Los nexos de Jhasmany con jueces, el ayudante de Grandy y un sargento

Diego L.N. empezó siendo un cliente más del abogado Jhasmany T.L., pero, como otros de ellos, acabó convirtiéndose en uno de sus hombres de confianza y hasta renunció a un trabajo serio para seguirle los pasos al Abogado del diablo, luego de que él lograra sacarlo de la cárcel.

Solo trabajó junto a él unos meses, desde febrero hasta diciembre de 2018, pero se hizo muy cercano al director de Leclere y Asociados y accedió a información importante que reveló tras ser detenido en enero de 2019. El detenido habló de los nexos de Jhasmany con jueces, vocales, fiscales, funcionarios de juzgados, policías, y hasta con un psicólogo que apoyaba al bufete.

Por ejemplo, reveló que las conexiones de Jhasmany con ciertos efectivos policiales excedían lo que uno pudiera imaginar. Un día antes de la fiesta de Compadres, en febrero de 2018, Wilder G. y César M. recogieron a Diego de su casa y lo llevaron a la oficina que Jhasmany había montado en la casa que le arrebató a su padrastro un año antes.

“Subimos al altillo y ahí estaba un sargento de la Policía, moreno, con cicatrices de acné al que llamaban oficial Ray. El policía estaba vestido con su uniforme verde olivo y una gorra de la FELCC. Había ido, a bordo de una camioneta policial, a notificar a Jhasmany en un caso y el abogado lo hizo pasar a la vivienda. La camioneta estaba dentro del garaje del bufete. Y el oficial Ray en el altillo, bebiendo whisky. Llegaron dos mujeres ‘prepago’ que se le subían encima y lo besaban, mientras le daban de beber. Los demás, Sergio O., César M., Wilder G., Jhasmany T., Marco F., y Alejandro O. le decían salud. Y después de dos horas, lo llamaron por radio y dijo que tenía que irse para resolver otro caso. Lo despidieron diciéndole que podían ayudarlo en lo que necesitara porque tenían buena relación con fiscales, jueces y policías”.

Después de que el oficial Ray se fue, Diego confesó que estaba sorprendido y Jhasmany le dijo: “Era que te llamemos hace un mes, cuando hicimos una fiesta para policías del Juzgado en la parte de atrás de mi casa. Para este año planeo hacer tres clases de fiestas, una para policías, otra solo de fiscales y otra de solo jueces”.

Según Diego, en el tiempo que frecuentó la oficina de Leclere y Asociados, vio que otros policías de uniforme visitaban ese lugar.

“No sé los nombres, pero venían a hablar varios con Jhasmany. Del que sí conocí más fue de uno que llegó el mes de mayo de 2018 a contratar los servicios de Jhas. Le dijo que necesitaba ayuda en el caso de su esposa, para recuperar a la hija del primer matrimonio de ella. A él, Jhasmany nos lo presentó a todos como el capitán Sandy y dijo que trabajaba como ayudante del subcomandante de la Policía de Cochabamba, frente a la plaza. Fueron juntos, Jhasmany, Alejandro O. el capitán y su esposa a revisar el proceso en el Juzgado de Sipe Sipe”.

Durante la charla con el capitán Sandy, sobre los honorarios de abogado, Jhasmany le dijo que solo le iba a cobrar 1.000 dólares por atender su caso, pero que, además, tendría que hacerle el favor de conseguirle 15 granadas de gas y la pistola que disparaba granadas de gas.

Y Sandy le contestó: “No hay problema. Yo trabajé igual en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y te las puedo conseguir”.

Tres meses después, en agosto, cuando la investigación del caso del secuestro del mecánico ya había comenzado, Diego fue a la oficina y se encontró con Eliana V., la asistente de Jhasmany, y con César M.

Conversando sobre la denuncia del mecánico, “Eliana me comentó que ya tenían una gran amistad con el capitán Sandy y que él iba a informarles de cualquier cosa que pudiera pasar con Jhasmany en el proceso. Esto, porque él tiene acceso a todos los informes y registros. Incluso les pasaba información hasta de las enamoradas o esposas de los policías. Eso hablaron una vez en el restaurante El Gordo”.

En enero de 2019, Diego L. fue aprehendido con una orden de la Fiscalía de Tiquipaya. Luego de prestar su primera declaración, fue llevado a celdas de la EPI Tiquipaya. El mismo día, Eliana V. fue detenida en la celda de al lado.

“Ella me habló desde la celda y me dijo que habían allanado su casa. Estaba extrañada porque decía que el capitán Sandy siempre le avisaba cuando iban a ejecutar órdenes de aprehensión, y además le ayudaba a conseguir los kárdex y fotos de los policías asignados a la investigación de los casos en los que estaba implicado Jhasmany. Pero, esta vez, el capitán Sandy le falló, según me dijo”.

Eliana añadió que el nuevo investigador era un teniente de apellido Sánchez y que Sandy ya le había pasado su foto. Por otro lado, la asistente le confió que ella le llamaría a Jhasmany a El Abra, donde estaba recluido, para pedirle que pague su fianza. Era posible hablar con él, a través de su custodio, quien le comunicaba las llamadas.

Según Diego L., él no conocía a Jhasmany cuando ocurrió lo del padrastro, pero confesó que sí participó de las agresiones al mecánico, sin saber de qué se trataba.

“Jhas consiguió la cesación de mi detención y yo le debía 450 dólares. Conseguí trabajo en la Aduana, pero solo fui un día porque Jhasmany me ofreció invertir en mi proyecto de abrir una empresa de seguridad privada. El 16 de marzo fui a la oficina a hablar de eso, pero cuando llegué me dijeron que entre y me haga pasar por policía”.

Diego vio al mecánico y a los dueños e hijos de los dueños del inmueble. “Alejandro O. lo golpeó al señor, y Jhasmany me miró como diciendo haz algo y yo le di dos bofetadas al mecánico. Luego Jhas lo abofeteó y El Garrote, (Alejandro) de un empujón lo metió al baño para sumergirle la cara en un bañador y casi ahogarlo. También estaban César M.; Sergio O., Wilder G. Marcos F.; y Johnny M., que era el único encapuchado. Yo me salí al hall, pero oí los gritos porque el Chino Montecinos le seguía pegando al señor. Luego le obligaron a tomar casi una botella de whisky al mecánico, para que parezca que le golpearon en alguna pelea y El Chente le fue a dejar. Jhasmany le puso un billete de 200 bolivianos en su bolsillo y lo mandó ebrio”.

Oficialmente, Diego empezó a trabajar con Jhasmany el 2 de abril, un día después de renunciar a la Aduana, porque el abogado le prometió que, al ser él su asesor legal, e inversor, nadie “molestaría” el funcionamiento de la empresa de seguridad privada. Empero, le dijo que debía tatuarse la pirámide de Qliphot si quería formar parte de esa familia.

