jueves, 31 de mayo de 2018
sábado, 26 de mayo de 2018
miércoles, 23 de mayo de 2018
sábado, 19 de mayo de 2018
viernes, 18 de mayo de 2018
jueves, 17 de mayo de 2018
miércoles, 16 de mayo de 2018
lunes, 14 de mayo de 2018
viernes, 11 de mayo de 2018
Comisión de Lava Jato viajará a Perú
La Comisión Mixta Legislativa que investiga el caso Lava Jato decidió ampliar sus pesquisas de proyectos carreteros a hidrocarburos y energía, pero además ya aprobó un viaje de todos sus miembros a Perú para buscar mayores indicios sobre el caso.
La diputada Susana Rivero, presidenta de la Comisión, indicó que se aprobó una resolución para que toda la Comisión viaje a Perú para reunirse con su comisión homóloga de ese país que investigó el mismo caso, además de encontrarse con el fiscal general peruano.
La fecha tentativa para el viaje es entre el 23 y el 25 de mayo, de acuerdo con la disponibilidad de las autoridades peruanas.
Asimismo, la legisladora explicó que la investigación se centraba en sobornos en contrataciones para proyectos carreteros de empresas brasileñas, pero ahora se indagará en los otro sectores.
“Estamos investigando Queiroz Galvao, Camargo Correa, OAS, Odebrecht y además UTC, esas que tienen que ver con carreteras. Cómo hoy día hemos ampliado a hidrocarburos más, tenemos que ir viendo qué encontramos en el camino, qué empresas vinculadas al Lava Jato y Odebrecht”, dijo.
Consultada sobre si se investigará a Petrobras, Riveró reiteró que se verá en el camino los hallazgos que se realicen, no obstante, se indagará a todos.
La diputada Susana Rivero, presidenta de la Comisión, indicó que se aprobó una resolución para que toda la Comisión viaje a Perú para reunirse con su comisión homóloga de ese país que investigó el mismo caso, además de encontrarse con el fiscal general peruano.
La fecha tentativa para el viaje es entre el 23 y el 25 de mayo, de acuerdo con la disponibilidad de las autoridades peruanas.
Asimismo, la legisladora explicó que la investigación se centraba en sobornos en contrataciones para proyectos carreteros de empresas brasileñas, pero ahora se indagará en los otro sectores.
“Estamos investigando Queiroz Galvao, Camargo Correa, OAS, Odebrecht y además UTC, esas que tienen que ver con carreteras. Cómo hoy día hemos ampliado a hidrocarburos más, tenemos que ir viendo qué encontramos en el camino, qué empresas vinculadas al Lava Jato y Odebrecht”, dijo.
Consultada sobre si se investigará a Petrobras, Riveró reiteró que se verá en el camino los hallazgos que se realicen, no obstante, se indagará a todos.
García admitió que Morales se reunió con firmas por Odesur
El vicepresidente Álvaro García justificó las reuniones anticipadas que sostuvo con las empresas que participaron en las contrataciones de la adjudicación de bienes para los XI Juegos Suramericanos, en Cochabamba, declaró el presidente Evo Morales e indicó que participó de las mismas y defendió la legalidad de las licitaciones.
Aseguró que la Contraloría General del Estado se encargará de verificar las irregularidades.
“No ha habido una sola reunión, hubo decenas de reuniones del Presidente (Evo Morales), del Vicepresidente con distintas instituciones, con las gobernaciones, con las alcaldías (…), así como fuimos a ver las represas para garantizar que el agua no falte, lo mismo pasó con Odesur, nos reunimos con deportistas, con dirigentes, con instituciones y con empresas para acelerar los procedimientos, cumpliendo los plazos “, dijo la autoridad.
ARTE BOLIVIA
El fundador y director de la empresa Arte Bolivia SRL, Alejandro Leyton, en entrevista con el periódico El Deber, de Santa Cruz, confirmó que se reunió con el presidente Morales para presentarle la propuesta de la organización de los actos de inauguración y clausura de los juegos.
Dicha empresa, que actualmente está observada y precintada, se adjudicó los actos de encendido de la antorcha de los juegos Odesur por una suma de 1.3 millones de bolivianos.
Posteriormente, Morales se reunió con el exministro de Cultura, Pablo Groux, dueño de la empresa unipersonal Kronopios, que se adjudicó de forma directa los actos inauguración y clausura, por el valor de 11 millones de bolivianos.
IRREGULARIDADES
En ese contexto, el senador Óscar Oretíz, de Unidad Demócrata (UD), expresó que el Presidente incurrió en irregularidades y abuso de su cargo, que posteriormente generaría responsabilidades en su contra, con la agravante de que estas reuniones fueron antes del inicio del proceso de contratación.
Refirió que por esto envió una Petición de Informe Oral (PIO) al ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, para que explique si es regular que el Presidente participe en reuniones con las firmas y proveedores, acción que en su criterio es “ilegal”.
