lunes, 31 de diciembre de 2012

Fiscal pide a Chavez ratificar denuncia y la cabeza de Suxo pende de un hilo

El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó este lunes que el ex ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, volverá a prestar declaración informativa el jueves 3 de enero ante una comisión de fiscales que investiga en la ciudad de Santa Cruz a una red de extorsión y corrupción.

Guerrero precisó que la nueva convocatoria será para aclarar contradicciones sobre la actuación de presuntos extorsionadores en la gestión de Wilfredo Chávez en el Ministerio de Gobierno, y un diálogo sostenido por él con la ministra de Transparencia Institucional, Nardi Suxo, quien puso la semana pasada su cargo a disposición del presidente Evo Morales.

La oposición y algunos sectores del MAS pideiron por separado la renuncia de Suxo

El ex ministro Wilfredo Chávez anunció el jueves pasado en La Paz que estaba dispuesto a someterse a la prueba del "polígrafo" para demostrar que no está confundido ni mintió sobre la actuación de tres presuntos miembros de una red de extorsión y corrupción que se descubrió el 26 de noviembre pasado.

“Yo recuerdo a quienes están declarando a decir la verdad, ese el es mandato del presidente Evo Morales”, dijo en alusión a la ministra de Transparencia Institucional, Nardi Suxo y otras ex y actuales autoridades.

“Hay el Polígrafo (detector de mentiras) para saber quién dice la verdad y quién miente. Estoy dispuesto a pasar todas las pruebas para demostrar que dije la verdad el día 20 de diciembre”, dijo a los periodistas.

Chávez rechazó un comentario de la ministra Nardi Suxo, quien le calificó de confundido respecto a la defensa que había hecho de Fernando Villegas, Denis Rodas y Boris Villegas, miembros de la presunta red de extorsión y corrupción.

“La investigación del Ministerio Público es transparente y seguirá caiga quien caiga. No hay ningún nivel de protección”, sostuvo este lunes el Fiscal General delEstado, Ramiro Guerrero.

Exdirector de Régimen Penitenciario revela que Sacha contrató a Rivera

Wilson Soria, exdirector nacional de Régimen Penitenciario, reveló hoy a Erbol que el exministro de Gobierno y actual embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, contrató a Fernando Rivera, implicado en la red de extorsión, como director jurídico del Ministerio de Gobierno luego de ser funcionario de la dirección de Migración.
“Lo que puedo aseverar es que el señor Sacha Llorenti contrató al doctor Fernando Rivera como director jurídico y uno de los primeros trabajos que el señor Rivera hace es sobre el caso de Dirk Smith”.
La exautoridad sostuvo que el actual Embajador de Bolivia en la ONU le hizo mucho daño al instrumento político del Estado, desgastando la credibilidad del gobierno y que sumando a Fernando Rivera y Denis Rodas se conformó una “instancia de abuso de poder”.
"Sacha Llorenti estaba llevando a un gobierno de abuso de poder, entonces muchísima gente ha pedido que sea removido de su cargo. Pero mientras Sacha estaba en el Ministerio de Gobierno la credibilidad del gobierno se ha desgastado”.
Soria lamentó que la actual administración gubernamental mantenga en sus filas a Sacha Llorenti y sostuvo que ni en el país y peor a nivel internacional va ha mejorar la imagen del gobierno.

Abogados de Ostreicher fueron presionados para dar con la red

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo ayer que tuvo que presionar a los abogados del empresario estadounidense Jacob Ostreicher para dar con los miembros que conformaban la red de extorsión que operaba al interior del Órgano Ejecutivo.

La autoridad dijo que un día antes de denunciar públicamente el descubrimiento de la red de extorsión, el martes 27 de noviembre, los abogados de Ostreicher fueron "prácticamente forzados" a que denuncien lo que acaecía en el caso, pues, dijo, había un "temor" de parte de los juristas por lo que podría ocurrir posteriormente.

"Yo voy a hacer una confesión de repente, la detención del señor (Fernando) Rivera y del señor (Denis) Rodas se hace a partir de Jacob Ostreicher y de sus abogados y en sus declaraciones casi fueron prácticamente forzadas por nosotros el día lunes 26 de noviembre al finalizar el día, una vez que se había procedido a la detención de José Antezana, cuando se lo detuvo por la venta ilegal del arroz incautado (a Ostreicher) y no por la red de extorsión", dio a conocer Romero a radio Panamericana.

Antezana fue el primer detenido en el caso de la red de extorsión, luego de que se lo aprehendiera el 26 de noviembre por otro caso: la venta ilegal del arroz de Ostreicher por la suma de 9.900 dólares, dinero que le fue depositado por responsables de ingenios de Montero a una cuenta bancaria.

DENUNCIAS Romero dijo que la presión a la defensa de Ostreicher nació ante la falta de denuncias en contra de Rivera y Rodas, exabogados del Ministerio de Gobierno, pese a que a esa altura ya se tenían "rumores" de presuntos actos irregulares de parte de éstos.

"Nadie ha presentado una denuncia al ministro de Gobierno hasta ahora, nosotros hemos actuado una vez que nosotros mismos hemos presionado para que se hagan las declaraciones a la Fiscalía, cuando ya se procede a la detención de Antezana", explicó.

Las investigaciones que se hicieron por la venta ilegal del arroz de Ostreicher por parte de Antezana permitió establecer un vínculo entre el exfuncionario del Ministerio de la Presidencia y servidores públicos de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), precisó.

A la fecha, Antezana, Rivera, Rodas y el exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, guardan detención en el penal de Palmasola, junto a otros funcionarios de Dircabi, acusados de conformar esta red de extorsión y corrupción, donde también se encuentran involucrados jueces y fiscales.

domingo, 30 de diciembre de 2012

Ex director dice que le pidieron inventar pruebas contra Schmidt

El ex director de Régimen Penitenciario Wilson Soria denunció ayer que uno de los asesores, ahora detenido en el penal de Palmasola por la red de extorsión, del ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti le pidió “inventar pruebas” contra el alemán Dirk Schmidt, acusado de presunto alzamiento armado.

La autoridad también ratificó que Llorenti, quien se encuentra en Estados Unidos, y su asesor, cuyo nombre no precisó, le presionaron para trasladar a Schmidt desde Palmasola a Chonchocoro.

Soria hizo esta revelación ayer en un conferencia de prensa conjunta con el alemán que salió recientemente de la cárcel.

“El mismo ministro de Gobierno después de tanto tira y afloja me llamó a su oficina y me dijo: Wilson, qué estás esperando, (respondí) no encuentro motivo, y él me dijo simplemente es por emergencia nacional. Y uno de sus asesores, uno que hoy ya está en Palmasola, me dice: Wilson, invéntate las pruebas como ya hemos hecho en otros casos”, denunció la ex autoridad.

Soria, ex sacerdote de la Iglesia Católica, fue director de Régimen Penitenciario hasta el 18 de agosto de 2010, cuando renunció a su cargo agobiado, dijo, por las presiones de Llorenti de trasladar a Schmidt del penal de Palmasola, de Santa Cruz, a Chonchocoro, en La Paz.

Cuando presentó su dimisión dijo que no existían elementos legales suficientes para justificar el traslado del alemán.

Entonces comenzó una campaña de desprestigio contra Soria a cargo de autoridades del Gobierno. El presidente Evo Morales, en ese tiempo, lamentó que Soria no comprenda “cómo se debe dar seguridad, pese a eso tiene derecho a justificar su salida del cargo al que se le designó”.

Soria, en declaraciones a la red ATB, también sostuvo que el ex ministro Llorenti, en una ocasión, le reclamó por haberse reunido con el cardenal de la Iglesia Católica.

“Yo le pedí al cardenal, me reuní con el cardenal, le propuse como Iglesia si ellos pudieran hacer algún proyecto para la fase post penitenciaria, a la hora de haber publicado eso un medio impreso en Tarija me llama el ministro y me dice: Wilson, qué está pasando. (Respondo) Nada, estamos muy bien, (Llorenti me dice): Cómo te vas a reunir con nuestro peor enemigo”, agrega Soria.

El ex ministro y ahora embajador de Bolivia ante la ONU fue señalado por tener supuestamente vínculos con la red de extorsión que operaba desde el interior de dos ministerios. La anterior semana fue citado a declarar, junto a otras ex autoridades de ese despacho como Alfredo Rada y Wilfredo Chávez, y destacó que en su gestión los abogados Fernando Rivera, Denis Rodas y Boris Villegas fueron “responsables”.

Schmidt agradeció ayer a Soria por “salvarle” la vida. “Así que, Wilson , gracias, tú me has salvado la vida, hermano”, dijo.

Datos sobre el caso Dirk Schmidt
Inicio El alemán Dirk Schmidt fue aprehendido el 7 de julio de 2010 en su casa, situada a unos 50 kilómetros de Santa Cruz, en la que la Policía montó un gran operativo y halló siete armas y munición.


Acusación La Fiscalía lo imputó de delitos contra la seguridad del Estado y alzamiento armado, aunque su defensa asegura que se trata de armas deportivas.


Implicaciones Entonces, desde el Gobierno se vinculó al ex viceministro Gustavo Torrico con el caso de intento de extorsión a menonitas. La ex autoridad aún se defiende de la denuncia sobre este caso.


Perfil Schmidt fue colaborador del Ministerio de Gobierno y cercano al MAS. La Fiscalía también lo imputó por pretender estafar a colonos menonitas en Santa Cruz.

Romero dice que tuvo que "presionar" a abogados para descubrir red de extorsión

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo este domingo que tuvo que "presionar" a los abogados del empresario estadounidense Jacob Ostreicher para dar con los miembros que conformaban la red de extorsión que operaba al interior del Órgano Ejecutivo.

La autoridad dijo que un día antes de denunciar públicamente el descubrimiento de la red de extorsión, el martes 27 de noviembre, los abogados de Ostreicher fueron “prácticamente forzados” a que denuncien lo que acaecía en el caso, pues, dijo, había un “temor” de parte de los juristas por lo que podría ocurrir posteriormente.

“Yo voy a hacer una confesión de repente, la detención del señor (Fernando) Rivera y del señor (Denis) Rodas se hace a partir de Jacob Ostreciher y de sus abogados y en sus declaraciones casi fueron prácticamente forzadas por nosotros el día lunes 26 de noviembre al finalizar el día, una vez que se había procedido a la detención de José Antezana, cuando se lo detuvo por la venta ilegal del arroz incautado (a Ostreicher) y no por la red de extorsión”, dio a conocer Romero a radio Panamericana.

Antezana, ex funcionario del Ministerio de la Presidencia, fue el primer detenido en el caso de la red de extorsión, luego de que se lo aprehendiera el 26 de noviembre por otro proceso: la venta ilegal del arroz de Ostreicher por la suma de 9.900 dólares, dinero que le fue depositado por responsables de ingenios de Montero a una cuenta bancaria.

Las investigaciones que se hicieron por la venta ilegal del arroz de Ostreicher permitió establecer un vínculo entre el ex funcionario del Ministerio de la Presidencia y servidores públicos de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), precisó.

En ese marco es que se presionó a la defensa de Ostreicher, dijo Romero, ante la falta de denuncias en contra de Rivera y Rodas, los ex abogados del Ministerio de Gobierno, pese a que a esa altura ya se tenían "rumores" de presuntos actos irregulares de parte de éstos. “Nadie ha presentado una denuncia al ministro de Gobierno hasta ahora, nosotros hemos actuado una vez que nosotros mismos hemos presionado para que se hagan las declaraciones a la Fiscalía, cuando ya se procede a la detención de Antezana”, explicó.

