viernes, 28 de noviembre de 2014

Hay indicios de corrupción en pasajes de diputados

Una auditoría especial realizada por la Contraloría General del Estado (CGE) halló indicios de responsabilidad civil en contra de más de 50 diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de la gestión 2008-2009, por apropiación arbitraria de bienes patrimoniales y pérdida de activos y bienes del Estado en el uso de pasajes, por un monto que asciende a 900.422 bolivianos.

Informe. El subcontralor de Servicios Legales de la CGE, Edino Clavijo, en entrevista con El Día informó que la auditoría especializada que comprende el periodo del 1 de enero de 2008 al 31 de marzo de 2009 arroja varios hallazgos, desde pasajes aéreos caducados asignados a diputados por falta de uso, devolución de efectivo a diputados por pasajes no utilizados, pasajes utilizados al cese de funciones, además de pasajes emitidos al margen del reglamento correspondiente de la Cámara de Diputados y otros que no coinciden con el número ni fechas de las sesiones parlamentarias. "Hay montos que varían desde 1.500 bolivianos hasta el máximo que llega a 16.000 bolivianos. Pero no podemos dar el detalle de los nombres (...). No nos fijamos en la filiación política, son errores administrativos y civiles que ocasionaron daño", señaló.

Pasajes y cobros ilegales. El informe preliminar EX/EP21/J09-R1 al que accedió este medio de manera parcial señala que como resultado de la auditoría se identificaron pasajes asignados a diputados nacionales, caducados por falta de uso, donde concurren indicios de responsabilidad civil solidaria en aplicación al artículo 77 inciso "i" de la Ley del Sistema de Control Fiscal por concepto de pérdida de activos y bienes del Estado por negligencia, irresponsabilidad de los empleados y funcionarios a cuyo cargo se encuentran por el importe de 36.969 bolivianos. La auditoría también estableció que hubo devolución de efectivo a diputados nacionales por pasajes no utilizados. Los asambleístas solicitaron la devolución en efectivo del costo de pasajes directamente a la línea aérea, sin considerar que, si estos pasajes no fueron utilizados deberían haber sido devueltos a la Cámara de Diputados, para que a su vez devuelva los mismos a la agencia de viajes Tropical Tours y de esa manera recuperar el costo de los boletos.

Este tipo de acciones por parte de los funcionarios que accedieron de manera irregular a la devolución del dinero por concepto de pasajes constituyen en indicios de responsabilidad civil, conforme a la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y están sujetas a la aplicación del artículo 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscal por apropiación arbitraria de bienes patrimoniales del Estado por un monto que llega a 12.453 bolivianos.

Procedimiento de aclaración. El subcontralor Edino Clavijo explicó que una vez que se emitió el informe preliminar de la auditoría basada en información recabada en la propia Cámara de Diputados y el cruce de información con otras entidades como las líneas aéreas y la agencia de viajes, corresponde cumplir con el procedimiento de aclaración. La auditoría no alcanzó al Senado.

Según la autoridad, en el periodo de aclaración y presentación de descargos, algún diputado puede proporcionar alguna documentación a la que no se tuvo acceso y lograr incluso dejar sin efecto los indicios de responsabilidad civil en contra de su persona.

Una vez que se dicte el dictamen la responsabilidad civil dijo que corresponde el inicio del proceso coactivo fiscal, se emite una nota de cargo, luego un pliego de cargo y una vez ejecutoriado el pliego corresponde en una causal de inhabilitación a la función pública para aquel o aquella funcionaria o exfuncionaria sentenciada.

La Contraloría General del Estado basó su auditoría en una solicitud, por considerar que la Cámara de Diputados es una "aérea de riesgo" por el excesivo movimiento de viajes.

Uso de pasajes posterior a sus funciones. El informe preliminar sobre la auditoría especial y rendición de pasajes para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de marzo de 2009 realizada a la Cámara de Diputados por parte de la Contraloría General del Estado (CGE) revela que el exdiputado, exvocero presidencial y actual candidato a la Gobernación de Cochabamba por el Movimiento al Socialismo (MAS), Iván Canelas Alurralde, utilizó pasajes aéreos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), después del cese de sus funciones, por lo que podría ser pasible de un proceso coactivo fiscal.

De acuerdo al informe preliminar EX/EP21/J09-RI, el uso de pasajes posterior al cese de funciones, constituye indicio de responsabilidad civil y solidaria conforme a la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y la Ley del Sistema de Control Fiscal, por apropiación arbitraria de bienes patrimoniales del Estado.

jueves, 27 de noviembre de 2014

Juicio terrorismo II, para siguiente año

El juicio por el caso denominado terrorismo II, cuya acusación formal fue presentada hace un par de semanas, se realizará el siguiente año.

La razón de que este proceso no se pueda desarrollar en esta gestión es por la falta de jueces técnicos en los juzgados que conocerán estas causas, ya que en la nueva normativa procesal se eliminó la figura del juez ciudadano y solo se pide que estos tribunales sean integrados por tres jueces y no dos, como actualmente ocurre.

Por otro lado, la audiencia en el juicio por el caso terrorismo I se suspendió ayer por la tarde debido a un problema estomacal de Ignacio Villa Vargas. Se espera que hoy por la mañana la audiencia continúe

miércoles, 26 de noviembre de 2014

Gary Prado reitera que solo dio una entrevista a Rózsa

El general Gary Prado Salmón, durante su testimonio frente al tribunal presidido por el juez Sixto Fernández, reiteró que la única relación que mantuvo con Eduardo Rózsa fue el concederle una entrevista para hablar sobre la guerrilla en Bolivia y sobre el Che Guevara.

Aseguró que la primera llamada de Rózsa al teléfono de su domicilio la recibió el 19 de noviembre de 2008, se identificó como periodista y le pidió una entrevista.

Según Prado, después Rózsa fue a su casa, le hizo la entrevista por una hora y ahí le comentó que había participado en la Guerra de los Balcanes en defensa de Croacia, pero que era nacido en Santa Cruz. Tiempo después volvió a visitarlo para entregarle tres ejemplares de la revista, en los que estaba publicada la entrevista.

“Le di mi tarjeta y después supe que él había publicado en su blog una foto tomada el día de la entrevista. Esa fue toda mi relación con Rózsa, no fue nada más”, dijo.

