La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, afirmó ayer que hay pruebas suficientes para ingresar a la etapa de juicio oral en contra de Gabriela Zapata y otros acusados por el caso de uso de oficinas de la Unidad de Gestión Social, dependiente del Ministerio de la Presidencia. La Fiscalía presentó en julio pasado la acusación formal.
"Creemos que hay suficientes elementos de prueba en el cuaderno de investigación para poder entrar ya a una etapa de juicio (...). Lo que estamos esperando en todo caso en la próxima gestión es que avance el juicio oral”, declaró la ministra Valdivia.
Además de Zapata están acusados por este caso: Cristina Choque, exjefa de la Unidad de Gestión Social, quien está, además, con detención preventiva desde hace 10 meses en el penal de Obrajes; Jimmy Morales, quien era encargado de archivos de dicha entidad, y Wálter Zuleta, quien fue declarado en rebeldía, entre otros.
Los delitos por los que se los acusa son: uso indebido de bienes y servicios públicos, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, entre otros.
Cesación denegada
El miércoles se desarrolló una audiencia de cesación de detención preventiva de la exgerente comercial de la china CAMC. No obstante, los miembros del Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer determinaron rechazar la solicitud del cese de la medida.
La defensa de Zapata presentó un contrato de trabajo en la venta de autopartes y un certificado de buena conducta del centro de reclusión. Al culminar la audiencia, la acusada no quiso responder a ninguna pregunta de la prensa.
Descripción del caso
Denunciante Lenny Valdivia, ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
A juicio Ayer, Valdivia indicó que hay suficientes pruebas para entrar al juicio oral.
Los acusados Gabriela Zapata, Cristina Choque, Jimmy Morales, entre otros.
Delitos Los delitos por los que se los acusa son: uso indebido de bienes y servicios públicos, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, entre otros.
viernes, 30 de diciembre de 2016
Entrevista: Eduardo León exabogado Caso Zapata 'Es vulgar el actuar de la justicia'
Apunto de cumplir ocho meses de detención preventiva en la cárcel de San Pedro (La Paz) el próximo 12 de enero, sin juicio y menos con acusación formal en su contra, Eduardo León, abogado y exdefensor de Gabriela Zapata, en contacto con El Día, señaló implacable, que seguirá defendiendo su honor y por ello confiesa que no es perseguido sino un preso político. En tanto su esposa, Graciela Mendoza, alista maletas para viajar a Estados Unidos y reunirse con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.
P. A casi ocho meses de estar detenido ¿cómo se encuentra?
E.L.: Me encuentro recuperando mi salud, tengo recaídas ocasionales porque la enfermedad de base, que es gastritis, no fue completamente tratada debido a la forma en que se interrumpió el tratamiento para trasladarme por la fuerza al penal de San Pedro, donde llevo detenido siete meses
P. ¿Y el proceso cuánto avanzó?
E.L.: A la fecha, pese a haberse superado los plazos procesales no se ha presentado acusación alguna en mi contra. Hemos tomado conocimiento que la Fiscalía, mediante chicanas y artimañas que se usaban en la antigüedad, recién presentó imputación contra Gabriela Zapata, los abogados Zuleta (Wálter) y Sánchez Peña (William), además contra la secretaria de Zuleta. Estos se encuentran prófugos y bajo protección y hasta que se tramite la notificación de estas imputaciones pasarán unos meses más. La Fiscalía no hizo ni hace nada por capturar a los prófugos y ha tenido una conducta complaciente con ellos, que no es de extrañar, porque el actuar de los fiscales es de militante de base y no de un fiscal.
P. ¿Cómo cataloga el actuar de la justicia en su caso?
E.L.: Yo catalogo de vulgar la manera cómo las autoridades atropellan los plazos legales y cuando saben que van a perder o que no tienen un caso, acuden al chantaje. Ellos quieren que los ciudadanos se sometan al procedimiento abreviado creyendo que con ello han logrado establecer la verdad material de los hechos. Por eso es que el actuar de la Fiscalía se resume en ilegal y burda.
