martes, 30 de junio de 2015

El Gobierno alista ley corta para proteger a subalternos que denuncien corrupción de superiores



Los mecanismos de protección para los subalternos que denuncien corrupción de superiores en la Policía, las Fuerzas Armadas y la administración pública estarán inscritos en una “ley corta” para su pronta aprobación y vigencia, informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien añadió que en el caso de la Policía también está en curso el diseño de una reforma estructural.

El presidente Evo Morales instruyó en una reunión de gabinete político del domingo trabajar en una ley para garantizar “la protección del subalterno para viabilizar la posibilidad de que presente denuncia”, explicó la autoridad, aunque no dio mayores detalles del contenido de la propuesta legal que deberá ser aprobada en la Asamblea Legislativa.

Morales demandó en el acto de aniversario de la Policía, el 24 de junio, el diseño y aprobación de una norma para “premiar” a los subalternos que denuncien irregularidades que cometan sus superiores y consideró que algunos uniformados abusan del principio de ‘subordinación y constancia’ y hacen que se vea como un mecanismo de “protección de la ilegalidad”.

Romero anunció que el Gobierno tendrá en dos semanas la ley corta y aclaró que en el caso de la Policía está en curso y de forma paralela una propuesta de reforma institucional que vaya más allá de la lógica sancionatoria e involucre aspectos como los procedimientos de modernidad científica, descentralización territorial y cualificación formativa.

“En el tema sancionatorio hay que diseñar una escala de sanciones que sea variable, inclusive de acuerdo a los rangos, es decir, que si el que ha hecho una carrerea policial, ha tenido ascensos, e incurre en una irregularidad debería tener una sanción más drástica porque ahí sí puede echar abajo toda su carrera”, perfiló en una entrevista con la emisora Panamericana.

Testigo del Caso Rózsa 'Hugo Paz no participó en armar bomba'

El primer testigo del Ministerio Público del caso Rózsa, el mayor Miguel Rolando Ocampo, afirmó que según sus investigaciones no hay evidencias de que el acusado Hugo Paz haya ocasionado el atentado a la casa del cardenal.

Especuló que Paz pudo participar en la instalación de los servicios de Cotas en la Fexpocruz. Asimismo, Ocampo mencionó que desconoce cómo conoció la entrevista entre el periodista húngaro Andrass Kepess con Eduardo Rózsa, en donde supuestamente enviaban mensajes de que se debía defender Santa Cruz.

Potosi Posible loteamiento salpica al exalcalde del municipio

Un posible hecho irregular sobre loteamiento salpicaría al exalcalde Remberto Gareca sobre terrenos en la zona de Alto Bracamonte.
"Nos sorprende que la familia Coro este loteando, y esa familia ahora hace demanda a los vecinos para que desocupen de ese sector porque sería propietario de estás a´reas de equipamiento y esto se ha hecho en la gestión del señor (Remberto) Gareca", denunció el concejal Eloy Relos.
El exejecutivo habría rubricado un documento. "Es una cantidad enorme de las áreas de equipamiento que se perderían. Es demasiado grande", afirmó, luego de precisar que se habría reducido a 25.212 metros cuadrados de 116.396 en la zona de Alto Bracamonte.
El Potosí buscó la opinión del exalcalde, pero este no respondió a las llamadas.

Corrupción, primer obstáculo en la justicia

Policías, jueces y magistrados se constituyen en los principales obstáculos para avanzar en la lucha contra la corrupción, aseguró la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia, a tiempo de advertir que “mientras no haya una reforma profunda, estructural, en la Policía y en el sistema de administración de justicia va a seguir habiendo corrupción”.

La autoridad planteó ese duro diagnóstico ante unos 170 asistentes al Primer Encuentro Nacional de Comunicadores y Comunicadoras de municipios de todo el país, que tuvo lugar en la ciudad de Cochabamba a convocatoria del Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (Padem).

La ministra Valdivia hizo una evaluación de su trabajo en una sesión plenaria y posteriormente brindó tres conferencias de prensa regionales. Cuestionada sobre la recurrencia de hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito de muchas autoridades locales admitió: “No estamos teniendo los resultados deseados”.

A lo largo de su intervención arrancó aplausos de los comunicadores y comunicadoras locales cuando afirmó: “En este franco diálogo, les quiero decir que quisiera tener poder para, tal vez, hacer desaparecer a algunos jueces y fiscales o para que me hagan caso por lo menos” e insistió en que la independencia de los órganos del Estado impide una acción más eficaz desde el Poder Ejecutivo.

De todos modos, adelantó que el Gobierno prepara capacitaciones para iniciar una revolución del sistema de administración de justicia.

CASOS DE CORRUPCIÓN EN LA FISCALÍA Denuncian cobros y desaparición de expedientes

El nuevo fiscal de Distrito, Marcelo Rollano, afirmó que se crearán unidades corporativas para cortar las irregularidades.

Cobros y desaparición de expedientes en la Fiscalía fueron denunciado ayer por la ministra de Justicia, Virginia Velasco, y varios litigantes durante la posesión de Marcelo Rollano como fiscal Departamental de La Paz.

De acuerdo con los afectados, en la Fiscalía se continúa con hechos de corrupción que no han sido erradicados, pese a la suspensión de al menos 20 fiscales de materia que fueron señalados por el fiscal Ramiro Guerrero.

Uno de los usuarios, identificado como Marcelo P., explicó que los funcionarios subalternos y algunos fiscales continúan cobrando para favorecer con informes o memoriales a las partes en conflicto, en algunos casos con fines de extorsión e impunidad y, en otros, por corrupción.

Marcelo P. comentó que en las oficinas de materia, Propiedades y Económicos Financieros, existen tarifas de entre 300 y 500 dólares que se deben entregar a los fiscales para lograr un resultado favorable si la falta es leve. Empero el monto se duplica y hasta triplica, cuando existen agravantes.



AUTORIDAD. La ministra Virginia Velasco, refirió que en algunas divisiones son algunos funcionarios y fiscales quienes están involucrados en la retardación de justicia y extorsión.

“Cuando litigaba, como abogada, siempre decían que el expediente estaba en despacho. Son los funcionarios, los supernumerarios, que usan esta excusa para extorsionar y retardar el proceso”.

La ministra Virginia Velasco, de forma pública, solicitó al flamante Fiscal de Distrito cambiar esta mala práctica y dijo a los fiscales de materia que asistieron al acto, asignar y ordenar los cuadernos de investigación a favor de la población.

Además recordó, la autoridad de justicia, que continúan los maltratos en las oficinas de la Fiscalía de La Paz por parte de los operadores de justicia, hechos que también deben ser revisados por la nueva autoridad.



ELIMINAR. En tanto, Marcelo Harold Rollano Burgoa, nuevo fiscal Departamental de La Paz, en reemplazo del saliente Paul Franco, dijo que "desterrará la malas prácticas del derecho, para una verdadera justicia transparente, pronta oportuna y socialmente equilibrada".

Además anunció la creación de unidades corporativas dentro de la Fiscalía para "cortar los hechos de corrupción" que se hicieron públicos ayer. "Estas unidades ya funciona en Cochabamba y en La Paz esperamos tener el mismo éxito. Un caso ya no dependerá exclusivamente de un solo fiscal, sino de tres o cuatro profesionales", señaló.



LA JUSTICIA DETERMINÓ 800 SENTENCIAS EN 2015 PARA DESCONGESTIONAR EL SISTEMA PENITENCIARIO. INFORMÓ RAMIRO GUERRERO.

lunes, 29 de junio de 2015

domingo, 28 de junio de 2015

Revelación del Irish Times: Había otros en el hotel Las Américas

Un reportaje del periódico irlandés The Irish Times publica el testimonio de un ingeniero brasileño que estuvo en el hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009. La declaración del entrevistado contradice la versión oficial del Gobierno y sostiene que no hubo fuego cruzado y que la mayoría de los disparos fueron de fogueo.
El artículo se publicó el 15 de junio. Está firmado por el periodista Tom Henningan.
La nota, traducida por Harold Olmos, comienza con el relato del ingeniero brasileño Marcos Brandt, quien -dice el reportaje- sostuvo "que no hubo tiroteo, como afirma la Policía, y corrobora evidencias sobre la posibilidad de que las autoridades bolivianas manipularon el escenario para sostener la tesis de que Dwyer y dos de sus compañeros (Eduardo Rózsa y Arpád Magyarosi) murieron en un tiroteo”.
Según el reportaje, esa noche, Brandt iba a darse una ducha para tomar un vuelo temprano a La Paz, cuando el edificio fue sacudido por una fuerte explosión. "Primero pensé que el calentador había explotado. Miré por la ventana del baño que da a un atrio central y me vi ante un soldado que me apuntaba con su rifle. Me ordenó abrir la puerta del dormitorio”, contó a ese medio.
El uniformado, probablemente de la unidad policial UTARC, ordenó a él y a su colega tenderse al piso con sus manos sobre la cabeza. Brandt cuenta que tras la explosión siguieron varios minutos de calma. En esos instantes, escuchó varias voces. "Era normal (lo que escuchaba), no gritos, sólo voces hablando. Sólo entonces empezó el tiroteo”.
Calcula que entre la explosión y el tiroteo pasaron de dos a cinco minutos, lo que -según la nota- "trae nuevas preguntas sobre el intercambio que tuvo la Policía con el grupo de Dwyer, inmediatamente antes de matar a tres de ellos”.
Brandt describe el tiroteo como intenso y continuo, pero inconsistente con la versión de un fuego cruzado. "No sonaba como un tiroteo. No se escuchaban disparos provenientes de diferentes posiciones de tiro”. También describe gran parte del fuego como tiros de fogueo. "Era como si dispararan seguido para asustar”.
Considerando el número de disparos que había escuchado, según la nota, Brandt quedó sorprendido al salir de la habitación cuando la Policía se fue del piso. "Lo que era extraño era que había pocos signos de daños del tiroteo, pese a la cantidad de disparos que escuché. Fue ahí que estuve seguro que se trataba de municiones de fogueo”.
El informe balístico boliviano -refiere el texto periodístico- reportó pocos impactos de bala, pese a que el personal del hotel informó sobre un intenso y prolongado tiroteo, como el descrito por Brandt.
"Su creencia de haber escuchado ‘disparos de tipos diferentes de armas de fuego’ parcialmente disimulados por disparos prolongados de subametralladoras -se lee en el artículo- podría ser relevante en vista del informe de la autopsia sobre el cadáver de Dwyer emitido por la patologista del Estado irlandés. Éste sugiere que fue ejecutado sumariamente con un disparo al corazón por alguien que estaba sobre él”.
Brandt, continúa el texto, afirma que al dejar su habitación se dio cuenta que la explosión que había escuchado fue una serie de estallidos simultáneos en las puertas de los cuartos donde estaban Dwyer y sus compañeros. Aseguró que no vio daños en el corredor donde estaban Dwyer y su grupo, corroborando -refiere la nota- lo que el gerente del hotel, Hernán Rossell, dijo a ese medio inmediatamente después de la acción del operativo.
Este testimonio -dice el reportaje- contradice el informe balístico boliviano que listaba impactos de bala en la pared del corredor afuera del cuarto de Dwyer. Un video filtrado que filmó la UTARC, tras la incursión, muestra que no hay daños en la pared, lo que -según la nota- "fortalece las sospechas de que las autoridades manipularon la escena para apoyar su tesis sobre lo ocurrido”.
The Irish Times conversó con el colega de Brandt, un mecánico brasileño que entonces le ayudaba a instalar una maquinaria para un cliente boliviano.
"Los testimonios de los dos hombres -dice el artículo- coliden en un punto crucial. Brandt asegura que su colega le dijo que escuchó a alguien implorar por su vida y luego nuevos disparos”. No obstante, el segundo hombre negó haber escuchado a alguien implorar por su vida o que le hubiera comentado aquello a Brandt.
En los días que siguieron a la incursión, según la nota periodística, funcionarios del hotel sostuvieron que el grupo de Dwyer estaba solo en el hotel. El gerente Rossell dijo que el que los dos brasileños hubieran estado en el cuarto al otro lado del atrio probablemente los hizo pasar inadvertidos.
The Irish Times pudo ver una copia del registro del hotel en la que figuran los dos huéspedes. Ambos afirman que ninguna autoridad intentó contactarlos después. "La Policía nunca me informó sobre estos hombres”, dijo Marcelo Soza, al ser entrevistado en su exilio en Brasilia.