“Una sola persona hace ese tatuaje, fui al Tatoo de la calle General Achá, entre Baptista y Ayacucho, y me lo hicieron”.

En mayo de 2018 llegó Eliana V. “Ella andaba con otro bufete de abogados, a cuyo jefe le dicen Box. Creo que ahí trabajaba Diego Céspedes. Eliana le pidió a Jhas que la ayude porque era enamorada del tal Box y él siempre le pegaba.

Le respondió que podía ayudarla, pero que se venga a trabajar con él. Ella aceptó y ofreció el apoyo de varios policías que eran sus amigos. A las semanas ya los veíamos a Eliana y Jhasmany de la mano, a besos. Se encerraban toda la tarde en la oficina”.

Datos

25

personas permanecen detenidas en cárceles o en casas, por estar vinculadas con alguno de los casos en los que está involucrado el abogado Jhasmany T.L.

8

Personas están implicadas, por el momento, en el caso de consorcio de jueces, policías fiscales y abogados. Entre ellos, dos exvocales, un fiscal, cuatro policías, y el esposo de una exvocal, además de Jhasmany.

Diego: “Monrrero le pagó al esposo de Anawella y juez bebió con Jhas”

En sus declaraciones, Diego L. también se refirió a los nexos de Jhasmany con vocales, jueces y funcionarios del Poder Judicial. Contó, por ejemplo, que fue testigo del pago de un dinero al esposo de a vocal Anawella T.P, de parte de un delincuente conocido.

Relató que un día salieron del Juzgado junto al abogado, a Marcos F. y El Chente y se fueron al kilómetro 7 de la avenida Blanco Galindo, a bordo del Toyota Sprinter de Chente. “Paramos por Farmacorp y lo recogimos a un señor demás de 50 años, canoso, de lentes y con traje deportivo. Jhasmany le saludó y presentó como su tío”. Se dirigieron a la oficina y allí ya los estaba esperando un hombre. “Jhasmany dijo: ‘Mirá, tío, el señor Marcos Montecinos ya trajo el dinero para pagar el caso que está llevando mi tía’. En ese momento se le acercó el monrrero y sacó el dinero de su bolsillo, unos 1.500 dólares y Jhas le dijo, ‘pagále en sus manos a mi tío, que es el esposo de la Anawella, la vocal, para que veas que yo ni un peso te estoy pidiendo. Su tío contó y guardó diciendo: ‘Estamos de acuerdo’. Cuando les capturaron en enero a los del caso consorcio, le reconocí al tío de Jhasmany”.

Diego contó que también conoció a la hija de Marcos Montecinos, “que iba todos los días a hablar con Jhas de varios casos, incluido el de un arquitecto al que le robaron su Ipad y habían dado con la dirección de ellos al encender el equipo. El abogado le prometió solucionar el caso.

Diego también declaró que Jhasmany le había comentado que había una notaria que era parte de Leclere y Asociados que se encargaba “de hacerle cualquier documento”. “Su oficina está la Lanza entre Sucre y Jordán. Él le decía Reina”. También lo acompañó a un juzgado penal en el edificio antiguo, que está ubicado antes de subir las gradas del segundo patio. “Jhasmany dijo esa vez: ‘Este coj... me ha costado 1.000 dólares, ya no más sobornar acá”.

En otra oportunidad, cuando acompañó una audiencia en Quillacollo, conoció a Di, una joven que es sobrina de un fiscal. “Ella se encargó de tramitar todos los certificados del Registro Judicial de Antecedentes Policiales (REJAP) para los miembros el bufete que eran procesados. “Le escuché a Eliana hacerle recuerdo a Jhasmany que debía llamar a su tía Anawella para ver el caso de Omar Gonzáles, porque la esposa de él todo el tiempo le estaba escribiendo”.

TRAGOS CON JUEZ Diego aseguró que vio a un juez beber con Jhasmany y otros integrantes del bufete. “En mayo estábamos con Jhasmany, Marcos, César, Wilder, y Alejandro. Hablaron sobre el juez Rolando V., al que le decía Pluri, y Jhas dijo que ‘ese pobre hombre está bien deprimido porque su esposa lo denunció por violencia. En ese instante Jhas lo llamó por teléfono y le preguntó dónde estaba”.

A los 10 minutos, el juez Pluri apareció en la oficina de Leclere y Asociados. Eran las 5 de la tarde de un día hábil, “pero el juez estaba borracho ya, y cuando subió a ver a Jhasmany siguieron tomando. Nosotros compartimos un vaso. Yo quise irme y Jhasmany me dijo que no me vaya porque el Pluri es juez y podía servirnos en cualquier momento”.

Un psicólogo, el WhatsApp y un estafador caído

No solo abogados, policías, fiscales y jueces formaban pate del grupo de Leclere y Asociados. Según Diego, también conoció a un psicólogo que se había tatuado la estrella de Qliphot en su brazo. “ Al día siguiente que me tatué lo conocí. Estaban desayunando en la oficina. Tiene unos 60 años, es de contextura gruesa, 1.80 metros, moreno, de lentes y cabello canoso. Jhasmany me lo presentó diciendo: ‘Él es psicólogo, trabaja en mis casos con su profesión. Él me dio la mano y también tenía el tatuaje en el brazo derecho. Su oficina es en la calle Lanza entre Colombia y Ecuador, al lado de donde venden sandwichs de chola”.

Diego también describió cómo se comunicaban vía WhatsApp. “Había tres grupos. El administrador del grupo de varones era Alejandro O., El Garrote, y ahí estábamos Sergio O., César M., Wilder G., Oliver S., Marcelo V., Marcos F. y Jhasmany T. En ese grupo enviaban pornografía y hablaban de mujeres”.

El segundo grupo, del que Diego no formaba parte, había sido creado para los abogados. “Estaban Jhasmany, Sergio, César Wilder, y Marco, que no era abogado pero era mano derecha de Jhas. Ahí también estaban incluidos jueces, fiscales, vocales y policías. No sé quién era el administrador, si Jhasmany o Marco”, declaró.

El tercer grupo fue creado por la asistente Eliana V. el día que fue aprehendido Wilder G. y se llamaba “Los ángeles de Jhasmany”.

“Ella me agregó a ese grupo, y vi que estaban César, Marco, Sergio, Gabriela y otras personas que yo no conocía. Allí, Eliana subió un video de la FELCC de Tiquipaya en el que unas abogadas están reclamando por la aprehensión de Wilder y a Eliana se la ve gritando que era injusto. Yo me salí del grupo”.

VIAJE A LA PAZ En mayo de 2018, Diego viajó a La Paz con varios miembros del bufete. Le dijeron que debían ejecutar una orden de aprehensión en contra de un estafador que engañó al tío de Sergio O. con unas visas para Estados Unidos.

