sábado, 30 de octubre de 2010

La corrupción causó un daño económico al Estado de más de 1.040 millones de dólares

Noticia publicada el 30 de Octubre de 2010 en la Prensa


Informe: La Ministra de Transparencia denunció que el 80% de ese dinero corresponde a gobiernos anteriores.

El flagelo de la corrupción causó un daño económico al Estado de más de 1.040 millones de dólares y afectó al desarrollo del país en varios rubros, informó ayer la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.

“Se trata de 252 denuncias puestas a conocimiento del Ministerio Público que provocaron un daño económico que alcanza a 1.040.184.850 dólares”, puntualizó, según la agencia ABI.

Anotó que esa suma debería ser invertida en la lucha contra la pobreza y la ejecución de proyectos y políticas socio-económicas para el desarrollo del país.

Explicó que el 80 por ciento de ese dinero corresponde a gestiones anteriores al del presidente Evo Morales, y el 20 por ciento restante al Gobierno instalado en el poder en enero de 2006.

Puntualizó que “por primera vez en la historia del país se dieron muestras efectivas para combatir este delito sin mirar de dónde o de quién proviene”.

“Todo el daño económico que se causó al Estado por este problema, lamentablemente, incidió en la vulneración de los derechos fundamentales de los bolivianos”, apuntó.

Afirmó que el ex prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa utiliza el dinero ganado ilícitamente en la construcción de edificios, en Estados Unidos, y contrata mano de obra boliviana.

La Ministra de Transparencia Institucional mencionó que, en el área de la salud, con ese dinero hubiesen sido edificados siete hospitales de tercer nivel con una capacidad de 400 camas.

miércoles, 27 de octubre de 2010

Bolivia mejora pero es quinta en corrupción en Sudamérica

Noticia publicada el 27 de Octubre de 2010


Estudio 2010: La ONG Transparencia Internacional (TI) asigna al país el puesto 110, con lo cual asciende 10 posiciones en el ránking.

Berlín / EFE y La Prensa.- Bolivia subió del puesto 120 al 110 en el Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente al año 2010, difundido ayer por la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI), en Berlín.

A pesar de la mejora, se encuentra en el quinto peldaño con 2,8 puntos, después de Venezuela (2 puntos), Paraguay (2,2 puntos), Ecuador (2,5 puntos) y Guyana (2,7 puntos).

Sobre una escala de uno a 10, Bolivia consiguió la calificación de 2,8 puntos. El índice, administrado por TI, clasifica a los países desde muy corruptos, con un cero, hasta aquellos donde hay ausencia de corrupción, con 10 puntos.

En el año 2008, Bolivia obtuvo el puesto 102, mientras un año más tarde cayó a la posición 120.

En un reciente informe a la Cámara de Diputados, la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó que 568 funcionarios están involucrados, por 71 denuncias recibidas entre los años 2006 y 2010. Un total de 173 empleados pertenecen al Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE).

Transparencia Internacional informó que la corrupción ganó terreno este año en Cuba, mientras que en Chile y Ecuador retrocedió de forma notable. Chile volvió a repetir como el país latinoamericano mejor situado en esta clasificación, al obtener 7,2 puntos sobre 10 posibles, y ascender cuatro posiciones con respecto a la edición del año pasado, situándose en el puesto 21 de los 178 países estudiados. Ecuador también mejoró de forma notable, en tres décimas de punto hasta los 2,5 enteros, lo que le hizo escalar desde el puesto 146 que ocupó en 2009 hasta el 127 logrado en el informe de TI de este año; aunque sigue en el furgón de cola de transparencia en Iberoamérica.

Por su parte, Cuba, que históricamente se había situado entre los países latinos menos corruptos, cayó desde los 4,4 puntos del año pasado hasta los 3,7 enteros, un total de ocho posiciones hasta el puesto 69. Además de Chile, los otros tres países latinoamericanos que aprobaron el Índice de Percepción de la Corrupción 2010 fueron Uruguay, en el puesto 24 con 6,9 puntos, Puerto Rico (puesto 33 con 5,8 puntos) y Costa Rica (puesto 41 con 5,3 puntos). En el extremo contrario, los peor situados son Nicaragua y El Salvador, en el puesto 127.

México pierde competitividad

El Gobierno mexicano reconoció ayer que la corrupción en el país “es un grave problema” que “frena” la competitividad y “erosiona” el tejido social, después de conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2010 (CPI), en el que México está en el puesto 98 en una lista de 178. La Secretaría de la Función Pública (SFP), el organismo gubernamental encargado de investigar la labor de los funcionarios mexicanos, indicó en un comunicado que el Gobierno federal expresa “su respeto a los resultados” difundidos ayer por la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI) en Berlín. El índice evaluó en esta edición a 178 países del mundo en una escala del cero al 10, en en la que cero es completamente corrupto y 10 completamente limpio, en la que México obtuvo 3,1 puntos. La encuesta sobre CPI 2010 “es un llamado de atención para fortalecer la lucha contra la corrupción, pero también es una oportunidad para recordar que mejorar la calificación de México depende del esfuerzo de diferentes actores: los tres órdenes de gobierno, los tres poderes de la Unión y la sociedad en su conjunto”, señaló la dependencia. El CPI mide la percepción de la corrupción de un país en temas como contrataciones públicas, comercio exterior y facilidades para la inversión privada.