A la fecha, Antezana, Rivera, Rodas y el ex director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, guardan detención en el penal de Palmasola, junto a otros funcionarios Dircabi, acusados de conformar esta red de extorsión y corrupción, donde también se encuentran involucrados jueces y fiscales.

La red deja cuatro juicios y el sistema perforado

En limpio ¿qué queda después de cuatro semanas de investigación de la red de presunta corrupción? Cuatro juicios, 12 detenidos, la posibilidad de incluir al ex fiscal General Mario Uribe como única autoridad nacional y el "yo no fui" de tres ministros, de quienes dependían tres "abogados de quinta", como ha llamado el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a los juristas que trabajaban en tres ministerios, o "profesionales competentes", como ha dicho el exministro Alfredo Rada, quienes en suma perforaron el sistema y echaron por tierra el discurso ético y moralista que ha mantenido por siete años en el poder al actual régimen de Gobierno.

"El caso Ostreicher nos ha dejado a la justicia en una situación lamentable", dijo Yandira Jiménez, asesora del Consejo de la Magistratura, el órgano disciplinario que ahora procesa al presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Ariel Rocha y que está pendiente si en las investigaciones involucran al vocal Zenón Rodríguez, porque cambió un fallo de liberación del norteamericano Jacob Ostreicher, como supuestamente también lo hicieron los jueces Fernando Orellana y Wilson Arévalo.

Los abogados Fernando Rivera, Denis Rodas y Boris Villegas son señalados como los presuntos cabecillas de la red de extorsión.

La justicia, por el suelo. El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Marcelo Arrázola, dijo que el caso Ostreicher debe provocar un debate nacional sobre el papel de la justicia, la elección de estos por voto y la injerencia del Poder Ejecutivo que ha sido la causa de la hecatombe.

"El tema de fondo es que los jueces y fiscales son brazos del Poder Ejecutivo. Hay que ver que estos se cuadraban ante unos 'abogados de quinta', habrá que ver qué hacen cuando les habla un ministro o el mismo presidente de la República", dijo el abogado Edwin Rojas.

Hay responsabilidad de los ministros. Rojas, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, observó que existe responsabilidad civil y penal de los ministros, de quienes estos dependían. "Comete delito el que hace o no hace, eso se llama incumplimiento de deberes", precisó.

En los mismos términos coincidió el jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, y la diputada opositora Norma Piérola, quienes sugirieron ir hacia más arriba. "García Linera tiene que responder cómo es que aparece en una foto con una implicada", dijo Del Granado.

Pero el abogado de Ostreicher, Yimmy Montaño, dijo que deben ser los fiscales los que vean si una foto es suficiente como para llamar a declarar al vicepresidente, que aparece con Cory Balcázar, esposa del fiscal Roberto Achá, estos dos últimos presos en Palmasola.

Piérola consideró, sin embargo, que la investigación se quedará estancada en los mandos medios y será difícil que penetre el Palacio de Evo Morales, porque eso sería admitir la vulnerabilidad.

La legisladora afirmó que estos tres abogados trabajaban directamente con los ministros y con el presidente, porque ejecutaban el trabajo sucio que ellos les encargaban, como enjuiciar a los opositores o fabricar algún delito contra alguien que piense distinto para sacarlo del camino, como lo hicieron con los casos Rózsa, Porvenir, Chaparina o 24 de mayo; lo que no se imaginaron es que estos empezaron a cobrar fuertes sumas de dinero.

El tema de fondo es la corrupción. Sin embargo, el diputado masista Edwin Tupa dijo que el tema de fondo no es la crisis en la justicia, ni la injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial, porque en otros países se da, la causa principal es la corrupción, que se ha heredado de costumbres coloniales.

A un mes del caso, permanecen detenidos Fernando Rivera, director jurídico del Ministerio de Gobierno; José Manuel Antezana, de gestión pública del Ministerio de la Presidencia; Denis Rodas, exasesor del Ministerio de Gobierno; Gustavo Céspedes, hombre de confianza de Rivera; Boris Villegas, exdirector de Régimen Interior; Ramiro Ordoñez López, Moisés Aguilera y Miguel Gutiérrez, los últimos tres exfuncionarios de Dircabi; los fiscales de Santa Cruz Isabelino Gómez, Janeth Velarde y Roberto Carlos Achá y su esposa, la contadora Cory Balcázar.

Los cuatro casos que se quedan abiertos

Legitimación de ganancias y estafa. El judío norteamericano Jacob Ostreicher fue arrestado el 3 de enero de 2011, cuando la Fiscalía abrió una investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas, porque la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, su socia, le compró una propiedad a Maximiliano Dorado, un traficante buscado en Brasil. El caso está abierto y la pena es de 5 a 10 años, de acuerdo al artículo 185 bis del Código Penal. A su vez, Ostreicher sigue otro proceso penal por estafa contra Liliana Rodríguez.

Corrupción. Son los que vendieron los bienes de Ostreicher. Aquí aparecen detenidos Manuel Antezana, Ramiro Ordóñez López, exfuncionario de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) en La Paz; Denis Rodas, abogado del ministerio de Gobierno; Boris Villegas, exdirector de Régimen Interior; y Moisés Aguilera, exejecutivo de Dircabi. A ellos se suman Gustavo Wagner Céspedes (hombre de confianza de Rivera), recluido en Palmasola, Franklin Pedraza Suárez y Eduard Stefane Bellido, estos dos últimos exfuncionarios de Dircabi; y Miguel Gutiérrez Solís.

Extorsión . Es un nuevo caso que se desprende del anterior y aparecen incluidos el ex fiscal de Distrito Isabelino Gómez; el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Ariel Rocha; y los tres abogados de los ministerios de Gobierno, Presidencia y Transparencia, Fernando Rivera, Boris Villegas y Denis Rodas, entre otros, acusados de haber pedido a Ostreicher la suma de 50 mil dólares para dejarlo en libertad. En ese cometido presionaron a dos jueces que accedieron a sus presiones.

Delitos
Hay penas de hasta 10 años

Corrupción. La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz la define como requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto, de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado.

Delitos. Los delitos de cohecho pasivo, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, concusión,receptación de bienes obtenidos con hechos de corrupción, establecidos en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, contemplan penas de 3 a 8 años de prisión para los acusados, ya sea de recibir dinero, obtener beneficios o ser intermediarios.

Resoluciones contrarias a la ley. La misma norma establece penas de 10 años para los funcionarios que emitan fallos contrarios a las normas jurídicas en forma manifiesta.

Incumplimiento de deberes. La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.

Punto de vista

'El ratón cuida el queso, falta que venga Brad Pitt'

José Luis Santistevan

Analista

La aplicación de la ley y la justicia con beneficio de inventario es una de las características del Gobierno Plurinacional, puesto que los grandes casos de corrupción, como el tráfico de sustancias controladas del Gral. Sanabria, los 33 camiones de contrabando, el sobreprecio del avión presidencial, las visas chinas, la venta de avales y otros, continúan en casa.

La "justicia electa", por el voto de una minoría del pueblo boliviano, ha empeorado la crisis moral y política del Gobierno Plurinacional. Mientras no haya institucionalización del Órgano Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría y el Ministerio de Transparencia no se transforme en un Órgano independiente del Gobierno central, para que el ratón no siga cuidando el queso, la crisis seguirá arrastrando al Gobierno del MAS, así como arrastró al sistema político tradicional.

La oposición debería analizar en forma inteligente la crisis del Gobierno Plurinacional y plantear mejor su discurso y sus acciones para que los ciudadanos le entiendan.

Mientras tanto, los bolivianos pediremos que venga Brad Pitt para que se conozcan otros casos de corrupción, por la salud del país, así como vino Sean Penn a destapar esta olla de corrupción que estaba corroyendo tres ministerios.

Red corrupta quería administrar bienes de Ostreicher en Bolivia, según fiscal

La red de funcionarios bolivianos acusados de extorsionar a reclusos pretendía administrar las propiedades del estadounidense Jacob Ostreicher y por ello hizo todo lo posible para que el empresario permaneciera encarcelado, según el fiscal de distrito de la región oriental de Santa Cruz, Henry Herrera.

En una entrevista con Herrera que publica hoy en su edición digital el diario boliviano La Razón, éste afirmó que la detención de Ostreicher en la cárcel cruceña de Palmasola "era utilizada" por los exfuncionarios gubernamentales y fiscales implicados en la trama "para extorsionar".

"No sólo se trataba del tema del arroz (que produjo Ostreicher en Bolivia y luego le fue incautado), como se creía al principio, sino el objetivo final era la administración de las propiedades del estadounidense", señaló Herrera.

Ostreicher llegó a Bolivia en 2008 para invertir 26 millones de dólares en la producción de arroz en Santa Cruz y fue detenido en 2011 acusado de presunto blanqueo de capitales en un caso relacionado con el narcotráfico, cargo que él niega.

Sus abogados defensores han denunciado insistentemente desde entonces la pérdida de los bienes que le fueron decomisados al empresario tras su detención.

El proceso legal a Ostreicher sufrió retrasos que fueron denunciados por el congresista estadounidense Christopher Smith y por el actor Sean Penn, quien este año viajó tres veces a Bolivia para respaldar al empresario.

El caso dio un giro el pasado 27 de noviembre, cuando el Ministerio de Gobierno informó sobre la existencia de la red de extorsión que supuestamente exigió a Ostreicher 50.000 dólares a cambio de su libertad.

Desde entonces han sido encarcelados en Palmasola doce exfuncionarios estatales, incluidos el abogado y exasesor del ministerio de Gobierno Fernando Rivera, supuesto líder de la red, y los exfiscales Isabelino Gómez, Janet Velarde y Roberto Achá.

Ostreicher logró la libertad condicional el pasado 18 de diciembre, tras 18 meses encarcelado.

El Ministerio de Gobierno recibió más de 80 denuncias de otras supuestas víctimas de la red de extorsión que están siendo revisadas para verificar cuáles tienen sustento y cuáles no.

El fiscal Herrera dijo a La Razón que la investigación del caso "tiene un gran avance", si bien reconoció que es un proceso complejo.

sábado, 29 de diciembre de 2012

Revelaciones de Jacob

El empresario norteamericano Jacob Ostreicher lanzó duras acusaciones en contra del embajador ante la ONU y exministro de Gobierno Sacha Llorentty al afirmar que este le dio poderes increíbles al abogado del Ministerio de Gobierno y actualmente detenido preventivamente en Palmasola por el caso de la red de extorsión, Fernando Rivera. De igual forma criticó lo expresado por Llorentty luego de declarar ante la Fiscalía, donde afirmó que Rivera y Rodas eran "personas responsables y abogados competentes".

Piden que deje de insultar. El jefe de la bancada de Senadores del MAS, Eugenio Rojas, pidió al empresario norteamericano Jacob Ostreicher dejar de insultar a las autoridades del Gobierno y de tratar de relacionarlos con la red de extorsión, cuando debería estar preocupado por su proceso judicial. El legislador instó a los jueces encargados del caso Ostreicher a acelerar la sentencia para que el norteamericano demuestre su inocencia o sea detenido por la acusación de narcotráfico que tiene en su contra.

Asimismo, cuestionó que Ostreicher opine sobre el trabajo de los ministros de Estado, además de amenazar constantemente con dar nombres de más funcionarios de Gobierno que podrían estar relacionados con la red.

Careo para esclarecer. Por otro lado, el diputado MAS Rodolfo Calle pidió a la comisión de fiscales que investiga el caso de la red de extorsión y corrupción que convoque a un careo al exministro de Gobierno Wilfredo Chávez y la ministra de Transparencia Nardi Suxo, para que se esclarezca las contradicciones de ambos respecto al trabajo que realizaban Fernando Rivera y Denis Rodas en el Ministerio de Gobierno.

