viernes, 28 de octubre de 2016

Evo habla sobre el caso Zapata: “No es que el niño ha muerto, no había el niño”

El presidente Evo Morales, a tiempo de recordar la derrota del pasado 21 de febrero, se refirió hoy al caso de Gabriela Zapata, su expareja, y dijo que luego de la polémica generada por el caso se puso a investigar y resulta que el niño, que en un inicio él mismo dijo que había muerto, no había existido.

El Mandatario brindó estas palabras a tiempo de explicar que la mentira fue empleada como campaña de la oposición en el pasado referendo del 21 de febrero, en el que ganó la opción del No a la modificación de la Constitución para una nueva reelección de Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.

"Quiero que sepan hermanas y hermanos, yo recién empecé a investigar; soy sincero, no es que el niño ha muerto, no había habido el niño, imagínense. Yo no sé con una planificación, dicen que había el niño, que había, que ha muerto, yo también estaba seguro que había muerto y ni siquiera había habido el niño, que mentira hermanas y hermanos”, expresó.



El ejemplo permitió explicar al Mandatario que la oposición, ya que no pudo derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las urnas, apeló a mujeres y niños, con mentiras, para buscar el fracaso del Gobierno.

Cuando se destapó el caso Zapata, el Mandatario, en una conferencia de prensa informó que el hijo que concibió con la ex gerenta comercial de la empresa china CAMC había muerto.

miércoles, 26 de octubre de 2016

Dos empleados denunciaron entregar 10% de sus sueldos a un exfuncionario

Dos empleados de la Cámara de Senadores denunciaron mediante nota escrita que entregaban el 10% de sus sueldos a una persona vinculada a un exfuncionario de esa institución con el pretexto de que los había ayudado a obtener su cargo. El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, se querelló contra los denunciados.

José Alberto Gonzales informó que el Senado se querellará contra las personas que presionaban a dos funcionarios para entregar parte de sus salarios.

Gonzales no proporcionó nombres de las víctimas ni de las personas que presuntamente cometían el irregular acto de la extorsión, que duró, supuestamente, un año.

“El Senado se va a querellar contra estas personas”, declaró Gonzales. La oficina jurídica de la Cámara Alta presentó este martes la denuncia y serán las autoridades competentes las que esclarezcan el caso.

domingo, 23 de octubre de 2016

Procesados por puente caído no tienen cómo cubrir daños

El exalcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos, y los otros cuatro imputados por el colapso del puente a desnivel de la avenida 6 de Agosto en Independencia sólo podrán reponer el 30 por ciento del costo total de la obra de 11,3 millones de bolivianos, según el avalúo que se realizó de los bienes inmuebles y vehículos que les fueron anotados preventivamente por el Ministerio Público, aseveró el asesor general del municipio de Cercado, Sergio Coca.

Explicó que la suma de los bienes que están bajo esta medida precautoria para asegurar la reparación del daño económico es de 500 mil dólares, es decir, 3,5 millones de bolivianos, cuando la infraestructura demandó 11,3 millones.

Además se invirtieron 1,7 millone en trabajos adicionales y 580 mil en la demolición y trabajos de rehabilitación.

Los esfuerzos para recuperar los recursos son parte de las acciones legales que se siguen contra los responsables de la obra y que se han conocido a un año del colapso, ocurrido el 22 de octubre de 2015.

A un año del suceso, aún se espera el informe final de la Contraloría General del Estado, la fecha para la audiencia conclusiva y el juicio oral contra los cinco imputados por parte de la Fiscalía y el Juzgado Anticorrupción. Además de la auditoría técnica que realiza la Alcaldía de Cercado.

El asesor general recordó que el proceso penal comenzó en noviembre de 2015 en contra de Edwin Castellanos; el representante de la Empresa Álvarez, Víctor Hugo Álvarez; el ingeniero que diseñó y supervisó la obra, Nelson Vega; el exoficial mayor de Finanzas, Osvaldo Delgadillo; y el exoficial mayor de Infraestructura y actual concejal, Sergio Rodríguez.

Los cinco fueron imputados en mayo de 2015 y en junio se les impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva.

Cuatro tienen arraigo y uno arresto domiciliario. Recién se amplió la investigación contra el fiscal de obra por parte del municipio, Óscar Cortez.

Según los plazos que dicta la Ley, el Ministerio Público tiene hasta el 6 de noviembre para presentar la acusación formal o dictar sobreseimiento contra los imputados por falta de pruebas. Luego, recién se puede fijar fecha para el juicio.

Pero para presentar la acusación es importante que se lleve a cabo la audiencia de anticipo de prueba. La misma se suspendió en cuatro oportunidades, pese a que existe el documento de los peritos del Instituto de Investigación Forense (IDIF) desde junio.

Según el documento de Auditoría Forense del IDIF Nº 124 – 16 INV. ESP. AUD: 003/16 existen varias observaciones a la licitación y contratación de la empresa para la construcción del puente a desnivel.

La primera observación es la falta de informes de la primera convocatoria para la licitación.

Luego, el aumentó del presupuesto de 10,3 a 11,7 millones de bolivianos y la reducción de ítems para la segunda convocatoria, también declarada desierta y sin un informe.

La segunda observación es la contratación del ingeniero que diseñó la obra como supervisor, lo cual está prohibido según los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 181, porque representa un conflicto de intereses para el profesional.




Castellanos reclama que proceso debía ser a técnicos

Desde el momento de la denuncia, el exalcalde Edwin Castellanos, aseveró que el colapso fue por una falla técnica. Por lo tanto, el proceso penal debería ser contra técnicos y no así contra una persona que “con buena intención contrató la empresa constructora”.

La postura del exalcalde es compartida por el exoficial mayor de Finanzas, Osvaldo Delgadillo, que indicó que sólo contrató la empresa según especificaciones normativas

Por su parte, el exoficial mayor de Infraestructura y actual concejal del MAS, Sergio Rodríguez, señaló que sólo estuvo en el cargo en la fase inicial de construcción del puente. Por lo tanto, el proceso debería ser contra los oficiales mayores que estuvieron durante el proceso de ejecución o de recepción de la obra.

La empresa constructora Álvarez aseveró en diversas oportunidades que sólo siguieron las especificaciones que les señalaron para ejecutar la obra. Asimismo, contactaron diversos expertos extranjeros para demostrar que su trabajo se realizó de acuerdo a lo planificado. Finalmente, el ingeniero Nelson Vega aseguró que utilizó el sistema que hasta el momento no había fallado.



ANÁLISIS

FERNANDO SALAZAR, SOCIÓLOGO
“Colapso marcó un antes y un después”

En primer lugar, el colapso mostró una debilidad institucional sobre el tipo de gestión y la forma de licitación de empresas. Esto derivó en que se generara mucha susceptibilidad en la población.

El colapso del puente marcó un antes y un después en los cochabambinos. Antes decíamos “que roben, pero que hagan”. Ahora se cambió de paradigma y tenemos una nueva construcción social, cada vez que se inaugura o comienza una obra decimos: “Ojalá no se caiga”.

Además, ahora asociamos cada obra con corrupción. Pensamos que todo lo que se construye ha sido con fraude o se ha robado algo.