El opositor denunció que el Gobierno favoreció en las contrataciones de la empresa Kronopios, del exministro de Culturas Pablo Groux, para que organice el evento de inauguración y clausura de los Juegos Suramericanos. Además, que se contrató a la firma Arte Bolivia SRL, que solo tenía cuatro meses de vida legal y las oficinas precintadas, para el encendido de la antorcha.
LEGALIDAD
Por otra parte, García indicó que los contratos suscritos para este evento son legales y que cumplieron con los requisitos establecidos en la norma y en el documento base de contratación.
“Existe una norma legal que establece que bajo ciertas circunstancias una contratación legal es correcta y eso luego va a la Contraloría, donde se hace una revisión procedimental como cualquier contrato del Estado”, dijo.
DESPRESTIGIO
El vicepresidente apuntó a decir que estas denuncias son con la intención de “enlodar el éxito” de los Juegos Suramericanos. Esta misma postura fue tomada por la ministra de Comunicación, Gisela López, quien indicó que las denuncias deben ser presentadas ante las instancias correspondientes.
De su parte, Ortiz envió una denuncia al Ministerio de Justicia para que se inicien investigaciones en ambos casos, además solicitó a la Contraloría General del Estado que realice una auditoría a los 201 procesos de contratación, de los cuales 17 se adjudicaron sin competencia y a un solo proponente, además que algunas firmas proveen servicios siendo su actividad principal muy distinta a la de los requerimientos.
El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, manifestó que no existen irregularidades en el contrato que se adjudicó la empresa Kronopios y Arte Bolivia, por lo que descalificó las denuncias del opositor, señalando que pretende generar una cortina de humo para que no se continúe con la investigación contra el alcalde de Cochabamba, José María Leyes.
Aseguró que la Contraloría General del Estado se encargará de verificar las irregularidades.
“No ha habido una sola reunión, hubo decenas de reuniones del Presidente (Evo Morales), del Vicepresidente con distintas instituciones, con las gobernaciones, con las alcaldías (…), así como fuimos a ver las represas para garantizar que el agua no falte, lo mismo pasó con Odesur, nos reunimos con deportistas, con dirigentes, con instituciones y con empresas para acelerar los procedimientos, cumpliendo los plazos “, dijo la autoridad.
ARTE BOLIVIA
El fundador y director de la empresa Arte Bolivia SRL, Alejandro Leyton, en entrevista con el periódico El Deber, de Santa Cruz, confirmó que se reunió con el presidente Morales para presentarle la propuesta de la organización de los actos de inauguración y clausura de los juegos.
Dicha empresa, que actualmente está observada y precintada, se adjudicó los actos de encendido de la antorcha de los juegos Odesur por una suma de 1.3 millones de bolivianos.
Posteriormente, Morales se reunió con el exministro de Cultura, Pablo Groux, dueño de la empresa unipersonal Kronopios, que se adjudicó de forma directa los actos inauguración y clausura, por el valor de 11 millones de bolivianos.
IRREGULARIDADES
En ese contexto, el senador Óscar Oretíz, de Unidad Demócrata (UD), expresó que el Presidente incurrió en irregularidades y abuso de su cargo, que posteriormente generaría responsabilidades en su contra, con la agravante de que estas reuniones fueron antes del inicio del proceso de contratación.
Refirió que por esto envió una Petición de Informe Oral (PIO) al ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, para que explique si es regular que el Presidente participe en reuniones con las firmas y proveedores, acción que en su criterio es “ilegal”.
El opositor denunció que el Gobierno favoreció en las contrataciones de la empresa Kronopios, del exministro de Culturas Pablo Groux, para que organice el evento de inauguración y clausura de los Juegos Suramericanos. Además, que se contrató a la firma Arte Bolivia SRL, que solo tenía cuatro meses de vida legal y las oficinas precintadas, para el encendido de la antorcha.
LEGALIDAD
Por otra parte, García indicó que los contratos suscritos para este evento son legales y que cumplieron con los requisitos establecidos en la norma y en el documento base de contratación.
“Existe una norma legal que establece que bajo ciertas circunstancias una contratación legal es correcta y eso luego va a la Contraloría, donde se hace una revisión procedimental como cualquier contrato del Estado”, dijo.
DESPRESTIGIO
El vicepresidente apuntó a decir que estas denuncias son con la intención de “enlodar el éxito” de los Juegos Suramericanos. Esta misma postura fue tomada por la ministra de Comunicación, Gisela López, quien indicó que las denuncias deben ser presentadas ante las instancias correspondientes.
De su parte, Ortiz envió una denuncia al Ministerio de Justicia para que se inicien investigaciones en ambos casos, además solicitó a la Contraloría General del Estado que realice una auditoría a los 201 procesos de contratación, de los cuales 17 se adjudicaron sin competencia y a un solo proponente, además que algunas firmas proveen servicios siendo su actividad principal muy distinta a la de los requerimientos.
El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, manifestó que no existen irregularidades en el contrato que se adjudicó la empresa Kronopios y Arte Bolivia, por lo que descalificó las denuncias del opositor, señalando que pretende generar una cortina de humo para que no se continúe con la investigación contra el alcalde de Cochabamba, José María Leyes.