El exfiscal, quien dirigió las investigaciones, le dijo al The Irish Times: "Éste es otro ejemplo de cómo retuvieron información para mi investigación. ¿Por qué lo harían si no estuvieran tratando de encubrir lo que hicieron?” Soza, según el diario, "procura asilo en Brasil, donde fugó. Ahora sostiene que Dwyer fue asesinado”.

Sobre el caso

Antecedentes El 16 de abril de 2009, en el operativo del hotel Las Américas se desarticuló a un supuesto grupo separatista liderado por el húngaro-croata Eduardo Rózsa, quien falleció junto al irlandés Michael Dwyer y el húngaro-croata Arpád Magyarosi.
Terrorismo Las otras dos personas que acompañaban a esta supuesta banda que pretendía dividir al país, Mario Tadic y Elod Tóasó, enviados en detención a la cárcel de San Pedro. Luego de permanecer más de cinco años en ese penal, en febrero de este año, ambos reciben condenas en el caso terrorismo.

Caso Patana Denuncian retardación de justicia

El abogado, Eduardo León, denunció que existe “total retardación de justicia”, en la investigación sobre las denuncias que tiene Édgar Patana, por haber incurrido en supuestos actos ilegales cuando era alcalde de la ciudad de El Alto. Entretanto, la defensa de la exautoridad edil rechaza las acusaciones.

Por ello –dijo– solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que pida al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, un informe oral sobre los seis procesos legales en contra del exalcalde de El Alto, Édgar Patana. Actualmente las empresas Terra Forte, Centro de Estudios Americana y el diputado Rafael Quispe, entre otras son parte querellante.

León se puso en contacto con el diputado, Rafael Quispe, con la finalidad de hacer efectiva la solicitud a la ALP y que el fiscal Guerrero explique los motivos por el que existe retardación de justicia en los procesos en contra de Édgar Patana. Detalló que todos los procesos contra el exburgomaestre Patana, se deben al daño económico provocado al Estado, y que ascendería a unos 10 millones de dólares, que se encuentra en pleno proceso de investigación, informó.

Según el abogado, la principal excusa que brinda el fiscal Edwin Blanco es que está atareado con otros procesos lo que perjudica en que le dedique más tiempo a la obtención de elementos que le permitan asumir una determinación.

TERRA FORTE

En el caso Terra Forte, el diputado Rafael Quispe advirtió con asumir acciones legales contra el Ministerio Público, que hasta la fecha no han hecho conocer un pronunciamiento oficial en este caso.

“Existe la sospecha de que algo no anda bien es el proceso judicial, porque Édgar Patana queda beneficiado, teniendo las pruebas suficientes para que entre a la cárcel por los delitos cometidos”, afirmó el jurista León.

Patana decidió prescindir de los servicios de la constructora Terra Forte, sin rescindir el contrato y apoderándose de los materiales de construcción, que están valorados en 70 mil dólares, además de haber desalojado a los funcionarios de esa empresa.

Los delitos en este caso son por extorsión, resoluciones contrarias a Constitución Política del Estado (CPE), incumplimiento de deberes, peculado y enriquecimiento ilícito, todos tipificados en la Ley 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Por su parte, la abogada de Patana, Valkiria Lira, afirmó que la empresa de Terra Forte incumplió el contrato con la Alcaldía de El Alto, porque no entregó a tiempo la obra por cual había sido contratada y que se encuentra en la zona Senkata.

“Tenemos las pruebas sobre el contrato, los plazos establecidos, por lo cual no corresponde el pago de la totalidad de la obra”, aseguró.

EMPRESA CENTRO DE ESTUDIOS AMERICANA

En el caso de la demanda que tiene la empresa “Centro de Estudios Americana” los delitos son por extorsión, resoluciones contrarias a la Ley e Incumplimiento de Deberes, toda vez que se acusa a la exautoridad edil de haber pedido como adelanto la suma de 22 mil dólares, con la finalidad de entregar medicamentos a los colegios de El Alto, proyecto que no figuraría en el programa operativo del municipio alteño, dijo León.

Sobre esta demanda, la abogada Lira aseguró que de acuerdo con los catálogos de los microscopios que iban a ser adquiridos eran de industria norteamericana, sin embargo, llegaron pero de industria China y por ese motivo es que fueron rechazados.

DEMANDA DE 24 VEHÍCULOS

Respecto a la demanda que tiene Édgar Patana por la entrega ilegal de 24 vehículos a las juntas vecinales, según Eduardo León, esta distribución vulnera disposiciones legales y acuerdos con la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) de Oruro, como depositarios de los motorizados.

Al respecto, la abogada Valquiria Lira anunció el inicio de un proceso contra las autoridades de Dircabi, así como del abogado Eduardo León, por denigrar la imagen de su cliente y mentir sobre el incumplimiento del convenio suscrito con Dircabi.

Calificó de “falsas” las afirmaciones de León en sentido de que los motorizados fueron entregados a las juntas vecinales, siendo que estos pasaron a propiedad de las Subalcaldías y se encontrarían en predios ediles.

SEIS PROCESOS

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que de acuerdo con un informe obtenido confirmó que el exalcalde de El Alto, Édgar Patana, tiene seis proceso que están siendo tramitados y que en uno de ellos, caso Terra Forte, el fiscal asignado al caso le solicitó 10 días para dar a conocer el requerimiento que corresponda.

“Hay seis casos no son el número que indican. Se han realizado varios actos investigativos”, dijo además de informar que no se descarta la posibilidad de que todos los casos se acumulen en un solo proceso, dependiendo la relación que tengan y que el Ministerio Público investiga.

La ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, informó que existe “conducta dilatoria”, de parte de la exautoridad edil porque no acudió a brindar su declaración cuando se lo requirió.

sábado, 27 de junio de 2015

Ven que microcorrupción afecta al actual Gobierno

"Alguien me decía, parece que hay una microcorrupción", señaló el presidente Evo Morales en la inauguración del primer Gabinete ampliado de su tercer mandato. Señaló que la problemática debe ser debatida para garantizar un mejor funcionamiento del Gobierno.

La autoridad exigió sugerencias para corregir los errores que se puedan advertir y señaló que muchas veces "pagan políticamente" las fallas que cometen empresas constructoras o supervisores de proyectos que están atrasados.

"Hay cosas por aquí, pequeñas cositas y tenemos que ver como enfrentamos eso. Entonces, tenemos mucha responsabilidad y pido disculpas porque mucho tiempo no nos hemos reunido", reconoció la autoridad.

Morales vio necesario repasar "algunas debilidades", que aglutinó en un grupo de 'C', comida, corrupción, combustible, cocaína y contrabando, aspectos que a su juicio "hay que cuidar y atacar para liberarnos como país".

jueves, 25 de junio de 2015

Acusan a Achacollo de gastar Bs 178 mil en una sola reunión

El exdirector administrativo y financiero del Fondo Indígena, Félix Mamani, acusó a la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, de utilizar 178.000 bolivianos en una reunión con los directivos de la entidad. La denuncia la hizo ayer en la audiencia que determinó su detención en la cárcel de San Pedro, según su abogado.
"Mi defendido fue claro y textual en la audiencia (de medidas cautelares), y le dijo a la juez que él desembolsó 178.000 bolivianos (en dos partidas) para que la ministra (Nemecia Achacollo) se reúna con sus siete directores. Es increíble saber que este monto se gaste en una simple reunión de la ministra con los directores, aunque hubieran sido más de 20 personas”, declaró el abogado del exdirectivo, Guillermo Llacsa, tras la audiencia.
El abogado agregó que existe la "documentación de descargo, que la haremos llegar oportunamente, pero los originales no están en el Fondo Indígena y tampoco responden. Eso nos hace presumir que se siguen encubriendo actos de corrupción”.
Además, agregó que ese dinero fue entregado en 2014. "Obviamente, la ministra debe ser citada a aclarar y -a través de las nuevas autoridades que tiene el Fondo Indígena- tiene que proporcionar todos los documentos que haya sobre este caso”, afirmó el abogado defensor.
Sin embargo, el fiscal Javier Flores negó tales acusaciones al salir de la audiencia y se limitó a declarar que el acusado "no presentó descargos y ese aspecto fue rechazado”.
Audiencia
El exdirectivo Félix Mamani fue recluido el en el penal de San Pedro de La Paz, por orden de la Juez Primera de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Cinthia Delgadillo.
"En audiencia cautelar, la jueza dispuso la detención preventiva de Mamani, aprehendido el martes e imputado por delitos de peculado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, explicó el fiscal Javier Flores, a la conclusión de la audiencia de medidas cautelares.
El exfuncionario del Fondo Indígena se acogió al derecho al silencio y no presentó descargos de aproximadamente 190.000 bolivianos, según dijo el fiscal.
Hasta la fecha, la comisión de fiscales que investiga este caso convocó a declarar a 24 personas, de las cuales dos fueron imputadas y recluidas en el penal de San Pedro: Félix Mamani y Édgar Foronda. Este último trabajaba en la entidad como jefe administrativo.

En febrero, el contralor general del Estado, Gabriel Herbas, detectó un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados por el Fondo Indígena, pero que sí recibieron recursos públicos como parte de pagos anticipados. Esta información la proporcionó tras realizar una auditoría. El informe fue entregado al Ministerio Público para su investigación.

Eligen a nueva directiva de las Bartolinas
La Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de La Paz eligió a Graciela Villca, en reemplazo de Felipa Huanca, como la nueva ejecutiva departamental de la organización. La nueva representante proviene de la provincia Loayza.
La elección de la nueva representante de la organización surgió tras las denuncias contra Felipa Huanca, que fue acusada de estar involucrada en los manejos irregulares del Fondo Indígena. A raíz de eso perdió el apoyo de sus bases.
En el congreso, Huanca agradeció la confianza de las 20 provincias de La Paz.
El congreso eligió a las representantes de la provincia Camacho y Franz Tamayo para dirigir la nueva elección.

Fue enviado a San Pedro Exdirector afirma que entregó dinero a ministra Achacollo

Durante la audiencia de medidas cautelares, en donde se determinó detención preventiva en la cárcel de San Pedro, para Félix Mamani, el exmiembro del directorio ejecutivo del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), aseguró que entregó más de 178.000 bolivianos a la ministra Nemecia Achacollo.

Por su lado, la interventora de la institución, Lariza Fuentes, señaló que no existe documentación sobre este hecho y negó que Achacollo haya tenido la potestad para realizar este pedido.

Guillermo Llacsa, abogado de Mamani, declaró que su defendido, al momento de hacer uso material de su defensa, afirmó que el dinero fue entregado a pedido de la ministra Achacollo, luego de que esta lo solicitara para financiar dos reuniones con los siete miembros del directorio administrativo del Fondioc.

Según una versión extraoficial, en la reunión debía tratarse la reelección del directorio.

“Ha sido claro y textual para decir que ese dinero, él (Mamani), se lo dio a la ministra (Achacollo) para financiar la reunión con los siete directores financieros. En esa reunión, se dice que hay recursos de avance de 178 mil bolivianos”, declaró Llacsa.

El jurista presume que la documentación original que acredita el descargo económico de Mamani ha desaparecido del Fondo Indígena, al igual que los de varios otros proyectos y que sin explicación, los responsables del Fondo Indígena no estarían cumplido con los requerimientos fiscales, perjudicando a su defendió, aspecto que no es valorado por la Fiscalía.