Este hecho también demostró el manoseo político que se hace del desarrollo regional donde no se tiene consideración de las necesidades de la población.

Finalmente, luego de un año del colapso y todo el proceso penal sin resultados deja pensar a la población que existe un encubrimiento de las autoridades judiciales.

sábado, 22 de octubre de 2016

Exalcaldes Chaly y Cholango tienen 4 procesos pendientes

Las gestiones municipales de Gonzalo Chaly Terceros (2006 - 2010) de Ciudadanos Unidos (CIU) y Edwin Castellanos conocido como Cholango (2010 - 2015) del Movimiento Al Socialismo (MAS) repercutieron en procesos en su contra, por la construcción observada del Hospital del Niño, el pago por tonelada de basura a los dirigentes de K’ara K’ara, el uso de recursos de IDH para jardines del hospital Viedma y el hundimiento de la plataforma del puente de la avenida Independencia.

Terceros reconoció que no tiene en mente la cantidad de procesos que le involucran. “Sí puedo decir que fueron muchos. Por razones políticas. La anterior gestión municipal se encargó de hacer un montón de procesos”. Castellanos aseguró que solo tiene un caso pendiente y que otros no tenían fundamento.

El concejal de Unidos por Cochabamba (UNICO) Edwin Jiménez explicó que en la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) recaen responsabilidades a los alcaldes desde los procesos de contratación de obras. Pero, las denuncias por irregularidades no pesan solo sobre las exautoridades. Los casos incluyen a los exalcaldes, funcionarios, exfuncionarios y representantes de las constructoras.



TERCEROS El tema del Hospital del Niño, que involucra a Terceros y a 11 personas más, por mala edificación, está en etapa de investigación. La obra de seis millones de bolivianos está paralizada desde el 2010.

Auditoría Interna de la Alcaldía emitió dos informes. Uno estuvo referido a la recuperación de 147 mil bolivianos por el daño económico derivado de la edificación sin planos del helipuerto. El otro es un informe general.

El exalcalde recordó que los planos de esta obra se perdieron durante la gestión de Castellanos y existe un documento que lo acredita. “En lo que a mí respecta, con esa documentación, estaría liberado”.

Un segundo proceso es el del pago a los dirigentes de 70 centavos de dolar por tonelada de basura que ingresaba al botadero de K’ara K’ara. La Contraloría le conminó a pagar 2.7 millones de bolivianos en 2014.

“Ese proceso ha sido observado porque tiene un vicio de nulidad desde su inicio, debido a que no han citado legalmente a los dirigentes de K’ara K’ara”.

La exautoridad hizo referencia a que la responsabilidad debe ser “del que da y del que recibe” y que, en este caso, solo se notificó a la Alcaldía y a la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA). “Éste proceso con toda seguridad va a volver a foja cero, para que notifiquen a los dirigentes y hagan sus descargos”.

Acotó que los comunarios tienen los descargos, porque se hicieron obras, en su momento, con esos recursos. “Es un proceso coactivo que inició la Contraloría. No es un juicio”.

En el uso de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), proceso de 2009, para el arreglo de jardines del hospital Viedma, Terceros aclaró que esos fondos sirven para infraestructura hospitalaria, pero se había observado que los jardines no eran parte de la infraestructura. “Era un absurdo. Fue algo jocoso”.

Aseguró que el caso no avanzó más. “Estaba en la parte investigativa. Con los descargos que presentamos quedó ahí. No nos volvieron a notificar”.



CASTELLANOS El exalcalde masista informó que el único proceso que tiene es el referido al hundimiento de la plataforma del paso a desnivel de las avenidas Independencia y 6 de Agosto, que incluye a un total de cinco personas.

El tablero se hundió el 22 de octubre de 2015, la Alcaldía (de la gestión de José María Leyes) denunció el hecho penalmente a mediados de noviembre de ese año. El daño económico es de más de 11 millones de bolivianos.

El caso está en etapa de investigación y la Fiscalía evalúa los descargos para continuar con imputaciones o para liberar de cargos a los involucrados.

“Nunca he tenido procesos. Esto ha sido a consecuencia de la gestión pública”.

Reiteró que el colapso del tablero es un tema “netamente técnico”, que no debiera afectarle.



OTROS CASOS Quien más procesos tiene es Terceros. Sin embargo, aseguró que hay casos que no prosperaron o se cerraron. La creación y funcionamiento irregular de la Dirección Municipal de Salud (Dimusa), dijo, está archivado, porque “es un tema administrativo y no tiene ningún delito”. En lo referido al uso, con observaciones, de recursos para la Cumbre Suramericana de 2006, fue absuelto.

Informó que, en el caso de la sentencia de tres años por cobros irregulares para el mercado Santa Bárbara hubo apelación. Ahora, aguarda el resultado del Tribunal. “Es un proceso que con toda seguridad va a ser anulado porque se cometieron muchas irregularidades”. Entre ellas, la ausencia de un juez técnico.

En lo referido a Castellanos, el director de Auditoría Interna de la Alcaldía, Erick Bustos, dijo que el caso por supuesto sobreprecio en la compra de carros basureros, denominados Cholangos, no hay procesados, porque no se puede hacer cotizaciones ahora. “Es difícil corroborar sobreprecios porque hace cuatro años que se hizo la compra”.

viernes, 21 de octubre de 2016

Alcaldía procesa a 22 personas por tres obras irregulares

Mañana se cumple un año del hundimiento de la plataforma del paso a desnivel, emplazado en las avenidas Independencia y 6 de Agosto. El proceso iniciado para identificar a los responsables de aquel hecho continúa en camino, al igual que otros dos casos más que involucran a obras observadas de la Alcaldía de Cochabamba.

Las tres obras son: un paso a desnivel, un hospital y el mejoramiento de áreas verdes con glorietas. Tienen observaciones e involucran a 22 personas, incluidas exalcaldes, funcionarios, exfuncionarios municipales y representantes de algunas empresas constructoras.

Estas obras fueron ejecutadas durante las gestiones municipales de los exalcaldes Gonzalo Terceros (2006 - 2010) y Edwin Castellanos (2010 - 2015). La actual gestión de José María Leyes impulsa los procesos y lleva adelante auditorías.

PUENTE El concejal de Unidos por Cochabamba (UNICO) Edwin Jiménez recordó que, tras el hundimiento del puente de la avenida Independencia, el 22 de octubre de 2015, el Concejo Municipal solicitó una auditoría al proceso de adjudicación y construcción de la obra. El daño económico asciende a 11 millones de bolivianos.

El asesor general de la Alcaldía de Cochabamba, Sergio Coca, cuestionó que las autoridades jurisdiccionales no hayan dado respuesta a la demanda iniciada el 18 de noviembre del pasado año. Denunció que hasta la fecha no existe ningún responsable entre los cinco involucrados.

“Un año y sin justicia. Se ha demostrado que la estructura ha sido mal diseñada y construida, pero no hay resultados. Ni siquiera existe el acta de la audiencia cautelar”.

