lunes, 30 de noviembre de 2015

Investigación por caso Fondo indígena Suspenden audiencia de Ramos, Choque y Condori

Suspenden la audiencia de medidas cautelares de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Julia Ramos, del senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Choque y el disidente masista Damián Condori, por el caso de corrupción en el Fondo Indígena.

El juez sexto de Instrucción en lo Penal, Freddy Gutiérrez, fue recusado por el diputado Rafael Quispe, parte querellante del proceso de investigación.

Ramos fue aprehendida el pasado jueves, una día después la Fiscalía aprehendió a Choque y al excandidato a gobernador chuquisaqueño y principal impulsor del "No", Condori, dentro de la investigación del polémico caso Fondo Indígena (Fondioc).

Medidas. El diputado opositor de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, indicó a El Día que el principal motivo por el que se recusó al juez Gutiérrez fue porque no se podía llevar adelante una sola audiencia imputando a tres personas por diferentes delitos.

"No se puede meter en la misma bolsa a los tres, la señora Ramos tiene otros delitos que Condori y Choque, además no olvidemos que hay un senador y no es la misma situación judicial, se necesita tener trato diferencial", dijo Quispe. Además denunció irregularidades en el proceso, porque los imputados fueron detenidos en días diferentes y los plazos procesales corren de forma distinta en cada caso.

De acuerdo a norma, el juez tiene 24 horas para responder a la recusación planteada, después de ello se volverá fijar una nueva fecha y hora para la audiencia cautelar de los tres imputados.

Movilización. En tanto, Joel Guarachi, colaborador cercano de Condori, anunció que los campesinos de todo el país tienen previsto movilizarse, dependiendo del fallo judicial sobre la situación del excandidato a gobernador.

"Nosotros queremos advertir que ya los compañeros se están organizando, no nos vamos a quedar de brazos cruzados nos vamos a movilizar en el país exigiendo justicia. Quieren encarcelarlo porque está impulsando el No a la reelección", manifestó Guarachi.

Antecedentes. Ramos fue aprehendida por aprobar ocho proyectos "fantasma" que ocasionaron un daño económico al Estado de Bs 7,5 millones. El senador masista por no presentar los descargos del desembolso de más de 7 millones bolivianos para tres proyectos que estaban a su cargo y que no fueron ejecutados. A Damián Condori lo imputan por recibir dinero para dos proyectos no ejecutados.

Gobierno anuncia que recuperará el dinero del Fondioc

La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, informó que, una vez concluidos los juicios orales por el caso de la corrupción en el Fondo Indígena (Fondioc), se iniciará el procedimiento para recuperar el dinero perdido porque se trata de un daño económico al Estado.

"Lo que dice la normativa es que después de concluidos los procesos penales en juicio oral, se inicia un procedimiento para la recuperación del daño económico y por eso desde el Ministerio de Transparencia y la liquidación del Fondo Indígena (tenemos) esa delicada tarea de seguir los procesos penales hasta su conclusión a objeto de poder hacer efectiva esta recuperación", dijo Valdivia a la red Patria Nueva.

La autoridad informó, además, que durante la intervención del Fondo se logró recuperar 17,3 millones de bolivianos, dinero que ingresó físicamente a la cuenta única del Tesoro. Sin embargo, el dinero restante que fue a parar a cuentas personales de los dirigentes sindicales afines al Gobierno, no aparece.

Durante una primera etapa, la Contraloría General del Estado, luego de revisar 153 proyectos financiados por el Fondo Indígena, estableció un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos. Más adelante, una intervención al Fondo llegó a la conclusión de que, entre 2010 y 2014, se financiaron 1.100 proyectos. En ese lapso se habría desembolsado la suma de 8 mil millones de bolivianos.

Potosi Fiscalía libra mandamiento de aprehensión contra un alcalde

El Ministerio Público de Potosí libró un mandamiento de aprehensión contra el alcalde de Tacobamba, Filemón Isla, quien está acusado por la presunta comisión de abuso sexual.
Así lo confirmó a el Potosí, el fiscal departamental, Antonio Leniz, quien informó que actualmente el burgomaestre de ese municipio no se presenta en el asiento fiscal de Betanzos para declarar.
La denuncia fue presentada por la secretaria del alcalde la semana pasada por este hecho que ocurrió, según dijo, en una comunidad de la jurisdicción municipal de Tacobamba.
"La denuncia es contra la autoridad máxima de la Alcaldía Municipal de Tacobamba", dijo. Luego reiteró que la denuncia fue presentada por la propia servidora pública.
De acuerdo con el cuaderno de investigación, la funcionaria habría asistido a una sesión del Concejo Municipal con el alcalde. Después de que acabó la sesión, la funcionaria subió a la motocicleta del alcalde con la finalidad de que la lleve hasta la Alcaldía.
Sin embargo, antes de llegar a destino, el alcalde supuestamente habría parado la motocicleta en medio camino.
Isla le habría declarado su amor a la secretaria e incluso, según la denuncia, pretendió besarla por la fuerza en medio de piropos.
Empero la mujer habría puesto resistencia y el alcalde habría usado la fuerza hasta agarrarle de las nalgas.
La mujer también reaccionó muy asustada y nuevamente puso resistencia para evitar que el alcalde siga con sus intentos. Así cursa la denuncia presentada al Ministerio Público por la funcionaria edil.

Primer alcalde denunciado

Filemón Isla es el primer alcalde del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunciado por presuntamente cometer este hecho contra una funcionaria pública.
Pese a la citación, el burgomaestre de Tacobamba no se habría presentado a declarar, por lo que la Fiscalía optó por librar el mandamiento de aprehensión.
El artículo 22 del Código de Procedimiento penal faculta al fiscal hacer ese tipo de actuados por la no presentación del acusado.

Audiencia cautelar suspendida Quispe recusa a juez y pide separar procesos en caso Fondo Indígena

El diputado Rafael Quispe, quien inició las denuncias sobre el daño económico en el Fondo Indígena, presentó ayer una recusación en contra del juez Sexto Penal Cautelar de El Alto, Jorge Gutiérrez, observando la unificación del proceso, por lo cual se suspendió la audiencia (sin fecha y hora) de medidas cautelares contra la exministra de Desarrollo Rural y Tierra, Julia Ramos; del senador del MAS, Jorge Choque, y del exejecutivo de la Csutcb, Damián Condori.

“Primero, no están siendo investigados por los mismos delitos y los tiempos procesales ya se han cumplido en el caso de Ramos y esas irregularidades pueden beneficiar a los procesados”, explicó a EL DIARIO, el diputado por Unidad Nacional (UN).

Por su lado, el juez Sexto, Gutiérrez, una vez notificado con la recusación, resolvió dictar un cuarto intermedio en la audiencia de medidas cautelares de los tres políticos ligados en diferentes escenarios al partido de gobierno, para analizar el incidente plateado por el diputado.

“Hemos recusado porque no hemos visto pertinente que se lleve la audiencia, si es por el mismo tema del Fondo Indígena, pero no son los mismos casos y en principio desde la forma que han sido aprehendidos; primero Julia Ramos, después Jorge Choque y luego Damián Condori”, señaló el legislador.

La audiencia, fue instalada ayer domingo, a las 09.20 de ayer sin embargo, luego fue suspendida tras una recusación interpuesta por el diputado Quispe.

A pesar de que no se tiene fecha la reiniciación de la misma, según los plazos procesales, el juez debe determinar, hasta este lunes, si acepta o rechaza la recusación.

CARGOS

Según la liquidadora del Fondo Indígena Originario Campesino, Lariza Fuentes, la exministra y dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’, Julia Ramos, fue aprehendida por aprobar ocho proyectos “fantasma” que ocasionaron un daño económico al Estado de 7,5 millones de bolivianos.

En el caso del senador y exdirigente de la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, Jorge Choque, se determinó su aprehensión por no presentar los descargos del desembolso de más de siete millones bolivianos para tres proyectos que estaban a su cargo y que no fueron ejecutados.

Asimismo, el disidente oficialista y exsecretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca, Damián Condori, es imputado por recibir dinero para dos proyectos no ejecutados.

En febrero pasado se denunció el caso Fondo Indígena, tras que la Contraloría evidenció 153 obras inconclusas o inexistentes que causaron un daño económico al Estado que al momento suman más de 200 millones de bolivianos.

MINISTRA VALDIVIA

La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, informó que, una vez concluidos los juicios orales por el caso de corrupción en el Fondo Indígena, se iniciará el procedimiento para recuperar el dinero perdido porque se trata de un daño económico al Estado.

“Lo que dice la normativa es que después de concluidos los procesos penales en juicio oral, se inicia un procedimiento para la recuperación del daño económico y por eso desde el Ministerio de Transparencia y la liquidación del Fondo Indígena (tenemos) esa delicada tarea de seguir los procesos penales hasta su conclusión a objeto de poder hacer efectiva esta recuperación”, declaró Valdivia a la red gubernamental Patria Nueva.

La autoridad informó, además, que durante la intervención del Fondo se logró recuperar 17,3 millones de bolivianos, dinero que ingresó físicamente a la cuenta única del Tesoro. Sin embargo, el dinero restante que fue a parar a cuent'0as personales de los dirigentes sindicales afines al Gobierno, no aparece.

domingo, 29 de noviembre de 2015

Fiscalía citará a diez personas a declarar

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, aseguró este sábado que el Ministerio Público convocará la próxima semana a 10 personas más para que declaren sobre proyectos observados del Fondo de Desarrollo Indígena, Originario y Campesino (Fondioc).

“No le puedo dar nombres pero unas 10 personas más van a ser convocadas entre el lunes y miércoles, jueves, de la próximas semana (a declarar)”, dijo Guerrero a radio Fides.

Las declaraciones las realizó un día después de la aprehensión del senador oficialista Jorge Choque Salomé y del exdirigente campesino y disidente del MAS, Damián Condori, por proyectos fantasmas.

