viernes, 31 de julio de 2015

Ocampo admite que el Cap. Andrade era un infiltrado

El testigo de la Fiscalía, Miguel Rolando Ocampo, dejó perplejas a las partes, cuando reveló que el capitán Wálter Andrade era infiltrado por el Gobierno en el grupo del extinto Eduardo Rózsa.

Tal situación en su momento fue revelada por el ahora sentenciado Ignacio Villa Vargas, conocido como "El Viejo".

La confesión de Ocampo ha desatado cuestionamientos de abogados defensores porque según las leyes, la figura de infiltrado solo está permitida en la investigación de casos de narcotráfico.

"Al no existir la figura de agente encubierto en casos de supuesto terrorismo y alzamiento armado, esto significa que Andrade formaba parte del grupo de Rózsa y éste, era un agente provocador del Gobierno", afirmó el abogado Gary Prado Araúz.

Andrade fue acusado por "El Viejo" de ser incluso el responsable de instalar la bomba en la casa del cardenal Julio Terrazas en abril del 2009.

Además sindicó a Andrade y otros efectivos policiales, de sembrar pruebas en el hotel Las Américas el 16 de abril de ese año, en el que los policías ajusticiaron a Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Martin Michael Dwyer.

Abogado pidió sancionar a un fiscal. Por otro lado, el abogado Otto Ritter, defensor del Gral. Gary Prado Salmón, pidió al presidente del Tribunal, Sixto Justo Fernández, sancionar a los mentirosos.

Esto ante las acusaciones del fiscal Sergio Céspedes contra su persona de ser mentiroso y de utilizar la deslealtad procesal, al omitir supuestamente unos renglones de una declaración anterior de Ocampo. Ritter instó a que se revisen actas para determinar en qué momento faltó a la verdad para que pueda ser sancionado, caso contrario, instó al juez que sancione al representante del Ministerio Público. Fernández pidió calmar los ánimos de ambas partes para llevar adelante el proceso dentro de los marcos legales del respeto profesional.

Además, instó al secretario del Tribunal Primero de Sentencia entregar copias de las actas oficiales de la declaración del testigo, para evitar el uso de documentos extraoficiales para evitar susceptibilidades.

miércoles, 29 de julio de 2015

Declararán otros 20 por el Fondo Indígena



Javier Flores, fiscal que investiga el caso “fondos en avance” del Fondo Indígena, anunció que después de la próxima semana declararán ante el Ministerio Público al menos 20 exfuncionarios de la institución.

Este proceso está al margen de los 153 proyectos no ejecutados del Fondo Indígena que causaron un daño económico al Estado de al menos Bs 71 millones, hecho que es investigado por la Fiscalía de La Paz.

“Alrededor de 20 personas son las que faltan declarar en el caso por fondos en avance, aunque primero se evalúa la documentación que se recibió en el proceso. El investigador entregará un informe en la próxima semana junto a las estrategias de investigación”, informó Flores a este diario.

Detalló que los que declararán son implicados directa o indirectamente en el proceso, ya que son exfuncionarios de la institución y sabían de los desembolsos que se realizaron de forma irregular.

El fiscal recordó que en este proceso ya emitieron su declaración informativa cuatro personas, de las que dos fueron enviadas a la cárcel de San Pedro de La Paz con detención preventiva; son los exdirectores administrativos del Fondo Indígena Félix Mamani y Édgar Foronda, acusados por los delitos de peculado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Habrían retirado cerca de Bs 1 millón.

Miguel Ocampo compró su vehículo a Marcelo Soza

En una seguidilla de preguntas interpuesta por el abogado Otto Ritter, defensor del general Gary Prado, al testigo del Ministerio Público, el mayor Miguel Rolando Ocampo, este hizo una revelación hasta ayer desconocida.

El declarante admitió la compra de un vehículo al exfiscal Marcelo Soza cuando era el policía asignado al caso Rózsa en el 2010.

Con estas declaraciones Ocampo demuestra que tuvo una relación comercial con el director de la investigación del caso, en la que años después el mismo Soza, en su carta enviada a Bolivia desde su refugio en Brasil, sostuvo que todo fue un montaje con fines políticos.

Sin embargo, el testigo de la Fiscalía negó algún grado de amistad con el polémico exrepresentante del Ministerio Público y principal acusador de 39 personas.

Recibe del Ministerio de Gobierno. Siguiendo con el interrogatorio, el jurista defensor del general Prado Salmón le preguntó a Ocampo si volvió al servicio activo de la Policía, ya que estaba con licencia, según su declaración en marzo pasado. Al recibir respuesta afirmativa del policía, el abogado Ritter le consultó si su salario es pagado por el Ministerio de Gobierno. La Fiscalía evitó con una objeción la respuesta, pero cabe recordar que la Policía está bajo tuición de dicho ministerio. La aseveración de Ocampo es contradictoria, ya que al inicio de la jornada sostuvo que no tenía ninguna relación con esa cartera gubernamental, menos con el Ministerio Público.

Ocampo no especificó el destino otorgado por la institución verde olivo para el desarrollo de sus funciones. Las respuestas fueron sacadas por la defensa con habilidad, a pesar de las múltiples objeciones de la comisión de fiscales y del Ministerio de Gobierno.

Atraso del testigo. En la jornada matinal, las partes tuvieron que esperar por un lapso de unos 15 minutos por el retraso del testigo de cargo. Una vez iniciada y antes de que le toque el turno a la defensa del Gral. Gary Prado Salmón, el acusado Ronald "Chichi" Castedo pidió defensa material y observó las contradicciones del policía en el tiempo de su declaración. Además de calificar el tiempo que le tocó investigar a Ocampo "como los cinco meses más sucios, porque se acusó a gente inocente", increpó.

El Alto Funcionario edil desmanteló equipo de computación

La subalcaldesa del Distrito 5, Roxana Quispe, denunció que uno de los equipos de computación de su oficina fue desmantelado por un funcionario de ese despacho, lo que perjudicó de gran manera la labor que se desarrolla en este recinto municipal.

Asimismo, aclaró que el hecho registrado la pasada semana ocasionó la pérdida de información valiosa sobre obras que se deberían desarrollar en este sector.

Según las declaraciones de Quispe, se trata de un funcionario de esa repartición que anteriormente ocupaba el cargo de coordinador del anterior Subalcalde

El autor del hecho, de acuerdo con la autoridad, tomó venganza tras ser desplazado de su cargo como coordinador al de ayudante de electrónica y se presume que esto fue motivo para que este ciudadano hubiera cometido esta falta.

Una vez que las autoridades descubrieron que se desmanteló la computadora, el joven, presunto autor del hecho, se habría presentado a denunciar el hecho ante diferentes medios de comunicación y a oficinas de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc) “sintiéndose víctima de acusaciones y calumnias, indicando que su persona no había cometido el ilícito”, informó la Comuna.

“Hemos tomado en cuenta esta reacción del joven, pero las investigaciones nos darán la razón, simplemente hay que esperar y no tomar en cuenta victimizaciones que no son el camino que permitan esclarecer el hecho”, aseveró la autoridad municipal.

Por otra parte, la funcionaria denunció que muchos sellos de seguridad de computadoras están violentados. “Creemos que esta computadora tenía información muy importante y ya no está la tarjeta madre, disco duro, memoria RAM y microprocesador”, agregó Quispe.

A la fecha, esperan respuesta de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Carmen, entidad que se encuentra en plena investigación y que anunció que en los próximos días se conocerá al autor o autores del hecho. Por su parte, la subalcaldes, a través de su departamento jurídico, ya presentó querella de acusación contra el funcionario.

Critican retardación de justicia a favor de Patana

La velocidad con la que actúan para detener a periodistas y personas humildes y la demora en el proceso de investigación en contra del exalcalde de El Alto, Édgar Patana, causan asombro al diputado por Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, que ayer intentaba coadyuvar al investigador de la Policía para notificar en su domicilio a Patana, por el temor de que se quiera encubrir el hecho.

“Lo que veo es que no se mide con la misma vara, por ejemplo, a Carmelo Lens (exgobernador de Beni) un proceso y ya está en la cárcel, hermanos que estaban marchando, hacen reventar dinamita y ya están en la cárcel, ahora con medidas sustitutivas. Sin embargo, a Édgar Patana, el Ministerio de Transparencia le ha abierto como 20 procesos, tres procesos con Eduardo León, dos procesos por movilidades y sin embargo no avanza”, declaró el diputado Quispe, ayer en puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El legislador se hizo presente en esas dependencias para verificar si el investigador procedió a notificar a la aexautoridad edil alteña, en su domicilio, en el proceso para investigar a los responsables del desmantelamiento de 24 vehículos que le fueron entregados.

Los motorizados a los que hace referencia el diputado de UD, serián las que se le dotó al municipio alteño desde la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) de Oruro y según informó el legislador se encuentran desmanteladas.

Quispe criticó la postura del Ministerio Público, que a pesar de haber comprobado el estado de los vehículos, retarda el procesamiento de la exautoridad del Movimiento Al Social (MAS).

“Hay un grado de protección” asegura el diputado que ha contabilizado que Patana cuenta con cerca de 20 denuncias en el Ministerio de Transparencia, otras tres denuncias por irregularidades en la adjudicación de obras a tres empresas. Rafael Quispe se constituye en parte denunciante por la desaparición de 33 vehículos y el desmantelamiento de otros 24.

En contrapartida, según la ANF, el exalcalde de la ciudad de El Alto negó que durante su gestión se hubieran entregado irregularmente los motorizados a dirigentes sociales, aseguró que fueron guardados en la Alcaldía y que todos están en el mismo estado en el que fueron recibidos. Patana es acusado por el abogado Eduardo León de haber entregado 24 vehículos a distintas organizaciones sociales en su gestión y que ahora están en calidad de chatarra.

En 2013 es decir dos años después de la recepción de los vehículos, la Alcaldía firmó un convenio con Dircabi para poder utilizarlos hasta 2016 con el compromiso de mantenerlos en el mismo estado que los recibieron. La exautoridad manifestó que del total de vehículos sólo se utilizaron cinco y que antes de hacerlo se les sacó fotografías y un video para evidenciar cómo llegaron; además, cada motorizado tiene un informe detallado de la placa y el estado en el que se encuentra y cómo fueron utilizados.

martes, 28 de julio de 2015

Video La Fiscalía rechaza una denuncia de corrupción contra Édgar Patana

Patana niega entrega de vehículos a dirigentes sociales

El exalcalde de la ciudad de El Alto, Édgar Patana, negó hoy que durante su gestión se hubieran entregado irregularmente 24 vehículos a dirigentes sociales, aseguró que fueron guardados en la Alcaldía y que todos están en el mismo estado en el que fueron recibidos.

Patana es acusado por el abogado Eduardo León de haber entregado 24 vehículos a distintas organizaciones sociales en su gestión y que ahora están en estado de chatarra.

En 2013, es decir dos años después de la recepción de los vehículos, la Alcaldía firmó un convenio con Dircabi para poder utilizarlos hasta 2016 con el compromiso de mantenerlos en el mismo estado que los recibieron.

La exautoridad manifestó que de los 24 vehículos sólo se utilizaron cinco y que antes de hacerlo se les sacó fotografías y un video para evidenciar cómo llegaron; además, cada motorizado tiene un informe detallado de la placa y el estado en el que se encuentra y cómo fueron usados.

Agregó que hubo un intento de robo de los vehículos, pero que fue desbaratado.

"Ninguno de estos vehículos se entregó a dirigentes sociales, como dice la acusación, cada vehículo tiene el registro correspondiente", aclaró Patana.