Niegan libertad a coronel
Por otro lado, durante la audiencia de ayer el tribunal negó el pedido de medida sustitutiva hecha por el Cnl. Zoilo Salces. El acusado, detenido, dijo a través de su abogado, Gary Prado Araúz, que en marzo de este año se le concedió arresto domiciliario, pero que hasta ahora no se ejecuta

Otro juez ya está listo para conocer el caso terrorismo II

La comisión de fiscales del Ministerio Público y asesores legales del Ministerio de Gobierno presentaron sendas recusaciones contra la jueza Cuarto de Instrucción de La Paz, Margoth Pérez Montaño, que recibió la acusación para llevar a juicio a 14 personas dentro del caso terrorismo II.
La comisión de fiscales, integrada por Marco Antonio Rodríguez, Sergio Céspedes, Javier Flores e Iván Ortiz, recusó a la jueza por considerar que incurrió en varios actos que de alguna manera entorpecen el normal curso del proceso en un caso muy complejo.

Representando a la comisión, el fiscal Iván Ortiz manifestó que la jueza rechazó todas las recusaciones, pero que la sala penal de La Paz definirá y es posible que sea separada del caso.

“Ya existe el juez quinto de La Paz, de acuerdo a procedimiento, para recibir la causa”, dijo Ortiz.

Conminatoria, la detonante
La acusación por delitos de terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, alzamiento armado, conspiración y organización criminal fue presentada por los fiscales el 18 de noviembre, a las 18:30, después de que la jueza conminara a los fiscales al advertir que de no adjuntar el documento se acababa el plazo y la acusación podría quedar al margen.

Los fiscales indicaron que tenían 90 días; sin embargo, se les dijo que no era así.

Sobre el tema, el abogado Gary Prado dijo que la nueva acusación fue “tirada de los pelos” con el afán de amedrentamiento y fines políticos, cuando el juicio por terrorismo I no llega a su final.

El asesor legal del Ministerio de Gobierno, Rodrigo Arévalo, ratificó ayer que también presentaron recusaciones contra la jueza Margoth Pérez, por considerar que trata de beneficiar con sus fallos a los acusados.

Los 14 acusados son, Fernando Paz Serrano, Zvonko Matkovic, Mario Antonio Herrera, Luis Núñez Ribera, Blanca Ruth Lozada, Jeimmy Delboy Callaú, Adolfo Gandarilla Claure, Gladys France Argirakis, Carlos Alberto Guillén, Hernán Zankis Salvatierra, Juan Carlos Velarde, Pedro Antonio Yovhio, Fernando Hevia y Juan Kudelka

martes, 25 de noviembre de 2014

Caso Terrorismo II Fiscalía presenta acusación formal contra 14 personas

El fiscal Marco Antonio Rodríguez, miembro de la comisión encargada de investigar el caso Terrorismo I y II, manifestó que recientemente se presentó la acusación formal contra 14 personas que estarían implicadas en el supuesto financiamiento al grupo irregular de Eduardo Rózsa.

Rodríguez manifestó que tras cumplir con este procedimiento se espera que el juzgado cuarto de instrucción cautelar penal de la ciudad de La Paz fije fecha y hora de la audiencia conclusiva para luego remitir el proceso al Tribunal de Sentencia que competa tras un sorteo.

“Recién se ha presentado la acusación ante el Juzgado de Instrucción Cautelar quien según la ley 586 tiene que remitir vía sorteo a un Tribunal de Sentencia”, expresó el fiscal Rodríguez.

Dentro la nómina de los acusados se encuentra el que fuera asesor del expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, Juan Kudelka, la hermana del cívico y de la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental del Santa Cruz, Ruth Lozada; Fernando Paz, exgerente de la fundación Amérida en Santa Cruz; Jeimmy Delboy Callaú, exsecretaria del grupo La Torre; Adolfo Gandarilla, exfuncionario de Cotas y miembro de la logia “Caballeros del Oriente”.

Además, están Zvonko Matkovic Fleig, Mario Antonio Herrera, Luis Osvaldo Núñez, Gladis Argirakis Blacut, Carlos Alberto Guillén Moreno, Hernán Zankiz Salvatierra, Juan Carlos Velarde Roca, Pedro Antonio Yovhío Ferreira y Fernando Hevia Correa. Todos acusados por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, alzamientos armados en contra de la seguridad y soberanía del Estado, conspiración y organización criminal.

Según el exasesor de Branko Marinkovic, Juan Kudelka, la acusación presentada por la comisión de fiscales en su contra no tendría fundamentos, pero para justificar su detención preventiva por más de cuatro años por el caso Terrorismo I decidieron implicarlo en este proceso de financiamiento al grupo separatista.

IMPUGNACIÓN

Ante el sobreseimiento de Tatiana Marinkovic, hermana del excívico cruceño Branko Marinkovic, el Ministerio de Gobierno determinó impugnar la resolución de la Fiscalía presentando una actividad procesal defectuosa para revertir la decisión de la comisión y se la incluya en el juicio del caso Terrorismo II.

Abren nuevo caso Rózsa pese a las irregularidades

Implicados califican de descabellado el inicio de otro proceso judicial, pese a las denuncias de montajes, irregularidades, siembra de pruebas y compra de testigos que se ciernen sobre el juicio del caso Rózsa I.

La Fiscalía anunció la imputación en el caso Rózsa II contra una decena de personas por los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y hasta alzamiento armado a 14 personas.

Entre las personas involucradas en el nuevo proceso está Juan Carlos Velarde, imputado actual en el primer caso, además de otras autoridades locales como la asambleísta Ruth Lozada.

Críticas por irregularidades. Zvonko Matkovic Fleig, padre de Zvonko Matkovic Ribera, imputado en el primer juicio, criticó este nuevo proceso, asegurando que no tiene fundamentos ni sentido judicial.

Aseguró que ya se demostró que el caso Rózsa fue montado desde el gobierno y que no existió un intento de separatismo en el país, como dice la acusación. "Ellos mismos empezaron la matanza en el hotel Las Américas, quieren meter miedo a la población para demostrar que tienen el poder, lo reabren este juicio después de años y más años que han pasado", manifestó molesto al afirmar que se defenderá de forma limpia y que no tiene nada que temer.