P. ¿Qué derechos se han violentado en su contra?
E.L.: Los derechos que se me han violado son el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a ser oído antes de que se dicte sentencia. Además, se me ha sometido a tortura física y psicológica, se ha violado mi derecho al trabajo, se me ha dado un trato indigno, me han condenado a una muerte civil. Con todo ello, se atentó a mi derecho a la vida y la salud, así como se ha violado mi derecho a la dignidad humana.
P. Su caso cómo califica ¿una acción política o judicial?
E.L.: Es un caso exclusivamente político que no tiene razón jurídica alguna, ya que de atreverse a ir a un juicio llevaremos al estrado a ministros, diputados, senadores y a los propios dignatarios de Estado. Tenemos una estrategia legal apegada a la verdad y honestidad. Frente a una sindicación política y vulgar, está la verdad. Haremos valer en toda instancia legal, nacional e internacional.
P. ¿Sigue en la posición de perseguido político?
E.L.: Yo ya no soy un perseguido político, soy un preso político, porque el gobierno ordenó a empleados del sistema judicial bajarse los pantalones ante sus jefes políticos y han fornicado con el poder político de la manera más deshonesta.
P. ¿Por qué su familia acudirá ante la OEA?
E.L.: Porque en Bolivia no hay justicia alguna y por ello estamos agotando una y varias veces los recursos internos que nos habilita acudir a vías internacionales. Ya tenemos una demanda ante la CIDH, que está pendiente de una resolución. Ahora estamos acudiendo a la OEA, invocando la carta democrática de dicho organismo. Hemos denunciado estos atropellos a embajadas de América y a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. También a la Iglesia católica y a personalidades influyentes de opinión pública.
P. Como abogado ¿cómo se siente sobre el accionar de sus colegas, hoy fiscales y jueces?
E.L.: Decepcionado, avergonzado y apenado porque esta gente demuestra que son capaces de matar a sus padres por ir a la fiesta de los huerfanitos. Por un empleo pueden destruir familias y el honor de ciudadanos honestos. Pero ellos deben saber que llegará un día en que deberán dar cuenta de sus actos ante la justicia y jamás podrán mirar a los ojos a sus hijos para dar una explicación de sus actos, por lo menos en este caso.
P. ¿Este es el peor momento para su familia?
E.L.: Mi familia está afectada por esta situación, pero fortalecida. Sabemos que soy inocente; que no hice nada en absoluto y eso nos da más fuerza. Muchos me dicen ya no hables, no digas nada, las cosas serán peor. Pero quiero ser muy claro: yo estoy luchando ahora por mi honor y voy a dejar un nombre a mis hijas. Prefiero morir aquí, prefiero un pelotón de fusilamiento a aceptar algo que no hice.
P. A casi ocho meses de estar detenido ¿cómo se encuentra?
E.L.: Me encuentro recuperando mi salud, tengo recaídas ocasionales porque la enfermedad de base, que es gastritis, no fue completamente tratada debido a la forma en que se interrumpió el tratamiento para trasladarme por la fuerza al penal de San Pedro, donde llevo detenido siete meses
P. ¿Y el proceso cuánto avanzó?
E.L.: A la fecha, pese a haberse superado los plazos procesales no se ha presentado acusación alguna en mi contra. Hemos tomado conocimiento que la Fiscalía, mediante chicanas y artimañas que se usaban en la antigüedad, recién presentó imputación contra Gabriela Zapata, los abogados Zuleta (Wálter) y Sánchez Peña (William), además contra la secretaria de Zuleta. Estos se encuentran prófugos y bajo protección y hasta que se tramite la notificación de estas imputaciones pasarán unos meses más. La Fiscalía no hizo ni hace nada por capturar a los prófugos y ha tenido una conducta complaciente con ellos, que no es de extrañar, porque el actuar de los fiscales es de militante de base y no de un fiscal.
P. ¿Cómo cataloga el actuar de la justicia en su caso?
E.L.: Yo catalogo de vulgar la manera cómo las autoridades atropellan los plazos legales y cuando saben que van a perder o que no tienen un caso, acuden al chantaje. Ellos quieren que los ciudadanos se sometan al procedimiento abreviado creyendo que con ello han logrado establecer la verdad material de los hechos. Por eso es que el actuar de la Fiscalía se resume en ilegal y burda.