Existe contra Patana una segunda denuncia, esta vez por la desaparición de 33 vehículos de la Alcaldía. El exfuncionario señaló que en su gestión se detectó esa ausencia, pero que desaparecieron en gestiones anteriores a la suya.

La semana pasada, Patana fue citado dentro del proceso de investigación de un video que muestra que, cuando era dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), recibió un paquete del exalcalde Fanor Nava. Se presume que ese paquete contenía un soborno.

Sin embargo, una vez que terminó su declaración, fue aprehendido por otro caso, una demanda por pagos no realizados a una AFP que deberían haber beneficiado a una funcionaria. El monto adeuda era, aparentemente, de solo 405 bolivianos.

Entrevistado por un canal de TV, afirmó que existe un informe que sí pagó este monto y que en todo caso, si es que no existe el registro, la responsabilidad ya era del alcalde interino de El Alto, Zacarías Maquera, que ocupó el cargo después de él.

Patana fue aprehendido el viernes 24 de julio y enviado a la carceleta de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, pero el sábado salió con medidas sustitutivas y debe presentarse al Ministerio Público una vez a la semana.

Caso Rózsa Por falta de jueces se suspende audiencia

Por ausencia del Tribunal de Sentencia de La Paz en pleno, suspenden la audiencia del caso Rózsa para hoy a las 9:30.

Los abogados de la defensa después de esperar más de media hora, abandonaron el salón principal del segundo piso del Palacio de Justicia de Santa Cruz. Al parecer, los motivos de la falta de los jueces técnicos y ciudadanos, ha sido por algún percance con el vuelo desde la sede de Gobierno a Santa Cruz. Como se conoce, el tribunal está integrado por los jueces técnicos Sixto Justo Fernández y Elena Gemio, y las juezas ciudadanas Sonia Mamani y Anastacia Calisaya.

Declaración del testigo. Para la jornada de hoy está previsto la toma de declaraciones al testigo, el My.

Miguel Ocampo, por los defensores del Gral. Gary Prado. Ocampo viene declarando desde el 23 de marzo pasado, y es el primer testigo de cargo de los 43 que presentó el Ministerio Público.

Cochabamba Hallan daño económico de Bs 3 millones en Subalcaldía

Las autoridades de la Dirección Jurídica y Legal de la Alcaldía identificaron seis irregularidades por al menos 3 millones de bolivianos en la intervención realizada a la comuna Adela Zamudio.

La Subalcaldía fue intervenida el 8 de julio pasado y hay 107 denuncias.

El director jurídico, Sergio Coca, explicó que entre las irregularidades seis “son bastante grandes” por el daño económico que causaron al municipio. La autoridad expresó que analizan el inicio inmediato de acciones penales o la solicitud de una auditoría preliminar.

Coca dijo que tienen todos los casos en detalle y que aguardan la orden del alcalde José María Leyes para proceder con acciones.

Citó un ejemplo y explicó que una irregularidad dejó un daño de al menos medio millón de bolivianos.

“Imagínese en el resto, estoy hablando de seis (casos) concretos y mínimo es medio millón en cada uno”, afirmó. Describió que este caso esta referido a una construcción sin plano aprobado por el municipio.

“Posteriormente han regularizado habiendo emitido boletas de multa por sanción de construcción ilegal. Esas boletas de multa las han pretendido ocultar, las hemos encontrado, identificado, clasificado y ahí hay responsabilidad penal y civil”, describió.

El secretario ejecutivo de la Alcaldía, Álex Contreras, informó que la Dirección de Jurídica y Legal entregará un informe a la subalcaldesa de la comuna Adela Zamudio, Roxana Neri, en estos días y que se conocerán los detalles de las irregularidades posiblemente esta semana.

La subalcaldesa manifestó que desconoce los detalles de los informes y que le pidieron unos días para completarlos. Durante las primeras jornadas en el cargo ella manifestó que recibió denuncias verbales en contra de funcionarios de esa comuna por parte de dirigentes de distritos. Sin embargo, agregó que en ninguno de los casos se formalizaron las mismas.

INVESTIGACIÓN Coca sostuvo que esta semana iniciarán también la reestructuración de la Intendencia y que la siguiente semana continuarán con una comuna y una empresa descentralizada.

PROCESO COACTIVO Por otro lado, agregó que hoy presentarán formalmente un proceso coactivo fiscal contra ocho personas de la gestión de Gonzalo Terceros y una empresa constructora, por falsear material, uso de instrumento falsificado y en el caso de Terceros no solo responsabilidad de orden civil sino también acciones penales.

Detienen a exfuncionario edil acusado de extorsión

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto detuvo al exfuncionario municipal, Ivar Romero, quien fue acusado por vecinos y la dueña de un negocio por una supuesta extorsión.

De acuerdo con un informe brindado por el intendente municipal, Rudy Saavedra, se conoce que el exfuncionario habría aprovechado su conocimiento en el control de inocuidad alimentaria, debido a que anteriormente esta persona cumplía precisamente este tipo de funciones, para llevar adelante un falso operativo de control.

Según información oficial, el acto de suplantación de autoridad que realizó Ivar Romero fue cuando al constituirse en un negocio de broastería exigió que le muestren todos los utensilios que tienen para el preparado del alimento. Ante esto, encontró algunas irregularidades, pero la ilegalidad comenzó cuando el exfuncionario le señaló a los dueños del negocio que de no darle un monto económico a cambio se procedería a su clausura.

Para el efecto mostró una credencial que supuestamente le acreditaba como funcionario de dicha repartición municipal, además, en el momento de su intervención se encontraba con un chaleco empleado por funcionarios municipales, aunque el uniforme era de una anterior gestión, muy diferente a las actuales.

Todas estas irregularidades fueron los que delataron al individuo, por lo que las personas afectadas decidieron llamar a la Policía junto a algunos vecinos, entre quienes lograron que esta persona sea arrestada con la finalidad de que explique por su actitud.

El caso de Ivar Romero se encuentra en los estrados judiciales, siendo que deberá comparecer ante las autoridades teniendo en cuenta del delito que se cometió, a pesar de que por el momento existe un hermetismo sobre el tema en el entorno municipal.

Ivar Romero ya contaba con antecedentes en este tipo de casos, primero al autocalificarse como nuevo Intendente antes de que la actual alcaldesa sea posesionada, posteriormente, a pesar de que dejó de pertenecer a dicha instancia municipal, habría estado realizando operativos de control junto a efectivos municipales, uno de ellos en el que se procedió al decomiso de alimentos relacionados con la noche de San Juan el pasado mes de junio.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Con el objetivo de prevenir este tipo de actitudes ocasionadas por exfuncionarios ediles, el intendente municipal Rudy Saavedra anunció que se están creando credenciales con las que se pueda garantizar que la persona que lo porte es efectivamente parte de su repartición.

“Efectivamente debido a que mucha gente ha dejado de trabajar en la Alcaldía y por el conocimiento que tiene en el manejo de algunos temas, como en el presente caso, está aprovechado esta situación, por eso hemos decidido efectuar un documento de identificación como funcionario municipal con todas las normas de seguridad, que deberá ser presentada en todo momento y lugar que se requiera”, explicó la autoridad.

domingo, 26 de julio de 2015

Video Acusan a un exfuncionario de la Intendencia de El Alto de intentar extorsionar a comerciantes

CASO AFP'S Disponen libertad de patana

La jueza de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto, Milenka Gutiérrez, dispuso ayer la libertad del excalde alteño Edgar Patana y le concedió medidas sustitutivas a la detención dentro el proceso por incumplimiento de pago de aportes de jubilación de trabajadores municipales.

Patana deberá presentarse dos veces cada 15 días ante el Ministerio Público como garantía de su presencia mientras continua el proceso judicial.

Mónica Irusta, abogada de Patana, señaló que la jueza no encontró los suficientes elementos de culpa en su defendido, que amerite la detención preventiva o la detención domiciliaria.

"No existe grado de autoría alguno, puesto que el Gobierno Autónomo Municipal no es un ente que sea particular, es un ente con representación".

sábado, 25 de julio de 2015

Aprehenden a exalcalde de Puerto Suárez

El fiscal Iván Quintanilla y oficiales de la Policía, asignados a los casos de corrupción denunciados en Puerto Suarez, inspeccionaron las obras del programa Bolivia cambia, Evo cumple, para las cuales, aparentemente, se ha desembolsado un 20%”, según el fiscal que retornó ayer y aprehendió al exalcalde Roberto Vaca Yorge a quien imputó por varios delitos y hoy será llevado ante un juez cautelar.

Quintanilla indicó que realizaron una valoración integral de los antecedentes y a base de ello se determinarán responsabilidades. Tras inspeccionar Finanzas de la Alcaldía de Puerto Suarez, señalo que se han perdido documentos de las gestiones 2012 y 2013.

Quintanilla inspeccionó primero el área donde debió construirse la casa de la interculturalidad por Bs 1,5 millones; la Villa Olímpica por Bs 8.296.993.18, un coliseo por Bs 19.347.478.15 y una cancha de fútbol con pasto sintético por Bs 2.173.360.

Para estas obras se ha hecho el desembolso del 20% pero la empresa adjudicataria Comcremix, no inició ningún trabajo por falta de una orden de proceder del ex alcalde Roberto Vaca Yorge que adjudicó las obras, según el representante de la empresa, Marcos Pereira, que estuvo en la inspección a la que varios funcionarios fueron citados por el fiscal Quintanilla.

Antecedentes
El exalcalde Álex Antelo, que asumió funciones en diciembre de 2014, fue el que denunció hechos de corrupción en la gestión de Vaca Yorge, en los que estarían involucrados el ex oficial mayor Administrativo y el director de Finanzas que, junto con otros funcionarios del área financiera entre enero y marzo de 2015 supuestamente hicieron transacciones por Bs 6.909.780.12 sin registrar ningún tipo de movimiento en el sistema.
A partir de la denuncia, se dispuso la investigación que abarca las obras del programa Bolivia cambia, Evo cumple

Investigados por corrupción Aprehenden a exalcaldes de Puerto Suárez y El Alto

El exalcalde de El Alto, Edgar Patana, fue aprehendido anoche y fue trasladado a una celda judicial de esta ciudad, informó el diputado Rafael Quispe.

Patana se presentó voluntariamente a declarar por el caso de supuesto soborno recibido y que fue registrado en un video suyo con Fanor Nava; sin embargo, a la salida de ese acto fue ejecutado otro mandamiento de aprehensión que fue emitido en su contra, pero por un caso de aportes incumplidos a AFP.

El antecedente del caso. Los 24 motorizados fueron entregados en calidad de comodato a los dirigentes de la Fejuve en la gestión 2013, cuando la organización vecinal estaba bajo la presidencia de Óscar Ávila.

El caso en Santa Cruz. El fiscal Iván Quintanilla confirmó la aprehensión del excalcalde de Puerto Suárez, Roberto Vaca, luego de prestar su declaración en la Unidad Anticorrupción en la capital cruceña. Está en las celdas de la Felcc y se espera que hoy se presente la imputación formal para luego llevarlo ante un juez cautelar.

Vaca fue denunciado por Álex Antelo, exalcalde porteño de transición, por cuatro obras financiadas con recursos del programa "Evo Cumple" y que no fueron ejecutadas pese a los desembolsos de 20% para cada una de ellas. Los proyectos eran un coliseo cerrado, una villa olímpica, cancha con césped sintético y la "Casa de la Interculturalidad".

El Alto Aprehenden a Édgar Patana

El exalcalde de El Alto, Édgar Patana, fue aprehendido anoche tras prestar declaraciones porque no habría pagado los aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de un exfuncionario que fue trabajador de la gestión 2012, además por recibir un sobre por parte del exburgomaestre Fanor Nava.