Salieron en la camioneta Chevrolet que le arrebataron al padrastro de Jhasmany en 2017. Sergio consiguió el teléfono del hombre y se hizo pasar por un interesado en una visa. Acordaron verse en la cafetería del ex Radisson y allí Jhasmany le mostró una orden de aprehensión en su contra.

“Alejandro O. lo enmanilló y lo sacamos a la camioneta. El señor rogó que le den tiempo para devolver el dinero y que no ejecuten el mandamiento. Jhasmany le respondió: ‘¿Te estás haciendo la burla de mí? Voy a llamar al juez amigo de turno ahorita, para que te meta preso, porque es viernes y llegaremos de noche”.

LLAMADA A JUEZ El abogado llamó en ese instante al juez Pluri, a Rolando V. y le dijo: “Hermanito, tengo un aprehendido, necesito saber quién estará de turno para que lo encarcelen. El juez le respondió que iba a buscar y que le devolvería la llamada”.

El tramitador de visas se asustó y aceptó ir por su propia voluntad, para esperar en Cochabamba el envío de dinero y la entregar, como garantía, un vehículo Mustang que estaba sin motor en un a casa por el surtidor El Cristo.

“Jhasmany decidió irse en avión porque le estaba doliendo su pie. Lo dejamos en El Alto y nos fuimos en la camioneta llevando al aprehendido”, recordó.

En la oficina, ya les esperaba el tío de Sergio O., quien aceptó la propuesta de arreglo y la entrega del carro a Sergio. Según Diego, mientras esperaba que le manden dinero de La Paz, el estafador se quedó en la oficina y participó de una guitarreada. También fue a comer con todos a una churrasquería, cuando Jhasmany les invitó a celebrar que le fue muy bien en otro caso. “El auto fue dejado como garantía por 20 días, pero el tramitador no volvió con el dinero que tenía conseguir y el carro se lo quedó Sergio”, contó.

Diego amplió sus declaraciones el 1 de marzo y dio varios otros detalles más que se guardan en reserva. Un juez ordenó su detención domiciliaria, en enero de 2019.

Video Defensor de Cochabamba Nelson Cox ahora nos habla sobre el Terrible Jhasmany Torrico

Video Defensor del Pueblo de Cochabamba habla del Aboganster!!! Jhasmany Torrico

Noticia publicada el

Video Abogado Ivan Lima sobre el aboganster Jhasmany Torrico

Video El Metodo de Cobro del Abogado Jhasmani Torrico, abogados nos hablan del tema

Nueva orden de aprehensión contra Eduardo León

La juez tercero anticorrupción, Claudia Castro, volvió a declarar rebelde y emitió una orden de aprehensión en contra del abogado Eduardo León, denunciado por violencia intrafamiliar y agredir físicamente a su esposa, cuya defensa interpuso acciones de libertad contra la misma juez.

Según afirmaciones de la juez Castro, el pasado jueves su autoridad volvió a emitir una orden de aprehensión contra Eduardo León a pedido de la comisión de fiscales conformada por Ebert Torrejón y Samuel Lima, dentro del proceso de violencia familiar que se sigue a León a denuncia de su expareja.

Por su lado, la abogada de León, Suleika Lanza, señaló que la resolución emitida por la juez Castro es ilegal y consideran que la autoridad debería recusarse, por lo que han planteado una nueva acción de libertad cuya fecha aún no se ha definido.

Lanza recordó que la juez Castro ha declarado de forma pública que la denunció por un supuesto consorcio y esto crea un conflicto de intereses, revelando una enemistad manifiesta hacia ella y su cliente por parte de la magistrada.

ACCIONES DE LIBERTAD

Asimismo, Castro informó que el sábado y domingo recientes se realizaron dos acciones de libertad interpuestas en su contra, una por la defensa de León y otra por el juez Daniel Huaynoca, por el otro caso de consorcio donde se suspendió a los miembros del Tribunal Tercero de Sentencia del cual forma parte Huaynoca, por supuesto consumo de bebidas alcohólicas.

Aseguró que ninguna de las acciones de libertad favoreció a León o Huaynoca y al contrario señala cuenta con las resoluciones de rechazo de las mismas.

A su turno, Lanza señaló que consideran ilegal la resolución emitida por la juez Castro el pasado jueves en contra de León, por lo que presentó otra acción de libertad que se tramitará en el Tribunal Tercero de Sentencia donde hace dos semanas se dio el caso de consorcio.

Arce llama la atención a Colegio de Abogados por presentar “basura”

Una urna en la que sólo se encontró “basura” fue lo que Raúl Jiménez le presentó al ministro de Justicia, Héctor Arce, quien llamó la atención a este sector, para que sean más serios cuando se trata de denuncias de supuestos casos de consorcios y la lucha contra la corrupción.

Arce informó que la pasada semana, el Colegio de Abogados hizo llegar al Ministerio de Justicia, una urna, en la que Jiménez aseguraba habían documentos que probaban el funcionamiento de consorcios de abogados, información que la manejaba por varios medios de comunicación desde hace dos gestiones, señalando que se trataba de grupos peligrosos y pedía la intervención de esa cartera de Estado.

“Lo hemos convocado al doctor Jiménez, y en presencia de las autoridades y el viceministro de Transparencia (Gonzalo Trigoso), hemos abierto esa caja y hemos encontrado absolutamente nada, algunas denuncias mano escritas, basura, no había absolutamente nada, espero yo, que esa no sea la documentación a la que en reiteradas veces hizo alusión el doctor Jiménez”, aseveró Arce.

En este sentido, la autoridad pidió más seriedad y compromiso en temas tan sensibles como es la lucha contra la corrupción.

Por su lado, Jiménez afirmó que la supuesta recolección de denuncias de consorcios que se propuso realizar por medio de está urna, se hizo “de buena fe” pero que la gente por “temor” a estos grupos de abogados, no hizo las denuncias y sólo dejó “basura”, pero que este bochorno no compromete a la institución, pese a que las denuncias fueron hechas en nombre de la institución.

Por otro lado, pese a la conminatoria del ministro Arce, Jiménez también reconoció que nunca tuvo prueba documental de los presuntos consorcios pero insistió en su existencia, “por las referencias” que le dieron en juzgados.

León denuncia al Estado boliviano ante la OEA

El abogado Eduardo León anunció que presentará una denuncia formal contra el Estado boliviano ante la Organización de Estado Americanos (OEA), por la vulneración de sus derechos en los dos procesos que le sigue el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y por uno de los cuales está preso en el penal de San Pedro, desde hace nueve meses, según informó la abogada Claudia Lecoña.