P. ¿Qué derechos se han violentado en su contra?
E.L.: Los derechos que se me han violado son el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a ser oído antes de que se dicte sentencia. Además, se me ha sometido a tortura física y psicológica, se ha violado mi derecho al trabajo, se me ha dado un trato indigno, me han condenado a una muerte civil. Con todo ello, se atentó a mi derecho a la vida y la salud, así como se ha violado mi derecho a la dignidad humana.
P. Su caso cómo califica ¿una acción política o judicial?
E.L.: Es un caso exclusivamente político que no tiene razón jurídica alguna, ya que de atreverse a ir a un juicio llevaremos al estrado a ministros, diputados, senadores y a los propios dignatarios de Estado. Tenemos una estrategia legal apegada a la verdad y honestidad. Frente a una sindicación política y vulgar, está la verdad. Haremos valer en toda instancia legal, nacional e internacional.
P. ¿Sigue en la posición de perseguido político?
E.L.: Yo ya no soy un perseguido político, soy un preso político, porque el gobierno ordenó a empleados del sistema judicial bajarse los pantalones ante sus jefes políticos y han fornicado con el poder político de la manera más deshonesta.
P. ¿Por qué su familia acudirá ante la OEA?
E.L.: Porque en Bolivia no hay justicia alguna y por ello estamos agotando una y varias veces los recursos internos que nos habilita acudir a vías internacionales. Ya tenemos una demanda ante la CIDH, que está pendiente de una resolución. Ahora estamos acudiendo a la OEA, invocando la carta democrática de dicho organismo. Hemos denunciado estos atropellos a embajadas de América y a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. También a la Iglesia católica y a personalidades influyentes de opinión pública.
P. Como abogado ¿cómo se siente sobre el accionar de sus colegas, hoy fiscales y jueces?
E.L.: Decepcionado, avergonzado y apenado porque esta gente demuestra que son capaces de matar a sus padres por ir a la fiesta de los huerfanitos. Por un empleo pueden destruir familias y el honor de ciudadanos honestos. Pero ellos deben saber que llegará un día en que deberán dar cuenta de sus actos ante la justicia y jamás podrán mirar a los ojos a sus hijos para dar una explicación de sus actos, por lo menos en este caso.
P. ¿Este es el peor momento para su familia?
E.L.: Mi familia está afectada por esta situación, pero fortalecida. Sabemos que soy inocente; que no hice nada en absoluto y eso nos da más fuerza. Muchos me dicen ya no hables, no digas nada, las cosas serán peor. Pero quiero ser muy claro: yo estoy luchando ahora por mi honor y voy a dejar un nombre a mis hijas. Prefiero morir aquí, prefiero un pelotón de fusilamiento a aceptar algo que no hice.
Fiscalía rechazó denuncia contra Patana por video
La Fiscalía rechazó en dos oportunidades las denuncias que presentaron la Alcaldía de El Alto y el Ministerio de Transparencia contra el exalcalde Édgar Patana, por el video en el que se lo observa recibiendo un “paquete” entregado por Fanor Nava.
La información fue proporcionada a Erbol por la abogada de Patana, Valquiria Lira, quien, además, sostuvo que por el desprestigio generado por ese video su cliente está en la cárcel.
La grabación salió a luz en febrero de 2015 y corresponde a la época en que Nava era alcalde de El Alto y Patana, dirigente de la Central Obrera Regional (COR).
La Alcaldía de El Alto y el Ministerio denunciaron a Patana, quien entonces era candidato a la reelección en la Alcaldía, porque supuestamente en la grabación estaba recibiendo un “soborno” de parte de Nava.
El caso pasó a conocimiento del Ministerio Público cuyo fiscal, Dorian Jiménez, emitió el año pasado la resolución 61/2015, que rechaza las denuncias con el argumento de que no hay suficientes elementos de convicción.
“No cursa ningún elemento ni antecedente que nos introduzca a manifestar que el querellado hubiera recibido ‘dinero’, ‘dádiva’ u otra ventaja del entonces alcalde municipal Favor Nava Santisteban, ya que sólo se observa un ‘paquete’ forrado en papel blanco”, dice la resolución firmada por el fiscal Jiménez, que fue facilitada por Patana a este medio de comunicación.
No obstante, Jiménez en su resolución reconoce que no se hizo el peritaje al video.
