jueves, 30 de marzo de 2017

Video El Certificado de Nacimiento del hijo de Evo Morales existe y es legal

Testigos ratifican los lazos de Zapata con altas esferas



A medida que avanza el juicio oral contra Gabriela Zapata, los testigos confirman que la exnovia del presidente Evo Morales realizaba negocios en ambientes de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia hasta altas horas de la noche.

Dennis Grundy Ríos, testigo “clave” de la Fiscalía, señaló ayer que acudió a Zapata porque “tenía fama de tener éxito en los negocios”, mientras que ella le sacó en cara “favores” que le hizo y le acusó de hacerse pasar por sobrino del Vicepresidente.

Grundy, que atestiguó en la audiencia del juicio oral ante el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, fue uno de los socios de Zapata y se sometió al procedimiento abreviado en este caso.

El fiscal del caso, Daniel Ayala, justificó que él ya fue sancionado como corresponde y ahora se constituye en “testigo clave” del proceso. “No se le está investigando al señor Dennis Grundy, tampoco es el juicio oral contra él…”, aclaró el Fiscal.

Por más de una hora, Grundy relató ante la autoridad jurisdiccional, en respuesta a la consulta de los fiscales y abogados de las partes, que Zapata se promocionó como directora y perito en proyectos, que ofertaba sus servicios a diferentes empresas y que utilizaba las oficinas de la Unidad de Gestión Social (UGS).

“No contaba con oficinas. Me reuní en las oficinas de Gestión Social (del Ministerio de la Presidencia), no recuerdo bien la fecha exacta, debe ser por septiembre de 2014, (fuimos) a presentar el proyecto aeroportuario para el G77”, manifestó.

El testigo de la Fiscalía dijo, además, que conoció a Zapata en 2014 y, en julio de ese año, acudió a ella porque tenía fama de tener éxito en los negocios. Muy pronto se asociaron y presentaron una propuesta para la compra de equipos de escaneo y rayos X para aeropuertos en oficinas de Gestión Social.

Detalló que se reunían hasta las 20:30 en esos ambientes públicos cuando todo el personal ya se había retirado y sólo quedaban Zapata, Sigfrido Antelo, una mujer y el guardia de seguridad que vigilaba el ingreso a esas oficinas.

Estas afirmaciones desataron el enojo de la exnovia del Presidente, que a la conclusión de las declaraciones del testigo solicitó al Tribunal la autorización para que efectúe algunas aclaraciones sobre lo vertido por su exsocio.

“Él (Dennis Grundy) se hacía pasar por sobrino de García Linera, ha ido a Nissan Bolivia y hacerse pasar por sobrino, le ha dicho al señor Antonio Assef que era sobrino del Vicepresidente y ha dicho a varias personas igual”, sostuvo.

Zapata aseguró que iba a desenmascarar a Grundy y poner en evidencia quién realmente es.

“En este juicio donde de manera pertinente, con grabaciones, con micrófonos que habían en mi domicilio se va a demostrar quién es el ciudadano Dennis Grundy que es el testigo clave de la Fiscalía”, sentenció.

Asimismo, Zapata Montaño involucró a Grundy con José María Leyes, toda vez que éste había propuesto a las empresas de Camce realizar obras en la ciudad de Cochabamba y que iba a ser posible por la amistad estrecha que supuestamente tenía con el munícipe de Cercado.

“Él traía varias empresas y qué es lo que me decía, no, no podemos hacer eso, no se puede hacer. Iba a Camce a ofrecer de que en Cochabamba su amigo era el José María Leyes, ofrecía a Camce hacer proyectos con la Alcaldía de Cochabamba que tenía cercanía con el señor José María Leyes, simplemente eso”, expuso.

Zapata es acusada por legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegitimas, además de uso indebido de bienes y servicios públicos.



MÁS TESTIGOS

El Ministerio Público confirmó que convocará al exarquero de la selección nacional, Leonardo Fernández, pero descartó la presencia del cantante Alejandro Delius en el juicio contra la exgerenta de Camce Gabriela Zapata.

Anteriormente, el exarquero de la selección boliviana reconoció que es amigo de Zapata desde hace ocho años, negó que hubiera realizado negocios con la exnovia del presidente Evo Morales y aseguró que cuando la conoció ya estaba casada con otra persona.

La audiencia de ayer se suspendió porque los testigos de la Fiscalía no acudieron.

Video Citaran al Ex Jugador Leonardo Fernandez por el caso Zapata

Transparencia informa que YPFB entregó documentación incompleta sobre taladros a la Fiscalía



La Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos informó que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) envió a la Fiscalía documentación incompleta sobre la compra de tres taladros. El caso ahora fue remitido al Ministerio de Justicia y Transparencia.

Edmundo Novillo, jefe de la Unidad de Transparencia, explicó que el legajo de documentos que entregó YPFB al Ministerio Público no estaba completo y no contó con petitorio ni el fundamento respectivo para iniciar la investigación.

“Lamentablemente y de manera infructuosa YPFB presenta este informe nuestro con no toda la documentación, según la información que tenemos, solo con una parte. (También la) presenta sin cumplir requisitos formales de una denuncia”, señaló.

La fiscalización detectó irregularidades jurídicas, administrativas y técnicas en la compra de los equipos a la firma italiana Drillmec en abril de 2016 por un valor de $us 148 millones. El Directorio de YPFB instruyó el 17 de marzo al presidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá, remitir a la Contraloría y Fiscalía el informe de Transparencia.

El jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo (izq), en rueda de prensa, junto al ministro de Justicia, Héctor Arce. Foto: La Razón

Novillo informó que decidió remitir el caso al Ministerio de Justicia y Transparencia para que pueda analizar la documentación de la licitación y posteriormente formalizar una denuncia para que sean investigados todos los presuntos hechos irregulares.

“Hemos decidido mediante nota dirigirnos al ministro (Héctor Arce) explicándole todo el proceso que se ha seguido y solicitando que previo las formalidades y previo los trámites correspondientes de manera interna formalice la denuncia al Ministerio Público para que sean investigados todos estos presuntos hechos irregulares e ilícitos”, anunció.

"Esta adjudicación se la ha hecho en forma incorrecta a la empresa Drillmec", remarcó Novillo, quien enumeró las observaciones identificadas y el probable incumplimiento de deberes en el que habría incurrido el comité de licitación de los equipos de perforación.

Arce indicó que en su calidad de Procurador General empezó a investigar el caso con un equipo de abogados que -recordó- estableció posibles indicios de irregularidades en el proceso de licitación y de contratación.

Novillo sostuvo que se hará un seguimiento “continuo y permanente” en coordinación con el Ministro de Justicia para el establecimiento de la verdad sobre las observaciones jurídicas, administrativas y técnicas. (29/03/2017)

Notaria dice que Zapata presentó el carné de Evo Morales para inscribir a un hijo en 2007



Gabriela Zapata, actualmente detenida preventivamente por la comisión de tres delitos, presentó en junio de 2007 su cédula de identidad y la del presidente Evo Morales ante el Registro Civil, para la inscripción del hijo que decía tener afirmó este jueves la notaria de Fe Pública que efectuó el registro y reconocimiento, Ibeth Gonzáles.

"Así es, así es", respondió la notario al ser consultada si Zapata presentó su cédula y la del Mandatario ante ella para la inscripción del recién nacido. Lo hizo durante una entrevista en el noticiero de mediodía de Cadena A.

"Estos documentos son confidenciales, no puedo dar más declaraciones, pero sí decir que se cumplió con todos los procedimientos y formalidades que se requerían en ese momento del acto jurídico", indicó Gonzáles.

El año pasado, en mayo, la Justicia estableció "la inexistencia física comprobada del niño" y declaró improbada la demanda de Morales en contra de Zapata, su expareja, por daños psicológicos al supuesto menor, en medio de un escándalo que estalló el 3 de febrero de 2016 con denuncias de tráfico de influencias en beneficio de la china CAMC que se adjudicó millonarios contratos estatales y donde Zapata cumplía la función de Gerente Comercial.

El presentador de televisión Carlos Valverde destapó el caso con la presentación del certificado de nacimiento, documento en el que figuraban el nombre del Mandatario y de la joven, autentificado por Registro Civil.

El 5 de febrero, dos días después de la denuncia de Valverde, el Mandatario dijo, en conferencia de prensa, que Zapata fue su expareja y tuvo un hijo con ella en 2007, pero que éste falleció, y desde entonces rompieron relaciones.

"A la Gabriela Zapata Montaño la conocí en 2005, era mi pareja, en 2007 tuvimos un bebé y lamentablemente, nuestra mala suerte, ha fallecido, tuvimos algunos problemas y a partir de ese momento nos distanciamos", manifestó en esa ocasión. Avanzada la investigación, el Presidente sostuvo que lo del hijo fue una invención para hacerle daño.

La notaria contó que ella efectuó el registro de nacimiento y reconocimiento del bebé de Zapata sin haber visto al recién nacido, porque el procedimiento no exige este requisito, aunque ratificó que le presentaron los documentos de los dos padres, más el Certificado de Nacido Vivo y las cédulas de identidad de dos testigos.

La versión de Morales respecto al niño cambió en octubre de 2016. Durante un acto público en Potosí sostuvo que una reciente investigación estableció que nunca existió un hijo suyo y de su expareja. "Yo recién empecé a investigar. Soy sincero. No es que el niño ha muerto. No había habido el niño", dijo.

Valverde también se retractó y en mayo del año pasado indicó que cuenta con información "seria" y "responsable" que le permite asegurar que ese menor “no existe”.

La expareja de Morales afronta actualmente un proceso judicial por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegitimas, uso indebido de bienes y servicios públicos abierto por la Fiscalía. (30/03/2017)

Juez niega libertad a Eduardo León

El juez Sexto de Instrucción Cautelar, Fernando Rivadeneira, rechazó ayer la cesación de la detención preventiva al abogado Eduardo León y dictaminó su permanencia en la cárcel de San Pedro.

La audiencia se cumplió luego de que dos tribunales se declararan incompetentes y se negaran a dar apertura al juicio oral contra León por el supuesto delito de falsificación de su libreta de servicio militar para obtener su título profesional, alegando que primero debían resolverse los incidentes jurídicos planteados por el acusado.

Durante la audiencia, la defensa del abogado demandó el cumplimiento de la sentencia constitucional 1214 del Tribunal Constitucional Plurinacional que establece que no concurre riesgo procesal en este caso, pero el juez Rivadeneira incorporó dos riesgos procesales –obstaculización de la investigación y riesgo de fuga– como argumentó para dictar una resolución en contra de la solicitud de libertad del imputado.

En declaraciones a ANF, el abogado de la defensa, Jorge Quiroz, acusó al juez Rivadeneira de cometer prevaricato y vulnerar el derecho al debido proceso y dijo que espera que en la audiencia de excepción de prescripción, señalada para el próximo 4 de abril, el juez actué con objetividad y valore las pruebas y descargos de su defendido.

Por su parte, el abogado León dijo a la ANF que el juez falló “respondiendo a una instructiva política” y aseguró que “la resolución demuestra que en Bolivia la política ha prostituido a la justicia, han convertido a la justicia en una ramera de la política, pero mi decisión de seguir luchando por mi libertad y demostrar mi inocencia es firme”.

Recordó que la sentencia constitucional 1214 establece que no concurre riesgo procesal y lamentó que la resolución que le niega la cesación de detención se haya basado en el argumento: “No tengo arraigo natural, cuando el juez ha establecido que cuento con trabajo, domicilio, familia y que, el informe del flujo migratorio certifica que nunca he salido del país, no puedo fugar”.

Dijo que su pedido de libertad ya debía resolverse en noviembre de 2016, pero “está claro el Juzgado Sexto de Instrucción Cautelar procede según lo que dicta el Gobierno, sus resoluciones tienen un carácter político”.

Fiscal “desconoce” delitos por los que procesó a Grundy

El fiscal Daniel Ayala aseguró “desconocer” los delitos por los cuales procesó al supuesto empresario y amigo de Gabriela Zapata, Dennis Grundy Ríos, quien en 2016 fue sentenciado a un proceso abreviado.