Hermano del importador de las mochilas es asesor de un concejal de Demócratas
La concejal de la Alcaldía de Cochabamba por el Movimiento al Socialismo (MAS), Rocío Molina, dio a conocer este viernes que el hermano de Juan de Dios Morales, dueño de la empresa MSPC que se adjudicó el contrato para la importación de mochilas, es asesor del concejal de Demócratas, Édgar Gainza.
"Yo me enteré hace justamente dos días, con gran sorpresa, que uno de los asesores de la administración Demócrata en el Concejo Municipal, que es el señor Catalino Morales había sido hermano del Juan de Dios Morales... él fue contratado el 2015 por la administración Demócrata a cargo de, en ese entonces, el presidente del Concejo Édgar Gainza y el concejal secretario, quien es responsable de la administración y del personal, el señor Carlos Coca", afirmó.
Molina detalló que actualmente Morales trabaja en la Comisión Segunda del Concejo Municipal, la cual está bajo la titularidad de Gainza.
Asimismo, sostuvo que tras conocer este nuevo dato se puede presumir que la incorporación de Morales fue planeada para beneficiarse con contratos del municipio. "Había mucha cercanía, el que se beneficien con contratos millonarios, el tener información extraordinaria como la cantidad de mochilas, las especificaciones, el tener más de 45 limitaciones que se le sean encargadas".
En este sentido, la autoridad edil dijo que este funcionario también debería ser investigado, para precisar el grado de responsabilidad que tenga en el proceso de contratación de este hecho irregular.
La concejal denunció en el mes de abril ante la Fiscalía al ex alcalde de Cochabamba, José María Leyes, debido a que el municipio adquirió 92.000 de procedencia china, con sobre precio de Bs 10 millones. Este material fue importado por la empresa MSPC.
"Yo me enteré hace justamente dos días, con gran sorpresa, que uno de los asesores de la administración Demócrata en el Concejo Municipal, que es el señor Catalino Morales había sido hermano del Juan de Dios Morales... él fue contratado el 2015 por la administración Demócrata a cargo de, en ese entonces, el presidente del Concejo Édgar Gainza y el concejal secretario, quien es responsable de la administración y del personal, el señor Carlos Coca", afirmó.
Molina detalló que actualmente Morales trabaja en la Comisión Segunda del Concejo Municipal, la cual está bajo la titularidad de Gainza.
Asimismo, sostuvo que tras conocer este nuevo dato se puede presumir que la incorporación de Morales fue planeada para beneficiarse con contratos del municipio. "Había mucha cercanía, el que se beneficien con contratos millonarios, el tener información extraordinaria como la cantidad de mochilas, las especificaciones, el tener más de 45 limitaciones que se le sean encargadas".
En este sentido, la autoridad edil dijo que este funcionario también debería ser investigado, para precisar el grado de responsabilidad que tenga en el proceso de contratación de este hecho irregular.
La concejal denunció en el mes de abril ante la Fiscalía al ex alcalde de Cochabamba, José María Leyes, debido a que el municipio adquirió 92.000 de procedencia china, con sobre precio de Bs 10 millones. Este material fue importado por la empresa MSPC.
jueves, 10 de mayo de 2018
En el caso "mochilas chinas" Procuraduría solicitó incautación de bienes y retención de fondos de Bazán
Noticia publicada el
En el caso "mochilas chinas", donde es imputado el alcalde, Edgar Bazán, por supuesto daño al Estado por un monto aproximado a 2.761.360 bolivianos, el director departamental de Oruro de la Procuraduría General del Estado, Raúl Serrano, indicó que como sujeto procesal bajo el objetivo de precautelar los recursos económicos del país, conjuntamente el Ministerio Público se pidió ante el Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº 2, la aplicación de medidas cautelares reales que contemplan la incautación, retención de fondos y anotación preventiva de los bienes del burgomaestre.
A la vez la Procuraduría estaría apoyando en la imputación formal del Ministerio Público la solicitud de medidas cautelares de carácter personal con detención preventiva, ante riesgos procesales por presunto peligro de fuga y obstaculización.
"La solicitud de aplicación de medidas cautelares de carácter real es pretensión interpuesta por el Ministerio Público, para evitar que el resultado de la sentencia se torne ineficaz debido a riesgos que puedan alterar, disminuir, desvalorizar o hacer desaparecer ciertos bienes o derechos que son en este caso del Estado, el mismo que constituye un fundamento con respaldo constitucional que garantiza un juicio pronto y efectivo que responda al cumplimiento de la decisión jurisdiccional", explicó Serrano.
El proceso en el caso "Mochilas Chinas", comenzó a denuncia de un particular (Severo Tórrez) el 2017, por un supuesto sobreprecio en la adquisición de 40 mil mochilas escolares mediante el programa "Mi Carpeta", las cuales presumiblemente fueron adquiridas de China y no fueron confeccionadas en el país incumpliendo las normativas nacionales.
Luego el Concejo Municipal también se constituyó como querellante en septiembre del mismo año. Desde el 22 de febrero de 2018 la Procuraduría se constituye como sujetos procesales de derecho siendo parte activa del proceso.
