La exdirectora general de Dircabi Mirtha Jiménez se presentó ayer a declarar ante el Ministerio Público en Santa Cruz en calidad de sindicada. Una vez que terminó de brindar la información que le pidieron se la dejó en libertad.
"En la mañana se le tomó la declaración. Ella está denunciada por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en un caso que tiene que ver con el tema Ostreicher. Se determinó que ella continúe con libertad ya que desvirtuó riesgos procesales (como fuga u obstaculización de la investigación)”, informó ayer el fiscal Luis Montaño.
Hace varias semanas que Jiménez se había excusado de asistir a declarar por problemas de salud.
El nuevo director de Dircabi, Marcelo Gutiérrez, consideró que esto era una forma de obstaculizar el avance de las investigaciones.
Ayer la exfuncionaria no sólo declaró como sindicada de impedir durante seis años la monetización del arroz incautado a Jacob Ostreicher en 2011, sino también como testigo en el desvío de tres camiones confiscados en Santa Cruz. Para hoy se prevé que ella se presente de nuevo para declarar como sindicada en otro proceso por la corrupción hallada en Dircabi.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer que las auditorías que se iniciaron en abril en las diferentes dependencias de Dircabi aún continúan. "Si encontramos responsabilidades, instauraremos procesos penales contra quien corresponda. A mí me interesa que se escudriñe lo mejor posible”.
miércoles, 31 de mayo de 2017
Caso Zapata: Gobierno presume que Walter Zuleta dejó Perú
La Policía todavía no dio con el paradero de Walter Zuleta, exabogado de Gabriela Zapata, y el Gobierno boliviano sospecha que ya no se encuentra en Perú, país donde inicialmente se presumía que huyó.
La información la dio a conocer el propio ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien al ser consultado si es cierta la versión de que Zuleta habría dejado Perú, respondió: "extraoficialmente, sí”.
Entre tanto, continúa vigente la orden de captura de Zuleta, que está implicado en el denominado caso Zapata y por el que fue sentenciado a tres años de prisión. Romero expresó que se requiere de la colaboración de las autoridades de Interpol.
En una reciente declaración pública, Zuleta dijo que no volverá a Bolivia y anunció que a través de sus abogados en Bolivia apelará la determinación que asumió el Tribunal Anticorrupción Primero de Sentencia.
Zuleta consideró que en Bolivia se están registrando casos de "ajusticiamiento de delincuentes políticos” y supuestamente se retrocedió a los años de los gobiernos de facto.
El ministro consideró que Zuleta, si no está implicado en el caso Zapata, debería presentarse ante la justicia boliviana porque mientras siga como fugitivo no tendrá validez ninguna de sus declaraciones ante los medios de comunicación.
Entre tanto, para la tarde de este miércoles, las autoridades del Tribunal Anticorrupción fijaron el procedimiento de la lectura íntegra de la sentencia condenatoria que se dispuso en contra de Zuleta, Zapata y otras personas implicadas en delitos de legitimación de ganancias, uso indebido de bienes y servicios público, entre otros delitos.
Además, Zuleta es vinculado en el delito de trata y tráfico de personas porque supuestamente, cuando era abogado de Zapata, fue parte de un plan para hacer pasar a un niño ajeno como hijo del presidente Evo Morales.
La información la dio a conocer el propio ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien al ser consultado si es cierta la versión de que Zuleta habría dejado Perú, respondió: "extraoficialmente, sí”.
Entre tanto, continúa vigente la orden de captura de Zuleta, que está implicado en el denominado caso Zapata y por el que fue sentenciado a tres años de prisión. Romero expresó que se requiere de la colaboración de las autoridades de Interpol.
En una reciente declaración pública, Zuleta dijo que no volverá a Bolivia y anunció que a través de sus abogados en Bolivia apelará la determinación que asumió el Tribunal Anticorrupción Primero de Sentencia.
Zuleta consideró que en Bolivia se están registrando casos de "ajusticiamiento de delincuentes políticos” y supuestamente se retrocedió a los años de los gobiernos de facto.
El ministro consideró que Zuleta, si no está implicado en el caso Zapata, debería presentarse ante la justicia boliviana porque mientras siga como fugitivo no tendrá validez ninguna de sus declaraciones ante los medios de comunicación.
Entre tanto, para la tarde de este miércoles, las autoridades del Tribunal Anticorrupción fijaron el procedimiento de la lectura íntegra de la sentencia condenatoria que se dispuso en contra de Zuleta, Zapata y otras personas implicadas en delitos de legitimación de ganancias, uso indebido de bienes y servicios público, entre otros delitos.
Además, Zuleta es vinculado en el delito de trata y tráfico de personas porque supuestamente, cuando era abogado de Zapata, fue parte de un plan para hacer pasar a un niño ajeno como hijo del presidente Evo Morales.
Rozsa Denver Pedraza confirma que todo fue montado por el gobierno
El abogado Denver Pedraza, ex asistente de Alcides Mendoza y luego de Juan Carlos Guedes Bruno, en la audiencia ante el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, en calidad de testigo de descargo del caso Rozsa, reveló que dicho proceso que se prolonga mas de ocho años fue montado por el gobierno.
Sustentó su afirmación, mediante un largo testimonio, que Raúl Garcia Linera (hermano del vicepresidente Alvaro García Linera), fue el intelectual quién manipuló y montó este caso junto a sus operadores cercanos, entre ellos, el supuesto coronel Luis Nolberto Clavijo que el día de los hechos del Hotel Las Américas, estuvo alojado en dicho recinto.
“Yo creo que no existe un caso terrorismo. Según me parecer que todo ha sido montado para acallar a la oposición por este gobierno. Por lo menos es lo que yo veo solamente fue para incriminar y orretear a algunas autoridades y poder silenciarlo”, señaló Pedraza.
Además, señaló que Clavijo debió estar preso, primero por hacerse pasar por coronel y luego resultó ser un simple abogado que operaba por encima de inteligencia, inclusive por encima de la UTARC. “Con todo esto, este caso creo que 'cuantoá' (en modismo camba) se ha caído. Si el proceso se acabará en que quedaría los muertos o quién se haría cargo de esos hechos. Yo creo que el MAS y el gobierno se cuida de la imagen internacional para evitar futuros procesos penales a nivel internacional por los hechos de asesinato”, señaló.
Pedraza, enfatizó además que como ciudadano estuvo presente, sin torcer la verdad ni para la derecha ni izquierda, solo para saber la verdad. “He venido para que la población sepa la verdad. Imagínese que yo tengo que morirme mañana, por lo menos he dicho la verdad, no tengo miedo a sostener lo que dije donde sea y cuando sea”, apuntó.
El testigo de descargo propiciado por la defensa de Alcides Mendoza, con respecto a lo dicho por Raul García Linera, en sentido que no lo conocía a Denver Pedraza, éste desafió ante el presidente del Tribunal Primero de Sentencia, Sixto Fernandez, ir a un careo con el hermano del vicepresidente. “Si dice que no me conoce, estoy dispuesto a ir a un careo en este mismo lugar”, ratificó en contacto con El Día.
Sustentó su afirmación, mediante un largo testimonio, que Raúl Garcia Linera (hermano del vicepresidente Alvaro García Linera), fue el intelectual quién manipuló y montó este caso junto a sus operadores cercanos, entre ellos, el supuesto coronel Luis Nolberto Clavijo que el día de los hechos del Hotel Las Américas, estuvo alojado en dicho recinto.
“Yo creo que no existe un caso terrorismo. Según me parecer que todo ha sido montado para acallar a la oposición por este gobierno. Por lo menos es lo que yo veo solamente fue para incriminar y orretear a algunas autoridades y poder silenciarlo”, señaló Pedraza.
Además, señaló que Clavijo debió estar preso, primero por hacerse pasar por coronel y luego resultó ser un simple abogado que operaba por encima de inteligencia, inclusive por encima de la UTARC. “Con todo esto, este caso creo que 'cuantoá' (en modismo camba) se ha caído. Si el proceso se acabará en que quedaría los muertos o quién se haría cargo de esos hechos. Yo creo que el MAS y el gobierno se cuida de la imagen internacional para evitar futuros procesos penales a nivel internacional por los hechos de asesinato”, señaló.
Pedraza, enfatizó además que como ciudadano estuvo presente, sin torcer la verdad ni para la derecha ni izquierda, solo para saber la verdad. “He venido para que la población sepa la verdad. Imagínese que yo tengo que morirme mañana, por lo menos he dicho la verdad, no tengo miedo a sostener lo que dije donde sea y cuando sea”, apuntó.
El testigo de descargo propiciado por la defensa de Alcides Mendoza, con respecto a lo dicho por Raul García Linera, en sentido que no lo conocía a Denver Pedraza, éste desafió ante el presidente del Tribunal Primero de Sentencia, Sixto Fernandez, ir a un careo con el hermano del vicepresidente. “Si dice que no me conoce, estoy dispuesto a ir a un careo en este mismo lugar”, ratificó en contacto con El Día.
Caso taladros: declaración ampliatoria para dos aprehendidos
El Ministerio Público escucha en La Paz, las declaraciones ampliatorias de dos de los cuatro aprehendidos el martes en Santa Cruz por el caso de la licitación para la compra de taladros de la empresa italiana Drillmec.
Los funcionarios suspendidos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el vicepresidente Administrativo de Contratos y Fiscalización, Bigmarck Serrano Parada, al Gerente de Perforación Corporativa, David Pérez Alba, requirieron declaración ampliatoria. Mientras que los abogados de la Unidad Jurídica de YPFB, Félix Bustos Martin y Gizel Siles Roca, se mantienen en calidad de aprehendidos.
Todos eran miembros del Comité de Licitación y que fueron trasladados a la Sede de Gobierno esta mañana.
Luego de su primera declaración en la capital oriental, la Comisión de fiscales, conformada por Ruddy Terrazas y Ramiro Jarandilla, decidió la aprehensión por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y encubrimiento, al beneficiar a la empresa italiana Drillmec.
Separan a Santisteban del juicio oral del caso Terrorismo
El Tribunal Primero de Sentencia, de La Paz, resolvió este martes separar al imputado Juan Carlos Santisteban del juicio oral de investigación del supuesto caso terrorismo por motivo de enfermedad.
De acuerdo con un comunicado, se pudo constatar que el procesado se encuentra con tres operaciones quirúrgicas y evidenció que su estado de salud se encuentra cada vez deteriorándose.
"Se da la aplicación al artículo 336 del código de procedimiento penal, con el objeto de dar continuidad al juicio oral, en estricta aplicación de la norma, este tribunal dispone la separación del juicio de Juan Carlos Santisteban, mismo que será procesado cuando se recupere", señala un comunicado.
Añade que el juicio continuará su curso en presencia de los co-procesados, hasta su conclusión con la prueba aportada
El alcalde Mérida tiene nuevo proceso
El alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, tiene 18 procesos legales en su contra. Ayer, en la sala de Instrucción Penal Nro 1 del juzgado de ese municipio se realizó la audiencia de medidas cautelares contra esa autoridad y el director de Recursos Humanos, Javier Gutiérrez, por presunto delito de corrupción tipificado como uso de bienes y servicios públicos referente a una convocatoria de personal para un paro cívico. Sucedió el 19 de octubre de 2016.
Tras aproximadamente 15 minutos, la jueza Marisol Garcia determinó la suspensión de la audiencia ante la inasistencia justificada del Alcalde, quien viajo a La Paz para notificar a las autoridades gubernamentales y asegurar su presencia en la audiencia del Playón de Marquina, que se realizará el 1 de junio.
El 14 de junio se instalará la audiencia de medidas cautelares del presente proceso legal.
Tras aproximadamente 15 minutos, la jueza Marisol Garcia determinó la suspensión de la audiencia ante la inasistencia justificada del Alcalde, quien viajo a La Paz para notificar a las autoridades gubernamentales y asegurar su presencia en la audiencia del Playón de Marquina, que se realizará el 1 de junio.
El 14 de junio se instalará la audiencia de medidas cautelares del presente proceso legal.
Petrocontratos: Fiscalía pide a Tribunal instalar el juicio
El fiscal superior José Manuel Gutiérrez pidió ayer al presidente del Tribunal de Juicio, Fidel Tordoya, que instale el proceso contra los expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Tuto Quiroga, y otros involucrados en el denominado caso petrocontratos.
En conferencia de prensa, explicó que las resoluciones judiciales no son revisables, por lo que el error del presidente del Tribunal de Juicio, en la convocatoria de un magistrado, por cuestión de género, no puede frenar el proceso.
“Creemos que se está actuando con poca seriedad en algunas cuestiones; sin embargo, las decisiones judiciales ya no son revisables en esta instancia, hemos hecho lo que teníamos que hacer y esperamos que se tome con seriedad por parte del Tribunal Supremo y se instale a la brevedad posible”, dijo.
Advirtió que el pedido de alternancia de género planteado por la defensa de Jorge Quiroga no es más que una argucia para frenar el inicio del proceso por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
En 2011, la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizó el juicio de responsabilidades por el denominado caso petrocontratos, que involucra a los expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge Tuto Quiroga, y a los exministros de Hidrocarburos Jorge Berindoague y Carlos Alberto Contreras Del Solar.
En conferencia de prensa, explicó que las resoluciones judiciales no son revisables, por lo que el error del presidente del Tribunal de Juicio, en la convocatoria de un magistrado, por cuestión de género, no puede frenar el proceso.
“Creemos que se está actuando con poca seriedad en algunas cuestiones; sin embargo, las decisiones judiciales ya no son revisables en esta instancia, hemos hecho lo que teníamos que hacer y esperamos que se tome con seriedad por parte del Tribunal Supremo y se instale a la brevedad posible”, dijo.