La denuncia será presentada por medio de Graciela Mendoza, esposa de León, quien se encuentra ya en Washington, Estados Unidos (EEUU), acompañada del jurista Jorge Quiroz, con el cual pedirá al secretario general de la OEA, Luis Almagro, realice la mediación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende esta instancia, para que emita medidas cautelares sobre los dos procesos penales en los que el Estado boliviano estaría infringiendo la ley, pese a la presentación de varias acciones legales que León ha interpuesto para recobrar su libertad.

“La reunión se tiene programada (para) mañana con el señor Almagro, para informar sobre la vulneración de derechos en los dos procesos que hay contra el abogado Eduardo León”, afirmó Lecoña a EL DIARIO.

DERECHOS

Explicó que los derechos vulnerados son los referidos al debido proceso. “(Los) que están en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado y que también están reconocido por la CIDH; estamos hablando sobre (la vulneración en) el derecho a la defensa, principalmente en esos dos puntos, porque se han presentado varios recursos, de cesación a la detención preventiva, acciones de libertad que han sido rechazadas” por la justicia boliviana, afirmó Lecoña.

PROCESO POLÍTICO Y CAUTELARES

León ha reiterado en varias ocasiones, que los procesos que le sigue el Gobierno son de carácter político, debido a que junto al diputado Rafael Quispe ha destapado grandes casos de corrupción, como el del Fondo Indígena, en el cual se encuentran comprometidos altas autoridades del Gobierno. Su esposa está en Estados Unidos (EEUU), desde ayer lunes.

“Esta reunión con la CIDH es para presentar la solicitud de medidas cautelares, es decir, se está pidiendo garantías procesales para el doctor Eduardo León, ya que se le está impidiendo de todas las formas de hacer uso de los recurso legales”, explicó Lecoña.

En el primero de los dos procesos judiciales, que el Gobierno tiene en contra de León, sobre la supuesta suplantación del hijo reconocido de Gabriela Zapata y el presidente Evo Morales, ante una juez de familia, el jurista ganó el beneficio de la detención domiciliaria.

Sin embargo, en el segundo proceso, de una presunta falsificación de su libreta militar, para obtener el título profesional, se le dictó detención preventiva en la cárcel de San Pedro, donde está desde hace nueve meses y tiene que vivir con su familia.

Según explicó Lecoña, en este caso, la misma Fiscalía detalló que el delito por el cual se imputa a León ya prescribió, por lo que la vulneración de derechos es más flagrante.

Abogado León recluido en San Pedro al ser dado de alta médica

La tarde de ayer, el exabogado de Gabriela Zapata, Eduardo León, fue recluido en el penal de San Pedro, para que cumpla la orden de detención preventiva, luego de que los médicos le dieran el alta. Familiares y personas que apoyan al jurista lamentaron el accionar de la justicia y de la Policía, por estar vulnerando sus derechos y tratándole como a delincuente.

Minutos antes de su traslado, León dijo: “Es un traslado político, soy un preso político, pero un preso con dignidad, porque no he robado nada, no he matado a nadie, no me he llevado nada del Fondo Indígena y todas esas personas que están propiciando mi detención son aquellas que prefieren mi detención, para que puedan seguir gozando de la cantidad de dinero que han robado del Estado”.

TRASLADO

León, aparte de la inventada imputación de trata y tráfico de personas, en medio de un operativo policial y el lamento de sus familiares, fue trasladado ayer del Hospital de Clínicas, donde estuvo internado por problemas gástrico renales, al penal de San Pedro, donde guardará detención preventiva esta vez por otro proceso, sobre la supuesta falsedad de su libreta militar.

El jurista desembolsó Bs 80 mil para favorecerse con la detención preventiva, medida que no llegó a cumplir, además salió debiendo al Hospital de Clínicas Bs 8 mil, por los días que estuvo internado en ese nosocomio. Ahora, requiere por lo menos de Bs 77 mil, para acceder a un espacio en el sector más adecuado del penal de San Pedro, según ANF.

Por su parte, la esposa de León, Gabriela Mendoza, pidió a los jueces pagar los gastos médicos de su pareja, porque fueron ellos quienes lo retuvieron injustamente 15 días en celdas, lo que resintió su salud. Además, lamentó tener que pagar alrededor de Bs 77 mil para contar con un espacio en el sector más seguro de la cárcel de San Pedro.

El alta médica firmada por el director de la unidad de Gastroenterología, Ernesto Loza, fue dado a conocer cerca de las 15.00 horas de ayer, mientras León aún era sometido a algunos exámenes médicos; el contingente policial, de cerca de 150 uniformados, tomó posición en los alrededores del lugar para amedrentar a un enfermo.

Aproximadamente, a las 17.00 horas, fue sacado por el garaje de atrás del hospital y llegó a San Pedro una media hora después; León ingresó al recinto agarrado de una Biblia, y recibió el apoyo de amigos y familiares.

AUDIENCIA

Para hoy se tiene prevista una nueva audiencia de apelación, interpuesta por León a efectuarse en una de las salas penales del Tribunal Departamental de La Paz, en la que intentará lograr una detención domiciliaria, en el “caso de trata y tráfico”, desvirtuando el riesgo procesal de trabajo, que se anticipa será justificado con el ofrecimiento laboral que Samuel Doria Medina que le hizo el lunes, para que continúe con investigaciones sobre casos de corrupción relacionados con el Gobierno, como el del ex Fondo Indígena.

POR PRIMERA VEZ

Zapata declaró, por primera vez, ante una Comisión de Fiscales durante cinco horas, por los cargos de suplantación del supuesto hijo del mandatario y otros delitos. En el proceso también están implicados los abogados Eduardo León, William Sánchez Peña y Walter Zuleta. Para este proceso, Zapata contó con el asesoramiento de un abogado de defensa pública.

Anteriormente, Zapata fue demandada por el Primer Mandatario ante un juzgado de familia, para que presente al supuesto hijo que tuvieron ambos en 2007. La juez Jacqueline Rada determinó la no existencia del menor y que el niño presentado por Zapata y sus abogados no es del que trata la demanda.

Exjueza admite que dio soborno de $us 8.000 para un consejero

En una declaración informativa realizada el 10 de marzo de 2016 ante la Policía, Hirma Muñoz, exjueza de Montero, reiteró que pagó 8.000 dólares a un allegado del magistrado Freddy Sanabria para que le den un nuevo puesto en
Warnes. Ambas poblaciones están en Santa Cruz.

A fines de 2015, se hizo público un audio en el que Muñoz confesaba al entonces técnico de Transparencia del Consejo de la Magistratura (CM) de Potosí, Pedro Cayo, que había pagado ese monto.

Esa vez Sanabria negó ante la prensa que él haya participado en esta supuesta extorsión; dijo que se sometería a cualquier investigación y que, de cualquier manera, iniciaría un proceso contra quienes se atrevían a dañar su imagen con esas acusaciones.

Hace poco más de dos meses que la exjueza, alejada de su cargo en agosto del año pasado, reconoció que la grabación que presentó Cayo es real y además contó con mayor detalle cómo fue extorsionada.