Venga de quien venga. La situación judicial del ex fiscal General Mario Uribe cambiará de testigo a investigado y por ese motivo será nuevamente convocado a prestar en los próximos días una declaración informativa ante la comisión de fiscales que investiga el llamado "caso Jacob Ostreicher".

«Sacha Llorentty fue quien le dio poderes increíbles, más del que tiene el presidente»

Jacob Ostreicher
Ciudadano norteamericano

Denuncian que la red tenía un grupo de policías a su servicio

Un grupo de policías que no formaba parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ni de Inteligencia participó en operativos organizados por la red de extorsión, informó el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno, Miguel Albarracín, basado en las denuncias que recabó en su despacho.

La mencionada unidad acumuló 82 denuncias en torno a la red de corrupción que fue descubierta el pasado 27 de noviembre. Varias de ellas revelan que la banda tenía un grupo policiaco a su servicio.

“En algunos operativos habría participado gente que no era de la FELCC. Las denuncias que estamos recogiendo hacen referencia a que este grupo de abogados habría actuado junto con algunos policías que no eran ni de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Crimen (FELCC), ni de Inteligencia”, declaró ayer Albarracín.

Explicó que los operativos son exclusivos de la fuerza anticrimen, a menos que sean delitos flagrantes. Según la normativa, la participación tiene que ser “con efectivos de la FELCC y con un fiscal a su lado”. Por eso, los operativos en los que participó el grupo policiaco eran clandestinos.

Albarracín no mencionó ningún nombre ni el número de policías vinculados con la red para no entorpecer las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público en torno a este caso.

“Son pocos, pero que han tenido un nivel de relación con el grupo de abogados que están detenidos”, manifestó.

La red extorsionaba a personas que tenían problemas con la justicia. Ex funcionarios de los ministerios de la Presidencia y de Gobierno, de Bienes Incautados, fiscales y jueces están entre los acusados.

Hasta el momento, una docena de personas ha sido detenida preventivamente, por su vinculación con este caso.

En especial se involucra a Fernando Rivera, Denis Rodas y Boris Villegas como presuntos cabecillas de dicha red.

En la cárcel se encuentran también José Manuel Antezana, ex funcionario del Ministerio de la Presidencia; el ex fiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez, el fiscal Roberto Carlos Achá y su esposa Cori Balcázar, entre otros.

La Policía investiga

El comandante general de la Policía Boliviana, Alberto Aracena, informó ayer que su institución realiza, de forma paralela, su propia investigación en torno a uniformados que estén involucrados en la red.

“Por cuenta separada, la Policía también lo está haciendo (investigando). Tanto la FELCC como la Policía Boliviana en el interior, para identificar y establecer todos los elementos que puedan conducirnos a establecer lo denunciado. En las próximas horas vamos a tener mayores elementos”, dijo.

Agregó que si bien no conoce aún ningún caso concreto, la Policía se ha puesto a disposición de la investigación y “si alguien salta por ahí lo vamos a poner inmediatamente a disposición de los fiscales”.

Para destacar
Caiga quien caiga El jefe de la Unidad de Transparencia, Miguel Albarracín, sostuvo que se investigará “caiga quien caiga” y no habrá protección de nadie.


Denuncias Hasta el 19 de diciembre esta unidad había recibido 82 denuncias, de las que 30 hacen referencia al grupo de los abogados supuestamente extorsionadores.


Reserva Todas las víctimas que han denunciado las irregularidades han exigido que sus nombres se mantengan en reserva por temor a sufrir represalias.


Estrategia La característica de actuación de la red era que seguían los procesos judiciales en la primera parte del proceso penal, cuando actuaba un fiscal y un juez cautelar.

viernes, 28 de diciembre de 2012

Ostreicher: Ex Fiscal General conocía caso de red extorsión desde junio pasado y no hizo nada

El empresario judío estadounidense Jacob Ostreicher denunció este viernes que el ex Fiscal General interino Mario Uribe, conocía de las actividades de la red de corrupción y extorsión desde junio pasado y no hizo nada para solucionarlo, pese a que la defensa del norteamericano presentó pruebas de que su cliente estaba siendo extorsionado por los hoy detenidos Fernando Rivera y Denise Rodas para que salga en libertad.

En conferencia de prensa desde su domicilio, donde guarda detención nocturna, Ostreicher cuestionó que la ministra anticorrupción, Nardi Suxo, desde que conoció de la red no emitió ningún cuestionamiento contra los ex asesores de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia y sólo se dedicó a cuestionar al actor Sean Penn, quien medió ante el presidente Evo Morales para conseguir la libertad del norteamericano.

"También quiero hablar sobre Uribe, Mario Uribe se presenta delante de los medios con una gran sonrisa diciendo que no sabía nada sobre mi caso y eso es una total mentira, nosotros tenemos la evidencia para demostrar que esta era una mentira, me encuentro totalmente decepcionado que este va ser el segundo año nuevo que llega y que voy a celebrar sólo", manifestó Ostreicher.

"También quisiera hacer un comentario sobre Nardi Suxo, ella ha estado hablando bastante con los medios durante las últimas dos semanas, pero no le escuchado decir nada negativo en relación a Fernando Rivera o Denise Rodas. Y el ex ministro Wilfredo Chávez indicó que él había sugerido que se despidieran a estas dos personas y en lugar de criticar a estas dos personas ella se ha dedicado a criticar a Sean Penn que es una de las personas que ha sido más leales con el presidente", agregó.

Ostreicher dijo que antes de revelar otros nombres de funcionarios de Gobierno y de la justicia que posiblemente estén relacionados con la red, la sociedad boliviana debería exigir que Suxo, Llorenti y Uribe respondan con sinceridad, sin seguir haciendo daño a la imagen del presidente Evo Morales.

Durante una entrevista en un medio televisivo, en tono enfático Ostreicher aseveró que mientras todos conocían de las andanzas de Fernando Rivera y sus acompañantes, Sacha Llorenti y Nardi Suxo no sabían nada y permitían que este grupo destruyera a gente inocente en Bolivia. "Sacha tiene una sonrisa simpática en el rostro frente a las cámaras cuando dijo que Fernando Rivera era eficiente, cuando Sacha le dio más poder a Rivera en este país que el mismo presidente Evo Morales. Ahora Sacha Llorenti está representando a Bolivia ante la ONU, eso es una vergüenza para el presidente Evo Morales, Sacha debe creer que los bolivianos son unos monos para dar ese tipo de declaraciones", señaló.

El caso de Ostreicher, procesado por legitimación de ganancias ilícitas, permitió, según autoridades del Ministerio de Gobierno, desarticular una red de extorsión incrustada en ese despacho y en la cartera de la Presidencia.

Las autoridades identificaron como cabecillas del grupo a cuatro exfuncionarios de las reparticiones: Fernando Rivera, Denis Rodas, Boris Villegas y José Antezana, que habrían pedido al extranjero $us 50 mil para posibilitar su libertad. Los presuntos cabecillas y ex mandos medios del Órgano Ejecutivo de esta red de corrupción actualmente se encuentran tras las rejas del penal de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz junto al ex fiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, y al ex director de Régimen Interior, Boris Villegas.

Esta organización delictiva hizo seguimiento a los casos: Terrorismo, Caranavi, Chaparina, senador Roger Pinto, menonitas, casas de juegos, entre otros. El empresario norteamericano Jacob Ostreicher llegó a Bolivia hace cuatro años para invertir 26 millones de dólares en la producción de arroz en Santa Cruz, pero fue detenido hace 18 meses en el penal Palmasola, 3 de junio de 2011, acusado de presunta legitimación de ganancias ilícitas, después de que dos empleados suyos fueran arrestados por su supuesta relación con el narcotráfico.

Suman los pedidos de renuncia de ministros por presunta red

En los últimos días aumentaron los pedidos de renuncia de al menos tres ministros del presidente Evo Morales para que se investiguen los vínculos de la presunta red de extorsionadores que operaba desde dos ministerios.

Al menos tres parlamentarios del MAS, el gobernador de La Paz, legisladores de la oposición, dirigentes de los trabajadores de salud y de los indígenas consideran que el Jefe de Estado debe evaluar y apartar a los ministros de Gobierno, Carlos Romero; de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo.

El senador del MAS Félix Martínez fue uno de los primeros en pedir la renuncia de las tres autoridades, que en los últimos días fueron convocadas a declarar por la Fiscalía debido al caso red de extorsión.

El diputado Rodolfo Calle coincidió con el alejamiento de estas autoridades para que se sometan a la investigación sin el cargo jerárquico en hombros. Algo más cauto, Galo Bonifaz espera que se refuercen estas tres carteras de Estado mediante una evaluación de las organizaciones sociales, pero prefiere que la justicia siga impulsando la investigación.

La diputada Rebeca Delgado lamentó ayer que el tema se esté “partido-politizando” y pidió aguardar a que finalicen las investigaciones que está realizando la Fiscalía de Santa Cruz, que acompaña el fiscal general Ramiro Guerrero, para conocer los hechos concretos.

El gobernador de La Paz, César Cocarico (MAS), también pidió al Presidente actuar con sabiduría al momento de ratificar o renovar a sus ministros en enero, cuando se prevé el cambio de su gabinete ministerial.

La oposición reafirmó estos pedidos porque existirían evidencias suficientes para involucrar a los mencionados ministros con la red de extorsión.

Marcelo Antezana, senador de Convergencia, expresó que los tres ministros están involucrados en los hechos de extorsión.

José González, ejecutivo de la Confederación de Trabajadores en Salud de Bolivia, señaló que “el presidente Morales debe separar de su gabinete a por lo menos cinco de sus colaboradores por ser éstos infiltrados que están desprestigiando su gestión y el proceso de cambio”. Apuntó a los ministros de la Presidencia, de Gobierno, de Salud, de Minería y de Autonomías.

En Santa Cruz, el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, pidió la renuncia del ex ministro de Gobierno y embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, así como de Quintana, Romero y Suxo “por estar vinculados con la red de corrupción”.

Las autoridades mencionadas negaron, por separado, tener relación con la red de extorsionadores. También se anunció que en enero habrá una renuncia colectiva de ministros.

Ex fiscal Mario Uribe pasará de testigo a investigado en "caso Ostreicher"

El actual Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, confirmó este viernes que se encontró documentación envíada por el ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher que no fue atendida por el ex fiscal Uribe.

Uribe en su calidad de testigo aseveró hace dos semanas a la comisión de fiscales que no conocía nada de las irregularidades que existían en el proceso judicial en contra del estadounidense Jacob Ostreicher, ciudadano estadounidense que estuvo detenido 19 meses sin probar nada en su contra.

"Hubo denuncia por escrito en el caso Ostreeicher el 6 de julio de 2011. Por una parte, hay contradicciones en las declaraciones de algunos testigos, ministros y ex ministros. Tenemos que aclarar eso y llegar a la verdad de los hechos", dijo Ramiro Guerrero a los periodistas.

Sobre la situación legal del ex fiscal Mario Uribe, precisó que existen indicios de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes.

"La comisión evaluará todo y volverá a citar al señor (Mario) Uribe. Si es necesario hay que cambiar la condición de testigo a investigado", dijo.

Agregó que la documentación de los abogados de Jacob Ostreicher fue recibida el 6 de julio de 2011 en la Fiscalía General del Estado.

"El memorial tenía siete páginas, anverso y reverso. La investigación continuará y no se encubrirá a nadie por lo que podrá cambiar la calidad de algunos de testigos a investigados", dijo Guerrero.