El Ministerio de Transparencia impugnó esta resolución y el entonces fiscal departamental, Marcelo Rollano, la revocó dando paso a una nueva investigación.
Luego de ello, el fiscal Amílcar Tiñini emitió la resolución 108/16, que también rechaza las denuncias. Esta vez, sí se consideró un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), pero el mismo señala que esta entidad no realiza transcripciones de audio en video, porque no cuenta con un perito en acústica forense y el resultado no tendría fundamento criminalístico.
ABOGADA: “ES VIDEO ILEGAL”
El fiscal Amílcar Tiñini precisó que se eximió de culpa a Patana por el delito de cohecho pasivo, porque esa figura se aplica a funcionarios, pero el acusado era dirigente en la época del video. En cuanto al tipo penal de uso indebido de influencias, el Fiscal no pudo establecer cuál sería la ventaja que habría obtenido Nava.
Respecto al delito de beneficios en razón del cargo y cohecho activo, Tiñini sostuvo que el funcionario en el video —Nava— no recibió nada y más bien era el que entregó el “paquete”. Sobre el cargo de contribuciones y ventajas ilegitimas, el Fiscal señaló que “no se ha demostrado que hubiera existido dinero”.
La abogada Lira dijo que la imagen del video “es sugerente en términos periodísticos, pero no dice nada en términos jurídicos”. “Es un video ilegal y ha virado los derechos y desencadenado perjuicios social, familiar, económico, político a mi cliente”.
Patana está en la cárcel desde diciembre de 2015 acusado por entregar irregularmente vehículos de la Alcaldía a dirigentes del Control Social.
La información fue proporcionada a Erbol por la abogada de Patana, Valquiria Lira, quien, además, sostuvo que por el desprestigio generado por ese video su cliente está en la cárcel.
La grabación salió a luz en febrero de 2015 y corresponde a la época en que Nava era alcalde de El Alto y Patana, dirigente de la Central Obrera Regional (COR).
La Alcaldía de El Alto y el Ministerio denunciaron a Patana, quien entonces era candidato a la reelección en la Alcaldía, porque supuestamente en la grabación estaba recibiendo un “soborno” de parte de Nava.
El caso pasó a conocimiento del Ministerio Público cuyo fiscal, Dorian Jiménez, emitió el año pasado la resolución 61/2015, que rechaza las denuncias con el argumento de que no hay suficientes elementos de convicción.
“No cursa ningún elemento ni antecedente que nos introduzca a manifestar que el querellado hubiera recibido ‘dinero’, ‘dádiva’ u otra ventaja del entonces alcalde municipal Favor Nava Santisteban, ya que sólo se observa un ‘paquete’ forrado en papel blanco”, dice la resolución firmada por el fiscal Jiménez, que fue facilitada por Patana a este medio de comunicación.
No obstante, Jiménez en su resolución reconoce que no se hizo el peritaje al video.
El Ministerio de Transparencia impugnó esta resolución y el entonces fiscal departamental, Marcelo Rollano, la revocó dando paso a una nueva investigación.
Luego de ello, el fiscal Amílcar Tiñini emitió la resolución 108/16, que también rechaza las denuncias. Esta vez, sí se consideró un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), pero el mismo señala que esta entidad no realiza transcripciones de audio en video, porque no cuenta con un perito en acústica forense y el resultado no tendría fundamento criminalístico.
ABOGADA: “ES VIDEO ILEGAL”
El fiscal Amílcar Tiñini precisó que se eximió de culpa a Patana por el delito de cohecho pasivo, porque esa figura se aplica a funcionarios, pero el acusado era dirigente en la época del video. En cuanto al tipo penal de uso indebido de influencias, el Fiscal no pudo establecer cuál sería la ventaja que habría obtenido Nava.
Respecto al delito de beneficios en razón del cargo y cohecho activo, Tiñini sostuvo que el funcionario en el video —Nava— no recibió nada y más bien era el que entregó el “paquete”. Sobre el cargo de contribuciones y ventajas ilegitimas, el Fiscal señaló que “no se ha demostrado que hubiera existido dinero”.
La abogada Lira dijo que la imagen del video “es sugerente en términos periodísticos, pero no dice nada en términos jurídicos”. “Es un video ilegal y ha virado los derechos y desencadenado perjuicios social, familiar, económico, político a mi cliente”.
