Arresto domiciliario para exgerente de Bolivia TV

La Paz.- La jueza Cuarto Anticorrupción de La Paz, Melina Lima, dispuso la cesación a la detención preventiva del exgerente de Bolivia TV, Gustavo Portocarrero, implicado en hechos de corrupción en el canal estatal.

“La jueza ha dispuesto la detención domiciliaria con autorización de salidas a trabajo”, señaló Mónica Ramírez, abogada del acusado.

La jurista dijo que en la audiencia de cesación a la detención preventiva se han enervado varios riesgos procesales como el de fuga y por ello la jueza dispuso la detención domiciliaria para Portocarrero.

El exgerente del canal estatal estuvo recluido en el penal de Patacamaya por 70 días aproximadamente, tras ser implicado en los delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, porque habría firmado el proceso irregular de contratación de la empresa Autored SRL para la implementación de un proyecto televisivo por 25 millones de bolivianos.

Ramírez señaló que en el proceso de investigación se fue esclareciendo el caso y se verificó que los equipos adquiridos mediante el mencionado proyecto están en ambientes de Bolivia TV, solo con otros códigos, lo que certifica que fueron entregados al canal estatal.

La abogada lamentó que existan muchas incongruencias en el caso como decir que los equipos comprados no están y luego aparezcan con otros códigos.

Mencionó que los 25 millones de bolivianos los tiene la empresa Autored SRL. “Es lo que también ha cuestionado la defensa técnica, que por qué no se los ha imputado a los encargados de la entrega de este proyecto, si dicen que hay contratos lesivos al Estado”, apuntó.

La audiencia de Portocarrero se llevó a cabo el miércoles. Por este caso solo queda con detención preventiva en el penal de San Pedro Rubén Darío M. Ch., exgerente técnico del canal estatal. (ANF)

Papeles de Panamá: Comisión identifica unos cuatro delitos

La Comisión Especial Mixta que investiga los Papeles de Panamá identificó al menos cuatro delitos en los seis casos en los que concentró su atención en más de un año de trabajo.

El diputado de Unidad Demócrata (UD) y miembro de la Comisión legislativa Víctor Gutiérrez informó a Cambio que producto de la investigación realizada se pudieron identificar cuatro delitos penales que serán puestos a conocimiento del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Hay indicios de responsabilidad en casos de legitimación de ganancias ilícitas, comprobados en más de un caso, estelionato, organización criminal y asociación delictuosa”, afirmó.

Los casos que investigó esta instancia del legislativo fueron: Entel Bolivia International Limited, Comteco, Kreidler, Romero, Marinkovic y Akapana.

Toda vez que el miércoles se suspendió la sesión ordinaria donde se debía afinar el contenido del informe, ésta fue convocada para el sábado a las 12.30 en el Hemiciclo de la Comisión de Constitución y Legislación Electoral.

En el encuentro se revisará el proyecto de norma que será presentado al pleno de la Asamblea Legislativa. El diputado anticipó que ésta contendrá entre 15 y 18 artículos, toda vez que fue comprimida, pero sin quitar su esencia, que tiene el objetivo de sancionar la migración de capitales a los paraísos fiscales.

Valoración

La presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, Susana Rivero, presume que en la investigación sobre los Papeles de Panamá se cometieron varios ilícitos que serán conocidos en el informe final.

“No he visto aún el informe final de Papeles de Panamá, pero hay presumiblemente varios ilícitos, no sólo de Samuel Doria Medina, sino de varios otros grupos empresariales”, sostuvo.

La legisladora se refirió al tema cuando abordó las sanciones que serán incluidas en el nuevo Código del Sistema Penal Boliviano y hacen referencia a la comisión de delitos relacionados con la evasión al pago de tributos.

“Se puede sancionar por la vía penal a las personas naturales, que somos todos de manera individual, a las personas naturales a través de sí mismas o representante legal, y también se está trabajando un procedimiento para sancionar a las personas jurídicas, es decir a las empresas”, declaró.

El 16 de junio de 2016, la Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá inició su trabajo.

En la fase inicial de su trabajo, esta comisión recibió el asesoramiento de expertos nacionales e internacionales que aportaron con su experiencia en la forma como abordar el tema.

Caso misiles chinos Gobierno analiza proceso por vía militar

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó que el Gobierno analiza la posibilidad de abrir un nuevo proceso de investigación mediante la justicia militar contra los implicados en la desactivación y entrega de 36 misiles chinos a Estados Unidos el 2005. El objetivo es que los responsables del hecho no queden en la impunidad.

“Estamos viendo por la vía de la justicia militar tomar las acciones contra los militares que incurrieron en este delito grave cuando entregó el material estratégico del país a una potencia extranjera. Estamos analizando, porque hay un principio jurídico y dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, pero (hasta ahora solo) han sido juzgados en la vía civil y queda todavía la vía militar”, explicó Ferreira.

El pasado 30 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia de tres años de cárcel contra ocho implicados en la desactivación de 36 misiles chinos por el Gobierno de Estado Unidos. Este pertenecía a las Fuerzas Armadas de Bolivia.