Según el abogado Eduardo León, Patana fue convocado ante las autoridades policiales por este hecho y una vez terminada su declaración, será puesto en libertad.

“Hemos tenido la información de que el señor Édgar Patana fue citado dentro del proceso de los videos que involucraban tanto a este imputado como al señor Fanor Nava. De donde habría emergido otro proceso por las AFP, que fue iniciado por exfuncionarios del gobierno municipal de El Alto”, señaló León a radio Fides.

El abogado del diputado Rafael Quispe lamentó que Patana solo haya sido convocado por esta denuncia, pese a que se confirmó que 24 vehículos de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) fueron desmantelados en su gestión.

Sin embargo, en un informe de Cadena “A” se confirmó, pasada las 20.00, que la exautoridad edil, fue aprehendido luego de brindar su declaración informativa .

Según el mismo fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, Patana tiene al menos seis procesos que se investigan.

Uno de los casos que pesa en su contra es la denuncia de la empresa constructora Terra Forte por incumplimiento de contrato; a ello se suma la denuncia del Centro de Estudios Americanos y por último la presunta entrega ilegal de vehículos de Dircavi Oruro a dirigentes de las juntas vecinales de El Alto, situación que fue calificada de ilegal y fuera del convenio firmado entre ambas instituciones.

Por su parte, la abogada de Patana, Valquiria Lira, en contacto telefónico con EL DIARIO, dijo que la resolución de aprehensión se debe por una deuda a las AFP'S por 405 bolivianos. “Estamos sujetos a averiguar qué es lo que ha ocurrido con el proceso. Ahora no tenemos información concreta”, dijo.

En cuanto a la investigación sobre el video donde se ve a Patana recibiendo un paquete del entonces alcalde Fanor Nava, Lira, afirmó que en el curso de las próximas horas se solicitará a Erbol (medio de comunicación que difundió las imágenes) dé a conocer quien fue la persona que entregó a ese medio de comunicación el video, ya que no se puede efectuar una demanda al medio porque su actividad está regida por la ley de Imprenta.

MINISTERIO PÚBLICO Inspeccionan la FBF

El Ministerio Público realizó ayer una inspección ocular en el edificio de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) de Cochabamba, tal como indica “el acto procesal” del caso. Juan Pablo Mendieta, fiscal de Materia de Sucre, aclaró que “no es una intervención”, porque simplemente se visitó el lugar para conocer el manejo administrativo interno de la institución.

Asimismo, resaltó que fue un "acto voluntario" realizado con el permiso de los personeros del ente federativo.

“El Ministerio Público quiere aclarar que no se está interviniendo la FBF, téngalo bien en claro, no se está interviniendo la FBF”, recalcó varias veces el fiscal.

Crónica

Al promediar las 11:15, la comitiva de Ministerio Público, integrada por siete miembros liderados por el fiscal Mendieta, llegó hasta las oficinas de la FBF con una “nota de visita” recibida por Wilge Lizarazu, presidente de la comisión técnica de la federación, para verificar los 11 despachos de la instalación.

La investigación comenzó en las oficinas del cuarto piso, donde se encuentra secretaría y recepción de habilitaciones de jugadores, después pasaron al quinto piso para revisar los ambientes del Comité Ejecutivo de la FBF. Finalmente, ingresaron al predio del Tribunal de Resolución y Disputas (TRD) en la planta baja.

Durante la inspección, Lizarazu y todo el personal federativo mostraron predisposición ante la comitiva, describieron sus funciones específicas y explicaron acerca del manejo administrativo que realizan día a día para cumplir con su labor.

Al finalizar la visita, el fiscal a cargo de la investigación resaltó reiteradas veces que se trata de "un ingreso pacífico", sin intervención ni allanamiento. “El acto que se realizó es un acto procesal, tal como indica el procedimiento, hemos hecho un ingreso voluntario, con permiso de los personeros de la FBF para conocer el lugar, la federación, las oficinas y ellos nos han explicado cómo son sus actividades”.

Asimismo, Mendieta comentó que en “todo proceso se tiene que conocer dónde y cómo se llevan adelante las actividades”, además aclaró que no se sacó ningún tipo de documentación porque sólo se hizo “un registro del lugar”.

Finalmente, el fiscal adelantó que la “investigación dará sus frutos” en la mayor brevedad posible.

Por su parte, Lizarazu no quiso dirigirse a los medios de comunicación porque los fiscales le instruyeron que no diga nada al respecto, ya que las indagaciones continuarán los siguientes días.

Desde el inicio de la inspección, el #1 pudo verificar que la comitiva del Ministerio Público, liderada por Mendieta, no se llevó ninguna documentación, sólo se limitó a entrever las carpetas puestas en los escritorios de los administrativos, quienes cumplían con sus funciones de forma normal.

Más de un funcionario contó que el fiscal sólo preguntó cómo realizaban su trabajo y qué sistemas usaban para ello.

No fue un allanamiento

El abogado constitucionalista José Antonio Rivera explicó que no se trata de un allanamiento, porque los personeros de la FBF facilitaron el ingreso de los representantes del Ministerio Público.

"Si les han facilitado el ingreso no hay ningún allanamiento. Fueron con un propósito, están realizando una investigación. Por tanto, dentro de la investigación vieron necesario ver el lugar y el funcionamiento administrativo", argumentó el profesional.

Entretanto, aclaró que todo el trabajo de los fiscales está dentro de la "normalidad porque no hicieron la incautación de objetos, pertenencias ni documentos. Para realizar eso hubieran requerido una orden judicial expresa por el derecho a la intimidad".

"El allanamiento consiste en una acción a través de sus funcionarios de ingresar a un recinto íntimo o privado protegido, por la inviolabilidad del domicilio. El artículo 25 de la CPE dice que nadie puede ingresar a un recinto sin consentimiento del que ocupa o sin orden judicial que disponga el allanamiento", concluyó.

viernes, 24 de julio de 2015

Fiscalía aprehende a otros dos dirigentes del fútbol boliviano

Por decisión de los fiscales que componen la comisión que investiga presuntos hechos de corrupción en la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), el dirigente Pedro Zambrano y el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol (ANF), Jorge Justiniano, fueron aprehendidos ayer tras que prestaron su declaración informativa ante la Fiscalía en Sucre.

“Ellos se han presentado voluntariamente. Eso es una buena señal en el sentido de ‘el que nada tiene, nada teme’. Yo espero que el señor Zambrano y Justiniano sean tratados con consideración y respeto, que no se vulneren sus derechos humanos”, dijo el portavoz de la FBF, Julio Peñaloza, a los periodistas.

Ambos dirigentes se presentaron ante el Ministerio Público dentro de la investigación por corrupción en el manejo de dineros relacionados al fútbol y otros que lleva adelante una comisión de fiscales. De acuerdo con reportes desde la capital del Estado los dos dirigentes arribaron a instalaciones del Ministerio Público a eso de las 07.15 y a las 09.00 salieron escoltados y fueron embarcados en un vehículo que los llevó a dependencias de la fuerza anticrimen, ubicado en Villa Armonía de esa ciudad.

Jorge Justiniano fue el primero en brindar su declaración informativa ante el fiscal Henry Espíndola (11.00 a 14.15); luego fue el turno de Pedro Zambrano.

Ambos dirigentes salieron enmanillados, Zambrano vestía una chamarra azul y pantalón (vaquero) claro, mientras que sus manos estaban cubiertas por una prenda de lana para evitar que se muestren las manillas de seguridad, que le colocaron los policías. Justiniano llevaba una chamarra negra y un pantalón (vaquero) oscuro. Sus manos enmanilladas también fueron cubiertas.

Ambas personas esperan se dé a conocer la imputación formal la fecha y hora de la audiencia cautelares.

En el caso de Zambrano, ayer la Policía intentó atraparlo en Trinidad, sin embargo, se sorprendió al constatar que su casa ya está en venta y no asiste a trabajar desde el 15 de junio.

El martes, el juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Roberto Valdivieso, definió mandar a la cárcel de Palmasola, con detención preventiva, al presidente de la FBF y tesorero de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Carlos Chávez. En tanto se dio detención domiciliaria al secretario Ejecutivo de la FBF, Alberto Lozada.

Los dirigentes del fútbol son investigados por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, delitos tributarios y estafa con la agravante de víctimas múltiples por al menos 10 conductas delictivas, entre los que se encuentran el caso de la familia de Kevin Beltrán, contratación de sponsors, manejo económico y otros.

miércoles, 22 de julio de 2015

Anuncian más procesos en el caso Fondo Indígena

El Fiscal de Distrito de La Paz, Marcelo Rollano, anunció que se iniciarán nuevos procesos penales contra aquellos dirigentes que devolvieron recursos desembolsados por el Fondo Indígena, ya que este dinero generó posibles utilidades que beneficiaron a los que administraban dichos montos.

Según la autoridad judicial, la administración de recursos económicos y su posterior devolución, no es garantía de que no se hayan creado ganancias, pues presuntamente este dinero pudo haberse usado para la generación de ganancias a través de la inversión en otros negocios.

"El hecho de la devolución podría implicar no solamente la aceptación tácita de la probable comisión de un hecho, sino también podría implicar que una persona, desconociendo que ese dinero no haya sido ejecutado y para descargar cualquier tipo de responsabilidades pone a disposición de la institución que está realizando la investigación", manifestó Rollano a los medios de comunicación.

El Fiscal de Distrito indicó que cada caso particular debe ser analizado de acuerdo a las características en que los recursos económicos llegaron a la administración de los dirigentes, el fin que tenía destinado el dinero, y si éste monto fue ejecutado para la obtención de ganancias.

"Hay que analizar cada caso en concreto. No podemos decir que porque hayan devuelto y tenía participación en el hecho, todos los que devuelven tienen la misma participación que este ciudadano. La responsabilidad es personal", aseguró.

Entre las organizaciones indígenas que expresaron su intención de devolver estos recursos están los indígenas de la colonia José María Linares del municipio de Bermejo, Tarija, quienes anunciaron la devolución de 800.000 bolivianos. De la misma manera, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa informó de la devolución de 5 millones de bolivianos al Tesoro General de la Nación (TGN).

Hasta fin de mes Propuesta para recuperar barcazas chinas

Hasta fin de mes se conocerá una propuesta oficial para la recuperación de las 16 barcazas y dos remolcadores que se hallan embargados en un puerto de China, informó el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.

Expuso que dos empresas chinas han dado a conocer al Gobieno que tienen interés en ingresar en sociedad con el Estado boliviano, tanto para resolver el problema existente como para operar dicho equipo destinado a la navegación fluvial en la Hidrovía Paraguay-Paraná.

“Si se consolida la operación con la contraoferta que les está haciendo Bolivia a las empresas chinas se abrirá un acceso permanente al Atlántico y necesariamente se tendrá que reorientar -en gran medida- el transporte marítimo de Bolivia, para dejar de ser dependientes de los puertos chilenos, donde con frecuencia se producen paros, huelgas y otras complicaciones, perjudicando el comercio internacional”, dijo Ferreira.

A inicios de este mes, una delegación boliviana, compuesta por el ministro Ferreira y el procurador general del Estado, Héctor Arce, se constituyó en la ciudad de Nankin, en el sur de China, para verificar el estado en que se hallan las barcazas y los empujadores, así como la situación jurídica que se confronta con el embargo al que están sometidos. El equipo naval se encuentra en un astillero de Yan Thai China.

Se verificó que necesitan ser concluidos a la brevedad posible, para evitar un deterioro irreversible en la maquinaria, los componentes electrónicos y el propio casco de ambas naves. Asimismo, se efectuaron gestiones para encausar una salida jurídica conveniente para el país, respecto al embargo.