La exministra Julia Ramos también fue aprehendida por haber aprobado ocho proyectos fantasmas por un valor de 7,5 millones de bolivianos el año 2010, como miembro del directorio del Fondo Indígena.

El Fiscal General explicó: “Aquí no hay ninguna aprehensión política como se han querido hacer ver”, en referencia al caso de la aprehensión de Condori, ya que los seguidores del exdirigente calificaron la acción de política.

En referencia al exdirigene de la Csutcb, Damián Condori, Guerrero dijo que se cumplió con el mandamiento de aprehensión que tenía en su contra y fue llevado a la ciudad de La Paz donde dijo que sería imputado en la ciudad de El Alto para ser puesto a disposición del juez cautelar”, indicó Guerrero.

Argumento que Condori “ha manejado dos proyectos fantasmas del Fondo Indígena”. (Radio Fides)

Interventora del Fondioc advierte que hay más personas involucradas

Los nombres de más exautoridades y exdirigentes se encuentran en los informes presentados por la interventora del Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc), Lariza Fuentes, que tienen relación con los 30 proyectos fantasmas y en los 153 proyectos inexistentes que denunció la Contraloría General del Estado, que fueron financiados por el Fondo Indígena.

Fuentes manifestó que la liquidadora trabaja bajo el lineamiento emitido por el Presidente “caiga quien caiga”, en una entrevista televisiva.

“Nosotros, desde que empezamos revisamos el proyecto número uno hasta el proyecto 1.100, no vemos los nombres y directamente vemos si se cumplió o no se cumplió, sin ver el tema del nombre”, dijo la liquidadora del Fondioc.

La investigación se viene dando a nivel nacional, anticipó que la siguiente semana las exautoridades y exdirigentes de organizaciones sociales, de quienes no quiso revelar los nombres para no entorpecer la investigación, comparecerán ante la Fiscalía de los departamentos de Oruro, Tarija y Santa Cruz, agregó.

“No habrá favoritismos, cuando se revisó desde el primer proyecto hasta el 1.100 del Fondo Indígena se trabajó sin mirar nombres, los resultados son claros, tenemos a una exministra retenida y un senador”, subrayó.

Al respecto, el diputado Rafael Quispe, aseguró que una de las personas que debía ser citada a brindar sus declaraciones a la Fiscalía es la exministra de Desarrollo Rural y Tierra, Nemesia Achacollo, y no es cierto que, la exautoridad, no podía hacer nada frente a los dirigentes de ocho organizaciones sociales que formaban el Directorio de la liquidada Fondioc, porque incluso en algunas reuniones, la exautoridad llegaba al extremo de echar a las personas que observaban irregularidades en la aprobación de proyectos.

“Hemos participado en algunas reuniones del Directorio y hemos visto la imposición (de Achacollo), tenemos la grabación, (por ejemplo) en una reunión del Directorio, a la señora le dicen estamos haciendo mal el procedimiento de la aprobación de los proyectos, pero ella procede a botar a uno de los dirigentes que (hizo esa observación)”, declaró.

ACCIONES LEGALES

En días pasados, fue arrestado Damián Condori, exsecretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), y aprehendidos el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Choque, involucrados en los proyectos fantasmas y la exministra de Justicia y Desarrollo Rural y Tierras, Julia Ramos.

En el caso de Ramos, Fuentes informó que Ramos está involucrada en los proyectos inexistentes como la “capacitación de recursos humanos técnicos productivos para el fortalecimiento de las organizaciones nacionales”, donde el representante legal es Félix Becerra, quien tiene detención preventiva y la exministra fue responsable de la Comisión de Administración. Asimismo, es representante legal del proyecto “Escuela de formación de gestión, planificación y elaboración de proyectos”, supuestamente ejecutado en los nueve departamentos. También estará involucrada en uno de los 153 proyectos denunciados por la Contraloría. El daño económico causado por la exautoridad ascendería a 7,5 millones de bolivianos.

Fuentes afirmó que el daño económico generado por los 30 proyectos fantasmas descubiertos asciende a 102 millones de bolivianos, al margen de los 71 millones de bolivianos de daño, causado por los 153 proyectos investigados por la Contraloría.

El abogado de la exautoridad, Paolo Gutiérrez, contó que su defendida fue sometida a una declaración que duró cuatro horas.

En el caso del senador Jorge Choque, antes de ser senador y en su calidad de dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, gestionó siete proyectos, en los que también aparece como representante legal. Recibió poco más de 2,2 millones de bolivianos para la aplicación de proyectos destinados a la producción de forraje con semillas certificadas en Sica Sica, Ayo Ayo y Collana. También recibió 3,8 millones de bolivianos para la producción de forraje con semilla certificada en Patacamaya, Umala, Calamarca y Colquencha.

En cuanto a Damián Condori, en 2014 fue miembro del Directorio del Fondo Indígena en su calidad de dirigente de la Csutcb, también aparecería como representante de algunos proyectos.También fue aliado durante muchos años del MAS y se alejó del proceso de cambio, de Evo Morales, después que le arrebataron la posibilidad de ser candidato a la Gobernación de Chuquisaca.

Caso Fondo Indígena Oposición pide la detención de exministra Achacollo

Diputados opositores y asambleístas de Chuquisaca demandaron a la Fiscalía una investigación imparcial en el caso del Fondo Indígena y pidieron la aprehensión de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, por ser la principal responsable de los proyectos fantasmas que financió el Fondo Indígena.

Asimismo, exigen la detención de la excandidata a la Gobernación de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Felipa Huanca, que supuestamente también estuvo involucrada en uno de los proyectos inexistentes.

Para el asambleísta departamental de Chuquisaca, Eusebio Cordero, las últimas aprehensiones de exautoridades y dirigentes son asuntos políticos con miras al referéndum del 21 de febrero, porque no se detuvo a los verdaderos responsables de los proyectos fantasma.

“Para nosotros el Gobierno central está utilizando a la justicia, porque los verdaderos culpables de los proyectos fantasmas: Nemesia Achacollo (exministra de Desarrollo Rural) y Felipa Huanca no están aprehendidas”, dijo Cordero.

Expresó que la aprehensión de Damián Condori exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), es una muestra clara de ser un asunto político, puesto que el ex dirigente había iniciado una campaña por el NO a la reelección de Evo Morales.

En la misma línea, el diputado suplente Rafael Quispe dijo que “lo que se está haciendo es una cacería de brujas, pero todavía no se está dando con los verdaderos responsables de esta corrupción, donde está Nemesia Achacollo y Felipa Huanca, consideramos que este accionar solo es para obtener redititos políticos de parte del MAS”.

En tanto que los asambleístas del oficialismo afirman que la investigación está siendo desarrollada por la Fiscalía, de manera independiente, Mientras, la diputada Susana Rivero remarcó que “el presidente Evo (Morales Ayma) no protege y no va a proteger a nadie, jamás”.

El pasado viernes, la Fiscalía en Sucre aprehendió al exdirigente campesino y excandidato opositor a la Gobernación, Damián Condori, en el aeropuerto de Sucre y fue trasladado a la ciudad de La Paz. Es investigado por el irregular manejo en el Fondo Indígena.

Al respecto, Cordero informó que Condori, líder de su organización política, fue aprehendido cuando arribó al aeropuerto Juan Azurduy de Padilla en Sucre, después que asistiera a un ampliado en la ciudad de La Paz.

“Se lo llevaron en una vagoneta directamente del Aeropuerto de Sucre a la ciudad de La Paz. No estaba con abogado. Y ni siquiera sabemos si había un mandamiento de apremio”, protestó el asambleísta departamental.

Hay 11 consorcios de corrupción en la justicia

Fiscales y jueces determinan tarifas a litigantes antes de iniciar procesos.

Al menos once consorcios de corrupción han sido identificados por el Consejo de la Magistratura en el eje central del país, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde las tarifas son fijadas por algunos operadores y administradores de Justicia en complicidad de abogados que incluso cuentan con antecedentes penales, según informes de inteligencia del Ministerio de Gobierno.

Hace una semana el viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcelo Elio, debido a los hechos de corrupción por parte de jueces y fiscales, anunció que investigan al menos 15 jueces por delito de prevaricato.

La autoridad de Gobierno explicó que hace más de dos meses se iniciaron las investigaciones contra estos jueces y que ya hay nombres y los delitos cometidos.

Según Elio, estos jueces dictaron resoluciones injustas en Santa Cruz y Cochabamba, en delitos de avasallamiento y otros.



CONSEJERA. Mónica Limachi, representante del Consejo de la Magistratura de La Paz, informó por su parte que recibe aún amenazas por el trabajo de fiscalización que desarrolla en los juzgados y que conoce sobre denuncias de los consorcios de corrupción que hay al interior de los tribunales. La autoridad recordó que cerca de 45 jueces son procesados por retardación de justicia y faltas graves y muy graves. Y que éstos fueron identificados tras los operativos sorpresa que realizó la entidad en las ciudades de La Paz y El Alto.

Limachi, antes de emprender viaje la semana pasada, no negó ni afirmó la cantidad de consorcios denunciados que tiene en su despacho, pero dijo que la labor –a medida que se conocen los casos- se complica para los funcionarios encargados de procesar los hechos de corrupción e iniciar el proceso administrativo. “No quiero adelantar criterio, pero tenemos hechos de corrupción que denuncian por lo menos uno al día. Estos consorcios hay”.



TARIFAS. La Prensa reveló hace una semana que los jueces y fiscales cobran entre 3.000 y 7.000 dólares. Sin embargo, las investigaciones de inteligencia revelaron que los montos van más allá de los 10.000 dólares como lo acontecido con el juez anticorrupción Marcelo Barrientos, detenido preventivamente en la cárcel de Patacamaya, al igual que otras dos personas del mismo juzgado.

El informe de inteligencia refiere que la red de corrupción se inicia en la fuerza anticrimen, donde piden coimas de 20 a 21.000 bolivianos y que las actitudes corruptas de algunos efectivos llegan al punto de manipular pruebas para frustrar o para lograr una condena.