Advirtió que el pedido de alternancia de género planteado por la defensa de Jorge Quiroga no es más que una argucia para frenar el inicio del proceso por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
En 2011, la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizó el juicio de responsabilidades por el denominado caso petrocontratos, que involucra a los expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge Tuto Quiroga, y a los exministros de Hidrocarburos Jorge Berindoague y Carlos Alberto Contreras Del Solar.
martes, 30 de mayo de 2017
Zapata será la única en permanecer en prisión
Gabriela Zapata Montaño será la única de los seis condenados en el caso de enriquecimiento ilícito que permanecerá recluida en el penal de Miraflores, en La Paz. Otros cuatro acusados tramitan la apelación a sus penas, mientras que el abogado Wálter Zuleta descartó regresar al país. La defensa de la expareja del presidente Evo Morales alista tres recursos para salir libre.
Cristina Choque, exdirectora de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia; Jimmy Morales, chofer de esa unidad; Ricardo Alegría, supuesto socio de Zapata; Marvín Ramírez, también fungió como socio de la principal acusada, tramitan recursos para quedar en libertad, a pesar de la sentencia que recibieron por el caso Zapata.
La abogada Martha Requena, defensora de Choque, anunció que se agotarán instancias para que su clienta reciba libertad irrestricta, ya que por ahora tiene detención domiciliaria. “Haremos que se revoque esa sentencia; buscaremos que se considere el año y dos meses que mi cliente estuvo en el Centro de Orientación Femenina”, remarcó la jurista.
Choque fue sentenciada el lunes a cuatro años de prisión por los delitos de asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos. Los acusados tienen dos recursos para obtener libertad, a pesar de la condena. La primera es la apelación restringida, que debe ser presentada ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. La segunda apunta al Tribunal Supremo de Justicia y es el recurso de casación.
Las condenas
Gabriela Zapata fue sentenciada a 10 años de prisión por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Mientras que Alegría y Ramírez tienen condena de dos años de cárcel y Morales, tres años de prisión. Además, Zuleta, que ahora busca refugio en Perú, tiene sentencia de tres años de privación de libertad.
El abogado de Zapata, Jorge Tamayo, anunció acciones para apelar el dictamen y un juicio al juez que dictó la sentencia por negarle a su clienta el derecho debido a la defensa.
“Activaremos los medios de defensa para hacer valer, primero, la apelación; posteriormente, y si es necesario, la casación y si mi cliente acepta, vamos a acudir a las medidas disciplinarias y de corrección sancionatorias que dispone el Consejo de la Magistratura por violentar derechos y garantías constitucionales”, destacó el abogado Tamayo.
Al respecto, el abogado Ernesto Jáuregui, patrocinante de Ricardo Alegría, señaló que tiene 15 días para apelar el fallo del juzgado anticorrupción; sin embargo, adelantó que se presentará la apelación restringida para que su cliente salga libre.
Alegría fue acusado de tráfico de influencias por haber sido parte del proceso de favorecimiento a la empresa China CAMC, compañía asiática que firmó millonarios contratos con el Estado y de la cual Zapata era gerenta comercial.
Mientras que a Ramírez se lo acusa de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, uso indebido de bienes del Estado y uso indebido de influencias, estos dos últimos en calidad de cómplice.
En contacto con EL DEBER, desde Lima, el abogado Zuleta descartó su retorno a La Paz para presentar el recurso de apelación y afirmó que el fallo tuvo un tinte político.
“Se predeterminó que iban a tener culpables en este caso, eso se lo dispuso y no hubo valoraciones en qué grado participa uno. En mi caso me sorprende que me hayan enjuiciado en ausencia”, dijo Zuleta.
Zuleta: “De ninguna manera regresaré a Bolivia”
Radica en Lima; no se sorprendió por la sentencia de tres años de cárcel que emitió el juzgado en el caso Zapata.
_ ¿Cómo recibió la sentencia de tres años?
No me sorprendió. Era un tema que se veía venir. No olvidemos que el proceso estuvo con anuncios por parte de autoridades políticas del país que se ocuparon de escribir dos libros, de hacer una película para predeterminar que tenía que haber culpables en este proceso. No había opción que un juzgado pudiera mover tan solo un centímetro de lo que pidió la Fiscalía. Me llamó la atención que me sindiquen de ganancias ilícitas, cuando hace una semana se descartó que haya ganancias ilícitas en este proceso. Además, se me juzgó en ausencia, cuando ni a altas autoridades de Gobierno se les hizo eso.
_ ¿Usted tuvo representación en el juicio?
No, se me atribuyó un abogado de oficio. Nunca encontré un abogado de oficio porque todos tienen miedo a ejercer la abogacía contra un propósito político. Aun teniendo un abogado y ser declarado en rebeldía, no faculta al juez a dictar sentencia contra el ausente, es un derecho constitucional de la defensa, incluso un derecho internacional y humano.
_ Hay una condena de tres años, ¿esperaba algo peor?
Iba a esperar mejorar condiciones de las presiones políticas para ejercer mi defensa, pero esto no valió para nadie, y no importa si la sentencia es menor o no, es el hecho de que se me atribuya algo, no me puedo sentir satisfecho de que me hayan discriminado, a todos permiten defenderse menos a mí. No conozco en los últimos años un caso en el cual se haya procesado a alguien en su ausencia.
_ ¿Es una sanción manejable?
La sanción por ser un delito menor no merece cumplimiento de sentencia. Pero imagínese cuánto tiempo tendría que estar detenido para llegar a esto, como lo hicieron algunos. Esto justifica que la decisión que asumí de mantenerme fuera del país fue acertada y pese a las presiones y morbo como se me trató, tuve que tolerar. Estuve en un escenario equivocado.
_ ¿Usted apelará?
Sí, tengo una pariente que me apoya en este tema y vamos a solicitar la apelación. Vamos a examinar la sustentación jurídica del fallo porque tiene contradicciones enormes.
_ ¿Volverá a Bolivia?
No, no, de ninguna manera. La sentencia me aleja, ya que la situación de la justicia en Bolivia está cada vez peor. No sabemos qué pasará, ya que hay un juicio pendiente.
García Meza dice que Banzer organizó el golpe que se dio en 1980
Después de ser enjuiciado por delitos de lesa humanidad y recibir una condena de 30 años sin derecho a indulto, el expresidente de facto, general Luis García Meza, dijo que en realidad el golpe del 17 de julio de 1980 fue llevado adelante por el fallecido exmandatario Hugo Banzer Suárez.
"El golpe de 17 de julio lo hizo el general (Hugo) Banzer, él venía al Colegio Militar todo el tiempo venía a rogarme para que haga el golpe y yo siempre le decía que no porque no había las condiciones; un día se me escapó cabalmente el 17 y con sus suboficiales y clases que estaban con él desde su gobierno de facto se fue a la COB", dijo el sentenciado militar en una improvisada conferencia de prensa luego de que se suspendiera su audiencia que busca su libertad condicional.
El abogado Frank Campero presentó dos incidentes porque el Ministerio de Justicia presentó una querella por enriquecimiento ilícito; pero la defensa de García Meza afirma que los delitos ya fueron incluidos cuando fue juzgado en el único juicio que le hicieron.
Esta mañana debía realizarse la audiencia cautelar por esta denuncia del Ministerio de Justicia, pero la Fiscalía no trajo el cuaderno de investigaciones y la juez Margot Perez decidió suspender hasta nueva fecha.
Siete rechazos y cuatro sobreseimientos en favor de exdirector del Fondioc
Al menos, siete rechazos y cuatro sobreseimientos fueron dictados por la Fiscalía, en favor del exdirector del, Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, quien enfrentaba 86 procesos penales en todo el país, según confirmó a EL DIARIO, el abogado Héctor Castellón.
“Tenemos cuatro sobreseimientos, cuatro rechazos y sabemos que van a salir unos tres sobreseimientos más a favor del Marco Aramayo. En Santa Cruz, así como en Pando, el juez determinó dentro de las medidas cautelares de que la imputación estaba muy mal hecha, si bien no fue un defecto procesal, el juez determinó que no había posibilidad de autoría (de Aramayo) según la exposición de la Fiscalía”, detalló ayer Castellón.
Precisó que a dos años y dos meses de que se encarcelara a su defendido, estas 11 resoluciones a su favor fueron dictadas en los departamentos de Oruro, Santa Cruz, Beni y Pando.
Algunas de estas resoluciones de rechazo y sobreseimiento expedidos por la Fiscalía aún no han sido notificadas, y al mismo tiempo se desconoce, en algún caso, si han sido apeladas.
NUEVAS DENUNCIAS
Castellón criticó que a dos años y dos meses de este caso, el nuevo Fondo Indígena, continua interponiendo nuevas denuncias, “entonces, para qué ha servido la liquidación, para qué ha servido la intervención, simplemente para seguir gastando el dinero de los bolivianos, porque se supone que en estos dos procesos se tenía que encontrar todo”, cuestionó Castellón.
Para el jurista, estas nuevas denuncias parecen estar hechas direccionadas a perjudicar aún más la situación de Aramayo, debido a estas resoluciones en su favor.
APELACIÓN
Dentro de los 86 procesos que la Fiscalía abrió en contra de Aramayo, por diversos proyectos en los nueve departamentos, el viernes pasado, la Fiscalía hizo conocer de la sentencia que se logró en su contra en el departamento de Tarija.
“Aramayo fue sentenciado el viernes a cinco años de cárcel por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, por el caso Fondo Indígena”, afirmó la Fiscalía por medio de un comunicado.
Castellón denunció que para este proceso, en Tarija, Aramayo fue trasladado desde La Paz, sin permitirle que lleve una muda de ropa, bajo el pretexto de que sería solo una audiencia pero se quedó allá durante un mes, con el fin de impedir su comunicación con los medios masivos ya que en ese departamento no se tiene una idea cabal del caso.
El exdirector del Fondioc fue sentenciado por el incumplimiento de contrato con la empresa Fesitar, que tenía a su cargo la implementación de un centro de acopio en la comunidad San Blas, de Tarija, donde se afirma se perdió la suma de casi un millón de bolivianos. Antes de Aramayo, fueron sentenciados en procedimiento abreviado los ciudadanos Pablo Cruz Soliz, Osvaldo Tórrez Martínez y Willam Castillo.
Castellón afirmó que se vulneraron los derechos de su defendido, pues él no podía realizar una defensa adecuada, teniendo en cuenta que debía viajar de forma seguida desde La Paz.
El aspecto de la distancia, también afecto en la presentación de testigos de descargo y se denunció que para el juicio no se citó a varios testigos que sostiene en todos y cada uno de los procesos deben declarar para establecer las verdaderas responsabilidades, como son la exministra Nemesia Achacollo, el exdirector Daniel Zapata, a los responsables de monitoreo del proyecto, a la interventora y los miembros del Directorio del Fondioc, quienes tenían a su cargo la aprobación de todos los proyectos.
Aramayo fue posesionado el 4 de septiembre de 2013 como director ejecutivo del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), en reemplazo de Daniel Zapata.
Las irregularidades en el extinto Fondioc fueron detectadas por la Contraloría en febrero de 2015, las mismas que causaron un daño económico al Estado de, al menos, 71 millones de bolivianos por 153 proyectos fantasmas.
“Tenemos cuatro sobreseimientos, cuatro rechazos y sabemos que van a salir unos tres sobreseimientos más a favor del Marco Aramayo. En Santa Cruz, así como en Pando, el juez determinó dentro de las medidas cautelares de que la imputación estaba muy mal hecha, si bien no fue un defecto procesal, el juez determinó que no había posibilidad de autoría (de Aramayo) según la exposición de la Fiscalía”, detalló ayer Castellón.
Precisó que a dos años y dos meses de que se encarcelara a su defendido, estas 11 resoluciones a su favor fueron dictadas en los departamentos de Oruro, Santa Cruz, Beni y Pando.
Algunas de estas resoluciones de rechazo y sobreseimiento expedidos por la Fiscalía aún no han sido notificadas, y al mismo tiempo se desconoce, en algún caso, si han sido apeladas.
NUEVAS DENUNCIAS
Castellón criticó que a dos años y dos meses de este caso, el nuevo Fondo Indígena, continua interponiendo nuevas denuncias, “entonces, para qué ha servido la liquidación, para qué ha servido la intervención, simplemente para seguir gastando el dinero de los bolivianos, porque se supone que en estos dos procesos se tenía que encontrar todo”, cuestionó Castellón.
Para el jurista, estas nuevas denuncias parecen estar hechas direccionadas a perjudicar aún más la situación de Aramayo, debido a estas resoluciones en su favor.
APELACIÓN
Dentro de los 86 procesos que la Fiscalía abrió en contra de Aramayo, por diversos proyectos en los nueve departamentos, el viernes pasado, la Fiscalía hizo conocer de la sentencia que se logró en su contra en el departamento de Tarija.
“Aramayo fue sentenciado el viernes a cinco años de cárcel por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, por el caso Fondo Indígena”, afirmó la Fiscalía por medio de un comunicado.
Castellón denunció que para este proceso, en Tarija, Aramayo fue trasladado desde La Paz, sin permitirle que lleve una muda de ropa, bajo el pretexto de que sería solo una audiencia pero se quedó allá durante un mes, con el fin de impedir su comunicación con los medios masivos ya que en ese departamento no se tiene una idea cabal del caso.
El exdirector del Fondioc fue sentenciado por el incumplimiento de contrato con la empresa Fesitar, que tenía a su cargo la implementación de un centro de acopio en la comunidad San Blas, de Tarija, donde se afirma se perdió la suma de casi un millón de bolivianos. Antes de Aramayo, fueron sentenciados en procedimiento abreviado los ciudadanos Pablo Cruz Soliz, Osvaldo Tórrez Martínez y Willam Castillo.