“Desconozco en este momento, estoy saliendo de otra audiencia”, afirmó ayer el fiscal al ser consultado sobre el porqué no se hizo mención de los delitos de los que fue acusado, que se preveía serían la base para demostrar algún tipo de delito en contra de Zapata.

Ayala tampoco supo destacar cuáles son los elementos que Grundy, su “testigo clave”, aportó ayer en el Tribunal, y se presumía debían reforzar la acusación, “no tengo en este momento, seguro vamos hacer un análisis”, se excusó.

Gabriela Zapata descalifica a “testigo clave” de Fiscalía

Dennis Grundy Ríos, el denominado “testigo clave” de la Fiscalía, en la audiencia de ayer del juicio oral, fue desacreditado ante los jueces por la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata.

La que fuera también Gerente Comercial de la Empresa China CAMC aseguró que Grundy afirmaba ser familiar del vicepresidente Álvaro García Linera, tener nexos con altas autoridades, como el exminsitro de Gobierno, Hugo Moldiz, el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, y ser amigo y “articulador” de los hijos de Manfred Reyes Villa.

FISCALÍA ENGAÑADA

Zapata, en audiencia, insinuó que Grundy había engañado a la Fiscalía para beneficiarse con el proceso abreviado, por el cual salió de este caso.

Sin embargo, en 2014, cuando lo conoció, Zapata afirma que acogió a Grundy “por las carencias económicas” que este tenía, e incluso financió la fiesta de cumpleaños de su novia y pasó a ser un tramitador en la Empresa China CAMC, donde asegura que luego de un tiempo se le prohibió el ingreso, porque utilizaba una tarjeta de presentación, haciéndose pasar por “gestor de proyectos” de la transnacional.

MIENTE / GRABADORAS

“El señor Dennis Grundy miente (…) aparentaba ser sobrino del Vicepresidente, tengo pruebas y testigos para demostrar. Él tenía conocimiento de que en mi casa (de la Rinconada) había micrófonos y grabadoras”, afirmó Zapata, a quien se le concedió la palabra luego de que Grundy prestara declaración ante miembros del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, como testigo de cargo de la Fiscalía.

En la sexta audiencia del juicio por legitimación de ganancias, realizada ayer, el juez Iván Perales instruyó a Grundy permanecer en sala y escuchar las “aclaraciones” que pidieron hacer Zapata y el coimputado, Marvin Ramírez, a quien lo señaló como una de las personas que estuvo presente en una reunión de negocios que se dio en 2015, en la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia.

Al inicio de la audiencia, interrogó a Grundy la parte acusadora, conformada, además del Ministerio Público, representado por fiscal Daniel Ayala, el Ministerio de Gobierno, de Justicia y Transparencia, la UMSA y el Segip.

El 15 de septiembre de 2016, Grundy fue sentenciado a dos años de cárcel por el mismo Tribunal y pasó a ser “testigo útil y pertinente para la estrategia que tiene el Ministerio Público”, según lo afirmó Ayala.

Grundy solicitó el procedimiento abreviado, reconociendo la comisión de los tipos penales de contribuciones y ventajas ilegítimas, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios del Estado, según Ayala.

“POR SONSO”

En la audiencia, Marcelo Tamayo, abogado de Zapata, preguntó a Grundy por qué aparecía en la foto de la separata que la CAMC publicó, en la que se halla junto a sus ejecutivos y Zapata.

“Porque estaba en la casa de Gabriela y cuando estaban haciendo la foto (para la separata) ella me dijo entra, y entré ahí por sonso, porque no tengo ninguna relación con la empresa”, sostuvo Grundy.

Por su lado, Ramírez desacreditó igualmente al testigo “útil” de la Fiscalía y advirtió con pedir los informes y registros originales para probar que Grundy miente y que él no estuvo presente en la reunión de 2015.

Sobre esa reunión, Zapata confirmó que se produjo, por lo cual sería el único indicio del delito, uso indebido de bienes del Estado.

Ramírez precisó, con los documentos en mano, que Grundy nunca lo menciona en la declaración que hizo a la Fiscalía y en la acusación tampoco figura este detalle.

“MIENTE GUIADO”

Ramírez dijo que la única vez que vio a Grundy fue un día antes de la detención de Zapata, que al día siguiente lo llamó (existen registros) y este le confirmó la aprehensión y le dijo que se iba a Cochabamba. “Me molesta realmente que este señor venga a mentir de manera maliciosa, y creo que lo hace guiado por el fiscal (Ayala), porque esto no aparecía en ninguno de estos documentos, (…) yo lo he visto a este señor, que es un mentiroso, un día antes que detengan a Gabriela Zapata”, expresó Ramírez ante el Tribunal.

“ESTÁ ENOJADA”

“(Zapata) está enojada conmigo por la declaración, por eso está tratando de ensuciarme, donde puede, pero todo es falso”, fue lo único que declaró Grundy, quien negó dar su versión sobre todas estas acusaciones, antes de salir de manera apresurada de los juzgados, empujando a los propios periodistas.

ZAPATA

En cambio, Zapata, fuera de audiencia, reiteró su denuncia y dio más detalles sobre nombres de empresas. “Me estoy refiriendo al ciudadano Dennis Grundy, que se hacía pasar por el sobrino del Vicepresidente y viene aquí a victimizarse, cuando el señor Grundy ha levantado el nombre de la empresa Gendan, Alston, Joca; decía que era el articulador de los hijos de Manfred Reyes Villa, que tenía conocimiento. Ha ofrecido a CAMC a hacer proyectos con la Alcaldía de Cochabamba, que tenía cercanía con el señor José María Leyes”, refirió Zapata.

La encausada añadió que Grundy lo acompañó a adquirir una vagoneta en la empresa Nissan y ahí se presentó como sobrino del Vicepresidente, aprovechando que era novio de Valeria Tejada.

“El señor Grundy, cuando yo estaba detenida, me ha manifestado que lo había buscado el señor Hugo Moldiz, que estaba encargado de mi caso, y que a él le había beneficiado con el procedimiento abreviado, y que tenía alguna solución para mí”, finalizó.

miércoles, 29 de marzo de 2017

Video 5 años de carcel para el exsenador Roger Pinto

Zapata y Grundy se ven frente a frente en el juicio


Una extensa declaración de más de una hora, brindó la mañana de este miércoles el ex socio de Gabriela Zapata, Dennis Grundy Ríos, aunque sus afirmaciones distaron mucho de las declaraciones que brindó ante los fiscales. La exnovia del presidente Evo Morales le reclamó por los favores que le hizo.

Grundy refirió que Zapata se hizo fama de gestora de proyectos y que por esa razón ofrecía sus servicios a distintas empresas; pero dijo que ninguno de los proyectos que emprendió tuvieron éxito y terminaron antes de iniciarse.

Cuando el abogado de Zapata le preguntó si alguno de los contratos que gestionaba Gabriela Zapata fueron firmados en las oficinas de la UAGS, Grundy respondió que no; cuando le preguntaron si el asistió a la firma de algún contrato que involucrara al Estado, también negó ser testigo.

Pero Zapata, solicitó la "aclaración" de esas declaraciones y el Tribunal luego de autorizarla escuchó los conflictos entre los dos socios. Grundy sólo sonreía y movía la cabeza en sentido negativo a cada afirmación de la ex pareja presidencial.
Al final, dijo que ella declaró todo eso porque estaba furiosa con él luego de que revelara sus "negociados".

Suspenden audiencia de vocales por caso CAMC hasta abril


Audiencia de los vocales, que fue suspendida para abril.

La audiencia de medidas cautelares que debía desarrollarse ayer en contra de los vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Virginia Crespo y Willy Arias, por el supuesto delito de “dictar resoluciones contrarias a la ley”, fue suspendida hasta el 21 de abril.

La audiencia cautelar estaba programada para las 08.30 horas, en el juzgado primero anticorrupción, a cargo de la juez Cynthia Delgadillo.

Sin embargo, a la misma hora, la vocal Crespo llegó sin abogados, por lo que Delgadillo determinó suspender la misma, fijando fecha para el viernes 21 de abril, siendo la tercera suspensión que se tiene en este caso.

Este fallo impidió la ejecución de las Boletas de Garantía, por valor de 96,1 millones de bolivianos, ante el incumplimiento de contrato firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa China Camc Engineering Co. Ltd. Bolivia Branch, para la construcción de la vía ferroviaria Montero - Bulo Bulo, Tramo I.

Crespo y Arias son investigados a denuncia del Ministerio de Obras Públicas, en relación a una resolución de Amparo Constitucional, que habría favorecido a la Empresa “China CAMC Energineering Co. Ltda. Bolivia Branch” e impidió la ejecución de las Boletas de Garantía por valor de más de 50 millones de dólares, a raíz del incumplimiento de contrato de la construcción de dicha vía.

INCIDENTE

El pasado 9 de marzo, la abogada Mónica Ramírez, que ayer no se presentó a la audiencia, aseguró que la sentencia constitucional que se tiene como antecedente y revocó la resolución de los vocales, emitida por Tribunal Constitucional, toca el tema de fondo y no así el aspecto de una supuesta resolución irregular, como es la hipótesis de la Fiscalía.

En ese sentido, la abogada afirmó que el fiscal Oscar Campero emitió un imputación contradictoria, “porque al momento de emitir la imputación formal ha confundido, interpretado, ha ido más allá de la propia sentencia constitucional, que revisa la resolución emitida por la doctora Crespo”, señaló Ramírez.

ZAPATA

Ese fallo se dio a conocer en febrero de 2016, en medio del escándalo que sacudió a Bolivia cuando salió a la luz la relación sentimental entre el presidente Evo Morales y Gabriela Zapata, que en ese entonces ocupaba el puesto de Gerente Comercial de la CAMC y, además fue quien gestionó y contrató como abogado para este proceso, al exesposo de la vocal Crespo, Wilfredo Chávez.

Defensa de Zapata Testigos de Fiscalía se contradicen y no producen pruebas de delitos


Los cuatro testigos de la fiscalía que declararon ayer.

Los nueve testigos de cargo, de los 42 que llamará la Fiscalía a comparecer en el juicio, incurren en contradicciones y no “producen” prueba de que la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, haya incurrido en algún tipo de delito, según el abogado, también exgerente comercial de la CAMC, Marcelo Tamayo.

Si bien para el fiscal Daniel Ayala, todos los testigos han declarado en contra de Zapata, para Tamayo, en cambio, “hay contradicciones entre los testigos, (…) no hay coherencia en las declaraciones testificales, respecto a la participación de la señora Gabriela en la Unidad de Gestión Social”, afirmó.

CITAN A SUS DEUDORES

“Efectivamente, le prestó (en 2014) al señor (Juan Ramírez) 50 mil dólares y como no tenía otra garantía, puso ese camión a mi nombre”; “efectivamente, asistía casi a diario al salón (de belleza) de la señora Miriam Noriega, y quiero aclarar que el monto de interés por el préstamo (de $us 20.000), como esta en la declaración de la misma señora, es de 1,5%”; “la señora Marisol (Condori) me debe dinero”, son tres de las aclaraciones que hizo ayer Zapata ante los miembros del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, luego de que testificaran tres personas que le debían dinero y dos de ellas fueran investigadas, por haber realizado depósitos a sus cuentas bancarias.

En el caso de Ramírez, al margen de haber confirmado que Zapata le prestó dinero, no reveló nada incriminador en contra de los otros cinco coacusados.

Ramírez y Noriega fueron los primeros en declarar en la quinta audiencia del juicio por legitimación de ganancial ilícitas abierto contra Zapata, Cristina Choque, Jimmy Morales, Ricardo Alegría, Carlo Marvin Ramírez y la expareja y abogado de Zapata, Walter Zuleta, declarado rebelde en este caso. El Tribunal programó las audiencias para todos los días martes miércoles y jueves.

PRODUCTOS YANBAL

Luego, fue el turno de Marisol Condori, secretaria de la Unidad de Apoyó a la gestión Social (UAGS), del Ministerio de la Presidencia, quien además era proveedora de Zapata, a la que ofrecía desde cosméticos, alhajas y zapatillas de la línea Yanbal, lo que hacia “en especial” a las personas que la buscaban, según la jefa de esa Unidad, Cristina Choque.