Este mismo modo de operar se observa en la Fiscalía, pero los montos establecidos superan los cinco y siete mil dólares en esta instancia y en caso de imputación la suma va creciendo.

Un litigante afirmó que un Fiscal le solicitó dinero para cambiar la resolución de imputación, en coordinación con el juez, y de esta forma beneficiar a su pariente con el arresto domiciliario como primera instancia.

“Es una red, consorcio, que funciona desde hace más de una década, Hay vocales incluso involucrados en estos hechos que reciben dinero para favorecer durante la apelación. Los ladrones salen y entran porque ya tienen identificados fiscales y jueces que los favorecen con medidas alternativas a la detención. Si pagas estas fuera en tres meses, pero si te apegas al procedimiento, te pudres en la cárcel”, afirma un procesado por robo que desde hace dos años tiene un defensor de oficio. En tanto un abogado, quien solicito reserva, afirma que la corrupción se incrustó en los organismos judiciales y que “si no eres parte de este sistema los procesos se paralizan en perjuicio de los litigantes. Debes tener amigos en los juzgados, darles hasta para el chicle, para que el proceso tenga celeridad y una adecuada interpretación. Algunos jueces tienen contactos con vocales y fiscales para que un determinado proceso tenga conclusión favorable”.

Cada una de estas asociaciones, según las investigaciones, están integradas por al menos tres fiscales de materia, dos jueces y un vocal, quienes para evitar ser descubiertos planifican sus actividades los fines de semana y en domicilios particulares. Donde participan los litigantes para evadir los controles que ejercen el Consejo de la Magistratura, Ministerio de Justicia y actualmente el Poder Ejecutivo.

Según estas revelaciones es en Santa Cruz y La Paz, donde hay mayor número de consorcios.

sábado, 28 de noviembre de 2015

Según la oposición Gobierno buscará reforzar campaña con aprehensiones en caso Fondioc

Luego de la aprehensión de la exministra Julia Ramos y del senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Choque, en torno al desfalco del Fondo Indígena, la oposición consideró que el oficialismo busca reforzar, con estas medidas, reforzaron la campaña por SÍ a la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE) y habilitar a una segunda reelección al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García.

La jefa de Bancada de Unidad Demócrata (UD), en la Cámara de Diputados, Jimena Costa, calificó las últimas acciones como una estrategia para “tapar” los hechos de corrupción que alcanzaron a esferas gubernamentales, según los denunciantes, con el objetivo de ganar adeptos en los comicios de febrero próximo.

“LA PIEDRA EN EL ZAPATO”

“Esta es una lavada de cara, la piedra en el zapato más grave en este año es la corrupción estructural y sistemática del Fondo Indígena, entonces están en una etapa prelectoral del referéndum y necesitan lavarse la cara con el tema del Fondio. La única forma de causar impacto público es sacrificando a unos cuantos corderos, entonces Julia Ramos no será la única, pero no sancionarán a todos los involucrados y sobre todo, no se recuperarán los millones de millones que se han malgastado para mantener contentos a los dirigentes”, afirmó.

Sostuvo también que lo que sí se verá son unos cuantos “corderitos sacrificados” para ver si así aumentan su campaña por el SI”, dijo la legisladora opositora a tiempo de cuestionar que las sanciones no alcanzan, empero, a altas autoridades de Estado, pese a la responsabilidad legal que recae sobre ellas”.

¿DETENCIÓN DE EX MINISTRA?

A su turno, el diputado por la misma tienda política, Rafael Quispe, celebró el accionar del Ministerio Público, pero demandó la aprehensión de la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, por considerarla la mayor responsable del desfalco al Fondo Indígena, porque ejercía su presidencia, como parte de las responsabilidades que tenía como ministra del sector.

“Con esto se inicia un efecto dominó. Julia Ramos fue ejecutiva y miembro del directorio (del Fondioc), además de exministra, era una mujer poderosa del MAS, por lo que pedimos que se la juzgue como corresponde, por su responsabilidad como miembro del Directorio de ese organismo, y no solo por los proyectos fantasma a su nombre. Es el primer pez gordo que cae, pero se aprobaron estados financieros y en esa bolsa debería estar Nemesia Achacollo, ojalá que estos resultados no sean circunstanciales”, sostuvo el diputado.

Manifestó, asimismo, que si hasta febrero se imputa a la exministra, se podría influir en los resultados del referéndum, “por eso cabe decirle al presidente Morales que, si habla de castigo a la corrupción, caiga quien caiga se debe ir hasta el final”.

Los parlamentarios de oposición que denunciaron y siguieron de cerca las investigaciones por irregularidades en el Fondo Indígena, ahora aseguran que la justicia “les da la razón”.

OFICIALISMO

Por su parte, la diputada beniana por el MAS Susana Rivero aseguró que ante las irregularidades al interior del Fondioc, las sanciones “eran de esperarse”.

“Han habido irregularidades en el Fondo Indígena y la justicia tiene que sancionar a los culpables. Lo mencionamos en reiteradas ocasiones, ni nosotros como legisladores y menos el Presidente, va a proteger a nadie. Hemos insistido mucho en exigir la celeridad de la investigación. Así como hubo gente que desfalcó el Fondo, habrá gente inocente y necesitamos saber quiénes son. No nos meteremos en el tema, pero siempre vamos a exigir que se haga justicia y se sancione a los responsables”, manifestó la legisladora oficialista.

RUMBO AL REFERÉNDUM

Rumbo al referéndum del próximo 21 de febrero de 2016, oficialismo y oposición enfocan su campaña por el SI y el NO a la modificación de la CPE, para habilitar al binomio presidencial a otra reelección.

Si bien el partido de Gobierno anunció que el proselitismo estará centrado en difundir los “avances, logros y beneficios” del MAS, las tiendas opositoras aseguraron que harán hincapié en los hechos de corrupción que se destaparon durante la administración de Morales, en los últimos años, para demostrar a la población por qué discrepan con la continuidad al actual régimen por otro período más.

jueves, 26 de noviembre de 2015

Víctimas de la injusticia protestaron contra corrupción

Un centenar de personas, las cuales se consideran haber sido víctimas de jueces, fiscales y policías, tomaron ayer las calles de La Paz, para lo que marcharon desde El Alto, con el propósito de hacer conocer su voz de protesta por la forma cómo son tratadas en sus trámites judiciales por los operadores de justicia, en distintas ciudades del país. Además, demandaron una pronta reestructuración del Órgano Judicial, para poner fin a la corrupción, fueron sus estribillos, durante el recorrido que efectuaron.

La representante de los manifestantes, Braulia Choque, explicó a este periódico, que la demostración que realizaban era a consecuencia de los constantes perjuicios de los que son víctimas por parte de los operadores de justicia.

Sostuvo que había casos extremos en que a los litigantes se le pide dinero a cambio de cambiar la tipificación de delitos, en su mayoría penales. Anotó también que existen casos demostrativos de que la justicia beneficia a delincuentes, “que pasan por las cárceles como si fueran sus domicilios”.

Cada una de las personas que intervino en la movilización decía que portaba consigo el expediente que contenía la decisión judicial que las hacía víctimas, en vez de encontrar la justicia que buscaban.

La protesta concluyó en puertas del edificio donde se encuentra el Palacio de Justicia, en la calle Jenaro Sanjinés. Ahí se quedaron sus participantes hasta pasadas las 14.00 horas, en medio de estribillos contra la corrupción en la justicia y demandando el cambio total que se debe dar en su seno, para así volverla transparente.

“Queremos nuevos jueces (…) que se vayan los corruptos”, fue uno de los tantos estribillos que lanzaron, quienes se identificaban como víctimas de la justicia, a raíz de lo cual se organizaron en la Asociación de Víctimas de Injusticia.

PEDIDO

Gonzalo Sandoval, miembro de la organización, sostuvo que se requiere de nuevos operadores de justicia, “porque los jueces y fiscales corruptos tienen que desaparecer”. Afirmó que muchos funcionarios de los tribunales se aprovechan de la gente humilde, exigiéndole dinero para que su trámite judicial avance.

La abogada Choque expuso que se tienen procesos con claras pruebas de haberse incurrido retardación de justicia y que la marcha era para sensibilizar a las autoridades y que se proceda a un verdadero cambio en la justicia.

Aclaró que quienes conforman la Asociación de Víctimas de Injusticia son litigantes que no cuentan con recursos para que sus procesos avancen. Las víctimas de la injusticia buscan el bien social, porque dentro de esta agrupación se añadieron personas desde Potosí, Cochabamba, Oruro, entre otros departamentos.

La protesta se realizó a propósito de la destitución de tres jueces y la secretaria del Tribunal Primero Anticorrupción y de Lucha Contra la Violencia a la Mujer, además de un fiscal, por estar vinculados con presuntos hechos de corrupción, en el Órgano Judicial de La Paz.

lunes, 23 de noviembre de 2015

Por “Video de corrupción” Dos jueces y secretaria encarcelados

La jueza Melina Lima, del Juzgado Décimo Tercero de Instrucción en lo Penal Cautelar, dictaminó la detención preventiva en el penal de Patacamaya de los jueces José Marcelo Barrientos y Jorge Viscarra Silva, del Juzgado Primero Anticorrupción y de Lucha Contra la Violencia a la Mujer, además de secretaria Micaela Alí al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, al ser involucrados en una filmación por supuesta extorsión, informó la ministra de Justicia, Virginia Velasco.

La autoridad mostró su satisfacción por el fallo, calificando a la medida de imparcial. Sin embargo, dijo que se hará seguimiento del caso, para que se obtenga una sentencia final para los sindicados.

“Pediremos que el Fiscal Félix Marín sea investigado porque es nombrado en el video, siendo que éste tiene antecedentes de haber extorsionado con anterioridad a los litigantes”, señaló e indicó que su Ministerio estará presente en la audiencia cautelardel juez Ernesto Escobar Arold.