“Hemos logrado, en lo jurídico, una negociación que resultó positiva, porque evitó el remate de las barcazas. Nosotros siempre hemos sido escépticos en el tema de poder recuperarlas sin gastos adicionales”, dijo la autoridad de Estado.

De acuerdo con las negociaciones se logró abrir un proceso de concertación, cuyo plazo concluirá el próximo 10 de agosto. El objetivo es levantar la orden de remate y de esa manera recuperar las embarcaciones, cuya construcción fue contratada en 2009, por la Empresa Naviera Boliviana (Enabol).

Según lo referido por el ministro Ferreyra, con las dos empresas chinas proponentes podría constituirse una sociedad, en la que el socio mayoritario será el Estado boliviano.

ANTECEDENTES

Enabol suscribió contratos con la empresa china SeAH B&K DUCK SUNG Sociedad Accidental, General Marine Business (GMB) & Shipbulding Resourcer Co. Ltd y China National Electronics Imp & Exp Shandong Co., en 2009, pagando por adelantado y al contado casi 30 millones de dólares, para la construcción y transporte de las 16 barcazas y dos empujadores, pero estos nunca llegaron al país.

Las embarcaciones se encuentran desde hace cinco años en el citado astillero de China, debido a que la empresa coreana supuestamente quebró e irregularmente, sin consultar a Enabol, transfirió el contrato a la empresa china, sin concluir la construcción de las barcazas y remolcadores. Debido a las condiciones climatológicas se encontrarían deterioradas. Sin embargo, expertos en terma de embarcaciones de este tipo por el material utilizado es poco probable que ocurra aquello ya que en uso tiene que soportar la presión y calidad de agua.

Por este fallido contrato dos personas guardan detención preventiva (una domiciliaria) en La Paz y siete exfuncionarios se encuentran prófugos.

INVESTIGACIÓN

En cuanto al proceso de investigación que se ventila en el Ministerio Público, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que se dispuso reconformar la comisión para “darle mayor celeridad al trabajo”. Dijo que por las negociaciones el trabajo de investigación quedó retrasado porque se llegó a citar a otras personas que se encuentran en otros países.

“Ahora con los avances importantes por parte de autoridades del Estado estamos trabajando para reconformar esta comisión y avanzar en un tema importante para nuestro Estado”, afirmó.

lunes, 20 de julio de 2015

Procesan a cuatro exfuncionarios que causaron daño económico al Senapi

Cuatro exfuncionarios públicos jerárquicos están acusados de causar un daño económico de 82.285 bolivianos al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) en 2011. El caso continúa en investigación en la Fiscalía.
Los implicados creaban órdenes de pago y transferencias al aprovechar sus cargos, señala la denuncia de la entidad ante el Ministerio Público. Éstos creaban, verificaban, aprobaban y firmaban comprobantes de ejecución por conceptos inexistentes

Entre mayo y septiembre de 2011 retiraron 48.285 bolivianos del Senapi para cancelar la impresión de material gráfico; también se desembolsaron 18.000 bolivianos destinados al pago de alquileres; 13.000 bolivianos por servicios de imprenta y fotografía, y otros 3.000 bolivianos para el diseño de imagen institucional.
Los exfuncionarios jerárquicos involucrados son Juan P. B., quien desempeñaba las funciones de director administrativo financiero y Érick T. E., quien era director general ejecutivo. Además de una exfuncionaria (Deina B. R.) del Ministerio de Economía, que cumplía funciones de analista de la Dirección General del Tesoro.
Los cuatro están acusados de incumplimiento de deberes, anticipación, prolongación de funciones, conducta antieconómica, peculado y complicidad.


El dinero era transferido a la cuenta bancaria de Ibert A. M., quien era responsable del POA, Presupuesto y Perfiles Sigma (Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa) en 2011.
De los 82.285 bolivianos, el Senapi logró recuperar 64.485 bolivianos, pero faltan 17.800 bolivianos.
De acuerdo con el Senapi, esas órdenes de pago y transferencias no correspondían a operaciones oficiales de la institución. Esos recursos eran desviados. "Estas operaciones no incluían respaldos documentales a fin de no dejar evidencias de su ilícito y se ejecutaban únicamente mediante el Sigma”, respondió el Senapi a un cuestionario enviado por Página Siete.
Los hechos


Según la documentación del proceso, Ibert A. M. era el responsable de crear, verificar y aprobar los pagos; Juan P. B. participó en la firma del proceso en el Sigma; Erick T. firmó los comprobantes o los cheques.
"Quienes realizaron un manejo irregular y discrecional de recursos públicos, apropiándose de manera sistemática, realizando ficticiamente contrataciones no existiendo ningún respaldo documental”, señala la denuncia del Senapi ante la Fiscalía.
Se presume que Deina B. R. proporcionó las claves y cuentas de usuario para validar y registrar los pagos, de acuerdo con investigaciones. Hay una quinta persona particular involucrada, Rolando M. B., quien recibió dinero por la impresión de material gráfico de Ibert A. M. para que lo depositara en su cuenta bancaria. Está acusado de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.
"Sin embargo, las impresiones nunca fueron ejecutadas, ya que la operación era un pretexto de Ibert A. M. para transferir dinero a su cuenta personal. Todo a vista y consentimiento de Erick T.”, explica la denuncia del Senapi.
En octubre de 2011, se descubrió el retiro del dinero que no contaba con comprobantes ni informes. Todas las personas involucradas presentaron sus cartas de renuncia.
En febrero de 2012, la directora del Senapi, Jhilda Gabriela Murillo Zárate, denunció las irregularidades en la Fiscalía.
El caso fue derivado inicialmente a la fiscal Ritva Milena Alba, quien excluyó del proceso a Juan Carlos P. B., Erick T. E., Deina B. R. y Rolando M. B. porque no se hallaron suficientes pruebas de su participación. El único que quedó bajo investigación es Ibert A.M.
En 2012 fue designado Elsner Cruz como nuevo fiscal, pero rechazó la denuncia.
"El Senapi apeló la decisión del Ministerio Público y solicitó al fiscal a cargo de la investigación que se incluya y amplíe la imputación a las personas nombradas. Como resultado de esta gestión se logró la inclusión en el proceso de todos los participantes en los hechos delictivos”, señala la denunciá del Senapi.
Actualmente el caso continúa en proceso de investigación.

El 16 de junio de 2015 el ciudadano Juan Salinas presentó una carta al Ministerio de Transparencia, con número de registro 09974, en la que solicita se investigue a la directora del Senapi por incumplimiento de deberes.

"El Estado tiene funcionarios y funcionarias que deben cumplir con sus obligaciones en beneficio del Estado y los ciudadanos, más aun cuando existen hechos delictivos (...) no puede existir la persecución penal para autoprotegerse, para culpar a otros y no ser involucrados y luego abandonar la causa”, señala la carta enviada por Salinas al Ministerio de Transparencia.
En la misiva se cuestiona que Murillo Zárate haya utilizado recursos públicos para iniciar la demanda, pero durante dos años abandonó la causa.

Según el Senapi, la actual directora de la entidad no está involucrada, ni participó en los hechos ilícitos porque asumió funciones a finales de 2011.
Además, remarca que apenas conoció de las irregularidades presentó la denuncia en el Ministerio Público en febrero de 2012 y desde entonces hace el seguimiento.
En su gestión logró recuperar parte del dinero desviado. "El ilícito fue cometido el mayo del año 2011 cuando Erick T. E. estaba como director general ejecutivo del Senapi. En consecuencia, no correspondía incluir en el proceso en calidad de demandada a la actual directora. Gabriela Murillo se constituyó en demandante dentro del proceso seguido a los exfuncionarios”, asegura el Senapi.
Las pruebas
En el Ministerio Público están los siguientes documentos que demuestran la participación de los exfuncionarios: Informe de la Dirección Administrativa del Senapi, informe de contabilidad, las cartas de renuncia, reporte del Sigma, certificado de comprobantes de ejecución de gasto, extracto bancario, entre otros.


El caso de desvío
Irregularidad Según los documentos de investigación, el desvío de dinero sucedió en mayo de 2011. El principal acusado es Ibert A. M.
Jerárquico El exdirector general Erick T. E. y el exdirector administrativo financiero del Senapi Juan P. B. son investigados por el desvió de recursos públicos. Autorizaron la salida del dinero.
Sigma El desvío de los recursos públicos fueron realizados a través del Sigma. Para la realización de un pago por este medio debe existir un respaldo documental y contable. "Se puedo identificar que durante 2011, a través de este medio, se generaron preventivos de pago sin que éstos cuenten con ningún justificativo real para su creación, habiéndose eliminado evidencia documental de estas transferencias”, según inventario del Senapi del 31 de mayo de 2011 presentada como prueba al Juzgado Séptimo en lo Penal en junio de 2014.



El Senapi gestiona la propiedad intelectual y los derechos de autor

El Senapi es una institución pública desconcentrada que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. Su misión es administrar la propiedad intelectual e industrial y proteger el derecho de autor, según la página web institucional.
"Administra en forma desconcentrada e integral el régimen de la propiedad intelectual en todos sus componentes, mediante una estricta observancia de los regímenes legales de la propiedad intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos de exclusiva referidos a la propiedad industrial, al derecho de autor y derechos conexos”, dice el artículo 3 del capítulo II del Decreto Supremo 28152 de septiembre de 1997.
La propiedad industrial es una marca o cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Se pueden registrar como marcas los signos susceptibles de representación gráfica compuestas por dibujos, emblemas, monogramas, grabados, combinaciones de palabras, envases, figuras, símbolos gráficos, letras, formas tridimensionales y otros.
Una marca comercial no sólo permite la identificación de bienes o servicios, sino también representa el prestigio de sus fabricantes. El derecho de autor es un conjunto de normas que regulan los derechos que la ley concede a los creadores de una obra artística, sea ésta de carácter musical, literario, cinematográfico o computacional. Otorga protección y los derechos de uso para que ésta no sea plagiada ni utilizada de forma errónea por terceras personas.



El presupuesto

Gastos Según el "Presupuesto Institucional por objeto del gasto y por tipo de gasto” 2012, publicado en la página web del Senapi, el total de desembolsos fue de 23,4 millones de bolivianos.
Sueldos Los mayores gastos se concentran en los sueldos 5,09 millones de bolivianos; y los servicios no personales como el pago de comunicación, energía, agua y otros por 4,43 millones de bolivianos. Para "productos de artes gráficos” 16,4 millones de bolivianos, alquileres 798 millones de bolivianos, en alquiler de edificios 774 millones de bolivianos, y otros.

Prado enjuiciará a gobernador de Palamasola

El abogado defensor en el caso Terrorismo, Gary Prado, anunció este fin de semana una demanda penal contra el gobernador de Palmasola, coronel Franklin Llanos, por haber elevado un “falso y temerario informe” ante una autoridad judicial, para justificar el aislamiento de tres reclusos, horas antes de la visita del papa Francisco al centro penitenciario de la ciudad de Santa Cruz.

Llanos, en su carta al presidente del Tribunal de Sentencia Primero de La Paz, Sixto Fernández, dice: “Según informes de Inteligencia se asumió conocimiento que el día 10 de julio de 2015, durante la visita del Sumo Pontífice, los privados de libertad Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza Masaby Zvonko Matkovic, quienes se encuentran recluidos por el supuesto delito de terrorismo, en el ambiente PC-4, atentarían contra la vida del Papa”, reportó Erbol.