Video Declaraciónes de Ostreicher sobre la red de corrupción y extorsion

jueves, 27 de diciembre de 2012

Juicio contra Reyes Villa ingresa en la etapa final

El juicio oral en contra del exprefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa por la construcción del puente Vinto-Sacambaya ingresó a su recta final en el Tribunal Segundo de Sentencia y se espera que al finalizar la semana se dicte sentencia.

El exprefecto es enjuiciado por los presuntos delitos de malversación de fondos, incumplimiento de deberes y daño económico.

El director de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, Víctor Coca, informó que ayer fueron llamados a declarar los testigos de cargo y descargo que presentó la defensa.

Según Coca, el proceso tiene su origen en un contrato modificatorio que realizó el prefecto para la construcción del puente Vinto-Sacambaya, que se adjudicó la empresa Olmedo.

El responsable jurídico dijo que el proceso se debe a que Reyes Villa violentó varios procedimientos al modificar el contrato y el diseño del proyecto. “Incluso con el cambio que se efectuó del diseño final, que se hizo irregularmente, varios funcionarios van a tener que responder”, agregó.

Explicó que el puente se licitó con un diseño específico, “pero no sé por qué Manfred Reyes Villa favoreció a la empresa Olmedo, en el contrato modificatorio cambiaron el diseño”

Chávez pide polígrafo para demostrar que no está confundido



"Yo recuerdo a quienes están declarando a decir la verdad, ese el es mandato del presidente Evo Morales", dijo en alusión a la ministra de Transparencia Institucional, Nardi Suxo y otras ex y actuales autoridades.

"Hay el Polígrafo (detector de mentiras) para saber quién dice la verdad y quién miente. Estoy dispuesto a pasar todas las pruebas para demostrar que dije la verdad el día 20 de diciembre", dijo a los periodistas.

Chávez rechazó un comentario de la ministra Suxo, quien le calificó de confundido respecto a la defensa que había hecho de tres miembros de la presunta red de extorsión y corrupción.

"He tomado una decisión objetiva. Estamos aportando todos a que se sepa cómo ha operado este grupo de extorsión", dijo Chávez.

El ex ministro de Gobierno reiteró por segunda vez este jueves que la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, abogó para que no sean relevados del Ministerio de Gobiernos el trío de presuntos extorsionadores integrado por Boris Villegas, Fernando Rivera y Denis Rodas.

Esta es la declaración textual de Wilfredo Chávez a la comisión de fiscales: "Recuerdo que a los días de haber ingresado (al Ministerio de Gobierno), saliendo del gabinete de ministros, comenté la intención de cambiar a los doctores (Denis) Rodas y (Fernando) Rivera; en ese momento la doctora Nardi Suxo me indicó que ellos le apoyaban mucho en sus procesos y que los mantenga; con relación a Boris Villegas me dijo puntualmente que si yo lo retiraba lo llevaría a trabajar con ella".

Wilfredo Chávez el 28 de septiembre de 2012 se convirtió en sucesor de Sacha Llorenti como ministro de Gobierno, cargo que ejerció hasta enero de este año.

Denis Rodas en la gestión de Wilfredo Chávez era director de gestión jurídica, Fernando Rivera era asesor legal y Boris Villegas fungía como director de Régimen Interior.

La ministra Suxo negó haber abogado por Boris Villegas y dos abogados más, y dijo que su ex colega Wilfredo Chávez está confundido.

"Respeto la opinión del doctor Chávez, me imagino que se habrá confundido porque él como abogado sabe perfectamente que cada ministro, cada ministra, tenemos nuestras atribuciones debidamente establecidas en el decreto de organización del Órgano Ejecutivo. Yo mal podía haber dicho saque o lo que sea", declaró Suxo ayer en Santa Cruz.

ANF

Red de extorsión enfrenta a Nardi Suxo y Wilfredo Chávez

Las investigaciones sobre la supuesta red de extorsión que operaba en algunos ministerios y en otras instancias del Gobierno central, enfrenta a la ministra de Transparencia Nardi Suxo y al exministro de Gobierno, Wilfredo Chávez.

Chávez, quien declaró la semana pasada ante la comisión de fiscales que investiga a los supuestos miembros y nexos de la red de extorsión, mencionó que Suxo habría abogado a favor de Boris Villegas, Fernando Rivera y Denis Rodas cuando este ocupaba el cargo ministerial. "Recuerdo que a los días de haber ingresado (al Ministerio de Gobierno), saliendo del gabinete de ministros, comenté la intención de cambiar a los doctores (Denis) Rodas y (Fernando) Rivera; en ese momento la doctora Nardi Suxo me indicó que ellos le apoyaban mucho en sus procesos y que los mantenga; con relación a Boris Villegas me dijo puntualmente que si yo lo retiraba lo llevaría a trabajar con ella", ratificó Chávez.

Rivera, Rodas y Villegas, están detenidos en Palmasola, acusados de ser presuntos integrantes de la red de extorsión. Denis Rodas en la gestión de Wilfredo Chávez era director de gestión jurídica, Fernando Rivera era asesor legal y Boris Villegas fungía como director de Régimen Interior.

Autoridades enfrentadas. La red de extorsión fue destapada debido a las declaraciones del estadounidense Jacob Ostreicher, quien denunció haber sido víctima de estos.

La ministra Suxo, enterada de la declaración de Chávez, señaló: "No quiero creer que esta declaración se deba a que el doctor Chávez se hubiera sumado a la tarea de tratar de desprestigiar el trabajo que se ha hecho en este Ministerio. Yo no puedo decir que se vayan o que se queden y, reitero, yo no los conozco, sino a través de los medios de comunicación. Y si hay alguien que los ha ratificado tiene que asumir su responsabilidad", mencionó la aludida.

Oposición ve contradicción. Las acusaciones entre Suxo y Chávez, dieron lugar a que la oposición manifieste que ve contradicciones en las declaraciones de las autoridades. El diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabián Yaksic, dijo que en la interpelación que se realizó a los ministros de Gobierno, Carlos Romero, Presidencia, Juan Ramón Quintana y Transparencia Suxo, el pasado sábado se observó las contradicciones. "Ellos no sabían que iban a hablar solo se limitaron a ofendernos, no hay coherencia en sus declaraciones", dijo Yaksic, a tiempo de criticar que la ministra de comunicación Amanda Dávila, haya manifestado ayer que el caso de extorsión ha sido esclarecido para el Gobierno.

Por otro lado, algunos asambleístas del MAS solo se limitan en señalar que el presidente Evo Morales es quien debe analizar el papel de sus colaboradores y tomar una decisión futura.

Ronda de declaraciones. La comisión de fiscales que investiga la red de extorsión, citó ayer a declarar al exministro de Gobierno, Sacha Llorentty y a los actuales ministros Suxo y de la Presidencia Juan Ramón Quintana.

Sacha fue el primero en presentarse por la mañana, su declaración en calidad de testigo duró más de cuatro horas. Al salir aseguró estar tranquilo y que no está involucrado en la red de extorsión. "Cuando estaba de ministro de Gobierno no había ninguna denuncia de corrupción, yo siempre los vi (Fernando Rivera, Denis Roda y Boris Villegas) como personas competentes", puntualizó Sacha, actual embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por la tarde se presentaron a declarar Quintana y Suxo.

Quintana, aseguró que existe independencia de poderes en el país y que no hay ningún tipo de blindaje para algunos funcionarios. "Llevaremos a los corruptos a la cárcel, nosotros los ministros estamos declarando en calidad de testigos y no vamos a proteger a nadie", dijo. Al igual que Quintana, Suxo también ingresó a declarar a las 17:10 por el caso polémico. "Al conocer sobre los actos de extorsión se impuso una investigación, a nadie se está protegiendo. Yo me reuní con el fiscal Isabelino Gómez, así como lo he hecho con otros fiscales de distritos. Nosotros estamos velando por la verdad y en contra de la corrupción. En varias oportunidades se utilizó mi nombre y al ministerio sin tener pruebas de las denuncias", dijo Suxo al salir.

miércoles, 26 de diciembre de 2012

SOBRE EX ASESORES INVOLUCRADOS EN RED DE EXTORSIÓN Llorenti: “Yo siempre los vi como personas responsables y abogados competentes”



Cinco horas y 15 minutos duró la audiencia de declaración de Sacha Llorenti, exministro de Gobierno y actual embajador de Bolivia ante la ONU, en la Fiscalía, donde fue citado en calidad de testigo por la investigación de una red de extorsión, proceso por el que ya hay más de una decena de funcionarios públicos en la cárcel de Palmasola.

Llorenti tuvo que responder a una serie de preguntas de la comisión de fiscales porque durante su gestión como ministro de Gobierno fungían como asesores jurídicos Fernando Rivera y Dennis Rodas, que ahora se encuentran en prisión acusados de integrar esta red.

Este escándalo de corrupción salió a la luz pública a raíz de las denuncias del estadounidense Jacob Ostreicher, situación que mereció la atención y visita del galardonado actor Sean Penn a Bolivia. A raíz de este caso una serie de personas denunciaron haber sido víctimas de la misma red.

A su salida de la Fiscalía, Llorenti dijo a los medios de comunicación que asistió al llamado del Ministerio Público como cualquier ciudadano. “Reiteramos nuestra confianza (en la Fiscalía) para que exista una información completa y concluyente, un juicio justo a través de un proceso debido en este caso de relevancia nacional”, señaló.

También manifestó: “Reiterar que en tanto yo he estado como ministro de Gobierno no ha habido ninguna denuncia de corrupción o de extorsión en contra de estos ciudadanos (Rivera y Rodas). Ellos han tenido responsabilidades que se les ha otorgado porque yo siempre los he visto como personas responsables y abogados competentes para llevar adelante las tareas que tenían”.

Ministro Quintana revela que conoció a Rivera en un trámite migratorio y que Antezana dependía de un Viceministro



El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó que conoció a Fernando Rivera, vinculado con el caso extorsión, en un trámite en la Dirección de Migración, mientras que con José Manuel Antezana, también acusado y exfuncionario de la cartera a su cargo, no tenía –señaló- ninguna relación ya que dependía del Viceministerio de Coordinación Gubernamental.

Quintana declaró por cerca de tres horas ante la comisión de fiscales encargada de la investigación encaminada a establecer nexos e identificar a los miembros de la red de corrupción y extorsión en la que estaban vinculados los asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Dennis Rodas; además del exdirector de Régimen Interior, Boris Villegas; Antezana, entre otros.

José Manuel Antezana era miembro del directorio de la empresa estatal Cartonbol, en representación del Ministerio de la Presidencia, según Resolución Suprema 2353 del 15 de enero de 2010. Fue detenido el 26 de noviembre, ya que fue depositada en su cuenta bancaria el dinero por la venta del arroz incautado al estadounidense Jacob Ostreicher; investigación que permitió desarticular la red de extorsión.

“El señor Antezana dependía directamente del Viceministro de Coordinación Gubernamental, consecuentemente no había relación directa, estrecha”, afirmó Quintana a los medios de comunciación, poco después de concluir su declaración en calidad de testigo ante la Fiscalía.

Javier Baldiviezo fue posesionado el 5 de octubre de 2011 como Viceministro de Coordinación Gubernamental en reemplazo de Wilfredo Chávez, quien poco antes fue posesionado como Ministro de Gobierno.

El ministro de la Presidencia informó también que conoció a Rivera en un trámite migratorio.

Rivera, uno de los principales acusados en el caso de extorsión, fungió en 2009 como director Técnico de Extranjería y Pasaporte de la Dirección de Migración. “Hemos manifestado en mi declaración que al señor Rivera lo conocí en un trámite de migración, porque fue funcionario de Migración, después nunca más”, afirmó y añadió que al resto de los vinculados con el caso no los conoce “ni por asomo”.