PRENSA NO TUVO

ACCESO A LA AUDIENCIA

La audiencia de ayer no fue presenciada por los medios de comunicación por órdenes de la jueza Lima; la encargada del Concejo de la Magistratura, Mónica Limachi, cuestionó el hecho e indicó que en el futuro se superará esta irregularidad para evitar susceptibilidades.

La autoridad judicial anunció la reprogramación de la audiencia de medidas cautelares del juez Ernesto Escobar Arold, para hoy a horas 14:00 en el Juzgado Décimo Tercero de Instrucción en lo Penal Cautelar. En esta oportunidad se definirá el futuro legal del imputado.

Ayer, Escóbar sufrió un desmayo en plena Audiencia lo que obligó que ésta sea postergada para hoy.

“Se buscará serenidad en el proceso judicial, para que los sindicados tengan de tres a ocho años de pena carcelaria, dispuesta por ley”, manifestó Limachi.

Aseguró que la protección para la demandante entra en curso, como lo manifestó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, para lo cual se coordinó con la Fiscalía y la Policía porque la seguridad la mujer está garantizada.

MINISTERIO PÚBLICO

El fiscal Departamental, Marcelo Rollano mencionó que la investigación está en etapa preparatoria, lo cual significa que se tiene un plazo de seis meses para reunir elementos de convicción para la acusación formal, en contra de los sindicados.

En cuanto al Fiscal Félix Marín mencionado en el video, señaló que la fiscal Rosario Venegas, procederá con el citatorio correspondiente, con la finalidad de tomarle declaraciones informativas. La medida se asumirá ante la jueza Cardozo (de quién se desconoce el nombre completo), la cual también habría pedido soborno con anterioridad.

IMPUTACIÓN

La Fiscal Rosario Venegas emitió las resoluciones de imputación para los jueces: José Marcelo Barrientos, por la comisión de los delitos de cohecho pasivo, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes en grado de autoría; Jorge Viscarra Silva, aumentando el delito de incumplimiento de deberes en grado de complicidad y Ernesto Escobar Arold, por incumplimiento de deberes en grado de complicidad, mismos delitos para la secretaria Micaela Alí.

domingo, 22 de noviembre de 2015

Audiencia cautelar definirá destino de jueces y secretaria por video de corrupción

El Fiscal General del Estado, Ramiro José Guerrero Peñaranda, informó ayer que el Ministerio Público presentó la imputación formal en contra tres jueces y secretaria del Juzgado Primero Anticorrupción y de Lucha contra la Violencia a la Mujer, quienes están involucrados en el caso video, por hechos de corrupción.

“La Fiscal Rosario Venegas emitió las resoluciones de imputación para los jueces: José Marcelo Barrientos, por la comisión de los delitos de cohecho pasivo, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes en grado de autoría; Jorge Viscarra Silva, por los delitos de cohecho pasivo, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes en grado de complicidad y Ernesto Escobar Arold, por los delitos de cohecho pasivo e incumplimiento de deberes en grado de complicidad”, explicó.

Las resoluciones de imputación fueron presentadas la mañana de ayer sábado ante la autoridad jurisdiccional. “El Ministerio Público cumplió con su responsabilidad, de acuerdo a normativa legal, y ahora corresponde que se fije fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares”.

Hasta el cierre de esta sección se conoció que la audiencia de medidas cautelares se llevara adelante hoy.

Barrientos, sus colegas jueces y la secretaria Micaela Alí, prestaron declaraciones ante el Ministerio Público y actualmente están en calidad de detenidos en celdas policiales.

“La secretaria fue imputada por incumplimiento de deberes y cohecho pasivo en grado de complicidad”, informó por su parte la Fiscal Anticorrupción, Rosario Venegas.

Según la operadora de justicia, las resoluciones de imputación para los cuatro implicados en este caso fueron presentadas ante el Juzgado de Instrucción Nº 13 a primeras horas de este sábado.

“Tal como lo dijo nuestra máxima autoridad del Ministerio Público, estamos a la espera de que el juez fije hora y fecha para la audiencia de medidas cautelares”, expresó.

Venegas inició la investigación formal a los implicados en un caso de extorsión de 15.000 dólares a una litigante de La Paz y que fue grabado en un video.

DEFENSA

Moisés Ponce de León, abogado del juez Barrientos, cuestionó la filmación, en que su cliente aparece pidiendo dinero para favorecer a un sindicado, imputado por el delito de violación, al cual calificó de ilegal.

“Son grabaciones de dudosa procedencia, tenemos que tomar en cuenta que han sido tomadas en mayo, no se conoce el medio con las que se ha obtenido, ha transcurrido seis meses para que se hagan públicas. Existe manipulación informática, existe ilegalidad en la colección de la prueba”, explicó.

viernes, 20 de noviembre de 2015

Fondo Indígena Comisión de fiscales citará a exministra y exdirectores

El fiscal departamental, Marcelo Rollano, informó ayer que la Comisión de Fiscales que investiga presuntos casos de corrupción, en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), citará a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemecia Achacollo, y exdirectores de la entidad desconcentrada dentro el proceso de investigación sobre posibles malos manejos en el Fondo Indígena.

Según Rollano, la comisión de fiscales a cargo de los proyectos del Fondo Indígena elaboraron estrategias para convocar a personas que puedan proporcionar información, elemento que ayudará a esclarecer los hechos.

Indicó que los fiscales necesitan saber el informe de la interventora del Fondioc, Larisa Fuentes, para verificar si puntualiza nombres en específicos o instituciones, además de analizar si forman parte de un delito.

Asimismo, el fiscal dijo que los casos se están analizando de modo general, para luego ver los indicios específicos, para que este pueda coadyuvar con las investigaciones de presuntos hechos de corrupción.

En La Paz se cuenta con nueve procesos, los cuales adjuntan a varios proyectos. Es importante que la interventora del Fondo Indígena también rinda un informe la comisión de fiscales, lo cual se hará mediante una petición formal, según apuntó Rollano.

Explicó que la comisión de fiscales en cada departamento está investigando los 153 proyectos, además de otras denuncias adicionales.

ANTECEDENTES

Hace dos días, la interventora al Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), Lariza Fuentes, en el informe que presentó ayer a la Comisión Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Amazónicos e Interculturales de la Cámara de Senadores, afirmó que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras no cumplió con la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Safco), respecto a su función de ejercer tuición sobre el Fondo Indígena.

Señaló que la falta de gestión administrativa al interior del Fondo Indígena fue la causa de la posible corrupción de los dirigentes del Fondioc. A ello se suma la ausencia de las autoridades en el control de cada uno de los proyectos, siendo que estos estaban en la obligación por ley de brindar asesoramiento técnico a los ejecutivos de la entidad desconcentrada como a los dirigentes que solicitaban financiamiento a su proyecto.

jueves, 19 de noviembre de 2015

Caso Rózsa Declara exgerente del Buganvillas

En la jornada de ayer, comenzó a declarar Eduardo Luis Vega Álvarez, exgerente general del hotel Buganvillas, como nuevo testigo del Ministerio Público en el juicio del caso Rózsa. El testigo negó haber visto una mira telescópica en ese centro hotelero, a pesar de la insistencia del titular de la comisión de fiscales, Sergio Céspedes.

Asimismo, respondió que cuando se alojó Luis Hurtado (Eduardo Rózsa) fue a través de la modalidad de intercambio por el valor de $us 3 mil por 50 noches de hospedaje a $us 60 cada una y que la cancelación fue a través de tarjeta de crédito. Sin embargo, desconoce cuando fue lo que tuvo que pagar Rózsa.

El representante del Ministerio Público, le preguntó si el consumo pasó de los Bs 20 mil, como lo dijo supuestamente en su declaración en el 2009 ante el exfiscal Marcelo Soza, cuestionamiento objetado por la defensa por ser considerada como inducida.

Al menos 20 fiscales fueron destituidos por corrupción este año

Veinte fiscales fueron destituidos de sus cargos por supuestos hechos de corrupción en los primeros meses del año, informó hoy el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
Las destituciones fueron producto de procesos realizados por la Dirección de Régimen Disciplinario de la Fiscalía General boliviana, indicó Guerrero, según un comunicado de su oficina.
Los dos casos más recientes fueron los de la fiscal Litzie Torrico Baptista, en la región de Santa Cruz (este), y Augusto Marín Soria, en La Paz, ambos por supuestos cobros irregulares de dinero.
Guerrero mencionó que este año fueron intervenidas las Fiscalías de La Paz, con la destitución de más de 25 funcionarios, y de Oruro, donde fueron cesados otros 12 trabajadores.
El funcionario indicó que desde que asumió la conducción de la Fiscalía en 2012, han sido destituidos unos 80 fiscales y un número similar de funcionarios del Ministerio Público, dentro de una "política interna de transparencia y depuración de los malos servidores públicos" aplicada en su gestión.
"Nuestra acción en el Ministerio Público no es coyuntural, no responde a una determinada circunstancia, sino es parte de una política de transparencia institucional (...). Hemos procesado y metido a la cárcel a fiscales departamentales, fiscales de materia, y lo vamos a seguir haciendo", enfatizó.
El fiscal general resaltó que esa institución es la única que cuenta con una unidad de investigación que verifica la relación entre los ingresos de funcionarios estatales y sus patrimonios.
Lamentó que otras instituciones no acompañen las acciones del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción.

Marcelo Barrientos Difunden video de juez pidiendo dinero

El juez del Tribunal Primero Anticorrupción y de Lucha Contra la Violencia a la Mujer de La Paz, Marcelo Barrientos, fue denunciado por extorsionar a una madre de un imputado para cambiar el caso. El video donde aparece el operador de justicia fue difundido por el Ministerio de Transparencia.

La ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, pidió ayer que el Ministerio Público investigue el caso del juez Barrientos, denunciado por extorsión y filmado cuando trataba de timar entre 15.000 y 18.000 dólares a una mujer que buscaba se califique a su hijo de acuerdo con el tipo penal en que incurrió.