Por ello, ante la mora en la etapa de investigación de casi seis meses en el Ministerio Público, el 3 abril, la Procuraduría solicitó la imputación formal, que se produjo el 12 de abril.
Bazán fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, los querellantes y el imputado se encuentran en espera de la audiencia de medidas cautelares, a efectuarse el 11 de mayo a las 15:00 horas.
En el caso "mochilas chinas", donde es imputado el alcalde, Edgar Bazán, por supuesto daño al Estado por un monto aproximado a 2.761.360 bolivianos, el director departamental de Oruro de la Procuraduría General del Estado, Raúl Serrano, indicó que como sujeto procesal bajo el objetivo de precautelar los recursos económicos del país, conjuntamente el Ministerio Público se pidió ante el Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº 2, la aplicación de medidas cautelares reales que contemplan la incautación, retención de fondos y anotación preventiva de los bienes del burgomaestre.
A la vez la Procuraduría estaría apoyando en la imputación formal del Ministerio Público la solicitud de medidas cautelares de carácter personal con detención preventiva, ante riesgos procesales por presunto peligro de fuga y obstaculización.
"La solicitud de aplicación de medidas cautelares de carácter real es pretensión interpuesta por el Ministerio Público, para evitar que el resultado de la sentencia se torne ineficaz debido a riesgos que puedan alterar, disminuir, desvalorizar o hacer desaparecer ciertos bienes o derechos que son en este caso del Estado, el mismo que constituye un fundamento con respaldo constitucional que garantiza un juicio pronto y efectivo que responda al cumplimiento de la decisión jurisdiccional", explicó Serrano.
El proceso en el caso "Mochilas Chinas", comenzó a denuncia de un particular (Severo Tórrez) el 2017, por un supuesto sobreprecio en la adquisición de 40 mil mochilas escolares mediante el programa "Mi Carpeta", las cuales presumiblemente fueron adquiridas de China y no fueron confeccionadas en el país incumpliendo las normativas nacionales.
Luego el Concejo Municipal también se constituyó como querellante en septiembre del mismo año. Desde el 22 de febrero de 2018 la Procuraduría se constituye como sujetos procesales de derecho siendo parte activa del proceso.
Por ello, ante la mora en la etapa de investigación de casi seis meses en el Ministerio Público, el 3 abril, la Procuraduría solicitó la imputación formal, que se produjo el 12 de abril.
Bazán fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, los querellantes y el imputado se encuentran en espera de la audiencia de medidas cautelares, a efectuarse el 11 de mayo a las 15:00 horas.
miércoles, 9 de mayo de 2018
Senador y juez intentaron anular imputación
El senador Gonzalo Choque Huanca y el juez Tercero de Instrucción en lo Penal de Oruro, Franco Sanabria Solíz, fueron denunciados penalmente por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, cohecho pasivo propio y cohecho activo porque, presuntamente, negociaron la anulación de una imputación en favor de una mujer.
La denuncia fue interpuesta el lunes, a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, la presunta irregularidad también implica al abogado Marco Cortez Gutiérrez y la ciudadana Jhessika Aramayo, imputada en el denominado caso mutual El Progreso.
Según las investigaciones, el abogado Cortez solicitó al senador Choque interceder por Aramayo en el proceso penal que sigue el Ministerio Público de la ciudad de Oruro a denuncia de la mutual El Progreso.
OFRECIERON FAVORES A JUEZ
De acuerdo a la denuncia, el asambleísta y presidente de la Brigada Parlamentaria de Oruro habrían ofrecido favores al juez Sanabria Solíz, quien a cambio debería emitir una resolución de nulidad de imputación formal en favor de Aramayo.
El caso está en investigación y aún se desconoce si el juez habría procedido a anular la mencionada imputación.
El Ministerio de Justicia aguarda que la Fiscalía colecte los suficientes elementos para imputar a las dos autoridades denunciadas. (ANF)
La denuncia fue interpuesta el lunes, a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, la presunta irregularidad también implica al abogado Marco Cortez Gutiérrez y la ciudadana Jhessika Aramayo, imputada en el denominado caso mutual El Progreso.
Según las investigaciones, el abogado Cortez solicitó al senador Choque interceder por Aramayo en el proceso penal que sigue el Ministerio Público de la ciudad de Oruro a denuncia de la mutual El Progreso.
OFRECIERON FAVORES A JUEZ
De acuerdo a la denuncia, el asambleísta y presidente de la Brigada Parlamentaria de Oruro habrían ofrecido favores al juez Sanabria Solíz, quien a cambio debería emitir una resolución de nulidad de imputación formal en favor de Aramayo.
El caso está en investigación y aún se desconoce si el juez habría procedido a anular la mencionada imputación.