El movimiento de dinero, según el abogado, se efectuó en octubre de 201. No se tiene documento oficial sobre el tema que se trató en dichas reuniones, por lo que adelantó que Mamani debe presentar copias, tanto del descargo como de la reunión.

En contrapartida, la interventora Fuentes detalló que las afirmaciones de Mamani deben ser esclarecidas dentro de la investigación, pero aseguró que en archivos del Fondioc no existe documento oficial acreditando los desembolsos y que sólo es la palabra del exdirectivo.

Lo mismo acontece con montos significativos, que superan los 100 mil bolivianos, desembolsados en favor de 24 exfuncionarios que están siendo investigados.

Por otro lado, aseguró que la ministra Achacollo no tenía potestad para solicitar estos desembolsos y eran funciones propias de los directores ejecutivo y administrativo.

Al menos ocho denuncias se han presentado ante el Ministerio Público sobre manejo de dinero sin descargos relacionados a los proyectos. Se tiene al menos 10 proyectos observados, de los más de 153 denunciados. La intervención del Fondo Indígena debe concluir en agosto.

Exdirector es enviado a la cárcel

Un juez anticorrupción resolvió la detención preventiva de Freddy Félix C. M., exdirector administrativo financiero del Fondo de Desarrollo Indígena Campesino (Fondioc), en la cárcel de San Pedro.

El imputado es investigado por fondos de avance desviados que ascienden a 190.000 bolivianos, de acuerdo con el informe del Fiscal Javier Flores del Ministerio Público.

Freddy C. M. fue aprehendido el martes en el marco de una investigación de fondos de avance que otorgaron funcionarios del Fondo Indígena y cuyo gasto no se justificó.

El fiscal asignado al caso declaró que “son 24 personas las investigadas, se han emitido citaciones, esperemos que vengan, ya han declarado cuatro personas, dos están con mandamiento de aprehensión y otros dos tienen detención preventiva”.



DEVOLUCIÓN. Sobre la devolución de cerca cinco millones de bolivianos al Tesoro General del Estado (TGE), anunciada por Juanita Ancieta, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, el fiscal señaló que dicha devolución no las exime de la investigación, empero que es otro el tipo penal.

Javier Flores declaró que se debe verificar cuáles fueron los movimientos económicos que realizaron, empero que deben ser investigados para trasparentar el proceso.

"No puedo aún emitir criterio sobre qué pasará con la ejecutiva de las mujeres campesinas, es otro proceso, en tanto estamos a la espera de otras personas citadas a declarar".

miércoles, 24 de junio de 2015

Denuncian que ovejas que dio el Fondioc estaban enfermas

Campesinos de Ayo Ayo, de la provincia Aroma del departamento de La Paz, denunciaron que las ovejas "cara negra” que recibieron como parte de los proyectos financiados por el Fondo Indígena estaban infectadas con Adenomatosis Pulmonar Ovino (APO), virus que contagió y provocó la muerte de sus ovejas criollas.
Abraham Copa, exdirigente de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, informó que en la gestión de Felipa Huanca, dirigente de las Bartolinas de La Paz, ella entregó con recursos del Fondo Indígena cerca de 1.000 ovejas raza hampshire down, más conocidas como "cara negra”, en Sica Sica, Lahuachaca, Patacamaya, Colquecha, Umala entre otras poblaciones, pero estaban contagiadas con APO.
"Más de 1.000 ovejas fueron entregadas en la cuenca del altiplano, provincia Aroma, y un 50% de los animales tuvieron una muerte súbita, pues estaban enfermas con APO. Ahora están contagiando a las ovejas criollas con esta enfermedad”, informó Copa, en conferencia de prensa conjunta con el diputado de UD, Rafael Quispe.
Veterinarios explicaron que la APO es un tumor pulmonar contagioso en las ovejas y los síntomas se pueden notar cuando los animales expulsan bastante mucosidad, pierden peso, tosen y finalmente mueren.
El diputado Quispe sospecha que las ovejas "cara negra” ingresaron de contrabando de Perú por lo que no fueron sometidas a controles sanitarios hecho que impidió detectar a tiempo que estaban enfermas.
Anunció que pedirá un informe escrito al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y a la Aduana Nacional de Bolivia para que expliquen si registraron el ingreso del ganado ovino.
"Las ovejas no entraron con el certificado fitosanitario, tal como prevé la ley. Como diputado haré todas las peticiones de informe, para luego presentar la denuncia al Ministerio Público como corresponde”, advirtió el asambleísta de oposición.
Después de que se registró la muerte de las ovejas "cara negra”, el dirigente informó que en reiteradas oportunidades solicitó a la actual interventora del Fondo Indígena, Lariza Fuente, visite las comunidades para que inspeccione los 28 proyectos avalados por Felipa Huanca y que fueron observador por la Contraloría General del Estado, pero no recibió ninguna respuesta.
"Lamentablemente la interventora del Fondo Indígena, la Fiscalía no hace caso. Por el ingreso de estas ovejas enfermas se afectó el patrimonio y el valor genético de las ovejas criollas”, manifestó.

En marzo pasado, pobladores de Patacamaya denunciaron que Huanca entregó ovejas cara negra "truchas”, según reporte de ERBOL. En la población de Irutira, varias beneficiarias revelaron que vendieron sus ovejas porque algunas de ellas estaban enfermas o porque no se adaptaron a convivir con las criollas. Otras se murieron con tos o "mal de corazón”, según contaron.

Las denuncias

Patacamaya Campesinos del municipio de Patacamaya protestaron contra Felipa Huanca, dirigente de las Bartolinas. Aseguraron que en 2013 ella les entregó ovejas enfermas y sin los certificados correspondientes. No eran "originales”, dijo uno de ellos. El representante del cantón Patacamaya, Félix Guarachi, pidió que Huanca sea investigada por las irregularidades.
Descargo Juan Pablo Vásquez, quien importó la ovejas, señaló a ERBOL que algunas ovejas murieron por asfixia al ser trasladadas en camiones desde Perú y aseguró que cada una de ellas costó hasta 1.200 bolivianos y no 500 como informaron los comunarios de Patacamaya. Sin embargo, no presentó ningún documento que certifique su versión.

Fondo Indígena Aprehenden a otro exdirector y conminan a devolver recursos

En el marco de la intervención al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), el fiscal Javier Flores informó ayer sobre la aprehensión de Félix Mamani, otro exdirector de esa institución. Por su parte, Lariza Fuentes, interventora nombrada por el Gobierno, instruyó a los representantes legales de los proyectos beneficiados, la devolución de los recursos económicos “no ejecutados” hasta el 20 de julio.

Mamani fue detenido bajo los delitos de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica y Peculado. La audiencia de medidas cautelares se efectuará hoy a las 09.30, en el juzgado Primero Anticorrupción, presidido por Cinthia Delgadillo.

Flores informó ayer que Mamani fue aprehendido el pasado lunes debido a que no presentó descargos sobre el manejo de recursos económicos de esa institución y cuando fue citado a declarar se acogió al silencio. Por este hecho se solicitará la detención preventiva en la cárcel.

Mamani es la cuarta exautoridad del Fondioc detenida, luego de que se determinara detención preventiva en la Cárcel de Mujeres para Elvira Parra, en el penal de San Pedro para Édgar Foronda y Marco Antonio Aramayo, mientras que Daniel Zapata, se encuentra prófugo.

Según la agencia ANF, a cuatro meses de la intervención en el Fondo Indígena, la responsable de este proceso de investigación instruyó a los representantes legales de los proyectos beneficiarios la devolución de los recursos económicos “no ejecutados”. Además exigió la presentación de sus “descargos en original de los gastos efectuados”.

COMUNICADO

El Fondo Indígena publicó el pasado domingo dos comunicados exigiendo a los representantes legales de los proyectos beneficiarios, que en el marco del reglamento de transferencias público-privadas y los convenios de financiamiento suscritos “tienen la obligación de efectuar el depósito a una cuenta única (…) del monto no ejecutado por transferencias”.

La entidad señala que los recursos que no fueron ejecutados deben ser depositados en la cuenta del Tesoro General de la Nación, hasta el 20 de julio. Asimismo, en cumplimiento del Decreto Supremo 2274 de 2015 de intervención también exigen “los descargos en original de los gastos efectuados en los proyectos por transferencias realizadas se recibirán, excepcionalmente, hasta el 13 de julio, como fecha límite”. Los documentos serán recibidos en las oficinas del Fondioc en La Paz.

El Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción intervino la administración del Fondo, después que la Contraloría General del Estado divulgó un informe en el que advierte irregularidades en 153 proyectos que pese al desembolso de recursos económicos, estos no fueron concluidos. Se presume un daño económico de 71 millones de bolivianos, que se desembolsaron a los 153 planes, destinados a proyectos productivos o de capacitación, tras informe de transparencia.

DEVOLUCIÓN

Sobre el manejo transparente de estos montos, ayer la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, mediante su máxima dirigente, Juanita Ancieta, informó que esta organización decidió devolver cinco millones de bolivianos, de los más de ocho que habría percibido del Fondo Indígena.

No hay imputación contra 4 dirigentes, según la Fiscalía

El fiscal general del Estado, Ramiro José Guerrero, desmintió ayer en Sucre que se haya realizado una imputación formal en contra de cuatro dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) por un supuesto caso de corrupción y aclaró que el tema todavía está en investigación.
"Es falso decir que se ha individualizado (a quienes se acusará), tampoco el Ministerio Público procedió a realizar alguna imputación, estamos en la etapa de investigación”, expresó la autoridad del Estado.
Calificó las declaraciones del juez Roberto Baldivieso "como desubicadas”. Aclaró que él ejerce el control jurisdiccional del proceso investigativo sobre presunta corrupción en el máximo ente del balompié nacional.

"No le corresponde emitir declaraciones en sentido de que se individualizó la investigación, debería abstenerse y no hacer este tipo de declaraciones totalmente desubicadas. Simplemente debe abocarse a cumplir su rol”, manifestó Guerrero.

Mientras tanto, el fiscal superior Iván Montellano ratificó que el Ministerio Público aún no presentó ninguna imputación formal en el marco del proceso investigativo que se lleva adelante a los dirigentes del fútbol.

"Estamos sorprendidos por las declaraciones de un juez cautelar que es justamente quien está ejerciendo el control jurisdiccional de este caso. Él no puede extralimitar la función que cumple, el control jurisdiccional, creemos que fue un exabrupto el haber emitido una opinión en sentido de que el Ministerio Público volverá a convocar a una u otra persona”, dijo.
El juez Baldivieso aseguró el pasado lunes que Carlos Chávez, Fernando Humérez, Pedro Zambrado y Jorge Justiniano serían acusados formalmente por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y delitos tributarios.
El fiscal Montellanos informó que el caso de investigación está avanzando, que hasta ayer se tomaron las declaraciones de 25 personas y que hasta el 30 de este mes continuarán citando a dirigentes del fútbol boliviano.

"Nos encontramos en la etapa preliminar de la investigación y una vez concluida, el Ministerio Público, en base a la acumulación de los elementos de convicción, tomará la determinación que corresponde”, señaló.

Sobre la toma de declaraciones al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Carlos Chávez, quien fue citado hace tiempo, el Fiscal Superior mencionó será convocado una vez concluya el cronograma establecido con anterioridad.

