martes, 31 de mayo de 2016

Gobierno activó cuatro acciones para “neutralizar” el caso Zapata



Juristas, analistas y legisladores de oposición coincidieron en que el Gobierno aplicó una estrategia de cuatro pilares para "neutralizar” las denuncias de Gabriela Zapata, quien ahora quedó sin familiares ni abogados que la defiendan.

El abogado constitucionalista William Bascopé explicó que el primer frente de la estrategia fue la conclusión de la comisión legislativa integrada por la mayoría del MAS: que no hubo tráfico de influencias en los contratos que suscribió el Gobierno con la empresa china CAMC, en la que Gabriela Zapata ejerció el cargo de gerente comercial.

"La Asamblea Legislativa, donde el MAS tiene más de dos tercios, aprobó un informe que deslinda de cualquier responsabilidad de tráfico de influencias al presidente Morales”, dijo Bascopé y aseguró que el segundo paso fue negar la existencia del hijo que presuntamente tuvo Zapata con el mandatario.

A eso, el analista Iván Arias observó que al mismo tiempo las autoridades y legisladores del MAS se encargaron de desacreditar las declaraciones de Zapata, detenida preventivamente en el penal de Miraflores.

"El mismo Presidente y los ministros afirmaban que no existía el niño. Paralelamente desacreditaban las denuncias y declaraciones de Zapata”, indicó.

El 13 de mayo, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció a Zapata y Cristina Choque, exjefa de la Unidad de Gestión Social, por encabezar una organización criminal junto a otras cinco personas.

El tercer paso y el más importante, según el senador Arturo Murillo (UD), fue afianzar "el miedo” con la detención de familiares y abogados de Zapata "para evitar que salgan denuncias como las que involucraron a ministros. Con persecución, amenazas y otros escándalos lograron opacar el caso”, afirma.

Antes de la detención de Pilar Guzmán y Eduardo León, "tía” y abogado de Zapata, la expareja del Presidente dijo que se pagaron comisiones en tres contratos suscritos por el Estado con empresas internacionales e involucró a los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Minería, César Navarro; y de Obras Públicas, Milton Claros.

Arias afirmó que este hecho hizo que Zapata se quede sola.

La estrategia se coronó -dijo Arias- con las declaraciones de Carlos Valverde y de Pilar Guzmán, que afirmaron que no existe el hijo de Zapata con Morales.

"El Gobierno logra que Valverde y la tía de Zapata afirmen que el hijo no existe; con esa victoria silencia el tema, pero no lo resuelven”, indicó.

Para el jurista Bascopé, las responsabilidades saldrán en el futuro, pues "con los dos tercios del MAS no puede haber una investigación seria, además en la Fiscalía hay cierta funcionalidad a favor de intereses políticos y lamentablemente no hacen caso a su mandato constitucional”.

El calvario judicial de León continúa; anuncia querellas

La defensa del abogado Eduardo León, exrepresentante legal de Gabriela Zapata, prepara demandas penales contra los fiscales y jueces que realizaron una imputación defectuosa y se excusaron de conocer el caso, respectivamente.

León sigue detenido y ayer se conoció que podría ser remitido a la cárcel si no cumple con los requisitos exigidos para su “detención domiciliaria”, le falta un custodio.

“Ahora vamos a iniciar una demanda penal en contra de todos aquellos jueces que se han excusado de conocer la causa y en contra de la comisión de fiscales que también ha actuado de manera artera e ilegal en contra de mi persona por ‘incumplimiento de deberes y consorcio de jueces, fiscales y abogados’”, aseguró el exdefensor de Gabriela Zapata Montaño.

Anteriormente, la secretaria jurídica de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Claudia Lecoña, censuró el trabajo de los fiscales Susana Boyan, Cristian Lanza y Mariana Montero, y aseguró que deberían ser procesados por incidir en errores procedimentales que vulneran los derechos de León, como ser la imputación defectuosa y las complementaciones realizadas al documento.

En su oportunidad, León informó que la imputación fue corregida en cuatro oportunidades debido a que los fiscales cometieron varios errores, lo que derivó en la suspensión de las audiencias cautelares y de la acción de libertad.