El ministro reconoció que “todo acto de corrupción genera dudas” y que, pese a ello el Gobierno combatirá cualquier hecho de corrupción.


La red de extorsión exigía desde $us 5.000 a sus víctimas y contaba con jueces y fiscales “complacientes”



La red de extorsión, según información de las denuncias recibidas, exigía entre 5.000 y más 100 mil dólares a sus víctimas, principalmente en juicios en etapa investigativa y en la que estaba en juego dinero. Tenían vínculo director con jueces y fiscales que eran “complacientes” a la hora de los procesos en los tribunales, informó el director de Transparencia del Ministerio de Gobierno, Miguel Albarracín.

Los miembros de la red delictiva exigían dinero a sus víctimas para que la justicia se incline por las medidas sustitutivas a la detención preventiva, en una audiencia judicial de medidas cautelares, en la que intervienen fiscales y jueces. “Extorsionaban jugando con la libertad de las personas…nos han contado que han sido extorsionados y que han sido encarcelados injustamente”, reveló.

La red, desarticulada a fines de noviembre, operaba desde los ministerios de Gobierno y de la Presidencia. Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas, exfuncionarios del Ministerio de Gobierno; José Manuel Antezana, exfuncionario del Ministerio de la Presidencia, y el exfiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez fueron encarceladas, junto a otras seis personas.

Operaban con intermediarios que exigían desde 5.000 hasta más de 100 mil dólares a sus víctimas. “Donde veían que había dinero e interés económico se involucraban; ese es el común denominador de las 30 denuncias vinculadas con la res delictiva; sólo estamos hablando de un trabajo de menos de un mes en la ciudad de La Paz”, reveló al noticiero de la red Uno.

El caso es procesado en Santa Cruz y fue develado a raíz de una investigación sobre irregularidades en el proceso judicial contra el estadounidense Jacob Ostreicher, acusado por la supuesta legitimación de ganancias ilícitas. El estadounidense logró su libertad condicional luego de haber permanecido 18 meses sin juicio ni sentencia. El actor Sean Penn abogó por su compatriota.

Algunos jueces y fiscales estaban vinculados con la red, ya que se puede decir que “eran complacientes” en los tribunales. “El vínculo con otras autoridades judiciales y del Ministerio Público era directa”, señaló Albarracín.

El Gobierno señaló que es necesario acortar el tiempo de los procesos y juicios para evitar cualquier hecho de corrupción, ya que ve en el tiempo una oportunidad para la corrupción. “Que inicie un juicio hoy y que en tres meses se encarcele o libere al imputado, eso es cambiar el procedimiento. Porque es en el uso del tiempo que los abogados, jueces y fiscales han montado sus maquinarias de extorsión sobre los inculpados”, señaló el sábado el vicepresidente Álvaro García, en el marco de una interpelación legislativa a tres ministros por el caso extorsión.

Mientras tanto el ministro de Gobierno, Carlos Romero, planteo la incorporación de agentes encubiertos en la justicia para evitar y denunciar la corrupción.

Albarracín informó que recibió 80 denuncias de corrupción en el último mes en La Paz, de las que 30 están relacionadas con la red de extorsión. El caso descubierto y las denuncias recibidas muestran “que hay bastante flexibilidad en el manejo de la justicia”.

También adelantó que entre las denuncias recibidas están en contra de autoridades judiciales y fiscales. Las denuncias serán remitidas al Ministerio de Transparencia y al Consejo de la Magistratura para su investigación correspondiente.

Embajador Llorenti dice que veía como “personas responsables y abogados competentes” a Rivera y Rodas



Tras concluir sus declaraciones ante la Fiscalía por el caso extorsión, el exministro de Gobierno y actual embajador ante la ONU, Sacha Llorenti, informó a los medios de comunicación que durante su gestión no hubo ninguna denuncia de corrupción o extorsión en contra de los asesores jurídicos Fernando Rivera y Dennis Rodas, por el contrario señaló que siempre los vio como “personas responsables y abogados competentes”.

Llorenti declaró por cerca de cinco horas ante la comisión de fiscales que investiga a la red de corrupción y extorsión que operaba desde los ministerios de Gobierno y de la Presidencia. Rivas y Rodas, hoy exasesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, además del exdirector de Régimen Interior, Boris Villegas, entre otras personas, están detenidas por el caso extorsión.

El actual embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) cumplió funciones de Ministro de Gobierno desde enero de 2010 hasta septiembre de 2011. Dejó el cargo tras los hechos de violencia en Chaparina, Beni, en contra de la marcha indígena en defensa del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS); lo reemplazó Wilfredo Chávez.

“Siempre los he visto como personas responsables y abogados competentes para llevar adelante las tareas que se les tenía asignado”, afirmó el diplomático poco después de comparecer ante la Fiscalía. Recordó que cuando cumplía funciones de Ministro no hubo ninguna denuncia contra los exasesores jurídicos.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, presta en estos momentos declaraciones ante la Fiscalía. La ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, también deberá prestar declaraciones hoy. Chávez reveló que Suxo le pidió que mantenga en sus cargos a Rivas y Rodas, mientras que adelantó –reveló- que iba a contratar a Villegas si era despedido.

martes, 25 de diciembre de 2012

SILVA: Gestión del MSM cierra con corrupción por redes de extorsión

El concejal del MAS Jorge Silva reveló que el Movimiento Sin Miedo actúa en complicidad con algunos actores sociales, entre ellos el Comité de Vigilancia.

El Concejal por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Silva informó que la gestión del alcalde de La Paz, Luis Revilla, importante miembro del Movimiento Sin Miedo (MSM), cierra su gestión con denuncias por actos de corrupción de las redes de extorsión ediles.

“Hay complicidad de algunos actores sociales en estos hechos de corrupción realizados por las redes de extorsión del MSM dentro de la Alcaldía”, dijo Silva en una entrevista con Cambio.

Según el legislador edil, las redes tienen un alcance más allá de lo municipal y controlan también el Órgano Judicial. “Por eso se estancan las denuncias vecinales”, añadió.

Entre los implicados identificó a los miembros del Comité de Vigilancia y a algunos dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, un grupo paralelo a la organización legal.

“Se han convertido en operadores políticos del MSM y, en lugar de asumir su rol fiscalizador, son controlados por el Alcalde a cambio de prebendas”.

Mecanismo de operación

La estrategia que aplica la red del MSM, según Silva, está basada en la división, y el principal objetivo fue apuntar a la Fejuve de La Paz, para lo cual creó esa directiva paralela.

La Fejuve paralela, que está liderada por Arturo Quispe, es la única reconocida en instancias municipales, pese a que la verdadera Federación, elegida por el voto vecinal, es encabezada por Jaime Vera.

Silva puso como ejemplo la división existente entre los copropietarios del edificio Alcázar, quienes fueron víctimas de la mala gestión municipal, que reconoció la ilegalidad del inmueble, pero cobró impuestos puntualmente.

Días atrás, el abogado de algunos afectados de ese edificio, Franklin Gutiérrez, denunció que luego de la evacuación del inmueble muchos se autonombraron representantes de los copropietarios.

“El Alcalde empezó a manipularlos y se metió en la dirigencia, generando desconfianza. Por eso hay división, pero no hay un asesoramiento adecuado para dar solución a este problema”, dijo.

Silva indicó que los afectados están impedidos de denunciar estos hechos a nivel municipal porque, como otros casos, serán archivados, pues señaló que la negligencia municipal tiene complicidad con la empresa Ormachea

“Cuando las denuncias llegan a través de los dirigentes elegidos por el voto vecinal éstas no prosperan, y el Programa Operativo Anual (POA) destinado a los vecinos se pone en riesgo”, aseguró.

Silva señaló que los POA vecinales son el señuelo perfecto para que los presidentes de los distritos acepten los proyectos de Barrios de Verdad, con tal de ejecutar sus presupuestos asignados.

“Se han ofrecido obras, se han sorteado 120 barrios de verdad en todo el municipio; y les dicen que si no apoyan, no habrá proyectos. Sólo se ejecutaron 50 de ellos y 12 no tienen financiamiento”, indicó Silva.


Alcaldía hizo 14 obras de 1.074 fijadas

El informe de evaluación de ejecución del Programa Operativo Anual (POA), al cual tuvo acceso Cambio, muestra que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) concluyó sólo 14 obras de 1.074 proyectos fijados para 2012.

Según el concejal Jorge Silva, el avance del 100% de ejecución corresponde a 14 obras, 194 quedaron entre el 71 y 99% de progreso; y 41 con 51 al 70% de ejecución, entre otros rangos.

“Este informe muestra claramente que el impuesto de los vecinos es destinado a otras cosas y no así a la ejecución de obras que benefician directamente al ciudadano”, dijo Silva.

Asimismo, explicó que del presupuesto asignado para 2012, que es 2.084.050 bolivianos, quedan 1.086.136,59 bolivianos por ejecutar, lo cual significa un 48% del total, según el informe del segundo cuatrimestre.

En ese sentido, indicó que el Fondo de Atención Ciudadana y el Fondo Estratégico, ambos dirigidos a la ejecución de los proyectos vecinales, sólo alcanzó al 27 y 24%, respectivamente.

Por lo expuesto, según el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), la gestión de Luis Revilla no arrojó resultados positivos, lo que va contra el vecino.

Este miércoles declaran Llorenti, Suxo y Quintana en el caso Extorsión



Para este miércoles la comisión nacional de fiscales que investiga la conformación de la red de extorsionadores de funcionarios del Órgano Ejecutivo, programó para este miércoles las declaraciones en calidad de testigos de los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, y del exministro de Gobierno y actual embajador ante la ONU, Sacha Llorenti.

El primero en presentarse ante el Ministerio Púbico de la ciudad de Santa Cruz será Sacha Llorenti siendo que sus declaraciones están previstas para las 9:00 horas de este miércoles. En horas de la tarde, a las 15:00 horas el ministro de la Presidencia, deberá asistir ante la comisión de fiscales, y por último Nardy Suxo deberá iniciar sus declaraciones a partir de las 17:00 horas.

Dentro las investigaciones para esclarecer la conformación de la red de extorsionadores que se destapó a través de una denuncia del norteamericano, Jacob Ostreicher, quien ahora se encuentra en libertad condicional y acusado de supuesta legitimación de ganancias ilícitas, declararon también en calidad de testigos, las autoridades Carlos Romero, ministro de Gobierno; Wilfredo Chávez y Alfredo Rada, ex ministros de esta cartera de Estado.

El Ministerio Público también citará al ex viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán, además de otros ex viceministros, ex y actuales directores Jurídicos de los ministerios en los que fueron descubiertas las personas vinculadas con la red delictiva que presuntamente tendrían alguna información de la confirmación de esta red.

El pasado lunes la comisión de fiscales recepcionó las declaraciones del alemán Dirk Schmidt en las celdas de la cárcel de Palmasola donde aún permanece a la espera de su libertad condicional, siendo que este ciudadano extranjero dijo tener información de la red de extorsionadores que realizaban los ex asesores del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Dennis Rodas.

Además de Rivera y Rodas quienes se encuentran con detención preventiva, Boris Villegas, ex funcionario del Ministerio de Gobierno; José Manuel Antezana, ex funcionario del Ministerio de la Presidencia, y el ex fiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez también se encuentran en la cárcel de Palmasola.

La Fiscalía declaró prófugo al presidente del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Ariel Rocha.

Gobierno plantea vigilar a jueces y fiscales con agentes encubiertos



El vicepresidente Álvaro García afirmó el sábado que es necesario encarar la reforma estructural del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para anular la posibilidad de corrupción, como la detectada a partir de la investigación al proceso contra el estadounidense Jacob Ostreicher.