A su juicio, el fiscal asignado al caso tiene que realizar los actos procesales necesarios, convocar a declarar al juez denunciado, al denunciante y a los servidores judiciales de ese juzgado para apuntalar una investigación objetiva que llegue a la verdad material de los hechos y advirtió que se hará un seguimiento del caso.

VIDEO

El video difundido por redes sociales y agencias de noticias refiere las circunstancias en que la madre, en medio del llanto, le pide al juez la ayude para que cambie la tipificación del delito y en esa conversación surge un monto que le habían pedido. Eran 15.000 dólares. De los cuales la mujer asegura que sólo consiguió dos mil.

Se observa a una funcionaria, del juzgado, que revisa el celular de la mujer y le pregunta si tenía algún otro objeto que podría grabar; la mujer responde que no. Sale y cierra la puerta; es cuando el juez habla y justifica el procedimiento judicial. “El problema es bien delicado, y nosotros no podemos hacer el trabajo y su abogado tiene que fundamentar bien y este tema no tiene que hablarlo con nadie (…) ¿Usted cuanto tiene dice? (…) Eso (mostrando dos dedos) dejá mañana ocho y media, y el otro al finalizar todo lo que implica verificación (…)”, señala el juez a tiempo de explicar a una tercera persona que es por cambiar la tipificación del delito, de violación por estupro.

El juez técnico del Tribunal Anticorrupción y de Lucha Contra la Violencia a la Mujer de La Paz, Marcelo Barrientos, aseguró ayer que era “falso” la sindicación que se le hace por pedir coima a la madre de un imputado, pese a que existe un video que demuestra lo contrario.

“Eso es falso, yo no voy a emitir criterio alguno con referencia a supuestos”, aseveró Barrientos, ante las persistentes consultas de los periodistas que lo abordaron en su despacho.

CONCEJO DE MAGISTRATURA

La representante departamental del Concejo de la Magistratura, Mónica Limachi, al respecto informó que constató la existencia del proceso y luego solicitó la documentación pertinente para analizar el caso.

La magistrada consiguió las pruebas para iniciar un proceso disciplinario contra el juez, quien será derivado a un Juzgado Disciplinario, “porque el pedir cantidades de dinero, está tipificado como falta grave dentro del Reglamento de la Magistratura”.declaró a EL DIARIO.

Asimismo, se conoció, al cierre de esta edición sobre una carta enviada al juez Barrientos desde el Tribunal Departamental de Justicia en el que le piden “licencia o renuncia inmediata”.

INCUMPLEN NORMA Recuperan un 20% de Fondo Indígena

La liquidadora del Fondo Indígena (Fondioc), Larissa Fuentes, informó que hasta la fecha se recuperaron 20 millones de bolivianos de los más de 100 millones que se presume fueron malversados. En el informe que presentó a una Comisión de la Cámara de Senadores afirmó, además, que el Ministerio de Desarrollo Rural no cumplió con la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), por su función de ejercer tuición sobre dicho Fondo.

miércoles, 18 de noviembre de 2015

Fondo Indígena El senado convoca a la interventora

La interventora del ex Fondo Indígena, Lariza Fuentes, fue convocada por la Cámara de Senadores para hoy a las 9:30 am.

El presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas del Senado, Óscar Ortiz, indicó que la Interventora Fuentes tendrá que aclarar los supuestos casos de corrupción por proyectos no concluidos o inexistentes que provocaron un millonario daño económico al Estado. El objetivo es conocer un reporte ampliatorio del informe presentado por Fuentes el pasado 25 de agosto. Fuentes reportó un daño al Estado de Bs 102 millones por proyectos inconclusos.

martes, 17 de noviembre de 2015

Un fiscal intenta retirar a testigo clave del caso Rózsa

En una cuestionada audiencia que al final quedó suspendida, un representante del Ministerio Público intentó retirar a un testigo clave del caso Rózsa.

Se trata del fiscal Sergio Céspedes, que solicitó a Sixto Fernández, presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, prescindir del interrogatorio a Luis Hernán Rossel, exgerente del hotel Las Américas en el 2009.

Como se recordará, un medio impreso publicó el año pasado, de que Rossel habría dicho en su declaración fiscal, que cuando hubo el operativo que acabó con la vida de tres personas, fueron borrados los videos de las cámaras de seguridad del centro hotelero, aspectos que podrían ser ratificados por el testigo en el estrado.

Contradicciones entre fiscales. Ayer en la audiencia se observó contradicciones entre dos representantes de la comisión de fiscales. Primero Sergio Céspedes argumentó ante el juez Fernández, que al haber restringido el número de testigos, retiraba a Rossel. Sin embargo, Óscar Vera, contradijo a su colega Céspedes, al sostener que primero el Tribunal debe resolver el incidente planteado por el Ministerio Público el pasado viernes 6 de noviembre sobre el límite a los declarantes. Entonces el recurso quedó en suspenso, ya que debido al estado de salud del acusado Alberto Melgar, se suspendió la audiencia hasta ayer, pero debido a la falta de actas se volvió a postergar para hoy.

El testigo ya fue presentado. El abogado Gary Prado Araúz dijo que el testigo ya fue presentado el viernes 6.

Por tal motivo, dijo el jurista, corresponde que sea interrogado una vez que el presidente del Tribunal resuelva el incidente planteado por la Fiscalía.

Prado Araúz espera que eso ocurra, ya que si los representantes del Ministerio Público no quieren entablar el interrogatorio al testigo, sí lo quieren hacer los abogados de la defensa.

Ante esas situaciones explicó que lo primero que queda es esperar el fallo del titular del Tribunal Mixto de Sentencia.

Acusadores piden cambiar de secretario. Cuando los fiscales y la defensa pidieron que se lean las actas de las pasadas audiencias o se escuche los audios no habían ninguno, por ello, Sergio Céspedes pidió cambiar al Secretario por incumplimiento de deberes.

El juzgador al suspender la audiencia, exigió explicaciones al sindicado, caso contrario, tomaría acciones.

Por su parte, el aludido respondió que el registro lo tenía en una computadora que se malogró y por lo tanto, la solicitud de audios y actas impresas, recién estarían listas para la jornada de hoy. Ante esa situación, el juez Fernández suspendió para las 9:30, ya que considera vital para determinar una resolución. El problema se originó cuando el presidente del Tribunal de Sentencia decidió limitar el número de testigos, tanto de los acusadores como de la defensa. Fernández fue interpelado por ambas partes cuando resolvió tres testigos por temática, por lo que la Fiscalía anunció un incidente que debe ser resuelto hoy

Caso misiles chinos Sentencia contra Ciro Valdivia será dictada el 23 de noviembre

La sentencia en contra del coronel Ciro Valdivia, uno de los 10 coimputados en el caso misiles chinos, será dictada el próximo 23 de noviembre y en esa audiencia se pedirá que declare como testigo de descargo en la defensa del general Marcelo Antezana, según informó el abogado Oswaldo Rojas.

El pasado 4 de noviembre, debía iniciar la argumentación de la defensa de los 10 imputados para concluir con la tercera etapa del juicio oral sobre los 30 misiles chinos, que en 2005 fueron entregados a Estados Unidos (EEUU) para su desactivación, durante el período de transición presidencial a cargo de Eduardo Rodríguez, actual representante por la causa marítima de Bolivia contra Chile, ante la Corte Internacional de Justicia.

En este sentido, Rojas afirma que si bien el proceso abreviado no perjudicará a su defendido, observa que el pedido de Valdivia contempla asumir la culpabilidad en grado de “complicidad”, pero sin dar a conocer al autor de los delitos de “Sometimiento del Estado a dominio extranjero”; “Revelación de Secretos” e “incumplimiento de deberes”, entre otros, representa una incongruencia. En tal sentido, Rojas señala que en la audiencia de lectura de sentencia presentarán una solicitud formal para que Valdivia, luego de ser sentenciado, se presente a declarar como testigo de descargo, por parte de Antezana y ahí se pueda aclarar las dudas y se revelen los detalles de este caso.

Siete son los tripulantes del FAB – 65 con la misión calificada de “vuelo internacional NAS – Carga Diplomática”, que partió del Aeropuerto Internacional de El Alto, el tres de octubre de 2005, como figura en el informe elevado en 2014 desde el “Departamento III de Operaciones Emgfb FTA. Diablos Negros”.

En el informe, expedido por el teniente coronel Guillermo Quiroga, figuran los nombres del ahora general en retiro Walter Álvarez Agramont (piloto), el mayor aviador Miguel Albis Martínez (copiloto), mayor Marcelo Bautista Enríquez (navegante), el capitán Rubén Rodríguez A.; los suboficiales Juan Parada, Alberto Yana y el civil Juan Rutiaga. Todos miembros de la FAB.

El caso Fondo Indígena afectará campaña del Sí

La estrategia de la campaña del oficialismo será por tierra con un trabajo hormiga.

La encargada comunicacional de la campaña del oficialismo, Amanda Dávila, reconoció ayer que la presunta corrupción que se descubrió en el Fondo Indígena, afectó la imagen del Gobierno y esto empañará la campaña por Sí, con miras al referendo de consulta constitucional. Anunció que la base del trabajo de proselitismo será por tierra y habrá una movilización hormiga.



FONDO INDÍGENA. Dávila reconoció que los casos de corrupción en el ex Fondo Indígena, afectaron a la imagen del presidente Evo Morales, y por ese motivo el oficialismo exige al Ministerio Público, que agilice las investigaciones y castiguen a los autores.

“Nosotros tenemos un problema con el Fondo Indígena, es algo que nos afecta profundamente porque pueden estar involucrados muchos dirigentes sociales".

Sin embargo, la ex ministra de comunicación justificó que, en algunos casos, no se trata de temas de corrupción, sino problemas administrativos que derivaron en investigaciones.

"No afecta tanto a la campaña, como tal, sino afecta en el tema de credibilidad, tanto hacia el Ministerio Público como a la justicia, pero tiene que quedar claro que no habrá encubrimiento".