Crisis golpea a investigaciones

La crisis financiera global ha provocado que tres de cada cuatro países suspendiesen este año el estudio sobre corrupción de la ONG Transparencia Internacional (TI), publicado ayer en Berlín.

La organización destacó en rueda de prensa que estos resultados, los peores de los últimos cuatro años, están ligados a la actual coyuntura económica y su recuperación, e instó a acelerar y aunar los esfuerzos en la lucha contra este “serio problema de corrupción”.

“Los resultados indican que hay que reforzar de forma significativa el buen gobierno en todo el mundo. El buen gobierno es una parte esencial”, aseguró la presidenta de Transparencia, Huguette Labell, durante el diálogo con los periodistas.

Ecuador resta valor al informe

El vicecanciller de Ecuador, Kintto Lucas, dijo que no cree en la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI), que ayer publicó el Índice de Percepción de la Corrupción 2010, en el que su país denota mejoras.

Lucas hizo esa declaración pese a que ese estudio constata el avance del combate a la corrupción en Ecuador.

El país escaló desde el puesto 146, que ocupó en 2009, hasta el 127, aunque sigue en el furgón de cola de transparencia en Iberoamérica.

Según la escala de la organización no gubernamental, a mayor el número, mayor la corrupción. “Yo no creo en Transparencia Internacional, así nos diga cosas positivas o negativas, no creo en Transparencia Internacional”, subrayó el Viceministro de Relaciones Exteriores.

Para destacar

Casos. La ministra de Transparencia informó que 568 funcionarios públicos están involucrados en casos de corrupción.

Constante. Chile es el país con menor índice de corrupción en Latinoamérica, según Transparencia Internacional.

Observados. Los casos examinados comprenden contrataciones públicas, comercio exterior y facilidades para la inversión.

Los peores. Venezuela ocupó el puesto 164; Paraguay, el 146. Mientras Nicaragua y El Salvador comparten el peldaño 127.

miércoles, 1 de septiembre de 2010

Chito fue expulsado de Perú, ya está en la cárcel de San Pedro


Noticia publicada el 1ro de Septiembre de 2010

Corrupción: El ex Prefecto paceño llegó hacia las 03.10 en un avión de la FAB que lo trajo de Lima. Estaba enmanillado, con chaleco antibalas y un gorro cubría su cara.

Acabó la incertidumbre. Tres años y seis meses después de haber abandonado la cárcel de San Pedro, el ex prefecto paceño Luis Alberto “Chito” Valle Ureña retornó esta madrugada al penal tras haber sido expulsado del Perú.

Hoy en el aeropuerto de El Alto, a las 03.10, la nave 018 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) trajo desde Lima al fugitivo que pasó los últimos 15 días en el reclusorio de San Jorge de Lima, después de su aprehensión por la Policía Internacional.

Chito es acusado del desfalco de más de 17,7 millones de dólares durante su paso por la Prefectura paceña, entre agosto de 1997 y mayo de 2000. Por ello, pesa en su contra un juicio de responsabilidad autorizado en 2005 por el Congreso.

El operativo de la recepción de Valle en El Alto fue dirigido personalmente por el subcomandante nacional de la Policía, Reynaldo Iturri. Pasada la medianoche, las primeras autoridades gubernamentales en llegar al aeropuerto fueron la ministra de Justicia, Nilda Copa, y la viceministra anticorrupción, Gabriela Veizaga.

A las 02.30 fue el turno del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y diez minutos después, del gobernador paceño César Cocarico, quien declaró que “tarde o temprano” Chito debía comparecer ante la justicia para responder por el desfalco.

Apenas aterrizó el avión que traía al ex Prefecto, un forense entró en la cabina para auscultar al detenido. A las 03.17, apareció Valle, enmanillado, con chaleco antibalas y un gorro que impedía ver su rostro. Al bajar de la escalerilla, se lanzó y fue sujetado por sus custodios antes de caer.

El jueves pasado, el Gobierno peruano decidió echar a Valle por haber ingresado ilegalmente en su territorio, y después de haberle negado refugio y asilo político. No obstante, la aplicación de esto tuvo que esperar hasta ayer al mediodía.

Entonces, el juez peruano Omar Ahomed Chávez dejó sin efecto la detención preventiva del boliviano con fines de una posible extradición. Con esto, Valle fue puesto en libertad e inmediatamente arrestado por la Policía Migratoria de Perú.

Alrededor de las 17.30 hora boliviana, fue conducido a oficinas de la Dirección General de Migraciones y Naturalizaciones en Lima, donde esperó el resultado de las discusiones sobre la vía de su traslado a Bolivia, entre autoridades binacionales.

Mientras en Bolivia, el Gobierno hacía gestiones ante la FAB para que una aeronave trajera lo antes posible al prófugo. Pero hasta las 19.30 corrieron los rumores de que Chito iba a ser trasladado a la población fronteriza de Desaguadero, por tierra.