“El fiscal departamental debería instruir que se abra un proceso penal a los fiscales que han desobedecido las órdenes de la juez en esta acción de libertad, por incumplimiento de deberes, por desobediencia a la autoridad en remitir este cuaderno de investigación. Estamos evidenciando que hay vicios de procedimiento, no solamente vulneración de derechos sino vicios de procedimiento”, dijo la representante de Derechos Humanos luego que se suspendió el miércoles pasado, en horas de la mañana, la Acción de Libertad porque los fiscales no remitieron el cuaderno de investigaciones.

A su vez, el fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, dijo que los problemas que se presentaron en la imputación en contra de León fue debido a fallas técnicas en la impresión del documento, pero que en todo caso esperaría a que se defina la audiencia cautelar por trata y tráfico en el caso Zapata, para ver qué acciones tomar.

Delicado de salud

La defensa de Eduardo León presentó un memorial ante la jueza Milenka Gutiérrez solicitando la internación en un centro médico de su cliente por su delicado estado de salud.

Ayer fue trasladado a la Fiscalía para que preste declaraciones por el delito de falsedad y uso de instrumento falsificado. Se supo que se suspendió por su delicado estado de salud.



RIESGO DE IR A LA CÁRCEL

Ayer se conoció del riesgo que corre Eduardo León de ser remitido a la cárcel si no cumple con los requisitos exigidos para que cumpla con la medida sustitutiva de “detención domiciliaria”.

El jueves pasado, la jueza Segundo de Instrucción Penal Cautelar de El Alto, Milenka Gutiérrez, otorgó el arresto domiciliario con derecho a ejercer su trabajo previo cumplimiento del empozo de una fianza de 80 mil bolivianos, arraigo, custodio las 24 horas, entre otros. El plazo dado fue de 72 horas que expira este martes.

Los dos primeros trámites administrativos se cumplieron, pero lo que pone en riesgo esta medida es la falta de custodio, debido a que la instancia respectiva no designó al mismo.

“Los custodios lamentablemente están tardando porque dependen del Gobierno no?, en tanto el tema del arraigo ya ha sido solucionado, la fianza también está cumplida”, señaló León.

Por su parte, Ricardo Maldonado, uno de los abogados del exdefensa de Zapata, expresó su preocupación en sentido que la jueza Gutiérrez puede revocar el fallo pero que se está demostrando que la imposibilidad de cumplimiento no es culpa de la defensa de León. En tanto, Boris Espinoza, otro de sus defensores, informó que ante este hecho solicitarán la modificación de esa medida sustitutiva y plantearán como alternativa el contrato de custodios que pueden ser contratados por la familia León.

Manuel Canelas preside la comisión legislativa que investigará los Panama Papers

El diputado Manuel Canelas (MAS) fue elegido hoy como el presidente de la comisión mixta de la Asamblea Legislativa que investigará a las empresas y personas involucradas con los Papeles de Panamá.

La comisión está integrada por una mayoría oficialista. Los que componen la comisión son, además de Canelas, los asambleístas Víctor Borda (MAS), Sonia Brito (MAS), Delia Canaviri (MAS), Adriana Salvatierra (MAS), Ciro Zabala (MAS), Víctor Gutiérrez (UD), Erik Morón (UD) y Edgar Rendón (PDC).

Según el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, la comisión tendrá hasta fin de año para investigar el caso de los Panama Papers.

Gonzales declaró que el objetivo de esa comisión es investigar en qué medida fue afectado el Estado boliviano con la evasión de impuestos de empresas offshore.

La comisión se conformó a solicitud del presidente nato de la Asamblea, Álvaro García Linera, quien relacionó a Página Siete con los Papeles de Panamá.



Sin embargo, el presidente del directorio de Página Siete, Raúl Garáfulic, mediante una carta respondió a las acusaciones del vicepresidente Álvaro García Linera y rechazó sus versiones respecto al caso.



95 empresas, 18 clientes, 8 beneficiarios y 35 accionistas bolivianos aparecen involucrados con los Papales de Panamá, una investigación periodística internacional que dio cuenta la relación de importantes políticos a nivel mundial, celebridades y empresarios con el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, con la finalidad de crear y gestionar sociedades "offshore" en paraísos fiscales, a fin de evadir impuestos.

lunes, 30 de mayo de 2016

Ola anticorrupción de América Latina llega a Argentina

A través de América Latina, figuras políticas poderosas están siendo afectadas por el renovado deseo de luchar contra la corrupción. Los gobernantes están bajo ataque en muchos países, desde México hasta Chile. El último ejemplo de esto es el derrocamiento de Dilma Rousseff en Brasil este mes por acusaciones de que manipuló las cifras del presupuesto nacional.