ESTRATEGIA DE CAMPAÑA. La encargada de comunicación de la campaña dijo que la estrategia que emplearán para la victoria del Sí, será una movilización por tierra, es decir puerta a puerta, un trabajo hormiga, como lo denominó, con el eslogan “Con Evo Sí, tenemos futuro”, y que centra el mensaje en la continuidad de la agenda 2025.

La exministra actualmente forma parte del equipo que liderará la campaña a la reelección del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.

Para esta labor, cuatro personas fueron elegidas por el presidente para constituir la estrategia, entre ellos están tres exministros.

“El Presidente nos convocó, somos cuatro compañeros que estamos organizando la campa por el Sí. Dirige el grupo Iván Iporre, también está Pablo Groux y Hugo Moldiz y mi persona en toda la parte comunicacional”, explicó Dávila.

Agregó que la reforma al artículo 168, también beneficiará a otras gestiones de gobierno, que consideren que hicieron buen trabajo.



LA EXMINISTRA DE COMUNICACIÓN AMANDA DÁVILA DIJO QUE EL GOBIERNO EXIGE SANCIONES EN EL FONDO INDÍGENA.





ACUSACIONES ENTRE OFICIALISMO Y OPOSICIÓN POR LA CAMPAÑA. “El vicepresidente Álvaro García Linera dijo, en días pasados, que el ex ministro de Gonzalo Sanchez de Lozada, Carlos Sanchez Berzaín, lidera la campaña por el No, a la apertura de la Constitución, que permitirá la reelección del actual gobierno. " Lo más grave es que quien ha asumido la jefatura de la campaña por el ‘No’ es Carlos Sánchez Berzaín, quien dijo: ‘frente al nuevo refererendo, el camino es el No’. Lo dijo quien es la mano derecha e izquierda de Gonzalo Sánchez de Lozada. Sánchez Berzaín es el jefe de campaña del No”, aseguró.



CONVENIENCIA. Por su parte el senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo señaló que García no tiene moral para hablar, porque en 10 años de gestión no pudieron extraditar al ex presidente, Sanchez de Lozada, para que responda por octubre negro.

"¿No será que les beneficia mejor que esté en Estados Unidos y no aquí?", cuestionó.

jueves, 12 de noviembre de 2015

En caso Fondo Indígena Transparencia exigirá a Fiscalía investigar denuncias de Aramayo

La ministra de Trasparencia y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, anunció que pedirá a la Fiscalía investigue las denuncias que existen en contra de dirigentes y exautoridades afines al Gobierno y al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Todo servidor público, independientemente de la jerarquía del cargo, tiene que responder ante las autoridades correspondientes”, afirmó la ministra Valdivia, ayer, al ser consultada sobre la inacción del Ministerio Publico ante las denuncias en contra de estas personas afines al Gobierno del MAS.

FONDO INDÍGENA

En ese sentido, la ministra informó que dentro de los casos de corrupción detectados al interior del ex Fondo Indígena, se tiene a nivel nacional el dato de al menos 12 dirigentes detenidos preventivamente por la investigación de los denominados proyectos fantasma. Otros siete con detención domiciliaria y cinco más con otro tipo de medidas cautelares.

Por otro lado, el exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, denunció que Rodolfo Machaca, Eugenio Rojas y otros dirigentes recurrían a la violencia física y psicológica para favorecerse con proyectos. Sin embargo, Rojas en declaraciones anteriores negó tal situación.

En junio de este año, durante la audiencia de medidas cautelares de Félix Mamani, exmiembro del directorio ejecutivo del Fondo Indígena, este declaró haber entregado más de 178.000 bolivianos a la entonces ministra de Desarrollo Rural, Nemecia Achacollo, que fueron empleados para el pago de los gastos de las reuniones de directorio donde se definió la reelección de todo el directorio.

Consultado sobre la indagación de dichas denuncias, el fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, argumenta que emitir citatorios a estas personas está en análisis.

Otros dirigentes involucrados son, la dirigente cocalera Melva Hurtado, la excandidata a gobernadora Felipa Huanca y Juanita Ansieta, ejecutiva de las Bartolinas.

Al respecto, la Ministra de Transparencia fue enfática al señalar: “En ese orden, nosotros no vamos hacer distinción de ningún tipo de autoridad o exautoridad, y lo que vamos a exigir es que el Ministerio Público lleve adelante una investigación objetiva, que nos permita establecer (sí) estas denuncias tienen sustento, y de ser así, nosotros no vamos a tener ningún tipo de contemplación”, finalizó.

RANKING DE CORRUPCIÓN

La ministra emitió ese criterio a tiempo de rechazar la información vertida por la organización Resource Governance Institute (NRGI), que señala a Bolivia entre los países más corruptos de la región, junto a Venezuela y Ecuador.

En ese sentido, afirmó que el informe estaría direccionado por intereses petroleros y apuntó que por ejemplo en el documento no se destaca los casos de corrupción que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, atraviesa, con su entorno familiar y repercutió en su credibilidad ante la población de este país.

Otro país, que en criterio de Valdivia, no figura en el informe es el de Brasil, donde se han destapado una serie de casos de corrupción, que además tiene que ver con las empresas petroleras.

Caso Terrorismo Nadie solicitó oficialmente suspensión del juicio oral

El presidente del Tribunal Primero de Sentencia, Sixto Fernández, informó a EL DIARIO que no existe solicitud alguna, para suspender el juicio por el caso Terrorismo, que se ventila en la ciudad de Santa Cruz.

La declaración la hizo la consulta tras conocer la posición de la senadora Carmen Eva Gonzales, quien afirmó que hizo la solicitud de la suspensión del juicio oral al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, y tras el anuncio de una investigación internacional del caso.

“Nosotros cumplimos nuestra labor en cuanto respecta a desarrollar el juicio oral y contradictorio que se lleva en Santa Cruz, en cuanto establece en las leyes bolivianas, de alguna solicitud de suspensión algo desconocemos hasta el momento, por cuanto no hay nada oficial”, afirmó.

Fernández aclaró que en cuanto se conozca de alguna solicitud, la misma será considerada por los miembros del tribunal.

Luego de que las autoridades de los gobiernos de Bolivia e Irlanda anunciaran una investigación internacional sobre la muerte del ciudadano irlandés Michael Dwyer, fallecido en el Hotel Las Américas en abril de 2009 junto al húngaro-boliviano Eduardo Rózsa-Flores y el húngaro-rumano Árpád Magyarosi.

La senadora de oposición Carmen Eva Gonzales y familiares de los acusados del caso Terrorismo pidieron que sea una organización europea la que lleve adelante la investigación. Además, declaró que su persona junto a los familiares involucrados en el se suspenda solicitaron al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, se suspenda el juicio oral.

martes, 10 de noviembre de 2015

Caso proyecto Uru Chipaya Aprehenden a exdiputado del MAS por caso Fondioc

Benigno Quispe Mamani, exdiputado por Oruro del Movimiento Al Socialismo, en la pasada gestión (segundo mandato presidencial) fue aprehendido hoy en la ciudad de Pagador, acusado de haber administrado dinero del primer desembolso del proyecto “Implementación del centro de truchas arcoíris en Uru Chipaya de la Nación Originaria Uru”, monto que asciende a 476.586.04 bolivianos.

El acto llevado a cabo por el fiscal Richard Zepita prevé el señalamiento de la audiencia de medidas cautelares para las próximas horas.

También estaba prevista la declaración informativa de Johnny Marco Mamani Ramírez, asesor del exasambleísta, quien también hubiese administrado el dinero otorgado por el Fondioc.

Quispe Mamani es el esposo de Estefanía López de Quispe, representante de la Comisión de Administración del proyecto; el representante legal Valentín Guarachi lo implicó a él y su asesor en el proceso seguido por la Liquidadora del Fondo Indigena.

ANTECEDENTES

El proyecto “Implementación del Centro de truchas arcoíris (oncorthynchus mikiss) en Uru Chipaya de la Nación Uru”, tiene la nomenclatura CONA-02-04-30120) y tiene Resolución de Directorio021/2010 del 20 de diciembre de 2010, sin embargo su convenio se hace efectivo para 14 meses a partir del primer y único desembolso que se realizó el 19 de noviembre de 2013 por un monto de Bs 476.586.04 que equivalen al 51 por ciento del total de 965.732,38.

El objetivo general del proyecto era el de incorporar a los Uru Chipaya en la actividad piscícola, como un medio para garantizar la seguridad alimentaria, mediante la construcción, implementación y equipamiento de granjas piscícolas de cría de truchas de importancia económica, a través del cumplimiento de dos objetivos específicos: producir de manera sostenible y constante truchas en estanques artificiales, y asistir al proceso de implementación mediante planificación, capacitación, supervisión y acompañamiento técnico.

Este proyecto de características productivas debía beneficiar a 156 familias, con una duración de aportes del Fondo hasta el 20 de enero de 2015.

Sin embargo, en la verificación in situ se detectaron las siguientes anomalías:

Pozas a medio construir con dimensiones diferentes a las especificaciones del proyecto.

La población informó que el proyecto no fue consensuado, más bien fue impuesto.

Existencia de materiales desparramados alrededor de las fosas.

Las condiciones salitrosas del terreno lo categorizan como terreno no apto.

Las dimensiones y desagües realizados no cumplen con las condiciones básicas para su funcionamiento.

Las capacitaciones alcanzaron un 20 por ciento.

En suma no existe el cumplimiento del objetivo del proyecto, por lo que se recomendó la investigación del destino de los recursos del mismo.

REPRESENTANTES

El representante legal es Valentín Guarachi Mollo; Comisión Administrativa, Estefanía López de Quispe; Comisión de Ejecución Sebastián Quispe y como control social se nombró a los jilakatas de la comunidad.

Estefanía de Quispe es la esposa del exdiputado de la gestión 2010-2015 por el Movimiento Al Socialismo, Benigno Quispe Mamani, y Sebastián Quispe es el sobrino de ambos.