Zapata afirmó que Condori se negaba a pagar el préstamo que le había hecho y que por la disputa que se dio entre ambas se produjo otro problema, que desembocó en la enemistad con su amiga Choque.

A su vez, Choque confirmó que sancionó a Condori por vender esos productos en horas de oficina, de quien afirma que hizo de su escritorio un depósito de productos.

La secretaria tampoco precisó si en la UAGS se haya efectuado alguna reunión entre empresarios, aunque afirmó que Zapata tenía potestad al interior de estas oficinas.

En el caso del suboficial Mario Mamani, quien cumple funciones de guardia en la puerta de la UAGS, este tampoco reveló la comisión de delitos y menos contra los otros coacusados, pero tanto el uniformado como Condori, confirmaron que Zapata fue en diferentes oportunidades a esta Unidad y recibía correspondencia.

Por la tarde, declararon el otro guardia, Gabriel Conde, y la secretaria Olga Soria; Soria, al contrario de lo que se esperaba, la testigo fue señalada por Choque como una persona “ineficiente”, a la que no despidió porque esta le rogó por su trabajo, ya que decía ser el sostén de su familia.

Caso Zapata: las partes presentan 117 testigos

El Ministerio Público y la defensa de la parte acusada por el caso Zapata presentaron 117 testigos para la fase de producción de prueba testifical, manifestó el abogado de Gabriela Zapata, Marcelo Tamayo.

El jurista explicó que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia recibió una nómina de 62 testigos de la defensa, mientras que el Ministerio Público presentó 55 para ratificar o desvirtuar los tipos penales.

Señaló que su defensa se sustentará en demostrar a la autoridad jurisdiccional que su cliente “nunca y en ningún momento cometió o participó en la comisión del delito de uso indebido de influencias, uso indebido de bienes y servicios públicos, legitimación de ganancias o lavado de dinero”.

Testigo clave
El fiscal asignado, Daniel Ayala, adelantó que en el curso de la semana el Ministerio Público presentará a declarar a su principal testigo, Dennis Grundy, para demostrar la tesis de su pliego petitorio.

“Grundy estará esta semana en el juicio porque es una prueba principal, un testigo clave que demostrará algunos hechos relevantes por los cuáles se basó la acusación”, manifestó.

Recordó que Grundy se sometió a juicio abreviado y fue condenado a tres años de prisión, por lo que deberá ratificar ante el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción lo que dijo en la etapa preparatoria del juicio.

Dictan cinco años de cárcel para Róger Pinto

El Ministerio Público demostró en una audiencia desarrollada en el Tribunal de Sentencia N° 2 de Cobija la autoría y culpabilidad del ciudadano Róger Pinto Molina por el delito de conducta antieconómica, por lo que fue condenado a cinco años de privación de libertad en la cárcel de Villa Busch.

La información fue proporcionada por la directora Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, Fanny Alfaro Vaquila, quien mencionó que, además de conducta antieconómica, Pinto fue acusado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

De acuerdo con la relación de los hechos, Pinto Molina, en su calidad de presidente de Zona Franca Cobija (Zofra Cobija), vendió terrenos contraviniendo la Constitución y las Leyes, señala un comunicado de la Fiscalía.

Junto al exsenador fueron acusados los ciudadanos Ángel Boris Salvatierra Justiniano, David Ángel Murakani García y Efrén Belarmino Balcázar Balcázar.

“El Tribunal determinó cinco años de cárcel para Róger Pinto y Efren Balcázar por el delito de conducta antieconómica; un año por incumplimiento de deberes, dos años por resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes, y cuatro años por contratos lesivos al Estado. Ángel Murakani y Boris Salvatierra fueron sentenciados a un año de cárcel por incumplimiento de deberes”, explicó Alfaro.

Realizadas las investigaciones se evidenció, según el Testimonio de Escritura Pública Nº 579/2000, de 7 de diciembre de 2000, que Luis Díaz Lima y Nazareth Mansour de Díaz transfirieron un lote de terreno a favor de Zona Franca de Cobija, representada por Pinto.

martes, 28 de marzo de 2017

Zapata ofrece 62 testigos en el juicio oral instaurado en su contra

La defensa deGabriela Zapata, exgerenta de la empresa China CAMC, ofreció 62 testigos para que declaren a su favor en el juicio oral instaurado en su contra por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.
Marcelo Tamayo, abogado de la principal imputada en este caso, informó que "Por parte de Gabriela Zapata hemos ofrecido 62 testigos que no forman parte de la comunidad de pruebas que ha ofrecido el señor fiscal, sino son testigos distintos al pliego acusatorio que nosotros vamos a traer en su oportunidad", indicó.

Agregó que los testigos " han trabajado en el entorno de Gabriela Zapata con relación a su actividad como exgerente comercial de la empresa china CAMC" por lo que no sólo presentarán su declaración oral sino también las pruebas documentales con las que demostrarán que la expareja del presidente Evo Morales no incurrió en el delito de legitimación de ganancias ni tampoco hizo uso de bienes públicos.

Tamayo detalló que durante el juicio corresponde primero la Fiscalía ofrecer las pruebas testificales, luego será el turno de los ministerios de la Presidencia y Transparencia, el Segip, la UMSA y, finalmente, intervendrán los abogados de la defensa de los acusados en este caso.

Por su parte, el fiscal anticorrupción de La Paz, Daniel Ayala, informó que esta semana testificará el ciudadano Dennis Grundi Ríos, principal testigo del Ministerio Público, que además fuera socio de la exgerenta comercial de la empresa china CAMC. “Ya me he contactado con él, es una prueba principal para demostrar algunos hechos relevantes dentro del pliego acusatorio”, puntualizó y recordó que aportó con importantes declaraciones en la fase de investigación.

Grundi Ríos aseguró que Zapata sostuvo al menos una decena de reuniones con distintos empresarios y reveló que ambos se conocieron en la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia. Además testificó que la expareja del presidente Morales le comentó que en 2015 fue buscada por miembros de la CAMC para que intervenga directamente a fin de evitar la ejecución de las boletas de garantía de la carretera Montero-Bulo Bulo.

Más de 100 personas declararán como testigos en el caso Zapata y el Ministerio Público ya hizo declarar a siete de los 42 testigos que ha ofrecido. Dennis Grundi Ríos es el único sindicado en este caso que se acogió a proceso abreviado.

Vinculan a Zapata con la compra de taladros petroleros


Ofertas para adjudicarse el tren metropolitano de Cochabamba y gestiones para la compra de los taladros que ahora están en polémica, son dos de las acusaciones que pesan contra Gabriela Zapata, que supuestamente utilizó algunas oficinas públicas para hacer negocios. Las acusaciones están dentro de las declaraciones prestadas por su exsocio, Dennis Grundy Ríos, que fue presentado como testigo clave de la Fiscalía.

“En agosto de 2015, alrededor de las 7:00 se reunió con gente de Hyundai por el tema del tren metropolitano de Cochabamba (...); según ella, estaba un directivo de la empresa que llegó de afuera, sospecho que Hyundai le dio dinero porque el día de la firma entre el Gobierno y JOCA, ella dijo que cumplió su parte”, refiere la declaración de Grundy Ríos, quien debe declarar hoy ante los jueces del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, que lleva el caso.

El Gobierno adjudicó a la empresa española JOCA la construcción de este transporte por un valor de $us 537 millones; Hyundai observó ese proceso y, según las publicaciones de ese entonces, la ‘gigante’ coreana era la segura adjudicataria de la obra en Cochabamba.

Pero no es el único caso, el exsocio también se refiere a la compra de taladros petroleros y la versión se vincula a la reciente denuncia que realizó el senador Ócar Ortiz (UD) de un proceso de compra en 2015.
Grundy Ríos refiere que en julio de ese año, en un hotel de la zona sur de La Paz, Zapata se reunió con tres personas que eran representantes de una empresa china. “Mencionaron la licitación de taladros para YPFB y que la empresa Honghua era la número tres del mundo, pasado un tiempo mencionó que el negocio iba y que tenían que pagar un monto para empezar las gestiones de $us 50.000 que se le entregó a la señora Zapata”, señala la declaración.

Según la denuncia del senador Ortíz, la empresa Honghua se ubicó en segundo lugar en la primera licitación que lanzó el Gobierno, en abril de 2016. Según Grundy Ríos, “hubo otra empresa extranjera que ofreció más dinero”

León presenta carta documentada ante Amnistía Internacional

Eduardo León, el exabogado de Gabriela Zapata, presentó el 21 de marzo, en Barcelona, España, una carta documentada, denunciando al Estado boliviano por los procesos que sigue el Gobierno en su contra, por lo cual pide que su esposa, Graciela Mendoza, pueda reunirse con representantes de dicha entidad a fin de dar los detalles sobre las vulneraciones a sus derechos.

La carta fue entregada por Carlos León, hermano del abogado, y es la segunda denuncia internacional que realiza, quien también fue parte del equipo jurídico que develó el desfalco de recursos en el Fondo Indígena.

RECHAZO A LA ACUSACIÓN

Por otro lado, ayer se conoció que el Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción y el Tribunal de Sentencia Noveno Ordinario de La Paz se declararon incompetentes y negaron iniciar el juicio oral contra del abogado León, dentro del caso por supuesta falsificación de libreta militar, con la que tramitó su título en provisión nacional de derecho.

Los tribunales rechazaron la acusación formulada por el fiscal Manuel Saavedra, alegando que primero debe resolverse el incidente por prescripción de los delitos que se le acusa, planteados en mayo de 2016, además de la solicitud a la cesación a la detención preventiva.

“Dos tribunales se han declarado incompetentes, tomando en cuenta que como se ha denunciado en un principio, desde hace 10 meses, nosotros estamos solicitando que se lleve a cabo la audiencia de prescripción y ninguno de los tribunales está queriendo asumir, principalmente porque estos supuestos hechos que la Fiscalía ha señalado datarían desde hace 31 años”, señaló León a ANF.

Denuncian intimidación en caso CAMC y exfiscal Quispe

La copia de “complementación y enmienda 06/2017, sobre excusa”, remitida al Ministerio de Justicia y Transparencia, de Gobierno, Consejo de la Magistratura, Fiscalía y otras tres instancias, y a la que tuvo acceso EL DIARIO, revela que se pidió a jueces anticorrupción de La Paz hacer “cuerpo institucional” en relación al caso de los dos vocales procesados por supuestas “resoluciones contrarias a la ley”, sobre las Boletas de Garantía de la empresa China CAMC.

El documento firmado por la juez tercero anticorrupción, Claudia Castro, fue remitido el 23 de marzo a la Sala Penal Primera, dentro del caso promovido por José Luís Cuenca (de la asociación de víctimas del exfiscal Quispe) donde figuran como investigados por presunto delito de consorcio, el fiscal Sergio B., el abogado Blady Ch. (ambos cautelados), el juez Orlando R. y el exfiscal Humberto Quispe (detenido en Sucre).

En el segundo punto del documento, revela que el 16 de febrero de este año, los seis jueces anticorrupción de La Paz fueron convocados a una reunión “a llamada efectuada por Presidencia” del TDJ, “con algunas autoridades de Tribunal de Alzada (Dr. Ernesto Macuchapi)” de la cual existe grabación, señala el documento.

Consultada sobre dicho documento, la juez Castro negó dar declaraciones, pero señaló: “Me remito al documento”, y afirmó que se sometería a lo que dicte la autoridad correspondiente.

Por su lado, el vocal Macuchapi, a quien se remitió la nota de Castro, refirió a EL DIARIO que estas reuniones son de carácter regular y de coordinación en temas generales, donde no se tocan temas puntuales y no recordaba que la plenaria haya tocado el tema en específico.

El documento expresa que la sesión plenaria “entre otros puntos se refirió a la audiencia de medidas cautelares de los vocales, entre ellos la Dra. Virginia Crespo, en mérito a una imputación formulada por el Ministerio Público, por el presunto delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las leyes, emergente del polémico caso CAMC refiriendo a las actuaciones de los jueces anticorrupción deben efectuar en mérito a cuerpo institucional apreciando que estas persecuciones (el proceso contra los vocales) no pudieran estar sustentadas y tendrían un probable matiz político”, se lee en parte del documento.