También se manifestó el secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, recordando las denuncias de irregularidades."Estos cinco años que lleva el caso, ya nadie les cree porque lo único que quisieron fue montar una fábula de separatismo y terrorismo, hoy todos los bolivianos creen que el Gobierno montó este caso para dañar al departamento de Santa Cruz", indicó.

Críticas a la justicia. Matkovic Fleig indicó que a su parecer este accionar es un intento de amedrentamiento hacia el pueblo cruceño.

Juan Carlos Velarde, procesado en ambos casos, no quiso dar mayor declaración sobre el tema; sin embargo, afirmó escuetamente no haber recibido ninguna notificación sobre el segundo proceso.
Para Peña, esta nueva acción judicial, tiene intenciones de persecución política hacia las autoridades y personalidades cruceñas.

Actuación judicial. El fiscal Marco Antonio Rodríguez, minimizó las declaraciones de autoridades e imputados sobre el nuevo juicio.

Aseguró que las pruebas montadas y denuncias del exfiscal Marcelo Soza no provocarán mayor inconveniente, porque es un juicio separado. "No habrá mayores problemas, son casos diferentes y en La Paz se está analizando en qué juzgado recaerá el caso", dijo.

Explicó que la fecha del inicio del juicio oral del caso Rózsa II, la definirá el juzgado quinto de Instrucción del departamento de La Paz.

lunes, 24 de noviembre de 2014

Hoy reanudan las audiencias por juicio de terrorismo I

Desde las 15:30 horas de hoy se reanudarán las audiencias por el juicio del caso terrorismo uno, en el salón del piso dos del Palacio de Justicias. El presidente del tribunal primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, dirigirá los alegatos.
Hace casi diez días que el caso quedó postergado debido a que la salud del procesado Ignacio Villa Vargas decayó en plena sala.
Los acusados, que están en calidad de detenidos y los que están con medidas sustitutivas, fueron notificados para responder por los delitos de alzamiento armado, conspiración y organización criminal, según la acusación

sábado, 22 de noviembre de 2014

Fiscalía acusa a 14 personas por el caso terrorismo II

La Fiscalía presentó una acusación formal contra 14 personas por delitos relacionados con el caso terrorismo II, que se origina tras los atentados a la casa del cardenal, Julio Terrazas y a la de Saúl Avalos, así como al operativo en el hotel Las Américas el 16 de abril de 2009, con el saldo de tres muertos y dos sobrevivientes detenidos.

El martes 18, a las 18:00, la comisión de fiscales integrada por Sergio Céspedes, Marco Antonio Rodríguez, Iván Ortiz, Óscar Vera y Javier Flores presentó la acusación ante la jueza cuarto de instrucción de La Paz, Margoth Pérez.

Los acusados son Fernando Paz Serrano, Zvonko Matkovic Fleig, Mario Antonio Herrera Sánchez, Luis Osvaldo Núñez Rivera, Blanca Ruth Lozada, Jeimmy Delboy Callaú, Adoldo Gandarilla Claure, Gladis Argirakis Blacut, Carlos Alberto Guillén Moreno, Hernán Zankiz Salvatierra, Juan Carlos Velarde Roca, Pedro Antonio Yovhío Ferreira, Fernando Hevia Correa y Juan Alberto Kudelka Zalles.

A ellos se los acusa por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, alzamientos armados en contra de la seguridad y soberanía del Estado, conspiración y organización criminal. La acusación fue adjuntada ante la jueza con sendos informes, revelaciones y la conducta individualizada de cada uno de los involucrados.

Cautela y silencio
La nueva acusación ya fue de conocimiento de los implicados, pero algunos mantuvieron cautela y otros optaron por guardar silencio.
EL DEBER se comunicó con el exprefecto Zvonko Matkovic Fleig, pero él, a través de su esposa, manifestó que ya conoció la acusación en su contra, pero que por el momento no hablaría nada del tema.

Del mismo modo se intentó conocer la versión de la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, Blanca Ruth Lozada, pero se nos informó de que estaba de viaje en Estados Unidos. Otros acusados contestaron sus teléfonos, pero pidieron disculpas y argumentaron que dirán su verdad cuando estén frente a los jueces una vez que se inicie el juicio.

Con jueces técnicos
Los fiscales coincidieron en afirmar que solo esperan que la jueza cautelar de La Paz fije hora y fecha para la audiencia conclusiva a fin de dar vía libre al juicio oral y contradictorio de los nuevos imputados.

La novedad es que los acusados serán enjuiciados solo con tres jueces técnicos, pues una reciente ley promulgada por el presidente Evo Morales eliminó a los jueces ciudadanos. El fiscal Iván Ortiz confirmó este dato.

Legitimación, el nuevo delito
Los 14 acusados se suman a los 39 que son procesados en el caso terrorismo I, totalizando 53 personas imputadas, entre hombres y mujeres.

Una nueva figura jurídica fue incorporada en la acusación fiscal por el caso terrorismo II. Se trata de legitimación de ganancias ilícitas, que está contemplada en la Ley de Sustancias Controladas. En su acusación, la Fiscalía incluye numerosos informes sobre movimientos financieros realizados por las 14 personas involucradas.

En las pesquisas también participó personal especializado de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que adjuntó pruebas

martes, 18 de noviembre de 2014

Denuncian corrupción en el proceso de compra de insumos y equipos para la Caja Nacional de Salud

En carta abierta dirigida al presidente Evo Morales, una ciudadana denunció este martes irregularidades en el proceso de licitación para la provisión de insumos médicos y material de rayos X destinados a la Caja Nacional de Salud (CNS) por un valor de 77 millones de bolivianos.

La denunciante sugiere que las investigaciones alcancen a las conexiones telefónicas vía celular para establecer el grado de implicación y relación, tomando en cuenta que hay indicios que se estaría comprometiendo e involucrado al secretario ejecutivo Juan Carlos Trujillo.

COBROS IRREGULARES APREHENDEN A GERENTE DE ADUANA

El gerente regional de la Aduana Nacional en El Alto, Marcelo C. E., fue arrestado al ser encontrado en flagrancia, mientras recibía la suma de 2.000 dólares para agilizar los trámites de importación de un tractocamión, informó ayer el fiscal Marco Antonio Vargas.