“Que inicie un juicio hoy y que en tres meses se encarcele o libere al imputado, eso es cambiar el procedimiento. Porque es en el uso del tiempo que los abogados, jueces y fiscales han montado sus maquinarias de extorsión sobre los inculpados. Necesitamos tiempos que acorten: que en vez de cuatro, en tres meses se acabe un juicio”, insistió.

Actualmente el plazo para la etapa preparativa de un proceso es de seis meses, tiempo que puede ampliarse hasta 18 meses, según normas vigentes. La culminación de un juicio no puede extenderse más allá de tres años, explicó Milton Mendoza, el exfiscal y magistrado suplente del Tribunal Constitucional.

Reformas. La averiguación sobre las irregularidades en el proceso instaurado a Ostreicher, quien estuvo encarcelado por 18 meses sin un juicio y sentencia, permitió desarticular una red de corrupción y extorsión en la que estaban involucrados funcionarios de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, fiscales y jueces.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer a La Razón que la incorporación de los agentes encubiertos es otra de las propuestas en la línea de combatir la corrupción de los operadores de justicia.

“Hay que tener gente que esté haciendo seguimiento al trabajo de jueces y fiscales, sin que necesariamente puedan percatarse de su participación. Este mecanismo serviría para el control de sus actuaciones y también de los servidores públicos del Órgano Ejecutivo”, anticipó la autoridad.

El equipo de agentes encubiertos estaría formado por personas con especialidad en inteligencia operativa y que sean de “probada trayectoria moral”, apuntó Romero. Al respecto, García anunció el 5 de diciembre que era tiempo de crear la Unidad de Agentes Encubiertos “para fortalecer la transparencia en las entidades públicas e identificar a los responsables de actos de corrupción”.

En la red delictiva descubierta operaban los funcionarios Boris Villegas, Fernando Rivera y Dennis Rodas (del Ministerio de Gobierno), y José Manuel Antezana (del Ministerio de la Presidencia). También está vinculado el exfiscal del distrito cruceño Isabelino Gómez, entre otros. El presidente del Tribunal de Justicia cruceño Ariel Rocha está prófugo.

“En el ámbito judicial se ha hecho un gran cambio en la composición de clase (máximas autoridades en elección por voto directo), pero no es suficiente. El cambio que falta (está en) los procedimientos; mientras haya procedimientos legales que dejen la suerte de un ciudadano en manos de un fiscal o un juez, va a seguir la corrupción”, advirtió García Linera.

También se proyecta auditorías a procesos judiciales. “Entre las acciones enfocadas a detener la corrupción en la justicia están auditorías efectuadas por abogados externos de los procesos penales que parezcan irregulares”, adelantó Romero, y añadió que igual son necesarias auditorías a los bienes de los operadores de justicia.

El ministro remarcó que “debe haber una transparentación constante del patrimonio de jueces y fiscales, con declaraciones juradas periódicas y sujetas a cualquier pericia”, y aclaró que todos estos planteamientos y reformas deberían ser discutidos hasta mediados del siguiente año.

Los jueces ciudadanos

Cambios

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que perfilan en las reformas judiciales incrementar la participación de los jueces ciudadanos en los juicios. Actualmente la oralidad está instituida en el área penal.

Asamblea ratifica a 3 ministros

ABI - La Asamblea Legislativa Plurinacional ratificó ayer su confianza en la gestión de los ministros de Gobierno, Carlos Romero; de la Presidencia, Juan Ramón

Quintana, y de Transparencia, Nardi Suxo, luego de que éstos respondieran a un pliego de interpelación solicitado por el Movimiento Sin Miedo (MSM), por el llamado caso Extorsión.

“Se aprobó el informe que los ministros han presentado, por unanimidad de nosotros (bancada oficialista). Ha quedado en claro la postura de nuestro Gobierno: una guerra sin cuartel a la corrupción. Los tres ministros interpelados fueron muy precisos y muy claros en sus respuestas, a más de 100 preguntas que se les hizo”, informó Rina Aguirre, senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Los ministros informaron sobre los procedimientos que se hicieron para descubrir a la red de corrupción, en la que se vieron involucrados exfuncionarios públicos, jueces y fiscales.

Los abogados Fernando Rivera y Dennis Rodas, despedidos del Ministerio de Gobierno y recluidos en la cárcel de Palmasola, fueron presentados como la cabeza visible de la banda de extorsionadores descubierta a partir de la pesquisa de irregularidades en el caso del estadounidense Jacob Ostreicher.

Suxo evitó que dos acusados de la red sean despedidos

Wilfredo Chávez, ex ministro de Gobierno, afirmó en sus declaraciones ante la Fiscalía, que la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, evitó el despido de al menos dos funcionarios gubernamentales que ahora están acusados por formar parte de la red de extorsión.

Ese matutino intentó ayer comunicarse con la ministra Suxo; sin embargo, desde la unidad de comunicación de esa entidad afirmaron que llamarían para hacer conocer una contraparte de la autoridad aludida, pero hasta el cierre de esta edición (13:30) de ayer no hubo la llamada.

Una parte de su declaración fue leída en el programa Que no me pierda de la red Uno, difundida la noche del viernes. El fiscal habría preguntado: ¿Iniciando usted una nueva gestión como ministro de Gobierno por qué razón no agradeció los servicios a estos dos abogados (Dennis Efraín Rodas Limachi y Fernando Rivera Tardío)? a lo que Chávez respondió:

“Recuerdo que a los días de haber ingresado, saliendo del gabinete de ministros, comenté la intención de cambiar (...) a los doctores Rodas y Rivera; en ese momento la doctora Nardi Suxo me indicó que ellos le apoyaban mucho en sus procesos y que los mantenga; con relación a Boris Villegas me dijo puntualmente que si yo lo retiraba lo llevaría a trabajar con ella. Para ser objetivo en mis decisiones, como dije antes, me decidí por la evaluación de gestión que finalmente no se dio por mi cambio”.

Rivera, Rodas y Villegas, ex funcionarios del Ministerio de Gobierno, son considerados como los presuntos cabecillas de la red de extorsionadores que operaba desde los ministerios de Gobierno y de la Presidencia.

En la gestión del ex ministro Chávez, Denis Rodas fue director de gestión jurídica de ese ministerio; Fernando Rivera, asesor legal; y Boris Villegas fue director de Régimen Interior.

La ministra Suxo, en pasadas semanas, negó cualquier vínculo con la red de extorsión y sobre Villegas, quien después de que salió del Ministerio de Gobierno trabajó en el Ministerio de Transparencia, dijo que éste trabajó durante un cortísimo tiempo. Inicialmente, desde ese ministerio se dijo que laboró sólo 16 días, cuando en realidad estuvo durante 30 días, según datos obtenidos del sistema SIGMA.

A principios de diciembre, dos fuentes vinculadas al Gobierno le dijeron a Página Siete que la red de extorsión, que tiene al menos 50 denuncias en contra, penetró ese despacho.

Analizan proceso contra Ariel Rocha
El Consejo de la Magistratura no descartó abrir un proceso disciplinario contra el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Ariel Rocha, después de que se conoció de su relación con la red de extorsionadores. Actualmente no se conoce su paradero.

El consejero Wilber Choque declaró a Página Siete que se instruyó a la representación departamental del Consejo de la Magistratura analizar si es que existen elementos en el marco de la Ley 025 para la apertura de un proceso disciplinario contra Rocha.

El consejero aseguró que desde que se descubrieron vínculos de autoridades judiciales con la red de extorsionadores, el Consejo de la Magistratura será más “drástico”, al momento de revisar las denuncias que llegan en contra de administradores de justicia y funcionarios. La autoridad dijo que la investigación de este caso debe estar a cargo del Ministerio Público.

Rocha es buscado por la Interpol de acuerdo con las últimas informaciones del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, porque no se presentó a prestar su declaración por este caso.

Caso Ostreicher toca las puertas del Palacio de Evo

En la víspera de Navidad la investigación sobre la presunta red de extorsión parecía tocar las puertas del Palacio de Gobierno de Evo Morales por el anuncio de la declaración de los ministros, de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, Anticorrupción Nardi Suxo, y el exministro de Gobierno y actual embajador de Bolivia ante la ONU Sacha Llorentty, y la ampliación de las indagaciones a ministros y viceministros de por lo menos dos ministerios donde trabajaban los abogados Fernando Rivera, Boris Villegas y José Manuel Antezana, principales implicados en el cobro de fuertes sumas y de presionar a jueces y fiscales a cambio de levantar cargos o agravarlos en contra de algunas personas, entre ellas el judío norteamericano Jacob Ostreicher.

Durante la jornada de ayer la comisión investigadora hizo un alto para compartir algunas empanadas con los periodistas y luego dirigirse a la cárcel de Palmasola a escuchar las importantes revelaciones que prometió el alemán Dirk Schmidt, un expolicía e investigador privado a quien se le atribuye haber planificado con Ostreicher el destape de la red de corrupción.

Schmidt obtuvo su orden de libertad el viernes, pero por trámites permaneció detenido acusado de cobrar sumas de dinero a menonitas en supuesta complicidad con el exviceministro Gustavo Torrico, situación que luego fue desvirtuada.

La investigación trepa al Ejecutivo. En este caso permanece detenido el exfiscal de distrito Isabelino Gómez y está prófugo el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Ariel Rocha. El fiscal de Distrito, Henry Herrera, dijo que la citación a ministros y exministros, "no es protocolar" y recordó que Rocha cuando vino a declarar deslindó responsabilidades, como los exministro Alfredo Rada y Wilfredo Chávez y el actual ministro de Gobierno Carlos Romero. "No se olviden que hay otros datos con los que se van a cruzar", dijo al indicar que la investigación es objetiva.

Palmasola
Declaran tres reos, la 'colombiana', 'Dirk y Cresencio Pinto

En la lista. Hasta el cierre de la edición estaba declarando Dirk Schmidt y tenían previsto escuchar el testimonio de la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, administradora de Ostreicher, y de Cresencio Pinto, un procesado por violación a quienes también la presunta red extorsionadora les pidió dinero.

lunes, 24 de diciembre de 2012

Respaldan a tres ministros acusados de nexos con la red

Luego de nueve horas de interpelación a los ministros de Gobierno, Carlos Romero; de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, la Asamblea Legislativa les dio su voto de confianza tras el cuestionamiento realizado por legisladores del Movimiento Sin Miedo (MSM) sobre a la red de corrupción desarticulada.

La sesión se prolongó desde las 19:00 del sábado hasta las 4:30 del domingo. Los ministros respondieron 126 preguntas de los diputados Marcela Revollo y Fabián Yaksic, del MSM, formuladas para que expliquen cómo investigaron a la red que se introdujo a sus ministerios.

Para el presidente de la Asamblea, Álvaro García Linera, la interpelación no fue más que “un acto político encabezado por el jefe nacional de MSM, Juan del Granado” y a quien lo comparó con el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín, críticas que molestaron a la diputada Revollo.

No obstante, Yaksic acusó al Órgano Ejecutivo de crear un “descontrol gubernamental autorizado” con los poderes notariados que fueron entregados a los ex funcionarios que ahora son procesados en Santa Cruz, como Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas.

El diputado criticó las facultades de “solicitar diligencias, actuar como querellantes, pedir medidas cautelares, ordenar actos de pericia, interponer recursos, pedir careos, inspección ocular, oponerse a solicitudes de libertad, presentar excusas”.

El asambleísta opositor dijo que hay “una subordinación de la justicia al poder político”. “¿Cuál es el límite de la seguridad de Estado?”, cuestionó.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, respondió que “no hay ninguna intromisión política en las decisiones judiciales o una transgresión al Estado de Derecho. “Ésa es mucha imaginación para querer confundir a la gente”, precisó.