Bolivia entre últimos países de la región en combate a la corrupción


La corrupción se encuentra en niveles críticos en América Latina y está entre las regiones más afectadas del mundo. El informe original (en inglés) muestra el ranking de países de América Latina. Entre los peor ubicados se encuentran Venezuela, Bolivia y Ecuador.

El estudio establece que un país que ataca este mal, efectivamente, puede incrementar su Producto Bruto Interno (PBI) hasta en un 300%.También mejora en los cruciales campos de salud y educación, aparte de que ataca la desigualdad. En suma, cuanta más corrupción, más desigualdad.

Los datos y sus conclusiones se desprenden de un informe del Natural Resource Governance Institute (NRGI), que elaboró un ranking de los países más comprometidos del mundo en cuanto al desvío de fondos públicos.

VULNERABILIDADES

“Hay vulnerabilidades en América Latina en cuanto a cómo se usan (o ‘desvían’) fondos públicos presupuestarios, a obtener sobornos en las licitaciones públicas e interferir en las decisiones judiciales”, aseguró el presidente del Instituto, Daniel Kaufmann.

De los seis indicadores que componen el índice de gobernabilidad, dos son especialmente sensibles a lo que hacen las autoridades en el desvío de fondos públicos: el del Control de la Corrupción y el de la calidad del Estado de Derecho. Estos instrumentos considera que son claves para frenar los casos de sobornos.

EL PEOR DE LA REGIÓN

Venezuela aparece como el peor de la región y uno de los peores del mundo: de 209 países analizados, figura en los puestos 199 y 208 en cada uno de estos indicadores. Y, Argentina, 140 y 171, respectivamente. “Durante los últimos 15 años, Argentina no ha mejorado, al contrario”, detalló Kaufmann.

El Natural Resource Governance Institute (NRGI) es un Instituto sin fines de lucro, dedicado al diseño de políticas y al otorgamiento de subvenciones y ayudas, “cuyo objetivo es promover una gestión eficaz, transparente y responsable de los recursos petrolíferos, gasíferos y minerales en favor del bien común”, expresa en su página web.

OPINIONES DE ANALISTA

El analista Carlos Cordero, al ser entrevistado por EL DIARIO, sobre el estudio calificó como lamentable este informe para el país, que ahora ocupa el penúltimo lugar en el ranking de corrupción. Lo preocupante –dijo– es que este caso está fuertemente vinculado a Venezuela. Mencionó que todo ello se debe a que en ambos países existe una fuerte restricción a la libertad de expresión o acoso a medios de comunicación, lo que hace muy difícil la denuncia, es decir, que no se esclarecen adecuadamente todos los casos de corrupción.

A su criterio, una manera de salir de ese lugar tan poco privilegiado y preocupante, sería incrementar los mecanismos de transparencia de la gestión pública y, por supuesto, que exista mayor libertad de expresión.

El experto sostuvo que hace diez años, Bolivia ocupaba el mismo lugar y se responsabilizaba de ello a los partidos tradicionales. “Hoy, que transcurrieron diez años del Gobierno de Morales, ya no tienen a quién echarle la culpa de esa situación. Puso como ejemplo, el caso del Fondo Indígena, el caso de las barcazas chinas, fracasos económicos como el tema de la Jindal, el Mutún. El otro fracaso es la cooperación iraní que iba a llegar al país para participar con 2.000 millones de dólares”, enfatizó.

lunes, 9 de noviembre de 2015

Manejos del Fondo Indígena serán auditados por la Fiscalía

Los manejos realizados por el ex Fondo Indígena se someterán a una auditoría forense, que será realizada por peritos de la Fiscalía General del Estado y los resultados serán complementarios a los obtenidos por la Contraloría General, que halló un daño económico al Estado.
"En el transcurso del proceso se hará una auditoría forense y para eso necesitamos personal especializado”, declaró el fiscal general, Ramiro Guerrero.
En febrero pasado, el contralor general del Estado, Gabriel Herbas, reveló que tras concluir una primera fase de la auditoría al Fondo Indígena se detectó un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados, pero que sí recibieron recursos públicos como parte de pagos anticipados.
Sin embargo, Guerrero argumentó que las irregularidades halladas en el Fondo Indígena "nacen a partir de un informe circunstanciado de la Contraloría, que no es precisamente una auditoría”. Por esta razón, argumentó que están trabajando con algunos peritos del Instituto de Investigaciones Forenses dependientes de la Fiscalía.
"La Fiscalía va a actuar con objetividad. Se está verificando la ejecución de los proyectos, los descargos y, basado en ello, se va a ir convocando (a los implicados) ya sea en calidad de testigos o en calidad de investigados o a las personas que corresponda”, agregó el Fiscal General.
Unificación del caso
El Fiscal General del Estado informó la anterior semana que la solicitud de unificación de todos los casos del Fondo Indígena, presentada por el exdirector administrativo Marco Aramayo, no podrá ejecutarse debido al posible congestionamiento de casos en el departamento de La Paz y la dificultad de convocar a los implicados a declarar.
"La determinación es que se pueda investigar y se pueda hacer la apertura de casos en los diferentes departamentos, para que se facilite la citación a personas que están en comunidades campesinas e indígenas. Toda esa carga de los fiscales está en La Paz y es para que se permita descongestionar”, aclaró.
Según la autoridad, en La Paz hay 125 fiscales, cada uno con 500 a 1.000 casos que atender, por lo que la unificación de todos los casos generaría congestionamiento.
Guerrero explicó, además, que no todos los casos son los mismos, que fueron desarrollados en diferentes lugares, con diferentes montos, personas, responsables y fechas, lo que dificulta la resolución del caso

domingo, 8 de noviembre de 2015

Choquehuanca dice que Bolivia es la más "interesada" en aclarar muerte de Dwyer

El ministro de Asuntos Exteriores, David Choquehuanca, aseguró hoy que Bolivia es el primer "interesado" en aclarar las circunstancias del caso del irlandés Michael Dwyer, que falleció en 2009 en el país durante el operativo policial en el hotel Las Américas contra una presunta banda terrorista.

Este es uno de los asuntos que ha marcado, desde su llegada ayer a Dublín, la visita de dos días a Irlanda del presidente de Bolivia, Evo Morales, la cuarta parada de un viaje que le ha llevado esta semana a Alemania, Italia y Francia.

"Nosotros lamentamos mucho que puedan suceder estos hechos. Somos los más interesados en que se pueda esclarecer estos hechos", indicó a Efe Choquehuanca en referencia a la muerte de Dwyer, cuya madre lleva años pidiendo una investigación internacional independiente.

En 2004, Caroline Dwyer ya se entrevistó con representantes del Gobierno de La Paz para denunciar lo que ella asegura que fue una "ejecución extrajudicial".

"Hemos tenido varias reuniones con esta señora, ella ha estado en La Paz, ella ha comprendido. Lo que pide ella es simplemente que se pueda esclarecer, igual que nosotros, y aprovechando nuestra estancia aquí hemos mantenido una reunión", explicó el jefe de la diplomacia boliviana.

Según informó la cadena pública irlandesa RTE, Caroline Dwyer tuvo otro encuentro con representantes del Gobierno boliviano la pasada noche, después de la reunión mantenida entre Morales y el ministro irlandés de Exteriores, Charlie Flanagan, quien trató con su huésped esta delicada cuestión.

Choquehuanca señaló hoy que entregaron a Dwyer una copia de "una sentencia" que aborda el papel desarrollado en este suceso, además de Michael Dwyer, otras cuatro personas, "tres que fallecieron -apuntó- y dos que ya se han declarado culpables".

"Se lo hemos entregado y eso seguramente le vaya a ayudar a esclarecer el tema", dijo el ministro boliviano.

Según la versión de las autoridades bolivianas, Michael Dwyer, el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa y el rumano Árpád Magyarosi murieron el 16 de abril de 2009 al enfrentarse con agentes en un hotel de Santa Cruz.

Las autoridades gubernamentales acusaron a ese grupo de haber sido parte de un complot terrorista contra Evo Morales y de trabajar al servicio de líderes autonomistas para buscar la secesión de Santa Cruz, el departamento más rico de Bolivia.

Sin embargo, la versión ha sido cuestionada en diferentes grados por la oposición, las decenas de enjuiciados en el caso e incluso exfuncionarios del Gobierno y la Fiscalía que investigaron la trama.

La cadena RTE irlandesa aseguró hoy que Caroline Dwyer calificó de "positivo" el encuentro mantenido con la delegación boliviana y celebró que se haya comprometido a "facilitar" el establecimiento de una "investigación internacional independiente".

"Yo no respondo a los medios, a ningún medio, hay mucha especulación (...) Nosotros tenemos una buena comunicación con los familiares y con el Estado (irlandés)", concluyó Choquehuanca.

sábado, 7 de noviembre de 2015

En La Paz hay 83 casos en curso por el ex Fondioc



El fiscal General, Ramiro Guerrero, informó ayer que producto de la descentralización por distrito de los procesos penales en el caso de corrupción del ex Fondo indígena, en los asientos judiciales de La Paz están en proceso 83 demandas contra dirigentes y beneficiarios de las obras.

En este marco, la autoridad aseguró que la comisión de fiscales de La Paz fue reforzada con la inclusión de un especialista más, quienes visitarán el lugar donde se detectó el posible acto de corrupción.

Guerrero aseguró que se convocará a todos los implicados en este caso y su respuesta fue referida a la posibilidad de citar al actual director ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena, Eugenio Rojas, y la exministra Nemesia Achacollo.

Ministro de Exteriores de Irlanda tratará con Morales muerte de acusado de terrorismo



El ministro irlandés de Asuntos Exteriores, Charlie Flanagan, abordará hoy con el presidente de Bolivia, Evo Morales, la muerte en el país andino de su compatriota Michael Dwyer, que falleció en 2009 durante un operativo policial contra una supuesta banda terrorista.