Castellón afirmó que se vulneraron los derechos de su defendido, pues él no podía realizar una defensa adecuada, teniendo en cuenta que debía viajar de forma seguida desde La Paz.
El aspecto de la distancia, también afecto en la presentación de testigos de descargo y se denunció que para el juicio no se citó a varios testigos que sostiene en todos y cada uno de los procesos deben declarar para establecer las verdaderas responsabilidades, como son la exministra Nemesia Achacollo, el exdirector Daniel Zapata, a los responsables de monitoreo del proyecto, a la interventora y los miembros del Directorio del Fondioc, quienes tenían a su cargo la aprobación de todos los proyectos.
Aramayo fue posesionado el 4 de septiembre de 2013 como director ejecutivo del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), en reemplazo de Daniel Zapata.
Las irregularidades en el extinto Fondioc fueron detectadas por la Contraloría en febrero de 2015, las mismas que causaron un daño económico al Estado de, al menos, 71 millones de bolivianos por 153 proyectos fantasmas.
domingo, 28 de mayo de 2017
Zapata contrataca a Quintana y dice que él forzó su condena
Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales volvió a la carga en contra del exministro de la Presidencia y actual embajador en Cuba, Juan Ramón Quintana. Denunció que él forzó su condena a 10 años de cárcel por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y uso indebido de bienes y servicios públicos.
“Yo creo que el anterior querellante, como se ha aplazado en su acusación, ha forzado acá (en este proceso). Estamos hablando del exministro Juan Ramón Quintana. Después yo voy a dar más detalles", le dijo a este medio mientras bajaba apresurada las gradas del juzgado, escoltada por tres uniformados que la condujeron a un vehículo blanco en el que retornó a la cárcel de Miraflores.
La audiencia en la que tenía que leerse la sentencia en su contra fue suspendida hasta el miércoles a las 18:00.
La historia de dichos y contradichos de Zapata sobre el exministro tiene larga data.
En una supuesta carta que se hizo pública el 29 de marzo, “Adiós mi rey”, señalaba al despedirse en la misiva que envió Zapata a Quintana. En el texto lo responsabilizaba de lo sucedido y lo cuestionaba por ser el “propulsor de traicionar y destruir al hombre que le dio su confianza”, y adjuntaba textos de supuestos mensajes de WhatsApp, que sugerían que existía una relación cercana entre ambos, pero la exautoridad de Gobierno siempre lo negó y afirmó que no la conocía. Luego, Zapata aseguró que ella firmaba papeles en blanco, que luego eran llenados por su abogado.
En febrero de este año apareció en una entrevista que se difundió por la red ATB. En ella afirmó: “Reconozco. Sí, he mentido. Pero no porque de mí haya nacido. He sido utilizada por el señor Samuel Doria Medina por medio del señor (abogado) Eduardo León. Me ha ofrecido ayuda”.
Y, más adelante, sorprendió aún más cuando señaló que nunca conoció al exministro Quintana, que fue idea de su exabogado introducirlo a la trama.
Ayer volvió atrás. Llegó, en voz alta habló con otro de los condenados, se refirió al exministro a los gritos y en términos despectivos. Luego, cuando los pocos medios que estaban en el lugar la interceptaron, volvió a atacar a Quintana.
A quemarropa
1.- "No tengo el millón de dólares, no está ni en la acusación esta cifra. Ni siquiera han presentado un informe de la UIF para hacer el proceso, entonces veo completamente una manipulación".
2.- "Me siento afectada porque mi hija prácticamente está quedando huérfana, tiene seis años mi hijita".
3.- ”A mí no me han permitido demostrar de dónde es mi dinero. Proviene de mis parejas, no he hecho tráfico de influencias, no me han comprobado ni me han demostrado qué negocios he hecho desde el Ministerio de la Presidencia, entonces quién me ha dado el dinero".
sábado, 27 de mayo de 2017
Condenan a cinco años de prisión a exdirector del Fondo Indígena
Marco Antonio Aramayo fue condenado ayer a cinco años de prisión por el caso Fondo Indígena, informó el Ministerio Público.
La condena fue dictada por el Tribunal Tercero de Sentencia de Tarija por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
"La Fiscalía presentó todos los elementos que prueban que Aramayo es autor de los delitos mencionados (…), por lo que deberá cumplir su condena en el penal de San Pedro de La Paz", dijo el fiscal Departamental de Tarija, Gilbert Muñoz.
El proceso que fue seguido en contra de Aramayo en Tarija es por un hecho de incumplimiento de contrato con la empresa Fesitar y donde se descubrió el manejo de casi un millón de bolivianos.
Anteriormente, por este mismo hecho, ya fueron sentenciados en procedimiento abreviado los ciudadanos Pablo Cruz Soliz, Osvaldo Tórrez Martínez y William Castillo.
En la audiencia sólo se dio a conocer la parte resolutiva de la condena y se determinó que el próximo 31 de mayo se dará la lectura íntegra de la sentencia.
Aramayo fue posesionado el 4 de septiembre de 2013 como director ejecutivo del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (FONDIOC), en reemplazo de Daniel Zapata.
La cadena de irregularidades en el Fondo Indígena generó una serie de críticas en el país, después de que el 2015 la Contraloría confirmó que se detectó un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados. ANF
La condena fue dictada por el Tribunal Tercero de Sentencia de Tarija por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
"La Fiscalía presentó todos los elementos que prueban que Aramayo es autor de los delitos mencionados (…), por lo que deberá cumplir su condena en el penal de San Pedro de La Paz", dijo el fiscal Departamental de Tarija, Gilbert Muñoz.
El proceso que fue seguido en contra de Aramayo en Tarija es por un hecho de incumplimiento de contrato con la empresa Fesitar y donde se descubrió el manejo de casi un millón de bolivianos.
Anteriormente, por este mismo hecho, ya fueron sentenciados en procedimiento abreviado los ciudadanos Pablo Cruz Soliz, Osvaldo Tórrez Martínez y William Castillo.
En la audiencia sólo se dio a conocer la parte resolutiva de la condena y se determinó que el próximo 31 de mayo se dará la lectura íntegra de la sentencia.
Aramayo fue posesionado el 4 de septiembre de 2013 como director ejecutivo del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (FONDIOC), en reemplazo de Daniel Zapata.
La cadena de irregularidades en el Fondo Indígena generó una serie de críticas en el país, después de que el 2015 la Contraloría confirmó que se detectó un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados. ANF
viernes, 26 de mayo de 2017
Entrega de empresas públicas benefició a grupos familiares
La Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización (CEMIPyC) 1985-2005 identificó indicios de favoritismo de exautoridades con familiares durante la entrega de empresas públicas.
“Las redes de poder familiares, empresariales y políticas de todos los partidos políticos artífices de la implementación del modelo neoliberal fueron beneficiadas por funcionarios del Estado de aquel entonces, que ayudaron a sus parientes para la adquisición de diversas empresas capitalizadas y privatizadas”, señaló la diputada del MAS-IPSP Romina Pérez.
La legisladora, integrante de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización (CEMIPyC) 1985-2005, indicó que esos vínculos ocasionaron millonarias pérdidas al país producto de la venta, privatización, capitalización y cierre de 211 empresas estatales que solo beneficiaron a un grupo de personas.
“Estas enajenaciones de las empresas estatales serán investigadas en tres modalidades: la privatización que se realizó durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, la capitalización durante el mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada y el cierre de empresas”, explicó.
De acuerdo con la diputada, Bolivia perdió alrededor de 10.000 millones de dólares producto del proceso de privatización que impulsó el expresidente Jaime Paz Zamora y sus exministros y actual empresario Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga.
Informe en julio
A fines de julio, la Comisión determinará los costos económicos de la privatización y las responsabilidades de las irregularidades que hubo en el proceso.
“Las redes de poder familiares, empresariales y políticas de todos los partidos políticos artífices de la implementación del modelo neoliberal fueron beneficiadas por funcionarios del Estado de aquel entonces, que ayudaron a sus parientes para la adquisición de diversas empresas capitalizadas y privatizadas”, señaló la diputada del MAS-IPSP Romina Pérez.
La legisladora, integrante de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización (CEMIPyC) 1985-2005, indicó que esos vínculos ocasionaron millonarias pérdidas al país producto de la venta, privatización, capitalización y cierre de 211 empresas estatales que solo beneficiaron a un grupo de personas.
“Estas enajenaciones de las empresas estatales serán investigadas en tres modalidades: la privatización que se realizó durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, la capitalización durante el mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada y el cierre de empresas”, explicó.
De acuerdo con la diputada, Bolivia perdió alrededor de 10.000 millones de dólares producto del proceso de privatización que impulsó el expresidente Jaime Paz Zamora y sus exministros y actual empresario Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga.
Informe en julio
A fines de julio, la Comisión determinará los costos económicos de la privatización y las responsabilidades de las irregularidades que hubo en el proceso.
jueves, 25 de mayo de 2017
Sorprenden a Subalcalde cobrando una coima
El subalcalde del Distrito 3 de Quillacollo, Gilmar López, fue sorprendido cuando recibía una coima de tres mil bolivianos de una vecina. Policías de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) le hicieron seguimiento y, con la ayuda de la vÍctima, cuyo nombre se mantiene en reserva, lograron detener a la, ahora, exautoridad.
La denunciante señaló que López le había pedido seis mil bolivianos por un trámite. Quedaron en que el dinero sería entregado en dos partidas.
El exsubalcalde dijo que no tiene nada que ver en ese tema, que ese dinero “apareció en su despacho”.
“Soy inocente y me voy a defender en la justicia. Todo esto tiene móviles políticos que vienen desde el Concejo Municipal”.
El presidente del Órgano Deliberante, Víctor Osinaga, señaló que no tienen nada que ver en ese caso y que “lamentablemente, en la Alcaldía, donde se pone el dedo sale pus”.
El alcalde quillacolleño, Eduardo Mérida, sostuvo que si hay funcionarios que cometen delitos tienen que ser procesados en la justicia.
Añadió que solicitó a la Unidad de Transparencia que se encargue del caso y emita informes.
“En la Alcaldía hay más de 800 funcionarios y no puedo estar detrás de las espaldas de cada uno”.
Afirmó que no apañará a nadie y “mucho menos pondré las manos al fuego por ellos (acusados de hechos de corrupción)”.
Añadió que esa denuncia no compromete a su gestión.
La denunciante señaló que López le había pedido seis mil bolivianos por un trámite. Quedaron en que el dinero sería entregado en dos partidas.
El exsubalcalde dijo que no tiene nada que ver en ese tema, que ese dinero “apareció en su despacho”.
“Soy inocente y me voy a defender en la justicia. Todo esto tiene móviles políticos que vienen desde el Concejo Municipal”.
El presidente del Órgano Deliberante, Víctor Osinaga, señaló que no tienen nada que ver en ese caso y que “lamentablemente, en la Alcaldía, donde se pone el dedo sale pus”.
El alcalde quillacolleño, Eduardo Mérida, sostuvo que si hay funcionarios que cometen delitos tienen que ser procesados en la justicia.
Añadió que solicitó a la Unidad de Transparencia que se encargue del caso y emita informes.
“En la Alcaldía hay más de 800 funcionarios y no puedo estar detrás de las espaldas de cada uno”.
Afirmó que no apañará a nadie y “mucho menos pondré las manos al fuego por ellos (acusados de hechos de corrupción)”.
Añadió que esa denuncia no compromete a su gestión.
Caso Zapata: oposición lamenta la exclusión de Quintana y CAMC
Legisladores de oposición lamentaron que en el juicio por el caso Zapata, las autoridades judiciales hayan excluido del proceso al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y a los ejecutivos de la empresa china CAMC.
A criterio del senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, en este caso también debía estar sentenciado Quintana, el ahora embajador de Bolivia en Cuba, porque envió a Cristina Choque, la exjefa de la Unidad de Gestión Social, a la casa de Zapata. "¿Por qué la justicia no ha procesado a Quintana?, ¿quién envió a Choque a la casa de Zapata? Él (Quintana) tiene que explicar esta situación”, dijo Murillo, y agregó que los sentenciados son personas que no tenían poder para avalar un contrato.
El senador Oscar Ortiz (UD) también lamentó la exclusión de los ejecutivos de la CAMC, que se adjudicó millonarios contratos del Estado por influencia de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales.
"Creo que es un juicio arreglado porque se hicieron a un lado diferentes delitos como el uso indebido de influencias, conducta antieconómica por todos los daños que ha sido evidente en todas las contrataciones de la CAMC, gracias a la influencia de Zapata”, reprochó.
Por su lado, el diputado Wilson Santamaría (UD) sostuvo que el Gobierno gastó millones en posicionar el "Cartel de la mentira”, pues la sentencia confirma que hubo verdades materiales contundentes.
"Este extraño juicio ha concluido lavándole la cara a jerarcas del MAS involucrados en el escándalo con la CAMC. Choque actuó por órdenes de la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) de su Ministerio, pero no fueron convocados a juicio”, dijo Santamaría, y agregó que la sentencia se basa en la legitimación de ganancia ilícita, es decir, "te estás apropiando de plata del Estado”, pero la Justicia no convocó a los ministros implicados.
A criterio del senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, en este caso también debía estar sentenciado Quintana, el ahora embajador de Bolivia en Cuba, porque envió a Cristina Choque, la exjefa de la Unidad de Gestión Social, a la casa de Zapata. "¿Por qué la justicia no ha procesado a Quintana?, ¿quién envió a Choque a la casa de Zapata? Él (Quintana) tiene que explicar esta situación”, dijo Murillo, y agregó que los sentenciados son personas que no tenían poder para avalar un contrato.