Además, dijo que se logró establecer pruebas que permitirán accionar judicialmente frente a la estructura organizada de abogados “de cuarta categoría e integrantes del Órgano Judicial, vinculados a la corrupción y extorsión”.

La ministra Nardi Suxo entregó varios documentos sobre las investigaciones de corrupción que tenía en su despacho, que es “el único Ministerio de Transparencia a nivel mundial”, dijo.

Al amanecer del domingo, alrededor de 50 asambleístas quedaban en sala, por lo que una vez concluida la interpelación y las réplicas se votó por la aprobación del informe de los tres ministros y por el voto de confianza a los mismos.

Denuncian actuación de Rivera en la Aduana
El directorio de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) denunció que el ex director jurídico del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera tuvo una irregular participación en algunos operativos de esta institución.

De acuerdo con los directores de la ANB Silvano Arancibia y Freddy Franco, el ex abogado del Ministerio de Gobierno, actualmente recluido en Palmasola de Santa Cruz, dirigió un operativo en la Aduana en septiembre, cuando se intervino 28 carros bomberos en predios de la Aduana de La Paz.

Los directores cuestionaron las acciones de Rivera debido al estatus autárquico de la Aduana, que impide que órganos ajenos a la entidad tengan algún tipo de injerencia en sus funciones.

Al respecto también se pronunció el ex viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico, quien precisó que los brazos de esta red de extorsión, en la que también están implicados Denis Rodas y Boris Villegas, ex funcionarios del Ministerio de Gobierno, se habrían expandido a otras instancias al no haber tenido “un control” de sus superiores, según la información de la agencia ANF.

“Cuando salían a ver un tema, salían a ver otros más, como meterse en la Aduana, algo que muestra un sometimiento”, sostuvo ayer la ex autoridad.

sábado, 22 de diciembre de 2012

Exministro Rada pasa la bola del problema a su sucesor Llorenti


Exministro Alfredo Rada desestimó una supuesta relación con la red de extorsionadores.

Una vez culminada sus declaraciones ante la comisión de fiscales del caso de la red de extorsión, el exministro de Gobierno, Alfredo Rada, ratificó que esta organización se habría conformado después que saliera del cargo.

Además, Fernando Rivera (exasesor jurídico) y Boris Villegas (exdirector Régimen Interior) habrían sido promovidos en la siguiente gestión, ya que hasta su salida sólo ocupaban los cargos de técnicos jurídicos.

De esta manera quedó claro que fue Rada quien los vinculó al Ministerio de Gobierno con los extorsionadores, luego de prestar sus declaraciones de manera voluntaria a la Fiscalía de Santa Cruz por el caso Ostreicher.

“Vengo para cumplir un deber, la Fiscalía me convocó como testigo, por lo que puede averiguar estos hechos se dieron después de mi gestión”, enfatizó.

Confirmó que Rivera y Rodas ingresaron meses después que él fue posesionado en el cargo de Ministro de Gobierno, pero durante su gestión había un mecanismo de control a todas las reparticiones.

“Efectivamente se incorporaron entre los años 2007 y 2008. Su incorporación se dio en niveles técnicos jurídicos, ellos durante estos tiempos no fueron titulares de Régimen Jurídico o de Régimen Interior. Tengo entendido que esos cargos fueron posteriormente ocupados por esas personas, pero en los años que yo estuve esas personas sólo tenían simplemente un rol técnico jurídico”, expresó.

Rada afirmó que durante su gestión como Ministro de Gobierno, entre enero de 2007 a enero de 2010, nunca recibió denuncias en contra de los funcionarios de esta cartera de Estado, aunque hubo otros casos de denuncias que vinculan el mal andar, de los ahora recluidos en Palmasola, que se refieren a esos años.

El exministro pidió a la comisión de fiscales investigar este proceso y de qué manera se afectó a los ministerios de Gobierno, Presidencia y Transparencia.

viernes, 21 de diciembre de 2012

Llaman a declarar a Rada y Llorenti

El ministro Romero llegó con un retraso de cuatro horas a prestar su declaración.

El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, anunció que la próxima semana serán convocados a declarar los exministros de Gobierno, Sacha Llorenti y Alfredo Rada, en la investigación sobre la red de corrupción y extorsión, descubierta recientemente.
“En los próximos días también serán citados otras autoridades como la ministra de Transparencia Nardi Suxo, además de otros exministros como Alfredo Rada y Sacha Llorenti”.
El 26 de noviembre el ministro de Gobierno, Carlos Romero, develó una red de corrupción y extorsión integrada por exfuncionarios públicos, jueces y fiscales de La Paz y Santa Cruz.
Declaraciones. En la tarde de ayer, en Santa Cruz, se presentó a declarar el exministro Wilfredo Chávez, quien dijo que durante los 90 minutos que fue interrogado por los fiscales habló sobre su relación con los cuatro principales implicados, los cuales fueron sus dependientes en las carteras de Gobierno y de la Presidencia.
“Lamento que por culpa de un grupo de exfuncionarios se quiera manchar un proceso político tan importante para Bolivia”.
Chávez dijo en su testimonio que fue Ministro de Gobierno por cuatro meses y no designó a ninguno de los acusados.
Retraso. El ministro Romero se presentó ante la comisión de Fiscales con un retraso de casi cuatro horas del horario en que fue convocado. Hasta el cierre de esta edición, la autoridad continuaba prestando su declaración voluntaria.

“Mi declaración es para apoyar a la investigación y (para que) brinde una información clara a la comisión”.
Wilfredo Chávez / EXMINISTRO DE GOBIERNO

12 personas se encuentran detenidas, sospechosas de ser parte de la red de extorsión.

Ariel Rocha, presidente del tribunal de justicia de Santa Cruz fue aprehendido ayer en la localidad de Yacuiba y trasladado a la ciudad de Santa Cruz.
Mientras tanto, el exfiscal Roberto Achá y su esposa, Cory Balcázar, fueron enviados al penal de Palmasola por orden del juez José Zubieta.



jueves, 20 de diciembre de 2012

Ostreicher deja la clínica para cumplir su arresto domiciliario

Jacob Ostreicher, luego de haber recibido arresto domiciliario, por parte de la jueza Eneas Gentile, ayer, dejó la clínica Incor, bajo una fuerte custodia policial. El empresario estadounidense agradeció al presidente Evo Morales y a la prensa por el apoyo brindado y pidió a todas las personas que estuvieron al tanto de su problema respetar su vida privada.

Ostreicher estuvo privado de libertad por más de 18 meses, logró su libertad condicional luego de la suspensión de 29 audiencias, varias de ellas aplazadas por algunos pasos procesales que no se cumplieron.

El momento en que el estadounidense dejó el nosocomio, en una conferencia de prensa improvisada, aprovechó para agradecer a toda la población boliviana por preocuparse de su caso y su libertad.

De la misma forma señaló que la prensa también fue una parte fundamental para que las autoridades judiciales decidan darle la libertad sustitutiva; “ustedes fueron las personas fundamentales que le dieron el empujón para que las autoridades tal vez se sensibilicen con mi caso”, señaló.

Al referirse a las personas que fueron implicadas en el caso de la red de corrupción y extorsión, manifestó que este problema que le causaron no fue hecho solamente por las personas que en el momento se encuentran en la cárcel, por lo que su persona seguirá en la investigación.

Bonifaz y Dorado enfrentados por caso de red de extorsión

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Galo Bonifaz, denunció este miércoles que tiene una lista con 8 nombres de diputados de Convergencia Nacional (CN) que habrían incurrido en hechos de corrupción, sin embargo guardó en reserva los nombres, los cuales dijo que anunciará este jueves en conferencia de prensa.

“Los últimos informes que nos ha llegado se están aumentando más asambleístas que están implicados”, dijo Bonifaz.

Por su parte, el Jefe de Bancada de Convergencia en diputados, Luis Felipe Dorado, advirtió al diputado oficialista que si no revela el nombre de los diputados que supuestamente habrían cometido hechos ilícitos, podría ser acusado de encubrimiento, además de ser pasible a una denuncia ante la Comisión de Ética por difamar a la oposición.

Dorado aclaró que en el caso de que algún diputado de Convergencia esté involucrado en algún hecho de corrupción, “seguramente estaría apadrinado por el MAS”, por lo que espera que el diputado Bonifaz denuncie a todos los responsables del supuesto hecho de corrupción que anunció desde la semana pasada.

El líder de CN en Diputados consideró que la “torpe maniobra” de Bonifaz se debe a que “los indicios cada vez apuntan más al ministro de la Presidencia, Ramón Quintana”, luego de que el actor Sean Penn vinculara a la red de extorsión con el narcotraficante Maximiliano Dorado, “el mismo que según la revista Veja financiaba a Quintana”.

Ramírez dice que fue presionado por Nardi Suxo

La exautoridad afirma que la Ministra presionó al juez del caso Catler I por venganza.

El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez denunció ayer haber recibido presión de parte de la ministra anticorrupción, Nardi Suxo, para contratar los servicios de una empresa aseguradora perteneciente al hermano de esta autoridad.
Ayer se desarrolló la audiencia de juicio oral en el caso Visas Chinas, en la que se leyó la sentencia de absolución a favor de la exautoridad de la estatal petrolera. Con el fallo del juez, queda cerrado el caso de manera definitiva.
La presión. Santos Ramírez denunció que, durante su gestión en presidencia, “un día, Nardi Suxo vino a YPFB con su hermano Jorge Suxo, quien es gerente de una empresa corredora de seguros, y me pidió que yo coloque a ese corredor en la corporación de YPFB y yo no quise”.
Según la exautoridad, esta negativa, de contratar los servicios del hermano de Suxo, tuvo consecuencias, pues la Ministra, supuestamente, ejerció presiones al juez encargado del proceso del caso Catler, José Luis Rivero, para que dicte sentencia en su contra.
Un reto para la ministra. Asimismo, y ante los medios de comunicación, Ramírez retó públicamente a la Ministra de Transparencia para que dé explicaciones e investigue por qué la planta separadora de líquidos de Río Grande tiene un precio actual de 106 millones de dólares, cuando durante su gestión se calcularon sólo 86,4 millones de dólares.
Extorsión. Ramírez también denunció haber sido extorsionado por el exfiscal Harry Suaznábar, quien le pidió fuertes sumas de dinero para que los fallos judiciales en el caso Catler sean a su favor.
Ramírez relató: “El señor Harry Suaznábar, fiscal del caso Catler, es quien me pidió dinero en el pasillo. Me dijo que si le daba el dinero, 50.000 dólares, él no iba a presentar la acusación y además vería mi caso en Catler I”. Afirmó también que esta denuncia será presentada ante el Ministerio Público.
El exhombre fuerte del MAS explicó además que el exfiscal le advirtió que si no pagaba la suma estipulada, tendría “serios problemas” para lograr una sentencia favorable en Catler I.
A fines de noviembre, el exministro de Gobierno Víctor Hugo Canelas también vinculó a Suaznábar con el bullado caso de la red de extorsionadores, funcionarios de dos ministerios.
Semanas atrás, Ramirez vinculó a la Ministra anticorrupción con la red de extorsión. Las investigaciones aún se desarrollan para esclarecer el hecho. Actualmente hay más de diez detenidos.

86,4 millones de dólares era el costo de la instalación de la planta separadora de líquidos en Río Grande.

El caso Catler se destapó con el asesinato de Jorge O'Connor. Santos Ramírez, expresidente de (YPFB), fue condenado por el juez José Luis Rivero Aliaga a 12 años de reclusión en el penal de San Pedro. Fue declarado culpable de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, cohecho pasivo propio y asociación delictuosa.