Ahora Cristina Fernández de Kirchner -quien gobernó en Argentina durante ocho años, hasta el pasado diciembre- y algunos ex asociados enfrentan alegatos que incluyen malversación, soborno y lavado de dinero.

La presentación de los primeros cargos formales en contra de Fernández la semana pasada, con respecto a la venta de contratos de futuros sobre el dólar por debajo del precio del mercado por el banco central, es solamente el comienzo de los problemas legales que enfrentarán los funcionarios de la exadministración.

"Ella va a acabar en la cárcel”, dijo Elisa Carrió, una integrante clave de la coalición del nuevo gobierno del presidente Mauricio Macri, y una vocera del movimiento anticorrupción.

"Ella está involucrada en casi todas las demandas” conectadas con el previo gobierno, añadió Carrió, argumentando que Fernández era quien asignó todos los contratos de obras públicas bajo sospecha de corrupción.

Un problema tras otro

Fernández ciertamente tiene cada vez más problemas legales, ya que está implicada en varios otros casos aparte del de las prácticas controversiales del comercio de derivados del banco central, el cual sufrió pérdidas de hasta 5.000 millones de dólares en un intento de apuntalar la moneda en los últimos meses de su mandato.

Cristina Fernández, una populista apasionada, sostiene que los alegatos en su contra están diseñados para desprestigiar su legado y distraer la atención de la creciente inflación, los despidos y el aumento de la pobreza, conforme se sienten las repercusiones de las reformas orientadas hacia el mercado que incluyen una devaluación brusca y recortes de subsidios.

Mientras tanto, la expresidenta y sus seguidores subrayan el involucramiento de Macri en el escándalo conocido como Papeles de Panamá, conforme el nuevo líder de Argentina está bajo investigación por su supuesta asociación con compañías offshore. El fiscal a cargo del caso dice que esta semana comenzará una nueva investigación debido a reportajes de los medios que indican que las compañías siguen activas, a pesar de las declaraciones de Macri acerca de que éstas se cerraron hace años.

Algunos observadores denotan el paralelismo con la situación en Brasil, donde Rousseff describió su destitución como un "golpe de Estado”, mientras que algunos miembros del gabinete de la nueva administración de Michel Temer enfrentan cargos de corrupción aun mientras intentan resolver los problemas económicos del país.

"Estas investigaciones se extenderán a otros funcionarios cercanos a la expresidenta pero no alcanzan el nivel de seriedad de otras investigaciones, como el caso lava jato en Brasil ya que los jueces tienen motivos políticos y no son totalmente independientes”, dijo Daniel Kerner de Eurasia Group, una consultoría de riesgo político en Nueva York, refiriéndose a las diferentes investigaciones de corrupción que se están llevando a cabo.

Otros ex funcionarios oficiales que están siendo investigados debido a alegatos de corrupción incluyen a Julio de Vido, ministro veterano de planificación de los Kirchner, Aníbal Fernández, ministro del gabinete, y el vicepresidente Amado Boudou.============

El lavado de dinero

Entre los alegatos más dañinos en contra de Fernández se destacan aquellos relacionados con el lavado de dinero a través de hoteles que son propiedad de la familia Kirchner. Ella también ha sido acusada de soborno, junto con su hijo Máximo Kirchner, en relación con el caso.

"Los Kirchner robaron de dos maneras: reteniendo un porcentaje significativo de los sobornos o estableciendo sus propias compañías que pertenecen (en nombre) a Lázaro Báez”, aseveró Carrió.

Báez, un estrecho colaborador de la familia Kirchner y un importante contratista del Gobierno, está encarcelado en espera de su juicio después de haber sido arrestado el mes pasado cuando aterrizó en Buenos Aires en su jet privado para responder a los alegatos de lavado de dinero y de la sobrefacturación de 1.000 millones de dólares en contratos de obras públicas, en un promedio de 20%.

Leonardo Fariña, quien afirmó que asistió a Báez en el lavado de millones de dólares y cuyo testimonio resultó en su liberación de la cárcel en abril, dijo a periodistas locales el mes pasado que Fernández estaba consciente de estas acciones, las cuales fueron dirigidas por su esposo y predecesor como presidente Néstor Kirchner, cuyo mausoleo fue construido por Báez.