"El señor (Chávez) lamentablemente no se presentó en una primera oportunidad. Pero por una persona no vamos a paralizar nuestra investigación. Lo vamos a convocar en el momento oportuno y de acuerdo con el cronograma que establecimos porque no es una investigación improvisada la que estamos haciendo. Va a compadecer a la Fiscalía una vez cumplamos nuestro cronograma”, puntualizó.

martes, 23 de junio de 2015

Video El exdirector administrativo del Fondo Indígena fue detenido e imputado por los delitos de peculado

Caso YPFB: dan detención domiciliaria a Alejandro Bell

La jueza primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Cinthia Delgadillo, determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva de Alejandro Bell, involucrado en el caso de corrupción en la Unidad de Comunicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Entre las medidas sustitutivas se encuentran el arresto domiciliario en una vivienda establecida en la ciudad de Santa Cruz, una fianza económica de 50.000 bolivianos y firmar el biométrico cada 15 días en el Ministerio Público.
"Hemos solicitado audiencia de cesación de la detención, pero la jueza determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva que cumplo en la cárcel de Palmasola”, dijo Bell cuando ingresaba a las celdas judiciales.
La abogada Bianca Uría explicó que la demanda apuntaba a obtener la libertad porque no amerita estar detenido.

ALP Hay 74 denuncias por corrupción

La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados informó que investiga al menos 74 denuncias contra "altas autoridades" presuntamente implicadas en corrupción y retardación de justicia, informó la presidenta de la comitiva legislativa Susana Rivero.

"La Comisión se maneja con dos principios fundamentales: Ni encubrimiento ni vulneración del debido proceso", sostuvo Rivero.

No detalla quiénes. Los parlamentarios trabajan para tomar conocimiento de las acusaciones, toma de declaraciones y otros actuados, según una nota de prensa de la Cámara Baja. El comunicado no detalla quiénes son las autoridades investigadas.

La legisladora oficialista dijo que la Comisión de Justicia Plural y sus respectivos comités tienen que tomar decisiones sobre las denuncias presentadas.

Potosi Exgobernador sabía sobre la corrupción

El exgobernador del Departamento de Potosí Félix Gonzales Bernal tuvo conocimiento sobre los presuntos hechos de corrupción en la Secretaría de Minería y Metalurgia, de acuerdo con el informe del extitular de esa repartición, Edgar Rivera.
El exsecretario dio a conocer sobre los presuntos hechos irregulares y sugirió la rotación del personal con la finalidad de frenar los hechos que habrían afectado a la institución.
Rivera también habría ordenado que se realice una auditoría interna en la mencionada secretaría donde se conoció que hubo un irregular manejo de los formularios 101 y en los datos de recaudaciones de la regalía minera.


DENUNCIA
El exgobernador Félix Gonzales fue consultado ayer sobre ese caso y la respuesta fue en sentido que efectivamente recibió una denuncia, que fue enviada a un sumariante para que investigue y determine las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
Explicó que la denuncia llegó en la última etapa de su mandato por lo cual no definió la rotación de los cargos porque ya se estaba preparando el cambio y surgió la recomendación de que no se mueva al personal.


INTERVENCIÓN
Por orden del actual gobernador Juan Carlos Cejas se intervino la Secretaría de Minería y Metalurgia para que se pueda investigar las denuncias de corrupción.
Cejas destacó que la apropiación de recursos económicos que pertenecen a Potosí es un delito que no se puede dejar de lado ya que las regalías mineras son los recursos que permiten consolidar obras en beneficio de la población de la ciudad y las provincias.
Ayer, un equipo de fiscales inició el análisis de la documentación pero no se pudo conocer quienes son los denunciados o el tipo de delitos que presuntamente fueron cometidos por los funcionarios públicos.
No se pudo lograr la versión del fiscal David Andrade que estuvo en el operativo pero no hizo conocer mayores datos sobre el trabajo que se hace por la denuncia del gobernador Juan Carlos Cejas, quien anunció que la medida se encara para evitar mayores daños a la economía departamental y para sancionar a los responsables.

Por Corrupción Denuncian a fiscal Blanco por no imputar a Patana

El abogado Eduardo León denunció al fiscal Edwin Blanco porque no imputa al exalcalde de la ciudad El Alto, Edgar Patana, sobre quien pesan seis denuncias y un daño económico que supera los 10 millones de dólares.

"En el caso Edgar Patana, el fiscal que dirige la investigación está saboteando la misma, porque no acelera el esclarecimiento de todos los hechos de corrupción, por lo que dudamos mucho de la probidad y el trabajo que realiza Blanco", denunció.

León explicó que el daño económico al Estado, que supera los 10 millones de dólares, llega a ser ínfimo con la cantidad de casos y hechos que se vienen destapando en las últimas semanas. Para el jurista, el fiscal "intencionalmente" retarda la investigación. /ABI

Caso barcazas Gobierno: Se investigará vinculación del BCB

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, dijo ayer que no se descarta una posible responsabilidad de los funcionarios del Banco Central de Bolivia (BCB) en el alerta Swift, para que caduquen las boletas de garantía, referidas a la construcción de las barcazas que se encuentran en un puerto de China, caso que está abierto a la investigación.

Asimismo, informó que el viernes próximo viajará una comisión del Gobierno hasta China para asistir a la audiencia de conciliación para buscar que sea compatible con las necesidades del Estado boliviano.

En cuanto a la implicancia de funcionarios del BCB, la autoridad de Gobierno dijo que ese tema se encuentra en una auditoría interna que en su criterio deberá identificar a responsables si hubiese ocurrido lo que se mencionó sobre hacer caducar las boletas de garantía, respecto a las barcazas chinas.

“Eso está en una auditoría interna que está en revisión en la Contraloría (General del Estado), evidentemente hay indicios que indican que hay funcionarios de ese momento en el Banco Central no ejecutaron las boletas de garantía y tenían responsabilidad. Pero eso está en auditoría porque es un tema civil antes que penal de responsabilidad administrativa”, afirmó.

De acuerdo con los antecedentes el Banco Central de Bolivia informó mediante carta BCB-GOI-SOEXT-DOCC-CE-2010-345 en fecha 3 de noviembre de 2010 a la gerencia general de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) que las cartas de crédito Standby SB-QDB2010LG00004 y SB-QDB2010LG00005, que garantizan tanto la compra de las barcazas como los remolcadores, habrían estado en orden y válidas hasta el 4 y 5 de mayo de 2011, respectivamente.

Sin embargo, el Banco emisor de las cartas de crédito, Export-Import Bank of China, Qingdao, argumenta que no fue posible dar cumplimiento a la ejecución de la garantía compra de las barcazas y remolcadores, “debido a la caducidad de las boletas de garantía”, ante la falta de cumplimiento en el protocolo de renovación “mediante el código swift de las mismas”. Hecho que debió ser previsto por el banco avisador, en este caso el Banco Central de Bolivia.

Al parecer este desliz fue la causa económica fundamental que nadie pretende explicar, menos las autoridades judiciales que investigan el caso, ya que en reiteradas oportunidades que fueron consultadas, estas indican que se encuentran en proceso de investigación.

MÁS IMPLICADOS

El ministro Ferreira, además hizo mención que tres personas fueron incluidas en la investigación del Ministerio Público.

“Se amplió a tres personas más que firmaron las actas de recepción de las barcazas, hace dos semanas han sido incorporados a la investigación. Hemos pedido la conclusión de la investigación y hay que ampliar, es posición del Ministerio de Defensa, también las empresas que hicieron el trato con el país que subrogaron unilateralmente los contratos y que fueron quienes generaron todo esto”, afirmó.

COMISIÓN

El viernes 27 de junio, una comisión integrada por el Ministro de Defensa, el Procurador del Estado y representante de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) se trasladará hasta la República Popular de China para asistir a la audiencia de conciliación, solicitada por el Estado boliviano, para lograr un acuerdo y posibilitar recuperar las 16 barcazas y dos remolcadores.

En cuanto a la posición que será expuesta en la oportunidad de asistir a dicha audiencia, según el ministro Ferreira, será el de afirmar “que las barcazas

viernes, 19 de junio de 2015

Edgar Patana faltó a su audiencia

El exalcalde de El Alto, Edgar Patana, no asistió a la audiencia de ampliación de declaración informativa dentro del proceso instaurado por Ministerio Público, por los supuestos delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo. El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción observó “con preocupación la intención dilatoria del exalcalde”, según informa una nota de prensa.

Delitos. El fiscal adscrito a la División Corrupción Pública, Dorian Jiménez, bajo el proceso por cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo, accedió a la ampliación de declaración, demandada por Edgar Patana, quien hizo una nueva solicitud para fijar fecha y hora de la audiencia de declaración ampliatoria. Debido a la difusión de un video por un medio de comunicación, en el que se observa al exalcalde de la ciudad de El Alto, Fanor Nava, entregando un pequeño paquete a Edgar Patana, el Ministerio solicitó el inicio de indagaciones al Ministerio Público con el objeto de que este investigue a los exalcaldes de El Alto./

jueves, 18 de junio de 2015

Defensa del caso Rózsa mantendrá sus testigos

Abogados defensores del caso Rózsa coinciden que mantendrán firmes el listado de testigos de descargo que presentarán ante el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz. Estas declaraciones son a propósito de lo que dijo el fiscal Marco Rodríguez, que tienen previsto analizar la reducción del rol de sus testigos a un 30%, con la finalidad de acelerar el proceso, teniendo en cuenta que ya van casi tres meses con el primero de los 43 de la lista.

Ante esta situación, los abogados Gary Prado Araúz, Otto Ritter y Alberto Morales, coinciden que los representantes del Ministerio Público tienen la potestad de ampliar o reducir su listado, pero la defensa no desaprovechará esta etapa del juicio.

Son 60 testigos del Gral. Prado. El abogado Gary Prado Araúz afirmo que son 60 los atestiguantes en favor de su padre. "Los fiscales tienen la facultad privativa de reducir el rol de testigos, pero nosotros no tenemos que renunciar a la defensa, porque es constitucionalmente amplia e irrestricta", afirmó el jurista. En esa línea, el también defensor del Gral. Gary Prado Salmón, explicó que si bien los acusadores presentaron un determinado número de testigos, ellos pueden renunciar y eso es legal. Sin embargo, Ritter enfatizó que se mantiene el número de declarantes propuesto y no tienen por qué reducirlos.

Toda la carne al asador. Mientras que el patrocinante de Hugo Paz, Alberto Morales, expresó que es el momento "de poner toda la carne al asador". Explicó que tienen pensado presentar 49 testigos y 3 peritos y no piensan reducir el número de declarantes. Indicó que es una decisión autónoma de los representantes del Ministerio Público, producir el 100% de la prueba o reducirla. Comentó que la Comisión de Fiscales debe analizar si es necesaria la cantidad propuesta de testigos, para construir culpabilidad con todos o solo algunos y en eso, ni el Tribunal y menos la defensa puede intervenir.

Testigo con evasivas. Por otro lado, el testigo de la Fiscalía, el mayor Miguel Ocampo, respondió con evasivas al abogado Abel Montaño, defensor de Mario Herrera cuando le preguntó qué directivo de la Fexpo ordenó el ingreso de mobiliario a los stands de Cotas y Fegasacruz.

Amnistía
Cívicos entregan carta a familiares para que el Papa interceda

Iniciativa. El presidente de los Comités Cívicos Provinciales de la Cruceñidad, Raúl Costas, entregó una carta para el papa Francisco y la Resolución 010/2015, a la representante de los familiares del caso Rózsa, que solicitan amnistía para los acusados. Sostienen que el caso se convirtió en la máxima expresión de persecución, amedrentamiento y extorsión a familias cruceñas, que llevan más de 6 años, en donde se demuestra por declaraciones, testigos extorsionados y pruebas falsas, que es un montaje. En la misiva le piden al Santo Padre interceder con el presidente Evo Morales para conceder la amnistía.

miércoles, 17 de junio de 2015

Video Una diputada suplente de Apolo fue acusada de desviar 28 toneladas de ayuda humanitaria

Felipa Huanca Busca su reelección regalando mantillas

El fiscal Marco Rodríguez informó que la comisión de la que forma parte está analizando la posibilidad de reducir un 30% de los 43 testigos del Ministerio Público.