El funcionario fue arrestado el domingo en inmediaciones del estadio Hernando Siles, a donde citó a su supuesta víctima a quien inicialmente solicitó la suma de 7.000 dólares.

De acuerdo con el operador de justicia, el funcionario jerárquico fue descubierto en flagrancia, motivo por el fue aprehendido y será puesto a disposición de un juez cautelar para que determine su situación jurídica.

“El sindicado fue arrestado en un operativo encabezado por el Ministerio Público y la fuerza anticrimen. Se aprehendió al responsable de la Regional de la Aduana por cobros irregulares”.

lunes, 17 de noviembre de 2014

Funcionario de la Aduana es detenido por extorsión

Un funcionario de la Aduana Nacional regional de La Paz fue aprehendido este lunes después de ser sorprendido extorsionando al propietario de un tractocamión que fue decomisado por agentes del Control Operativo Aduanero (COA). La presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, brindará mayor información al respecto en las próximas horas en una conferencia de prensa.

Desde la Aduana, han confirmado que ya tenían sospechas de que el funcionario venía realizando supuestos actos corruptos que manchaban la imagen de la institución que lucha contra el contrabando. Por el momento se desconoce el monto que había pedido el aprehendido para la devolución del motorizado decomisado con mercancía ilegal.

Operativos contra el contrabando

El COA y la Aduana Nacional intervinieron la semana pasada en Cochabamba un depósito y sacaron 11 camiones con mercancías consistentes en muebles y juegos ingresados al país de contrabando. Los vehículos fueron trasladados hasta el recinto aduanero Albo S.A. para su posterior inventariación y valoración.

viernes, 14 de noviembre de 2014

En lo que va del año, 5 alcaldes fueron sentenciados en Bolivia



De enero a la fecha, cinco alcaldes fueron sentenciados por diversos delitos, como falsedad material, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado a denuncia del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.

De los cinco con sentencia en primera instancia, cuatro fueron electos, excepto el de Quillacollo. Dos pertenecen a agrupaciones ciudadanas (AC), uno a Unidad Cívica Solidaridad (UCS), otro a Unidad Nacional (UN) y uno al Movimiento Al Socialismo (MAS).

El 18 de mayo, el Tribunal de Sentencia de la provincia Manco Kápac, La Paz, halló culpable al alcalde de Copacabana Juan Armando Callisaya (AC) de los delitos de falsedad material e incumplimiento de deberes y lo sentenció a cuatro años de reclusión. Esa autoridad autorizó el cobro de una tasa ilegal por el ingreso desde Perú de vehículos y personas a la feria binacional semanal.

La denuncia fue presentada por el ministerio anticorrupción, encabezado por Nardi Suxo. El 23 de junio, el Tribunal 4º de Sentencia de Cochabamba sentenció a seis meses de prisión por incumplimiento de deberes a Hugo César Miguel Candia, para entonces exalcalde del municipio de Quillacollo (MAS), y dos exfuncionarios ediles.

Cargos. Los mencionados fueron denunciados en agosto de 2007 por el proceso de contratación de una empresa para proceder al rellenado de un terreno donde se iba a construir el matadero municipal. La Alcaldía pagó Bs 149.622 al contratista, pero el trabajo fue realizado con personal y maquinaria edil.

El 29 de agosto de 2014, el Tribunal 1º de Sentencia de Potosí falló contra Vidal López Pérez (UCS), para entonces exalcalde de Uyuni, por los delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes por la firma de una adenda al contrato con la empresa que proveía el desayuno escolar que elevó el costo en 25%.

La autoridad fue condenada a un año y seis meses de reclusión; los exconcejales Freddy Véliz Michaga, Eusebio Jallasa y Eva Zaconeta Gallardo, que avalaron el contrato, a seis meses de prisión por incumplimiento de deberes y la propietaria de la empresa Catering Crespo Service a un año y seis meses por contratos lesivos al Estado. Según la cartera de Transparencia, correspondía firmar un nuevo contrato debido al incremento del monto total, además se halló que para justificar el alza se usaron planillas adulteradas de la entrega de raciones del desayuno escolar.

El 23 de octubre, el Tribunal de Sentencia de Huanuni, Oruro, emitió sentencia condenatoria contra Freddy Callisaya Chinche, exalcalde de Machacamarca (UN), y Luis Elio Juaniquina Ajhuacho, exoficial mayor técnico, por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, condenándolos a tres años de reclusión. Ambos fueron denunciados por Transparencia a la Fiscalía el 18 de marzo de 2010.

El entonces burgomaestre fue sentenciado por autorizar la contratación de la empresa Conspargon para la ejecución del proyecto “Construcción de Cordones y Aceras Zona Villa Victoria” por Bs 98.000, que carecía de diseños y costos finales, y por autorizar el pago a la firma, dando conformidad a la buena ejecución de la obra, cuando ésta se hallaba inconclusa y con defectos. Su oficial mayor también fue sentenciado por suscribir el acta de entrega definitiva sin observar las falencias del trabajo y por omitir el cobro de la boleta de garantía.

El último alcalde sentenciado es Rogelio Cuéllar Borras (AC), del municipio Yaco, en La Paz, al que se le impuso la pena de tres años de cárcel. En los cinco casos incluidos en un informe de gestión de la ministra Suxo, este diario no logró ubicar a ninguno de los involucrados citados en la nota para conocer su posición.

¿En qué consiste cada delito?

Glosario

Comete falsedad material quien forje un documento o altere uno verdadero. Incumplimiento de deberes, cuando el funcionario omite o retarda actos propios de sus funciones. Contratos lesivos al Estado, cuando a sabiendas se suscribe el documento perjudicial. Uso indebido de influencias, cuando autoridad o funcionario influye para obtener ventajas para si o terceros. Conducta antieconómica, quien por mala gestión u otros causa daño al Estado.

Soza dice que Gary Prado sí participó en caso terrorismo

El exfiscal Marcelo Soza, que se refugió en Brasil luego de afirmar que el Gobierno montó el proceso donde él era el principal acusador, aseveró que es falso el testimonio que comenzó a dar en el juicio por supuesto terrorismo el general en servicio pasivo Gary Prado Salmón, acusado por terrorismo y alzamiento armado.