AUDIENCIA

Hoy, a las 8.30 horas, debe realizarse dicha audiencia cautelar, en la que deberán presentarse los vocales Crespo y su colega Willy Arias, en el juzgado Primero Anticorrupción, a cargo de la juez anticorrupción Cynthia Delgadillo.

INTIMIDACIONES

Respecto del documento, en este se citan varios antecedentes de denuncias contra una juez que al momento funge como parte del Tribunal Tercero de Sentencia, contra la que Castro y la exministra de Trasparencia Nardi Suxo presentaron denuncia, que fue tramitada entre el 2014 – 2015 y 2016.

En la parte final de esta “complementación y enmienda”, Castro afirma que las acciones que se le han seguido a partir de su intervención en el caso Consorcio, que compromete al exfiscal Quispe, se “enmarca en un acto arbitrario, por cuanto se pretende producir injerencia e intimidación a la suscrita mediante determinaciones alejadas de la norma”.

lunes, 27 de marzo de 2017

Un testigo afirma que pagó $us 50.000 a Gabriela Zapata

Hovsep Antonio Assef Gonzales, uno de los testigos de la Fiscalía contra Gabriela Zapata, declaró en mayo de 2016 que ella le solicitó 400 mil dólares para legalizar las casas de juego en el país, pero que él sólo le entregó 50.000 dólares. Esta información se conoció la pasada semana.

"Ella (Zapata) iba a ser parte de la actividad como participante, como socia. Mencionó que se precisaba un monto de 400 mil dólares para que todo sea viable, sólo llegué a entregar 50.000 dólares que ella me pidió (…), pero no avanzaba el proyecto y venían con vueltas. Empecé a desconfiar porque (cuando es) muy grande la limosna hasta el santo desconfía”, indicó Assef.

Assef, en su declaración testifical realizada el 20 de mayo de 2016, afirmó que hasta 2012 tenía dos casas de juego en la ciudad de Santa Cruz, pero que éstas fueron clausuradas por la Autoridad de Fiscalización del Juego y desde entonces no pudo renovar las licencias de funcionamiento.

En ese entonces, Sigfredo Antelo (socio de Zapata) le mencionó que conocía a Gabriela Zapata y que ella tenía un hijo con el presidente Evo Morales. Además, aseguró que tenía una comunicación directa con él (Primer Mandatario) y que le podía ayudar a solucionar su problema.

Es así que Antelo le presentó a Zapata, en la ciudad de Santa Cruz. Luego, le citaron en la Unidad de Apoyo y Gestión Social (UGAS), dependiente del Ministerio de la Presidencia.

En esa reunión, Assef le expuso que para que su negocio funcione necesitaba un decreto que legalice sus casas de juego.

Para concretar esta propuesta, Zapata -a través de un mensaje de WhatsApp- le señaló que el dinero sea entregado en la oficina de su abogado Wálter Zuleta, a quien contrató como asesor en el tema. El dinero iba a ir a gastos de gestiones, honorarios.

Zapata, en su declaración testifical, en el juicio oral, señaló que Assef fue cliente de Wálter Zuleta. "Él llevaba un caso, de esa manera lo conocí”, afirmó.

Descargo de pruebas contra Zapata

El 17 de marzo comenzó el juicio oral contra la exgerente de la empresa china CAMC y expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata. Ella está acusada por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas, además de uso indebido de bienes y servicios públicos.

Además, dentro del proceso están Cristina Choque, exdirectora de la UGAC; Jimmy Morales, chofer de esa unidad; también figuran Ricardo Alegría y Carlo Marvin Ramírez, ambos -según el Ministerio Público- socios de Zapata, y Wálter Zuleta, uno de los abogados que defendió a la exgerente de CAMC y que fue declarado en rebeldía después de que se dio a la fuga.

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer fijó que los martes, miércoles y jueves se llevará adelante el juicio oral.

El jueves concluyó la fase de las declaraciones testificales de los acusados. Este martes se dará continuidad a la exhibición de pruebas testificales y demostración de su tesis por parte de la comisión de fiscales, conformada por los investigadores Daniel Ayala y Juan Carlos Soria.

"Era agresiva”

Testigo Hovsep Antonio Assef Gonzales se identificó como un comerciante que tenía dos casas de juego en la ciudad de Santa Cruz, pero que en 2012 la autoridad de juego clausuró sus dos negocios. Actualmente tiene un restaurante, un karaoke y tierras agrícolas. Describió a Gabriela Zapata como "siempre agresiva, siempre prepotente y autoritaria. Maltrataba a la gente y discutía con su abogado Wálter (Zuleta).
Recluída El 28 febrero de 2016, la juez Cuarto de Instrucción en lo Penal determinó enviar a Zapata con detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de la zona de Obrajes de La Paz. Luego, el 24 de marzo, fue trasladada al penal de Miraflores.

Dos Tribunales de Sentencia rechazan abrir juicio oral contra el abogado Eduardo León


El Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción y el Tribunal de Sentencia Noveno Ordinario de La Paz se declararon incompetentes y se negaron a dar apertura al juicio oral contra del abogado Eduardo León, acusado de falsificar su libreta militar para obtener su título profesional, alegando que primero deben resolverse los incidentes jurídicos planteados por el acusado, entre los cuales figura la solicitud a la cesación a la detención preventiva.

"Dos tribunales se han declarado incompetentes tomando en cuenta de que como se ha denunciado en un principio desde hace 10 meses nosotros estamos solicitando que se lleve a cabo la audiencia de prescripción y ninguno de los tribunales está queriendo asumir, principalmente porque estos supuestos hechos que la Fiscalía ha señalado datarían desde hace 31 años", señaló León a ANF.

Explicó que el juez del Juzgado Sexto de Instrucción Cautelar, Fernando Rivadeneira, recibió la acusación formal presentada por la Fiscalía acusándolo de falsificar su libreta militar y derivó los antecedentes al Tribunal Primero Anticorrupción devolvió el expediente por falta de competencia.

Fiscal General admite que no se investigan muertes de caso Rózsa

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, admitió que el Ministerio Público no investiga la muerte de los tres extranjeros durante la incursión policial al Hotel Las Américas, en abril de 2009, en Santa Cruz.

Esa afirmación la realizó durante una petición de informe oral, a solicitud de la senadora Carmen Eva González, a propósito de la afirmación del Fiscal General, en sentido de que el caso de la muerte del ciudadano irlandés Michael Dwyer es una investigación cerrada.

La indagación surgió después de que el parlamentario irlandés Alan Kelly acusó al Gobierno de Bolivia de “ejecutar” y “asesinar” a su conciudadano Dwywer, quien formaba parte del grupo de Eduardo Rózsa.

González mostró los informes periciales de técnicos forenses que establecen que Dwyer, Rózsa y Arpad Magyarosi fueron sumariamente ejecutados por fuerzas policiales en el Hotel Las Américas, en un operativo supuestamente contra un grupo irregular armado que impulsaba la división territorial de Bolivia.

El Fiscal dijo que no se toman en cuenta otros informes que se hubieran presentado o existido de otros países por “principio de licitud de la obtención de la prueba. Es la pertinencia en el momento en el cual deben presentarse estas pruebas”.

Afirmó que “en el cuaderno de investigación (...) no se encuentra ese informe ni las fotografías que nos mostraba la senadora González, por lo tanto, toda la investigación, los exámenes y los informes periciales que se han realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses, tienen licitud, sirven como prueba y es parte de la acusación y la demostración que realiza el Ministerio Público”.

Como parte de las 16 preguntas del acto de fiscalización, se indagó a Guerrero si se hacía responsable del trabajo realizado en este caso por el Ministerio Público. Deslindó asumir responsabilidad por lo que hicieron otros fiscales, señalando que en su momento hubo una comisión conformada por instrucción del exfiscal Mario Uribe y del Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, que encomendaron la tarea al exfiscal Marcelo Soza.

Aseguró además que los protocolos de autopsia de los tres fallecidos, a los que dio lectura en sesión pública, establecen las causas de la muerte. “Eso es lo que existe en el cuaderno y eso lleva a los fiscales a desarrollar las acusaciones sobre delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía” del Estado”, remarcó.



SIN RESPUESTAS

En torno a los motivos por los cuales se trasladó a la Unidad Táctica de Reacción Inmediata (Utarc), Guerrero tampoco ofreció respuesta y remitió a la senadora peticionante, a consultar al Comandante General de la Policía de ese entonces, para que precise cuántos efectivos fueron desplazados, para qué y por orden de quién.

Del por qué se trasladó el caso a La Paz cuando el hecho sucedió en Santa Cruz, Guerrero dijo que se debe a una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que reconoció la tutela solicitada por la jurisdicción paceña. El Fiscal se limitó a responder de manera general al cuestionario formulado por la senadora Gonzales.

La comisión Papeles de Panamá funcionará hasta el 30 de junio

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en su segunda sesión ordinaria, aprobó ayer por más de dos tercios de votos, una nueva ampliación del plazo de funcionamiento de la Comisión Especial Mixta que investiga los “Papeles de Panamá”, hasta el 30 de junio para la presentación del informe final.

27 de Marzo de 2017
La comisión Papeles de Panamá funcionará hasta el 30 de junio

“La solicitud de una nueva ampliación del plazo se debe a que los miembros de la comisión solicitaron incorporar dentro del cronograma de trabajo, la participación de terceros en los casos emblemáticos que se analizan en esa instancia legislativa”, justificó el presidente de la comisión, Manuel Canelas. Además, dijo que el tratamiento de las propuestas normativas y la investigación colectada requieren un tratamiento específico para los estudios del caso. La comisión tuvo como primer plazo para la entrega del informe hasta el 31 de diciembre, pero la Asamblea aprobó una resolución para una primera ampliación por 90 días, lo que extendió el plazo hasta finales de marzo de 2017. La comisión la integran Víctor Borda (MAS), Sonia Brito (MAS), Delia Canaviri (MAS), Adriana Salvatierra (MAS), Ciro Zabala (MAS), Víctor Gutiérrez (UD), Erik Morón (UD) y Edgar Rendón (PDC).

Chito Valle está hospitalizado, dice que se siente mártir

El exprefecto de La Paz, Luis Alberto "Chito" Valle, quien fue condenado por corrupción, se encuentra internado en el hospital Santa Bárbara de Sucre desde el pasado jueves por problemas con la presión, reportó radio Aclo de la Red Erbol.

Desde la cama en que se encuentra convaleciente, la exautoridad lanzó críticas con la justica boliviana, a la cual acusó de dañar gente arbitrariamente y no escuchar sus pedidos de excarcelación.

"Me siento una víctima y un mártir de la justicia, porque la justicia no opera a favor de los que somos inocentes, y mucho menos a favor de los que tienen la verdad en sus manos", dijo.

Valle fue sentenciado a prisión en la cárcel e San Roque por delitos de corrupción en el caso "Chitochatarra". Su condena de ocho años de privación de libertad su cumple desde el 2010.

El exprefecto lamentó que no se atienda positivamente sus pedidos de acogerse al indulto, tomando en cuenta su avanzada edad y que él cumplió siete de los ocho años de condena que tiene.

Aseguró que en el mundo no hay presos de 70 años y él tiene 74.

domingo, 26 de marzo de 2017

Defensa de acusados: Fiscalía no tiene documentos que prueben delitos en caso Zapata

La defensa de los seis acusados dentro del juicio oral del Caso Zapata afirma que la Fiscalía no cuenta con un documento que pruebe la legitimación de ganancias ilícitas, en favor de la expareja del presidente Evo Morales y rechazan el pliego acusatorio.

PROCESO ACELERADO

Con solo cuatro audiencias efectivas, el juicio abierto contra Gabriela Zapata, Cristina Choque,Jimmy Morales, Ricardo Alegría, Carlo Marvin Ramírez y el abogado y también expareja de Zapata, Walter Zuleta, declarado en rebeldía, avanza a paso acelerado.