Patana está en la cárcel desde diciembre de 2015 acusado por entregar irregularmente vehículos de la Alcaldía a dirigentes del Control Social.
jueves, 29 de diciembre de 2016
Expareja de presidente Morales pretendía trabajar como vendedora de autopartes
Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, pretendía salir en libertad presentando un contrato de trabajo, para ocupar el cargo de ejecutiva de ventas en una importadora de autopartes en la Zona de San Pedro, con un sueldo de 3.500 bolivianos.
La información se dio a conocer durante la audiencia que se desarrolló ayer en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, en cuyo lugar la exgerente comercial de la empresa China CAMC, presentó una solicitud de cesación a la detención preventiva que cumple en la cárcel de mujeres de Miraflores, desde hace 10 meses.
El pedido fue observado por falta de acreditación de la empresa contratante y los horarios de trabajo.
Durante la audiencia, que se instaló a las 9:00 y duro hasta las 12:30, se observó a Zapata en una actitud pasiva, con una clara disminución de masa muscular que al momento de la lectura de la resolución por parte del juez, tuvo que retirarse a un rincón de la sala por una tos intensa.
A su salida, cuando ya el juez había rechazado su pedido custodiada, Zapata un una postura impasible, no contestó ninguna pregunta de los periodistas y fue llevada por sus custodios de retorno a la cárcel.
Zapata presentó un contrato de trabajo “a futuro” en el cual se señalaba que ella pretendía trabajar como ejecutiva de ventas en la empresa de importación de autopartes “Yoshimi”, ubicada en la zona San Pedro, en un horario de trabajo de 08:00 hasta las 18:00, horas, que “sobre pasan lo que señala la ley general del trabajo”, según detalló Lourdes Alba, asesora jurídica de la Universidad Mayor de San Andrés, que rechazó esta solicitud, y fue confirmada por el juez Iván Perales.
Alba estuvo presente, pues la UMSA sigue un proceso contra Zapata, una acusación particular por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, referido al título de abogada que la exgerente de la CAMC ostentaba y que cuyo código es inexistente en los archivos de esta casa superior de estudios.
La jurista explicó que dicho contrato no cuenta con un documento que acredite que el negocio está inscrito en Fundempresa, tampoco se presentó un Número de Identificación Tributaria (NIT), ni se logró verificar rúbrica alguna, ya que el mismo fue presentado sin firmas.
El contrato que Zapata pretendía firmar debía ser rubricado también por Vicenta Portugal, titular de la empresa de importación de autopartes “Yoshimi”.
La información se dio a conocer durante la audiencia que se desarrolló ayer en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, en cuyo lugar la exgerente comercial de la empresa China CAMC, presentó una solicitud de cesación a la detención preventiva que cumple en la cárcel de mujeres de Miraflores, desde hace 10 meses.
El pedido fue observado por falta de acreditación de la empresa contratante y los horarios de trabajo.
Durante la audiencia, que se instaló a las 9:00 y duro hasta las 12:30, se observó a Zapata en una actitud pasiva, con una clara disminución de masa muscular que al momento de la lectura de la resolución por parte del juez, tuvo que retirarse a un rincón de la sala por una tos intensa.
A su salida, cuando ya el juez había rechazado su pedido custodiada, Zapata un una postura impasible, no contestó ninguna pregunta de los periodistas y fue llevada por sus custodios de retorno a la cárcel.
Zapata presentó un contrato de trabajo “a futuro” en el cual se señalaba que ella pretendía trabajar como ejecutiva de ventas en la empresa de importación de autopartes “Yoshimi”, ubicada en la zona San Pedro, en un horario de trabajo de 08:00 hasta las 18:00, horas, que “sobre pasan lo que señala la ley general del trabajo”, según detalló Lourdes Alba, asesora jurídica de la Universidad Mayor de San Andrés, que rechazó esta solicitud, y fue confirmada por el juez Iván Perales.
Alba estuvo presente, pues la UMSA sigue un proceso contra Zapata, una acusación particular por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, referido al título de abogada que la exgerente de la CAMC ostentaba y que cuyo código es inexistente en los archivos de esta casa superior de estudios.