La Alcaldía inició un proceso penal en contra del exalcalde Castellanos, el proyectista y supervisor de la obra Nelson Vega, el representante legal de la empresa Álvarez Ltda. Víctor Hugo Álvarez, el exoficial Mayor Administrativo y Financiero de la Alcaldía Oswaldo Delgadillo y el exoficial mayor de Desarrollo de Infraestructura Territorial y actual concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sergio Rodríguez.

El director de la Unidad de Auditoría Interna de la Alcaldía de Cochabamba, Erick Bustos, dijo que dejó de lado ese tema porque está en manos de la Contraloría General del Estado.

La Contraloría intervino en el caso de oficio y emitió un informe preliminar con indicios de responsabilidad, “por incumplimiento al objeto del contrato” en el contratista y el supervisor”.

Los involucrados presentaron sus pruebas de descargo y, según Bustos, una vez que la Contraloría concluya el análisis emitirá un informe complementario “ratificando o levantando” las responsabilidades.

La plataforma fue demolida en mayo de 2015 y, en la actualidad, la zona fue rehabilitada para la circulación vehicular.

HOSPITAL La obra del Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel de 6 millones de bolivianos, que comenzó su construcción en 2007, está paralizada desde 2010. Hay 12 personas vinculadas a las irregularidades. Entre ellas, el exalcalde Terceros, un exoficial mayor técnico, el representante de la empresa constructora, el supervisor, el fiscal y siete personas más.

El director de Auditoría Interna de la Alcaldía informó que emitieron dos informes. Uno estuvo referido a la recuperación de 147 mil bolivianos por el daño económico derivado de la construcción sin planos del helipuerto. El otro está relacionado a un informe “por todo el hospital, todos los daños”, que se remitió a la instancia jurídica para iniciar las acciones legales. “Tengo entendido que ya se notificó a los involucrados”.

GLORIETAS El asesor general de la Alcaldía informó sobre la ejecución de glorietas con irregularidades. Hay alrededor de cinco exfuncionarios, que habrían incurrido también en delitos de corrupción.

Coca dijo que “pese a que en las planillas se señalaba un informe de avance físico determinado, en la verificación no existía y eran trabajos defectuosos”.

Manifestó que se siguió los procesos respectivos contra exfuncionarios.

SIN OPERAR Las autoridades anunciaron que hay otro proceso en puerta. La planta de reciclaje de residuos sólidos de K’ara K’ara, situada al lado derecho del ingreso, está sin funcionar.

Bustos manifestó que ya tiene un informe con un avance del 90 por ciento para iniciar un proceso penal y que en unas tres semanas se concluirá. “Va a haber muchos procesados, estamos trabajando en la cuantificación”.

CERRADO Entretanto, aunque ya hay sentenciados, desde que se concluyó el mercado Santa Bárbara, en 2008, con una inversión de nueve millones de bolivianos, permanece cerrado. El concejal Jiménez recordó que se hizo un proceso penal, en 2013, que derivó en sentencias en contra del exalcalde Terceros y dos dirigentes de los comerciantes por cobros irregulares para la ejecución de la obra. Mientras el tema no se esclarece, la infraestructura se deteriora y los vendedores instalan sus puestos alrededor del nuevo, pero abandonando el mercado.

Observación

Sergio Coca cuestionó que cuando hay procesos contra gente del MAS son rechazados o sobreseidos, pero para los opositores “hay detención preventiva o juicios orales”.

3

Años de prisión

El exalcalde Gonzalo Terceros fue sentenciado a tres años de prisión por irregularidades en la ejecución del mercado Santa Bárbara. Fue favorecido con el perdón judicial, por lo que no fue recluido en la cárcel.

Dos comerciantes también recibieron sentencia.

Apuntes



En revisión

El director de Auditoría Interna de la Alcaldía de Cochabamba, Erick Bustos, informó que existen auditorías solicitadas que están en la Dirección de Transparencia, porque hay casos que implican responsabilidad administrativa. Explicó que una vez que esta instancia concluya su trabajo, le corresponderá a Auditoría Interna verificar los proyectos.

El concejal Edwin Jiménez manifestó que desde el pleno del Concejo Municipal se solicitó auditorías a los procesos de adjudicación de distribuidores vehiculares:

* Nudo viario Beijing y Blanco Galindo, que tuvo una inversión mayor a los 100 millones de bolivianos. Fue inaugurado durante la primera quincena de septiembre de este año, aunque las obras menores continuaron después.

* Puente de las avenidas 6 de Agosto y Barrientos, ejecutado con una inversión mayor a 60 millones de bolivianos. Está concluido.

* Paso a desnivel de la avenida 6 de Agosto y República, de 46 millones de bolivianos. Ya fue entregado.

* Puente de la avenida 6 de Agosto y Panamericana, de 13 millones de bolivianos. En la actualidad está cerrado porque fue ejecutado con el mismo sistema de tirantes de la plataforma hundida del puente de la avenida Independencia. Desde la Alcaldía informaron que ya hay una empresa adjudicada para trabajar en la rehabilitación de esta obra.

El director de Auditoría Interna de la Alcaldía manifestó que estas obras están pendientes para una próxima etapa, “el próximo año”.

Bustos argumentó que cuenta con poco personal para la cantidad de tareas que le corresponde a su Unidad.

Recomendación

Considerando que ahora la Alcaldía de Cochabamba puede aprobar proyectos de hasta 70 millones de bolivianos sin que lleguen al Concejo Municipal, el concejal Jiménez recomendó al Ejecutivo contar con estudios a diseño final para que existan elementos suficientes antes de lanzar una adjudicación. “Deben tener supervisores, fiscales de obra para hacer seguimiento y control, en lo que respecta a la calidad de las obras y al cumplimiento de los plazos de ejecución”. Acotó que se debe revisar los currículos de las empresas, la experiencia específica, general, la solvencia financiera, porque pueden ser aspectos contraproducentes a futuro, cuando se apliquen auditorías.

Dirigente de FBF Imputan a Torrico por falsificar notas para su título de abogado

El secretario ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y presidente de la Asociación de Fútbol de La Paz, Walter Torrico, fue aprehendido ayer y hoy debe comparecer ante un juez; está imputado por el delito de falsedad material en relación a la falsificación de notas en la carrera de Derecho de la UMSA para obtener su título de abogado.

La Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), a través de su representante legal Javier Tapia, interpuso una demanda penal en contra de Torrico, acusándolo de ejercer de manera indebida la profesión de abogado.

El lunes, Torrico se presentó ante la fiscal Amparo Morales, quien lo citó para tomarle declaración informativa, pero el dirigente se abstuvo y se refugió a su derecho al silencio.

Ante ese hecho y con indicios suficientes, la fiscal optó por una aprehensión directa, la cual fue ejecutada ayer por la mañana.

El dirigente es sindicado en varias irregularidades, entre ellas falsedad material, uso de instrumento falsificado, ejercicio indebido de la profesión y se le amplió la denuncia por incurrir en legitimación de ganancias.

A esa denuncia se adhirió el Ministerio de Justicia, asimismo el Colegio de Abogados de La Paz también interpuso una denuncia en la Fiscalía contra Torrico y otros presuntos falsos abogados, acusándolos de falsificar sus certificados de notas con el objetivo de obtener su título profesional.