El Ministerio de Justicia aguarda que la Fiscalía colecte los suficientes elementos para imputar a las dos autoridades denunciadas. (ANF)
Gobierno descalifica solicitud para investigar “narco-vuelos”
El Gobierno rechazó el pedido del senador de Unidad Demócrata (UD) Arturo Murillo que solicitó al presidente Evo Morales investigar las denuncias de “narco-vuelos” en la “Ruta del Alba”. Consideran poco seria la publicación del periodista brasileño Leonardo Coutinho, a quien vincularon con el Instituto Interamericano para la Democracia, dirigido por Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
“Usted (Arturo Murillo) es senador tiene facultades investigativas y fiscalizadores, no vamos a aceptar que se mande esta nota, intentan decir verdades a medias y se quiera desprestigiar al gobierno de Evo Morales. Es un libro escrito por un periodista que tiene una mala reputación”, dijo el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.
Murillo envió una carta al presidente Evo Morales para que explique sobre las denuncias que se hace en el libro “Hugo Chávez o Espectro”, escrito por el periodista brasileño Leonardo Coutinho. En ese texto, menciona al mandatario como la persona que escogía la ruta de los aviones que transportaban cocaína en cajones.
INTENCIONES
Quiroga cree que esa denuncia es promovida por el Instituto de Sánchez Berzaín, a través del periodista brasileño, quien refiere que la “Ruta del Alba” estaba conformada por Bolivia, Venezuela y Cuba para el transporte de cocaína a través de aviones de la Fuerza Aérea Boliviana.
Descalificó a Sánchez Berzaín por sus antecedentes ligados al narcotráfico con Luis Amado Pacheco, alias “Barbas Chocas” y de ser “defensor de narcotraficantes”, entre ellos a Isaac “Oso” Chavaría.
VERSIONES
Coutinho señala que esta denuncia es en las versiones ofrecidas a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por el piloto y socio de la empresa de aerolíneas LaMia, Marco Antonio Rocha Venegas, quien es considerado un prófugo de la justicia boliviana por incumplimiento de deberes y atentado contra la seguridad de medios de transporte.
Rocha está detenido en Estados Unidos por violar leyes migratorias, la autoridad dijo que Interpol comunicó el 6 de octubre de 2017 a nivel mundial que estaba prófugo.
Una parte del libro difundido por Murillo señala que a través de maletas diplomáticas Caracas y La Habana “se enviaron más de 500 kilos de droga por parte de las embajadas de Venezuela y Cuba en La Paz” y que militares cubanos y venezolanos realizaban el embarque de la carga.
“Usted (Arturo Murillo) es senador tiene facultades investigativas y fiscalizadores, no vamos a aceptar que se mande esta nota, intentan decir verdades a medias y se quiera desprestigiar al gobierno de Evo Morales. Es un libro escrito por un periodista que tiene una mala reputación”, dijo el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.
Murillo envió una carta al presidente Evo Morales para que explique sobre las denuncias que se hace en el libro “Hugo Chávez o Espectro”, escrito por el periodista brasileño Leonardo Coutinho. En ese texto, menciona al mandatario como la persona que escogía la ruta de los aviones que transportaban cocaína en cajones.
INTENCIONES
Quiroga cree que esa denuncia es promovida por el Instituto de Sánchez Berzaín, a través del periodista brasileño, quien refiere que la “Ruta del Alba” estaba conformada por Bolivia, Venezuela y Cuba para el transporte de cocaína a través de aviones de la Fuerza Aérea Boliviana.
Descalificó a Sánchez Berzaín por sus antecedentes ligados al narcotráfico con Luis Amado Pacheco, alias “Barbas Chocas” y de ser “defensor de narcotraficantes”, entre ellos a Isaac “Oso” Chavaría.
VERSIONES
Coutinho señala que esta denuncia es en las versiones ofrecidas a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por el piloto y socio de la empresa de aerolíneas LaMia, Marco Antonio Rocha Venegas, quien es considerado un prófugo de la justicia boliviana por incumplimiento de deberes y atentado contra la seguridad de medios de transporte.
Rocha está detenido en Estados Unidos por violar leyes migratorias, la autoridad dijo que Interpol comunicó el 6 de octubre de 2017 a nivel mundial que estaba prófugo.
Una parte del libro difundido por Murillo señala que a través de maletas diplomáticas Caracas y La Habana “se enviaron más de 500 kilos de droga por parte de las embajadas de Venezuela y Cuba en La Paz” y que militares cubanos y venezolanos realizaban el embarque de la carga.
Audalia Zurita: Correos prueban “coimas” de OAS hacia ABC
Audalia Zurita, exabogada de José María Bakovic, expresidente fenecido, de la empresa Nacional de Caminos, hoy Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) recordó ayer la existencia de correos electrónicos que involucran a Roberto Araoz, exgerente de ABC, quien presuntamente recibía “coimas” de la empresa brasileña OAS para la construcción de tramos camineros.
La jurista respondió a las preguntas que le hizo, la Comisión opositora que investiga los vínculos del Gobierno con el caso Lava Jato.
El senador Arturo Murillo, en la audiencia, preguntó a Audalia Zurita, si conocía los correos electrónicos que fueron enviados por Carlos Arteaga, exgerente del Servicio Nacional de Caminos, designado por Patricia Ballivián, en el que menciona aparentes coimas, donde además se citan sobrenombres como Cotapaty, Alvarin y M. Estensoro.