A las ocho de la noche se despejaron las dudas. Llorenti y la viceministra anticorrupción, Gabriela Veizaga, revelaron en rueda de prensa que un avión oficial se dirigía a Lima para recoger a Valle y que su llegada a La Paz estaba programada para entre las dos o tres de la madrugada de hoy.

En forma simultánea, el embajador peruano en Bolivia, Manuel Rodríguez Cuadros, confirmaba la expulsión del ex Prefecto como “decisión política de mi país” para contribuir a la justicia boliviana en la lucha del presidente Evo Morales “contra la corrupción y la impunidad”.

Señaló que las autoridades de su Gobierno trabajaron de manera coordinada con el canciller boliviano, David Choquehuanca, desde el momento de la aprehensión de Valle. Aunque en anteriores días, el vicepresidente Álvaro García Linera culpó a Perú de falta de voluntad política para deportar al ex Prefecto paceño.

Apenas Chito pisó tierra alteña, enfundado en su traje oscuro, con chaleco antibalas y el gorro que le tapaba parte del rostro, opuso resistencia para abordar la vagoneta 1034-SYD, del Ministerio de Gobierno, y fue trasladado a la penitenciaría de San Pedro. Ingresó allí a las 03.39.

El juicio de responsabilidades sigue

La viceministra anticorrupción, Gabriela Veizaga, señaló ayer que continúa el juicio de responsabilidades seguido en la Corte Suprema de Justicia contra el ex prefecto paceño Luis Alberto Valle Ureña. “Como señalé anteriormente, queda una orden de detención preventiva vigente aún. Se están haciendo las gestiones con la Fiscalía General, para que se pueda proseguir con el juicio pendiente que se inició con la anterior Constitución”.

El presidente del máximo organismo judicial, Julio Ortiz Linares, informó ayer que el juicio oral de “Chito” está en la fase de presentación de pruebas y anunció de que el tribunal se reunirá pronto. Además, comentó que deberá elaborarse un cronograma especial de audiencias por la recarga procesal propia de la Corte, además del juicio de responsabilidades por el caso “octubre negro” al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

El fiscal general interino, Mario Uribe Melendres, manifestó no tener conocimiento oficial de la llegada de Valle. "Estoy a la espera de los acontecimientos que pudieran suscitarse con relación a la deportación (difundida) por los medios de comunicación. Conozco que se está solicitando, una vez que se conozca el resultado recién el Ministerio Público procederá conforme corresponde", dijo sin ingresar en detalles, ayer en Sucre.

Chito Valle Fanático de las Harley Davidson y acusado de tráfico de cocaína


Noticia publicada el 1 de Septiembre en La Prensa
Hijo político del fallecido ex presidente Hugo Banzer Suárez, Luis Alberto “Chito” Valle Ureña (68) se desempeñó como prefecto del departamento de La Paz entre el 7 de agosto de 1997 y el 5 de mayo de 2000, durante el segundo Gobierno de su suegro. En 2001 se abrió juicio contra la ex autoridad paceña. Nueve años después, el proceso penal parece acercarse a su final.

Nacido en La Paz, Valle se casó con Patricia Banzer Prada. Se graduó como médico ginecólogo y era común verlo en la zona Sur de la urbe de La Paz al mando de una motocicleta Harley Davidson de colección y con un casco similar a los usados por los soldados de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

En la década de 1970, cuando su padre político era dictador, fue acusado de traficar con sangre que se extraía a conscriptos que prestaban su servicio militar y llevada de contrabando a Haití.

Además fue expulsado de Canadá por haber sido sorprendido en poder de una maleta que contenía pasta base de cocaína. En aquel tiempo cumplía las funciones de cónsul boliviano en Montreal, pero uno de los allegados a la familia debió cumplir cinco años de reclusión por esto.

Chito Valle fue elegido diputado por Acción Democrática Nacionalista (ADN) en 1997, pero pidió licencia para hacerse cargo desde el 7 de agosto de ese año de la Prefectura del departamento de La Paz, que ejerció hasta el 5 de mayo de 2000, cuando renunció acosado por las denuncias de corrupción e irregularidades.

Su esposa, Patricia Banzer, quien cumplía las funciones de secretaria privada de su padre, fue involucrada en la compra irregular de un avión Beechcraft destinado a la Presidencia. La investigación está paralizada desde la muerte del ex ministro de Defensa Fernando Kieffer.

Mientras su suegro ejercía la Presidencia de la República, adquirió un terreno en el Parque Nacional Madidi, donde construyó un lujoso hotel, actualmente a nombre de una empresa alemana.

En marzo del año pasado escapó de territorio boliviano. Perú le negó refugio y, posteriormente, asilo político. Fue capturado el 20 de agosto en la capital Lima y llegó esta madrugada a La Paz en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana.

viernes, 20 de agosto de 2010

Cae agente de Gobierno, líder de red de falsos policías y fiscales


Noticia publicada el 20 de Agosto de 2010 en La Prensa

Extorsión: Ocho antisociales fueron capturados el miércoles cuando intentaban robar oro con credenciales y documentos adulterados. El cabecilla era parte del Centro Especial de Investigaciones del Estado; fue dado de baja.