Morales continúa hoy su gira por Europa con una visita de dos días a Irlanda, donde tratará con Flanagan, además de ese delicado asunto, cuestiones relacionadas con el medioambiente, el comercio bilateral y el reforzamiento de los "vínculos políticos" entre las dos naciones.

El jefe de la diplomacia irlandesa calificó hoy de "histórico" el viaje del presidente andino, ya que es el primero que efectúa un jefe de Estado boliviano a este país, lo cual le permitirá, dijo, "tratar al más alto nivel político" la muerte de Dwyer.

Flanagan recordó hoy en un comunicado que la familia del fallecido "está deseando que se aclaren los hechos que rodearon" a esta "trágica muerte".

Caroline Dwyer, madre de Michael, lleva años pidiendo una investigación internacional independiente y en 2014 llegó a entrevistarse con representantes del Gobierno de La Paz para denunciar lo que ella asegura que fue una "ejecución extrajudicial".

Según la versión de las autoridades bolivianas, Michael Dwyer, el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa y el rumano Árpád Magyarosi murieron el 16 de abril de 2009 al enfrentarse con agentes en un hotel de Santa Cruz.

Las autoridades gubernamentales acusaron a ese grupo de haber sido parte de un complot terrorista contra el presidente Evo Morales y de trabajar al servicio de líderes autonomistas para buscar la secesión de Santa Cruz, el departamento más rico de Bolivia.

Sin embargo, la versión ha sido cuestionada en diferentes grados por la oposición, las decenas de enjuiciados en el caso e incluso exfuncionarios del Gobierno y la Fiscalía que investigaron la trama.

Los acusados rechazan las denuncias y sostienen que fue un montaje del Ejecutivo para perseguir a los opositores.

Caso Rózsa. El presidente del Tribunal determinó que ambas partes presenten solo tres testigos en audiencia del juicio oral.

De manera sorpresiva, el presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Justo Fernández, dispuso reducir el número de testigos de ambas partes del caso Rózsa.

El juzgador determinó en primera instancia tres testigos, tanto para la defensa como para la parte acusadora. Sin embargo, al sostener el fiscal Óscar Vera, que deja indefenso al Ministerio Público, Fernández cambió su resolución para permitir tres testigos por área. Eso significa por ejemplo: tres policías investigadores, tres representantes hoteleros, tres representantes de Cotas, etc. La determinación de Fernández dejó insatisfechos tanto a los acusadores como a la defensa. Por ese motivo es que la comisión de fiscales y los abogados de la defensa Gary Prado Araúz y José Hoffmann anunciaron recursos judiciales contra el titular del Tribunal.

Es una resolución absurda. El jurista Prado Araúz considera que es una resolución absurda la determinación del juez Fernández. Esto teniendo en cuenta, de que el papel de la defensa es desvirtuar la acusación y no se les puede restringir el número de testigos, porque se estaría violentando el derecho fundamental de defenderse.

"Es una providencia incongruente, oscura y alejada de la norma, porque la ley no dice en ningún lado de que pueden limitarse los testigos", afirmó el jurista.

Aclaró que es en la etapa de proposición testifical, la que el juez cautelar puede restringir la prueba testifical, pero no le compete esa labor al presidente del Tribunal de Sentencia.

Incluso se comenta en los pasillos del Palacio de Justicia que la intención del juez Fernández es dictar sentencia hasta diciembre, ya que junto con la juez Elena Gemio están siendo propuestos para ser vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Niega aprehensión de testigo. Por otro lado, el abogado Luis Fernando Landívar negó que su cliente Luis Hernán Rossell fuera aprehendido para que se presente en el estrado como el cuarto testigo de la Fiscalía, ante la información del juez Fernández de que tuvo que ordenar aprehender al exgerente del hotel Las Américas para que se presente a declarar. "Él lo hizo por propia voluntad y no necesita ser obligado", afirmó Landívar.

Lorena Rojas
En hotel Asturias nunca vieron con armas al grupo de Rózsa

Declaración. Lorena Rojas, administradora del hotel Asturias, dijo al Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, de que no ingresó al garaje de ese centro hotelero "ningún vehículo de propiedad de Eduardo Rózsa Flores en el 2009". Además, Mencionó que en los 81 días de estadía de la supuesta célula subversiva, no observó nada anormal y menos el ingreso de armas de fuego y explosivos. Rojas comentó que los eventuales huéspedes nunca ocasionaron escándalo en sus habitaciones. Indicó que las personas que estuvieron alojadas fueron Elod Tóásó, Mario Tadic, Michael Dwyer y Gaspar Daniel.

viernes, 6 de noviembre de 2015

Abogado Eduardo León Transparencia hizo investigación parcializada en el Fondo Indígena

El abogado Eduardo León dijo a EL DIARIO que el Ministerio de Transparencia hizo un trabajo “parcializado” en la investigación que realizó sobre posibles malos manejos económicos en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc).

Afirmó que no se incluyó a dirigentes campesinos que fungieron como representantes de las organizaciones sociales, entre ellas el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y se habrían beneficiado con recursos económicos, los mismos que habrían sido depositados en cuentas personales.

Entre esos dirigentes se encuentran Juanita Ancieta, el actual director del Fondioc, Eugenio Rojas, y la exandidata a la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca.

“La medida del Ministerio de Transparencia es ineficiente porque le faltado detectar 49 proyectos de desarrollo productivo, capacitación y fantasmas”, manifestó.

INTERVENCIÓN

En contraposición a las afirmaciones del abogado León están las vertidas en su momento por la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, quien afirmó que se hizo un “seguimiento minucioso” al caso del millonario daño económico en el Fondo Indígena.

“La responsabilidad de la administración de los recursos está en la parte ejecutiva y operativa y por ello los informes de la misma Contraloría identifican e individualizan a exdirectores sobre la correcta y adecuada administración de esos recursos”, sostuvo.

RECUPERAN RECURSOS

En contrapartida y a través de la Dirección General de Recuperación de Bienes del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción logró recuperar 852.059 bolivianos (121.793 dólares) hasta 2015, monto de dinero que fueron producto de daño económico ocasionados al Estado Boliviano, se informó.

La información desplegada en el portal de dicho despacho de Estado, refiere que el proceso de recuperación de este monto de dinero fue producto de las acciones legales que emprendió ese despacho de Estado en los últimos siete años, es decir, entre 2007-2008 y 2015 (antes de 2007 este despacho era Viceministerio).

Esto s procesos fueron llevados adelante porque todos los casos estuvieron tipificados en la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Producto de las acciones legales, emprendidas desde 2009 se logró el registro de 453 denuncias, todos funcionarios públicos y que incurrieron en delitos de corrupción. Del total de los casos denunciados, 127 tuvieron sentencia.

De acuerdo con los registros del Ministerio de Transparencia, en los procesos que intervino destacan exjueces, exprefectos y exalcaldes, jefes policiales, asambleístas y funcionarios del Estado. De acuerdo con el detalle, quienes incurrieron en delitos de corrupción fueron en los gobiernos municipales que sumaron 44; gobernaciones 15 y en el Órgano Judicial cinco, entre los más destacados. La mayoría de las investigaciones se desarrollaron porque los autores incurrieron en delitos de Enrriquecimiento Ilícito, Falsedad Material e Ideológica y Omisión en la Declaración Jurada.

miércoles, 4 de noviembre de 2015

Caso Rózsa Fiscal advierte con procesar a policía

El fiscal Sergio Céspedes advirtió con procesar al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.

Céspedes argumentó que el titular de la Felcc paceña, Cnl. Gary Omonte, incumplió la instructiva para darle el permiso necesario al testigo del Ministerio Público, sargento Luis Abraham Geria.

El titular de la comisión de fiscales del caso Rózsa dijo molesto que incluso Geria trabajó en el feriado pasado y que recién se le dio el permiso ayer, a sabiendas de que la audiencia del juicio oral estaba prevista para las 9:30 en Santa Cruz.

Juez suspendió audiencia. Ante el inconveniente de la ausencia del segundo testigo, el presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, decidió suspender la audiencia para hoy a las 9:30.
Geria es el segundo de los 43 testigos presentados por la Fiscalía.

Tripulación que trasladó misiles chinos irán a declarar

La tripulación que voló el avión Hércules en el que se sacaron del país 30 misiles chinos (2005) a Estados Unidos será citada a declarar, informó Luis Oswaldo Rojas, abogado del general Marcelo Antezana, comandante del Ejército en esa gestión, procesado en este caso por los delitos de “sometimiento del Estado a dominio extranjero; revelación de secretos e incumplimiento de deberes”, entre otros.

Hoy en Sucre, desde las 09.00, inicia la tercera etapa del juicio oral en el caso misiles chinos, informó Rojas a EL DIARIO.

Según la explicación, se tiene previsto que para la fundamentación de cada uno de los acusados, se tome 30 minutos, así que de darse sin contratiempos, la fase concluirá en un día.

Rojas afirmó que en el caso de su defendido, los cargos no son concretos y en cuanto al de “sometimiento del Estado a dominio extranjero”, este sólo se aplica si entre EEUU y Bolivia existiera guerra declarada.

TRIPULACIÓN

Siete son los tripulantes del FAB – 65 con la misión calificada de “vuelo internacional NAS – Carga Diplomática”, que partió del Aeropuerto Internacional de El Alto, el 3 de octubre de 2005, como figura en el informe elevado en 2014 desde el “Departamento III de Operaciones Emgfb FTA. Diablos Negros”.

El documento fue solicitado por el fiscal general, Ramiro Guerrero, pero la lista, de forma extraña, no fue tomada como prueba, según el jurista.

En el informe, firmado por el teniente coronel Guillermo Quiroga, figuran los nombres del ahora general en retiro Walter Álvarez Agramont (piloto), el mayor aviador Miguel Albis Martínez (copiloto), mayor Marcelo Bautista Enríquez (navegante), el capitán Rubén Rodríguez A.; los suboficiales Juan Parada, Alberto Yana y el civil Juan Rutiaga. Todos de la (FAB).