Según el acusador, la finalidad de la medida es agilizar el proceso del caso Rózsa, teniendo en cuenta que con el primer testigo lleva 3 casi tres meses declarando.

"Vemos conveniente que no sean todos los propuestos para que declaren, sino que se resumirá a lo que sea necesario, pertinente y útil para demostrar nuestra tesis ante el Tribunal", afirmó.

Aclaró que esta medida está siendo analizada por el Ministerio Público dentro de lo que significa el principio de celeridad del proceso del juicio oral.

El mayor Miguel Rolando Ocampo es el primer testigo de la Fiscalía que continúa declarando ante el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz en las audiencias en Santa Cruz de la Sierra.

Ayer terminó con su rol de preguntas la defensa de Gelafio Santistevan y empezó la de Mario Antonio Herrera.

Imprecisión de la fecha. El testigo no pudo precisar a cabalidad si Gelafio Santistevan estuvo en la capital cruceña cuando ocurrió el operativo en el hotel Las Américas el 16 de abril del 2009. Ocampo respondió al abogado defensor Gary Prado Araúz que las supuestas especialidades de Santistevan las conocía de acuerdo a las investigaciones del exfiscal Marcelo Soza. Sin embargo, no recuerda haber visto el currículum del acusado. Asimismo, el defensor acusó al fiscal Sergio Céspedes de usar "sofismas" para mentir, sosteniendo que las preguntas por su persona son capciosas con el fin de confundir al testigo, cuando la finalidad es conocer la verdad de los hechos.

Fotocopias de sentencias. Por otro lado, Abel Montaño, abogado defensor de Herrera, solicitó al presidente del Tribunal, Sixto Justo Fernández, fotocopias legalizadas de los procedimientos abreviados de cinco de los acusados. Además pidió que se proporcionen copias de la declaración del testigo a la defensa.

martes, 16 de junio de 2015

Director de Educación denuncia la venta de cargos hasta en $us 5 mil

El actual director departamental de Educación, Iván Villa, denunció la venta de cargos por parte de funcionarios de esta Dirección a algunos profesores en montos que llegan hasta 5.000 dólares.

La información la dio a conocer durante la posesión de los directores distritales de educación, ayer.

Las nuevas autoridades jerárquicas se sometieron a un proceso de institucionalización.

Según Villa, en esta nueva gestión se debe denunciar la corrupción en la designación de docentes y prometió garantizar la continuidad de los afectados para lograr una sanción a los involucrados.

“Existe temor en los profesores que pagan ciertas sumas para comprar los cargos. Esta práctica viene desde hace tiempo atrás”, manifestó.

La autoridad de educación explicó que debe haber un cambio de actitud de parte de los funcionarios, principalmente los técnicos que serían los directos responsables de los cobros.

“Pagan por quedarse en lugares cercanos, son cargos espectables”, acotó.

Cuando hay una vacante se convoca a una compulsa entre docentes y se verifican sus méritos. Según Villa, estos procesos no fueron transparentes porque se cobró para beneficiar a uno u otro.

Exjefe administrativo del Fondo Indígena enviado a la cárcel

El exjefe administrativo del Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondo Indígena), Edgar Foronda, fue recluido preventivamente ayer en la cárcel de San Pedro acusado de peculado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, informaron fuentes institucionales.

"En audiencia cautelar que se desarrolló el sábado, el juez dispuso la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para el imputado, Edgar Foronda, quien no respondió al manejo de un millón 200 mil bolivianos", explicó el fiscal, Javier Flores, según la agencia ABI.

Foronda fue convocado para que presente descargos sobre ese dinero, pero el imputado se acogió al derecho al silencio, razón por la cual el Ministerio Público determinó la aprehensión y la imputación, informó el jurista.

Según la investigación, el exjefe administrativo del Fondo Indígena fue imputado por tres delitos, tomando en cuenta que se encontraron indicios de responsabilidad.

El jurista explicó que Foronda no rindió, ni presentó informes sobre la administración del dinero que le entregaron.

Anunció que el Ministerio Público tiene un cronograma para la declaración de al menos 24 personas, que serán citadas en los próximos días.

INFORME La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, informó la pasada semana que el interventor del Fondo Indígena entregará en agosto un informe final sobre el manejo de los recursos económicos en esa institución.

"Sobre el Fondo Indígena en agosto concluye la intervención y en ese mes se presentará el informe final del manejo de los recursos de esa entidad, creada para financiar proyectos de desarrollo productivo y social en favor de pueblos indígenas y comunidades campesinas de Bolivia", precisó.

La intervención al Fondo Indígena comenzó a fines de febrero tras una denuncia de la Contraloría General del Estado (CGE) sobre un daño económico de 71 millones de bolivianos por proyectos no ejecutados.

La autoridad explicó que los beneficiarios que inadecuadamente emplearon los recursos económicos deberán asumir su responsabilidad en el marco de la Ley de Administración y Control Gubernamental y, consecuentemente, responder también por la vía penal.

Indicó que la intervención no solo revisa los 153 casos denunciados ante el Ministerio Público, sino el universo de los 1.100 proyectos, en especial, los desembolsos que se hicieron en los últimos años.

Efectos del Fondo Indígena: Deterioro en “Bartolinas” de La Paz

Después de un silencio de más de nueve años, en que el Fondo Indígena Campesino (Fondioc) fue supuestamente parte y contraparte en la otorgación de créditos a proyectos del área rural; aquel silencio deja espacio a la ruidosa guerra entre facciones del Movimiento Al Socialismo y en particular retumba en la organización sindical femenina “Bartolinas”.

En efecto. La Federación Departamental de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” de La Paz está dividida entre “huanquistas” y “antihuanquistas”. Es decir, una facción apoya a Felipa Huanca y la mantiene aún como ejecutiva de las “Bartolinas”.

La facción contraria a la señora Huanca exige su renuncia en nombre de las veinte provincias del departamento de La Paz y que a Felipa “deje el cargo como ejecutiva actual ya que su nombre está involucrado en el Fondo Indígena”.

Una de las disidentes, Simona Quispe afirmó que Felipa Huanca “está afectando la imagen de las Bartolinas. Pido como representante de la Federación ‘Bartolina Sisa’, a todas las mujeres de las veinte provincias por el bienestar, por la dignidad, por la imagen de la Federación departamental que Felipa Huanca deje el cargo como ejecutiva actual ya que su nombre está involucrado en el Fondo Indígena”.

Entretanto, Doris Pinto, secretaria general de la Asamblea Departamental de La Paz Y representante de la Federación “Bartolina Sisa” afirmó que si Felipa Huanca no renuncia convocaremos a un congreso y movilizaremos las provincias”.

DOS CONGRESOS

El grupo disidente de campesinas eligió un comité ad hoc, para su congreso entre el 29 y 30 de junio en la ciudad de La Paz., sin embargo, Felipa Huanca anunció que “realizará el XVI Congreso Ordinario, el primero y 2 de julio en la provincia Omasuyos”.

La convocatoria a dos congresos, casi simultáneos, explica mejor¨que cualquier argumento, la división entre las Bartolinas paceñas.

Pese a la aguerrida convocatoria de las disidentes, se estima que Felipa Huanca sería ratificada en Omasuyos, aunque corren noticias que será en la ciudad de El Alto.

Según nuestras agencias de noticias, Huanca llegó antes de 2009 a la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de La Paz, cuando el sector se encontraba dividido. Entonces, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa (Cnmciob-BS), al frente de la ahora exdirigente Leonilda Zurita, reconoció a Felipa Huanca.

DEBEMOS UNIRNOS

Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional, en aquella ocasión afirmó: “Me he informado por algunos medios de comunicación que las hermanas Bartolinas estarían queriendo dividirse. Hermanas y hermanos, no podemos dividirnos, somos personas mayores, orgullosamente llevamos el nombre de Túpac Katari, Bartolina Sisa, cómo podemos dividirnos por algunos pequeños problemas que se presentan. Siempre se presentarán problemas; tenemos unirnos”.

CONVOCATORIA

El pasado 14 de junio, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, convocó a la Federación de Mujeres Campesinas Quechuas de Centrales Unidas del trópico de Cochabamba a mantener la unidad.

La agencia ABI relató aquella convocatoria: “¿Cómo es posible que estas seis federaciones hayan llegado tan alto, dónde ha estado el secreto para que desde aquí nazca un presidente, para que desde aquí haya nacido una lucha que ha transformado al país? (...) ¿cuál ha sido la formula?, hermanas y hermanos, ese secreto ha sido la unidad y el milagro es posible cuando estamos juntos”.

La división en facciones ocurrida en las Bartolinas es un claro indicio que preocupa a la alta jerarquía del MAS, cuya estrategia para lograr un nuevo mandato de Evo Morales, el año 2020, está cifrada en el crecimiento y la unidad de este partido.

Empero, la situación actual podría derivar en el surgimiento de nuevas facciones que, sin lugar a dudas, repercutirán no sólo en el interior del MAS, sino en la gobernabilidad del propio país. (Clovis Díaz) (clovisdiazf@gmail.com).

domingo, 14 de junio de 2015

Fondo Indígena desconoce entrega del 5% del IDH

Una investigación del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq-Orgánico) reveló que el Fondo Indígena nunca percibió el 5% de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) pese a la directriz del Decreto Supremo 28571 establecido en el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé.

El técnico de esta entidad, Manuel Morales Álvarez, autor del libro señaló a Erbol que en 2007, en la gestión de Evo Morales, el 30% del 5 por ciento destinado a proyectos indígenas fue dispuesto para financiar la Renta Dignidad y un año después otro 15% en la implementación de la Universidad Indígena.

Posición. "¿Quién autorizó y firmó los cheques para darle otro uso (al dinero aprobado para indígenas)?. Esto se abre para iniciar un juicio de responsabilidades contra dignatarios de Estado", se pregunta y afirma, Manuel Morales. Sostuvo que hubo "mutilaciones, apropiaciones y uso indebido del dinero del Fondo".

En el informe de gestión 2012 del segundo director del Fondo Indígena, Daniel Zapata, se confirma uso de recursos en actividades no productivas como transferencia al Ministerio de Trabajo, a la renta dignidad, a la Unibol, transferencia a consultores en línea para el INRA, para el Fondo de Educación Cívica y al Sistema de Apoyo Técnico para las Organizaciones Matrices Nacionales. "El gobierno utilizó recursos sin autorización de los pueblos indígenas. Para tocar algún recurso de los pueblos indígenas debió hacerse una consulta previa, eso lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que tiene rango constitucional", sostuvo.

Conquista que fue cercenada. El autor del libro recuerda que la creación del Fondo Indígena se constituyó en una conquista social promovida por el pueblo guaraní.

En 2005 el pueblo guaraní se movilizó en Tararenda Vieja, exigiendo que la Ley de Hidrocarburos, a través de una parte del IDH, los beneficie y se convierta en una especie de reconocimiento a su sacrificio y recompensa por su marginamiento. "Es una conquista para todos, ese es el inicio. Desde el 2006 se descuenta el IDH y resulta que de acuerdo al DS se dispone para otros fines", indica.

En la gestión de Evo Morales se crean delegados de los ministerios de Planificación del Desarrollo Económico y Desarrollo Rural, para diseñar el Fondo Indígena. Los pueblos indígenas están de observadores.