Alejandro Augusto S. M., funcionario del Ministerio de Gobierno, lideraba una banda de falsos policías y fiscales que fue capturada el miércoles cuando pretendía robar una cantidad aún no determinada de oro de un establecimiento comercial situado en la avenida Tumusla, de la ciudad de La Paz.

El jefe de los delincuentes fue destinado en comisión tanto al Centro Especial de Seguridad del Estado (CEIP) como al Centro Especial de Investigaciones del Estado (CESE). Ingresó a trabajar en el Ministerio de Gobierno en 2003 y a partir del 4 de febrero del año pasado fue parte del CEIP.

Una nota de prensa de la cartera a cargo de Sacha Llorenti señala que tal como establece la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, éste fue destituido de su cargo al haber sido capturado en flagrancia y al existir evidencias de su participación en esta organización criminal.

El reporte policial de la investigación da cuenta de que Amalia Karina S. S., quien se identificó ante las víctimas de esta banda como la fiscal antinarcóticos Jaqueline Bustillos Sánchez, irrumpió el miércoles en un local dedicado a la compra de oro, en compañía de supuestos policías. La Policía informó que también usa el alias de Katia Karina Durán Aguilar.

Al ingresar en el establecimiento, la impostora aseguró que en el sitio se traficaba con drogas y presentó una orden de allanamiento firmada por el juez Constancio Alcón, documento que, según se comprobó, es fraguado. Sin embargo, una vecina alcanzó a escuchar lo que ocurría y se comunicó con el abogado de la propietaria de la rescatadora de oro, Raúl Ferreyra, quien denunció el caso a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), cuyos efectivos acudieron de inmediato.

En conferencia de prensa, el comandante de la Policía Nacional, general Óscar Nina, informó que la mujer, a quien calificó de “avezada delincuente”, estuvo a punto de persuadir a los emisarios de la FELCC de que dirigía un operativo legal.

Empero, los investigadores arrestaron a la implicada y a sus supuestos colaboradores: José Martín J. M., Danilo Álvaro F. F. y Juan Carlos Q. V.; además de Alejandro Augusto S. M. Otros tres se dieron a la fuga.

La Policía informó que en una requisa en el domicilio de la mujer se hallaron uniformes, insignias y gorras policiales, que eran empleados en los operativos criminales; aparte de tarjetas de crédito y una credencial de prensa. Una fuente del Ministerio informó que en algunos golpes, uno de los delincuentes se hacía pasar como periodista y acompañaba al grupo para dar mayor verosimilitud a sus acciones.

El miércoles, alrededor de las 18.00, en un inmueble del Barrio Gráfico, después de un paciente seguimiento, fueron arrestados Juan Jesús P. R. y Wilmer C. S., quienes horas antes habían escapado de la aprehensión en la calle Tumusla. Nina adelantó que todavía queda un prófugo, aunque aseguró que su captura es inminente.

Ambos detenidos fueron hallados en poder de una pistola de calibre 38 marca Taurus, ocho proyectiles, manillas, una pistola eléctrica, un balero, un aerosol de gas pimienta y guantes descartables.

Según las pesquisas, Juan Jesús P. R. usó un uniforme de capitán y Wilmer C. S., un chaleco de la FELCC. Asimismo, al menos cuatro de los antisociales aprehendidos tienen un amplio prontuario criminal (leer nota de apoyo). Juan Jesús P. R. y Danilo Álvaro F. F. se encontraban bajo libertad condicional, en tanto que se investigan más antecedentes de los demás.

La FELCC investiga otros casos en los que esta banda criminal estuvo involucrada. Nina convocó a posibles víctimas de esta organización a identificar a los delincuentes y a sumarse a las querellas.

El ministro Sacha Llorenti aseguró ayer que espera que los administradores de justicia apliquen en este caso las previsiones de la Ley de Reforma al Sistema Penal para que el procesamiento se lleve a cabo con la mayor rapidez posible, es decir, para que en la próximas semanas se tenga una sentencia condenatoria.

Llorenti anunció que se querellará contra su ex funcionario. Y se sospecha que fue él quien obtuvo las falsas credenciales de policías y del Ministerio Público.

Por su parte, la verdadera fiscal de materia Jaqueline Bustillos protestó por este hecho, pues, en su opinión, la daña personal y profesionalmente y anunció medidas legales contra su suplantadora.

Cometieron al menos seis delitos

Los siete aprehendidos serán imputados de los delitos de organización criminal, extorsión, robo, falsedad material, falsedad ideológica, allanamiento y suplantación de funciones públicas, afirmó un investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, indicó ayer que “no tendremos contemplaciones de ninguna naturaleza (...) debido al uso irracional e ilegal de credenciales y uniformes de la Policía que son agravantes en la conducta que tenían” estos delincuentes.

La Ley de Reforma al Sistema Penal establece que los criminales reincidentes no podrán ser beneficiados con medidas sustitutivas a la detención preventiva, por lo que al menos cuatro de los aprehendidos no podrán solicitarla en la audiencia cautelar, ni podrán guardar arresto domiciliario. La situación de los aprehendidos se complica al haber sido arrestados en flagrancia. Todavía no hay fecha para la audiencia de los detenidos.

PRONTUARIOS

Alejandro Augusto S. M.