El testimonio de Fariña resultó en una serie de redadas realizadas a través de Argentina para recobrar activos robados, lo cual también reveló que Báez podría ser propietario de hasta 150 propiedades sin declarar.
Fernández reaccionó con furia a las acusaciones en su contra.

El mes pasado, después de ofrecer su testimonio, ella afirmó lo siguiente a un grupo de seguidores reunidos en frente de las cortes en Buenos Aires: "Cada vez que un movimiento político de carácter nacional y popular fue derrocado o finalizó su mandato, las autoridades que lo sucedieron utilizaron en forma sistemática la descalificación de sus dirigentes, atribuyéndoles la comisión de graves delitos, siempre vinculados con abusos de poder, corrupción generalizada y bienes mal habidos”.

domingo, 29 de mayo de 2016

León estaría detenido dos semanas más por falta de custodio policial, según esposa

Graciela Mendoza prevé que su esposo, el abogado Eduardo León, estará detenido en celdas judiciales por lo menos dos semanas más, porque en ese lapso de tiempo recién habría la posibilidad de que Régimen Penitenciario disponga de un custodio policial para el jurista.



A pesar de que la Juez 2do de Instrucción Cautelar Penal de El Alto, Milenka Gutiérrez, determinó el pasado jueves la detención domiciliaria para León, el abogado continúa retenido en celdas judiciales sumando su décimo segundo día de aprehensión. Es sindicado por el delito de trata y tráfico de personas, asociación delictuosa, entre otros.



"Nos apersonamos para buscar custodio y ahora nos indicaron que ahí no nos pueden dar custodio hasta en dos semanas más, eso nos dijeron en Régimen Penitenciario, donde dejamos la solicitud”, señaló Mendoza a ANF.

León acusa a Zapata y a sus abogados de confabulación

"Quiero denunciar que aquí hubo una confabulación entre Gabriela Zapata, los abogados Willy Sánchez Peña y Wálter Zuleta, y el Gobierno para perjudicarme. Este complot busca ocultar una verdad”, afirma Eduardo León desde las celdas judiciales de la Fiscalía de La Paz, donde está preso hace 12 días.

El exabogado de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales -detenida por tráficos de influencias, ganancias ilícitas y otros- está preso en una de las ófricas celdas de la Fiscalía acusado de trata y tráfico de personas, asociación delictuosa, impedir el ejercicio de funciones y engaño a personas incapaces, delitos que se relacionan con la presentación ante una jueza del hijo que el presidente Evo Morales tuvo con Zapata, pero cuya existencia está en duda.

Pese a que el jueves la jueza Milenka Gutiérrez dictó su detención domiciliaria, estableciendo antes que su detención era ilegal, éste se mantiene preso porque el viernes, por fallas en su sistema informático, Migración no concretó su detención domiciliaria y la Policía no le otorgó un custodio. Se espera que mañana se pueda cumplir estos trámites y que León se acoja a la detención domiciliaria.

Desde la celda judicial, que comparte con al menos seis varones, conversó con Página Siete.

¿Gabriela Zapata lo engañó?

Hubo una confabulación entre Gabriela Zapata, los abogados Sánchez Peña y Zuleta, y el Gobierno para perjudicarme. Siento que hubo un complot para perjudicarme.

Este complot busca ocultar una verdad. Siento una profunda decepción por la señora Zapata, una persona a la que yo defendí con honestidad, más que como a una cliente, como a una persona, a una mujer y a una madre. La señora Zapata, evidentemente, tenía bases en sus afirmaciones, pero nunca entregaba las pruebas que decía tener. Siento que no me dijo toda la verdad sobre ciertas cosas. Le pedí, una y otra vez, mostrar al niño y no lo hizo.

A ello se suma que cuando fui aprehendido me encontraba a unas cuadras de donde se encontraban los otros dos abogados (Sánchez Peña y Zuleta) y no creo, ni creeré, que no pudieron detenerlos. Al día siguiente de mi detención supimos de la aprehensión del abogado Sánchez Peña, pero lo dejaron libre. También permitieron que el abogado Zuleta saliera del país.

Es claro que el objetivo era yo.

A este complot se suma el hecho de que existe una manifiesta intención de acabar con mi vida, algo que ya anunció el ministro de la Presidencia (Juan Ramón Quintana) y que ahora quiere consumar. Si el lunes me quedo acá quedará confirmado que lo que quieren es asesinarme.