Zurita dijo: “Leyendo con detenimiento los correos, en su momento Bakovic percibió el mecanismo de corrupción que había entre la empresa brasileña y ABC a través de estos, por ejemplo hay uno que dice: se le pagará a Chicho dólares 653 mil, de los cuales nos corresponde alrededor de 26 mil millas acumuladas de nuestro trajecito talle Nº 4, talla número cuatro”.
Y este es un correo, que habían intercambiado Carlos Arteaga con Roberto Araoz, exgerente general de ABC, aseguró Zurita y también recordó que el señor Bakovic y el periódico El Nacional de Tarija, hicieron una deducción del mencionado “número 4”, el cual se trataba de una distribución de dinero que cuadraba con el cuatro por ciento de un monto total.
“Bakovic reuniéndose con algunos periodistas, entre ellos del Nacional de Tarija, interpretó que este monto se refiere al porcentaje de 653.851 que son 26 mil, el resultado del cual hablan en el correo”, aseguró.
Según Zurita, estos correos son nuevos y no fueron tomados en cuenta por el Ministerio de Transparencia ni por la fiscalía, cuando se hizo la denuncia sobre estos hechos de corrupción.
“No se investigaron estos nuevos correos y los que contienen actos de corrupción que son bastante notorios, porque los fiscales que manejaron el caso, cometieron errores”, aseguró Zurita.
Asimismo aseguró que se evidenció a través de estos correos que Roberto Araoz, exgerente de ABC, instruyó las preguntas que se le debía hacer en su audiencia al señor Bakovic.
“Encontramos uno que le manda Roberto Araoz, gerente general de Servicios de Caminos (2006) a Patricia Ballivián, el 30 de marzo 2006. Eran las preguntas que mandó y que debían ser hechas a Bakovic en su audiencia y justamente se iniciaba esa fecha sus audiencias del señor Bakovic,”, afirmó Zurita.
OFICIALISMO
Al respecto Betty Yañiquez, la diputada del MAS, quién en el 2006 fungía como juez sobre el caso Bakovic, comentó su actuado como autoridad judicial y además sugirió abrir investigación en caso de constatarse las “coimas”.
“Si hay el tema de coimas, debería abrirse nuevas investigaciones porque estas investigaciones no puede en un proceso establecerse absolutamente todos estos aspectos, pero en su momento tendrían también que haberse denunciado e iniciar investigaciones”, aseguró Yañiquez.
ARTURO MURILLO
Al concluir la comparecencia de Audalia Zurita, el senador Murillo calificó como “un escándalo lo que se ha conocido sobre los correos electrónicos”.
“Algo que nos ha llamado mucho la atención son unos emails que teníamos en nuestro poder (…) y claramente hay un dialecto delincuencial que dice ´tenemos el trajecito talla cuatro que parece ser el 4% del porcentaje que se dividían y le toca tanto a Alvarin y Cotapaty, (…) hay que investigar”, manifestó Murillo.
Aseguró el senador que es bochornoso de como se están manejando estos temas y que lo cierto es que solo esto demuestra que “está es la razón por la que el gobierno, no quería que ampliemos nuestra investigación”, aseveró Murillo, senador de UD.
La jurista respondió a las preguntas que le hizo, la Comisión opositora que investiga los vínculos del Gobierno con el caso Lava Jato.
El senador Arturo Murillo, en la audiencia, preguntó a Audalia Zurita, si conocía los correos electrónicos que fueron enviados por Carlos Arteaga, exgerente del Servicio Nacional de Caminos, designado por Patricia Ballivián, en el que menciona aparentes coimas, donde además se citan sobrenombres como Cotapaty, Alvarin y M. Estensoro.
Zurita dijo: “Leyendo con detenimiento los correos, en su momento Bakovic percibió el mecanismo de corrupción que había entre la empresa brasileña y ABC a través de estos, por ejemplo hay uno que dice: se le pagará a Chicho dólares 653 mil, de los cuales nos corresponde alrededor de 26 mil millas acumuladas de nuestro trajecito talle Nº 4, talla número cuatro”.
Y este es un correo, que habían intercambiado Carlos Arteaga con Roberto Araoz, exgerente general de ABC, aseguró Zurita y también recordó que el señor Bakovic y el periódico El Nacional de Tarija, hicieron una deducción del mencionado “número 4”, el cual se trataba de una distribución de dinero que cuadraba con el cuatro por ciento de un monto total.
“Bakovic reuniéndose con algunos periodistas, entre ellos del Nacional de Tarija, interpretó que este monto se refiere al porcentaje de 653.851 que son 26 mil, el resultado del cual hablan en el correo”, aseguró.
Según Zurita, estos correos son nuevos y no fueron tomados en cuenta por el Ministerio de Transparencia ni por la fiscalía, cuando se hizo la denuncia sobre estos hechos de corrupción.
“No se investigaron estos nuevos correos y los que contienen actos de corrupción que son bastante notorios, porque los fiscales que manejaron el caso, cometieron errores”, aseguró Zurita.