La respuesta con Cite: Of. N° 1839/2015 asegura que él tomó la decisión de trasladarlos y explica que ante “el reclamo de estos internos y el compromiso de los mismos de portarse bien en este evento de forma inmediata y antes de la llegada del Papa a este penal, es que los restituyó al Pabellón PC-4”.

Gary Prado considera que la acusación “es peligrosa” para justificar el traslado a las cuatro de la mañana del 10 de julio, ni siquiera al pabellón F-6 sino a la sección Chonchocorito, un área destinado a reos peligrosos.

El abogado dijo que la justificación es falsa en el ánimo de encubrir una orden política, porque de existir un reporte de Inteligencia sobre un supuesto magnicidio, la Seguridad del Papa se habría enterado y dispuesto la suspensión inmediata de la visita al penal de Palmasola, reportó la agencia de noticias.

viernes, 17 de julio de 2015

Lens fue aprehendido y hoy será su audiencia cautelar

El exgobernador de Beni Carmelo Lens fue aprehendido acusado de incumplimiento de deberes, cohecho pasivo propio, malversación, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y enriquecimiento ilícito. Hoy se realizará su audiencia de medidas cautelares.
Fue llevado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Trinidad a las 10:15.
"Tengo entendido que mañana (hoy) será la audiencia de medidas cautelares. Es parte del amedrentamiento (...) y del ingreso del partido oficialista a la Gobernación”, declaró el líder de Unidad Demócrata, Samuel Doria Medina, a ERBO L. Ayer el juez Jasmani Cortez ordenó la aprehensión de Lens.
La semana pasada, el exsubgobernador de la provincia beniana de Cercado, Luis Enrique Monasterio, declaró que le entregó a Lens un vehículo como dádiva a cambio de obtener beneficios y recursos para los proyectos ejecutados en su provincia.
Monasterio estaba con detención domiciliaria imputado por hechos de corrupción cuando se fugó la semana pasada después de involucrar al exgobernador, según ANF.
Cuando fue aprehendido, la exautoridad declaró que es una "injusticia”. "Vamos a mostrar con qué documento han procedido a la detención. (Se trata) de una falsificación de mi firma que no tiene ningún parecido. Pero como se trata de un show político acá estamos detenidos (...) vamos a seguir peleando contra este régimen que lo único que hace es perseguir a quienes somos opositores”, declaró.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, negó tales acusaciones. "Es una decisión judicial, no política y seguramente si se produjo la aprehensión del exgobernador de Beni debe ser como producto de una decisión de las autoridades jurisdiccionales a requerimiento del Ministerio Público en el marco de la investigación que venían desarrollando por conducta antieconómica y otras acusaciones”, dijo.

Posible pena
Adelanto El fiscal departamental de Beni, Alejandro Cruz, aseguró que hay indicios de que Lens incurrió en los delitos de incumplimiento de deberes, cohecho pasivo propio, malversación, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y enriquecimiento ilícito, lo que podría desencadenar en una sentencia de cinco a 10 años de cárcel si se demuestra su responsabilidad.
Proceso El vehículo presuntamente entregado a Lens fue incautado este 9 de julio por el Ministerio Público en Riberalta. El jeep modelo Suzuki Vitara se encontraba en manos de Juan Carlos Moreno Sarabia, sobrino de Carmelo Lens, y dijo que lo compró a Mauricio Lens, hermano.

Caso Rózsa Rechazan pedido de excluir a un testigo

El Tribunal Primero de Sentencia a cargo del polémico caso Rózsa, a la presidencia del juez Sixto Fernández, rechazó el incidente que interpuso Gianni Prado, defensa del procesado Juan Carlos Santistevan, contra el testigo Miguel Ocampo, Mayor de Policía.

Emitir permanentemente criterios personales en sus declaraciones, fueron los motivos para presentar el incidente.

Sin embargo, fue rechazado por el Tribunal, quien a la vez sancionó al jurista con dos salarios mínimos, argumentando actos dilatorios en el proceso.

Después de que el Tribunal resolviera el incidente se continuó la audiencia con el interrogatorio de Gianni Prado, proseguido por José Hoffman, defensa del procesado Ronald Castedo.

Hoy a las 9:30 se reinicia la audiencia con la interrogación, después de Hoffman tocará el turno de la defensa del general Gary Prado Salmón.

Cochabamba Alcaldía recibe al menos una denuncia de corrupción al día

La Alcaldía de Cochabamba recibe denuncias de corrupción cada día, las mismas que son procesadas por la Dirección de Asesoría Jurídica, porque aún no existe director de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El director de la anterior gestión Edgar Quiroz continúa con vacaciones hasta agosto.

El secretario ejecutivo de la Alcaldía, Álex Contreras, informó que las denuncias son diarias y que corresponden a diferentes instancias municipales.

La comuna Adela Zamudio fue intervenida en pasados días y los casos continúan llegando.

La Subalcaldesa, de esa comuna, Roxana Neri informó que ni bien empezó su trabajo recibió a dirigentes de distritos que le dieron a conocer irregularidades, que deben formalizarse como denuncias.

Contreras dijo que diariamente reciben denuncias, en contra de diferentes secciones y comunas, “con nombres y apellidos” y que acuden a su autoridad o a otras oficinas de la Alcaldía para hacer llegar las quejas. Por ahora no hay un responsable de Transparencia, pero aseguró que los casos se siguen desde la instancia jurídica municipal.



BOLETAS ROTAS Conforme a información preliminar, durante el trabajo del equipo de intervención en la Subalcaldía Adela Zamudio identificaron desaparición de documentos y encontraron boletas destruidas en rincones y en basureros.

“Algunos funcionarios se negaron a inventariar bienes”, añadió Contreras.

Expresó que tienen identificados a los funcionarios y sin dar mayores detalles dijo que son varios. “Sabemos quiénes aprobaban proyectos y quiénes recibían dinero, quiénes cobraban por vender fichas”, mencionó.

Anunciaron la conclusión de informes para la próxima semana.

“El Alcalde ha sido claro, que aquellos malos funcionarios dejen sus cargos porque se va a hacer intervenciones sorpresa en las otras casas comunales”, sentenció.

jueves, 16 de julio de 2015

Aprehenden a Carmelo Lens por supuesta corrupción en la Gobernación de Beni

El fiscal de materia Yasmani Cortez ordenó hoy la aprehensión del ex gobernador del Beni, Carmelo Lens, en el marco de una investigación por supuesta corrupción, uso indebido de influencia, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito.

"Vamos a seguir peleando por el departamento para que haya justicia, vamos a seguir peleando contra este régimen que lo único que hace es perseguir a quienes somos opositores", afirmó Lens.

Terminada la declaración en el Ministerio Público pasadas las 10:30 la ex autoridad fue conducida a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Lens fue notificado a raíz de las declaraciones del prófugo ex subgobernador de la provincia Cercado, Luís Enrique Monasterio Gutiérrez, imputado por supuestas irregularidades en la ejecución de proyectos.

Monasterio, declaró que Lens fue favorecido con recursos económicos destinados a proyectos productivos que no se ejecutaron.

Señalan que fiscal Céspedes marca la línea del Tribunal

Abogados en el caso Rózsa señalan que el fiscal Sergio Céspedes sería quien marque la línea que debe seguir el Tribunal Primero de Sentencia del juicio.

Cuestionan la imparcialidad del presidente del Tribunal judicial, Sixto Fernández, para actuar con la parte procesada y los representantes del Ministerio Público.

El juicio oral se encuentra interrogando al testigo que presentó la Fiscalía, Miguel Ocampo, Mayor de Policía, quien también ha sido cuestionado por la parte acusada en más de una oportunidad por la veracidad.

Molestia. Gary Prado Araúz, defensa de algunos procesados en el juicio e hijo del general Gary Prado Salmón, involucrado en el mismo caso, señaló que el papel que desarrolla el representante del Ministerio Público es más de moderador de la audiencia y no de acusador.

Aseguró que en más de una oportunidad se ha visto la parcialidad del Tribunal de Sentencia con la Fiscalía y los representantes del Ministerio de Gobierno. "Lamentablemente tenemos un tribunal sometido todo el tiempo al fiscal Céspedes, porque él asume un rol de conducción de la audiencia. El fiscal Céspedes es el que marca la línea de lo que debe resolverse. Creo que quien debiera de dirigir la audiencia es Céspedes y no el juez", manifestó el jurista.

Indicó que el juez Fernández asume el rol de moderador solo cuando llama la atención a los procesados o a sus defensas.

Observaciones. Tanto Prado como el abogado José Hoffman, ambos parte de la defensa de Marco Antonio Monasterio, procesado en caso Rózsa, cuestionaron al testigo Ocampo. "¿Por qué se limita a responder las preguntas hechas por la defensa y solo se limita a obedecer la tesis de la Fiscalía?", fue una de las preguntas de Hoffman, misma que también fue objetada como las dos anteriores que realizó. "Llama mucho la atención cómo el testigo tiene una capacidad de recordar todo, cuando la Fiscalía le pregunta, pero cuando la defensa lo interroga y las pocas que logran pasar de las objeciones de la Fiscalía, resulta que no lo recuerda", cuestionó Prado.

Proceso Ayer concluyó su interrogatorio la defensa de Monasterio, quien en medio de la audiencia cuestionó a los jueces por no permitir a los abogados cumplir con sus funciones. "Me hubiese gustado saber muchas cosas, pero no se puede porque usted señor juez aprueba todas las objeciones de los fiscales. Lamentablemente las injusticias en este proceso se ven todos los días", precisó Monasterio.

Al finalizar el interrogatorio de Monasterio, de forma inmediata, inició el turno de la defensa del procesado Juan Carlos Velarde.

Medidas sustitutivas para chipayas involucrados en caso Fondioc

El juez cautelar N° 1, del Órgano Jurisdiccional de Oruro, Daniel Copa, determinó ayer otorgar medidas sustitutivas a la detención preventiva en favor de Valentín Huarachi Mollo y Sebastián Quispe Lázaro, dos comunarios de la región Uru Chipaya, por la presunta responsabilidad de malos manejos denunciados por la comisión de intervención del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino, (Fondioc).

Los imputados presumiblemente, habrían recibido el desembolso, mediante el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (Sigma), de algo más de 400 mil bolivianos de dineros del Fondo Indígena, según afirma la denuncia. Este monto debía ser empleado en la construcción de un proyecto piscícola (criadero de truchas, denominado "Arcoiris") en la comunidad Chipaya.

Sin embargo, de acuerdo a las argumentaciones presentadas por el Ministerio Público, el proyecto no tiene un avance físico significativo y se desconoce el verdadero destino del dinero, puesto que los responsables no presentaron descargos de ninguna naturaleza del buen uso del mismo. El costo total de proyecto criadero de truchas arcoiris, era de 941 mil bolivianos.

La denuncia formal ante el Ministerio Público, en contra de los dos comunarios chipayas, la presentó la interventora del Fondo Indígena, Larisa Fuentes, detallando que los delitos por lo que se acusó a Huarachi y Quispe son contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos e incumplimiento de deberes.

El fiscal asignado al caso es Sandro García. En tanto que los abogados de la defensa son Zenobio Calizaya y Benjamín Guzmán, quienes estuvieron durante la audiencia cautelar que tuvo una duración de más de cinco horas y una gran expectativa toda vez que el conflicto del Fondioc surge a nivel nacional, implicando a proyectos "fantasmas" que causaron un perjuicio millonario al Estado boliviano, asimismo, estuvo presente el abogado del Fondo Indígena, Carlos Germán Castillo Vargas.