Soza, que hizo estas afirmaciones en un correo electrónico dirigido a EL DEBER, reconoció que el Gobierno sí pretendía descabezar con este caso la oposición política que se había formado en Santa Cruz, pero aclaró que el general Prado nunca representó una amenaza en este sentido.

Según el exfiscal, el general Prado sí estuvo involucrado con el grupo de Eduardo Rózsa y utilizó un correo electrónico con el sobrenombre de ‘Sucupira’ e hizo desaparecer una computadora desde la que habría salido información en favor de Eduardo Rózsa.

Es más, añadió que sobre las afirmaciones que ahora hace hay informes que respaldan su versión. “Claro que estoy dispuesto a someterme en una balanza para ver qué pesa más, la cobardía y la mentira, o la verdad que es lo que yo siempre he sostenido”, finalizó Soza.

Al ser consultado sobre estas versiones del exfiscal, Gary Prado Salmón respondió: “A ese yo me he cansado de decirle que es un canalla, no vale la pena ni contestarle”.

Audiencia suspendida
Ayer el juicio por supuesto terrorismo no pudo avanzar, ya que las audiencias instaladas por la mañana y por la tarde tuvieron que ser suspendidas por el delicado estado de salud de Ignacio Villa Vargas, que tiene complicaciones por ser diabético.

Gary Prado no pudo continuar con su testimonio iniciado el miércoles, ya que se esperaba que ayer inicie su relato con respecto al momento en que tuvo contacto con Eduardo Rózsa.

Por otra parte, el fiscal Sergio Céspedes, uno de los que llevan adelante el caso por supuesto terrorismo, ratificó que para el Ministerio Público el planteamiento del abogado Rolando Aróstegui, de ir a una conciliación con su cliente Juan Carlos Velarde, es una opción que ellos han descartado por completo y dijo que la única vía para algún posible acortamiento del juicio es un proceso abreviado.

miércoles, 12 de noviembre de 2014

Caso Rózsa Santistevan negó haber guardado armamento

Noticia publicada elEl médico Juan Carlos Santistevan, acusado del caso Rózsa, negó haber guardado armamento de fuego en su casa y menos en su consultorio particular y de la Caja Petrolera de Salud (CPS) de Guaracachi. "Las únicas armas que tengo son para salvar vidas, como estetoscopio o tensiómetro y no armas de muerte", afirmó en su declaración ante el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz a la cabeza del juez Sixto Fernández. Santistevan dijo que las acusaciones en su contra, son producto de la imaginación del exfiscal Marcelo Soza. Asimismo, aclaró que nunca alojó en su domicilio al extinto Eduardo Rózsa y la supuesta célula separatista.

Castedo se abstuvo de declarar. Terminado el turno de Santistevan, el presidente del Tribunal llamó al estrado al expresidente de Cotas, Ronald Castedo, quien después de argumentar su inocencia se abstuvo de declarar. Comentó que por ser obligado a viajar a Tarija, casi pierde la vida. Al levantarse de su silla, se acercó a los fiscales y se abrió la camisa mostrando la cicatriz de su pecho por la operación cardiaca en la que estuvo muerto por más de una hora. Hoy la audiencia es a las 10:00, en la que comenzará su declaración el general Gary Prado Salmón.a

martes, 11 de noviembre de 2014

Aprehenden a la funcionaria Cecilia Urquieta Pardo de la Procuraduría

La asesora legal de la Procuraduría General del Estado, Cecilia Urquieta Pardo, fue aprehendida en las últimas horas por el delito de uso indebido de influencias, toda vez que presentó una credencial del Ministerio de Gobierno caducada donde trabajaba el año pasado para de alguna forma presionar y obtener la libertad de un pariente que fue detenido el pasado fin de semana.


El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Juan Sanjinés, dijo que al promediar las 5.00 horas del sábado la funcionaria de la Procuraduría se apersonó hasta las dependencias policiales para pretender se libere a un amigo.


"Ella quería que se lo libere a su amigo, entonces lo que ha pretendido era, al mostrar la credencial, influenciar un poco. Al hacer uso de ese instrumento que no le correspondía y pretendiendo influenciar un poco ha sido aprehendida", manifestó Sanjinés.


El abogado de la asesora legal de la dependencia estatal, Rodolfo Landaeta, aseguró que su cliente no pretendió realizar ninguna presión para que liberen a su amigo, sino era la única identificación que tenía en ese momento.


"Ella no ha buscado ningún beneficio, lo que ha explicado la señora Urquieta es que se identifique y era el único documento que portaba en ese momento", sostuvo el abogado.


La aprehensión se cumplió en horas de la mañana de este lunes en la ciudad de El Alto para que preste sus declaraciones sobre este caso, donde el Ministerio Público encontró responsabilidad en el delito y decidió la imputación.


Al promediar las 19.15 horas Urquieta fue trasladada desde las celdas policiales, donde se encontraba tras la determinación del Fiscal del caso, hasta las celdas judiciales para esperar la audiencia cautelar a desarrollarse este martes.


Al momento de salir de estas dependencias la sindicada, en contacto con los medios de comunicación, negó haber cometido algún tipo de delito por lo que asumirá las acciones correspondientes para establecer quien se encontraría detrás de la denuncia en su contra.


"Me están tratando como una delincuente cuando yo no he cometido ningún delito, yo no he hecho ninguna agresión a ninguna persona, lo único que he hecho es tratar de ayudar a una persona, puede ser que haya cometido alguna contravención, voy a ser responsable de eso, no he cometido ningún delito", manifestó Urquieta.

Tóásó y Tadic conciliarán si la Fiscalía retira la acusación

El planteamiento hecho por el abogado Rolando Aróstegui de propiciar una conciliación con la Fiscalía para posibilitar el fin del enjuiciamiento en contra de su defendido, Juan Carlos Velarde, aún sigue generando reacciones entre los otros coimputados del juicio por supuesto terrorismo.

Ayer, a través de sus abogados, Mario Tadic y Elöd Tóásó, sobrevivientes del operativo realizado en el hotel Las Américas en abril de 2009, le hicieron saber al Ministerio Público que la única posibilidad de que ellos acepten ir a una conciliación es si se retira la acusación de la Fiscalía en su contra.

Gianni Prado, abogado de Tadic, explicó que los fiscales pueden retirar la acusación en cualquier momento del proceso y agregó que solo de esta manera se podría aceptar una conciliación. Además, Prado afirmó que dentro de esta posible negociación se debe considerar el resarcimiento de daños que el Estado debería pagar a su cliente, por los años de presunta detención indebida.