Funcionario del Ministerio de Gobierno desde 2003. Estuvo en comisión en el Centro Especial de Seguridad del Estado (CESE) y desde el 4 de febrero de 2009, en el Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP). Líder de la banda.

Juan Jesús P. R.

Alias el “Jesús”, usaba un uniforme de capitán de la Policía. Gozaba de libertad condicional. Desde el 8 de junio de 2006 acumula una foja con investigaciones por cinco delitos. Inició su vida delictiva en la pandilla juvenil Cholos Latinos.

Amalia Karina S. S.

Utiliza el alias de Katia Karina Durán Aguilar. Se hacía pasar por fiscal antidrogas y poseía una credencial falsa con una firma del fiscal Willams Dávila. El Comandante Nacional de la Policía la calificó de “avezada delincuente”.

José Martín J. M.

En el mundo del hampa, la especialidad de “autoridad” es la de falso policía. Este antisocial usaba un chaleco y una gorra que lo identificaban como efectivo de la dirección paceña de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

Danilo Álvaro F. F.

Poseedor de un amplio prontuario criminal. Gozaba de libertad provisional. El miércoles llevaba un uniforme de subteniente de la Policía. Entre 2006 y 2010, fue investigado por los delitos de hurto, lesiones y robo.

Juan Carlos Q. V.

A tiempo de ser atrapado por la Policía se encontraron en su poder los instrumentos que eran empleados por la organización criminal para cometer los delitos que planificaban. Natural de Cochabamba. Se investigan sus antecedentes.

Wilmer C. S.

Natural de La Paz, usó indumentaria policial para participar en el fracasado intento de robo de oro en la avenida Tumusla de La Paz. La Policía investiga si tiene otros antecedentes. Fue arrestado en poder de distintivos policiales.

jueves, 4 de febrero de 2010

Ramírez iba a recibir dinero del crédito del Banco Central

Noticia publicada el 4 de Febrero de 2010 en LA Razon


El fiscal de materia Edward Mollinedo denunció que el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, y sus socios tenían planificado apropiarse —a través de adjudicaciones a empresas fantasmas— del crédito de $us 1.000 millones otorgado por el Banco Central de Bolivia a la estatal petrolera para inversión en el área hidrocarburífera.

El fiscal sustentó su declaración a partir de mensajes de correo electrónico entre Agustín Tomás Melano, ejecutivo de Catler Internacional, y el fallecido empresario petrolero Jorge O'Connor D'Arlach, dueño de la empresa Uniservice SRL.

“Ya tenían planificado, a través de programas, empresas, de cómo iban a actuar y cómo se iban a apoderar de ese dinero. En los correos hablan claramente de los $us 1.000 millones y de los 175 millones comprometidos para Santos Ramírez para esas actividades”, sostuvo Mollinedo.

Dijo que la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, entregó un correo electrónico con fecha 25 de enero del 2010 donde se señala: “Jorge. Recibí el correo del señor Gonzalo Aramayo, donde me adjunta el documento sobre la solicitud de los $us 1.000 millones para las futuras inversiones. Quiero señalarte que los $us 200.000 que me pide son imposible de facilitarlos. Espero me entiendas que sólo se cuenta con 175.000 y no más. Si tú conoces de algún inversionista por Estados Unidos sería bueno que los contactemos. No quiero perder el negocio. Agustín”.

Corrupción en Aduana desata su intervención

Noticia publicada el 4 de Febrero de 2010 en La Razon


La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, decidió este miércoles intervenir las oficinas de la entidad en todo el país. Lo hizo en coordinación con la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, tras hallar indicios de corrupción como el manejo discrecional de recursos económicos e irregularidades en la contratación de personal, entre otros.

Ardaya fue posesionada en el cargo el 25 de enero, en reemplazo del general Wilfredo Vargas. El presidente Evo Morales le dio entonces carta blanca para auditar las anteriores gestiones.

Ayer, Ardaya y Suxo informaron de la intervención en una rueda de prensa conjunta, en la oficina central de la ANB, en La Paz. Ambas autoridades acusaron al actual directorio del ente aduanero de ser parte de la presunta corrupción y de haber permitido la comisión de actos irregulares.

“En una acción conjunta, vamos a hacer la intervención de la Aduana Nacional, dadas las constantes denuncias acumuladas en el Ministerio de Lucha contra la Corrupción y que en años anteriores no las han tomado en cuenta ninguno de los ejecutivos”, sostuvo Ardaya.

Explicó que la medida consistirá en el precintado de oficinas y computadoras —además del relevamiento y verificación de documentación—, en presencia de notarios. “Se va a realizar una auditoría forense”, manifestó.

La titular de la ANB entregó a Suxo documentos que, dijo, contienen “algunos indicios (de corrupción) que se encontraron”. Entre ellos figuraban actas de reunión del directorio que “no se encuentran firmadas por los directores, e incluso ni por el anterior presidente ejecutivo; se muestran acá hechos de corrupción que no tomó en cuenta el anterior ejecutivo”, aseguró.

Entre esos hechos mencionó “la designación de funcionarios en comisión de servicios al exterior de forma irregular”.