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, manifestó que Torrico “estaba ejerciendo la profesión falsamente hace 15 años” y desde el Ministerio de Justicia se conoce que hay 30 casos similares.

Las denuncias, en los últimos meses, de abogados que ejercen de manera ilegal la profesión se incrementó, y ya algunos ya se encuentran detenidos en San Pedro, pero todavía hay casos en investigación.

miércoles, 19 de octubre de 2016

Fondo Indígena Rojas pide postergar informe en comisión

Mediante una carta dirigida a la comisión indígena de la Cámara de Senadores, el director del programa Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Eugenio Rojas, pidió la postergación del informe oral previsto para mañana.

En la misma misiva, Rojas, argumentando su inasistencia por atender temas de emergencia en las provincias del departamento de La Paz, solicitó una nueva reprogramación para noviembre.

El fin de la presentación de Rojas, ante la comisión indígena del Senado, era la presentación del informe final de la liquidadora del Exfondo de Desarrollo Para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC), que fue cerrada por varias denuncias de corrupción. El segundo punto es explicar el nuevo modelo de gestión en el actual FFDI, para conocer los mecanismos que se emplearán, para evitar hechos irregulares en el trabajo.

El presidente de esta comisión, el senador Óscar Ortiz de Unidad Demócrata (UD), fue quien pidió el informe al director del FDI, argumentando que había muchas dudas sobre el trabajo que van a desarrollar, los proyectos y los desembolsos.

Por el tema del fondo indígena Un certificado dilata la salida de Achacollo

La libertad, bajo la figura de "cesación a la detención preventiva" de Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural y Tierras, según su abogado, Ángel Mercado, depende de la presentación de algunos documentos, entre ellos la certificación vía "requerimiento fiscal" sobre un predio ganadero de 291 hectáreas situado en el municipio de San Ignacio de Velasco, en una propiedad llamada "Las Perlitas". Dicha acreditación deben ser hechas por la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz). La exautoridad del Estado, está detenida desde el pasado 6 de agosto por las irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo Indígena (Fondioc).

"Estamos preparando la documentación para presentar la solicitud a la detención preventiva. Entre otros documentos a recabarse, es el referente a la certificación, previo requerimiento del Fiscal, que debe hacer Fegasacruz sobre la veracidad del predio que tiene la señora Achacollo en San Ignacio de Velasco", informó.

Situación del proceso. Según la información a la que tuvo acceso El Día, el fiscal de materia, Ángelo Jairo Saravia, remitió el pasado 6 de octubre el requerimiento de certificación ante la Fegasacruz.

Dicha institución del sector ganadero recepcionó la solicitud el 13 de octubre, en el que se pide certificar los aportes realizados por Achacollo como socia de Fegasacruz, además sobre los trabajos que realiza en la propiedad Las Perlitas, de 391 hectáreas del municipio San Ignacio, provincia Velasco.

En respuesta a dicha solicitud, la entidad ganadera respondió el pasado viernes ante el fiscal Saravia, en sentido que dicha instancia que aglutina al sector ganadero de Santa Cruz, no tiene la competencia para certificar dicho requerimiento. Además remarca que Achacollo no es socia de Fegasacruz. "Nosotros le hemos respondido en sentido que nosotros no registramos a las personas individuales sino a las asociaciones de ganaderos. Además no somos un ente oficial que registra las propiedades", argumentó Javier Landívar, Gerente General de Fegasacruz.

Envían a la cárcel a exfuncionario público por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía Departamental de La Paz informó que se dictó sentencia condenatoria de 10 años de privación de libertad para Juan Pablo Nina Condori, exfuncionario del Ministerio de Gobierno, por la comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado e incumplimiento de deberes.

“La labor de la Fiscalía, en lucha contra la corrupción, se ve reflejada en la sentencia contra el exencargado de Conciliación de la Unidad Financiera del Ministerio de Gobierno, quien emitió varios cheques duplicados por diferentes pagos, desde 2.000 a 100.000 bolivianos, los cuales iban a parar a manos del ahora sentenciado y otros tres exfuncionarios”, señaló el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Nina realizaba los cheques a nombre de terceras personas, quienes cobraban una comisión del monto total y posteriormente entregaban el saldo principal a los exfuncionarios del Ministerio de Gobierno.

Según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, los exfuncionarios se beneficiaron con 507.000 bolivianos por 43 cheques cobrados entre las gestiones 2008 y 2009.

“Tras una ardua investigación se colectaron todos los indicios para sustentar la acusación formal contra el ahora sentenciado, quien cumplirá su condena en la cárcel de San Pedro de La Paz”, finalizó Blanco.

Papeles de Panamá Fiscalía investiga a 107 empresas por legitimación de ganancias ilícitas

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que 107 empresas son investigadas por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas y que se analizará abrir procesos de oficio individualizando los casos.

“Hemos dejado una lista de 107 empresas, de estas 107, de acuerdo a la información que hemos recabado, solo 20 han pasado por la embajada de Bolivia en Panamá, es decir, a legalizar los poderes y toda la documentación”, informó Guerrero.

La autoridad también sostuvo que existe un número similar de firmas que no están inscritas en Fundempresa.

En abril de 2016, explotó el escándalo de la lista del denominado caso de los “Papeles de Panamá” donde Bolivia figura con 95 empresas. La información fue revelada a partir de la filtración de documentos del despacho de abogados panameños “Mossack Fonseca”, especializado en crear empresas y sociedades que se benefician de ventajas fiscales.

FISCALES

En ese marco, la Fiscalía General del Estado dispuso la conformación de un equipo de investigación para la recolección de datos de los “Papeles de Panamá”, y como resultado hasta la fecha se lograron encontrar indicios de 107 empresas con irregularidades.

La información se obtuvo en el viaje que realizó un grupo de fiscales, quienes se trasladaron hasta el país centroamericano donde se entrevistaron con los “fiscales superiores”, quienes están a cargo de la investigación sobre empresas que hayan evadido impuestos. Como resultado se obtuvo la nómina empresas bolivianas involucradas.

El fiscal dijo que los funcionarios judiciales analizan cada caso a detalle para determinar si existe el delito de legitimación de ganancias ilícitas, porque el dinero pudo proceder del narcotráfico o de actos de corrupción.

“Se investiga el delito de legitimación de ganancias ilícitas, porque presuntamente estas empresas han sacado réditos económicos de actividades ilegales en el país. También está en análisis abrir otros procesos judiciales por evasión de impuestos”, afirmó la autoridad.

Además, Guerrero anunció que la documentación de las empresas bolivianas que ya fue analizada por la Procuraduría de Panamá, llegará en las próximas semanas al país. “Esta información será cruzada con los datos de la Autoridad del Sistema Financiero, el Servicio de Impuestos Nacionales y Fundempresa”, informó.

PARAÍSOS FISCALES

Las transacciones millonarias de empresas de otros países que llegan a Panamá se legalizan de acuerdo a sus normas, esto es conocido como “paraíso fiscal”, porque estos movimientos económicos son libres de impuestos, hecho considerado como algo lícito para las personas y corporaciones grandes.