Por su parte, la abogada de Tóásó, Érika Oroza, pidió no tergiversar el procedimiento planteado por Aróstegui y afirmó que una conciliación no significa un procedimiento abreviado, en el cual el acusado acepta ser culpable del delito por el que se lo sindica.

“Solo aceptaríamos conciliar si se retira la acusación, que, como lo indicó el exfiscal Marcelo Soza, fue realizada de manera ilegal”, indicó la jurista y recordó que una situación similar sucedió en La Paz, en un caso en el que estaba involucrado el alcalde de Patacamaya.

Reacción fiscal
El representante del Ministerio Público, Sergio Céspedes, recordó que no fueron los fiscales los que plantearon la conciliación y afirmó que la acción penal en contra de los 39 acusados de terrorismo y alzamiento armado tiene como sustento pruebas de la presunta acción ilícita.
“Está muy lejos de nuestra voluntad retirar la acusación”, enfatizó Céspedes ayer en la reinstalación del juicio por supuesto terrorismo.

Por su lado, el fiscal Marco Antonio Rodríguez, parte de la comisión de acusadores, indicó que resulta poco probable llegar a una conciliación en este caso, ya que recordó que los delitos por los que se juzga a los procesados tienen como principal víctima al Estado.

Por otra parte, como parte de la prosecución del juicio oral continuó respondiendo las preguntas de la Fiscalía el médico Juan Carlos Santiesteban.

El galeno, que conoció a Eduardo Rózsa cuando estuvo en nuestra capital, indicó que poco después del operativo en Las Américas, hubo gente que le aconsejó salir del país, petición a la que él no accedió

domingo, 9 de noviembre de 2014

Caso Rózsa Niegan libertad a Ignacio Villa Vargas

El juez Quinto de Sentencia de Santa Cruz, Adhemar Suárez, negó la acción de libertad por una cuestión de salud, a Ignacio Villa Vargas, más conocido como "El Viejo", acusado en el juicio del caso Rózsa.

Ante el fallo del juzgador, el abogado defensor Guido Colque, le advirtió, "que si se muere (Villa Vargas) usted será el responsable".

El jurista lamentó que se le niegue la atención médica a su cliente, debido a que su situación de salud es muy grave y puede correr riesgo su vida.

Colque cuestionó la serie de requisitos por el juez Suárez para que Villa Vargas pueda salir del penal de Palmasola a un centro médico, perjudicando su atención inmediata. Como se conoce, Villa Vargas sufre de diabetes aguda e hipertensión arterial, por lo que tiene de manera permanente atención médica.

sábado, 8 de noviembre de 2014

Conciliación avalará montaje y crímenes de Las Américas

Tres abogados del caso Rózsa aseguran que la conciliación planteada por la defensa de Juan Carlos Valverde y a la que se adhirieron otros tres imputados podría avalar el montaje del Gobierno y las muertes en el hotel Las Américas.

El jurista Gary Prado Araúz dijo que la única conciliación que se podría aceptar, es que se extinga el proceso después de haberse cumplido los plazos procesales.

Sin embargo, recalcó que hay un interés tanto del Ministerio Público como del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que es llegar a un juicio abreviado.

"Es imposible negociar la inocencia de los acusados, por lo tanto el que pida proceso abreviado es un suicida, porque está prácticamente demostrado que este caso es un montaje", afirmó Prado.

Dijo que la conciliación es cuando las partes, tanto acusados como acusadores, llegan a un acuerdo respecto a los agravios de la víctima y los delitos que persiguen los querellantes. En el juicio que patrocina, dijo que la única supuesta víctima es el cardenal Julio Terrazas y el Ministerio de Gobierno se metió por la ventana, pero la entidad gubernamental no recibió ningún agravio y la autoridad eclesiástica decidió no acusar. Por ello, considera que la conciliación es una figura muy difícil de aplicar en el proceso actual.

El pasado 31 de octubre, el abogado Rolando Aróstegui, patrocinante de Juan Carlos Velarde, titular de Cotas, pidió conciliación al Tribunal, propuesta a la que se adhirieron los acusados Hugo Melquiades Vásquez, Carlos Eduardo Pereira e Ignacio Villa Vargas.

Sería una traición a Santa Cruz. Asimismo, Otto Ritter, abogado patrocinante del general Gary Prado Salmón, dijo que aceptar conciliación y juicio abreviado, sería una traición a Santa Cruz por parte de "Los Caballeros del Oriente", en alusión a una de las logias de la capital cruceña.

Aclaró que en una conciliación ambas partes ceden y el interés de los acusadores, es llegar a una declaración de culpabilidad y establecer penas más leves.

Indicó que la consecuencia de aquello, es que si alguien se declara culpable de un hecho ficticio, estaría dando certeza al Tribunal de que fue verdad y con ello, habría sentencia condenatoria para todos los acusados.

Además, explicó Ritter, eliminaría la posibilidad de un juicio internacional por parte de aquellos que se sometan a este proceso en contra del Gobierno boliviano.

También quedaría una mancha histórica contra Santa Cruz, "porque el día de mañana cuando los cruceños quieran reclamar algo, nos tacharían de separatistas o terroristas, porque ya existe sentencia condenatoria".

Suárez descarta la conciliación. Por su parte, Verónica Suárez, abogada del excívico beniano, Alberto Melgar, descartó que su cliente se someta a una conciliación y menos a un juicio abreviado. "Mi condición era que se declare inocente y se lo separe del proceso al ingeniero Melgar, porque es inocente, pero como el Ministerio Público lo rechazó, queremos que el juicio siga su curso de manera normal", afirmó la jurista. Suárez coincidiendo con su colega Gary Prado, enfatizó que aceptar un juicio abreviado sería una especie de suicidio.

Consecuencias
Un sentenciado no puede pedir asilo político

Efecto internacional. El analista en relaciones internacionales Hugo Siles, afirmó que una persona sentenciada por terrorismo o delitos de lesa humanidad, está imposibilitada de pedir asilo o refugio político en otro país.

El experto considera que esa decisión es parte de las convenciones internacionales de las Naciones Unidas, al considerar esta tipificación delictiva como una de las más graves a nivel internacional.