El senador Oscar Ortiz (UD) también lamentó la exclusión de los ejecutivos de la CAMC, que se adjudicó millonarios contratos del Estado por influencia de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales.
"Creo que es un juicio arreglado porque se hicieron a un lado diferentes delitos como el uso indebido de influencias, conducta antieconómica por todos los daños que ha sido evidente en todas las contrataciones de la CAMC, gracias a la influencia de Zapata”, reprochó.
Por su lado, el diputado Wilson Santamaría (UD) sostuvo que el Gobierno gastó millones en posicionar el "Cartel de la mentira”, pues la sentencia confirma que hubo verdades materiales contundentes.
"Este extraño juicio ha concluido lavándole la cara a jerarcas del MAS involucrados en el escándalo con la CAMC. Choque actuó por órdenes de la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) de su Ministerio, pero no fueron convocados a juicio”, dijo Santamaría, y agregó que la sentencia se basa en la legitimación de ganancia ilícita, es decir, "te estás apropiando de plata del Estado”, pero la Justicia no convocó a los ministros implicados.
Allanan oficinas de Dircabi en Cochabamba
La Fiscalía allanó esta tarde dos oficinas de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) en Cochabamba, donde secuestró documentación y otros elementos de prueba en el marco de la investigación sobre una presunta red de corrupción.
Los investigadores precintaron las oficinas e incautaron dos cajas de documentación y una computadora. Dos fiscales encabezaron el allanamiento. Dircabi tiene sus oficinas en la avenida Libertador Bolívar y Juan Capriles.
La intervención se realiza luego de que el pasado 10 de mayo el entonces representante departamental de Dircabi, Fredy Orellana, fuera enviado con detención preventiva a la cárcel de San Sebastián por los presuntos delitos de uso indebido de bienes y servicios del Estado, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
La exautoridad fue aprehendida el 9 de mayo conduciendo un vehículo incautado al narcotráfico. Orellana también habría utilizado vales de gasolina.
Días antes, en un operativo, la Policía secuestró una chata en un taller mecánico y una camioneta de un domicilio particular, que presuntamente también fueron sustraídos de las instalaciones de Dircabi.
Asimismo, uniformados de Diprove arrestaron a tres personas que se encontraban sustrayendo motores de camiones al interior de un depósito de Dircabi.
En la Fiscalía se ventilan nueve casos de corrupción en Cochabamba y Santa Cruz a denuncia del Ministerio de Gobierno.
Fiscal asegura que Gabriela Zapata no pudo demostrar el origen lícito de su fortuna
Gabriela Zapata, la exgerente de la empresa china CAMC y expareja de presidente Evo Morales, fue condenada a 10 años de reclusión en el centro femenino de Miraflores debido a que en las audiencias del juicio oral no pudo demostrar el origen lícito de su patrimonio, informó el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco.
“Ha sido sentenciada por el delito de legitimación de ganancias ilícitas por 10 años, pues no ha podido demostrar el origen lícito de su patrimonio”, afirmó y recordó que la hoy sentenciada posee un inmueble en contrato de anticrético por más de $us 200 mil en la zona Sur de La Paz, además de autos de lujo y cuentas bancarias con movimientos económicos de montos elevados.
Junto a ella, el juez del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Iván Perales, sentenció el 23 de mayo a la exjefa de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, a 4 años de prisión en la cárcel de Obrajes por los delitos de asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes.
Según Blanco, la comisión de fiscales que llevó adelante el caso pudo demostrar con pruebas los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.
Jimmy Morales, otro de los acusados y exfuncionario del Ministerio de la Presidencia, fue sentenciado a 3 años de prisión; mientras que al supuesto socio de Zapata, Ricardo Alegría, se le impuso una pena de 2 años y al empresario Carlo Marvin Ramírez similar condena. Estos tres últimos guardarán reclusión en el penal de San Pedro de La Paz.
El abogado Wálter Zuleta, de quien se conoce que huyó a Perú, también fue condenado a 3 años.
El caso salió a la luz pública en febrero de 2016, poco antes del referéndum constitucional en el que ganó el No a la repostulación presidencial. (25/05/2017)
miércoles, 24 de mayo de 2017
De las risas al llanto: detalles y anécdotas de la última audiencia
En una maratónica audiencia del juicio oral por el caso Zapata, que duró más de 15 horas, los cinco condenados protagonizaron una serie de hechos que quedarán en el anecdotario, algunos llegaron a arrancar la risa de más de un presente. Pero también se conocieron revelaciones. A continuación presentamos una serie de escenas.
Senador Villca presentó a Zapata a Ricardo Alegría
En la exposición de alegatos, uno de los fiscales asignados al caso Zapata, Juan Carlos Soria, reveló que el exsenador del MAS Andrés Villca (2010-2015) fue quien presentó a Gabriela Zapata a Ricardo Alegría.
Soria: ¿De qué manera ha conocido el señor Ricardo Alegría a la señora Zapata? Ha sido a través de la presentación del exsenador Andrés Villca.
Por lo tanto, hay esta situación de que Ricardo Alegría, dentro de la sociedad, era un operador político relacionado, inclusive, con estas altas esferas de la Asamblea Legislativa.
Solicitud frustrada
Los apoderados del Ministerio de Justicia solicitaron al Tribunal que dineros confiscados a Zapata sean revertidos a favor del Estado, pero su solicitud fue rechazada por no tener una orden judicial.
Abogado del Ministerio de Justicia: Existe una retención de fondos como lo ha manifestado el fiscal (Juan Carlos) Soria, de 162 mil dólares. En el tiempo de dictar sentencia nos vamos a adherir a la solicitud de que ese monto sea una confiscación a favor del Estado.
Juez Iván Perales: ¿Tiene una orden judicial para la incautación?
Abogados en coro: No existe ninguna orden.
Abogado del Ministerio de Justicia: Mmmm Sí. No ha sido tramitada.
¿Las contradicciones?
Martha Requena, abogada de Cristina Choque, evidenció ante el Tribunal una serie de contradicciones en los fundamentos que planteó la Fiscalía.
Abogada Requena: El registro digital de ingreso y salida a Gestión Social indica que Choque se reunió con tres personas, pero el informe de viajes establece que Choque estaba en Trinidad ese mismo día. De la misma forma, un informe dice que el 23 julio de 2014 Choque estaba de viaje, pero el registro que presentó la Fiscalía señala que Choque se reunió ese día en Gestión Social.
De las risas
En la audiencia por el caso Zapata, ante los argumentos que exponían los fiscales, los abogados del Ministerio de la Presidencia, del Ministerio de Justicia y los acusados soltaban un gesto de sorpresa y otros sólo atinaban a reír. Fue el caso de Gabriela Zapata, quien no logró contener su risa cuando el fiscal Daniel Ayala no pronunció bien el nombre de su expareja, de nacionalidad china.
Del llanto
El Tribunal otorgó a cada uno de los acusados cinco minutos para que expongan las razones del porqué se declaran inocentes.
Esta vez, Gabriela Zapata no logró contener las lágrimas. También lloró Choque, quien afirmó que llegó a altos cargos por ser fiel y leal al Movimiento Al Socialismo, partido que impulsa el proceso de cambio.
Vice afirma que el "delito fundamental" en caso Zapata es la suplantación de un niño
El presidente en ejercicio, Álvaro García, afirmó que el "delito fundamental” en los procesos contra la expareja del presidente Evo Morales, es la suplantación de un niño para que asuma una identidad como hijo del mandatario.
La autoridad manifestó que el delito es que una "mujer (Gabriela Zapata) usó una identidad falsa de un niño para cometer fechorías y enriquecerse (…) Para mí la sentencia debería ser mucho mayor, para mi ese es el delito fundamental”, aseguró.
Su posición fue expresada en una rueda de prensa, al ser consultado sobre si cree justa la sentencia contra Zapata, no obstante existen críticas porque el Ministerio Público no develó el origen de su fortuna y tampoco fueron incluidos en las investigaciones varios ministros de Estado.
"Qué puede hacer ese niño de 10 años ¿decir sí o no?, qué conciencia tienen de lo que están haciendo con su identidad y de eso no se dice nada. Ahí está el delito. Me hubiera gustado una sentencia mayor”, sostuvo.
Este pasado lunes el Tribunal Anticorrupción de Sentencia condenó a 10 años de cárcel a Zapata por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas. El Ministerio de Justicia mostró que la mujer hizo un movimiento de 8,2 millones de bolivianos, la mujer señaló que obtuvo los recursos de sus parejas.
El Ministerio Público no dio mayores detalles de cómo la mujer a su corta edad y sin cargos prominentes hubiera obtenido una millonaria fortuna, para tener una lujosa casa en la zona Sur, terrenos en La Paz y en Cochabamba, accionista o propietaria de dos empresas.
La oposición criticó que fue un "juicio arreglado” solo con el objetivo de "lavar la cara” a algunas altas autoridades de Estado, que pese a haber sido nombradas por Zapata no fueron incluidas en las investigaciones por ejemplo, Juan Ramón Quintana, César Navarro, Milton Claros entre otros.
Otro de los procesos que debe enfrentar Zapata es por el presunto delito de Trata de personas, precisamente por la suplantación de un niño, en este caso están involucrados su exabogado Eduardo León además de la tía de cariño entre muchas otras personas.
El caso se originó después que Zapata, sus abogados y familiares de cariño sostuvieron que el supuesto hijo del Presidente estaba vivo y no había muerto como Morales informó. Pese a los anuncios que el niño sería presentado a las autoridades competentes, este hecho nunca se produjo.
Sin embargo, la historia se armó por la existencia de un certificado de nacimiento firmado por Zapata y Morales, no obstante el Ministerio Público sostuvo que el certificado de nacido vivo era falso. Posteriormente una juez determinó la inexistencia del menor.
Para García Linera esto es lo reprochable donde participaron abogados y opositores en alentar la suplantación de un menor.
La autoridad manifestó que el delito es que una "mujer (Gabriela Zapata) usó una identidad falsa de un niño para cometer fechorías y enriquecerse (…) Para mí la sentencia debería ser mucho mayor, para mi ese es el delito fundamental”, aseguró.
Su posición fue expresada en una rueda de prensa, al ser consultado sobre si cree justa la sentencia contra Zapata, no obstante existen críticas porque el Ministerio Público no develó el origen de su fortuna y tampoco fueron incluidos en las investigaciones varios ministros de Estado.
"Qué puede hacer ese niño de 10 años ¿decir sí o no?, qué conciencia tienen de lo que están haciendo con su identidad y de eso no se dice nada. Ahí está el delito. Me hubiera gustado una sentencia mayor”, sostuvo.
Este pasado lunes el Tribunal Anticorrupción de Sentencia condenó a 10 años de cárcel a Zapata por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas. El Ministerio de Justicia mostró que la mujer hizo un movimiento de 8,2 millones de bolivianos, la mujer señaló que obtuvo los recursos de sus parejas.
El Ministerio Público no dio mayores detalles de cómo la mujer a su corta edad y sin cargos prominentes hubiera obtenido una millonaria fortuna, para tener una lujosa casa en la zona Sur, terrenos en La Paz y en Cochabamba, accionista o propietaria de dos empresas.
La oposición criticó que fue un "juicio arreglado” solo con el objetivo de "lavar la cara” a algunas altas autoridades de Estado, que pese a haber sido nombradas por Zapata no fueron incluidas en las investigaciones por ejemplo, Juan Ramón Quintana, César Navarro, Milton Claros entre otros.
Otro de los procesos que debe enfrentar Zapata es por el presunto delito de Trata de personas, precisamente por la suplantación de un niño, en este caso están involucrados su exabogado Eduardo León además de la tía de cariño entre muchas otras personas.
El caso se originó después que Zapata, sus abogados y familiares de cariño sostuvieron que el supuesto hijo del Presidente estaba vivo y no había muerto como Morales informó. Pese a los anuncios que el niño sería presentado a las autoridades competentes, este hecho nunca se produjo.
Sin embargo, la historia se armó por la existencia de un certificado de nacimiento firmado por Zapata y Morales, no obstante el Ministerio Público sostuvo que el certificado de nacido vivo era falso. Posteriormente una juez determinó la inexistencia del menor.
Para García Linera esto es lo reprochable donde participaron abogados y opositores en alentar la suplantación de un menor.
Zapata y Choque lanzan dardos contra el Gobierno
“Si soy corrupta, entonces con qué autoridad cometí el delito”, dijo en su defensa Gabriela Zapata la madrugada del martes antes que se leyera su sentencia. La expareja del presidente Evo Morales reclamó porque, según ella, la Fiscalía nunca presentó pruebas. En el mismo proceso, la exdirectora de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS) del Ministerio de la Presidencia Cristina Choque afirmó que estaba pagando las culpas cometidas por otras personas y que ella nunca tuvo oportunidad de una defensa jurídica.
“Mi persona depende de la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) y depende administrativamente del Ministerio de la Presidencia; entonces, todas mis acciones debían ser supervisadas por esas autoridades y en cuatro años (no tuve) ni una llamada de atención porque siempre he cumplido como funcionaria”, señaló Choque en medio de sollozos.
Así, en el último día del juicio por legitimación de ganancias ilícitas, las dos principales acusadas lanzaron dardos contra el Gobierno, aunque la Fiscalía se limitó a mencionar que los delitos fueron probados y sancionados por el Tribunal Primero de Sentencia y evitó responder las críticas vertidas.