La pasada semana el caso ingresó a la cuarta etapa, de la producción de pruebas por parte de la parte acusadora, iniciando por la Fiscalía.

Eso debido a que los miembros del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, presidido por el juez técnico Iván Perales, señalaron que las audiencias se desarrollan, durante toda la jornada, los días martes, miércoles y jueves, hasta lograr una sentencia.

Previa a la etapa de producción de pruebas, se pasó por la etapa de declaración del imputado y presentación del fundamento de la defensa técnica.

En esta parte, tanto los imputados como los abogados defensores, citando la acusación fiscal, han reiterado que no existe un documento que contenga firma alguna de los mismos que junto a Zapata pueda ser tomado como un negocio ilegal por el cual, haciendo énfasis en la exgerente comercial de CAMC, se haya dado el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Es más, en el caso de Ramírez, no existe siquiera depósitos bancarios que la vinculen con la que reconoce como “amiga de años”.

Por su lado, Alegría y Morales, si bien han reconocido y se han presentado registros de depósitos bancarios a cuentas de Zapata, ambos han explicado el origen del dinero.

Alegría asegura que le fueron entregados cerca de 10 mil dólares, pero que al no ejecutar el amurallado de un terreno que Zapata aseguro era de su pertenencia, en la zona de Alpacoma, debió regresar el dinero pero lo hizo en varios depósitos.

Morales, por su lado, en su carácter de responsable de almacenes de la Unidad de Gestión Social de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, confesó haber realizado un depósito de 30.000 dólares sin conocer la procedencia del dinero, pero no cuenta con otros movimientos bancarios.

Con esta base, Ramírez exigió en audiencia, que los fiscales le presenten al menos un contrato que lleve su firma con el Estado o persona a la que se le sustrajo dinero.

Por su parte, Daniel Ayala, fiscal asignado, ha negado explicar estos extremos a los medios de comunicación.

Ya en esta etapa, el martes se prevé que al menos declaren ocho testigos de cargo y se repita lo mismo del miércoles y jueves hasta concluir con su nómina de 42 testigos.

ZULETA

Por otro lado, el viernes se conoció que el Ministerio Público, a través de una resolución, eximió del delito de legitimación de ganancias ilícitas a Walter Zuleta, exabogado de Zapata.

“La Comisión de Fiscales asignados al caso como representantes del Ministerio Público, dispone el rechazo de la denuncia, formulada por Lenny Tatiana Valdivia Bautista del Ministerio de Transparencia (actual directora de ASFI) y otros, previstos y tipificados en el Código Penal, y querella por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, en contra de Walter Humberto Zuleta Buitrago”, señala el documento emitido por la Fiscalía.

Los fiscales alegan que en la etapa preliminar investigativa no pudieron obtener suficientes elementos probatorios para acusar a Zuleta por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Ahora Zuleta será enjuiciado solamente por los delitos de contribuciones y ventajas ilegítimas, uso de bienes y servicios públicos, y asociación delictuosa.

sábado, 25 de marzo de 2017

Caso terrorismo: emitirán comparendos para 15 policías



Al menos 15 efectivos de la disuelta Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) tendrán que acudir a declarar en el segundo piso del Palacio de Justicia en abril dentro del juicio por supuesto terrorismo.
El tribunal de sentencia, a la cabeza del juez Sixto Fernández, prepara los comparendos después del pedido de la defensa de los procesados.


Los policías entre ellos el capitán Wálter Andrade, Marilyn Vargas y otros serán citados a través de comparendos, pues fueron ofrecidos como testigos de descargo por el acusado detenido Alcides Mendoza.


Según el abogado Gary Prado, los uniformados participaron en el operativo en el hotel Las Américas el 16 de abril de 2009, donde murieron a balas Eduardo Rózsa, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi.

Deben correr con los gastos
La Fiscalía considera que la defensa debe correr con los gastos de traer a los testigos para no caer en dilataciones que perjudican el desarrollo del juicio; sin embargo, el abogado Prado dijo que eso no es posible pues hay que considerar que Alcides Mendoza está preso y no tiene recursos. “¿Acaso cuando vinieron al operativo en el hotel no los trajeron en un Hércules? ¿Ahora por qué no hacen igual?”, dijo

viernes, 24 de marzo de 2017

Caso Zapata: Fiscalía exime del delito de legitimación de ganancias a Walter Zuleta



El Ministerio Público, a través de una resolución, eximió del delito de legitimación de ganancias ilícitas a Walter Zuleta, exabogado de Gabriela Zapata, en el transcurso del juicio oral que se lleva en contra de la joven, Zuleta y otras cinco personas implicadas en la comisión de varios otros delitos.

"La Comisión de Fiscales asignados al caso como representantes del Ministerio Público, dispone el rechazo de la denuncia, formulada por Lenny Tatiana Valdivia Bautista del Ministerio de Transparencia (actual directora de ASFI) y otros, previstos y tipificados en el Código Penal, y querella por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, en contra de Walter Humberto Zuleta Buitrago", señala el documento al que accedió ANF.

Los fiscales alegan que en la etapa preliminar investigativa no pudieron obtener suficientes elementos probatorios para acusar a Zuleta por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Ahora Zuleta será enjuiciado solamente por los delitos de contribuciones y ventajas ilegítimas, uso de bienes y servicios públicos, y asociación delictuosa.

Zuleta está prófugo de la justicia desde mayo de 2016 y se presume que está en Perú, pero a pesar de esa situación se le asignó un abogado para que prosiga el juicio en su contra por el denominado caso Zapata.

Asimismo, el presidente del Tribunal Primero Anticorrupción de La Paz, Iván Perales, indicó que se ha emitido la orden de aprehensión contra Zuleta y corresponde a la Policía activar la captura, ya sea internacional o nacional.

En cuatro días de audiencia del juicio abierto contra Zapata por legitimación de ganancias ilícitas ya declararon cuatro sindicados en el caso, en cambio uno se acogió al silencio (Jimmy Morales) y otro continúa prófugo (Walter Zuleta).

Asimismo de los 42 testigos que ofreció el Ministerio Público ya declararon tres: los subtenientes de la Policía, Ramiro Troche Blanco y Marco Antonio Solíz, además de la excuñada de Zapata, Daniela Carvajal.

Testigo clave de la Fiscalía reveló negocios de Zapata


El denominado ‘testigo clave’ del Ministerio Público en el juicio contra Gabriela Zapata por legitimación de ganancias ilícitas y otros cinco delitos, resultó ser Dennis Grundi Ríos, quien fuera el principal socio de la ex gerenta comercial de la empresa china CAMC. En la audiencia de ayer se reveló que en mayo de 2016, cuando fue aprehendido, describió con detalles todos los negocios que realizó la ahora acusada y que es la base de la acusación de la Fiscalía.

En su declaración, Grundi Ríos describe al menos una decena de reuniones de Zapata con distintos empresarios. Relató que ambos se conocieron en la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS) en uno de los encuentros de negocio; sin embargo, afirmó que no salió nada en limpio de ese encuentro aunque viajó a Argentina, donde le mostraron equipos de seguridad para el G-77.

En su declaración testifical, Gabriela Zapata dijo que las versiones de Grundi Ríos son falsas, y afirmó que el evento internacional se realizó en 2014 y que el viaje con Grundi Ríos se realizó en 2015, lo que pone en evidencia la declaración de su exsocio.

La exgerenta de CAMC afirmó que ella se relacionó con la empresa asiática mucho antes de que la misma llegara a Bolivia, e ingresó a trabajar por gestiones de su pareja sentimental, que era un ejecutivo chino.
En su declaración, Grundi Ríos reflejó una versión distinta. “Me comentó que en 2015 los de CAMC la buscaron para que sea la encargada de evitar la ejecución de las boletas de garantía de la carretera Montero-Bulo Bulo, fue entre septiembre y octubre”, señala la declaración.

El ‘testigo clave’ de la Fiscalía hace una extensa relación de hechos y de reuniones en distintos lugares, la mayoría en La Paz. Grundi Ríos fue el único de los acusados de este caso que accedió a proceso abreviado.
Afirmó que Zapata cambió entre mediados de 2014 y fines de 2015. “Ella se promovía sola, era su don; vestía elegante, creó un personaje, aparentaba tener poder, decía que el uno (Evo Morales) era su novio y hacía pensar que tenía influencia, dijo que iba a sacar el certificado de nacimiento de su hijo”, relató ante los fiscales en ese momento.

Cuando le preguntaron la relación de Zapata con Cristina Choque, el acusado afirma que decía que eran comadres, pero se pelearon “y no quería saber nada de ella”

Testigos de Fiscalía desconocen delitos Apresuran juicio del caso Zapata y pasa a producción de pruebas

En sólo cuatro días de audiencia, el juicio por legitimación de ganancias ilícitas, abierto contra Gabriela Zapata, Cristina Choque y otros cuatro acusados avanza de manera apresurada y ayer pasó a la cuarta etapa, de producción de prueba testifical.

CUARTA ETAPA

Según la explicación de Martha Requena, abogada de Choque, primero se dio con la apertura de juicio donde se dio lectura de la acusación del Ministerio Público y la de los cuatro acusadores particulares, como son el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Justicia y Transparencia, la UMSA y el Segip.

Luego continuó con la presentación de incidentes, donde sólo Ricardo Alegría Sequeiros hizo uso del mismo, señalando que se le imputaba por cargos que sólo son atribuibles a un funcionario público, pero le fue denegado en razón de que la Fiscalía señala que solo se lo sindica como cómplice.

La tercera etapa fue la declaración del imputado y presentación del fundamento de la defensa técnica.

En esa etapa, el tercer día del juicio, Cristina Choque, Ricardo Alegría y Marvin Ramírez dieron su versión de los hechos negando todos los cargos, mientras que el exresponsable de almacenes de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Jimmy Morales se abstuvo.

Luego de cada testimonio, la parte acusadora realizó preguntas que fueron absueltas por los acusados.

En este sentido, ayer se inició con la cuarta etapa del juicio oral y se presentaron a declarar tres testigos de cargo de la Fiscalía.

TRES TESTIGOS

Los subtenientes de la Policía, Ramiro Troche Blanco, y Marco Antonio Solíz, además de Daniela Carvajal, excuñada de Zapata, quien señaló que al momento del divorcio con su hermano, estos realizaron la división y partición, donde Zapata se quedó con unos terrenos.

Pero Carvajal también señaló que Zapata se les presentó como abogada.

En el caso de los investigadores, Troche señaló que sólo participó en el operativo de la aprehensión de Zapata en febrero de 2016, y que en relación a Choque no realizó ninguna investigación.

Por su lado, el subteniente Soliz afirmó que fue quien recolectó los cinco libros de registros de ingresos y los entregó al IDIF, desconociendo su contenido, sin señalar cuál el criterio de importancia de la prueba recolectada.

Novillo denuncia ataques contra su familia por las redes sociales y sospecha de afectados por caso taladros

El jefe de Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, denunció que en las últimas horas circuló en las redes sociales información falsa referente a su hija, vinculándola a funciones laborales en la estatal YPFB. Sospecha que estos ataques provienen de personas afectadas por las investigaciones que realiza en torno a la compra de los taladros.
“Sorprendido e indignado quiero denunciar a la opinión pública que, desde las últimas horas de ayer, jueves, soy víctima de ataques mediante las redes sociales por gente perversa e inescrupulosa que, con una serie de mentiras, quieren desacreditarme y afectar la credibilidad de mi trabajo en la tarea de transparentar YPFB por encargo expreso del Presidente Evo Morales”, señaló en un comunicado.

Novillo negó categóricamente que su hija, Paola Novillo Cadiz, esté trabajando en YPFB y, aclaró, “que nunca cumplió funciones en esta institución, como pretenden hacer creer falsamente en las redes sociales”.

Según el responsable de Transparencia, “esta guerra sucia” probablemente esté siendo activada por las personas afectadas con las investigaciones desarrolladas por su unidad o por gente opositora al Gobierno que busca desprestigiar y desacreditar con mentiras la gestión gubernamental.