Según ella, todo comenzó en 2012, cuando los asesores del exdiputado Edwin Tupa, del MAS, le pidieron que anulara una sentencia contra esta autoridad. Ella se excusó de conocer el caso y comenzaron las amenazas.

Llegó un momento en que temió por su vida y en 2013 pidió a la sala plena del CM su cambio a Warnes, mientras los asesores del diputado le iniciaron procesos disciplinarios.

Ese año, en una visita a Sucre, conoció a Juan Carlos Sanabria (se presentó como El Grillo y hermano de Freddy Sanabria, quien en marzo de 2015 se convertiría en el presidente del CM). Él le garantizó que negociaría su traslado a Warnes y desde entonces comenzó una serie de hechos en los que figuran al menos nueve nombres de implicados.

En otra visita a Sucre, Muñoz contó que Freddy Sanabria se reunió con ella y El Grillo en un inmueble de la calle Lemoine. Ahí, el magistrado le presentó a él como su "hombre de confianza”.

En una fecha sin precisar, El Grillo recibió el primer soborno de 3.000 dólares en el mismo lugar de reuniones (sobre la calle Lemoine).

La exjueza declaró que entre marzo y abril de 2015, cuando Sanabria ya era presidente del CM, ella volvió a Sucre junto a un abogado a quien le entregó 5.000 dólares en un sobre cerrado.

Encontraron a El Grillo en una banca del parque Bolívar, frente a las oficinas del CM. Él les dijo que no solía entrar al edificio en el que trabaja Sanabria y el abogado le pasó el sobre con el dinero.

Muñoz agregó en su declaración ante la Policía que en abril de 2015 se reunió con Freddy Sanabria para reclamarle de una buena vez el cambio de puesto, pues ya había entregado el dinero que se le pidió a "su hombre de confianza”. Él le contestó que no sabía de lo que hablaba y que no conocía a ese tal El Grillo. "Yo me sorprendí, porque él mismo le dio su respaldo en la calle Lemoine”, dijo la exjueza.

En agosto del año pasado, Muñoz fue destituida de su cargo tras un proceso disciplinario. Aunque Sanabria ya se refirió al asunto de los 8.000 dólares y rechazó toda denuncia contra él, este medio lo llamó ayer nueve veces para saber si tiene algo que decir sobre la última declaración de Muñoz, pero su celular estaba apagado.

También se llamó al menos tres veces a dos números que supuestamente pertenecen a El Grillo, pero también estaban apagados.

Abogados cuestionan que se siga dilatando el caso León

A las acciones que se estarían cometiendo en contra del abogado Eduardo León, detenido desde el pasado martes 18 de mayo, se suman nuevas voces condenando tal situación y señalando al Gobierno central como el primer responsable.

Abogados insisten en que se está dilatando la resolución del caso, mientras que León permanece en calidad de detenido irregularmente, esperando una audiencia de medidas cautelares que debió ejecutarse 24 horas después de su aprehensión, es decir el día miércoles de la anterior semana.

La audiencia de medidas cautelares que se realizó ayer fue declarada en cuarto intermedio hasta hoy a las 11 de la mañana.

En tanto la audiencia de acción de libertad presentada por la defensa de León, está programada para las 9:30 de esta mañana, de acuerdo a la notificación que recibió el abogado de León, Ricardo Maldonado.

Molestia. El constitucionalista, William Herrera, calificó la detención de León, como un abuso de poder y una manipulación directa para evitar que algún juez determine la situación del jurista procesado por varios delitos, después de haber defendido a Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales.

"Se están violando sus derechos constitucionales, así hubiera cometido delito no puede estar indefinidamente en esa situación, está privado de su libertad varios días, pese a que las normas lo indican así. Esto es inconcebible, deben prevalecer los derechos del ciudadano y no el abuso total que está haciendo la justicia", dijo.

Acusaciones. En la misma línea se manifestó el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, quien señaló directamente al Gobierno central de Evo Morales, de tomar un revanchismo contra el jurista León.

Asegura que se está dilatando el proceso y una resolución judicial, vulnerando los derechos constitucionales del abogado y provocando un daño a los derechos de defender a cualquier ciudadano libre.

"Lamentablemente el Gobierno hace abusos y los jueces cometen culpa en silencio. Nosotros los abogados somos patrocinadores de causa, no demandamos una causa. Esto es un atentado contra la libertad de trabajo. Que quede claro que lo tienen detenido por la osadía que tuvo en enfrentar al Gobierno con otros caso polémicos anteriormente", precisó el cívico y jurista.

Cuestionó el papel del sistema judicial, por permitir la manipulación que estarían cometiendo las autoridades nacionales en torno a este caso.

Punto de vista

César Cabrera
Pdte. Colegio Nacional de Abogados

"Los administradores de justicia deben actuar, pero prefieren no hacer nada"

Estamos en estado de emergencia, lamentamos que haya un silencio total de las autoridades principalmente de los administradores de justicia, que son los indicados para abordar el tema, que son ellos los que deben velar por el bienestar de los ciudadanos, que son ellos las máximas autoridades judiciales que determinan la situación de los bolivianos. Los administradores de justicia deberían actuar, pero vemos que prefieren quedarse callados, no hacer nada y más bien esperan a que se siga vulnerando los derechos del abogado procesado, bajo argumentos y dilataciones sin razón de ser.

Otra autoridad que debería manifestarse porque esta es su mejor oportunidad es el Defensor del Pueblo y hasta ahora no toma cartas en el asunto, pese a que sabe cuáles son las normas.

Lamentablemente los jueces y fiscales no van actuar, yo creo que deben estar con temor de decir o tomado alguna acción, porque más adelante esto puede ser perjudicial para ellos, por eso vamos a acudir a la justicia internacional, porque aquí no vamos a ser escuchados.

Valda dice que dio dinero a gente del Gobierno, no a los 2 vocales

En su ampliación de declaración ante el Ministerio Público, Jorge Valda, exabogado de Martín Belaunde, afirmó que los sobornos en favor de quien fuera su defendido los entregó a altos funcionarios del Gobierno y no así a los dos vocales que ahora son procesados, según afirmó el abogado del jurista, Alberto Morales. Y anoche la fiscal Fariry Arnez informó de la detención preventiva de Valda en la cárcel de San Pedro.