¿Vio alguna de las pruebas que Zapata anunciaba contra el Ministro de la Presidencia?

En este momento no voy a referirme a ese tema. Cuando esté fuera de la cárcel veremos eso.

¿Se acabó el caso Zapata?

En lo que respecta a mí, creo que sí, pero este caso se verá en el futuro.
Usted atendió otros casos, como el Fondo Indígena, ¿cómo interpreta su situación?
Lo que quieren es que las denuncias de corrupción contra el Gobierno paren, pero hay que recordarles que yo soy una simple persona y que hay documentos, y elementos que demuestran que los que deben estar en la cárcel están sentados en lugares de poder, y que a quienes denunciamos, seguimos estos casos, pretenden callarnos, amedrentarnos.

Se suma otra denuncia en su contra: la falsificación de su título profesional y libreta de servicio militar
Yo soy abogado, he estudiado y cuento con los documentos que respaldan mi formación. La denuncia del Ministerio de Transparencia no tiene sentido y tengo la posibilidad, saliendo de aquí, de demostrar que todo es falso. Por el hecho de haber aprendido la tabla de multiplicar del nueve no me declaré matemático. Con qué moral me dicen que tengo dos libretas de servicio militar cuando ellos no tienen nada.

Zapata está sin "vocera" ni abogados

Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, se quedó sin una "vocera" y colaboradora, misión que asumía Pilar Guzmán su "tía de cariño", detenida preventivamente en el penal de Obrajes. Tampoco cuenta con abogados defensores, debido a que Eduardo León abandonó el caso y está aprehendido y se desconoce el paradero de William Sánchez Peña y Wálter Zuleta

Zapata está detenida en el penal de Miraflores, acusada por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsedad, entre otros presuntos delitos. La joven es sindicada de aprovechar la relación que sostuvo con el Primer Mandatario (2005-2007) para favorecer con contratos millonarios a la empresa china CAMC, de la cual era gerente comercial.
La mujer enfrentó una demanda interpuesta por Evo Morales por violencia psicológica contra un niño, supuestamente su hijo, la que concluyó con la resolución judicial que no existe.

Cuatro medios y cinco bufetes implicados con ‘Panama Papers’

Juan Eduardo Olivo Gamarra, que aparece en dos empresas offshore de los ‘Papeles de Panamá’ (Digital Investment Global Fund Inc y South American Investiment), actualmente es accionista del periódico Página Siete, y Raúl Quiroga Urquidi, también visible en la nómina como beneficiario de la empresa The Ingelec Group LLC, es esposo de la hermana de Raúl Garáfulic Lehm, presidente del directorio de ese matutino paceño.

Tras la revelación, Garáfulic salió al paso para asegurar que Olivo Gamarra ya no es accionista de Página Siete, pero el vicepresidente Álvaro García Linera refutó esa versión al exponer una carátula notariada de la Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa), de los últimos tres años, donde el sindicado aún aparece como miembro accionista de la compañía editorial Luna Llena, empresa editora de ese diario paceño, contrario a las políticas del progresista Evo Morales.

Olivo Gamarra fue acusado también, en 2009, de recibir cheques de hasta 100.000 dólares en el caso de corrupción Catler Uniservice, que envolvió al entonces presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez.

También Mariana Jakubek Marinkovic, sobrina de Branco Marinkovic, maneja junto a otros cuatro integrantes de la familia, la offshore Agro Farm International Corp y es directora de la editorial Día a Día (Edadsa), que produce los diarios El Día y El Sol de Santa Cruz.

Por otro lado, Luis Fernando Camacho Vaca aparece en las listas offshore como beneficiario de la sociedad Navi International Holding S.A., empresa que se creó en Panamá el 7 de marzo de 2008. Actualmente, Camacho es segundo vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz y accionista de una conocida compañía de seguros.

Mientras que el empresario Abdallah Daher registró en Panamá, el 20 de junio de 2013, la empresa offshore Scoutfield Investment Corp, medio año después de vender la red televisiva PAT.

En el lado occidental, Henry Dueri (hijo) aparece como portador de la empresa offshore Inversiones Illimani Global S.A., junto a cuatro familiares. Los Dueri pertenecen a una de las familias más potentadas de La Paz, propietaria de la conocida radio Panamericana y la disquera Discolandia, además del Hotel Presidente.