Para realzar transacciones financieras en el “paraíso fiscal” de Panamá, se bebe conformar una empresa “Offshore”, o “empresas fantasmas”.

sábado, 15 de octubre de 2016

Intendenta recibe 80 visitas, rosas y tilda de político su juicio

La intendenta Luz Rojas, que cumplió ayer ocho días de reclusión en el penal de San Sebastián Mujeres, recibe diariamente 80 visitas, ramos de rosas, comida y refrescos.

Las flores que todavía le envían o entregan personalmente sus “admiradores”, como lo hacían cuando ocupaba su oficina en la Intendencia, las manda a la capilla donde se encuentran los santos San Sebastián y el Señor de la Exaltación.

Cuenta que por tradición ninguna interna le mira de frente a San Sebastián, una imagen de un santo “hermoso y de ojos verdes” que se enamora de quien lo vea y no le deja salir del penal o le hace volver. Ella mostró a OPINIÓN la capilla y las flores que le enviaron estos días, pero no miró a San Sebastián, como manda la costumbre en el interior de la cárcel.

Considera que su juicio es político y confía que este miércoles 19 saldrá en libertad, tras una audiencia de apelación que se realizará ese día. Mientras está detenida tiene una licencia especial en su trabajo.

Al llamado por su nombre, aparece desde el fondo del patio de la cárcel lleno de mesas y sillas, dejando por unos minutos a la docena de comerciantes que le hacían compañía. Se muestra tranquila.

Rojas fue imputada por uso indebido de bienes del Estado y atentado contra la libertad de trabajo. Exgendarmes denunciaron que fueron obligadas a ir a una fiesta particular, sostuvieron que otra funcionaria les dijo que era por orden de Rojas y les advirtió con despidos si no asistían. El 6 de octubre se ordenó su detención preventiva.

Es la que más visitas recibe. “Vienen hasta 80 personas por día. Me dicen que parece que la Intendencia se hubiera trasladado aquí”.

Se expresa entre risas y cuando está por quebrarse toma aire y vuelve a sonreír. “Vienen comerciantes, me abrazan, me besan, una de ellas me trajo phisara con queso”. Un niño, “que vive en la calle”, que conoció durante sus operativos, le visitó dos veces y le llevó jugos y galletas.

Algunos secretarios municipales y asambleístas fueron a verla. La visitó el secretario general Ricardo Pol. El alcalde José María Leyes le llamó por teléfono, habló con ella a través de la línea que todas las internas utilizan. “Me dio confianza”.

“Aquí se conoce a los verdaderos amigos. Me siento millonaria, feliz. Tengo gente que me quiere”.



PROCESO Entre las visitas más frecuentes están las de sus dos abogados, que alistan la documentación para argumentar que cuenta con domicilio y que no hay obstaculización en el proceso.

“Sé que esto es una injusticia. Es político. Nada de lo que se dice es cierto”.

Denuncia, sin identificar a nadie, que antes de ser detenida fue amenazada. “Me dijeron que piense en mi libertad. Quieren perjudicar al Alcalde. Muchos somos leales y vamos a seguir trabajando junto a José María Leyes".



SU INGRESO La noche del 6 de octubre, Rojas ingresó en medio de gasificación, por la movilización de comerciantes que le defendían en puertas del recinto penitenciario. “Cuando he entrado, estaban las mujeres en el patio. Yo no podía respirar por el gas y varias me dieron cigarrillos (para contrarrestar el efecto del gas). Ahora todas son mis amigas”.

Todavía duerme en “Barrio Lindo”, el cuarto que comparten, antes de ocupar otros ambientes en la cárcel, las últimas 30 personas que ingresan.

Lo toma con humor: “Soy la número 6. Ya soy antigua”.

jueves, 13 de octubre de 2016

Acusan a una funcionaria de corrupción



La abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 1 denunció a otra funcionaria municipal, que supuestamente se hace pasar por vocera del alcalde Iván Arciénega, de pedirle que modifique la declaración informativa de un adolescente infractor e induzca a que se inculpe de robar el doble de dinero, supuestamente para beneficiarse con el monto adicional.

“Quiero poner en conocimiento un acto de corrupción que ha sido cometido por la señora Jimena Aparicio Mendieta quien alude ser vocera y tener autoridad en representación del Alcalde, además la violencia laboral que recibo constantemente”, denunció la abogada, Mayra Muñoz, al pedir al Concejo que investigue.

A finales de febrero, un adolescente fue acusado ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de robar Bs 27.000 a su empleador, y según Muñoz, un mes más tarde, Aparicio le exigió que cambie el monto a Bs 50.000, y al negarse habría comenzado un acoso laboral.

Este medio de comunicación intentó comunicarse con la denunciada, sin embargo, no respondió a las llamadas telefónicas.

Fiscalía entrega pruebas sobre el caso de la FBF

El Ministerio Público presentó ayer más de 400 cartapacios de pruebas correspondientes al caso Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y aguarda el juicio oral.
“Ahora estamos a la espera del señalamiento de día y hora de juicio para demostrar que el Ministerio Público ha hecho una acusación sólida”, informó el fiscal Iván Montellano, tras entregar los documentos en el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
La comisión de Fiscales presentó en julio la acusación formal contra los ex directivos de la FBF, Carlos Chávez, Alberto Lozada, Pablo Salomón, Jorge Justiniano y Armando Canedo, por los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, beneficios en razón del cargo, estafa agravada y malversación.
El expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Chávez está recluido en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, desde el pasado 21 de julio de 2015 por una investigación abierta por el Ministerio Público a varios dirigentes de la FBF.

martes, 11 de octubre de 2016

Video Jaime compara los gastos reservados con el Fondioc

Lo felicito que sea papá, pero como analista está muy mal", aseveró el expresidente Jaime Paz Zamora frente al análisis realizado por el vicepresidente Álvaro García Linera, por los 34 años de recuperación de la democracia en el país.

La exautoridad dijo que "me parece que no es correcto, me parece que es malicioso que usted hable de un comienzo de corruptos y hoy día una democracia de santos, una democracia de gente que se comporta de película, una democracia del pueblo. No está bien, no es correcto señor vicepresidente", en entrevista con 'Que No Me Pierda'.



Ayer García Linera habló de la democracia de baja intensidad, de los gobiernos de las minerías, respecto a la de alta intensidad, de los movimientos sociales. También criticó el maneja de gastos reservados, como parte de la "corrupción institucionalizada" y cuyos archivos debían ser "destruidos o incinerados".

"Quiero que sepa una cosa vicepresidente, todos los gastos reservados de estos gobiernos democráticos no llegan a lo que se perdió en el Fondioc y se lo digo no por usted, no por su esposa, que los quiero sino porque no es correcto que desinformemos a la población boliviana, eso no es democrático".

Acotó que "contra usted yo no tengo nada, yo estoy por el progreso del país" y ratificó que el Gobierno no puede hablar de lucha implacable contra la corrupción, mientras existan obras fantasma y recursos en las cuentas personales de dirigentes en el caso Fondo Indígena.