En 2009 se aprueba el reglamento interno, se institucionaliza el Fondo indígena. Durante todos esos años se acumulan recursos

sábado, 13 de junio de 2015

Envían al penal de San Miguel a exalcalde de Uncía

La jueza de Instrucción de Uncía, Jimena Quintana Cors, dispuso la detención preventiva en el penal de San Miguel de Mario Choque Acapana, exalcalde de Chuquihuta, por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El año pasado, los funcionarios públicos Wilbor Bozo Moscozo y Nicasio Acero Anguela protagonizaron un accidente de tránsito en la carretera Uncía-Llallagua con un vehículo oficial. Este hecho causó daños considerables. Sin embargo, el exalcalde de Chuquihuta no asumió ninguna acción para la reparación del daño causado a la Alcaldía.
Además, en agosto de 2013 habría suscrito un contrato con la Empresa Consultora CLB para elaborar un reglamento por 20.000 bolivianos, "pese a que la referida empresa no contaba con la especialidad, ni experiencia para realizar dicha actividad”, según un comunicado del Ministerio de Transparencia.
Pese a todas estas irregularidades, en diciembre pasado se ejecutó el desembolso de 8.000 bolivianos a dicha empresa consultora; pero el municipio hasta ahora no cuenta con los reglamentos solicitados.
"En ese marco, el Ministerio de Transparencia, en atribución a sus competencias el 20/10/14, presentó ante el Ministerio Público de Potosí una denuncia contra Mario Choque Acapana, exalcalde de Chuquihuta Ayllu Jucumani; Arsenia Lora Vizaga, directora administrativa financiera; Wilbor Bozo Moscozo, exoficial mayor de Desarrollo Humano; Nicasio Acero Anguela, exconcejal, por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado”, reportó la entidad.
En relación al resto de los denunciados, se encuentran pendientes de prestar su declaración informativa a objeto de que la Fiscalía pueda emitir criterio en relación a su responsabilidad en los ilícitos denunciados.

Contralor considera “inacabable” hacer seguimiento al Fondioc



El Contralor General del Estado, Gabriel Herbas consideró como una tarea “inacabable” hacer un seguimiento individualizado de los proyectos del Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas y Campesinas (Fondioc) y aseguró que las labores de investigación se han realizado en términos generales y no por departamentos.

“No hemos particularizado por departamento, esa sería una tarea inacabable entonces no hemos particularizado por departamentos sino hemos tomado un conjunto de proyectos de los cuales se ha demostrado que en este grupo de los 153 proyectos. Estos proyectos que se iniciaron del 2010 al 2013 se habían hecho retiros de aproximadamente el 60 por ciento de estos recursos y el plazo había concluido por esa razón es que se ha iniciado esta denuncia”, señaló ayer Herbas ante los medios de comunicación, previo a la realización de un taller de formación en Tarija.
En noviembre de 2013 empezaron a saltar los primeros escándalos sobre irregularidades y el uso indebido de los recursos del fondo indígena. A principios de 2015 aparecieron nuevos escándalos que forzaron al presidente Evo Morales a intervenir en el fondo.
“Duele mucho, pero tengo que decirles vamos a intervenir (el Fondo Indígena), caiga quien caiga. Tienen que ser procesados los del Fondo Indígena”, dijo en su día el jefe del Estado boliviano.
Desde entonces, la justicia ha ido imputando a varios de los supuestos implicados en el manejo irregular, el último en ser señalado fue el ex jefe administrativo del Fondo Indígena, Edgar Foronda, quien fue detenido el pasado jueves. Sin embargo, la investigación sigue avanzando a paso lento y todavía no hay una investigación a fondo de todos los proyectos que han recibido el fondo indígena.
“En realidad nosotros hacemos una revisión por proyectos y hemos encontrado estos 153 proyectos, hemos emitido un informe en el cual se han encontrado indicios de irregularidad por aproximadamente 71 millones de bolivianos, esto lo hemos hecho conocer al Ministerio Público, y éste tiene toda la potestad para ampliar esta investigación hacia áreas que corresponden”, manifestó el Contralor.
Lo que ha hecho la Contraloría General en este sentido, indicó Herbas, es pasar un conjunto de proyectos para que el Ministerio correspondiente verifique su existencia o haga la recepción antes de volver a verificar. “Hoy existe una intervención en el fondo indígena y seguramente en algún momento vamos a revisar el trabajo de la intervención”, apuntó.
Por las palabras del contralor, parece ser que el esclarecimiento global de todo lo que ha sucedido con el Fondioc está lejos de llevarse a cabo.
Para el Capitán de Yacuiba de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Jorge Mendoza, es responsabilidad del Gobierno aclarar todo lo acontecido con el fondo.
“La Asamblea del Pueblo Guaraní ha hecho una gran movilización con tener ese cinco por ciento (del Fondioc) pero lastimosamente al final no hemos sido beneficiados en nada y eso ya es responsabilidad del Gobierno para determinar quiénes son los culpables”, expresó.
En este sentido, lamentó que debido al mal manejo de algunos proyectos, se hayan paralizado otros que ayudaban al desarrollo de las comunidades. “Teníamos un proyecto ganadero que se iba a desembolsar para este año y bueno, han surgido estos problemas y nos hemos quedado nuevamente sin proyecto”, afirmó.



Foronda fue aprehendido por no rendir cuentas

El ex jefe administrativo del Fondo Indígena, Edgar Foronda, fue aprehendido el jueves por decisión del Ministerio Público, al no rendir informes de al menos 406.000 bolivianos de los fondos de avances que recibió, en diferentes oportunidades, de esa entidad del Estado. El Ministerio Público investiga a 26 funcionarios del Fondo Indígena que recibieron recursos, pero no presentaron un informe sobre el destino de los recursos.

Fondioc: Exministra aparece implicada en estafa


“LA GRAN ESTAFA” DE MANUEL MORALES ÁLVAREZ DESVELA NOMBRES DE EX MINISTRAS DE ESTADO, DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y EX PARLAMENTARIOS.

Dirigentes campesinos que tuvieron participación relativamente constante en las reuniones del directorio del cuestionado Fondo Indígena fueron Julia Ramos, Roberto Coraite, Sergio Hinojosa, Isaac Ávalos, Rodolfo Machaca y Felipa Huanca. Sus nombres figuran desde 2008 a febrero de 2014, según la información reflejada en el libro: “La gran Estafa” de Manuel Morales Álvarez.

De acuerdo al decreto 28571, el directorio “es la instancia máxima de decisión y coordinación para la gestión”. Asimismo tiene las facultades de aprobar o rechazar el financiamiento de proyectos mediante resoluciones. Formula, programa y ejecuta las políticas internas. Aprueba los estados financieros, la memoria y el presupuesto anual.

También tiene la competencia de aprobar la designación del Director Ejecutivo, evalúa su gestión y determina su ratificación o remoción. En general, se ocupa de realizar todos aquellos actos y operaciones necesarios para el cumplimiento de las funciones del Fondo, establece la norma.

DESARROLLO RURAL

En las reuniones, Julia Ramos aparece en 2009 como ministra de Desarrollo Rural y el 2010, como dirigente de las Bartolinas. Participa en al menos 12 reuniones del directorio. Asimismo, aparecen el exdirigente de los campesinos, exsenador y actual asambleísta departamental en Santa Cruz, Isaac Ávalos.

DIRIGENTES DEL MAS

Leonilda Zurita, exdirigente de las Bartolinas, dirigente del MAS y actual asambleísta departamental de Cochabamba, también participó por lo menos en ocho reuniones en el directorio del Fondo Indígena, entre 2009 y 2010. Lo mismo pasó con Sergio Hinojoza del Conamaq.

Desde el 2010 y hasta la fecha, Nemesia Achacollo está al frente del Ministerio de Desarrollo Rural y por lo tanto presidió el directorio del Fondo. El exdirigente y excandidato del Movimiento Sin Miedo (MSM), Roberto Coraite intervino en varias sesiones del directorio.

Felipa Huanca, dirigente de las Bartolinas en La Paz y excandidata a la Gobernación paceña aparece en los directorios a fines de 2010 e interviene en reuniones que se realizaron en las gestiones 2011, 2012, 2013 y 2014, etapa en la que también aparecen los máximos dirigentes de las organizaciones como Juanita Ancieta, Ever Choquehuanca, Melva Hurtado y Rodolfo Machaca.

EX DIPUTADO

En los cuadros también se puede observar los nombres de Pedro Nuny, Adolfo Chávez, Bertha Bejarano, Gustavo Aliaga, Nelson Bartolo entre otros dirigentes.

Convocarán a ligueros

Continuando con las citaciones para declarar en Sucre por los casos de corrupción en la FIFA que salpicaron a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), la Fiscalía General anunció que la próxima semana convocará a los presidentes de los clubes ligueros.

“Vamos a continuar con la investigación para saber cuántos recursos ha recibido la Federación Boliviana de Fútbol, cuál ha sido la forma en la que se ha licitado y esos recursos cómo se han distribuido, en qué se han gastado”, manifestó el fiscal General, Ramiro Guerrero, en una conferencia de prensa.

Explicó que por el momento no se convocará al presidente de la FBF, Carlos Chávez, por un tema estratégico. “En el momento oportuno lo convocaremos, pero este tiempo nos está permitiendo tener mayores elementos del manejo de los recursos económicos de la Federación”, señaló.

A la fecha, brindaron su declaración en Sucre los dirigentes Fernando Humérez, Jorge Justiniano, Wálter Zuleta, Pedro Zambrano, Jorge Decormis, Oscar Loredo, Mauricio Méndez, Alberto Lozada, Armando Canedo, Hugo Miranda y Eduardo Salamanca.

MERCOSUR
Los fiscales de los países que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur) acordaron investigar posibles hechos de corrupción en el fútbol regional, destapados a raíz del escándalo de sobornos en la FIFA que investiga la Fiscalía de EE.UU., informó ayer el Ministerio Público de Bolivia.

La decisión fue tomada el jueves en una reunión realizada en la ciudad brasileña de Ouro Preto, en la que los funcionarios acordaron pedir a su colega estadounidense Loretta Lynch una copia de las investigaciones que realiza sobre la supuesta corrupción en la FIFA, señaló el fiscal general boliviano, Ramiro Guerrero.

viernes, 12 de junio de 2015

Sentencian a ocho años de reclusión a un exalcalde

Por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, el Tribunal de Sentencia de Riberalta dictó una sentencia de ocho años de reclusión en la cárcel de Mocoví de Trinidad para Freddy Mejía Pedriel, exalcalde de Riberalta. El Ministerio de Transparencia Institucional, el 18 de mayo del año 2009, presentó una denuncia ante Ministerio Público de Beni contra Freddy Mejía Pedriel por ambos delitos, según una nota de prensa de ese ministerio.
La exautoridad, durante el ejercicio de sus funciones (2005-2010), cometió irregularidades en el nombramiento de personal del municipio, al permitir que los servidores públicos a su cargo designen a sus propios familiares.
Está el caso del Jefe de Presupuesto Municipal que nombró a su hermano en el cargo de Tesorero Municipal con un salario de 5.200 bolivianos. Asimismo, el Oficial Mayor designó a su hermano como Oficial Mayor de Desarrollo Humano con un salario de 7.560 bolivianos, según la nota de prensa de Transparencia.
En 2008 la Contraloría General detectó un daño económico de 764.000 bolivianos en el gobierno municipal de Riberalta, en la gestión de Mejía, por la compra irregular de dos volquetas a medio uso y un desembolso sin registro contable ni documentación de respaldo.

Santa Cruz tiene el mayor índice de casos por legitimación de ganancias ilicitas

Según informe del Ministerio Público en lo que va del año se ha presentado 50 casos por legitimación de ganancias Ilícitas.

De los 50 casos, un total de 32 fueron presentados en Santa Cruz; 12 en La Paz; cuatro en Cochabamba y dos en Oruro.

En Santa Cruz se tiene 25 casos en proceso de , 7 en La Paz , 11 en Cochabamba, 3 en Oruro, 1 Potosí y Sucre.

Sustancias Controladas. En abril de este año a nivel nacional se dictaron 213 sentencias de las cuales 211 son condenatorias y 2 absolutorias, de las cuales 123 fueron mediante proceso abreviado, informó la Fiscalía Especializada.

El departamento con mayor número de sentencias es Santa Cruz de la Sierra con 90, Cochabamba 54, La Paz 35, Oruro 9, Tarija 7, Pando 6, Beni 5, Potosí 3, Sucre 3 y 1 en fronteras.