“Los procesos instalados en mi contra son por represalias por no haber contrado a su hermano (de Suxo)”.
Santos Ramírez / EXPRESIDENTE DE YPFB

Amigo de Ostreicher Medidas sustitutivas para Schmidt

El juez del Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal, Rony Peredo, determinó libertad condicional para el alemán Dirk Schmidt, acusado de levantamiento armado. El alemán deberá cancelar una fianza de 40 mil bolivianos y presentarse ante el Ministerio Público cada 15 días.

Schmidt contaba con detención preventiva en el penal de Palmasola y brindaba seguridad al estadounidense Jacob Ostreicher, quien al ser liberado ayer abogó por el alemán. La primera semana de diciembre, Schmidt se favoreció con medidas sustitutivas en el caso de la presunta extorsión a menonitas, pero debió continuar recluido en Palmasola por otro caso de alzamiento armado

Un 'ejército' vigila la casa de Ostreicher

La defensa del empresario Jacob Ostreicher, quien desde el martes está con medidas sustitutivas a la detención preventiva, anunció que pedirá la devolución de los bienes que le incautaron al empresario, dentro del proceso que se le sigue por los supuestos delitos de legitimación de ganancias y organización criminal. Su abogado, Yimmy Montaño, agregó que si se confirma que sus bienes recibieron algún tipo de daño, ampliarán la denuncia contra los responsables.

Ostreicher denunció que había sido víctima de extorsión por parte de sus querellantes del Ministerio de Gobierno y ahí se destapó la existencia de una presunta red corrupta, en la que están implicados jueces, fiscales, exfuncionarios del Gobierno y se indaga además si hay políticos también comprometidos.

Fuerte dispositivo de seguridad. Más de 15 personas resguardan los perímetros aledaños a la casa de Ostreicher en Equipetrol. Cuatro de Inteligencia controlan en el exterior, mientras que en el patio y el jardín de la casa hay miembros del Grupo Delta y, por si fuera poco, la seguridad privada del estadounidense vigila el lugar desde la segunda planta. Montaño dijo que pedirán más seguridad para su defendido, quien se presentaba a las audiencias con chaleco antibalas. Ostreicher estuvo con detención preventiva durante 18 meses y hasta el martes, cuando la juez Eneas Gentile le impuso arraigo domiciliario.

Golpe a la justicia. La Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz determinó ayer no aceptar la solicitud de permiso de Mario Rocha, quien ha sido vinculado a la red de extorsión y que está desaparecido desde el martes. Ayer la comisión de fiscales que investiga el caso Ostreicher emitió una orden de aprehensión contra López. Ante esta comisión declara hoy el ministro Carlos Romero en calidad de testigo. El exfiscal del Beni Carlos Roberto Achá y su esposa Cory Balcázar, aprehendidos el martes por una denuncia de extorsión del alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, irán hoy a las 9:30 ante un juez cautelar.

'Están todavía intactos algunos fiscales y jueces que se dedicaban a presionar'

Nicolás Ribera
Comité Pro Santa Cruz

miércoles, 19 de diciembre de 2012

Boris Villegas trabajó un mes en Transparencia y no 16 días

Boris Villegas, presuntamente implicado en la red de extorsión, trabajó un mes en el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, de acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y no sólo 16 días como afirmó esta cartera de Estado.

Villegas, según los datos obtenidos del SIGMA, ejerció el cargo de “servicio de atención al ciudadano”; ingresó al ministerio el 10 de septiembre y su renuncia fue aprobada el miércoles 10 de octubre de 2012.

Cuando se mencionó la supuesta relación de Villegas con la red de extorsionadores, desde la Unidad de Comunicación de ese despacho se informó que éste trabajó solamente 16 días y que renunció en septiembre.

Sin embargo, ayer desde ese ministerio dijeron a Página Siete que en realidad trabajó “20 días hábiles”; aun así, esta información no concuerda con la planilla del SIGMA, que registra la fecha de designación y de renuncia y el cargo que ejerció Villegas.

El ex funcionario gubernamental, ahora detenido en Palmasola por su presunta relación con la red de extorsionadores, formó parte del Ministerio de Gobierno, donde ingresó el 1 de enero de 2008 como director de Gestión Jurídica, luego fue director general de esa oficina hasta el 16 de mayo de este año, según los datos del SIGMA.

Estuvo trabajando en el Ministerio de Gobierno hasta el mes de mayo de este año. Entonces le habrían pedido que renuncie porque habría realizado un seguimiento al actual viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.

El viernes, la ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, dijo que “cuando se produjo la contratación (de Villegas), que les vuelvo a decir, fue de tan breve tiempo, no tenía denuncia”, aunque también admitió que ya en octubre conoció una denuncia sobre la red de extorsión que operaba desde dos ministerios del Estado.

La red de extorsión fue investigada y denunciada por el Ministerio de Gobierno, a raíz de la extorsión del que había sido objeto el empresario estadounidense Jacob Ostreicher.

El primer detenido por este caso fue el funcionario del Ministerio de la Presidencia y concuñado del diputado Héctor Arce, José Manuel Antezana, el pasado 26 de noviembre.

Villegas pasó por cuatro ministerios
El paso del ex director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas Rocabado, por esferas del Gobierno no es reciente. Trabajó en cuatro ministerios de Estado desde octubre de 2006.

Uno de los hombres fuertes del Ministerio de Gobierno, participó en diferentes operativos de conflicto uno de ellos la intervención violenta a la IX marcha indígena en defensa del TIPNIS, en la localidad de Chaparina. Pasaron ministros y viceministros por ese despacho de Estado, sin embargo Villegas siempre se mantuvo en su cargo; hasta que en enero de este año Carlos Romero fue posesionado como Ministro y cuatro meses después en mayo de este año Villegas renuncio al cargo.

Antes cumplió funciones como jefe de unidad del Ministerio de Trabajo; también estuvo durante tres meses en el Ministerio de Relaciones Exteriores; mientras que en el Ministerio de Gobierno fue donde más tiempo se quedó desde 2008 hasta el 2012.

Romero fue quien hizo público el caso de extorsión a Jacob Ostreiccher.

martes, 18 de diciembre de 2012

A 23 días de la caída de red de extorsión 10 altos funcionarios están en la cárcel

A 23 días del destape de la red de corrupción y extorsión al ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher y otras personas dejó este martes un saldo de una decena de aprehendidos.

La red de extorsión fue descubierta el 26 de noviembre pasado a raíz de múltiples denuncias que hizo Jacob Ostreicher, quien invirtió 27 millones de dólares en el sector agrícola y fue detenido en junio del año pasado por presunta legitimación de ganancias ilícitas y nexos con el narcotráfico.

El ciudadano estadounidense fue víctima durante 18 meses de un clan de extorsionadores integrado por influyentes funcionarios de los ministerios de la Presidencia y Gobierno.

Ostreicher, junto a un empresario suizo, había invertido 27 millones de dólares en el sector agropecuario de Bolivia al comprar hace dos años tierras, ganado bovino, arroz y maquinaria agrícola en el departamento de Santa Cruz.

Pero las tierras habían sido compradas al brasileño Maximiliano Dorado, un presunto narcotraficante que ahora está detenido en su país, situación que provocó que las autoridades antidrogas de Bolivia inicien un proceso por el cual el estadounidense fue detenido en la cárcel pública de Santa Cruz de la Sierra.

Ahora el estadounidense padece la enfermedad de Parkinson y otros males. Una audiencia definió este martes medidas sustitutivas a su favor por lo que podrá defenderse en libertad.

Ostreicher proclamó inocencia pero fue víctima de un clan de extorsionadores que controlaban el sistema judicial, al extremo de revertir una acción de libertad a su favor. Además consiguieron que se suspendan 25 de 28 audiencias judiciales por diversos motivos.

El clan era liderado por Fernando Rivera que era abogado del Ministerio de Gobierno (Interior) y José Manuel Antezana, director de gestión pública del Ministerio de la Presidencia.

El clan operaba hace cinco años y medio en los dos ministerios y utilizaba a otros funcionarios para realizar diversos cobros y tareas de intimidación judicial a enemigos políticos del gobierno de Evo Morales.

La detención de Ostreicher conmovió a la comunidad judía, y movilizó a Bolivia a los congresistas estadounidenses Nydia Velásquez y Christopher Smith, quien lo visitó en la cárcel de Palmasola, sitio al que también llegó el actor Senn Penn, quien fue nombrado por el presidente Evo Morales como embajador de la defensa de la coca, la reivindicación marítima de Bolivia y la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que radica desde 2003 en Estados Unidos.

La investigación provocó en 23 días la detención de diez personas, entre ellos de Isabelino Gómez, máxima autoridad judicial del departamento de Santa Cruz.

El actor estadounidense Sean Penn, quien participó el martes 11 de diciembre de una frustrada audiencia para recuperar la libertad de su compatriota, Jacob Ostreicher, advirtió al presidente Evo Morales que su gobierno podría ser debilitado por la red de extorsión, y expuesto inclusive a un golpe de estado.

“Existe un cáncer que está atacando el corazón de Bolivia. Los niveles de corrupción expuestos, a través de las investigaciones, ha descubierto increíbles ataques para los que no están asociados a esta red”, dijo Penn, quien alertó a Evo Morales de esta organización delictiva gracias a su proximidad con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Entre los detenidos por el “caso Ostreicher” figuran Ramiro Ordóñez López, ex funcionario de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) en La Paz, quien fue enviado a Palmasola por incumplimiento de deberes. Denis Rodas, abogado del ministerio de Gobierno; Boris Villegas, ex director de régimen interior y Moisés Aguilera, ex ejecutivo de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), quienes fueron investigados por una comisión de fiscales y jueces.

A ellos se suma Gustavo Wagner Céspedes (hombre de confianza de Rivera), recluido en Palmasola y Franklin Pedraza Suárez y Eduard Stefane Bellido, ambos ex funcionarios de Dircabi, quienes se beneficiaron con medidas sustitutivas.

La juez noveno de instrucción en lo penal, Eneas Gentiles, determinó el pasado sábado 15 en la noche la detención preventiva en el penal de Palmasola, del ex inspector de DIRCABI, Miguel Gutiérrez Solís, quien advirtió que hay muchas personas que no están siendo procesadas, pese a que él ya dio sus nombres a los investigadores.

Gutiérrez fue el décimo detenido preventivamente en el penal de Palmasola tras ser acusado por el Ministerio Público por los delitos de enriquecimiento ilícito con daños al Estado, beneficio en razón de cargo peculado y asociación criminal, por la desaparición de bienes de Jacob Ostreicher.

Por otra parte, un grupo de congresistas de Estados Unidos envió el 13 de diciembre una carta al presidente de Bolivia, Evo Morales, instándole a liberar "sin dilaciones" al empresario norteamericano Jacob Ostreicher, quien lleva 18 meses detenido "ilegalmente" sin que se hayan presentado cargos ni pruebas en su contra.

"Nos trastorna profundamente el hecho de que el señor Ostreicher permanezca detenido ilegalmente y que se le haya denegado la libertad bajo fianza de forma repetida (...) está claro que no hay base legal para su arresto en junio de 2011", subrayan en su misiva siete legisladores, tanto republicanos como demócratas.

Se trata del republicano Chris Smith y la demócrata Nydia Velázquez, quienes acaban de regresar de visitar a Ostreich en Bolivia, así como los legisladores demócratas Eliot Engel y Jarrold Nadler, así como los republicanos Connie Mack, Robert Turner y Tom Marino.

Las últimas aprehensiones por los casos de extorsión son el fiscal Roberto Carlos Achá y su esposa Cori Balcázar, sindicados de cobro de dinero por el actual alcalde de Warnes, Mario Cronenbold.