Extrañamente, Zapata declaró que nunca conoció al ministro Juan Ramón Quintana y que al presidente Evo Morales no lo ve hace muchos años. Además, mencionó que la búsqueda de ayuda para solucionar sus problemas de matrimonio la llevó a las oficinas de Choque en la avenida Arce, en La Paz.
El diputado Remberto Callizaya (MAS) dijo que la justicia hizo su trabajo al dictar sentencia y que era responsabilidad de la Fiscalía investigar si había otras personas involucradas en el hecho; si encontraba vínculos era su deber indagar y procesar a los culpables.
Para los opositores, la sentencia dictada devela un pacto entre los investigados, el Ministerio Público y los jueces, porque fueron liberados los principales responsables y no se investigó a los que pudieron esclarecer el tema, como la empresa CAMC, donde Zapata ejercía como gerenta comercial.
Las dos dudas
Para los jueces, el delito de tráfico de influencias nunca fue probado y por eso exculparon a tres de los sentenciados de ese caso. Pero no dijeron nada de los libros de registro de asistencia, porque el Ministerio de la Presidencia solo entregó cuatro libros de novedades y nunca aparecieron los 11 que fueron secuestrados de las oficinas de la UAGS.
El registro magnético de la computadora no fue revisado porque el perito informó de que el disco duro se encontraba dañado y no era posible rescatar todos los documentos, lo que provocó el reclamo de todos los acusados. Pero los jueces no tomaron eso en cuenta.
Acudirán a justicia internacional
Cuatro de los abogados de los seis acusados adelantaron que presentarán la apelación restringida en el plazo establecido, pero al mismo tiempo dos de ellos ya tienen en mente acudir a la justicia internacional porque sintieron que sus derechos fueron violentados sin consideración.
Marvin Ramírez y Ricardo Alegría adelantaron que demandarán al Estado ante tribunales internacionales después de agotar las instancias nacionales; Ramírez afirmó que nunca le probaron los delitos y que ese problema se debe solucionar en otros estrados judiciales. El abogado de Ciro Alegría dijo que después de tramitar su libertad iniciarán los trámites internacionales.
Cese de detención preventiva negada a exministra Achacollo
Margoth Pérez, jueza segunda de Instrucción en lo Penal, rechazó este martes el pedido de cesación de detención preventiva de la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, detenida en forma preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores.
La defensa de Achacollo no descartó el planteamiento de un nuevo pedido de cese de la detención preventiva, para que la acusada se defienda en libertad.
El fiscal Óscar Campero afirmó que este caso se encuentra en los plazos permitidos y que hay imputación vigente para el exdirector del Fondioc Daniel Zapata.
La exministra se encuentra en detención desde el 4 de agosto de 2016, debido a que hay indicios de que cometió los delitos de enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y favorecimiento en el proceso por el caso del ex Fondo Indígena (Fondioc).
La defensa de Achacollo no descartó el planteamiento de un nuevo pedido de cese de la detención preventiva, para que la acusada se defienda en libertad.
El fiscal Óscar Campero afirmó que este caso se encuentra en los plazos permitidos y que hay imputación vigente para el exdirector del Fondioc Daniel Zapata.
La exministra se encuentra en detención desde el 4 de agosto de 2016, debido a que hay indicios de que cometió los delitos de enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y favorecimiento en el proceso por el caso del ex Fondo Indígena (Fondioc).
En los últimos alegatos Gabriela Zapata involucró a ejecutivo de la China CAMC
Gabriela Zapata junto a sus abogados.
Durante los alegatos finales de la defensa, en el juicio oral que concluyó ayer por la madrugada, se reveló que a raíz de la relación sentimental que Gabriela Zapata mantuvo con Shen Wei, vicepresidente de la Empresa China CAMC, esta logró beneficiarse con la compra de la mansión de la Rinconada, además el súbdito chino le realizaba pagos extras por concretar determinados negocios.
“Shen Wei, para conocimiento del Tribunal, es o era el vicepresidente de Latinoamérica de la Empresa China CAMC”, aclaró ayer Marcelo Tamayo, al momento de emitir el alegato final en defensa de su cliente Gabriela Zapata, tratando de desvirtuar el delito de legitimación de ganancias ilícitas y justificando el patrimonio de su cliente, que la Fiscalía afirma fue desproporcionado.
Según expuso ante Iván Perales y José Luis Quiroga, miembros del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, al menos una decena de testigos afirmaron que el súbdito chino, pese a estar casado, convivía con Zapata en la casa de la Rinconada, donde corría con los gastos de la nana de la hija, de quien desde noviembre de 2013, también fue contratada como Gerente Comercial de la CAMC, con un sueldo de 3.000 dólares.
“Este señor, Shen Wei, le entregaba dineros a mi cliente, si bien no seguido, cuando llegaba al Estado Plurinacional de Bolivia, por esa relación sentimental que tenía con ese ciudadano”, afirmó.
FUGA
Tamayo aseguró que todos los ingresos al país, que realizó Wei, tienen registros y pudieron haber sido corroborados si la Fiscalía hubiera realizado la investigación necesaria, ya que en cada visita este entregó dinero a Zapata, hasta días antes de que sea detenida, cuando prácticamente fugó, debido al temor de ser aprehendido dentro del proceso por el que ayer fue sentenciada a 10 años de cárcel.
“Pues en marzo de año 2012, ya le dejó un dinero, el año 2013 hace lo mismo, el año 2014 hace lo mismo y el año 2015, cuando más tiempo se quedó, y se venía el emprendimiento de Misicuni (en Cochabamba) con el Estado boliviano. El año 2015, el año donde más tiempo se queda, y días antes (2016) de la ilegal aprehensión de la señora Geraldine Gabriela Zapata Montaño, se tiene que salir del país, el señor Shen Wei; claro por el temor fundado que existía respecto a las investigaciones que se realizaban”, aseveró Tamayo durante el juicio.
CORROBORÓ VERSIÓN
A su turno, la propia Zapata corroboró la versión del abogado ante los jueces y aseguró que fue coaccionada para firmar un documento, donde se hacía presumir la figura de un anticrético por casa.
Respecto de sus ingresos, hasta el alegato final, sostuvo que los documentos con los que podía probarlos, seguían incautados dentro del proceso de trata, por el cual se tiene precintada la casa de la Rinconada y secuestrados varias cajas con estas pruebas.
Afirmó que era promotora de la empresa “Forlife”, en el grado de Diamante, y allí otro justificativo de sus ingresos. Sobre el terreno en Mecapaca, este fue heredado por la familia de Hugo Carvajal, padre de su hija, con quien se separó, un año después de estar casados.
“Con relación a mis ingresos, señores jueces, no sabía que era delito recibir algunos regalos de algunas parejas que yo he tenido, no sabía que era delito tener dinero, producto de algún novio que haya tenido; mi última pareja (fue) el señor Shen Wei; si la Fiscalía duda qué pena, que no haya investigado bien y que me quieran achacar delitos, porque yo lo veo así, me quieren culpar, sacrificar por un problema mediático, que se ha hecho y alguien tiene que resultar siendo culpable, entonces el nivel de vida que yo he llevado, tal vez es un error como mujer de recibir el dinero de mis parejas, tal vez eso (no) les debe gustar”, fue parte del alegato de Zapata ante el Tribunal.
TESTIGOS
Entre los testigos que citó Tamayo, para probar esta relación, están Roxana Carlo Calle, la joven nana de 24 años, quien tenía a cargo a la hija de Zapata, quien afirmó que en una ocasión lavó la camisa de Wei. La declaración testifical de Hering Padilla, Antonio Asef, y el exasesor jurídico de la CAMC, Fernando Cortez Flores.
martes, 23 de mayo de 2017
Defensa de Zapata anuncia apelación a condena y proceso al juez que dictó sentencia
La madrugada de este martes, Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, fue condenada a 10 años de cárcel. Su abogado, Jorge Tamayo, anunció diferentes acciones para apelar el dictamen y un juicio al juez que dictó la sentencia por negarle a su cliente el derecho a la defensa.
La audiencia en la que se dictó al sentencia comenzó la mañana del lunes y concluyó la madrugada de este martes. Zapata negó los cargos en su contra en medio de sollozos.
“Vamos a activar los medios de defensa necesarios para hacer valer primero la apelación, posteriormente y si es necesario la casación y si mi cliente dispone, vamos a acudir a las medidas disciplinarias y de corrección sancionatorias que dispone Consejo de la Magistratura por violentar derechos y garantías constitucionales”, señaló Tamayo.
La defensa acusa al juez del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Iván Perales, de no haber garantizado el derecho a la defensa de su cliente en el juicio.
Zapata fue sentenciada a 10 años de cárcel por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.
Junto a la expareja de Morales fueron enjuiciadas la hoy exjefa de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, quien fue condenada a 4 años de prisión en la cárcel de Obrajes por los delitos de asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes.
Martha Requena, abogada de Choque, aseguró que utilizará todas las vías legales para evitar que su cliente vuelva al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, ya que el 4 de mayo, un juez cautelar la benefició con detención domiciliaria.
“Vamos a hacer que se revoque esa sentencia; de no hacerlo, obviamente, si existe una sentencia ejecutoriada, si considera el año y dos meses que estaba en el Centro de Orientación Femenina”, anticipó.
Zapata, según la denuncia, utilizó los ambientes de la Unidad de Gestión Social para fines personales.
Jimmy Morales, otro de los acusados y exfuncionario del Ministerio de la Presidencia, fue sentenciado a 3 años de prisión; mientras que el supuesto socio de Zapata, Ricardo Alegría, se le impuso una pena de 2 años y al empresario Carlo Marvin Ramírez similar condena. Estos tres últimos guardarán reclusión en el penal de San Pedro de La Paz.
El caso Zapata salió a la luz pública en febrero de 2016, poco antes del referéndum constitucional en el que ganó el No a la repostulación presidencial. El periodista Carlos Valverde reveló la relación Morales-Zapata y denunció a partir de ese vínculo un tráfico de influencia con la firma china CAMC, donde la hoy sentenciada trabajaba como gerente. Los contratos con la empresa china superan los $us 500 millones con el Estado.
Hermana de Gabriela Zapata: 'el MAS se lava las manos'
"Vivo en un país donde el oficialismo se lava las manos y la oposición es mediocre porque solo 'investiga' lo que le es conveniente" (sic), escribió esta mañana Paola, la hermana mayor de Gabriela Zapata.
Esta madrugada la expareja del presidente Evo Morales fue condenada a 10 años de cárcel por seis delitos: legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.
"Vivo en un país en el que el color de cabello de una mujer inspira más odio y preocupación que los problemas de fondo mismos", (sic) agregó en esa red social la familiar de la exgerente de la empresa China CAMC.
De acuerdo con el veredicto judicial, Zapata debe cumplir su condena en el penal de máxima seguridad para mujeres de Miraflores, donde permanecía detenida preventivamente desde el 24 de marzo.
En su momento, en entrevista con EL DEBER, Paola sostuvo que como familia "seguimos de cerca el caso y no hay ese supuesto negociado". Incluso, en marzo de 2016, le envió un mensaje a Morales: "Lo que sí no va a poder hacer el Presidente es que mi familia pague su derrota, no se lo voy a permitir".
Neiza Montaño, madre de Gabriela Zapata, sufrió en junio del año pasado un problema cardiaco, debido a la delicada situación que afronta la familia. Los abuelos cuidan a la hija que tiene la empresaria.
Esta madrugada la expareja del presidente Evo Morales fue condenada a 10 años de cárcel por seis delitos: legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.
"Vivo en un país en el que el color de cabello de una mujer inspira más odio y preocupación que los problemas de fondo mismos", (sic) agregó en esa red social la familiar de la exgerente de la empresa China CAMC.
De acuerdo con el veredicto judicial, Zapata debe cumplir su condena en el penal de máxima seguridad para mujeres de Miraflores, donde permanecía detenida preventivamente desde el 24 de marzo.
En su momento, en entrevista con EL DEBER, Paola sostuvo que como familia "seguimos de cerca el caso y no hay ese supuesto negociado". Incluso, en marzo de 2016, le envió un mensaje a Morales: "Lo que sí no va a poder hacer el Presidente es que mi familia pague su derrota, no se lo voy a permitir".
Neiza Montaño, madre de Gabriela Zapata, sufrió en junio del año pasado un problema cardiaco, debido a la delicada situación que afronta la familia. Los abuelos cuidan a la hija que tiene la empresaria.
Zapata es condenada a 10 años de cárcel por legitimación de ganancias ilícitas
Por falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegitimas, asociación delictuosa, y uso indebido de bienes y servicios públicos la autoridad jurisdiccional condenó la madrugada de hoy a 10 de prisión a Gabriela Zapata.
En el mismo caso, el Tribunal de Sentencia de La Paz, dictó cuatro años de reclusión para la exdirectora de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, y tres para Jimmy Morales, chofer de esa entidad pública.
Para el imputado Ricardo Alegría dos años de cárcel por el delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, en grado de complicidad, siendo absuelto por legitimación de ganancias ilícitas y asociación delictuosa.
Para Carlo Marvin Ramírez dos años de prisión por el delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, en grado de complicidad, y absuelto por asociación delictuosa.
Asimismo, tres años de sentencia en rebeldía para el abogado, Walter Zuleta, por uso indebido de bienes y servicios, además de contribuciones y ventajas ilegitimas, en grado de complicidad, por concretar la entrega de 50.000 dólares a favor de Zapata por parte de una tercera persona en las oficinas de Gestión Social.
“El Ministerio Público ha logrado demostrar su teoría fáctica con elementos probatorios que sustentan la acusación fiscal, la cual fue fundamentada con pruebas testificales y documentales que dieron razón sobre la autoría. En consecuencia el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción dictó sentencia condenatoria en apego a lo solicitado por la comisión de fiscales”, declaró el fiscal departamental, Edwin Blanco.