Surgen nuevas acusaciones contra Felipa Huanca: Libro abre interrogantes sobre desvío de fondos

Manuel Morales Álvarez plasmó en su libro Fondo Indígena: la gran estafa-propuestas desde los pueblos indígenas una compilación de todas las denuncias en torno a la corrupción en esta entidad en el que formula que el mayor problema en este tema es supuestamente el “desvío de los recursos económicos” para otras actividades ajenas al objetivo con el que fue creado el fondo.

TREGUA

La exresponsable del Fondo, Felipa Huanca, agobiada por las acusaciones ha pedido una tregua a las dirigentes opositoras en la Federación de Mujeres Bartolina Sisa. Campesinas de 17 provincias llamaron para este mes a un Congreso y Huanca a otro para julio. La Federación está dividida y quienes no quieren a Huanca no le perdonan su supuesta participación en actos de corrupción en el Fondioc. Ella dice que solamente dirigió un proyecto.

RECURSOS IDH

El autor hace un repaso a los hitos de la conquista del 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a favor de los pueblos indígenas, durante el gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), recursos destinados a proyectos productivos de las comunidades indígena campesina.

El largo recorrido de cinco años que tardó el Gobierno a través de sus representantes de los ministerios, para diseñar la estructura institucional del Fondo Indígena, como el plan estratégico, el reglamento de transferencias público-privadas. Proceso en el que los pueblos indígenas habrían “sido invitados de piedra”.

CONTRALORÍA

Hace una revisión al informe de la Contraloría General del Estado, el que evidencia que 153 proyectos suscritos entre 2010-2011 “ninguno fue concluido”, no se presentó informes de avances y de cumplimiento, razón por la que tampoco recibieron el segundo desembolso”, cita en el libro.

La mayoría de los proyectos aprobados para 12 meses de ejecución, algunos a seis meses y otros hasta 18 meses, a cinco años de iniciado en funcionamiento del Fondo, no existen informes ni supervisiones técnicas de parte de los funcionarios de la institución.

EJECUCIÓN

Este hecho le lleva al autor a “suponer que la totalidad de dichos proyectos fueron ejecutados irregularmente”. Asimismo, le pone el ojo a los recursos que efectivamente habría recibido la entidad y los recursos que debieron ser transferidos por el 5% del IDH. Ahí plantea que las cifras varían, cosa que no debería ocurrir.

La ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, informó en el Senado que al Fondo ingresó 3.2 mil millones de bolivianos, Morales hace un cálculo de los ingresos que debió recibir esta institución y alcanza a 3.9 mil millones de bolivianos. Y se establece una diferencia de poco más de 727 millones de bolivianos.

DANZA DE CIFRAS

“Los datos varían en una gran proporción (…). Lo que lleva a preguntar: ¿Dónde está ese dinero? Una respuesta probable es que los datos que anuncia la Ministra Achacollo respecto a los ingresos del Fondo Indígena procedan ya con un descuento del Ministerio de Hacienda, para el pago de la renta dignidad, universidades indígenas y el Instituto de Reforma Agraria”.

“MUTILACIONES”

Morales sostiene que se habrían ejecutado “mutilaciones, apropiaciones y uso indebido del dinero del Fondo” y demuestra ello con base en el informe de gestión 2012 que se destinaron a actividades no productivas como transferencia al Ministerio de Trabajo, a la renta dignidad, a la UNIBOL, transferencia consultores en línea para el INRA, para el Fondo de Educación Cívica y al Sistema de Apoyo Técnico para las Organizaciones Matrices Nacionales.

CASO BELAUNDE. UN VOCAL A LA CÁRCEL Y OTRO CON ARRESTO Un exviceministro y dos efectivos investigados

El abogado Jorge Valda fue detenido. Afirma que se entregó dinero a la Conare.

Un exviceministro de Justicia, un efectivo de Policía y otro del Ejército, son investigados por la comisión de fiscales que investiga el caso de evasión y cohecho (soborno a funcionarios estatales) por el empresario Martín Belaunde Lossio, informó la fiscal Miriam Calderón.

Las tres personas, además de la asesora jurídica del Ministerio de Gobierno, fueron mencionadas por el abogado Jorge Valda quien el miércoles fue enviado de forma preventiva a la cárcel de San Pedro.

Alberto Morales, abogado defensor, afirmó que su cliente en audiencia cautelar reveló que Martín Belaunde destinó a 50.000 dólares para el exviceministro de Justicia y la asesora legal del Ministerio de Gobierno, por ser miembros del Conare. En tanto que los dos uniformados, uno de Policía y otro del ejército, solicitaron cerca de 200.000 dólares para planificar y ejecutar la fuga de Martín Belaunde Lossio el 24 de mayo.

Este hecho fue anotado por los miembros de la Fiscalía que emitieron citaciones ayer para citar a los mencionados y recibir sus declaraciones en torno al caso Belaunde, que derivó en una crisis judicial en el país y la caída del exministro de Gobierno Hugo Moldiz y el comandante de la Policía, general Luis Cerruto.

La fiscal Miriam Calderón afirmó que los tres varones y la mujer serán investigados por cohecho y complicidad en la evasión.



INVOLUCRADO. Además, Jorge Valda reveló también que el policía Rodrigo Quispe Quispe, señalado como el autor intelectual y material de la fuga se reunió en tres ocasiones con Belaunde Lossio en Bajo Llojeta y solicitó dinero a nombre del exministro Hugo Moldiz, lo cual no fue desmentido aún por la exautoridad de Estado, cesado de sus funciones un día después de la fuga del empresario peruano.

Valda señaló en audiencia que existen la menos cinco personas del Poder Ejecutivo y otro número de Policías a quienes también se les dio dinero. El mismo habría sido entregado en cuatro oportunidades por Yuliano Arista, el Curaca Blanco, quien en su primera declaración señaló a miembros del Conare y, en la segunda, se retractó.

Cuadro de texto: informe. Empero, la comisión de fiscales, basada en la primera declaración del primo de Belaunde Lossio, solicitó a la Unidad de Investigaciones Financieras un informe de cuentas de todos los involucrados para establecer si los montos señalados fueron dispuestos por los involucrados para favorecer al empresario peruano.

En tanto la Fiscalía hizo conocer que El Curaca Blanco, parte de la cadena de evasión, fue hasta el Perú para obtener dinero que Martín Belaunde guardaba en una de sus casas y realizó los giros, por 20.000, 30.000 y 75.000 dólares, a nombre de Jorge Valda, el abogado, quien espera una respuesta judicial a su solicitud de proceso abreviado.



UN VOCAL ESTÁ EN LA CÁRCEL Y OTRO CON ARRESTO DOMICILIARIO. El jueves el juez anticorrupción Ramiro Pinto resolvió la detención domiciliaria del vocal Ricardo Chumacero, quien ganó un incidente de aprehensión ilegal. En tanto que su colega, el vocal Ramiro López fue enviado a la cárcel de San Pedro de forma preventiva. El abogado Jorge Valda involucró a los vocales, a quienes supuestamente entregó a 80.000 dólares.

jueves, 11 de junio de 2015

Video Valda denunció que George Peter Nava pidió 500 mil dólares para facilitar la fuga de Belaunde

Video Fue detenido el exdirector administrativo del FONDIOC

Video Carlos Chávez se negó a entregar informe económico a Transparencia

Valda dice que dio dinero a gente del Gobierno, no a los 2 vocales

En su ampliación de declaración ante el Ministerio Público, Jorge Valda, exabogado de Martín Belaunde, afirmó que los sobornos en favor de quien fuera su defendido los entregó a altos funcionarios del Gobierno y no así a los dos vocales que ahora son procesados, según afirmó el abogado del jurista, Alberto Morales. Y anoche la fiscal Fariry Arnez informó de la detención preventiva de Valda en la cárcel de San Pedro.

Morales dijo que la Fiscalía actúa con selectividad al sólo investigar a Ricardo Chumacero y Ramiro López, vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia de La Paz, y no así al resto de los implicados.
"El cohecho que asumió Valda no era con relación a los dos vocales, él no les entregó un peso a ellos, era con relación a funcionarios del Órgano Ejecutivo. Los dos vocales no recibieron dinero de Valda, según lo que él declaró, eso se los puedo asegurar”, informó ayer Morales. durante un cuarto intermedio en la audiencia cautelar de su defendido.
El abogado dijo que le sorprende "la selectividad” de la Fiscalía, pues no investiga a los funcionarios que "están vinculados a los órganos de seguridad del Estado”.
"Esa selectividad me aterra, me asusta. Porque sólo se enfatizó la investigación contra aquellos a los que Valda dijo ‘yo no les di a ellos’, y los demás de quienes dijo que sí, a través de otras personas, les dio el dinero, no están perseguidos ni nada”, afirmó.
Declaraciones similares tuvieron otros abogados días atrás, como María Cecilia Rocabado y Erick Sossa, abogados de Ricardo Chumacero, quienes manifestaron que al revisar la declaración de Valda, se mencionaba a otras autoridades además de los dos vocales.
Chumacero y López fueron imputados por cohecho pasivo, tras ser acusados de pedir 100.000 dólares a Valda para favorecer a Belaunde con un amparo constitucional para obtener su refugio político.
Ya antes, cuando los vocales emitieron esa resolución favorable al empresario peruano, el Gobierno se molestó. El entonces ministro Hugo Moldiz anunció que se los investigaría y el Conare les inició un proceso por prevaricato e incumplimiento de deberes.
El juicio abreviado al que solicitó acogerse Valda no se concretó debido a que la Fiscalía no emitió el requerimiento ante el juez. Por esto, la defensa del abogado considera que fueron "utilizados”.
"Han usado a Valda. Él puso en riesgo su secreto profesional y su responsabilidad por violar ese secreto al prestar información a la Fiscalía”, dijo Morales.
Para este fin, Valda se reconoció culpable de cohecho activo, pues declaró recibir dinero y entregarlo a funcionarios para favorecer a su excliente, Belaunde.
Después de que el exabogado del peruano declarara ante el Ministerio Público para ir a procedimiento abreviado, el fiscal departamental de La Paz, Paul Franco, mencionó que se dio al menos 10 nombres de implicados en el caso Belaunde, sólo dos corresponden a los vocales.
El vicepresidente Álvaro García Linera declaró el lunes que una red "poderosa” de corrupción operó en el caso Belaunde, la misma que incluso puede actuar contra el presidente Evo Morales.

Anoche, el abogado Morales, tras finalizar la audiencia, no reveló nombres y pidió a la Fiscalía que investigue los 500.000 dólares que pidieron a nombre de un ex ministro de Gobierno y 50.000 dólares a nombre del Conare para beneficiar a Belaunde.

El abogado denunció que su vida corre peligro

Antes del inicio de la audiencia cautelar, Jorge Valda y su abogado solicitaron al juez que la misma se declare en reserva, debido a que por los datos que se expondrían y los nombres que se darían corría peligro su vida y la de sus familiares.
"Mi persona fue amenazada de muerte el primer día que entré a celdas judiciales. Lo mismo sucedió con otras personas detenidas. En este caso se develó que hay intereses gravemente comprometidos con la información que nosotros hemos brindado, autoridades que han sido mencionadas”, afirmó Valda.
Ante este pedido, la comisión de fiscales manifestó su rechazo, lo mismo que los representantes del Ministerio de Gobierno, Transparencia y de la Policía. Se argumentó que la población tiene el derecho a saber quiénes están involucrados en este caso.
"La opinión pública sólo conoce un 10% de lo que yo he declarado y los datos que tengo. Además que hay mucha tergiversación”, dijo Valda.
Ante esto, el juez primero anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, aseguró que "se debe resguardar el derecho a la vida”, y la audiencia fue en reserva.
En otras audiencias, Carmen Arista fue sentencia a seis meses de trabajo comunitario en la Alcaldía de Santa Cruz y el chofer de Valda, Martín Cortés, recibió medidas sustitutivas.