Aclaró que esa disposición de las naciones del mundo, es siempre y cuando la persona acusada tenga una sentencia condenatoria.

El Código Penal boliviano tiene como sentencia mínima 15 años y como máxima 20 años a que hayan cometido terrorismo.

Plantearon la conciliación

Juan Carlos Velarde. Presidente de Cotas. Es el primer acusado a través de su abogado Rolando Aróstegui, que sugirió la figura de la conciliación.

Ignacio Villa Vargas. Su abogado Guido Colque, se adhirió a la propuesta de Aróstegui. Villa conocido como El Viejo, fue el primer 'testigo clave' del Gobierno.

Carlos Eduardo Pereira. Funcionario de Cotas y acusado del caso Rózsa, se adhirió a la propuesta de Aróstegui a través de su abogado David Molina.

Hugo Melquiades Vásquez. Funcionario de Cotas y acusado del caso Rózsa, se adhirió a la propuesta de Aróstegui por su abogado Rossier Molina.

viernes, 7 de noviembre de 2014

ANB expulsará a corruptos

La Aduana Nacional, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz y la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana formularán un plan de acción para combatir la corrupción en el comercio exterior del país. La presidenta de la entidad estatal, Marlene Ardaya, anunció que tras identificar a los corruptos en la entidad procederá con su destitución. Tuvo lugar este miércoles el seminario-taller sobre “Mecanismos y Herramientas para la presentación de denuncias” en las instalaciones de la Corporación de Comercio Exterior y Administración (Ccead ) de Santa Cruz, donde ambas partes acordaron llevar adelante varias iniciativas.

Ardaya señaló que a partir de este evento se pretende perfeccionar acciones concretas en esta materia. La autoridad manifestó que la corrupción se produce “en la cadena logística donde intervienen importadores, agentes despachantes, almaceneros y en esa cadena se la identificará”, advirtió.

PRIVADOS

Por su parte, el titular de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Gabriel Dabdoub, indicó que su organización empresarial respaldará este proceso de lucha contra la corrupción así como el contrabando. “Creo que llegamos a compartir lo que es el tema de (lucha) contra la corrupción entre todos y pasa por escuchar a la parte técnica de la Aduana. Si la Presidenta dice que hay que combatir el contrabando y la corrupción hay que hacerlo todos” indicó.

CORRUPCIÓN

Ardaya dijo que partir de estos eventos está previsto endurecer los documentos de ética y expulsar gente corrupta, asimismo, las Unidades de Anticorrupción de la Administración Aduanera van implementar un formulario donde podrán saber quién visita a quién y con qué periodicidad.

jueves, 6 de noviembre de 2014

Aduana tiene en la mira a ‘corruptos’

La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) alista una revolución interna para castigar a los funcionarios que sean encontrados in fraganti en actos de corrupción.

Para tal efecto, una de las principales acciones fue la firma del convenio de cooperación con el Ministerio Púbico, a través del Fiscal General de la Nación. “Existen en este momento fiscales y jueces anticorrupción, esto implica un gran avance para la administración aduanera”, dijo la titular de la ANB, Marlene Ardaya.

Agregó que hay cinco funcionarios en la mira que en las próximas 48 horas serán sentenciados. Además identificarán temas de corrupción en la cadena logística. Asimismo, solicitan que el Código de Ética de los agentes del comercio tiene que endurecerse un poco más y tienen que expulsar a los corruptos /HHG

Transparencia logra 100 sentencias en 14 años

El Ministerio de Transparencia consiguió, desde el 2006, 100 sentencias contra exfuncionarios públicos por delitos de corrupción, informó la ministra de esa cartera, Nardy Suxo.
La sentencia número 100 es contra el excontador del municipio de Calacoto de La Paz, Efraín Flores León, a quien el juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal lo condenó a dos años de prisió en el penal de San Pedro. El acusado se sometió a un juicio abreviado.
La denuncia de este caso fue presentada en 2009 en contra de tres personas, entre ellas el exalcalde del municipio de Calacoto y el representante de la empresa VMC encargada de la construcción del puente vehicular Villa Belén de esa localidad. Los funcionarios públicos y el representante de la constructora fueron imputados por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Suxo resaltó el caso Catler que también llegó a sentencia y donde está condenado el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), Santos Ramírez, a 12 años de presidio en el penal de San Pedro de La Paz. Asimismo, dijo que existen otros procesos penales en contra el extitular de la petrolera estatal, según reporte de ANF.
La ministra dijo que aún existe 388 casos en proceso de investigación de los cuales se pedirá que los jueces y fiscales apliquen la nueva Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal para obtener la sentencia en contra los funcionarios públicos sindicados de cometer hechos de corrupción.
"Tenemos mayor dificultad en las audiencias conclusivas, eso es un gran cuello de botella, las audiencias conclusivas no se las lleva inmediatamente”, dijo.

miércoles, 5 de noviembre de 2014

Caso Terrorismo Exfuncionarios de Cotas negocian sentencia


EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA, SIXTO FERNÁNDEZ.

Aún sin conocer los detalles, el abogado Otto Ritter informó ayer que tres exfuncionarios de Cotas, implicados en el caso Terrorismo, se encuentran en tratativas para “negociar su inocencia”, lo cual fue confirmado a EL DIARIO por el presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, en sentido de que estos habrían solicitado al Ministerio Público audiencia de conciliación.

Fernández señaló que todas las personas que están procesadas en este caso tienen el derecho de solicitar salidas procesales, según dispone la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal Nº334.

La autoridad judicial admitió conocer de procesados que solicitaron acogerse a este recurso y sería el Ministerio Público quien haga la evaluación, sin embargo, evitó dar sus nombres.

En contacto con EL DIARIO, Ottor Ritter, abogado de Gari Prado Salmón, uno de los implicados, mencionó que los solicitantes serían los exfuncionarios de Cotas, Juan Carlos Velarde (expresidente de Cotas), Hugo Melquiades y Marcelo Terceros Pereira.

Ritter afirmó que estos son conocidos como “el batallón de los mudos, porque nunca hablan nada” y que no tiene conocimiento de qué se estarían negociando pero que esta resolución debe ser trasladada a la logia de los “Caballeros del Oriente”.