La jurista explicó que dicho contrato no cuenta con un documento que acredite que el negocio está inscrito en Fundempresa, tampoco se presentó un Número de Identificación Tributaria (NIT), ni se logró verificar rúbrica alguna, ya que el mismo fue presentado sin firmas.
El contrato que Zapata pretendía firmar debía ser rubricado también por Vicenta Portugal, titular de la empresa de importación de autopartes “Yoshimi”.
miércoles, 28 de diciembre de 2016
Se posterga el proceso por el caso de las barcazas chinas
El viceministro de Defensa, Luis Fernando Aramayo, informó de que el proceso de recuperación de las 16 barcazas chinas y dos empujadores se ha postergado para 2017, debido a las moras procesales que genera la parte demandante con el objetivo de retrasar el fallo del Tribunal de Asuntos Marítimos de Qingdao (China) para consolidar el derecho sobre estos bienes.
"El problema es que somos dos partes, nosotros y los contrarios, entonces ahí dilatan la situación", indicó Aramayo.
Las barcazas y los empujadores debían ser entregados a fines de 2010; la Empresa Naviera Boliviana pagó casi $us 30 millones por ellas. Las embarcaciones siguen embargadas en un astillero chino/ANF
Gabriela Zapata pide la cesación de su detención
Gabriela Zapata se presentó hoy ante un juzgado anticorrupción en La Paz, donde se realiza su audiencia de cesación de detención. La exnovia del presidente Evo Morales está detenida preventivamente desde febrero pasado, acusada de varios delitos.
En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, como es de costumbre, la mujer llegó a instalaciones judiciales; incluso se impidió el paso de periodistas a la sala. La exgerente de la empresa China CAMC se presentó con dos abogados.
Uno de los juristas que la representa acusó a los representantes legales del Gobierno de dilatar el proceso, debido a que aún no inició el juicio en más de 10 meses desde que fue detenida. Existen varios procesos abiertos en su contra, uno por la presentación de un menor como si fuera hijo del primer mandatario.
Zapata es acusada por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados, ventajas ilegítimas y uso de bienes del Estado, tras descubrirse que hacía negociados desde oficinas gubernamentales.
Hace cinco días la misma audiencia se suspendió, debido a que existía pendiente una resolución de apelación presentada por su defensa. La mujer pide defenderse en libertad.
jueves, 22 de diciembre de 2016
Juez suspende audiencia de cesación a la detención de Gabriela Zapata
El Tribunal de Sentencia I Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer suspendió el jueves la audiencia de cesación a la detención preventiva de Gabriela Zapata, porque faltaba resolver una resolución de apelación, informaron fuentes institucionales.
"Mientras no se resuelva el recurso de apelación planteada por la defensa de la señora Gabriela Zapata, se suspende la audiencia, ya que la autoridad jurisdiccional no podría ingresar en contradicción con sus resoluciones", informó el fiscal, Daniel Ayala.
Explicó que se comunicó a la autoridad jurisdiccional que existe una resolución de apelación que presentó la defensa de Zapata y remarcó que mientras no se resuelva ese incidente no se puede vulnerar los alcances de la Sentencia Constitucional 486/2026.
"Esta sentencia constitucional tiene que ver con su pertenencia con relación a una apelación que planteo la señora Zapata", insistió.
Por su parte, Marcelo Tamayo, abogado de Gabriela Zapata negó esa situación e informó que insistirá con la solicitud de cesación de la detención preventiva de su cliente.
"Mientras no se resuelva el recurso de apelación planteada por la defensa de la señora Gabriela Zapata, se suspende la audiencia, ya que la autoridad jurisdiccional no podría ingresar en contradicción con sus resoluciones", informó el fiscal, Daniel Ayala.
Explicó que se comunicó a la autoridad jurisdiccional que existe una resolución de apelación que presentó la defensa de Zapata y remarcó que mientras no se resuelva ese incidente no se puede vulnerar los alcances de la Sentencia Constitucional 486/2026.
"Esta sentencia constitucional tiene que ver con su pertenencia con relación a una apelación que planteo la señora Zapata", insistió.
Por su parte, Marcelo Tamayo, abogado de Gabriela Zapata negó esa situación e informó que insistirá con la solicitud de cesación de la detención preventiva de su cliente.
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