Asimismo aseguró que se evidenció a través de estos correos que Roberto Araoz, exgerente de ABC, instruyó las preguntas que se le debía hacer en su audiencia al señor Bakovic.
“Encontramos uno que le manda Roberto Araoz, gerente general de Servicios de Caminos (2006) a Patricia Ballivián, el 30 de marzo 2006. Eran las preguntas que mandó y que debían ser hechas a Bakovic en su audiencia y justamente se iniciaba esa fecha sus audiencias del señor Bakovic,”, afirmó Zurita.
OFICIALISMO
Al respecto Betty Yañiquez, la diputada del MAS, quién en el 2006 fungía como juez sobre el caso Bakovic, comentó su actuado como autoridad judicial y además sugirió abrir investigación en caso de constatarse las “coimas”.
“Si hay el tema de coimas, debería abrirse nuevas investigaciones porque estas investigaciones no puede en un proceso establecerse absolutamente todos estos aspectos, pero en su momento tendrían también que haberse denunciado e iniciar investigaciones”, aseguró Yañiquez.
ARTURO MURILLO
Al concluir la comparecencia de Audalia Zurita, el senador Murillo calificó como “un escándalo lo que se ha conocido sobre los correos electrónicos”.
“Algo que nos ha llamado mucho la atención son unos emails que teníamos en nuestro poder (…) y claramente hay un dialecto delincuencial que dice ´tenemos el trajecito talla cuatro que parece ser el 4% del porcentaje que se dividían y le toca tanto a Alvarin y Cotapaty, (…) hay que investigar”, manifestó Murillo.
Aseguró el senador que es bochornoso de como se están manejando estos temas y que lo cierto es que solo esto demuestra que “está es la razón por la que el gobierno, no quería que ampliemos nuestra investigación”, aseveró Murillo, senador de UD.
martes, 8 de mayo de 2018
lunes, 7 de mayo de 2018
viernes, 4 de mayo de 2018
jueves, 3 de mayo de 2018
miércoles, 2 de mayo de 2018
Audiencia de apelación de alcalde Leyes será el viernes
El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, anunció que el próximo viernes 5 de mayo se realizará la apelación a las medidas cautelares del alcalde de Cochabamba, José María Leyes.
La audiencia se realizaría a partir de las 8 de la mañana en la Sala Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Tanto el Ministerio Público como el Viceministerio de Justicia apelaron al arresto domiciliario otorgado a Leyes, pidiendo su detención preventiva, y la defensa del Alcalde también apeló, pidiendo su liberación.
Jiménez considera que Leyes debe cumplir una detención preventiva pues se habría demostrado que existe probabilidad de autoría de los delitos y de riesgo de fuga, “cuando son las dos vertientes se aplica la detención preventiva”, sostuvo.
El Viceministro recordó el caso mochilas por la compra de éstas para la gestión 2018, pero también señaló que se lleva adelante el denominado “caso mochilas 2” por la compra de las mochilas escolares del año 2017, con un sobreprecio de Bs 10 millones.
La audiencia se realizaría a partir de las 8 de la mañana en la Sala Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Tanto el Ministerio Público como el Viceministerio de Justicia apelaron al arresto domiciliario otorgado a Leyes, pidiendo su detención preventiva, y la defensa del Alcalde también apeló, pidiendo su liberación.
Jiménez considera que Leyes debe cumplir una detención preventiva pues se habría demostrado que existe probabilidad de autoría de los delitos y de riesgo de fuga, “cuando son las dos vertientes se aplica la detención preventiva”, sostuvo.
El Viceministro recordó el caso mochilas por la compra de éstas para la gestión 2018, pero también señaló que se lleva adelante el denominado “caso mochilas 2” por la compra de las mochilas escolares del año 2017, con un sobreprecio de Bs 10 millones.
martes, 1 de mayo de 2018
Washington Recriminan a Nardi Suxo en foro de candidatos a CIDH
La exministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, pasó un mal momento en el foro de candidatos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, al ser cuestionada por su rol en la defensa de los derechos humanos.
El expresidente de AeroSur, Humberto Roca, y el exalcalde de La Paz, Ronald Maclean, recriminaron a Suxo por presentarse como candidata a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y expusieron que fue parte de un proceso político de “persecución” en el que se realizaron diferentes violaciones a los derechos humanos.
El exalcalde paceño destacó el perfil de los candidatos a la CIDH y saludó que en el caso boliviano exista una candidata mujer, no obstante dejó claro que Suxo fue parte de un proceso político de "persecución" a través de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz de aplicación retroactiva, asimismo de una cantidad de violaciones de derechos humanos "incluso de asesinatos de Estado", afirmó.
CUARTA CANDIDATURA
La exautoridad también manifestó que la candidatura de la exministra representa "una gran incompatibilidad" con relación al resto de los postulantes que tienen una trayectoria en la defensa de los derechos humanos; comentó que en Bolivia se impulsa una cuarta candidatura del presidente Evo Morales como si fuera "un derecho humano" por encima de las normas.
Una residente boliviana en ese país también le dijo que "no le representa", cuestionó su legitimidad en su postulación y también le recriminó que el Gobierno del que formó parte no quiere respetar el referéndum del 21 de febrero.