En la audiencia que se prolongó por más de 17 horas, la comisión de fiscales conformada por Daniel Ayala y Juan Carlos Soria, fundamentó los alegatos del Ministerio Público sobre la acusación formal contra Zapata.
Ayala, señaló que se demostró ampliamente la comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas en base a los millonarios depósitos en las cuentas de Gabriela Zapata y pagos en efectivo que realizó la acusada para comprar bienes inmuebles, vehículos y empresas, entre otras propiedades.
lunes, 22 de mayo de 2017
Se desviaron 10 millones de dólares de ayuda internacional
A 19 años del violento terremoto en los pueblos coloniales de Totora, Aiquile y Mizque, no se sabe a dónde fueron a parar al menos 10 millones de dólares de la ayuda internacional para los damnificados. El exalcalde de Totora, Henry Rico, afirmó que la justicia está en deuda con los afectados del desastre.
El último informe del desvío y malversación de fondos para los afectados por el terremoto del 22 de mayo de 1998 data de 2002 cuando la directora de entonces de la Unidad Anticorrupción, Lupe Cajías, anunció el inicio de procesos contra los responsables de la Prefectura de Cochabamba, el Ministerio de Defensa y la Dirección de Defensa Civil.
La investigación estableció que se desembolsaron 82,4 millones de bolivianos, pero sólo se presentaron descargos por 30,5 millones, un monto similar fue observado y nunca se adjuntaron respaldos de 39,5 millones.
El balance final llega a 7,9 millones de dólares por las donaciones y a 1,2 millones por el sobreprecio del avión Beecheraft, una aeronave de segunda mano adquirida con fondos de la ayuda en 2,9 millones de dólares.
El principal acusado fue el exministro de Defensa, Fernando Kieffer, por presunta responsabilidad administrativa y civil junto a Gonzalo Araníbar y Enrique Bottaro. De acuerdo con el Ministerio Público, existió sobreprecio en la compra de la aeronave y ésta no era apta para la atención de desastres. El avión se siniestró dos años después.
La Corte Suprema de Justicia falló en enero de 2007 por la detención de Kieffer por la adquisición del avión. Con la muerte del principal acusado, el proceso se extinguió en 2009.
Se iniciaron 10 investigaciones en base a los informes de auditoría de la Contraloría General del Estado contra 19 autoridades y funcionarios de la Prefectura, el Ministerio de Defensa y Defensa Civil por desvío de la ayuda, falsificación de facturas y otras irregularidades.
En este tiempo, sólo un funcionario de la Prefectura, Orlando Quiroga Ferrel, fue sentenciado a seis años de cárcel. El exprefecto, Guido Camacho, renunció ante la propuesta del voto censura del Consejo Departamental.
Por otro lado, el embajador de Bolivia en Japón, Eudoro Galindo, devolvió los 64.432 dólares que donaron las Damas Niponas, pero se habían depositado en su cuenta personal. Los recursos se distribuyeron entre los municipios afectados.
En tanto, los 105 mil dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se recuperaron luego de una denuncia.
Así como los 1,6 millones de marcos de la cooperación alemana, que equivalían a 11,3 millones de bolivianos y se depositaron en tres cuentas personales.
Una vez que se detectó esta irregularidad, la cooperación alemana decidió administrar los recursos. Los municipios presentaron sus proyectos para reconstruir sistemas de riego.
Los responsables de este hecho fueron sentenciados a entre ocho y cuatro años de prisión.
El sismo más fuerte
La imagen de casi todo el pueblo destruido, fallecidos y el estruendo de la tierra son recuerdos imborrables para los sobrevivientes del violento terremoto del 22 de mayo de 1998.
El movimiento telúrico se sintió a las 1:00 de la madrugada del 22 de mayo y cobró la vida de 80 personas en los municipios de Aiquile, Totora y Mizque.
Según el Observatorio de San Calixto de La Paz el terremoto fue el más fuerte del siglo en Bolivia y mayor que el movimiento que afectó a la capital del país en los años cuarenta.
El sismo se originó por un movimiento de placas tectónicas a poco más de 65 kilómetros de profundidad, se sintió de tres a cuatro en la escala de Mercalli y con una magnitud de 6,8 en la escala Ritcher.
3_b2_los_tiempos.jpg
Un grupo de casonas destruidas en el centro del municipio Aiquile, en el cono sur, por el terremoto en mayo de 1998.
Los Tiempos
FALTARON DESCARGOS
Procesos y auditorías fueron insuficientes
Después de un año del terremoto y ante la lentitud del proceso de reconstrucción de Aiquile, Totora y Mizque, el entonces presidente Hugo Banzer instruyó investigar el manejo de recursos y una auditoría en mayo de 1999.
Los procesos comenzaron, pero en muy pocos casos culminaron. En otras situaciones, los procesos prescribieron por el tiempo transcurrido.
Uno de los pocos resultados que se tuvo y no fue del agrado de los fiscalizadores fue la auditoría ejecutada por la Prefectura. La misma encontró responsabilidad civil y penal en 10 funcionarios.
Según las conclusiones del informe de auditoría Nº DAI. INF. 009A/99 10 - 15, se debía efectuar el pago de 5.131 bolivianos por el crédito de un teléfono celular, que ni siquiera era propiedad de la exprefectura, sino de un particular.
Asimismo, se encontró responsabilidad penal y civil por deficiencias en contratos por el alquiler de maquinaria. Se instó a la devolución de 121.606 bolivianos por sobreprecio en el retiro de escombros.
De igual forma, se encontraron facturas falsificadas por el concepto de transporte de vituallas que derivó en responsabilidad penal y civil contra los funcionarios.
Finalmente, se solicitó la devolución de 50.000 bolivianos que fueron entregados como fondos en avance, pero que no fueron descargados hasta la fecha ante la Contraloría.
Ante el pedido de una complementación que nunca existió, sólo algunos de los responsables devolvieron los montos señalados.
Por otro lado, se iniciaron procesos penales, que por el tiempo transcurrido ya prescribieron.
DESVÍO DE DONACIONES Y RECONSTRUCCIÓN
• La embajada de Bolivia en Alemania donó 1.964 dólares, no hay documentación que respalde el destino.
• Fonplata entregó 10.000 dólares a Defensa Civil, no se conoce destino.
• Austria donó 100.000 dólares, no hay detalle de su manejo.
• Bélgica donó 1,9 millones de euros, no hay documentos de ejecución.
• China donó 603.908 dólares a Defensa Civil, pero no existe destino.
• Dinamarca y Canadá donaron 290.000 dólares, pero no existen documentos de ejecución o destino.
• España y Francia donaron 508.000 dólares, sin documentación.
• Inglaterra e Italia donaron 66.000 dólares, no se conoce destino.
• La OPS y OMS donaron 15.000 dólares para perforaciones de pozos, pero no se realizaron.
• En total, se recibieron 5,7 millones de dólares en donaciones que no tienen documentación de respaldo de gastos o ejecuciones.
• China también donó 13 generadores de luz, pero se presume que quedaron en manos de las Fuerzas Armadas.
• De igual forma, China envió 1.200 carpas, pero en los tres municipios afectados sólo se utilizaron las que envió Usaid y no fueron suficientes.
• Taiwán envió 4.327 bolsas de cemento, que tampoco llegaron a los pobladores.
• Además, se conoce del desvío de alimentos.
• Se reconstruyeron 55 casas coloniales en Totora. Las iglesias de Aiquile y Totora y los mercados.
• Con 376.000 dólares donados por el Banco Mundial, se construyó y equipó el hospital de segundo nivel de Totora Aurelio Melean.
MUNICIPIO
HENRY RICO, EXALCALDE TOTORA
“Que devuelvan dinero a municipios”
Hacer justicia de los hechos de corrupción que desviaron tanto dinero es un tema pendiente que debería resolver este Gobierno. Hay tantas autoridades totoreñas que pasaron por altos cargos, pero dejaron que el tema se duerma.
Que se devuelva el dinero a los municipios para que terminen de trabajar en lo que haga falta, sería como un acto de justicia para la gente.
CONSEJERO
EDWIN JIMÉNEZ, EXCONSEJERO DEPARTAMENTAL POR LA PROVINCIA CAMPERO
“Lo que mandaban no era lo que llegaba”
Tuvimos que hacer una huelga de hambre y bloqueos, porque nos enterábamos que llegaban donaciones por la prensa, pero sólo se mandaba a los municipios una pequeña parte. No era suficiente en relación al daño.
Me llamaron a declarar en los procesos de investigación, pero no siento que realmente se haya hecho justicia luego de estos hechos de corrupción.
Procesan a exjefa de Dircabi por caso Ostreicher
l Ministerio Público inició una investigación contra Mirtha Jiménez, quien se desempeñaba como directora general de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) hasta el pasado 7 de mayo, por la no monetización del arroz incautado al ciudadano norteamericano Jacob Ostreicher en 2011, pese a que había una resolución para hacerlo, lo que originó un daño económico al Estado, informó el actual director de esta institución, Marcelo Gutiérrez.
Jiménez deberá presentarse a declarar hoy al estar acusada por los delitos de resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes además de daño económico al Estado.
“Nosotros hemos pedido en una primera instancia se remita el mandamiento de aprehensión porque ella, estando en libertad, está influyendo en ciertos funcionarios y exfuncionarios de Dircabi que los estamos identificando en este tiempo”, agregó Gutiérrez.
Explicó que la dirección distrital de Dircabi emitió una resolución para la monetización del arroz y Jiménez lo evitó de una forma “dolosa”.
Jiménez deberá presentarse a declarar hoy al estar acusada por los delitos de resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes además de daño económico al Estado.
“Nosotros hemos pedido en una primera instancia se remita el mandamiento de aprehensión porque ella, estando en libertad, está influyendo en ciertos funcionarios y exfuncionarios de Dircabi que los estamos identificando en este tiempo”, agregó Gutiérrez.
Explicó que la dirección distrital de Dircabi emitió una resolución para la monetización del arroz y Jiménez lo evitó de una forma “dolosa”.
En Villa Montes, obra de $us. 1 millón se cae a pedazos
El Centro Cultural Indígena Guaraní San Antonio se cae a pedazos. Así lo verificó una comisión conformada por miembros tanto de la Subgobernación de Villa Montes, que en su momento lo construyó, como de la Capitanía Guaraní, que en su momento lo debió verificar.
En la actualidad la Asamblea de Pueblos Guaraníes zona San Antonio ha sentado denuncia por el deterioro de esta infraestructura que demandó una inversión de 7,8 millones de bolivianos dividido en dos paquetes además de los casi 200.000 bolivianos que costó la supervisión, vistas las consecuencias poco efectiva, y el equipamiento, que superó el medio millón.
La obra se inició en 2011 y se entregó en 2013 por la subgobernación de Rubén Vaca. Por diferentes medios este diario se intentó contactar con él, sin embargo no fue posible contar con la versión del ex ejecutivo.
El Capitán Guaraní Hilario Trigo, según recoge la página Adefib Tarija, manifestó su preocupación por el “notable y prematuro deterioro de la infraestructura, el desmoronamiento del cielo raso, las goteras internas en estos días de lluvias, las rajadas en diversos sectores y las bardas que amenazan colapsar en cualquier momento”.
Hilario Trigo, indicó que se presentó denuncia oficial ante el Gobierno Autónomo Regional a objeto de que se efectué una evaluación técnica del estado de toda la infraestructura para que en función del informe se adopten los recaudos pertinentes, argumentando además que como APG San Antonio no recibieron ninguna entrega oficial de la obra debido a que existían organizaciones paralelas del Pueblo Guaraní.
Por su parte, Tatiana Molina, secretaria de Obras Públicas de la Subgobernación indicó que de acuerdo con la documentación que cursa en la institución, este proyecto cuenta con recepción definitiva el año 2.012, no existiendo documentación de transferencia oficial y a la fecha observa “un preocupante estado de deterioro a nivel de la cubierta de loza con filtración total del agua hacia la parte interna de las oficinas, caídas de las placas del cielo raso, fisuras en las vigas y diversas partes, con muros que amenazan colapsar”.
Molina dijo que “corresponde efectuar una evaluación técnica en detalle para determinar si se cumplieron con las especificaciones técnicas y el contrato suscrito y remitirlo a la Unidad Jurídica para que se obre conforme corresponda”.
De otro lado, el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Local Laurenz Romero indicó que “se tiene bajo dependencia de esta Secretaría a la Unidad de Pueblos Indígenas que vino trabajando en dicho edificio para darle funcionalidad y provecho, pero tuvo que ser replegado en virtud al peligroso estado de deterioro que observan las diferentes reparticiones”.
Además, aseveró Romero que “esta situación limita el accionar de la agenda de trabajo del Gobierno Autónomo Regional por intermedio de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo Local, por cuanto se tiene planificado destinar parte de la infraestructura para un Centro de Exposición y Venta de Artesanías Indígenas debidamente consensuado con la APG, el mismo que no podrá ser llevado a la práctica conforme a lo establecido”.
La huella del caso Zapata todavía polariza al país
La imagen del presidente Evo Morales no es la misma. Hay un antes y un después en la cúpula del Gobierno tras el estallido del caso Gabriela Zapata. Hoy, cuando la exnovia del presidente debe presentarse ante la justicia para oír su sentencia, oficialistas y opositores coinciden en que la denuncia, inicialmente presentada como tráfico de influencias, hirió la autoridad moral del primer mandatario, y abrió una etapa diferente en la imagen del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en los 11 años que lleva en el poder. En lo que difieren es en la duración de las consecuencias.