Morales dijo que la Fiscalía actúa con selectividad al sólo investigar a Ricardo Chumacero y Ramiro López, vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia de La Paz, y no así al resto de los implicados.
"El cohecho que asumió Valda no era con relación a los dos vocales, él no les entregó un peso a ellos, era con relación a funcionarios del Órgano Ejecutivo. Los dos vocales no recibieron dinero de Valda, según lo que él declaró, eso se los puedo asegurar”, informó ayer Morales. durante un cuarto intermedio en la audiencia cautelar de su defendido.
El abogado dijo que le sorprende "la selectividad” de la Fiscalía, pues no investiga a los funcionarios que "están vinculados a los órganos de seguridad del Estado”.
"Esa selectividad me aterra, me asusta. Porque sólo se enfatizó la investigación contra aquellos a los que Valda dijo ‘yo no les di a ellos’, y los demás de quienes dijo que sí, a través de otras personas, les dio el dinero, no están perseguidos ni nada”, afirmó.
Declaraciones similares tuvieron otros abogados días atrás, como María Cecilia Rocabado y Erick Sossa, abogados de Ricardo Chumacero, quienes manifestaron que al revisar la declaración de Valda, se mencionaba a otras autoridades además de los dos vocales.
Chumacero y López fueron imputados por cohecho pasivo, tras ser acusados de pedir 100.000 dólares a Valda para favorecer a Belaunde con un amparo constitucional para obtener su refugio político.
Ya antes, cuando los vocales emitieron esa resolución favorable al empresario peruano, el Gobierno se molestó. El entonces ministro Hugo Moldiz anunció que se los investigaría y el Conare les inició un proceso por prevaricato e incumplimiento de deberes.
El juicio abreviado al que solicitó acogerse Valda no se concretó debido a que la Fiscalía no emitió el requerimiento ante el juez. Por esto, la defensa del abogado considera que fueron "utilizados”.
"Han usado a Valda. Él puso en riesgo su secreto profesional y su responsabilidad por violar ese secreto al prestar información a la Fiscalía”, dijo Morales.
Para este fin, Valda se reconoció culpable de cohecho activo, pues declaró recibir dinero y entregarlo a funcionarios para favorecer a su excliente, Belaunde.
Después de que el exabogado del peruano declarara ante el Ministerio Público para ir a procedimiento abreviado, el fiscal departamental de La Paz, Paul Franco, mencionó que se dio al menos 10 nombres de implicados en el caso Belaunde, sólo dos corresponden a los vocales.
El vicepresidente Álvaro García Linera declaró el lunes que una red "poderosa” de corrupción operó en el caso Belaunde, la misma que incluso puede actuar contra el presidente Evo Morales.

Anoche, el abogado Morales, tras finalizar la audiencia, no reveló nombres y pidió a la Fiscalía que investigue los 500.000 dólares que pidieron a nombre de un ex ministro de Gobierno y 50.000 dólares a nombre del Conare para beneficiar a Belaunde.

El abogado denunció que su vida corre peligro

Antes del inicio de la audiencia cautelar, Jorge Valda y su abogado solicitaron al juez que la misma se declare en reserva, debido a que por los datos que se expondrían y los nombres que se darían corría peligro su vida y la de sus familiares.
"Mi persona fue amenazada de muerte el primer día que entré a celdas judiciales. Lo mismo sucedió con otras personas detenidas. En este caso se develó que hay intereses gravemente comprometidos con la información que nosotros hemos brindado, autoridades que han sido mencionadas”, afirmó Valda.
Ante este pedido, la comisión de fiscales manifestó su rechazo, lo mismo que los representantes del Ministerio de Gobierno, Transparencia y de la Policía. Se argumentó que la población tiene el derecho a saber quiénes están involucrados en este caso.
"La opinión pública sólo conoce un 10% de lo que yo he declarado y los datos que tengo. Además que hay mucha tergiversación”, dijo Valda.
Ante esto, el juez primero anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, aseguró que "se debe resguardar el derecho a la vida”, y la audiencia fue en reserva.
En otras audiencias, Carmen Arista fue sentencia a seis meses de trabajo comunitario en la Alcaldía de Santa Cruz y el chofer de Valda, Martín Cortés, recibió medidas sustitutivas.

Falsos abogados fueron enviados a la cárcel con detención preventiva

El Juzgado 4to, de instrucción en lo penal del Ministerio Público, envió a la cárcel de mujeres de Obrajes y San Pedro, respectivamente en calidad de detenidos preventivos a Pamela M. C., César M. C. y Julio César M. R., quienes el pasado jueves fueron capturados de manera infraganti haciéndose pasar como abogados, función que realizaban desde hace más de tres años atrás.

Ambas personas conformaban un clan a quienes dicho tribunal de sentencia imputó por los delitos de extorsión, falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio ilegal de la profesión, quienes ejercían de manera ilegal en una oficina que tenían alquilada entre las calles céntricas de Yanacocha e Ingavi, donde los estafadores cobraban a sus ocasionales clientes entre 200 a 500 dólares por los supuestos trámites que realizaban.

A pesar de que en el momento del operativo realizado en dichas oficinas, donde las autoridades de la fiscalía encontraron varios documentos, de trámites que efectuaban, pero que hasta el momento la estafa a sus víctimas ni el valor de la documentación no fue cuantificada.

Modus operandi de ambas personas estaba tan bien organizada, que Julio César M.R., era quién se hacía pasar por fiscal de materia, pero que el nombre de la falsa autoridad era de Ramiro Quenta, de quién también se encontró tarjetas personales con el cargo de fiscal de la división de propiedades.

A pesar de que los imputados ya fueron enviados a la cárcel las investigaciones continuarán en torno a los falsos abogados, debido a que según las averiguaciones que todavía se realizan se tiene la certeza de que existirían otras personas implicadas en la banda de falsos abogados, debido a que en otro de los operativos que efectuó la policía junto a la fiscalía en la zona 14 de Septiembre, proximidades de la Plaza Garita de Lima, donde se encontró también sellos de gomas falsas de abogados y fiscales.

Según la autoridades de la fiscalía se tiene conocimiento de que también estarían implicados en el caso tramitadores quienes luego de los falsos abogados recibieran los montos mencionados de sus víctimas, existían otras personas que con la colaboración de algunas instancias judiciales comenzaban a realizar los trámites de manera ilegal.

Cae un fiscal y una abogada en otro caso de extorsión

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) aprehendió al fiscal Juan Javier Peñaloza Ramos y a la abogada Ana Marlene Rojas Casas, acusados de recibir dinero de una persona, involucrada en un delito de robo agravado, informó el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, según ANF.

"La FELCC, en su unidad DACI (Departamento de Análisis Criminal de Inteligencia) procede a desarrollar el operativo, cuando sorprende al señor fiscal en flagrancia con un sobre que contenía los 3.500 bolivianos, que se encuentran secuestrados", dijo ayer Pérez, al señalar que una vez verificada la participación de la abogada Rojas, se procedió también a su aprehensión.

El operativo se activó a raíz de una denuncia presentada por el yerno de la víctima, según ABI.

El fiscal y la abogada habrían extorsionado a María Luisa Flores, procesada por el delito de robo agravado, quien se encontraba con detención domiciliaria. Flores habría sido informada de que su medida cautelar fue revocada y que estarían resolviendo un mandamiento de detención preventiva.