“Quiero decirle a la población que estos ataques no me amedrentan ni me atemorizan, más al contrario, me fortalecen mucho porque justo salen a calumniarme cuando he realizado la investigación de la compra de los taladros de YPFB y estoy exigiendo que se esclarezcan y se investiguen en el Ministerio Público las probables irregularidades observadas en la adquisición de esos taladros”, aseveró.

Novillo lamentó el mal uso de las redes sociales para desprestigiar la investigación desarrollada por Transparencia en torno al caso taladros. “Pedir a los internautas que tengan mucho cuidado con la información que se maneja en las redes sociales pues gente maliciosa, que, aprovechando la accesibilidad a éstas, publica toda clase de difamaciones. Hoy con afanes políticos y personales, valiéndose de falsedades, están intentando dañar mi integridad y la de mi familia”, concluye el comunicado.

El responsable de Transparencia realizó observaciones administrativas, técnicas y legales al proceso de contratación que llevó adelante YPFB para la compra de tres taladros a la italiana Drillmec por un valor de 148 millones de dólares. La documentación fue derivada a la Contraloría General del Estado (CGE) que anunció que en dos semanas se contará con un informe preliminar del caso para determinar responsabilidades administrativas, civiles, penales y/o ejecutivas si las hubiera.

Novillo niega que su hija trabaje en YPFB

El jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, negó el viernes que su hija, Paola Novillo Cadiz cumpla funciones en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), como circuló en las últimas horas en redes sociales.

Novillo expresó sentirse sorprendido e indignado por esas difamaciones que, a su juicio, sólo buscan desacreditar su trabajo en la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos.

"Sorprendido e indignado quiero denunciar a la opinión pública que, desde las últimas horas de ayer, jueves, soy víctima de ataques mediante las redes sociales por gente perversa e inescrupulosa que, con una serie de mentiras, quieren desacreditarme y afectar la credibilidad de mi trabajo en la tarea de transparentar YPFB por encargo expreso del presidente Evo Morales. Quiero desmentir categóricamente que mi hija, Paola Novillo Cadiz, esté trabajando en YPFB y aclaro que nunca trabajó en esta institución, como pretenden hacer creer falsamente en las redes sociales", dijo citado en un boletín institucional.

La autoridad consideró que es probable que "esta guerra sucia" sea generada por las personas afectadas con las investigaciones desarrolladas por Transparencia o por gente opositora al Gobierno, que busca desprestigiar y desacreditar con mentiras la gestión estatal.

"Quiero decirle a la población que estos ataques no me amedrentan ni me atemorizan, más al contrario, me fortalecen mucho porque justo salen a calumniarme cuando he realizado la investigación de la compra de los taladros de YPFB y estoy exigiendo que se esclarezcan y se investiguen en el Ministerio Público las probables irregularidades observadas en la adquisición de esos taladros", subrayó.

La autoridad lamentó que se haga mal uso de las redes sociales para desprestigiar la investigación desarrollada por Transparencia en torno al caso taladros.

"Pedir a los internautas que tengan mucho cuidado con la información que se maneja en las redes sociales, pues gente maliciosa, que, aprovechando la accesibilidad a éstas, publica toda clase de difamaciones", agregó.

Gabriela Zapata: Grundy filtró certificado de nacimiento de hijo de Morales

El certificado de nacimiento de Ernesto Fidel Morales Zapata, supuesto hijo del presidente Evo Morales y Gabriela Zapata, fue sustraído y filtrado por Dennis Grundy Ríos, según el alegato de la defensa legal de la encausada, que de manera curiosa introdujo el tema en el juicio por “legitimación de ganancias ilícitas”, donde la existencia del menor no está en discusión.

Ayer, en el cuarto día de juicio oral y contradictorio contra Zapata y otras cinco personas, acusadas de seis tipos delictivos, el juez Iván Perales, presidente del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, dio paso a la tercera etapa del proceso, como es el alegato de la defensa técnica de los implicados.

Marcelo Tamayo, abogado de Zapata, afirmó en este alegato que la presencia de Grundy en juicio será importante, debido a que este debe explicar, no solo al Tribunal, sino a todo el país, cómo él sustrajo documentos de la propiedad de la señora Zapata y los mal utilizó, “específicamente, nos referimos al certificado de nacimiento, donde figuraba el nombre del señor Presidente (Evo Morales)”.

En esta línea, la defensa de Zapata manifestó que se debe explicar cómo es que Grundy fue beneficiado con un proceso abreviado, dentro de este caso, siendo que contaba ya con una sentencia ejecutoriada de 2014; el abogado, empero, no precisó por qué delito se produjo tal inclusión.

SOBRINO DEL VICEPRESIDENTE

Tamayo argumentó ante los miembros del Tribunal que Grundy también debe comparecer para explicar “cómo fingía ser el sobrino de una alta autoridad de Estado, no lo digo yo, (Grundy) se presentó a instalaciones de Nissan Bolivia, fingiendo ser el sobrino de la segunda autoridad más importante que tiene el Estado Plurinacional (Álvaro García)”.

ABREVIADO

El año pasado, Grundy fue beneficiado con un proceso abreviado, por el cual se lo sentenció a tres años de cárcel, y se manejó el argumento de que siendo su primera sentencia podría acceder al perdón judicial y no ingresar a la cárcel.

Sin embargo, pese a que el proceso abreviado contaba con la aprobación del Ministerio Público, aún no se tiene certeza de esta sentencia dictada por el mismo Tribunal, debido a que fue apelada por el Ministerio de la Presidencia.

Asimismo, la defensa de la exgerente comercial de la Empresa China CAMC, solicitará que los denominados “testigos clave” de la Fiscalía, se presenten y corroboren los lazos de amistad que le atribuyen a la encausada con varios empresarios, con los que realizó negocios en la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia.

CRISTINA CHOQUE

El miércoles, la exdirectora de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS), Cristina Choque, declaró ante el Tribunal, que mediante notas escritas, informaba regularmente las actividades que tenía programadas realizar en su despacho.

Y que dentro de las actividades que se referían a donaciones gestionadas ante empresas, aseguró que la presencia de Gabriela Zapata era de conocimiento del entonces ministro Juan Ramón Quintana.

Un día antes, Zapata afirmó que colaboró con la UAGS como parte de los trabajadores sociales comunitarios, que era una organización social que se reunía en esas oficinas gestionando campañas de todo tipo.
TITULARES

Excluyen a Evo y García Linera de la lista de testigos del caso terrorismo

El Tribunal Primero de Sentencia, presidido por el juez Sixto Fernández, excluyó ayer al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera de la lista de testigos del caso terrorismo, y el abogado Gary Prado consideró que esa medida fue tomada por un acto de "llunquerío" (adulación) a las autoridades del Estado.

Prado recordó que la defensa de Alcides Mendoza propuso el 2011 como testigos de descargo a Morales, García Linera y otras autoridades, que tuvieron alguna relación con este proceso judicial a través de sus declaraciones públicas u otras acciones.

"Esa lista de testigos no fue objetada (en ese momento) por el Ministerio de Público o el Ministerio de Gobierno, que acusa como particular en este proceso. De manera que la lista quedó aprobada por el órgano jurisdiccional en la audiencia conclusiva el 2011", remarcó.

Sin embargo -según el abogado- ahora en la audiencia de juicio e introducción de prueba testifical de descargo, el Ministerio Público y Ministerio de Gobierno determinaron pedir al Tribunal que se declare impertinente la declaración del Presidente y Vicepresidente. Lo cual fue aceptado.

Pues "en criterio de ellos, (sus declaraciones) no van a contribuir en nada a la defensa, pero eso es una intromisión a la defensa de Alcides Mendoza, pues no son ellos quienes deben decidir si es pertinente o no para la defensa", cuestionó en declaraciones a ANF.

Además consideró que la decisión asumida en el Tribunal es una violación a una garantía que tienen las personas para que sus testigos comparezcan cuando fueron ofrecidos formalmente y nadie ha objetado en su momento.

Por tanto, esta decisión "es no más una actitud de llunquerío, yo no veo la razón por la cual estas dos autoridades no tengan nada que decir con relación a este caso. Máxime si el 16 de abril de 2009, en horas de la madrugada, desde Venezuela, el Presidente informó a la opinión pública de los sucesos del Hotel Las Américas y dio datos de hechos que se develaron mucho más adelante en la investigación, entonces el Presidente ya los daba como datos fidedignos. Luego a la una de la tarde del mismo día, el Vicepresidente dio una conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno y también dio una serie de detalles que en ese momento ni el fiscal del caso conocía", aseveró.

El cuestionario formulado a las autoridades excluidas de la lista, contempla 40 preguntas y de acuerdo a Prado, lo único que se buscaba era conocer mayores detalles del caso con el fin de que se ayude a desvirtuar la acusación en contra de sus patrocinados

Ahora el abogado analiza la posibilidad de interponer un amparo constitucional para que finalmente Morales y García Linera respondan como testigos del caso terrorismo.

jueves, 23 de marzo de 2017

Caso Zapata Acusados remarcan falta de pruebas de la Fiscalía

Cristina Choque, Jimmy Morales, Carlo Marvin Ramírez y Ricardo Alegría, coacusados dentro del juicio del caso que se lleva adelante contra la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, hicieron uso de su defensa material con el elemento común de su pedido de justicia, asegurando que la Fiscalía no ha presentado pruebas materiales contra ellos.

Si bien Iván Perales, presidente del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, donde se lleva adelante el juicio, concedió la palabra a todos los acusados, sólo Morales se negó a hacer uso de la palabra, pero a su salida de tribunales manifestó ser inocente.

En la tercera audiencia de este juicio, ayer el Tribunal recibió la versión de todos los acusados, y al término de cada testimonio los fiscales, representantes del ministerio de la Presidencia, de Justicia, Segip y la UMSA realizaron preguntas.

Debido a lo extenso de cada intervención, para hoy quedó pendiente las respuestas de Ramírez, consultor de varias empresas, quien descalificó la redacción de la acusación e hizo alusión a la baja preparación académica de los fiscales del caso, Daniel Ayala y Juan Carlos Soria, a quienes les pidió que presenten contratos o movimientos bancarios como prueba de algún delito y no se basen en recortes de prensa de un periódico extranjero.

Ramírez reconoció tener amistad con Gabriela Zapata desde hace varios años, pero negó haber realizado negocio alguno con el Estado, o mediado por la expareja del Presidente en favor de alguna de las empresas que representó.

Por su lado, Alegría aseguró que las veces que ingresó a la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, lo hizo cuando trabajó como funcionario de la Asamblea Legislativa y para realizar solicitudes de donativos para organizaciones sociales y el Colegio de Ingenieros de Oruro.

Juicio por caso Zapata Cristina Choque niega cargos y recuerda su trabajo por el MAS

El trabajo que realizó en favor del Movimiento al Socialismo (MAS) y un historial político laboral limpio son algunas de las pruebas que la exjefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS) del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, mencionó como argumenta para declararse inocente de los tres delitos que es acusada en el juicio de “ganancias ilícitas”, abierto contra ella y otros cinco personas, encabezadas por Gabriela Zapata, exnovia del presidente Evo Morales.

ZAPATA GOLPEADA

Choque, en la tercera audiencia de este juicio, efectuada ayer por la mañana, hizo uso de su defensa material y negó haber coordinado reuniones en la UAGS para actividades ilícitas.

Sin embargo, confirmó que recibió a Gabriela Zapata por temas personales; detalló que en 2011, la expareja del presidente Morales se presentó con el rostro golpeado, debido a violencia familiar.

Pastora Cristina Choque Espinoza apuntó a una mala investigación por parte de la Fiscalía y asegura ser un chivo expiatorio, para cubrir el escándalo en el cual se vio inmerso el Gobierno y en el que además del Presidente tuvo un papel protagónico el exministro de la presidencia Juan Ramón Quintana.

“En este caso en el que me han involucrado con esta señora (Zapata), yo nunca he recibido apoyo de la izquierda ni de la derecha; el pueblo boliviano sabe y conoce de que yo soy un chivo expiatorio. Han buscado a una víctima para que pueda apagar un desastre político, pero ahora, en este juicio, me voy a defender”, aseguró Choque a su salida de los tribunales.