“Definitivamente, nos cambió la vida”, dice Eduardo León, uno de los abogados que defendió a la exgerente de la empresa China CAMC y que tuvo que permanecer 11 meses en la cárcel de San Pedro por estar presuntamente involucrado en la presentación de un menor como hijo de la pareja. “Es algo irreversible, pienso que hay cosas en la vida que dejan una marca indeleble y eso es lo que pasa en este caso”, agrega el jurista, que recientemente recibió medidas sustitutivas y pudo volver a su casa.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, considera que “evidentemente el caso Zapata fue determinante en los resultados del referéndum del 21 de febrero, dado que nunca antes se había puesto en cuestionamiento la integridad moral del presidente Morales”. Sin embargo, cree que “se fue desmontando esa mentira” cuando se comenzaron a vincular las acusaciones a diferentes figuras de la oposición.
Como analista político, Jorge Komadina sostiene que a pesar de los intentos del Gobierno, hay una relación que no se pudo deshacer: aquella que involucra directamente a Zapata con Morales. A su juicio dos hechos en el último tiempo “lesionaron el capital simbólico del presidente”, que son su responsabilidad en la corrupción dentro del Fondo Indígena y los nexos con los negocios realizados por su expareja desde despachos gubernamentales.
Al interior del MAS la evaluación es más tajante e incluso se llega a asegurar que 475 días después de realizada la denuncia por parte del periodista Carlos Valverde, la figura de Evo queda “más fortalecida”. Gerardo García, vicepresidente del MAS, sostiene que el caso “queda en el pasado” y es ya “algo superado” porque la población ya sabe la verdad sobre ese “montaje”.
Un aspecto observado por los opositores es que el propio primer mandatario afectó su imagen al manejar diferentes versiones y adoptar singulares frases respecto a la relación que tuvo con la mujer y el hijo que supuestamente esperaban o tenían. Llegó a calificar a Gabriela Zapata como “cara conocida”.
“Yo recién empecé a investigar. Soy sincero. No es que el niño ha muerto. No había habido el niño”, señaló Evo en octubre de 2016; meses antes aseveró que “en 2007 tuvimos un bebé y por mala suerte falleció y nos distanciamos”. La existencia del menor era el supuesto nexo que ligaba al presidente con el tráfico de influencias en la firma de contratos por más de $us 500 millones entre el Estado y la empresa china a la que Zapata representaba.
El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, argumenta que esos “traspiés” de Morales calaron hondo en la población. “Hasta ese momento mucha gente perdonaba al presidente. Fue descubierto mintiendo y quedó como alguien que no decía la verdad, por sus propias contradicciones. Más daño le hizo su propia reacción que la denuncia misma”, dijo.
Guerra de cuarta generación
Dentro del Gobierno se analiza el caso Zapata como un ataque que forma parte de una “guerra de cuarta generación”. Esa guerra consiste en la construcción de imaginarios colectivos y sensibilidades sociales contrarias al enemigo, en este caso, Evo Morales. El concepto curiosamente fue creado hace más de una década por militares estadounidenses, como una consigna de un ataque no convencional.
Hugo Moldiz, hombre cercano a Morales, ratifica que las denuncias contra el presidente arrebataron una parte de la votación que debió tener el MAS en el referendúm. “Hay un sector de la población que haga lo que haga el Gobierno no cree en su gestión. Eso no ha crecido; lo que se ha afectado es al sector que votó por Evo desde 2005. Estimamos que es un 7% que se dejó influenciar”, cree.
Desde el Gobierno anticipan que la estrategia de la oposición es cuestionar la autoridad política y moral de las autoridades nacionales para estar al frente de Bolivia, pero creen que eso no logra resultados, basándose en las últimas encuestas que dan a Evo respaldos de popularidad y confianza.
El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, manifiesta que siete de cada 10 ciudadanos considera que se mintió en la denuncia de tráfico de influencias, basado en una encuesta que salió meses después de la votación en la que se impuso el ‘No’ a la repostulación. “Hay mediciones, percepciones y, sin duda, este hecho generó que a 15, 20 días de la votación, con esta desinformación, optara por dejarse influenciar”, considera.
La analista política Helena Argirakis afirma que “el daño ya se hizo, le afectó en una forma objetiva en los resultados al Gobierno. Yo caracterizo esta campaña como un excepcionalismo político electoral que no se puede repetir. La gente se da cuenta de cómo funcionó esa campaña de desacreditación, que estaba basada en devaluar, no solo en términos electorales sino en términos personales, la autoridad moral del sujeto político indígena que se encarna en el presidente Evo Morales”. Considera que ahora existe “repuntes de imagen y de credibilidad” del Gobierno nacional.
Denuncia 3 de febrero Carlos Valverde presenta la acusación contra la “madre del hijo de Evo” bajo la figura de tráfico de incluencias entre la empresa China CAMC y el Gobierno.
Denuncia
3 de febrero
Carlos Valverde presenta la acusación contra la “madre del hijo de Evo” bajo la figura de tráfico de incluencias entre la empresa China CAMC y el Gobierno.
Captura
26 de febrero
Gabriela Zapata es aprehendida por la Policía en la zona sur de La Paz. El anuncio lo realizó el Ministerio de Gobierno.
A la cárcel
28 de febrero
La jueza cuarto de instrucción en lo penal, Margot Pérez, dispone su detención preventiva en el penal para mujeres de Obrajes.
El cambio
24 de marzo
Por disposición de la Dirección de Régimen Penitenciario, Zapata es cambiada de Obrajes a Miraflores, bajo el argumento de problemas entre reclusas.
Motín
4 de abril
Internas de Miraflores organizan un motín por Zapata. Exigen que se vaya debido a que no cumple con las tareas.
Rechazo
21 de julio
El Tribunal Constitucional denega la acción de libertad de Zapata, por un supuesto atentado contra su vida.
Detención
27 de enero de 2017
El juez Jorge Castillo determinó una nueva detención preventiva contra la mujer, por el caso trata y tráfico de menores.
Juicio
17 de marzo
El Tribunal Primero de Sentencia inicia el juicio oral contra Zapata por ganancias ilícitas, falsedad ideológica y otros delitos.
Sentencia
22 de mayo
Hoy, tras escuchar los alegatos finales de las partes, un tribunal de La Paz emitirá el veredicto contra la exnovia de Evo.
Lo que se dijo en el juicio
El 17 de marzo inició el proceso judicial contra Gabriela Zapata, la exjefa de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque; el chofer de esa dependencia, Jimmy Morales; el empresario Carlo Marvin Ramírez; el presunto socio de la mujer, Ricardo Alegría, y el exabogado de la exgerenta de CAMC, Walter Zuleta. La expareja del presidente es acusada de legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso indebido de bienes y servicios públicos.
A lo largo de los 65 días de proceso judicial, que presuntamente terminarán hoy con la lectura de la sentencia, son varias cosas las que se dijeron; está la presentación de un certificado falso como si perteneciera al hijo que tuvo con el presidente Morales, las llamadas que aparentaba realizar al mandatario para contarle los “problemas” que afrontaba CAMC y las visitas que realizó a oficinas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
Un aspecto que no se logró determinar es el patrimonio real de Zapata. “Salía con algunas parejas que me regalaban dinero”, declaró durante una audiencia.
Achacollo vuelve a pedir su salida de la cárcel
Nemesia Achacollo vuelve a solicitar la cesación de su detención preventiva en la cárcel para mujeres de Miraflores. Mañana la juez Margot Pérez analizará el pedido, que surge a 10 meses de su detención preventiva.
La audiencia tendrá lugar a las 17.00 en un juzgado de la ciudad de La Paz. No es la primera vez que la exministra de Desarrollo Rural y Tierras presenta el recurso, en abril la misma petición fue rechazada.
En esa oportunidad porque no justificó una fuente laboral, pese a presentar certificados que señalan que se dedica a la agricultura y la ganadería. Suman 10 meses desde que fue derivada al penal de la sede de Gobierno.
Achacollo, que está presa desde agosto de 2016, es acusada por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Está involucrada en el proceso judicial por los presuntos malos manejos en el Fondo Indígena.
A dos años de estallar el caso, aún la Fiscalía no avanzó con la investigación, según el diputado opositor Rafael Quispe. Espera que inicie el juicio contra los responsables del daño económico al Estado.
Piden 10 años de Cárcel para Gabriela Zapata
La Fiscalía no logró establecer la procedencia de la fortuna de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, según admitió uno de los investigadores asignados al caso, Daniel Ayala, durante su alegato final en el juicio.
El representante del Ministerio Público en esta causa dijo que en el curso del proceso aparecieron otros nombres que pueden llevar a un segundo juicio. Piden una pena de 10 años de cárcel contra la mujer.
Ayala pidió al Tribunal Primero de Sentencia la pena de 10 de cárcel por los delitos de, contribuciones y ventajas ilegítimas, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos. Es la primera de dos causas en su contra.
Hasta el momento se realizó también la fundamentación de Cristina Choque, luego debe presentar alegatos las otras entidades, como el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Justicia, SEGIP y UMSA; posteriormente iniciarán sus alegatos los abogados defensores.
Para el final de la tarde se estima qeu se conozca el veredicto. Otras penas solicitadas por la parte acusadora son: ocho años para Cristina Choque y cuatro años para Jimmy Morales, ambos exfuncionarios de la Unidad de Gestión Social.
En el juicio también están incolucrados el empresario Carlo Marvin Ramírez; el presunto socio de la mujer, Ricardo Alegría, y el exabogado de la exgerenta de CAMC, Walter Zuleta, procesado en rebeldía.
Durante una audiencia pasada, Zapata sostuvo: "Salía con algunas parejas que me regalaban dinero". El monto al que asciende su patrimonio es incierto.
viernes, 19 de mayo de 2017
Zapata encara un segundo juicio con otros 10 acusados
La Fiscalía de La Paz encara la última fase de la investigación del segundo juicio contra Gabriela Zapata, esta vez por trata de personas y que involucra a una decena de personas. El Ministerio Público debe presentar la acusación formal contra los detenidos que presentaron a un menor de edad como el supuesto hijo del presidente Evo Morales, pero aún resuelve los pedidos de juicio abreviado que solicitaron cuatro detenidos, informó la fiscal del caso, Karina Cuba.
“Hay otras cuatro personas que han solicitado someterse a juicio abreviado y estamos analizando esas solicitudes, no podemos revelar de quiénes se trata, pero llegaron los pedidos”, dijo la fiscal y confirmó que, en semanas pasadas, Isela Chávez se sometió a un proceso abreviado y está en libertad.
Chávez es madre del menor que fue presentado como hijo de Gabriela Zapata y Evo Morales y, según la fiscal, dijo que la acusada admitió haber cedido la custodia de su hijo, pero que nunca pensó que sería utilizado de ese modo; por eso aceptó el juicio abreviado.
Los acusados por este caso son Gabriela Zapata, Pilar Guzmán Campanini, Claudio Rivera Guzmán, Andrea Montesinos Guzmán, Víctor Vega Nabas, Juan Garrido Espinoza, Ximena Fortún Taborga, María del Carmen Arce Dulón, Eduardo León, William Sánchez Peña y Wálter Zuleta; estos dos últimos declarados en rebeldía.
Pero el abogado de Zapata, Jorge Tamayo, señaló que se debe investigar a otras dos personas en este caso: Cinthia Perou, que fugó del país, y un varón identificado como Óscar Delgado, que no figuraban en la primera parte de la investigación.
Según Tamayo, su cliente demostrará que es inocente porque todos los actos sobre el menor se produjeron cuando ella estaba detenida en el penal de Obrajes y es cuando las personas prepararon todo sobre la persentación del menor a las autoridades.
Acto suspendido
Ayer debía realizarse la inspección técnica ocular (ITO) al domicilio donde supuestamente fue conducido el menor, pero el acto fue suspendido porque no había la llave de la casa; desapareció en la otra investigación de legitimación de ganancias y, además, tres de los acusados no fueron trasladados desde el penal de San Pedro, en La Paz.
Gabriela Zapata, en breve declaración a los periodistas, afirmó que muchas personas se aprovecharon de su situación cuando estaba detenida y que intentaron despojarla de todos sus bienes.
Un acusado por el caso Rózsa podrá trabajar
La Sala Tercera en lo Penal de La Paz concedió el derecho a salir a trabajar a Hugo Paz Lavadenz, procesado desde hace casi ocho años por supuesto delito de terrorismo.
“Es un alivio para mí porque podré salir a trabajar sin escolta después de permanecer encerrado en mi casa durante más de seis años”, dijo Paz.
Estuvo inicialmente preso en la cárcel de San Pedro, luego salió con medidas sustitutivas pero con escolta día y noche. La justicia le modificó la medida para que salga a trabajar sin escolta pero el proceso continuará adelante.
El juicio por terrorismo, a la cabeza del juez Sixto Fernández, se postergó hasta el 29 de este mes ante el delicado estado de salud del médico Juan Carlos Santiesteban, que permanece internado en el hospital de la Caja Petrolera tras ser sometido a una operación. “Siendo yo médico aguanté mucho esta enfermedad para no entorpecer el juicio pero ya no podía más”, dijo Santiesteban, que antes de la cirugía dijo a sus colegas que dejaba su vida en las manos de Dios y de ellos.
ExDircabi rechaza acusaciones y revela otros datos
ERBOL
El exResponsable Nacional de Operaciones de Dircabi-Santa Cruz Gabriel Moreno – hoy en busca de asilo político fuera del país – aseguró que las recientes denuncias formuladas en su contra por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, busca tapar la corrupción que implica a cercanos colaboradores de esa autoridad, en el extravío del arroz y los bienes confiscados al norteamericano Jacobs Ostreicher por 22 millones de dólares, centenares de motos nuevas incautadas, vehículos y la desaparición de maquinaria pesada.