Según Pérez, el fiscal Peñaloza le recomendó a Flores que se contacte con la abogada Rojas para que resuelva su caso y quede librada lo más antes posible de su proceso. Para tal efecto, se le habría pedido que entregue entre 2.500 y 3.000 dólares a la abogada. La víctima llamó al fiscal para indicarle que solo consiguió 500 dólares en moneda boliviana.

VENGANZA Por su parte, Albo Lacaze, abogado del fiscal Peñaloza, sostuvo que su cliente fue víctima de una venganza por parte de Flores. Explicó que esta persona estaba a punto de recibir una condena de 10 años de cárcel —pena máxima por el delito robo agravado, establecido en el Código Penal — y procedió a denunciarlo para apartarlo de su caso.

CORRUPCIÓN El viceministro Pérez lamentó que casos de corrupción como éste, estén manchando a la justicia boliviana. “Esto nos está mostrando de que los comerciantes del derecho se están apoderando de la administración de justicia y aquí no importa quien tenga la razón, sino quien se pueda someter a las exigencias del dinero, tal como lo hemos visto en este caso”, manifestó.

La pasada semana, en otro caso de extorsión, una jueza fue detenida en la ciudad de El Alto, en un operativo realizado por el Consejo de la Magistratura y la Policía.

Apuntes.

Críticas

Instituciones internacionales y el Gobierno señalaron que uno de los grandes problemas de la justicia boliviana, es la corrupción practicada por abogados, jueces y fiscales. El vicepresidente Álvaro García Linera acusó a los operadores de justicia de “negociar” con la libertad de los litigantes y de provocar la retardación de justicia para dar lugar a la extorsión. Anunció que, en la modificaciones al Código Penal, se incluirá penas con cárcel para ese tipo de corrupción.

Compromiso

Autoridades judiciales bolivianas acordaron, en octubre pasado, impulsar la independencia y transparencia de la Justicia. En ese marco, fijaron como una de sus tareas principales, la lucha contra la corrupción al interior del Órgano Judicial. El Ministerio Público destituyó, el año pasado, a más de 10 fiscales involucrados en casos de corrupción.

Del mismo modo, el Consejo de la Magistratura informó que más de 50 jueces fueron suspendidos y son procesados por diversas faltas.

Aprehende a una abogada por extorsión

La abogada Lizeth Marcela G. M. fue aprehendida en instalaciones del Tribunal Departamental de La Paz, imputada de los delitos de extorsión y estafa, informó Humberto Quispe, fiscal de materia.

De acuerdo con el informe del fiscal, la jurista cobró la suma de 23.000 bolivianos y 700 dólares a sus clientes implicados en un caso de falsificación de energizantes de la marca Kris, dinero que iba a ser entregados –supuestamente– a dos fiscales y un oficial de Policía.

“Los clientes y, a su vez, víctimas, denunciaron que su abogada defensora les solicitó la suma de 6.000 dólares que iban a ser entregados a la fiscal Mery Gutiérrez, al subteniente Víctor Hugo Gutiérrez y mi persona, Humberto Quispe, para que se los beneficie con el artículo 228 del Código de Procedimiento Penal, que establece poner el caso a conocimiento del juez para que disponga su libertad”.

El Fiscal explicó que la profesional fue hallada en flagrancia por los efectivos de Inteligencia de la Policía porque los familiares de los imputados ya los habían alertado.

Proceso abreviado. Al ser descubierta y trasladada a la fuerza anticrimen de la zona Sur, la abogada admitió el cobro y devolvió las sumas de dinero a los afectados y, después, se acogió al proceso abreviado.

Quispe explicó que el Ministerio Público solicitó al juez la detención preventiva de la imputada en la carcel de Obrajes.

De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, la abogada puede ser detenida de uno a tres años por acogerse al proceso abreviado, pena que será resuelta en la audiencia cautelar de hoy.

Asambleístas cuestionan otra aparente “extorsión” de un grupo de abogados

Politización de la justicia persiste en el Estado plurinacional, aunque para el oficialismo este es un mal heredado.

Luego de que el fiscal de Materia de la ciudad de El Alto, Carlos Marica, denunciará que un grupo denominado “Agrupación Cambio Total”, estaría estafando a litigantes en la ciudad de El Alto, además de falsificar documentación, asambleístas de la oposición, manifestaron que por tal motivo no se puede confiar en el trabajo que realizan los fiscales. Entre tanto, el oficialismo manifestó que esa acusación se la debe presentar a las instancias correspondientes y aseguraron no conocer a los componentes de ese grupo de abogados.

Carlos Mariaca, luego de aclarar que él está a cargo del caso del abogado Ricardo Mamani Zabala, a quien se le habría encontrado en poder de documentos “falsos” de la Alcaldía así como 35 formularios con firmas de notarios y abogados, dijo que recibió una llamada telefónica, donde le exigieron que libere al sindicado, porque este pertenecería a la “Agrupación Cambio Total”. Igualmente, aclaró que en la ciudad de El Alto existiría una red de algunos abogados y notarios que están en plan de “falsificar documentos públicos con datos falsos”.

“Me llama por teléfono, que si yo disponía la libertad de Ricardo Mamani, mi puesto estaría asegurado en la Fiscalía, porque me decía que este abogado pertenece a la Agrupación Cambio Total, eso me dijo textual vía telefónica”, manifestó.

En tanto, la diputada de Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola, señaló que Mariaca es otra víctima del manejo politizado de la justicia, por lo que aseguró que se perdió toda credibilidad en el Ministerio Público, porque este sería manejado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), así como el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, que “le debería muchos favores” al Órgano Ejecutivo, según manifestó.

Piérola dijo que los fiscales y jueces que están presos por el caso de la red de extorsión, estarían siendo incomunicados, porque se estaría “encubriendo” a altas autoridades de Estado.

Por su parte, el diputado del MAS, Juan Carlos Cejas, señaló que las denuncias que están involucradas con el caso de la red de extorsión, tienen que ser presentadas ante el Ministerio Público y que el hecho de hacer una acusación por un medio de comunicación, no es “nada formal”, para que la Asamblea Legislativa, como ente fiscalizador, haga seguimiento del caso.

Al ser consultado Cejas, si conocía del trabajo que realizaba el grupo denominado Agrupación Cambio Total o los denominados Abogados para el Cambio, aseguró que él no da cuenta de ellos y mucho menos de la labor que desempeñan.

Con el caso de la red de extorsión las denuncias de supuestas extorsiones han rebasado a los medios de comunicación y las entidades estatales como la Unidad de Transparencia del Ministerio Público. La mayor parte de los casos sin embargo, son intentos de la defensa para lograr algún tipo de rédito para ellos y sus clientes.