Concluyó señalando que "le dije a Evo que no se olvide, le mostré una botellita, una que tengo en casa con el primer líquido que salió en San Alberto X-9, campo descubierto en octubre de 1990, que descubrió Huamampama, donde luego apareció Margarita, Huacaya y ahora aparece Incahuasi, entonces le dije Evo, acá está, en esta botellita, el bono Juancito Pinto, Juana Azurduy, el bono Dignidad y también Evo, acá está tu avión y tus helicópteros".

lunes, 10 de octubre de 2016

Comisión de Papeles de Panamá Indagarán primero transacciones “ilícitas” ligadas al narcotráfico

La Comisión Mixta de los Papeles de Panamá priorizará en primera instancia la investigación de transacciones millonarias vinculadas al narcotráfico, informó el diputado de Unidad Demócrata (UD) y miembro de la comisión, Víctor Gutiérrez.

“La comisión está realizando un cronograma de trabajo con casos según su importancia, en los que resalta el dinero que sale del narcotráfico, las cantidades de dinero que se maneja y otros elementos”, sostuvo el legislador a medios de comunicación.

En ese marco, dijo que harán un seguimiento a personajes políticos, funcionarios estatales, con la finalidad de establecer el origen de riqueza, porque se sospecha que vienen del narcotráfico y va hacia paraísos fiscales.

Gutiérrez aclaró que las 122 personas involucradas en transacciones ilícitas, según la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, es aparte de las 95 firmas que se conocen en los registros en Panamá de 2008.

Además, el diputado recordó que el trabajo de la comisión del Legislativo está relacionado con buscar indagaciones, sobre personas que estén involucradas en evasión de impuestos, por haber realizados transacciones ilícitas en el paraíso fiscal de Panamá.

Anunció que hasta fin de año se tendrá listo un proyecto de ley, para regular el flujo de capital a paraísos fiscales, hecho que recomendado por el Banco Central de Bolivia (BCB), en su exposición sobre el tema.

“El informe en análisis será de la ministra Valdivia, que cruzó datos interesantes de 122 personas supuestamente involucrada en evasiones impositivas en los últimos 11 años, nos sirve como parámetro”, manifestó.

La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, informó que luego de un trabajo de depuración se detectó que 122 personas y 108 empresas están implicadas en el caso Papeles de Panamá, en el cual se investiga presunto lavado de dinero y evasión fiscal.

sábado, 8 de octubre de 2016

Intendenta pagó para librarse de tareas carcelarias y causa molestia

“La Intendenta rompió las reglas”. Luz Rojas pasó su primera noche en una celda alquilada de la cárcel San Sebastián mujeres y no con el resto de la población. Además contrató a reclusas para que muelan llajua, limpien los baños y barran, tareas que ella tenía que realizar en el penal.

Ayer tenía un atuendo similar al resto de las reclusas: unas chancletas rosadas, calza ajustada y colorida, un polerón y una chaqueta amarrada a la cintura, pero recibió un trato diferente, luego de ser detenida, preventivamente, por los presuntos delitos de uso indebido de bienes y atentado contra la libertad de trabajo, según constató OPINIÓN.

A su llegada a la cárcel, casi al final de la noche del jueves, algunas internas contaron que Luz Rojas no fue incorporada a “la celda de las últimas 30”. Un cuarto con colchones plegables en el piso, donde permanece encerrada la última treintena de privadas de libertad que se incorpora al penal. Para dejar de dormir ahí, las reas deben esperar a que una nueva persona llegue y ocupe su lugar.

Pero esta regla fue alterada, debido a que la Intendenta pagó 150 bolivianos por noche para que una reclusa le alquile una celda, donde hay una cama de una plaza. Pero, esa no fue la única excepción. Además de no dormir con la treintena de privadas de libertad nuevas, se libró de por lo menos tres tareas carcelarias, también pagando.

Según las reglas de las reclusas, las 30 mujeres nuevas deben ser las primeras y últimas en acostarse. A las cinco de la mañana tienen que estar de pie y bañadas para limpiar los baños, moler llajua y asear los patios. Todas esas labores que, por norma interna, le correspondían cumplir a la Intendenta, no las hizo.

Una interna contó a OPINIÓN que Rojas pagó a otras compañeras, aquellas que no tienen familia que las visiten y necesitan dinero, para que se encarguen de todo.

Esa “actitud altanera”, molestó a la mayoría de las reclusas, quienes dijeron que esperan que las siguientes noches que le restan en la cárcel las pase con la población.



VISITAS Como ayer no tenía tareas que cumplir, casi a media tarde recibió la visita de al menos una decena de funcionarios de la Intendencia.

Se acomodó algunas mesas en el patio de la cárcel y, ahí, se la pasaron charlando hasta que terminó el horario de visitas. Entonces su gente se retiró y ella, cargando una bolsa plástica colmada -al parecer- de alimentos, subió a su pieza.



ALERTA A propósito de la detención de la funcionaria, el alcalde José María Leyes y la bancada del partido Demócratas, ayer denunció persecución política de parte del nivel central.

Expresó su solidaridad con la Intendenta y afirmó que no acallará al partido.

Por su lado, la presidenta del mercado Santa Bárbara, Amanda Melendres, anunció una marcha del comerciantado en respaldo a Luz Rojas para este lunes a primera hora.

viernes, 7 de octubre de 2016

Revelan audios con charlas de corrupción en Quillacollo

Los concejales Antonio Montaño, Zacarías Jayta y Angelina Zeballos del Frente para la Victoria (FPV) hicieron llegar al presidente del Concejo Municipal de Quillacollo, Víctor Osinaga López, un CD con audios que implicarían a la esposa del alcalde, Eduardo Mérida, en conversaciones donde se pide el pago de 1.000 dólares por cada contrato de profesionales arquitectos.

Los denunciantes –que pertenecen al mismo partido por el cual Mérida fue elegido alcalde– exigieron se abra una investigación contra la esposa, Jovanna Maldonado Villarroel, y Richard Maldonado Tórrez, el supuesto brazo administrativo del alcalde Mérida, y que al parecer enlaza con la familia para la toma decisiones administrativas de la comuna.

El alcalde Mérida dijo que averiguó y aseguró Richard Ágreda no trabaja en Alcaldía de Quillacollo y le pidió que aclarara la denuncia. Señaló que la voz del audio se asemeja a la de su esposa, quien conversa con Ágreda sobre el cobro de 1.000 dólares.

Corrupción afecta imagen del país e inversiones

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Fernando Cáceres, sostuvo que un informe sobre corrupción que implicó a Bolivia, afecta negativamente la imagen del país y a la inversión extranjera.

“Para las inversiones grandes cuando vienen al país es importante la estabilidad de las reglas de juego, transparencia en el manejo de las normas, y que esto esté implicado con el tema de corrupción afecta negativamente”, manifestó.

REPORTE

El martes se conoció el Índice Global de Competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial, que mediante una encuesta de percepción concluyó que Bolivia es uno de los países más corruptos del mundo, después de Venezuela.

Cáceres remarcó que antes de invertir en un país se toma en cuenta la relación que va a tener en la aplicación de las normas y la transparencia que puede haber.