También se ha observado, añadió, la existencia de presupuestos asignados por techos, es decir, sin una programación por partidas. “Ello implica decir que habría existido, por lo menos hay algunos indicios de que se han realizado gastos dentro de estas partidas sin ningún control presupuestario”, aseveró Ardaya.

“El directorio que está todavía en funciones está hace más de 10 años, contraviniendo toda disposición legal; pero además, por lo que se ve, es un directorio que ha permitido que haya una especie de gastos reservados”, complementó la ministra Suxo.

Consultada si el directorio era corrupto, Ardaya respondió: “Sí, es correcta la aseveración, puesto que se encuentran cosas irregulares y un manejo discrecional de la administración pública”.

Indicó que al no haber firmado las actas, los directores también incurrieron en delitos tipificados por el Código Penal.

“Es un directorio que ya ha perdido toda competencia, que entre otras cosas esperamos que por dignidad renuncie y si no (lo hace), nosotros tomaremos las medidas legales pertinentes”, sostuvo.

Por otro lado, Ardaya reveló que se ha verificado en algunos memorandos y documentos de gerentes regionales que los mismos “habrían realizado designaciones sin que haya intervenido el máximo ejecutivo y menos la gerencia general, es decir, (hubo) un uso y abuso de la contratación de personal”. Señaló que en la Aduana se puede observar la ausencia de un reglamento “que haya sido compatibilizado de acuerdo con nuestras normas”.

Según Suxo, el Ministerio de Transparencia analizará la documentación recibida y solicitará otra adicional, en caso de ser necesario. “Sabemos que nos van a permitir el acceso a esta información que nos ha sido negada por mucho tiempo”, reclamó.

“Si en la revisión verificamos la existencia de hechos delictivos, por supuesto que los pondremos a conocimiento del Ministerio Público”, aseguró la autoridad.

Ardaya indicó que no se tiene previsto el tiempo que demorará la intervención, que implica el inicio de un proceso de investigación. “No se va a destituir a ningún funcionario de la Aduana, en el caso de los de carrera; la idea es sacarlos con procesos si se comprueban las denuncias”.

De los 1.400 funcionarios que existen en la institución, acotó, el 30% está institucionalizado.

La intervención fue simultánea en las oficinas regionales de la ANB. Así ocurrió por ejemplo en Cochabamba, donde personal de Transparencia y un contingente policial aisló a los funcionarios de la sede regional, la zona franca y el recinto aeroportuario de sus escritorios, documentos y computadoras. En Santa Cruz, comerciantes protestaron porque la medida les impidió hacer sus trámites para retirar mercadería importada. Redacción Central, Cochabamba y Santa Cruz

Hallan una alcoba en la Presidencia

Durante la intervención a la oficina central de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), en La Paz, se evidenció la existencia de una alcoba con frigobar incluido en las dependencias de la Presidencia Ejecutiva.

La actual presidenta de la entidad, Marlene Ardaya, invitó a los medios de comunicación a conocer el dormitorio que, manifestó, “nos llamó la atención cuando nosotros recibimos la oficina de la Presidencia”.

Ese cargo era ocupado antes de su posesión, el 25 de enero, por el general Wilfredo Vargas.
Por su lado, la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, dijo que la alcoba tiene un frigobar y una ducha.

“No podemos entender cómo un servidor público pueda tener en su despacho semejantes dependencias”, añadió.

Algo similar aconteció años atrás en la Prefectura de La Paz, cuando el ex prefecto Luis Alberto Chito Valle hizo instalar una confortable habitación en sus oficinas. El escándalo fue conocido como ´Chitoalcoba´.

“Esperamos que por dignidad renuncie (el directorio) y si no (lo hace), tomaremos las medidas legales pertinentes”.
NARDI SUXO, titular de Transparencia.

Gobierno halla en Aduana gastos reservados, viajes VIP y una alcoba

Noticia publicada el 4 de Febrero de 2010 en LA Prensa

El Ministerio de Transparencia intervino la oficina central de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y cinco gerencias regionales, tras evidenciar gastos reservados, falta de fiscalización del directorio, designaciones irregulares de personal y una alcoba en la presidencia. La nueva autoridad de la entidad, Marlene Ardaya, solicitó al despacho de Gobierno relevar a todo el personal del Control Operativo Aduanero (COA) y un auditoría.

Ésta es la primera vez que se ocupa la Aduana. En 1999, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió su reestructuración institucional luego de varias denuncias de irregularidades.

La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, en declaraciones a los medios de comunicación casi dos horas después de iniciada la acción (09.00), informó que se procedió a precintar las oficinas de los ejecutivos de la Aduana, así como computadoras y discos duros de otros funcionarios de quienes se tenían

observaciones.

La presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, dijo que la intervención fue decidida “dadas las constantes denuncias sobre hechos irregulares que en anteriores gestiones no se investigaron. Se saneará la institución”.

Además, entregó a Suxo documentos que prueban posibles actos irregulares y que involucran a ex autoridades de la Presidencia Ejecutiva de la entidad, miembros del Directorio y gerencias

regionales.

La Prensa intentó comunicarse vía teléfono con los denunciados, Vargas y su directorio, pero no logró el contacto.