Abogados externos realizarán auditoría judicial a procesos

El Ministerio de Gobierno lanzará una convocatoria pública para contratar abogados externos que se harán cargo de la auditoría jurídica a procesos legales que fueron impulsados por los ex abogados de esa entidad Fernando Rivera y Denis Rodas, detenidos, entre otras personas, por estar acusados de ser los principales líderes de la red de extorsionadores.

El anuncio fue realizado ayer por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una entrevista con Página Siete. “La auditoría se va a hacer con gente externa. Estamos trabajando los términos de referencia y seguramente una convocatoria pública”.

La autoridad dijo que esta labor consiste en realizar “un análisis acerca de cómo se manejaron los procesos judiciales. Queremos ver si en el manejo de los procesos judiciales hay irregularidades y si ellas se repiten, y si expresan un modus operandi”.

El sábado, el ministro adelantó que se haría una auditoría jurídica para ver la situación de los procesos. Ayer explicó que lo ideal sería revisar todos en los que participaron ambos abogados, pero que “eso sería muy complicado porque estamos hablando de procesos de hace muchos años. Hay dos opciones, elegir los más relevantes o definir un porcentaje de revisión. Ése es un tema que vamos a definir mañana (hoy)”.

Los casos

Rivera y Rodas fueron los abogados del Ministerio de Gobierno que tuvieron a su cargo procesos como terrorismo I y II (relacionados con el grupo presuntamente terrorista de Eduardo Rózsa), el del empresario estadounidense Jacob Ostreicher, cuyo caso terminó por destapar la red de extorsión formada por funcionarios de los ministerios de Gobierno, Presidencia y de la Dirección de Bienes Incautados, entre otras personas.

Ostreicher está detenido desde 2011, acusado de enriquecimiento ilícito relacionado con el narcotráfico. Esta red se quedó con sus bienes y le pidió 50.000 dólares para dejarlo en libertad.

Se presume que este grupo de juristas incidió también en los casos Olorio (siete policías son investigados por la muerte del principal sospechoso del atraco a Vías Bolivia), del policía René Navía (narcotráfico), gastos reservados I y II, y al menos otros dos más.

Romero dijo que se deben esperar los resultados del examen jurídico para emitir un criterio al respecto de estos procesos.

“Hay que tomar en cuenta cualquier proceso como el de Jacob (Ostreicher) o el de terrorismo o cualquier otro, hay que distinguir diferentes dimensiones del proceso, un tema es la cuestión de fondo del proceso, es decir si Jacob es culpable de legitimación de ganancias, si tiene nexos con el narcotráfico, es un tema que sólo se lo puede resolver en el proceso judicial, ése es el tema de fondo que se debate en ese proceso judicial”, dijo Romero en una entrevista concedida a Página Siete el sábado.

El ministro también detalló que la red de extorsión operaba en aquellos casos en los que estaba en juego mucho dinero, en los que los acusados estaban procesados por narcotráfico, corrupción y otros.

Otras características de esta red son, dijo, su implicancia en casos cuyos acusados trataban de revocar una decisión judicial, como la detención preventiva, como en el caso Ostreicher.

La red apareció conformada por funcionarios y ex funcionarios públicos ligados a la Dircabi, los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, además de particulares como Gustavo Céspedes, quien habría sido el nexo de Rivera para realizar algunas gestiones.

Siete personas fueron detenidas y hay otras involucradas que se prevé arrestar. Rivera y Rodas fueron derivados el sábado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz.

Rivera trabajó en la CNS, donde tuvo un proceso

El Ministerio de Gobierno reveló que Rivera trabajó como abogado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos desde el 20 de julio de 2007. En agosto de 2010 Sacha Llorenti lo hizo director jurídico y luego asesor legal, cargo que ocupó hasta el lunes.

Farfán fungió como viceministro de Régimen Interior en dos ocasiones, antes y después de Gustavo Torrico. Cuando se fue por primera vez de esa cartera de Estado, en enero de 2010, ya estaba ahí Rivera. Al retornar, en julio del mismo año, se reencontraron.

En la Caja Rivero se habría visto implicado en una compra fraudulenta de equipos que, tras ventilarse en estrados judiciales, quedó en el olvido. En la Contraloría fue conocido como Chiru-Chiru.

Este medio buscó a Farfán para conocer su versión respecto a esos supuestos antecedentes, pero no fue posible contactarlo. En cambio sí contestó Gustavo Torrico, quien aseveró que la red de extorsionadores empezó a operar desde 2009, tras conocerse el caso Terrorismo o Rózsa.

“Terrorismo fue el primer caso. El primer extorsionado en ese tema, para quedar fuera del mismo, fue Juan Carlos Guillén”, señaló Torrico. La persona citada fue quien pagó los hoteles para el grupo de Eduardo Rózsa y habría prestado un vehículo para el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, en abril de 2009.

El Ministerio de Gobierno en su acusación particular, “habiendo indicios”, no incluyó a Guillén. “Ellos (los abogados) lo que hicieron fue aprovechar el caso Rózsa y extorsionar a muchos de los implicados”, dijo Torrico. Así, habrían facilitado la huida de varios. Aseguró, además, que armaron el caso contra Dirk Smith (Menonitas), operativos contra bingos en Santa Cruz e incluso influido en casos de particulares.

Otros casos que manejó el abogado Fernando Rivera

Entre otros casos que manejó Fernando Rivera está del ciudadano peruano, José Antonio Cantoral, quien fue detenido por 22 días en agosto del año pasado en una oficina de la Dirección Nacional de Migración, sindicado por reorganizar a Sendero Luminoso.

Cantoral fue detenido junto a otros tres peruanos pero tenía el estatus de refugiado político.

También firmó una demanda junto a Dennis Rodas contra dirigentes de la columna de la octava marcha indígena Trinidad-La Paz.

Rivera además fue bastante activo en el caso Rósza, sin embargo, su última acción en este proceso fue el martes en la ciudad de Tarija. Después de una audiencia fue detenido y llevado a Santa Cruz.

Un diputado ve negligencia en el caso Vanessa

Noticia publicada el 20 demayo de 2008 en La Prensa


El diputado de Podemos Marco Antonio Córdova, ante la presunción de negligencia cometida por el Ministerio Público, informó que pidió a la fiscal de Distrito de La Paz, Teresa Vera, que le remita los antecedentes del caso de la niña Vanessa Flores, atropellada el sábado 10 de mayo en la avenida Costanera de la ciudad de La Paz.

Según un boletín de la Cámara Baja, el congresista manifestó que el fiscal Elías Bueno, quien dirige el caso, actuó con negligencia y dando concesiones preferenciales al autor del hecho, dejándolo en libertad con el perjuicio de producirse su fuga o acciones legales en su contra. La solicitud de libertad, sostuvo, no puede presentarse ante la autoridad policial, sino judicial.