IMPLICADOS

Huarachi era el responsable legal del proyecto paneles solares en la comunidad Uru Chipaya y el segundo caso, también de la misma comunidad, habría recibido los 470 mil bolivianos para el criadero de truchas arcoiris del cual era responsable de ejecución.

miércoles, 15 de julio de 2015

Más de Bs 9,7 millones fueron devueltos al Fondo Indígena

Hasta ayer, más de 9,7 millones de bolivianos fueron devueltos al Fondo de Desarrollo Indígena, Originario y Campesino (Fondioc). Los recursos fueron depositados por representantes legales de 15 proyectos.
Los recursos fueron desembolsados para la ejecución de proyectos de desarrollo social, productivo y organizativo en diferentes regiones del país.

La devolución del dinero se da en el marco de la conminatoria que efectuó la interventora del Fondo Indígena a los representantes de los 1.100 proyectos que recibieron recursos que no fueron ejecutados.
La interventora instruyó, en marzo pasado, a los representantes legales que devuelvan hasta el 20 de julio el dinero no ejecutado, o los saldos, y depositarlos en una cuenta del Tesoro General de la Nación (TGN).
El monto más alto que fue entregado al Fondo Indígena es de 5 millones de bolivianos, y lo hizo Juanita Ancieta de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia, Bartolina Sisa.
Los indígenas de la colonia José María Linares del municipio de Bermejo, en Tarija, devolvieron 857.000 bolivianos del dinero que recibieron en octubre de 2014, para ejecutar el proyecto de fomento a la producción con la dotación de abono orgánico.
Por otra parte, el Fondo Indígena recibió sólo 700 carpetas de los 1.100 proyectos que financió. El plazo para entregar los descargos se cumplió el lunes reciente.

20 procesos en la Fiscalía
El Fondo Indígena, durante el curso de la intervención, inició 20 procesos en el Ministerio Público contra representantes legales de proyectos. Los delitos son por contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros.
Hasta el momento, la Fiscalía detuvo preventivamente a siete personas. Los dos últimos detenidos son Valentín Huarachi Mollo y Sebastián Quispe Lázaro, representantes de la comunidad Uruchipaya, del departamento de Oruro.

En febrero, la Contraloría reveló un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos en 153 proyectos no ejecutados e inconclusos, pese a que recibieron hasta un 75% del costo total del proyecto.

Hay proyectos fantasmas
En inspección que realizó la interventora del Fondo Indígena en el municipio de Yapacaní se evidenció que no se ejecutaron dos proyectos financiados por el órgano indígena. El primer proyecto era de engorde de ganado con pastoreo y el segundo un criadero de cerdos.
"No hay nada, era un proyecto ganadero con pastoreo”, informó el ingeniero Fernando Mendoza, que visitó la comunidad Alto Beyara de Yapacaní.
Sobre el proyecto criadero de cerdos, el jurista Carlos Castillo señaló que "existe ejecución cero, no hay nada”.
Una vez concluya la inspección a todos los proyectos, los técnicos remitirán un informe final a la interventora Lariza Fuentes para que tome las decisiones correspondientes.
Un documento, al que accedió Página Siete, revela que hasta el 20 de agosto de 2013 el Fondo Indígena transfirió a siete organizaciones sociales 441,9 millones de bolivianos para la ejecución de proyectos.

Registran 3.152 denuncias contra entidades públicas

Durante el primer semestre de la presente gestión, la Defensoría del Pueblo de El Alto registró 3.152 denuncias contra entidades públicas, lo que representa un incremento de 808 casos en relación al mismo periodo del año anterior.

Al respecto, el representante Especial de la Defensoría del Pueblo de El Alto, José Luis Hidalgo, sostuvo que el 83% de los casos fueron admitidos y gestionados mientras el restante sólo recibió orientación.

Para Hidalgo, el incremento de casos podría deberse al derecho ciudadano que practica la población informada que exige respeto a sus derechos mientras que la segunda hipótesis es que aún las instituciones públicas son renuentes a brindar un servicio eficiente con calidad y calidez, en beneficio de la población.

INFRACTORES

De acuerdo con el reporte del sistema informático de la Defensoría del Pueblo de El Alto, los principales agentes denunciados por la vulneración de derechos son: el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, Ministerio Público, Dirección Departamental de Educación, Órgano Judicial, Policía Boliviana, entre otras instituciones.

La vulneración de derechos más denunciados, según los casos presentados, son: Garantías del debido proceso y acceso de la justicia; Derechos laborales; Derechos de la niñez y adolescencia; Derecho de las mujeres; Derecho a la educación; Derecho a la propiedad; Protección de la familia y de sus miembros; Derecho a la integridad personal; Derecho a la identidad; Derecho de las personas privadas de libertad; Derechos de los adultos mayores; Derecho a la salud.

Además se han atendido casos de oficio a través de las acciones defensoriales de proyección colectiva, logrando la restitución de derechos de cientos de personas. Por ejemplo: luego de conocerse a través de los medios de comunicación, que alrededor de 300 funcionarios municipales de la Unidad de “Zonas Dignas” no percibían salarios hace cuatro meses, bajo el argumento de que el anterior Plan Operativo Anual (POA) no los habría incluido, se intervino con la finalidad de precautelar el derecho de los trabajadores, logrando la restitución del derecho vulnerado.

Se logró restituir el derecho vulnerado, la desaparición de la amenaza en el 82% de los casos; además de una atención adecuada en la institución involucrada. Las instituciones que prestaron mayor colaboración para la restitución de derechos y atención adecuada fueron el Servicio General de Identificación Personal (Segip) El Alto, el Servicio Registro Cívico (Sereci) El Alto, en particular en la obtención de documentos de identidad de niños, niñas y adolescentes, mujeres y adultos mayores.

CÁRCELES

Mediante el plan “Salir al encuentro del Pueblo”, se ha recibido y registrado casos en diferentes espacios, como en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad Chonchocoro, Centro de Rehabilitación para Jóvenes Qalahuma, ferias realizadas en las áreas urbana y rural, por ejemplo: en la zona Santa Rosa – Distrito 1, zona Lotes y Servicios – Distrito 4 y Municipio de Achacachi.

Otro de los servicios que también se ofrece en la Defensoría del Pueblo de El Alto es el que brinda el Consultorio Jurídico Popular de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), proyecto implementado desde la gestión 2009.

La Representación Especial de la Defensoría del Pueblo de El Alto recibe a diario solicitudes de asignación de abogado, para realizar determinados trámites judiciales que, por su situación social, se ven impedidos de contratar los servicios profesionales de un abogado, ante esa realidad y con la finalidad de brindar respuesta a aquellos casos que ameritan tramitación judicial vía procesos familiares, civiles o sociales, la Representación ha propiciado la suscripción de un convenio con la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, con el objeto de beneficiar a la población de esta ciudad y del área rural, que acude a la oficina defensorial.

martes, 14 de julio de 2015

Juez pide saber quién ordenó aislar a tres reos

El presidente del Tribunal de Sentencia que lleva adelante el juicio por supuesto terrorismo, Sixto Fernández, ordenó ayer que las autoridades policiales del penal de Palmasola le entreguen, hasta antes del viernes de esta semana, un informe pormenorizado sobre las razones y quién ordenó el aislamiento de los procesados Zvonko Matkovic, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza.

Los tres enjuiciados hicieron conocer al juzgador, pese a la oposición del Ministerio de Gobierno y del Ministerio Público, que el viernes por la madrugada, día de la visita del papa Francisco al penal, fueron retirados de régimen abierto al área de máxima seguridad Chonchocorito por policías que solo les indicaron que cumplían órdenes superiores.

El abogado Gary Prado señaló que se vulneraron los derechos constitucionales de los detenidos y solicitó que el juez conozca el nombre del responsable de esta determinación.

Antes de pedir el informe, Fernández dijo que su tribunal no ordenó nada, facultad que la ley solo le otorga a él. /CP

Procesados piden garantías al Tribunal de Sentencia

Los procesados Zvonko Matkovic, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, piden garantías al Tribunal de Sentencia del caso Rózsa.

Denuncian como abuso y un acto discriminatorio, la exclusión de ellos a la visita del papa Francisco al penal de Palmasola la pasada semana.

Afirman que los uniformados que los retiraron de sus celdas, señalaron que la orden de exclusión fue derivada desde el Ministerio de Gobierno.

El viernes pasado, los tres procesados fueron excluidos por algunas horas a la llegada del Papa, finalmente fueron restituidos a sus celdas para presenciar el acto de la máxima autoridad católica.

Acciones. "Usted es la persona encargada de darnos garantías, usted es el que nos debe proteger, usted está con el mando sobre nosotros, y si usted no ordenó entonces quién?", cuestionó Mendoza, al presidente del Tribunal de Sentencia, Sixto Fernández.

Previo a Mendoza, la intervención fue de Juan Carlos Guedes, quien relató que al exponerlo en horas de la madrugada con bajas temperaturas y sin ropa abrigada, se puso en riesgo la propia vida de ellos.

Mientras que Matkovic, finalizó resaltando el problema de intervalos que existen para llegar al presidente del tribunal, dada su residencia en el departamento de La Paz. "Lo estamos denunciando tarde, porque no hay forma de llegar a usted. Solo le estamos pidiendo garantías", precisó.

Ante esto, el juez Fernández emitió una solicitud de informe al régimen penitenciario de Palmasola por la exclusión, el mismo que deberá entregarse hasta el viernes de la semana en curso.

Los fiscales intervinieron, para subrayar, que no existió ningún acto de discriminación que se habría mencionado, y cada recinto tiene su forma de actuar, tomando en cuenta la visita del Papa a dicha cárcel.

Polémica. El desarrollo de la audiencia se vio intervenido durante la audiencia, tras las declaraciones del testigo, el Mayor de Policía, Miguel Ocampo, quien vertió un falso testimonio y fue duramente cuestionado por los abogados defensores.

El abogado Rolando Aróstegui, defensa de Hugo Melquiades Vásquez, interrogó al testigo ¿Dónde tomó declaración a Melquiades?, y la respuesta fue: En el penal de San Pedro.

Tras la respuesta se recordó que Melquiades jamás estuvo en San Pedro, La Paz, sino más bien en Palmasola en Santa Cruz.

Dada esta declaración, la defensa de Melquiades cuestionó la veracidad del testigo y resaltó el falso testimonio vertido.

Otto Ritter, defensa de otros procesados en el caso, indicó que la acción de un testigo de emitir un falso testimonio, está contemplado en las normas judiciales, como sancionadas por la potestad del Tribunal de Sentencia, quien tiene la tuición de remitir a dicha persona al Ministerio Público, por declarar falsamente en el caso y que dicha prueba está en los documentos de declaraciones de los acusados, en los que se puede constatar que Melquiades estuvo recluido en Palmasola y no en San Pedro, como lo mencionó el testigo Ocampo.

Sin embargo, el Ministerio Público, aseguró que la revisión de documentos no podría efectuarse, al no estar en la etapa de documentación, sino más bien en el juicio oral. "Puede entorpecer el proceso, cuando lleguemos a esa etapa se puede revisar", dijo el fiscal Sergio Céspedes.

Otra de las observaciones que se sostuvo a las declaraciones del testigo, fue la realizada por Gary Prado Araúz, defensa de Marco Monasterio, quien ahora está interrogando a Ocampo. ¿Cómo Monasterio fue interrogado?.

A esta pregunta, los fiscales y representantes del Ministerio de Gobierno, la resaltaron como impertinente, y que no había lugar a la respuesta.

Del total de preguntas que se hicieron al testigo por parte de la defensa de los acusados, menos de cinco preguntas fueron respondidas durante la tarde, el resto fue objetado por la Fiscalía.

Finalmente, se dio por finalizada la audiencia para reinstalarse hoy por la mañana.