El 25 de enero, Marlene Ardaya asumió la administración de la ANB y dejó Impuestos Nacionales. En el acto de posesión, el presidente Evo Morales pidió que se realice un trabajo de limpieza de la corrupción en la Aduana Nacional puesto que fue loteada por las organizaciones sociales.

Su antecesor fue Wilfredo Vargas y antes ocupó el cargo César López, quien fue destituido tras revelarse la fuga de 33 camiones que trasladaban mercadería de contrabando en 2009. También fue presidenta Marcia Morales Olivera.

Entre los papeles entregados a Transparencia figuran actas (de reuniones de Directorio) que no fueron firmadas por los directores, tampoco por Wilfredo Vargas.

Explicó que se encontró que los directores no firmaban las actas después de reuniones del Directorio, acción tipificada en el Código Penal; además permitieron que exista “una especie” de gastos reservados dentro de la ANB.

Según las resoluciones de la Aduana Nacional de 2009, el Directorio está compuesto por dos personas: Alberto Goitia y Gonzalo García Grandi. El primero fue nombrado en 1999.

Según Suxo, este cuerpo colegiado se extendió en sus funciones más diez años, cuando sólo fue elegido por cinco. Por eso se espera que presenten su renuncia, de lo contrario se les iniciará acciones legales.

Añadió que en la Presidencia Ejecutiva existían presupuestos asignados por techos, es decir, se conocía el monto total y no el detalle de su uso, “lo que equivale a decir que hay algunos indicios de que se realizaron gastos de estas partidas sin ningún control presupuestario”.

Además, se verificó la designación de funcionarios en comisión de servicios en el exterior “en forma irregular”.

Esta categoría permite que un empleado público cobre su salario y otros beneficios sin que trabaje en las oficinas de la institución a la que pertenece.

Otra irregularidad fue la existencia de “memorandos en algunos documentos de gerentes regionales” que permitieron designaciones de personal sin la autorización del máximo ejecutivo y tampoco de la Gerencia nacional, “es decir, un uso y abuso de la contratación de personal en la Aduana”.

Además de la existencia de un reglamento del sistema de personal que no fue compatibilizado con el Servicio Civil de acuerdo con las normas nacionales.

Ardaya dijo que de los 1.400 funcionarios que tiene la ANB, sólo el 30 por ciento está institucionalizado, es decir que su designación fue por selección a través de convocatorias públicas.

Añadió que en el caso de los funcionarios de carrera, si se hallan irregularidades resultado de la intervención, se iniciarán procesos, pero aseguró que no habrá despidos injustificados.

Algo que llamó la atención de la nueva autoridad es que al tomar control de la entidad encontró en su despacho un dormitorio habilitado por su antecesor que tiene entre las comodidades una cama, frigobar y una ducha.

Fuentes consultadas por La Prensa dijeron que cuando concluyó la gestión de César López, este lugar sólo era un living reservado con un sillón, dos sillas y una mesa que nunca fue usada.

Suxo informó que junto a la Presidencia de la ANB se solicitó al Ministerio de Gobierno el cambio de todo el personal del COA, porque “hemos podido ver altos indicios de corrupción” .

Tras la intervención, en las inmediaciones de la oficina central de la Aduana, los funcionarios se encontraban sorprendidos porque aproximadamente una decena de policías no los dejaban entrar en su fuente laboral. Tampoco a los ciudadanos que querían entregar correspondencia o realizar algún trámite, quienes tenían el temor de que hubiera una amenaza de bomba. A las 10.30, los empleados entraron hasta la sala de recepción.

Se encontró instalado un dormitorio en el despacho de presidencia.

De 1.400 empleados de la Aduana, el 30% está institucionalizado.

FEPLP brinda su respaldo

La Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) exigió a la Aduana reencaminar el proceso de institucionalización que se estancó en los últimos años y brindó su respaldo a las acciones tendentes a erradicar la corrupción ejecutadas por la nueva presidenta de la entidad, Marlene Ardaya.

El presidente de la FEPLP, Enrique García, recordó que en 1999 se impulsó una reforma de la entidad que funcionó durante los primero años, pero no fue continuada por los gobiernos de turno.

Parte de las nuevas denuncias de corrupción en la Aduana Nacional tiene que ver con la ausencia de personal idóneo y con honestidad.

Añadió que los interinatos en la presidencia y el Directorio de la entidad frenaron la formulación de políticas de lucha contra el contrabando que es una de las tareas pendientes que ahora debe encarar la nueva administración.

Los empresarios de La Paz piden que la nueva autoridad de la Aduana reimpulse la institucionalización y selección de personal mediante exámenes de competencia y mejore los controles para erradicar el contrabando.

Para destacar

El Directorio de la Aduana define las políticas de la institución, establece sus estrategias administrativas y crea sus normas.

Está conformado por cinco miembros: el presidente de la entidad y cuatro directores.

La Presidencia de la ANB la designa el Presidente del Estado de una terna aprobada por diputados.

Cada administración tiene un periodo de cinco años y no se puede ejercer el cargo dos gestiones consecutivas.

Los directores son nombrados por el Presidente del Estado de una terna aprobada por los diputados.

Sus funciones duran cinco años y sólo pueden ser reelectos después de que transcurra el mismo periodo.

