Pedro, pero todavía hay casos en investigación.
miércoles, 19 de octubre de 2016
Fondo Indígena Rojas pide postergar informe en comisión
Mediante una carta dirigida a la comisión indígena de la Cámara de Senadores, el director del programa Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Eugenio Rojas, pidió la postergación del informe oral previsto para mañana.
En la misma misiva, Rojas, argumentando su inasistencia por atender temas de emergencia en las provincias del departamento de La Paz, solicitó una nueva reprogramación para noviembre.
El fin de la presentación de Rojas, ante la comisión indígena del Senado, era la presentación del informe final de la liquidadora del Exfondo de Desarrollo Para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC), que fue cerrada por varias denuncias de corrupción. El segundo punto es explicar el nuevo modelo de gestión en el actual FFDI, para conocer los mecanismos que se emplearán, para evitar hechos irregulares en el trabajo.
El presidente de esta comisión, el senador Óscar Ortiz de Unidad Demócrata (UD), fue quien pidió el informe al director del FDI, argumentando que había muchas dudas sobre el trabajo que van a desarrollar, los proyectos y los desembolsos.
En la misma misiva, Rojas, argumentando su inasistencia por atender temas de emergencia en las provincias del departamento de La Paz, solicitó una nueva reprogramación para noviembre.
El fin de la presentación de Rojas, ante la comisión indígena del Senado, era la presentación del informe final de la liquidadora del Exfondo de Desarrollo Para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC), que fue cerrada por varias denuncias de corrupción. El segundo punto es explicar el nuevo modelo de gestión en el actual FFDI, para conocer los mecanismos que se emplearán, para evitar hechos irregulares en el trabajo.
El presidente de esta comisión, el senador Óscar Ortiz de Unidad Demócrata (UD), fue quien pidió el informe al director del FDI, argumentando que había muchas dudas sobre el trabajo que van a desarrollar, los proyectos y los desembolsos.
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