Por otro lado, se conoce que los defensores de Ignacio Villa Vargas, Alberto Melgar y otros imputados se sumaron a este pedido.

PROCESO

El juez Fernández sostuvo que en caso de que alguno de los acusados decidiera someterse a este procedimiento deberán, a través de sus abogados, realizar varios requisitos para aceptar la culpabilidad y beneficiarse con la reducción de las penas.

“Esta ley ya está en vigencia, por lo tanto son las partes quienes podrán analizar y ver las posibilidades de acogerse a las salidas que esta norma ofrece. Eso es a criterio de las partes, es una situación que el juez valorará en el momento que se presente hasta antes de dictar sentencia puede ver algún tipo de salida dentro del proceso en este caso del juicio oral, esto está sujeto a la voluntad criterio y análisis que hagan las partes dentro del proceso mediante sus abogados”, dijo.

La normativa tiene el propósito de limpiar los juzgados de la retardación de justicia en causas penales, para lo cual también se otorga un plazo de 15 días a los jueces de instrucción penal a conminar a los fiscales de todo el país para que en un plazo de 25 días identifiquen los casos preliminares que estuvieron paralizados hace un año, a fin de que sean publicados antes de su archivo.

Una vez cumplidos ese procedimiento, las víctimas tendrán un plazo de 10 días hábiles para activar el proceso y, vencido el tiempo, el fiscal de materia dispondrá el archivo de obrados.

Si en el plazo de un año computable desde la notificación con el archivo de obrados, el caso no es reactivado, se extinguirá la acción penal de oficio, previa notificación a la víctima.

sábado, 1 de noviembre de 2014

Proponen conciliación a tribunal de caso Rózsa

Con el fin de acelerar el proceso, el abogado Rolando Aróstegui, propuso al Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que el juicio del caso Rózsa, se resuelva a través de la conciliación entre las partes.

Esto enmarcado en la que manda la nueva Ley de "Descongestionamiento Procesal Penal", para que a través del acuerdo entre los acusadores y los acusados, se dicte una sentencia.

Ante la proposición de Aróstegui, defensor de Juan Carlos Velarde, presidente de Cotas, se adhirieron los juristas Rossier Molina, y David Molina, quienes patrocinan a los acusados Hugo Melquiades Vásquez y Carlos Eduardo Pereira, respectivamente.

También lo hizo, Guido Colque, representante legal de Ignacio Villa Vargas.

Verónica Suárez, defensora del excívico beniano, Alberto Melgar, apoya la propuesta, con la condición de sacar del proceso a su cliente y resarcirle por los daños por dos años y dos meses con detención preventiva y ocho meses de arresto domiciliario.

Sin embargo, el condicionamiento de Suárez fue rechazado por el Ministerio Público a través del fiscal Óscar Vera, quien calificó de insulsa la iniciativa de Suárez, pero se comprometen a analizar la posibilidad de conciliación.

Mientras que Gary Prado Araúz, a nombre de sus defendidos Marco Monasterio, Elöd Tóásó, Mario Tadic y Zoilo Salces, dijo que merece un profundo análisis.

"Hay que estudiar con más detalle la ley, para ver hasta dónde favorece un proceso conciliatorio, porque conciliar es que ambas partes ceden en algo. ¿Acaso vamos a ceder (sobre) la inocencia de los acusados?", cuestionó Prado. El Tribunal, a la cabeza de Justo Sixto Fernández, todavía no tomó ninguna determinación al respecto de la conciliación entre las partes.

Se acogieron al silencio. Por otro lado, dentro del derecho constitucional que les asiste, los acusados que se acogieron al silencio fueron Velarde y Salces.

Sin embargo, antes de asumir su derecho, el coronel Salces negó su anterior declaración cuando fue detenido, al sostener que fue presionado por el exfiscal Marcelo Soza y decidió hacerle caso por "ingenuidad estúpida".

Además el imputado negó las acusaciones en su contra, como el de haber proporcionado mapas cartográficos y haber escrito supuestamente a Eduardo Rózsa con el seudónimo de "Comandante Germán".

Santistevan prefirió declarar. El médico Juan Carlos Santistevan prefirió declarar y alegó inocencia de los delitos que le imputan en el caso. Santistevan dijo que su delito fue ser médico y jefe de la Falange Socialista Boliviana (FSB), pero jamás intentó separar a Bolivia y menos promover el alzamiento armado en el país.

Cumplida la hora establecida, el juez Fernández dictaminó cuarto intermedio hasta el lunes 10 de noviembre a las 15:30 en el segundo piso del Palacio de Justicia de Santa Cruz.

Ley 334
Las partes podrán promoverlo

Ley 334. Artículo 327. I. Siempre que sea previsible la conciliación, el fiscal de oficio debe promover iniciada la investigación y durante la etapa preparatoria en plazo máximo de 3 meses a partir de emitida la imputación formal; debiendo hacer conocer al juez el resultado. II. El juez promoverá la conciliación antes de efectuar la conminatoria por vencimiento del término de investigación. III. Las partes podrán promover la conciliación en cualquier momento.

Dos policías van a prisión por presunta corrupción

Dos policías acusados de corrupción en función del cargo que poseen fueron enviados a la cárcel de Arani, ubicada en la provincia del mismo nombre del departamento de Cochabamba, informó ayer el comandante departamental de la Policía, Marcelino Mérida.
La autoridad explicó que el informe del caso le fue entregado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Cliza. En él se le reporta que los dos funcionarios policiales fueron aprehendidos a requerimiento del Ministerio Público.
"La sargento Marlene C. M. y Carlos S. M. han sido aprehendidos y la fiscal asignada a la investigación los puso a disposición de un juez cautelar, quien determinó dentro de su resolución, como medida preventiva, que se detenga a ambos en la cárcel de Arani”, dijo Mérida.
Los uniformados encarcelados fueron imputados por los presuntos ilícitos de cohecho pasivo y propio, beneficios en razón del cargo, incumplimiento de deberes y consorcio de abogados. Estos delitos tienen penas que van desde el mes a los seis años de prisión.
"No vamos a permitir como institución policial ningún hecho de corrupción, los mismos van a ser investigados si es que son denunciados, por eso es que permanentemente se instruye a los comandantes para que ejerzan un control estricto del personal que tienen bajo su control”, advirtió el jefe policial del departamento cochabambino.