Entre sus atribuciones está el otorgar las licencias a los despachantes de Aduana y a las agencias.

Aprueban el Programa Operativo Anual, el presupuesto, los estados financieros y la designación de funcionarios.

martes, 19 de enero de 2010

Acusan a ex ministra Rocabado de corrupción y ella se defiende

Noticia publicada el 19 de Enero de 2010 en La Razon
El Gobierno sospecha de la ex ministra de Defensa Legal del Estado, Cecilia Rocabado, y del ex viceministro del sector, Javier Viscarra, por supuestos hechos de corrupción y negligencia en el caso del arbitraje iniciado por Euro Telecom International NV (ETI) a consecuencia de la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).

El actual ministro de Defensa Legal del Estado, Pablo Menacho, en cumplimiento de las instrucciones del presidente Evo Morales, denunció ayer ante la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, sobre las presuntas irregularidades cometidas por las ex autoridades, destituidas el 24 de diciembre del año pasado.

Menacho explicó que Rocabado firmó dos acuerdos con la italiana ETI (el 16 y el 20 de octubre del año 2009), incumpliendo las normas nacionales y sin el consentimiento del Consejo Nacional de Defensa del Estado, mediante los cuales estableció un nuevo tribunal de arbitraje “ad hoc”, distinto al del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en condiciones desfavorables para el Estado boliviano.

“El principal daño que se ha causado es la renuncia de derechos inherentes a la defensa del Estado boliviano (...). En los acuerdos, la ex ministra renunció al derecho de objetar la competencia del Centro (de arbitraje), renunció al derecho a objetar la designación de los árbitros, renunció al derecho de plantear otras objeciones a la jurisdicción del Centro. Se acordaron plazos que también son lesivos, toda vez que nosotros como Estado necesitamos contar con plazos prudenciales para poder hacer todo el análisis, toda la defensa y ahora se tiene que bajo estos acuerdos —por ejemplo—, en el peor de los casos estaríamos con un laudo para fines de enero del próximo año o diciembre de este año”, lamentó el ministro.

El 1 de mayo del 2008, el Gobierno nacionalizó Entel. Antes (octubre del 2007), la accionista mayoritaria ETI había apelado al CIADI, luego de que el Estado recuperó el 49% de las acciones que pertenecían a los bolivianos.

El consorcio pide una indemnización de $us 350 millones. Sin embargo, Bolivia ya se retiró de ese tribunal en mayo del 2007.

El 14 de octubre, Rocabado informó que ETI recurrió a un nuevo arbitraje ante un comité “ad hoc” de Naciones Unidas, y calificó al hecho de favorable para el país, porque se trataba del reconocimiento de la empresa italiana sobre la falta de competencia del CIADI, ya que Bolivia se había retirado de ese tribunal.

El 16 y el 20 de ese mismo mes, la ex ministra firmó los acuerdos para permitir que el arbitraje se vaya a otra instancia. El 3 de noviembre, La Razón informó que el CIADI dio por concluido el arbitraje iniciado por la italiana ETI contra el Estado boliviano a solicitud de la firma extranjera.

La orden de tomar nota de la terminación del procedimiento fue emitida por el tribunal de arbitraje el 21 de octubre del 2009, en base a la Regla 44 del Convenio CIADI.

“Si una de las partes solicita que se ponga término al procedimiento, el Tribunal (...) fijará mediante resolución el plazo dentro del cual la otra parte podrá oponerse a la terminación. Si no se formula objeción alguna por escrito dentro del plazo fijado, se presumirá que la otra parte ha consentido la terminación”, establece la mencionada regla.

Gobierno objeta los acuerdos

El ministro de Defensa Legal del Estado, Pablo Menacho, objetó los acuerdos —en supuesto desmedro a los intereses del Estado— firmados por la ex ministra del área Cecilia Rocabado, debido a que ella actuó fuera de sus competencias.

“Nosotros no aceptamos, no han sido autorizados estos acuerdos que han sido suscritos por la ministra Rocabado”, sostuvo la autoridad.

Explicó que la ministra actuó en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) y de las normas vigentes de defensa del Estado, además de pasar por alto la aprobación del Consejo Nacional de Defensa Legal del Estado.

“La ex ministra no contaba con los respectivos plenos poderes para comprometer la fe del Estado en un nuevo arbitraje internacional. El 2 de octubre del año 2009 se le autoriza a la ministra de Defensa Legal del Estado, Cecilia Rocabado, asumir defensa (en el caso Entel) exclusivamente dentro del arbitraje iniciado dentro del CIADI, donde no tiene la capacidad de iniciar un nuevo arbitraje fuera de esta esfera”, aclaró Menacho.

Hechos

Revisión • La ministra Nardi Suxo dijo que se procesará la documentación entregada por el ministro Pablo Menacho para tener resultados la próxima semana. Los delitos podrían ser “contratos lesivos al Estado” e “incumplimiento de deberes”.

Solución • Ante el hecho, el Ministro de Defensa Legal del Estado adelantó que se planteó al Consejo de Defensa una estrategia para ver cuáles son las líneas de acción que se seguirán en ese tema. Aclaró que esta información es reservada.