Libro sobre el Fondo Indígena, “La gran Estafa”', plantea posible desvío de recursos

Manuel Morales Álvarez plasmó en su libro del "Fondo Indígena: la gran estafa-propuestas desde los pueblos indígenas”, una compilación de todas las denuncias en torno a la corrupción en esta entidad en el que formula que el mayor problema en este tema es supuestamente el "desvío de los recursos económicos” para otras actividades ajenas al objetivo con el que fue creado el fondo.



El autor hace un repaso a los hitos de la conquista del 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a favor de los pueblos indígenas, durante el gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), recursos destinados a proyectos productivos de las comunidades indígena campesina.



El largo recorrido de cinco años que tardó el Gobierno a través de sus representantes de los Ministerios, para diseñar la estructura institucional del Fondo Indígena, como el plan estratégico, el reglamento de transferencias público-privadas. Proceso en el que los pueblos indígenas habrían "sido invitados de piedra”.



Hace una revisión al informe de la Contraloría General del Estado, el que evidencia que 153 proyectos suscritos entre 2010-2011 "ninguno fue concluido”, no se presentó informes de avances y de cumplimiento, razón por la que tampoco recibieron el segundo desembolso”, cita en el libro.



La mayoría de los proyectos aprobados para 12 meses de ejecución, algunos a seis meses y otros hasta 18 meses, a cinco años de iniciado en funcionamiento del Fondo, no existen informes ni supervisiones técnicas de parte de los funcionarios de la institución.



Este hecho le lleva al autor a "suponer que la totalidad de dichos proyectos fueron ejecutados irregularmente”. Asimismo, le pone el ojo a los recursos que efectivamente habría recibido la entidad y los recursos que debieron ser transferidos por el 5% del IDH. Ahí plantea que las cifras varían, cosa que no debería ocurrir (Ver cuadro extraído del libro).



La ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, informó en el Senado que al Fondo ingresó 3.200 millones de bolivianos, Morales hace un cálculo de los ingresos que debió recibir esta institución y alcanza a 3.900 millones de bolivianos. Y se establece una diferencia de poco más de 727 millones de bolivianos.



"Los datos varían en una gran proporción (…). Lo que lleva a preguntar: ¿Dónde está ese dinero? Una respuesta probable es que los datos que anuncia la Ministra Achacollo respecto a los ingresos del Fondo Indígena procedan ya con un descuento del Ministerio de Hacienda, para el pago de la renta dignidad, universidades indígenas y el Instituto de Reforma Agraria”.



Morales sostiene que se habrían ejecutado "mutilaciones, apropiaciones y uso indebido del dinero del Fondo” y demuestra ello con base en el informe de gestión 2012 que se destinaron a actividades no productivas como transferencia al Ministerio de Trabajo, a la renta dignidad, a la UNIBOL, transferencia consultores en línea para el INRA, para el Fondo de Educación Cívica y al Sistema de Apoyo Técnico para las Organizaciones Matrices Nacionales.

Caso Rózsa El juicio se suspende hasta este lunes 15

A solicitud del primer testigo de la Fiscalía, el mayor de Policía, Miguel Rolando Ocampo, el presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, suspendió ayer la audiencia del caso Rózsa hasta el lunes 15 a las 15:30.

Según la argumentación del aludido y de acuerdo al diagnóstico médico, padece de hepatitis, enfermedad que ya se encuentra en periodo de incubación.

Además, el primer testigo del Ministerio Público, mencionó que su hijo sufrió una recaída de la enfermedad y su esposa también tiene un cuadro de salud similar.

Interpelación a Paco. Por otro lado, el jefe de la Bancada de Unidad Demócrata (UD) en el Senado, Óscar Ortiz, anunció que hoy la ministra de Comunicación, Marianela Paco, debe responder en un Informe Oral quién pagó la separata del caso Rózsa donde implican a Rubén Costas

Denuncian desaparición de 40 paneles solares del Fondo Indígena

El dirigente de la nación originaria de Uru Chipaya, Paulino Condori López, denunció que de los 347 paneles solares, financiados por el Fondo Indígena, 40 no se ejecutaron y hasta el momento desconocen su destino. El originario señaló al exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Benigno Quispe, como el presunto responsable de esta irregularidad, sin embargo, el aludido deslindó toda responsabilidad.

“Este proyecto de paneles solares es del Fondo Indígena, yo soy de la nación originaria Uru Chipaya del departamento de Oruro y vengo a denunciar sobre 40 paneles que no se han ejecutado nada, por esa razón vengo a denunciarlo al exdiputado Benigno Quispe, él hizo un fraude, él era del partido del MAS, él me engañó y quiero que aclare”, afirmó Condori.

Quispe, en un breve contacto telefónico con Erbol, dijo desconocer la denuncia sobre esta irregularidad y que los responsables eran otras personas.

“En el tema de paneles, los responsables fueron de la organización de la nación originaria Urus, encabezado por Valentín, Sebastián y Paulino, ellos han manejado y a mí sin motivo me están involucrando en ese tema”, aseveró.

Condori agregó que en la lista de los 40 beneficiarios de paneles solares –que supuestamente desaparecieron– incluso están nombres de personas que ya fallecieron.

Más denuncias contra Felipa Huanca

Tras que la excandidata a la Gobernación de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Felipa Huanca, negara las acusaciones sobre la presunta malversación de 71 millones de bolivianos en la ejecución de 153 proyectos financiados por el Fondo Indígena, se presentó otra denuncia en contra de esta, que involucraría a más funcionarios.

Según el fiscal de materia, Javier Flores, el Ministerio Público citará en los próximos días a las personas que se mencionan dentro de la denuncia.

“Es un proceso que nos ha llegado a la división de anticorrupción y lo que vamos a hacer es investigar. Se van a citar a todas las personas que son denunciadas y posteriormente se va a emitir una resolución de acuerdo a los antecedentes del caso (…) serían funcionarios del Fondioc”, manifestó Flores a radio Erbol, emisora que indica que la denuncia sería por la presunta entrega de viáticos a los miembros del Fondo Indígena por la suma de 400.000 bolivianos.

El abogado de Huanca, Gonzalo Cordero, aseguró que todas las acusaciones en contra de su clienta serán desvirtuadas en los próximos días, ya que Huanca sólo fue responsable de un proyecto denominado “Ayni” que ejecutó alrededor de 99.000 bolivianos para su realización.

“La cantidad de dinero que asciende a 99.000 bolivianos, es la única cantidad que se le ha entregado, ha sido aclarado también ante la fiscalía acompañada de documentación que está siendo entregada al Ministerio Público, a fin de que se valore que en el informe de la Contraloría y de la querella de Rafael Quispe, existen argumentos que van a caer por su propio peso”, señaló.

Envían a Valda a San Pedro Denuncian que pidieron $us 500 mil a nombre de un exministro de Gobierno

El pago de 500.000 dólares se “pidió a nombre” de un exministro de Gobierno declaró Alberto Morales, abogado defensor de Jorge Valda, implicado en la fuga de Martín Belaunde (exasesor del presidente del Perú Ollanta Humala). El dato fue revelado anoche, al finalizar la audiencia donde no estuvo la prensa, luego de que el juez primero anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, determinó detención preventiva en el penal de San Pedro para al abogado. “Hay nombre y apellido” sostuvo Morales.

Previa a la audiencia, los fiscales coincidieron en señalar que Valda intenta ensuciar a autoridades de Gobierno, como represalia a su detención. Al finalizar la cautelar negaron que el tema haya sido tratado y no descartaron citar a otras personas a declarar.

Belaunde fue extraditado al Perú el 29 de mayo, luego de ser recapturado en la localidad de Magdalena, en Beni, a 100 kilómetros de la frontera con Brasil, a causa de su fuga, siete familiares piden someterse a proceso abreviado, ya se tiene cinco sentencias.

En las declaraciones de Jorge Valda, tomadas al momento de su aprehensión, “no hay ni una coma” que involucre al vocal Ricardo Chumacero, afirmó Morales. Al contrario, dijo que en el testimonio proporcionado a la Fiscalía, Valda hace mención al “pedido” de 500 mil dólares a nombre de un exministro de Gobierno, y de 50 mil a favor miembros de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) en Bolivia, declaró Morales sin precisar nombres.

Sin embargo, de forma “selectiva”, los datos no son tomados en cuenta por los fiscales, que se enfrascan en el procesamiento de los vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, sin existir prueba material, “vamos a ver cómo elabora su informe el juez (Pinto)”, los fiscales tienen “nombre y apellidos” de las autoridades, detalló Morales.

Al termino de más de 10 horas de la audiencia de medidas cautelares, cerca de las 20.45, Valda fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro, imputado por cohecho activo y favorecimiento a la evasión, en relacionado a la supuesta entrega de dinero y vehículos a dos vocales del TDJ, pagos a miembros del Poder Ejecutivo y altos funcionarios de la Conare, implicados para favorecer en el pedido de refugio político a su cliente Martin Belaunde, acusado en su país por enriquecimiento ilícito y en relación al escándalo presidencial que se ha destapado en estos días en Perú, sobre dinero enviado desde Venezuela para gastos dispendiosos de la esposa de Humala.

ENCUBRIMIENTO

Morales detalló que Valda puso en riesgo su credibilidad y faltando al acuerdo del secreto profesional, que se tiene entre cliente y abogado, reveló a la comisión de fiscales varios detalles relacionados a la situación de Belaunde.

“El doctor Valda, ha prestado información y la Fiscalía ha sido selectiva en el uso de esa información y solo se ha empeñado en dos vocales, (…) el cohecho que asumía el doctor Valda, no era con relación a los dos vocales, él no les entrega un peso a ellos, era con relación a miembros del poder ejecutivo, esa selectividad, me aterra”, declaró Morales que se negó a revelar los nombres de los miembros del Poder Ejecutivo que están implicados pero la comisión de fiscales no investiga ni ha imputado.

EL DIARIO intentó comunicarse con Hugo Moldiz, último exministro de Gobierno, pero el número de celular marcado estaba apagado, mientras desde esa cartera de Estado se desconocía del tema. Recordemos, que antes de la recaptura de Belaunde se exhibió una fotografía en la que se ve abrazado a otra exautoridad, Jorge Pérez con Yuliano Arista, el Curaca Blanco, pariente de Belaunde.

Por su lado, aún en horas de la tarde, César Siles, presidente de la Conare, negó las denuncias de Morales, señalando que los fallos emitidos, sobre el refugio político a Belaunde, fueron uniformes.

Fiscalía esperará antes de citar a Chávez

Aunque todavía no se emitió la citación al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Carlos Chávez, para que declare en Sucre, la Fiscalía General anunció que continuará convocando a más dirigentes del fútbol nacional.
"Estamos convocando a más personas a declarar en las próximas horas, los próximos días, la próxima semana, todo de acuerdo a un cronograma que hemos realizado para continuar la investigación”, manifestó el fiscal superior Iván Montellano, quien lleva el caso de los supuestos actos de corrupción en la FIFA que salpicaron a la FBF.
De esa manera, abrió la posibilidad de que más dirigentes nacionales de fútbol lleguen a Sucre para declarar, aunque las fechas las mantuvo en reserva.
En el caso de Chávez y la nueva fecha para su presencia en la Capital, señaló que "cuando lo convoquemos (Chávez), ustedes van a saber cuándo y a qué hora” y que por el momento "estamos tomando declaraciones en las cuales están surgiendo algunos datos dentro de la investigación que nos aportan elementos para continuar la misma”.
En tanto, el presidente de la FBF, Carlos Chávez, quien tenía planificado viajar ayer a Chile, aseguró que volverá al país el 24 de este mes.

miércoles, 10 de junio de 2015

Video Surge una nueva denuncia contra Edgar Patana