Surge nueva denuncia al interior del Fondioc por daño económico

Al margen de las diferentes denuncias que se fueron registrando a nivel nacional por proyectos inconclusos al interior del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), ayer se conoció de una nueva denuncia por malversación de fondos sobre un proyecto productivo que debía ejecutarse en la nación Uru Chipaya.

En la víspera el fiscal de Distrito, Orlando Riveros informó sobre la denuncia presentada por parte de la directora ejecutiva interventora del Fondioc, Lariza Fuentes Justiniano contra cuatro personas, que prefirió no identificarlas, que incurrieron presuntamente en contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, todo ello en el denominado proyecto "Implementación de Centros de Producción de Truchas Arco Iris" en la localidad Uru Chipaya.

Sostuvo que en la denuncia se hace una descripción de los alcances del proyecto, se menciona que el costo total del proyecto era de 941.818 bolivianos, de los cuales se hizo el primer desembolso que asciende a 476.581 bolivianos.

Mencionan que el proyecto debía concluir en enero, pero se verificó que no existe la producción de trucha; sin embargo se hizo el desembolso de la primera partida, por esa razón se decidió presentar la denuncia en plataforma y tratándose de un área provincial el caso fue atendido por el fiscal de materia, Sandro García.

Indicó que, según se conoce, se emitió las citaciones para la declaración de las personas pero no se presentaron voluntariamente sino fueron trasladadas en calidad de aprehendidos, prácticamente se los capturó.

Aseveró que existe un anuncio de personeros del Fondo Indígena que harán una solicitud que se forme una comisión para reforzar el trabajo del fiscal que está en el caso por la complejidad y las circunstancias que se tiene.

Indicó que no se vincula a las otras denuncias presentadas a nivel nacional, pues es un proyecto específico de la producción de truchas que debía ejecutarse; no obstante tiene las mismas características, es decir se desembolsó recursos pero no se cumplió con el proyecto.

Agregó que en la denuncia la representante del Fondo Indígena señaló que no se presentó el informe técnico financiero de la ejecución del proyecto, ni los descargos correspondientes de las transferencias y el proyecto no cuenta con ninguna actividad.

Fondo Indígena Aprehenden a dos dirigentes de Oruro por falta de descargos

Como parte del proceso de intervención y saneamiento del Fondo Indígena, ayer se dio la aprehensión de dos dirigentes de la comunidad Uruchipaya, de departamento de Oruro, porque no pudieron presentar los descargos económicos sobre desembolsos de más de medio millón de bolivianos.

Según datos extraoficiales, los dos detenidos responden al nombre de Valentín G.M. y Sebastián Q. El primero era responsable legal del proyecto de paneles solares en esa comunidad, al cual se erogaron 366 mil bolivianos. En el caso de Sebastián Q., el monto por el cual se lo investiga es de 470 mil bolivianos desembolsados por el Fondioc, para un criadero de truchas raza arcoíris, proyecto del cual era responsable de ejecución.

DIPUTADO DEL MAS

Ambos fueron aprehendidos por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Oruro, luego de presentarse a declarar y poder demostrar los descargos correspondientes, sobre los montos desembolsados, por lo que alrededor de las 16.00 de ayer fueron llevados ante el fiscal de esa ciudad, Sandro García.

Llama la atención, que en el caso de Valentín G.M, este comprometió de forma directa, al exdiputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Benigno Quispe Mamani, a quien asegura haber entregado sumas de dinero que eran parte del desembolso del Fondioc. El dato habría sido brindado durante una de sus declaraciones iniciales.

A la fecha se encuentran privados de libertad los exdirectivos del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo y Elvira Parra, además del exsecretario general segundo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), César Quisbert, por presuntos malos manejos económicos.

Los funcionarios podrán denunciar corrupción

El 23 de julio se analizarán las propuestas de reforma a la Policía.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que el proyecto de ley para garantizar seguridad a las personas que denuncien a sus superiores por actos de corrupción alcanzará tanto a efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA), como al personal de la administración pública.

Señaló que el proyecto "se ha ampliado, se va a referir a la Policía, a las Fuerzas Armadas y a la administración pública en todos sus niveles funcionales y territoriales, con la misma filosofía de romper jerarquías represivas cuando se trata de denunciar de corrupción".

Romero recordó que la elaboración de esa norma fue solicitada por el presidente Evo Morales, para garantizar seguridad a las personas que denuncien a sus superiores, aunque se deben realizar algunos ajustes para evitar la posible represión, por parte de los superiores a los efectivos de policía, militares y funcionarios de la administración pública.



REFORMA. Romero explicó que, inicialmente, el proyecto de ley era parte de la reforma que se quiere iniciar al interior de la Policía y de las Fuerzas Armadas, sin embargo, informó que es importante que se amplíe su alcance a la administración pública.

Precisó que esa será una "ley corta", que complementará la reforma de la Policía.

"Más allá de esta ley, que será una ley corta, seguramente, la reforma de la Policía tiene muchísimos otros elementos más, que los vamos a poner a consideración en el momento indicado, nosotros tenemos una Cumbre de Seguridad Ciudadana en Cochabamba".



DENUNCIAS. La autoridad de Estado afirmó que el análisis de la reforma, programada para el 23 de julio, se hará después de varias denuncias de corrupción que se destaparon dentro de la institución a raíz del cambio de la exsubcomandante de Policía, general Rosario Chávez.

Inicialmente se conoció que por el cambio de destinos se cobraba entre 300 y 500 dólares.

A ello se suman las denuncias de los subalternos, quienes afirmaron que son perseguidos por sus superiores cuando denuncias actos de corrupción en las diferentes unidades especializadas con las que cuenta la entidad.

El Ministro de Gobierno comentó que esta reforma no es de ahora y que la anterior gestión, el exministro Hugo Moldiz dejó algunos documentos para llevar a cabo este proyecto que pretende dignificar a la Policía y que es analizada por el equipo de asesores jurídicos con los que cuenta la entidad verde olivo y el mismo Ministerio.

Sin embargo, no aclaró cuáles serán los beneficios que recibirán los uniformados, así como los servidores públicos que denuncien estos hechos, al margen de la protección y reserva ya anunciados anteriormente.



HABLÓ DE INDULTO. En otro de los temas, el Ministro desestimó una posible ampliación de la norma del indulto que a la fecha favoreció a más de 3.000 privados de libertad de las cárceles del país, entre mujeres y varones.

La autoridad afirmó que esta norma ya fue ampliada en anteriores gestiones y que benefició a reos con sentencia por delitos menores.

Empero, dijo que había gente encarcelada por delitos de violación, asesinato, narcotráfico y otros que están buscando la ampliación del indulto y favorecer a personas que cuentan con penas mayores. "No se ha debatido cuáles son límites del indulto y amnistía, este último que pretende beneficiar a personas que han cometido delitos con violencia y afectado derechos fundamentales de otras personas y por eso no veo muchas posibilidades de que se amplíe".



"Hay muchas cosas que se deben ahcer para que la reforma policial vaya adelante y se corte la corrupción"



Carlos Romero

MINISTRO DE GOBIERNO

lunes, 13 de julio de 2015

Gobierno alista Ley corta para quejas de corrupción

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anticipó una Ley corta para que se realicen denuncias de corrupción no solo en la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas sino todas las instancias públicas. La norma permitirá proteger a quienes hagan las acusaciones.

"Estamos trabajando en esta Ley y se hará extensiva en sus alcances a la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y toda la administración pública en todos sus niveles. Va a ser una Ley corta, pero amplia en sus alcances", señaló en conferencia de prensa.

Precisó que la nueva normativa permitirá a "cualquier subalterno romper la jerarquía para denunciar hechos de corrupción y reciba, a la vez, la protección legal". Anteriormente se advirtió amedrentamiento contra quienes hacían esos reclamos.

Romero dijo que aún se evalúa procedimentalmente las características de la norma, pero señaló que se busca garantizar la seguridad de subalternos para que no suceda algo similar a la Policía, donde estalló una ola de denuncias por extorsiones.

Soza revela que la justicia es para perseguir políticos

En un documento de 25 páginas, cita la nueva publicación de la brasileña revista Veja, el exfiscal Marcelo Ricardo Soza Álvarez (refugiado en Brasil desde abril del 2015) revela cómo el Gobierno de Bolivia volvió el Poder Judicial del país en un instrumento de persecución política.

"La justicia en Bolivia es manipulada por el Poder Ejecutivo que usa para procesar a personas que no comparte la ideología política del gobierno, lo que representa una amenaza para los que tienen opiniones opuestas. Podemos decir que en Bolivia, el Gobierno utiliza los tribunales para justificar todos los abusos", señaló.

Pese a restarle credibilidad al accionar del fiscal Soza, el diputado de Unidad Demócrata(UD) Luis Felipe Dorado valoró que lo dicho por la exautoridad es verdad. "Pese a que el exfiscal Soza ha perdido credibilidad, ya que ha sido el principal inquisidor a los líderes cruceños, está diciendo algunas verdades, dado que la justicia está coartada y que el gobierno ha hecho una persecusión política a los líderes opositores a su gobierno", argumentó.

En el caso Rózsa. Soza fue fiscal asignado a las investigaciones y fue él mismo quien imputó y acusó a 39 personas, ahora narra (de acuerdo a dicho documento al que tuvo acceso Veja), que el hermano del vicepresidente Álvaro García Linera (Raúl) estuvo detrás de un atentado contra la residencia del cardenal Julio Terrazas. "El episodio fue utilizado como justificación para que el Gobierno boliviano ponga en marcha una acción militar que mató a tres personas", señala.

Además, en el legajo de 25 páginas refrendada en la edición de Veja, Soza dice: "Durante mi trabajo de investigación, me di cuenta de que nunca hubo un enfrentamiento armado entre el grupo terrorista acusado y la Policía, como se informó por parte de funcionarios del Gobierno y es apoyado oficialmente hasta hoy. Lo que pasó esa noche en Santa Cruz, fue la ejecución de tres extranjeros y la tortura de otros dos", señaló.

El fiscal, bajo esos antecedentes, asegura que el Gobierno ha creado una falsa trama de supuesto atentado para justificar y ejecutar persecusión y torturas a tres personas, con el solo motivo de acusar a los opositores como miembros de una supuesta célula terrorista.

Según la analista política Éricka Brockmann, con esos relatos del exfiscal se confirma que el Gobierno ha montado una especie de "reality show acusatorio" con el caso Rózsa, con el que ha mantenido en vilo a la población. "Me queda claro que el Gobierno ha forzado un relato, distriada de los grandes problemas que tiene el país. Lamentablemente se va seguir manteniendo esta situación, por lo que difícilmente a través de la justicia y el Estado actual llegaremos a saber la verdad", señaló.

Entre otros aspectos. Según la publicación de Veja, en el documento entregado a las autoridades brasileñas, Soza dice que "pocos como él, saben la forma en que los jueces y fiscales de Bolivia son manipulados". Él sostiene que "si un juez o un fiscal decide resistir órdenes son simplemente alejados, procesados y condenados a muerte civil en el ejercicio de su profesión", señaló.

El politólogo Gustavo Pedraza, indistintamente del caso Rózsa, señala que la situación de la justicia del país es preocupante, dado que no hay independencia de la administración de justicia por lo que no le hace bien al funcionamiento del Estado. "La situación desastrosa en la que está, requiere una urgente recomposición en la independencia, en la selección de sus miembros y sus responsables, en base a sus méritos y no a la lealtad política", precisó. Brockmann citó que respecto a la justicia resulta extraño que no haya una masa crítica para cambiar esta situación de manera concreta y no con discursos.