“Es un factor que uno decide antes de ir a invertir en un país”, apuntó. En ese sentido dijo que el resultado del Foro “es muy duro” para Bolivia y su población, pero “probablemente van a salir más informes que van a coincidir”.

Hallan 122 involucrados con Papeles de Panamá

En una investigación preliminar, el Ministerio de Transparencia identificó a 122 personas naturales y 108 empresas involucradas vinculadas con el caso de los Papeles de Panamá, informó ayer la titular de esa cartera, Lenny Valdivia.

El caso está vinculado al bufete panameño Mossack Fonseca, bajo sospecha de haber inscrito empresas en paraísos fiscales para ayudar a sus clientes a evadir impuestos o lavar dinero.

Valdivia dio esa información ante la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que investiga los nexos en Bolivia. Explicó que el trabajo que se desarrolló es técnico y se aplicó seis factores de riesgo para establecer con certeza a los sujetos y empresas que se beneficiaron con la evasión impositiva y con la legitimación de ganancias ilícitas en paraísos fiscales.

“Uno de ellos es que algunos de los consignados en una lista de 158 personas naturales, nosotros hemos hecho una depuración, un cruce de información, retirando homonimias, nombres incompletos y hemos llegado a establecer que, para el caso Bolivia, en total son 122 personas naturales, 108 empresas o personas jurídicas”, indicó.

Consultada sobre quiénes fueron identificados, manifestó que la indagación está en proceso y que además se exige confidencialidad, por lo tanto, no se puede adelantar nada. Sin embargo, se conoció que, dentro del proceso investigativo, se indagó si los involucrados son o no funcionarios públicos.

“Sobre esta base, hemos aplicado otros criterios de riesgo que tiene que ver con la condición de haber ejercido la función pública en el pasado, independientemente de la jerarquía del cargo, o que actualmente se encuentren desempeñando funciones en su condición de servidores públicos en los cuatro Órganos del Estado”, detalló Valdivia.

Valdivia dijo que entre los criterios de riesgo que se aplicó, se contemplan las operaciones financieras y de comercio exterior, los trámites ante la Cancillería y la Embajada de Bolivia en Panamá, aspectos que definirán las actividades que las personas desarrollaban en esa nación.

“El otro criterio de riesgo importante ha sido establecer si de este listado de las 122 personas, tiene vinculaciones en procesos de contratación por obras, bienes o servicios, incluso consultorías en línea por producto. Tenemos también registro y tenemos resultados que nosotros los hemos expresado en el informe que hemos dado a la comisión. Nos falta seguir avanzando, hemos parado la investigación porque se ha conformado la comisión, sin embargo, hemos definido que todavía falta un trabajo por hacer”, sostuvo.

La investigación denominada Papeles de Panamá, que dio a conocer datos de más de 40 años de actividad del despacho panameño de abogados Mossack Fonseca, dedicado a crear empresas en paraísos fiscales, reveló que esa firma tiene 18 clientes bolivianos en una lista que incluye también 95 compañías, ocho beneficiarios (verdaderos dueños de una sociedad) y 35 accionistas (generalmente palos blancos).



El fiscal general, Ramiro Guerrero, también estaba invitado para brindar información a la comisión, pero se excusó debido a otro compromiso.



Investigación de 3 delitos

La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, explicó que, en los operativos, la investigación que hizo su despacho se basó en la identificación de tres delitos: la elusión tributaria, la evasión tributaria y la legitimación de ganancias ilícitas.

“La comisión (investigadora de la ALP) va a tener una ardua tarea de fiscalización porque va a tener que cruzar información fundamentalmente con las dos administraciones tributarias, Impuestos Nacionales y Aduana Nacional y también vinculado a algunos registros de operaciones de comercio exterior”, indicó.

jueves, 6 de octubre de 2016

Bolivia desconoce competencia del WEF sobre lucha contra corrupción



El Gobierno boliviano desconoció ayer la competencia y validez de la Organización Internacional Foro Económico Mundial (WEF) sobre la percepción de la corrupción en el país “por ser poco serio y sesgado”.

En rueda de prensa, la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, señaló que se trata de un informe sobre corrupción con intencionalidad política diseñado por representantes empresariales para ejercer presión sobre los líderes políticos de otros países.

Manifestó que en esa organización participan privados que buscan ejercer presión a favor de los intereses de otras naciones con desarrollo a costa de los que no la tienen para obtener ventajas, y que en el caso de Bolivia desconocen que constitucionalmente prevalecen los preceptos de dignidad, soberanía, independencia y responsabilidad nacional.

“Como bolivianos no aceptamos que vengan a influir sobre la definición de nuestras políticas públicas en el ámbito que sea, por eso es que rechazamos este informe y no lo damos por válido por ser poco serio y sesgado. Además de que ese documento se contrapone a los alcances y esfuerzos que ha alcanzado Bolivia en materia de prevención y lucha contra la corrupción”, precisó.

Aclaró que el Estado Plurinacional únicamente reconoce los mecanismos oficiales que evalúan de manera responsable, objetiva y permanente los avances de los Estados en materia de lucha contra la corrupción, como el de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

“Los resultados de estos informes de evaluación son los únicos mecanismos válidos y legítimos para establecer cuál es el avance y cuáles son las debilidades que todavía tienen los Estados para encarar la problemática de la corrupción y las formas efectivas de luchar contra ella”, manifestó.
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Buscan eliminar economías

El presidente Evo Morales Ayma, a través de su cuenta oficial en Twitter, denunció que representantes de las transnacionales a través de “El Foro Económico representa a grandes transnacionales y con informes sobre corrupción quieren eliminar economías estatales que son del pueblo”.

Empresarios dicen que informe sobre corrupción afecta negativamente a la inversión extranjera



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Fernando Cáceres, sostuvo que un informe sobre corrupción que implique a Bolivia, afecta negativamente la imagen del país y la inversión extranjera.

“Obviamente para las inversiones grandes cuando vienen al país es importante la estabilidad de las reglas de juego, transparencia en el manejo de las normas, y que esto esté implicado con el tema de corrupción afecta negativamente”, manifestó.

El martes se conoció el Índice Global de Competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial, que mediante una encuesta de percepción concluyó que Bolivia es uno de los países más corruptos del mundo, después de Venezuela.

Cáceres remarcó que cuando un inversionista piensa invertir en un país toma en cuenta la relación que va a tener en la aplicación de las normas y la transparencia que puede haber.

“Es un factor que uno decide antes de ir a invertir en un país”, apuntó. En ese sentido dijo que el resultado del Foro “es muy duro” para Bolivia y su población, pero “probablemente van a salir más informes que van a coincidir”.

Bolivia cayó cuatro puntos en el Índice de Competitividad Global. El año pasado se ubicó en el puesto 117, mientras que este año, se situó en el 121 de 138 países analizados.

El estudio que fue difundido en días pasados, identificó como los principales problemas para avanzar en esta materia a la corrupción, la burocracia gubernamental, las regulaciones laborales restrictivas y las tasas de impuestos.

La víspera, la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia, rechazó el informe presentado por la ONG y dijo que no está autorizada a hacer ese tipo de evaluaciones.