La madre de dos hijos, recluida desde marzo de 2016 en el penal de Obrajes, se declaró en una situación económica extrema.

En la primera parte de su declaración rememoró su origen humilde, cultivando su chaco; como empleada en la casa de un ministro actual y el trabajo de base que hizo por el MAS, guiado por Morales, al que aseguró haber conocido a sus 16 años y admiró hasta antes de este caso.

REUNIONES SECRETAS

Al término de la audiencia, Choque ratificó sus denuncias sobre las reuniones clandestinas que el exministro Quintana sostenía con el fiscal general, Ramiro Guerrero, y la abogada Mary Carrasco, entre otros.

Reveló que fue ella quien dotó a los dos policías que prestaban servicio de guardia en el la UAGS, de una computadora, para que se tenga registro digital del ingreso a esas oficinas, donde además funcionaban otras tres direcciones dependientes del Ministerio de la Presidencia.

GRUNDY

Choque negó conocer a Dennis Grundy, el supuesto “sobrino del vicepresidente”, al cual Zapata señala como autor del robo de dinero de su caja fuerte y documentos.

Por otro lado, remarcó que nunca autorizó que se desarrollen reuniones de ningún tipo en el salón Vip de la UAGS, dato en el que coincidió con todos los implicados que negaron haber desarrollado estas reuniones.

ZURITA

Por otro lado, Choque mencionó, en reiteradas oportunidades, a Juan Marcelo Zurita, representante jurídico de ese Ministerio, como parte del trabajo que ella desarrollaba, pero, además, lo señaló como uno de los protagonistas de las constantes vulneraciones de las que se señala como víctima.

Choque cuestionó que, además de ser parte de los testigos de cargo y de descargo en su favor, aún continúe representando al Ministerio, dentro del juicio.

El juicio prosigue hoy en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, con la respuesta a preguntas, por parte de Carlo Marvin Ramírez, quien fue el último de los acusados en hacer uso de su defensa técnica.

miércoles, 22 de marzo de 2017

Caso taladros: Novillo revela que Viceministerio de Exploración observó el DBC de YPFB y la propuesta de Drillmec

El jefe de la Unidad de Transparencia, Edmundo Novillo reveló que al margen del informe de 50 páginas con observaciones jurídicas, administrativas y técnicas al proceso de contratación de YPFB para la compra de tres taladros, el Viceministerio de Exploración también observó el Documento Base de Contratación (DBC) y la propuesta del la italiana adjudicada Drillmec.

“Voy a exigir qué respuestas tienen a cada una de las observaciones en el campo jurídico, administrativo y técnico. Al margen del contenido (de 50 hojas) el Viceministerio de Exploración también tiene observaciones al DBC como a la propuesta de Drillmec”, informó en conferencia de prensa.

Emplazó al presidente de YPFB, Guillermo Achá, remitir a la brevedad posible el informe sobre el proceso de contratación elaborado por la Unidad de Transparencia a la Contraloría General del Estado (CGE) y a la Fiscalía, tal como lo determinó el Directorio de la estatal petrolera, insistió que no se permitirán hechos de corrupción y advirtió que deberán responder desde “el primer hasta el último funcionario”.

Piden a YPFB pruebas del inicio de investigaciones por los taladros


Edmundo Novillo, jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburo, pidió este miércoles al presidente de la estatal petrolera YPFB, Guillermo Achá, que le haga llegar el descargo de que las observaciones al proceso de compra de tres taladros ya fueron remitidas al Ministerio Público y a la Contraloría General del Estado.



El viernes 17 de marzo, el directorio de YPFB recibió el informe, los antecedentes y la documentación de las observaciones identificadas en la adquisición de los tres taladros y resolvió remitirlo a la Contraloría y al Ministerio Público con la finalidad de determinar responsabilidades e investigar posibles hechos ilícitos.



“Estamos remitiendo una nota para que el presidente de YPFB nos haga conocer si ya han sido remitidos, tanto a la Contraloría General como al Ministerio Público, para que se inicien las investigaciones correspondientes, esperamos que nos informe mañana o pasado”, indicó Novillo.



La autoridad añadió que en la nota presentada al titular de YPFB le sugiere, que si aún no han presentado la documentación ante las instancias mencionadas, que lo hagan al más tiempo breve posible para evitar opiniones especulativas de personas que quieran dañar la institución de YPFB.



Además, Novillo dijo que la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburo realizará el seguimiento permanente para ver el tratamiento que tiene el informe en las instancias que corresponde.



“Vamos a ser un seguimiento riguroso de la tramitación de los pasos que estén dándose y las decisiones que estén asumiendo cada instancia”, acotó.

Zapata involucra a Evo por influencias


En 32 minutos, Gabriela Zapata declaró de manera voluntaria ante tres jueces del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción que llamó a Evo Morales y que le escribió cartas por los problemas en la empresa china CAMC; pero también dijo que su principal acusador, su exsocio Dennis Grundy Ríos se hizo pasar por sobrino del vicepresidente, Álvaro García Linera, para evadir la justicia.

“Alguna vez sí, en alguna oportunidad sí he llamado al presidente, sí de manera escrita le he hecho saber lo que estábamos pasando en CAMC y en otra oportunidad sí se comunicó conmigo, pero no es para denigrarme ante todas las personas”, dijo Zapata en el segundo día del juicio en su contra.

El viernes 17 de marzo, el fiscal Daniel Ayala dijo que Zapata simuló llamadas de Evo Morales para que las personas con las que se reunía vieran su teléfono y constataran su influencia en el Gobierno.

La expareja del presidente afirmó también que la Fiscalía de La Paz accedió a darle proceso abreviado a Dennis Grundy Ríos por instrucción de la Fiscalía General del Estado.

“El señor Dennis Grundy se hacía pasar por sobrino de una autoridad de Estado, decía: Mi novia es la sobrina del vicepresidente’, y cuando teníamos un problema en CAMC, él (Dennis Grundy) decía que podía solucionar el problema ‘con mi suegro que tiene llegada al número 2’, eso nos refería”, dijo la acusada.

Dennis Grundy Ríos fue el único de los acusados que logró un proceso abreviado y nunca se supieron las razones de la Fiscalía para aceptar esta solicitud porque le Fiscalía negó a los otros acusados acogerse a este mecanismo judicial.

Ayer, el fiscal del caso, Daniel Ayala, admitió que Grundy Ríos fue el testigo clave contra Gabriela Zapata y que facilitó todos los datos sobre los cuales basaron su acusación.

El fiscal general, Ramiro Guerrero, dijo que no solo se tomaron en cuenta las declaraciones de Grundy Ríos, sino que la Fiscalía entregará todas las pruebas materiales que tiene.

La principal acusada del caso también confesó haberse reunido “en varias oportunidades” con los ministros de Obras Públicas y de Minería, y dijo que esos encuentros se produjeron por los contratos de CAMC

Gabriela Zapata asegura que la Fiscalía no tiene pruebas

No hay pruebas y todo el caso abierto por la Fiscalía, a solicitud del Gobierno, se basa en “dimes y diretes”, aseguró ayer en el juicio oral instaurado el lunes a la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, en la segunda audiencia, por el caso de legitimación de ganancias ilícitas abierto contra ella y otros cinco coacusados.

En la audiencia que se desarrolló ayer, en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, Zapata tomó la palabra y negó los seis cargos que pesan en su contra, aseverando que nunca utilizó bienes del Estado para enriquecerse.

GRUNDY

Por otro lado, dijo que su socio, cuando ella ocupaba el cargo de gerente Comercial en la Empresa China CAMC, Dannis Grundy, fue quien tramitó el carnet de identidad donde ella figura como abogada, y para lo cual le entregó 20.000 dólares.

Zapata aseguró que Grundy le manifestó contar con una serie de contactos e influencias para el trámite del juicio.

Grundy fue parte de los imputados dentro de este caso, pero el año pasado se benefició con una sentencia de tres años, al haber recurrido a proceso abreviado.

El fiscal del caso, Daniel Ayala, manifestó en esa oportunidad que Grundy ahora se constituye en un testigo clave para probar la hipótesis del Ministerio Público.

ZULETA

Por otro lado, al momento de hacer uso de la palabra ante los miembros del Tribunal Décimo, Zapata también arremetió contra su exabogado y también expareja, Walter Zuleta, declarado rebelde en este juicio.

Señaló que Zuleta la representó en varios procesos, pero que al final fue quien le robo gran cantidad de dinero de la caja fuerte que ella tenía en la residencia del barrio exclusivo de la Rinconada.

Asímismo, afirmó que en el caso de Eduardo León, este nunca la representó, pues no tiene memorial alguno que lleve su firma.

GUERRERO Y VALDIVIA

Zapata también citó varias declaraciones que realizaron a su turno el fiscal general, Ramiro Guerrero, y la exministra de Transparencia, Lenny Valdivia, en las que dijo que se se advierten contradicciones sobre los delitos por los que se la acusa.

CHOQUE

El juicio proseguirá hoy, con la declaración de Cristina Choque, la exdirectora del Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, con quien Zapata fue amiga desde su paso por las juventudes masistas, de la “Generación Evo”.

Choque anteriormente no sólo ha negado los cargos que se le hacen, sino afirmó que en determinado momento instruyó que se le prohíba a Zapata el ingreso a su Unidad, debido al carácter altanero que tenía esta.

Rechazan incidente en juicio por caso de expareja de Evo Morales

Ricardo Alegría, uno de los seis acusados dentro del caso de legitimación de ganancias ilícitas, abierto contra la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, presentó ayer un incidente de actividad procesal defectuosa, el que fue rechazado por los miembros del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, presidido por el juez Iván Perales.

El incidente presentado por Alegría se fundaba en la supuesta incongruencia de los cargos presentados en su contra que le atribuían delitos propios de un funcionario público.

Sin embargo, la Fiscalía y los otros cuatro acusadores particulares, como el Ministerio de la Presidencia y de Justicia, expresaron su oposición al incidente y afirmaron que no se señalaba a Alegría como autor, sino como cómplice de los mismos.

El debate se inició ayer a las 9.30 y se extendió hasta el mediodía, cuando el Tribunal declaró cuarto intermedio para considerar los argumentos, y por la tarde se hizo conocer el rechazo.

El juez Perales determinó que el juicio oral en el caso Zapata se desarrollará todos los martes, miércoles y viernes durante todo el día hasta finalizar el caso.

Además, se dispuso que para evitar cualquier retraso, dos abogados de Defensa Pública siempre estén presentes para asistir a los abogados que falten.

martes, 21 de marzo de 2017

Testigo, extrañado por la ausencia de Guillén


El exviceministro de Régimen Interior y actual asambleísta departamental de La Paz, Gustavo Torrico, insistió en que Carlos Guillén, un exdirigente de fútbol al que se involucró en los pagos de los hoteles que utilizaba el supuesto grupo terrorista y que estaría fuera del país, debe ser uno de los procesados en el juicio y mostró su extrañeza porque esta persona no fue ni siquiera imputada.

Torrico, testigo de descargo de Alcides Mendoza, dijo, la semana pasada, que fue parte de una comisión parlamentaria y que se elaboró un informe del caso que fue aprobado en el Congreso siguiendo una línea política.
Ayer, cuando se sentó nuevamente frente al tribunal que dirige Sixto Fernández, cambió de estrategia en su testimonio, ya que respondió a casi todas las preguntas señalando que él se remitía al informe que hizo cuando fue parlamentario. Evitó referirse a quiénes entregaron armas al grupo de Eduardo Rózsa. Varios de los procesados al escuchar sus respuestas retiraron las preguntas que pensaban hacerle.

​​​​​​​Al término de la declaración, Torrico indicó a la prensa que siempre tuvo conocimiento de que Guillén llevó a hoteles al grupo de terroristas, les pagó y les dio un auto. Recordó que pese a estos indicios, el hombre no fue detenido, ni imputado porque se jactaba de ser el gran tipo que pagó al menos $us 80.000 para no caer preso. “Yo creo que en este proceso hay dos grupos de personas: los de la categoría P, que son los prófugo que se fueron y los de la B, los que se quedaron”, dijo.