A lo que Suxo afirmó que la ley cuestionada por Maclean ha sido reconocida a nivel internacional, e hizo referencia a una serie de hechos que sufrió su persona y su familia por su lucha contra la corrupción cuando ejerció las funciones de ministra.
El expresidente de AeroSur, Humberto Roca que también asistió al panel y estuvo en primera fila del auditorio, denunció que Suxo violó sus derechos y los de su hijo de 14 años cuando el Gobierno lo presentó como si fuera un gran "delincuente".
"Ella (Nardi Suxo) violó mis derechos humanos. Cómo puede querer formar parte de una institución (como la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Inició proceso penal a mi hijo de 14 años", expuso en medio de la incomodidad de los miembros del panel.
NARDI SUXO
Por su parte la exautoridad atribuyó los "ataques" supuestamente porque fue ministra de "un presidente indígena", al referirse a la administración gubernamental de Evo Morales.
"He sido ministra de un presidente que ha hecho cambios en Bolivia, que ha dado voz a los sin voz", sostuvo Suxo. Insistió que su lucha contra la corrupción le costó que incluso le envíen “sicarios” y el señor Roca lo sabe, afirmó, alusión que molestó al empresario quien en señal de rechazo abandonó la sala.
José Miguel Vivanco de Human Rights Watch también observó la compatibilidad de su postulación a un organismo como la Corte porque Suxo cuando fue parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Bolivia votó en contra de resoluciones de la ONU y atrocidades. "Para postularse a un puesto tan importante ante la Corte se debe tener un compromiso con los derechos humanos. Haber votado consistentemente en casos contra Siria, Irán, Ucrania, Belorusia con su intensión de ser juez de un órgano que tiene que ver la fiscalización de los derechos humanos", afirmó.
A lo que la exministra dijo que cumplió los mandatos que recibe del Ministerio de Relaciones Exteriores que da la línea sobre los asuntos de Estado en el exterior.
El expresidente de AeroSur, Humberto Roca, y el exalcalde de La Paz, Ronald Maclean, recriminaron a Suxo por presentarse como candidata a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y expusieron que fue parte de un proceso político de “persecución” en el que se realizaron diferentes violaciones a los derechos humanos.
El exalcalde paceño destacó el perfil de los candidatos a la CIDH y saludó que en el caso boliviano exista una candidata mujer, no obstante dejó claro que Suxo fue parte de un proceso político de "persecución" a través de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz de aplicación retroactiva, asimismo de una cantidad de violaciones de derechos humanos "incluso de asesinatos de Estado", afirmó.
CUARTA CANDIDATURA
La exautoridad también manifestó que la candidatura de la exministra representa "una gran incompatibilidad" con relación al resto de los postulantes que tienen una trayectoria en la defensa de los derechos humanos; comentó que en Bolivia se impulsa una cuarta candidatura del presidente Evo Morales como si fuera "un derecho humano" por encima de las normas.
Una residente boliviana en ese país también le dijo que "no le representa", cuestionó su legitimidad en su postulación y también le recriminó que el Gobierno del que formó parte no quiere respetar el referéndum del 21 de febrero.
A lo que Suxo afirmó que la ley cuestionada por Maclean ha sido reconocida a nivel internacional, e hizo referencia a una serie de hechos que sufrió su persona y su familia por su lucha contra la corrupción cuando ejerció las funciones de ministra.
El expresidente de AeroSur, Humberto Roca que también asistió al panel y estuvo en primera fila del auditorio, denunció que Suxo violó sus derechos y los de su hijo de 14 años cuando el Gobierno lo presentó como si fuera un gran "delincuente".
"Ella (Nardi Suxo) violó mis derechos humanos. Cómo puede querer formar parte de una institución (como la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Inició proceso penal a mi hijo de 14 años", expuso en medio de la incomodidad de los miembros del panel.
NARDI SUXO
Por su parte la exautoridad atribuyó los "ataques" supuestamente porque fue ministra de "un presidente indígena", al referirse a la administración gubernamental de Evo Morales.
"He sido ministra de un presidente que ha hecho cambios en Bolivia, que ha dado voz a los sin voz", sostuvo Suxo. Insistió que su lucha contra la corrupción le costó que incluso le envíen “sicarios” y el señor Roca lo sabe, afirmó, alusión que molestó al empresario quien en señal de rechazo abandonó la sala.
José Miguel Vivanco de Human Rights Watch también observó la compatibilidad de su postulación a un organismo como la Corte porque Suxo cuando fue parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Bolivia votó en contra de resoluciones de la ONU y atrocidades. "Para postularse a un puesto tan importante ante la Corte se debe tener un compromiso con los derechos humanos. Haber votado consistentemente en casos contra Siria, Irán, Ucrania, Belorusia con su intensión de ser juez de un órgano que tiene que ver la fiscalización de los derechos humanos", afirmó.
A lo que la exministra dijo que cumplió los mandatos que recibe del Ministerio de Relaciones Exteriores que da la línea sobre los asuntos de Estado en el exterior.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)