“Por supuesto, lo desconocemos y no lo validamos (el informe, son) organizaciones no gubernamentales que no son autorizadas y cuya metodología de medición ha sido observada por varios países”, manifestó.

Bolivia baja en el ranking de competitividad por corrupción, burocracia y regulaciones laborales

Bolivia ha caído cuatro punto en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. El año pasado se ubicó en el puesto 117, mientras que este año, se situó en el 121 de 138 países analizados.

El estudio que fue difundido en días pasados, identificó como los principales problemas para avanzar en esta materia la corrupción, la burocracia gubernamental, las regulaciones laborales restrictivas y las tasas de impuestos.

El país tiene un puntaje de 3,5 sobre 7, donde siete es el mejor y 1 es el peor.

Bolivia ocupa el puesto 121 de una lista de 138 países analizados en un índice que mide cómo utiliza un país los recursos de los que dispone y su capacidad para proveer a sus habitantes un alto nivel de prosperidad.

El índice analiza 12 variales: Instituciones, infraestructuras, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y formación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación en materia de negocios e innovación.

El índice ubica a Suiza, Singapur y Estados Unidos como las economías más competitivas del planeta, seguidas de Holanda, Alemania, Suecia, Reino Unido, Japón, Hong Kong y Finlandia, que conforman el "Top 10" de los más competitivos.

En América Latina, Chile es el más competitivo (33), lo que supone una mejora de dos posiciones frente a su resultado de hace un año, mientras que Venezuela está en el extremo opuesto, al ocupar el lugar 130, entre 138 países analizados.

En la lista de factores que perjudican la competitividad se preguntó a los consultados en la Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial para seleccionar los cinco factores más problemáticos para hacer negocios en su país y que los clasificaran del 1 (más problemático) al 5.

Vea el informe completo aquí

Venezuela y Bolivia encabezan la lista de los países con prácticas corruptas

El Índice Global de Competitividad estableció que Venezuela y Bolivia encabezan la lista de los países más corruptos del mundo, en una nómina de 138 naciones que fueron analizadas.

En una puntuación del 1 el más corrupto al 7 el menos, Venezuela encabeza el ranking con un 1,7, seguido por Bolivia (2), Brasil y Paraguay (2,1), República Dominicana (2,2), Argentina (2,3) y Nicaragua (2,4).

Según el informe, de los 10 más corruptos, cinco son iberoamericanos, y entre los 15 primeros destacan nueve de esta misma región.

La fundación suiza incluye la corrupción en su índice anual de competitividad, basado en una encuesta a 15.000 líderes de negocios de 141 economías mundiales.

Las preguntas que se hicieron a los consultados son: "¿Qué tan común es el desvío de fondos públicos a empresas o grupos?; "¿Cómo calificas la ética de los políticos?" y "¿Qué tan común es el soborno por parte de las empresas?".

El país menos corrupto es Singapur con 6,4 sobre 7, seguido de Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos y Finlandia, los tres con 6,3 puntos.

Otra de las novedades de este índice es que México aparece como el primer país más corrupto entre los países industrializados, con 2, 5 puntos.

El comportamiento de la región no ha sido para nada alentador y tiene que ver con escándalos de corrupción como el Petrobras en Brasil, las acusaciones contra el exgobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los sobornos de los que se le acusa al expresidente guatemalteco, Otto Pérez-Molina.

En el caso de Bolivia, el escándalo de corrupción que más ha golpeado al gobierno y a sus organizaciones afines es el del Fondo Indígena, donde se han desviado dineros públicos a cuentas personales de los dirigentes sociales que apoyan al presidente Evo Morales.


Exministra Julia Ramos “Presidente conocía problemas de Fondioc”

La exministra Julia Ramos, detenida en la cárcel de Obrajes por estar implicada en el caso Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), señaló que en una reunión del directorio y dirigentes indígenas se comunicó al presidente Evo Morales de los problemas que afrontaba la entidad estatal

Según la exautoridad, el Mandatario estaba enterado que seguían aprobando más proyectos y para subsanar ese error los indígenas sugirieron la promulgación de un Decreto Supremo para evitar mayores problemas, sin embargo no fueron escuchados y ahora se vive las consecuencias de esa irresponsabilidad.

Desde diciembre de 2015, la exministra está recluida preventivamente en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes por presuntos manejos irregulares de ocho proyectos “fantasma” financiados por el ex Fondo Indígena.

“Se ha presentado (una alternativa), yo estuve en esa reunión, y esa vez se quedó que ya no se iba a recibir más proyectos. Todo el directorio nos hemos reunido, todos los dirigentes nos hemos reunido, (le dijimos al Presidente) que hay problemas en los proyectos y hay que mejorar y tener una Ley (o) un Decreto Supremo, era para mejorar el sistema administrativo y bueno ahí está, ahora estamos viendo las consecuencias, pero los que no tenemos que ver, los dirigentes no somos asalariados, somos dirigentes al servicio ad honorem”, indicó Ramos.

Agregó que la directora del Fondo Indígena de ese entonces, Elvira Parra, presentó las propuestas para subsanar las irregularidades que existía en la institución indígena. (ANF)

miércoles, 5 de octubre de 2016

Valdivia y Guerrero asistirán a Comisión de Papeles de Panamá

La ministra de Transparencia, Leny Valdivia y el fiscal general Ramiro Guerrero asistirán mañana, jueves, a la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa encargada de investigar las operaciones de los “Papeles de Panamá”, informó el diputado integrante, Víctor Gutiérrez, disidente de la opositora UD.

El objeto de la cita de ambas autoridades es informar sobre los mecanismos que tiene cada institución para controlar la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales.

Gutiérrez anunció que después de la visita de ambas autoridades, se abrirá la investigación caso por caso y evaluar los niveles de evasión tributaria que es el principal objetivo de este trabajo.

En ese marco, el Parlamentario prevé que al final de la investigación se elabore más de un proyecto de ley para llenar los vacíos institucionales.

Dijo que esos proyectos de ley darían a Bolivia la posibilidad de investigar a los paraísos fiscales porque en este momento no es ilícito tener un depósito en Panamá, sino que la ilegalidad se daría si una empresa no ha avisado al Estado que tiene un depósito en Panamá o en las Islas Británicas, si han evadido impuestos o está blanqueando dólares.

Sin embargo aclaró que si una empresa cumple con la normativa, en apariencia todavía no han ingresado al campo de la ilicitud y por ese motivo hay que fijar parámetros para que no sigan saliendo dineros que pueden servir para el desarrollo del país.

Explicó que las leyes estarían orientadas a establecer mecanismos que permitan saber el origen, el destino, la procedencia de los recursos y ver que ese dinero es lícito y sea de un empresario, y de un funcionario corrupto a los que históricamente está acostumbrada Bolivia.

Durante la primera etapa, los miembros de la comisión recibieron charlas informativas sobre el funcionamiento de los paraísos fiscales por parte de algunos entendidos en la materia, y luego convocaron a autoridades del Ejecutivo para recoger información sobre el movimiento de dinero hacia el exterior, además de conocer criterios técnicos y ahora corresponde a los criterios jurídicos.