Moreno fue acusado de ser cabecilla de una red de corrupción que operaba en la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) Santa Cruz, pero él cree que esa es una represalia producto de una sospecha equivocada del ministro Romero por considerarlo autor de unos memes que dieron pistas sobre redes de corrupción que, en criterio de Moreno, existe dentro el Ministerio de Gobierno.
“Definitivamente no soy cabeza ni articulador de red de corrupción ni mucho menos, más al contrario he estado denunciando los actos de corrupción que se suscitaban en la dirección distrital Santa Cruz con la gente de Carlos Romero y de Jorge Pérez, ex ministro de Gobierno, por la desaparición de bienes y devolución de vehículos ilegales que se suscitaban”, declaró a Erbol.
Este medio consultó el criterio del ministro Romero quien de manera contundente dijo: “No debato con delincuentes” y no dio más opciones para formular otras consultas.
LOS BIENES DE OSTREICHER
Dijo que desde el decomiso del arroz, varios directores en distintas gestiones de Dircabi intentaron monetizar el ganado, maquinaria, vehículos, tierras y arroz, éste último almacenado en tinglados en una hacienda en Guarayos y los ingenios San Pablo y Los Tucanes en Santa Cruz. Todos iniciaron procesos de venta, pero cuando tenían todo listo fueron cambiados y el siguiente no dio continuidad.
Explicó que con motivo de una inspección a otros bienes incautados, pudo llegar de casualidad al depósito de San Pablo, donde observó que las grandes cantidades de arroz, con las que se podía llenar el coliseo de La Paz, habían desaparecido en un 90 % y el resto se encontraba en estado de descomposición y en las afueras, la maquinaria se veía desmantelada.
“Hice el informe a través de eso empieza a persecución contra mi persona. Es un tema delicadísimo, quieren ocultar esos casos que son grandes”, manifestó Moreno al dar cuenta que el caso del arroz de Ostreicher está registrado con el código SC-X-518/11. El norteamericano estuvo preso casi 2 años acusado por delitos vinculados al narcotráfico y tras salir de Palmasola huyó a Estados Unidos, abandonando sus inversiones realizadas en Santa Cruz.
Dijo que Dircabi-Santa Cruz es una entidad con supuesta independencia técnica, legal y administrativa, bajo tuición del Ministerio de Gobierno. Maneja el 70% de los incautados a nivel nacional pero que lamentablemente no tiene un inventario de los bienes en custodia y transfiere los mismos por instrucciones del despacho del Ministro de Gobierno con o sin autorización judicial, indicó.
En diciembre de 2012, se conoció que Dircabi confiscó 13.254 toneladas de arroz de la hacienda de Ostreicher, de las que 5.613 toneladas se vendieron y 120 toneladas habrían sido enviadas a Cuba que enfrentaba las consecuencias de un huracán. El resto fue depositado en tres ingenios donde se echó a perder.
La orden de venta salió del juez cautelar Fernando Orellana, pero la sospecha hasta ahora no aclarada es que los dineros de la monetización no llegaron a las arcas de Dircabi y fueron repartidos entre los funcionarios componentes de la red de extorsión de 2012. La Fiscalía abrió una investigación sin difundir sus resultados.
MOTOS DOTADAS A LA POLICIA SIN ORDEN JUDICIAL
Aseguró que el Ministerio de Gobierno cayó en la discrecionalidad en 2012, al disponer la transferencia en dotación de centenares de motos nuevas a la Policía Boliviana, de las cuales la mayor parte fue a parar a la entidad policial, pero una cantidad menor se extravío en el camino. Lo lamentable es que estos bienes al estar en litigio, no podían ser dispuestos sin orden judicial, indicó el exfuncionario.
Una cantidad pertenece a la Abdalá Cuellar y la otra a la familia Jiménez. El abogado de ésta última Otto Ritter confirmó que la familia Jiménez fue objeto de una confiscación de 70 unidades nuevas. Existe una sentencia ejecutoriada para su devolución pero Dircabi evade su cumplimiento. Según Moreno esta situación puso en apuros al ministro Romero y por eso intentó introducir un artículo en la nueva Ley de Sustancias Controladas para validar esa entrega de 2012.
Sin embargo, considera que será difícil que Dircabi pueda recuperar las motos porque la mayor parte ya no sirven, están desmanteladas, otras quemadas, y tendrían que pedir a cada policía la devolución en las mismas condiciones que recibió.
DIRCABI, GARAJE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO
Moreno trabajó desde 2013 en Dircabi y recordó que incluso antes, los bienes incautados al narcotráfico fueron entregados en actos públicos a municipios, organizaciones sociales y otros utilizados en la campaña electoral.
“El Ministerio de Gobierno cree que la Dircabi es un garaje que tiene que estar dotando de estos vehículos, utilizarlos hasta que se funda el motor para pedir otro. No tienen contratos provisionales ni en comodato. Pasan dos a tres años recién entregan los bienes a Dircabi, muchos están chatarra y otros en mal estado”, manifestó.
“Desde que entré, empecé a tocar a gente que había sido de Romero y de Pérez. Tenía documentos e informes y por mi seguridad familiar, personal y mi libertad personal, he tenido que huir”, declaró al recordar que Pérez aún sin ser autoridad pública, continuaba colaborando con Romero en el Ministerio y en el club Sport Boys.
“SOY UN MUCHACO DE 32 AÑOS, SIN DINERO Y BUSCO ASILO”
Gabriel Moreno admite que huyó tras una alerta que recibió de la exdirectora Mirtha Jiménez sobre una orden de aprehensión que pudo llevarlo a la cárcel de Palmasola, pero dice estar en la clandestinidad, aunque el Fiscal General, Ramiro Guerrero, dijo tener pistas que se encuentra en Perú y gestionan su expulsión.
“Yo no confío en la justicia boliviana porque se manipula y por temor a las represalias voy a buscar el refugio político. Sé que me lo van a dar, me van a conceder”, dijo en contacto telefónico.
Se declaró militante del MAS que hizo campaña siendo dirigente universitario en Oruro, donde se sumó al actual partido de gobierno. Ingresó a Dircabi en 2013 como Coordinador de la Dirección General, luego ascendido Responsable Nacional de Operaciones en 2015. Tenía un sueldo inicial de Bs 6.800 y desde el año pasado, pasó a ganar Bs 11.700.
“Soy un muchacho de 32 años, acabo de cumplir años de la manera más atroz que he podido pasar en mi vida, involucrarme en esto. No tengo ni dinero, ni recursos. Por hacer denuncias ahora soy el denunciado”, dijo Moreno en la extensa conversación.
El exResponsable Nacional de Operaciones de Dircabi-Santa Cruz Gabriel Moreno – hoy en busca de asilo político fuera del país – aseguró que las recientes denuncias formuladas en su contra por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, busca tapar la corrupción que implica a cercanos colaboradores de esa autoridad, en el extravío del arroz y los bienes confiscados al norteamericano Jacobs Ostreicher por 22 millones de dólares, centenares de motos nuevas incautadas, vehículos y la desaparición de maquinaria pesada.
Moreno fue acusado de ser cabecilla de una red de corrupción que operaba en la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) Santa Cruz, pero él cree que esa es una represalia producto de una sospecha equivocada del ministro Romero por considerarlo autor de unos memes que dieron pistas sobre redes de corrupción que, en criterio de Moreno, existe dentro el Ministerio de Gobierno.
“Definitivamente no soy cabeza ni articulador de red de corrupción ni mucho menos, más al contrario he estado denunciando los actos de corrupción que se suscitaban en la dirección distrital Santa Cruz con la gente de Carlos Romero y de Jorge Pérez, ex ministro de Gobierno, por la desaparición de bienes y devolución de vehículos ilegales que se suscitaban”, declaró a Erbol.
Este medio consultó el criterio del ministro Romero quien de manera contundente dijo: “No debato con delincuentes” y no dio más opciones para formular otras consultas.
LOS BIENES DE OSTREICHER
Dijo que desde el decomiso del arroz, varios directores en distintas gestiones de Dircabi intentaron monetizar el ganado, maquinaria, vehículos, tierras y arroz, éste último almacenado en tinglados en una hacienda en Guarayos y los ingenios San Pablo y Los Tucanes en Santa Cruz. Todos iniciaron procesos de venta, pero cuando tenían todo listo fueron cambiados y el siguiente no dio continuidad.
Explicó que con motivo de una inspección a otros bienes incautados, pudo llegar de casualidad al depósito de San Pablo, donde observó que las grandes cantidades de arroz, con las que se podía llenar el coliseo de La Paz, habían desaparecido en un 90 % y el resto se encontraba en estado de descomposición y en las afueras, la maquinaria se veía desmantelada.
“Hice el informe a través de eso empieza a persecución contra mi persona. Es un tema delicadísimo, quieren ocultar esos casos que son grandes”, manifestó Moreno al dar cuenta que el caso del arroz de Ostreicher está registrado con el código SC-X-518/11. El norteamericano estuvo preso casi 2 años acusado por delitos vinculados al narcotráfico y tras salir de Palmasola huyó a Estados Unidos, abandonando sus inversiones realizadas en Santa Cruz.
Dijo que Dircabi-Santa Cruz es una entidad con supuesta independencia técnica, legal y administrativa, bajo tuición del Ministerio de Gobierno. Maneja el 70% de los incautados a nivel nacional pero que lamentablemente no tiene un inventario de los bienes en custodia y transfiere los mismos por instrucciones del despacho del Ministro de Gobierno con o sin autorización judicial, indicó.
En diciembre de 2012, se conoció que Dircabi confiscó 13.254 toneladas de arroz de la hacienda de Ostreicher, de las que 5.613 toneladas se vendieron y 120 toneladas habrían sido enviadas a Cuba que enfrentaba las consecuencias de un huracán. El resto fue depositado en tres ingenios donde se echó a perder.
La orden de venta salió del juez cautelar Fernando Orellana, pero la sospecha hasta ahora no aclarada es que los dineros de la monetización no llegaron a las arcas de Dircabi y fueron repartidos entre los funcionarios componentes de la red de extorsión de 2012. La Fiscalía abrió una investigación sin difundir sus resultados.
MOTOS DOTADAS A LA POLICIA SIN ORDEN JUDICIAL
Aseguró que el Ministerio de Gobierno cayó en la discrecionalidad en 2012, al disponer la transferencia en dotación de centenares de motos nuevas a la Policía Boliviana, de las cuales la mayor parte fue a parar a la entidad policial, pero una cantidad menor se extravío en el camino. Lo lamentable es que estos bienes al estar en litigio, no podían ser dispuestos sin orden judicial, indicó el exfuncionario.
Una cantidad pertenece a la Abdalá Cuellar y la otra a la familia Jiménez. El abogado de ésta última Otto Ritter confirmó que la familia Jiménez fue objeto de una confiscación de 70 unidades nuevas. Existe una sentencia ejecutoriada para su devolución pero Dircabi evade su cumplimiento. Según Moreno esta situación puso en apuros al ministro Romero y por eso intentó introducir un artículo en la nueva Ley de Sustancias Controladas para validar esa entrega de 2012.
Sin embargo, considera que será difícil que Dircabi pueda recuperar las motos porque la mayor parte ya no sirven, están desmanteladas, otras quemadas, y tendrían que pedir a cada policía la devolución en las mismas condiciones que recibió.
DIRCABI, GARAJE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO
Moreno trabajó desde 2013 en Dircabi y recordó que incluso antes, los bienes incautados al narcotráfico fueron entregados en actos públicos a municipios, organizaciones sociales y otros utilizados en la campaña electoral.
“El Ministerio de Gobierno cree que la Dircabi es un garaje que tiene que estar dotando de estos vehículos, utilizarlos hasta que se funda el motor para pedir otro. No tienen contratos provisionales ni en comodato. Pasan dos a tres años recién entregan los bienes a Dircabi, muchos están chatarra y otros en mal estado”, manifestó.
“Desde que entré, empecé a tocar a gente que había sido de Romero y de Pérez. Tenía documentos e informes y por mi seguridad familiar, personal y mi libertad personal, he tenido que huir”, declaró al recordar que Pérez aún sin ser autoridad pública, continuaba colaborando con Romero en el Ministerio y en el club Sport Boys.
“SOY UN MUCHACO DE 32 AÑOS, SIN DINERO Y BUSCO ASILO”
Gabriel Moreno admite que huyó tras una alerta que recibió de la exdirectora Mirtha Jiménez sobre una orden de aprehensión que pudo llevarlo a la cárcel de Palmasola, pero dice estar en la clandestinidad, aunque el Fiscal General, Ramiro Guerrero, dijo tener pistas que se encuentra en Perú y gestionan su expulsión.
“Yo no confío en la justicia boliviana porque se manipula y por temor a las represalias voy a buscar el refugio político. Sé que me lo van a dar, me van a conceder”, dijo en contacto telefónico.
Se declaró militante del MAS que hizo campaña siendo dirigente universitario en Oruro, donde se sumó al actual partido de gobierno. Ingresó a Dircabi en 2013 como Coordinador de la Dirección General, luego ascendido Responsable Nacional de Operaciones en 2015. Tenía un sueldo inicial de Bs 6.800 y desde el año pasado, pasó a ganar Bs 11.700.
“Soy un muchacho de 32 años, acabo de cumplir años de la manera más atroz que he podido pasar en mi vida, involucrarme en esto. No tengo ni dinero, ni recursos. Por hacer denuncias ahora soy el denunciado”, dijo Moreno en la extensa conversación.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)