Apuntes
Veja refiere otras aristas de lo que citó el exfiscal en Brasil

Operativo. En el caso del hotel Las Américas, Sosa dice que la policía, dependiente del Ministerio de Gobierno, dirigió totalmente la investigación para ocultar la verdad. "Me negó investigar la muerte de los ciudadanos extranjeros y me negó el acceso a la lista de los nombres de los oficiales que participaron en la operación", argumenta.

Hermano. El exfiscal enfatiza que Raúl García Linera, hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, ha puesto en marcha una red de extorsión para beneficiarse económica y políticamente con este caso.

domingo, 12 de julio de 2015

Tras el clamor por los acusados en el Caso Rózsa Familiares expresan éxito en su lucha por la libertad

Luego de una semana de intenso periplo y clamor por la "libertad plena" y pedido de amnistía de los 39 acusados por el caso Rózsa y los perseguidos políticos fuera del país, sus familiares calificaron que la campaña emprendida en ocasión de la visita del papa Francisco fue exitosa. "Pese a la persecución y la cárcel con motivaciones políticas (del gobierno), ha sido una semana de ganancia en términos de posicionamiento de nuestra demanda", catalogó Gary Prado, abogado de caso suscitado hace seis años y cuatro meses.

Fenómeno Milán. Sin duda, dicen los familiares, la carta de Milán (Matkovic), expresada de manera espontánea en un manuscrito dio la vuelta al mundo, vía redes sociales y cobró la atención nacional e internacional (a través de CNN).

Milán, con apenas siete años de edad, imploró la intermediación del papa Francisco por la libertad de su padre Zvonko, detenido por más de seis años en la cárcel de Palmasola, sin conocer hasta hoy sentencia alguna. "Él no pide la amnistía, el solo le escribió al Papa y contó en esa carta", dijo Patricia Barrón, madre del niño.

Este pedido clamoroso, según María del Carmen Morales, esposa del general Gary Prado, uno de los acusados del caso Rózsa, marcó que el pedido de "amnistía" llegue a la opinión pública nacional e internacional, pese a la sistemática restricción impuesta por el gobierno de Evo Morales en evitar el acercamiento del clamor de los familiares ante el Sumo Pontífice, durante sus jornadas en Santa Cruz. "Nosotros queríamos que el Papa interceda por nosotros en nuestro pedido. Pero el manifiesto de Milán nos direccionó hacia la atención a los medios internacionales que ahora se interesan en nosotros", señaló.

Pedido que sigue en pie. Según Prado, pese a que el gobierno sigue mintiendo sobre sus acciones ejercidas durante la visita del Papa a Palmasola, sobre la exclusión de tres acusados del caso Rózsa que fueron llevados a Chonchocorito en horas de la madrugada, los familiares ahora se ven fortalecidos en su lucha por lograr la libertad plena. "Nosotros vamos a seguir en nuestro pedido de amnistía. La venida del Papa debe generar el reencuentro de los bolivianos", enfatizó.

sábado, 11 de julio de 2015

Video Padres Matkovic protestan por el traslado #PapaenBolivia

Presos del caso terrorismo son retirados del PC4

Los detenidos preventivamente Zvonko Matkovic, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza fueron aislados de manera sorpresiva la madrugada de ayer del PC4, el régimen abierto de Palmasola,

hasta una habitación de los policías en el PC3, el área de máxima seguridad, Chonchocorito.

Sobre las denuncias de lo sucedido en contra de estas personas, enjuiciadas dentro del caso por presunto terrorismo, el delegado de los presos de Palmasola, Leónidas Rodríguez, confirmó el aislamiento y dijo que se trató de una acción preventiva como medida de seguridad.
Sin embargo, Rodríguez dijo desconocer las órdenes y quiénes las dieron, para provocar esta situación.

El abogado de algunos de los procesados en este caso, Gary Prado, calificó como un acto arbitrario e ilegal lo sucedido.

A través de las redes sociales se pudo ver fotografías de Matkovic escuchando la misa del papa, ya que habría sido sacado del aislamiento al que lo sometieron para ser parte de este acontecimiento.

Las acusaciones de esta acción recayeron sobre el Ministerio de Gobierno, por lo que desde su departamento de comunicación hicieron llegar un boletín a los medios de prensa en el que aclaran que desde esta cartera de Estado se ordenó que todos los presos tengan la oportunidad de participar en la misa del papa Francisco, que fueron los delegados de los reos los que decidieron los internos que hablarían ante el pontífice y que la Policía tomaría las medidas de seguridad necesarias.

El día de la misa, se reprimió a familiares de los reos considerados políticos cuando trataron de repartir mensajes de su consigna

Aislamiento de presos del caso terrorismo se denuncia ante CNN

El abogado Gary Prado, defensor de Zvonko Matkovic, uno de los procesados y detenidos en la cárcel de Palmasola por el caso terrorismo, y la esposa de éste, Patricia Barrón, fueron entrevistados esta noche por la cadena internacional de noticias CNN en español.

Durante la nota televisiva del programa 'Conclusiones', se abordó la denuncia emitida esta madrugada por Gary Prado, a través de su cuenta en Twitter, de que un grupo de policías habían sacaron de sus celdas y aislado a Zvonko Matkovic, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, para evitar que tengan algún contacto con el papa Francisco que se encontraba de visita en Palmasola.

Barrón declaró a Luis Fernando del Rincón, conductor del programa, que los tres reclusos habían sido retirados del aislamiento y devuelto junto al resto de los reos para presenciar la misa papal.

“Media hora después lo soltaron (a su esposo) por la presión de la prensa, que se comunicó con el ministro de Gobierno (Carlos Romero) y el Gobierno dijo que no conocía del aislamiento y que no tenía ninguna explicación”, explicó la mujer en conversación por videollamada.

Por su parte, Prado explicó algunas particularidades del caso: “Es un caso atípico (en el país), los jueces radican en La Paz y el proceso se lleva en Santa Cruz; por esto no tengo acceso a ningún juez para pedirle garantías; no tenemos contacto con los detenidos, un policía nos pasó el dato de que los estaban aislando”.

El abogado denunció que, el jueves, la Policía los obligó a replegar los carteles con el pedido de amnistía para los llamados “presos políticos”, ante el paso del pontífice. “El Gobierno se niega a admitir que existen presos políticos. El Gobierno ha logrado evitar que el papa tomara contacto con estas personas. Fuimos reprimidos ayer porque la Policía nos retiró los carteles de pedido de amnistía, sin argumento legal”.

Posteriormente, el canal de noticias mostró la carta que el hijo de Matkovic escribió al papa Francisco para pedir la libertad de su padre. En ella compara el caso de su papá con una vez que rompió un adorno y la mamá lo castigó pero después supo que no fue él.

Existen 656 casos de corrupción en los que la Gobernación es víctima



De acuerdo a documentación que cursa en la Unidad de Gestión Procesal de la Gobernación del Departamento de Tarija, existen 656 procesos penales en los que la entidad se ha constituido en calidad de víctima. Estos casos son de corrupción e implican una afectación económica, por lo que se siguen los litigios en todo el departamento con la finalidad de llegar a la reparación del daño a favor del Estado.

Iván Vaca, director departamental de Gestión Procesal, explicó que dentro de esa cifra existen casos que se encuentran en distintas etapas: 258 en etapa preliminar o etapa preparatoria,160 con imputación formal contra personas investigadas y 120 concluidos, de los que algunos están con sentencias ejecutoriadas. A estos, se suman 73 casos que se encuentran en etapa de juicio oral y contradictorio que presentan litigios en distintas fechas y juzgados de todo el departamento.
Asimismo,Vaca indicó que se iniciaron varios procesos procurando la reparación del daño. Dijo que en aquellos casos en los que se tiene sentencias ejecutoriadas, existen al momento 16 casos en los que se recuperó dinero a favor de la Gobernación, mientras otros se encuentran en etapa de ejecución en distintas instancias de las salas penales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ).
Vaca señaló que existen varias etapas en las que se despliegan acciones legales con la finalidad de garantizar que dentro de la investigación se puedan dar las medidas necesarias y prospere una investigación, para lo cual plantean solicitudes de medidas cautelares reales con la finalidad de garantizar la reparación del daño emergido de un hecho de corrupción.
“Cada proceso es distinto, demanda un situación económica distinta a otra, dependiendo del delito, en base a eso nosotros, en caso de que exista una sentencia ejecutoriada lo que realizamos es la reparación del daño, que es el siguiente paso legal para poder recuperar recursos económicos”, afirmó Vaca.
Consultado sobre si los recursos que se logran recuperar están de forma física, el funcionario expresóque se recuperan mediante la anotación preventiva de bienes muebles e inmuebles en algunos casos, procediéndose posteriormente a realizar remates dentro del marco legal que estipula la norma en materia penal, para poder recuperar determinados montos económicos.
El funcionario explicó que en esa tarea, representantes de la Unidad de Gestión Procesal, participan de todas las audiencias derivadas de los casos en los que se es víctima y que se desarrollan a lo largo del año en distintas ciudades del departamento.
Según dijo, a estas audiencias se envían abogados con el conocimiento de las causas, que a su vez representan los intereses del departamento promoviendo recursos judiciales direccionados al resarcimiento.
“La máxima autoridad y representante del gobierno departamental es el Gobernador, en ese sentido nosotros intervenimos como apoderados de él en todos los procesos en los cuales la víctima es la Gobernación”, agregó Vaca.
Consultado sobre si se sigue alguna línea política en la prosecución de los casos, Vaca aseguró que como personeros y abogados de profesión se rigen en el principio de legalidad, y en principios que regulan la administración pública, además de los preceptos establecidos por la ley.“Es nuestra función y es cómo debemos actuar”, manifestó.



Unidad alista cuantificación de los recursosrecuperados

El País EN solicitó conocer a cuánto ascienden los recursos económicos recuperados en la gestión 2015, empero Vaca dijo que pasada la época de transición en la entidad, se encuentran revisando la documentación que cursa en el despacho para lograr la continuidad procesal necesaria. Se comprometió a que esa información recién será cuantificada en los próximos días recién debido a que varios funcionarios renunciaron y hay puestos acéfalos en la Unidad.

viernes, 10 de julio de 2015

Cochabamba Denuncian a exfuncionarios públicos implicados en actos de corrupción

Autoridades de la Alcaldía de Cochabamba, denunciaron hoy a cinco personas involucradas en diferentes actos de corrupción entre ellas un funcionario que presuntamente desde su cargo público en la Intendencia cometía falsificación de patentes, licencias de funcionamiento, títulos en provisión nacional y otros documentos. Además exfuncionarios que extorsionaban a ciudadanos que requerían de esta documentación.

Tras el operativo realizado conjuntamente con el Ministerio Público, se logró secuestrar una computadora en la que se pudo encontrar toda la información que revela los actos ilícitos. Asimismo se dio a conocer que los implicados serían dependientes de microempresas y que tendrían nexos con altos funcionarios de la intendencia.

“Nosotros, en esta revisión preliminar, advertimos que este modus operandi se lo realiza desde el 2004 y la instrucción del alcalde es que se responsabilice a estas personas por la vía penal. Mediante la investigación hemos advertido la falsificación de varios establecimientos comerciales. La investigación será ampliada también para personas naturales”, informó Sergio Coca, director jurídico de la Alcaldía.

Asimismo, Coca aseguró que se sustituirán a todos los funcionarios que estén implicados en actos de corrupción. “Que se vayan todas las personas que han entrado a robar al municipio y que sean sancionadas en la vía penal”, expresó la autoridad.

Entretanto, se anunció una intervención en toda la Alcaldía con el objetivo de identificar cualquier hecho ilícito y que además se buscará trabajar conjuntamente con los otros municipios para esclarecer cualquier acto de corrupción.