Acusado, decepcionado
El acusado y detenido Alcides Mendoza, en su defensa material, manifestó estar decepcionado del tribunal porque Torrico se negó a declarar lo que sabía

Santa Cruz Negrete rechaza acusación de extorsión

El secretario jurídico de la Alcaldía, José Negrete, rechazó la denuncia en su contra por supuesta extorsión de $us 5.000 por parte del súbdito brasileño Ricardo Barbosa, para permitir la reapertura de la discoteca Mokai.

Negrete señaló que pone ‘las manos al fuego’ por los funcionarios que acudieron a impedir la reapertura de la discoteca. Por ello demandará a Barbosa por calumnias e injurias.

"Son funcionarios nuevos y es imposible que se hayan contaminado de hechos de corrupción, en caso de que antes los haya habido", dijo.

Aseguró que ha solicitado al Ministerio Público para que investigue a Barbosa, pues este no aparece en ninguna parte de la documentación que la discoteca ha presentado a la Alcaldía.

A su vez, Néstor Higa, abogado de Barbosa, dijo que su cliente es el representante legal de la discoteca, que su presencia y todas sus actividades en el país están dentro del marco de la legalidad.

Sobre la demanda anunciada por Negrete en su contra, Higa dijo que "no va a ser un funcionario público cuestionado quien observe mi trayectoria profesional".

El concejal Johnny Fernández señaló que Negrete debe defenderse porque es una acusación personal la que hacen en su contra.
Dijo que se va a hacer seguimiento al proceso. "Es lamentable que nuevamente aparezcan estas denuncias tan incómodas para el municipio. Si se comprueba, hay que castigar", añadió y agregó que ha solicitado información al Concejo sobre todas las denuncias de corrupción que han habido desde 2010.

Fiscalía presentará cinco testigos en juicio contra Eduardo León


Eduardo León.

Cinco testigos de cargo, son los que el Ministerio Público presentará en el juicio por la supuesta falsificación de la Libreta Militar de Eduardo León, según informó el fiscal Manuel Saavedra.

La autoridad recordó que la resolución conclusiva de acusación formal, fue presentada el 7 de marzo en el juzgado Sexto de Materia en lo Penal, a cargo del juez Fernando Rivadeneira.

“El Ministerio Público esta presentando en calidad de testigos, el número de cinco personas, (ciudadanos) que han tenido contacto con el presente proceso”, cuya versión de los hechos avalará la acusación presentada por la Fiscalía, según explicó Saavedra.

El fiscal negó dar los nombres de estas personas y sí tienen relación con el supuesto documento falsificado.

León, quien también fue abogado de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, fue procesado por cuatro ministerios: Defensa, Justicia, Educación y Transparencia, por los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado y conducta antieconómica.

Eso en función de que una “denuncia anónima” difundida por Transparencia, que señalaba que León había presentado una libreta militar falsificada para tramitar el título en provisión nacional de derecho y acceder al cargo de asesor jurídico en la Alcaldía de El Alto, en la gestión de José Luis Paredes.

La denuncia, de manera coincidente, se la hizo justo unos días después de que León fuera detenido por el caso de supuesta suplantación del hijo de Morales.

Graciela Mendoza, esposa de León, calificó de arbitrario la presentación de esta acusación por parte de la Fiscalía, que procedió de esa manera, conociendo que se había presentado, hace nueve meses, el incidente por la prescripción de todos los delitos de los que se acusa a su esposo.

Sin embargo, el juez Rivadeneira aseguró que ante la presentación de la acusación el caso ya fue remitido a un tribunal de sentencia que será la instancia que defina si este incidente es o no procedente.

lunes, 20 de marzo de 2017

Inversión en obras observadas de “Evo cumple” fue Bs 36 millones

Seis obras realizadas con 36 millones de bolivianos del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” —la terminal interprovincial, el hospital del Norte, los mercados del Norte y Coraca, la escuela de bellas artes Raúl G. Prada y 14 canchas deportivas del Distrito 14— están a medio construir o en mal estado, en el municipio de Cochabamba.

La construcción de terminal interprovincial al valle alto está paralizada desde 2010 por problemas de diseño y derecho propietario. En tanto que el hospital del Norte tuvo que ser refaccionado dos veces por problemas de plomería y electricidad.

El mercado modelo del Norte funciona parcialmente y el Coraca aún no se terminó de construir, el trabajo se suspendió hace seis años. La escuela de bellas artes Raúl G. Prada, concluida en 2014, comenzó a ser utilizada en 2016 pero presenta problemas de diseño, asentamiento, rajaduras, filtraciones y sus baños no tienen ventanas.

El programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” se creó en 2007 junto con la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) con el objetivo de apoyar la parte técnica, operativa y logística.

Hasta 2011, los recursos provenían de la cooperación venezolana a través de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que suscribieron Cuba, Venezuela y Bolivia. Y desde 2011 funciona con recursos propios.

El programa ejecutó 62 proyectos en el departamento de Cochabamba, entre 2012 y 2015, con una inversión de 423.173.204 bolivianos, según la investigación del senador Óscar Ortiz Antelo (Unidad Demócrata), sobre la UPRE, publicada en febrero.

El programa priorizó la construcción de infraestructura deportiva. Destinó 152.697.674; en cambio, para la edificación de escuelas invirtió 119.804.750 y para mercados 69.652.111.

En tanto que para hospitales la cifra fue de 41.557.362 y para la construcción de sedes sindicales 15.161.846, establece la investigación del senador Ortiz Antelo.

En 2013, las obras financiadas por el programa alcanzaron a 8.717.405, el doble de lo que se invirtió en 2012, cuando los recursos llegaron a 84.728.954.



Las obras

La falta de documentos, como planos, contratos, planillas y estudios, es el principal motivo para no culminar las obras en proceso. También impide que se puedan refaccionar las que están mal construidas.

“Son obras que están abandonadas, no hay ninguna mejora, no hay entrega, no hay nada. No podemos hacer auditorías, porque no hemos invertido ni un peso. Mientras no se transfieran los predios, no puedo invertir un solo centavo en su mejora”, dijo.

Coca explicó que la Ley 169, en su artículo cuarto, permite que los municipios concluyan las obras “Evo Cumple” con recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), sin embargo, se requieren planillas, planos y diseños de las obras. Dijo que la Alcaldía solicitó los documentos en 2015, pero la UPRE, dependiente del Ministerio de la Presidencia, no ha atendido el requerimiento.

“Mientras la UPRE no nos transfiera las obras, remita los planos y planillas, lamentablemente, las obras seguirán paralizadas. Pero parece que no hay documentación porque se manejó de manera muy informal. Tal vez no nos quieren dar documentación porque se va a destapar una situación más grande de irregularidades como es el manejo de obras y la distribución de dinero de forma irresponsable sin ningún control del Estado”, afirmó Coca.

Explicó que, al tratarse de recursos públicos, la Contraloría General del Estado debería auditar estas obras. “Los recursos pueden ser propios o de regalo, pero es dinero del Estado, por lo que la Contraloría debía hacer una auditoría al manejo de recursos en la UPRE y a la empresa ejecutora como determina la Ley 1178 de Administración y control”, explicó.

De las obras “Bolivia Cambia, Evo Cumple” que están a cargo del municipio, 13 tienen deficiencias, según una evaluación de la actual gestión municipal.

Coca explicó que los problemas son principalmente a causa de la supervisión y la calidad de los materiales. Indicó que en muchos casos ni las alcaldías pueden finalizar las obras porque la UPRE no envía los documentos.

El concejal Edwin Jiménez (Único) explicó que las obras de este programa generan muchas interrogantes, principalmente, por la falta de fiscalización, supervisión y planificación.

Explicó que, por ejemplo, hay casos críticos como la terminal interprovincial que se ha construido en un lugar de difícil acceso y con una altura que no es para flotas ni buses.

Añadió que otras 22 canchas deportivas se construyeron en el Distrito 14 tienen irregularidades porque están en espacios reducidos, incluso entre casas, y los vecinos deben pasar en medio de las canchas para acceder a las calles.

Ante estas irregularidades, el concejal solicitó a la Contraloría General que realice una auditoría, pero a la fecha la institución no le dio ninguna respuesta.

Explicó que el municipio de Cercado realizó una auditoría preliminar a la construcción del hospital del Norte y encontró indicios de responsabilidad civil y penal. “Voy a pedir el informe para saber en qué quedó esa investigación”, anunció.


Las alcaldías y el Gobierno pueden fiscalizar proyectos

El exrepresentante distrital del Ministerio de Transparencia en Cochabamba, Jhonny Ledezma, informó que la fiscalización de las obras “Bolivia Cambia, Evo Cumple” le corresponde al Estado y a los municipios para garantizar la calidad de las obras.

“Hay una corresponsabilidad, porque la UPRE hace contratación directa, pero los municipios están obligados a poner un supervisor, que puede realizar las modificaciones que crea conveniente en los libros de órdenes. Entonces hay dos niveles de supervisión y control al contratista que está ejecutando. Es un proyecto concurrente, el que contrata es el Gobierno y la municipalidad debe fiscalizar, la responsabilidad es de ambos”, dijo Ledezma.

Explicó que el exministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción investigaba varios casos de irregularidades en estas obras pero los procesos avanzaron poco debido a que no se contaba con un ingeniero civil para inspeccionar las obras.

“Una de las mayores quejas era la calidad de los materiales empleados y, en algunos casos, el mal diseño. Pero la única dificultad que se tenía para el avance de las investigaciones era la falta de un ingeniero”, indicó.

Los Tiempos intentó comunicarse con los representantes de la UPRE en Cochabamba a través de un celular proporcionado por medios estatales, sin éxito.



UNA AUDITORÍA

EDWIN JIMÉNEZ, CONCEJAL CERCADO

Una auditoría preliminar del municipio detectó indicios de responsabilidad civil y penal en la construcción del hospital del Norte. Esa obra tenía 11 observaciones, nunca se usó. La Alcaldía invirtió 9 millones de bolivianos para las mejoras y ahora está a la espera de que se entregue equipamiento para poder funcionar. Entonces, hay muchas interrogantes muchas observaciones que se plantean al programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, principalmente, por la falta de fiscalización, supervisión y planificación.



FALTAN DOCUMENTOS

SERGIO COCA, ASESOR DE LA ALCALDÍA DE CERCADO

Hace un año y medio, viajamos a La Paz y nos reunimos con funcionarios de la UPRE y la Embajada de Venezuela, que se comprometieron a transferirnos los predios y enviarnos las planillas, sin embargo, hasta la fecha no hay nada. Mientras esto no suceda, no podemos invertir ni un centavo en lo que no es de nuestra propiedad, tampoco podemos hacer una auditoría, porque no hemos invertido ni un peso. Mientras la UPRE no nos transfiera los documentos, las obras van a continuar abandonadas; parece que no hay documentación.





LA FISCALIZACIÓN

JHONNY LEDEZMA, EXDELEGADO DEL MINISTERIO DE TRANSPARENCIA

En mi gestión, estábamos investigando la construcción del centro de salud de Tolata que tenía problemas de diseño: más parecía un mercado, en los consultorios no entraba ni una camilla, es lo que he podido percibir como abogado, no sé en qué habrá quedado. En estas obras debe haber niveles de control cruzado porque la UPRE y los municipios fiscalizan, pero muchas alcaldías pretenden deslindarse de la responsabilidad. Hemos tenido casos en que los que denuncian las irregularidades son los de Control Social.



VECINOS AFECTADOS

ELISEO ALEJANDRO, RPTE.FEJUVE

En la zona de Uspha Uspha hay un coliseo que se ha entregado en 2015, el piso es de machimbre pero todo se ha salido y no ha durado nada. Las canchas deportivas de la zona sur (Distrito 14) son una preocupación, porque se han construido en medio de las casas, se han tapado garajes de los vecinos. Debe hacerse una investigación de la construcción de esas obras, es importante que participe Control Social para fiscalizar las obras para la población. Las obras mal ejecutadas perjudican a la población y preocupa la pérdida de dinero.