IMPLICADOS

Los militares que fueron sentenciado en este caso son el excomandante de las Fuerzas Armadas almirante Marco Antonio Justiniano y el exjefe del Ejército, general Marcelo Antezana, quienes fueron condenados a tres años de cárcel.

En tanto, el general Víctor Hugo Cuéllar Balcazar recibió una sentencia de dos años y seis meses. Los coroneles David Torricos Vargas, Ciro Valdivia Murguía y Wilbert Sánchez fueron sentenciados a dos años, otros dos implicados fueron absueltos. Estos militares podrían ser sometidos a la justicia militar.

Ferreira señaló que están evaluando cuáles serían los delitos por los que pueden ser procesados, tomando en cuenta el principio jurídico que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por un mismo delito.

Esta sentencia fue calificada de “benévola” por parte de las autoridades de gobierno, el presidente Evo Morales instruyó el inicio de un juicio de responsabilidades en contra los seis magistrados del TSJ.

RATIFICACIÓN

El comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados convocó ayer a las partes demandantes de los dos procesos contra los magistrados, la procuradora interina, Erika Chávez y el expresidente Carlos Mesa se presentaron en este acto.

Con relación a la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia, Defensa y la Procuraduría General del Estado se ratificó la demanda contra las seis autoridades judiciales por los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la constitución, e incumplimiento de deberes.

Por otra parte, el expresidente Carlos Mesa no pudo confirmar su denuncia contra los magistrados debido a que el Tribunal Supremo de Justicia no remitió la fotocopia legalizada de la sentencia, donde suprimió el párrafo final de la sentencia que implica a la exautoridad en el caso.

La secretaria del comité del Ministerio Público, Betty Yañíquez, decidió postergar la audiencia de ratificación de la denuncia hasta contar con toda la documentación respectiva.

Por ultimo, Yañíquez indicó que los magistrados del TSJ fueron convocados para la próxima semana a declarar ante este comité.

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Comisión entregará informe del caso papeles de Panamá

La Comisión Especial Mixta del Legislativo que investiga los papeles de Panamá presentará el viernes el informe final al pleno de la Asamblea Legislativa, en el mismo, se prevé que los antecedentes de al menos tres de las seis empresas indagadas serán remitidos al Ministerio Público porque se encontraron presuntos indicios de desvío de recursos.

“Esta es la semana definitiva del trabajo de la comisión, vamos aprobar el proyecto de ley que hemos discutido internamente junto a los casos que hemos tratado y que serán remitidos vía informe al pleno de la Asamblea Legislativa hasta el viernes”, informó el diputado disidente de la oposición, Víctor Gutiérrez.

El 13 de mayo de 2016, la Asamblea Legislativa creó la Comisión Especial Mixta para investigar la posible vulneración de la normativa nacional y la afectación del interés público con actividades y transacciones de empresas o entidades offshore (paraísos fiscales), después que se destapó el caso Papeles de Panamá.

IMPLICADOS

Gutiérrez indicó que se investigaron a seis empresas de los cuales los antecedentes de tres de estas serán remitidos al Ministerio Público para que sean investigadas por esta instancia, tomando en cuenta que se identificaron supuestos indicios de desvío de recursos.

No quiso dar mayores detalles sobre las empresas que serán investigadas, con la finalidad de no entorpecer el proceso.

PROYECTO DE LEY

Por otra parte indicó que presentaran un proyecto de ley para evitar la fuga de recursos al extranjero, donde se plantean la modificación de algunos artículos del Código de Comercio y al Código Tributario. El proyecto cuenta con 31 artículos y las sanciones son de acuerdo al tipo penal.

Alcalde de Achacachi pide 'garantías' para dialogar; descarta corrupción

Édgar Ramos, alcalde de Achacachi, electo bajo la sigla del MAS, solicitó garantías para entablar un diálogo con el sector que pide su renuncia. Ratificó que no renunciará y tampoco pedirá licencia para ser investigado por las denuncias de malos manejos.

"Estamos dispuestos a dialogar. Tiene que haber garantías personales, garantías a mi persona, porque se ha mostrado llamadas, secuestros, entonces qué garantías puedo tener. Yo solo soy una persona", dijo desde la plaza Murillo en La Paz.

Son casi ocho meses de conflicto, tras los hechos violentos de febrero, cuando existieron quemas y saqueos en ese municipio de la provincia Omasuyus. Al reactivarse el problema, hace semanas, se instaló un bloqueo en la vía a Copacabana y vigilias en la sede de Gobierno.

"He manifestado que voy a cumplir mi mandado. He dicho de que nos sometemos a la Constitución Política del Estado. Tampoco puedo pedir licencia porque no hay las pruebas que ellos mencionan", explicó la autoridad.



Justificó que no existen hechos de corrupción y que las "obras millonarias" que se mencionan son para una serie de trabajos en la plaza principal de Achacachi. "No hay daño económico. No hay que creer en todas las publicaciones del ‘Face'", dijo el titular.