Bufetes intermediarios
De 18 intermediarios, son cinco bufetes de abogados que concentran el 85,2 por ciento de las offshores bolivianas abiertas en Panamá, como el consorcio jurídico Von Borries Blanco, Indacochea y Asociados, Ipiña Nagel-Abogados, Terán Pereira y Céspedes de Col.

El consorcio Von Borries Blanco, creado en 1993 en La Paz, es uno de los más importantes del país y cuenta actualmente con diez abogados y cinco asistentes. Medió la creación de 20 offshores y entre sus clientes más importantes se encuentra la familia Dueri.

Por su parte, el estudio jurídico Indacochea y Asociados viabilizó la creación de 17 offshores, entre 2007 y 2009, y actualmente tiene entre sus filas a 22 abogados y asistentes. Se creó en enero de 1991 y tiene su sede en la ciudad de Santa Cruz.

Indacochea y Asociados creó todas las offshore de la familia Marinkovic y su fundador y atual director, Ricardo Indacochea, asesoró -según el mismo dijo- a múltiples empresas que iniciaron procedimientos legales contra el Estado boliviano por las nacionalizaciones en el sector de hidrocarburos.

Entre tanto, Ipiña Nagel-Abogados creó 25 offshores bolivianas en Panamá entre 2006 y 2014, mientras que el estudio jurídico Terán Pereira intermedió 11 offshores, y Céspedes de Col ofició ocho intermediaciones offshore en el período 2008-2012.

‘Papeles de Panamá’
- El 3 de abril, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) reveló la mayor filtración de documentos referidos a la constitución de sociedades offshore en paraísos fiscales.
- En los más de 11 millones de documentos, existe el registro de 95 empresas bolivianas, la mayoría perteneciente a familias de la elite de Santa Cruz, como los Marinkovic, Urenda, Foianini, Daher, Justiniano y Schwartz, entre otras.
- Por lo menos diez miembros de la familia Marinkovic figuran en 14 sociedades offshore, de las cuales nueve fueron creadas el 14 de diciembre de 2007, un día antes de que la Media Luna presente sus estatutos autonómicos y en La Paz se haga un acto similar con la nueva Constitución Política del Estado.
- La elite occidental, como la familia Dueri también tuvo participación en las sociedades offshore en Panamá, en Bolivia son dueños de medios, disqueras y un hotel.

viernes, 27 de mayo de 2016

León logra medidas sustitutivas para defenderse en libertad

La juez segundo de materia en lo penal cautelar, Milenka Gutiérrez, de la ciudad de El Alto, determinó ayer conceder medidas sustitutivas al abogado Eduardo León, después de una maratónica audiencia cautelar, en la que la comisión de fiscales no logró presentar una imputación coherente, por lo que se desvirtuaron los riesgos procesales.

Por tal motivo, la juez Gutiérrez dispuso la detención domiciliara, con horarios para que León continúe ejerciendo su trabajo como abogado, además que dispuso el arraigo y una fianza, requisitos que deben ser tramitados durante esta jornada, para que se haga efectiva su salida de celdas judiciales, donde permaneció por más de nueve días sin imputación judicial concreta.

APREHENSIÓN

El 17 de mayo, a las 16.05 horas, León fue aprehendido de forma ilegal por orden de la fiscal Mariana Montero y conducido a celdas de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

La orden fue emitida también contra sus colegas, Walter Zuleta y Williams Sánchez (declarados prófugos), una hora antes había sido detenida, en la puerta de su casa, Pilar Guzmán, “tía” de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, quien es la principal procesada porque supuestamente presentó a un hijo que no es el que reconoció el presidente Evo Morales.

Si bien en esa oportunidad se hizo conocer que la imputación contaba con cuatro delitos, el fiscal departamental, Edwin Blanco, aseguró que los “errores” en la redacción del texto eran atribuibles a la computadora de la Fiscalía en el caso de León, finalmente se lo imputó por la supuesta comisión de los delitos de trata y tráfico de personas, asociación delictuosa y otros.

Sin embargo, León manifestó “sentir pena” por los argumentos esgrimidos por Blanco, exponiendo los memoriales con los que se trató de subsanar la imputación, presentado por la comisión de fiscales conformada por Montero, Susana Boyán, Cristian Lanza y Marco Vargas.

El domingo 22, la imputación presentada por los fiscales fue calificada de incongruente, incompleta y desordenada por el juez tercero de materia en lo penal de La Paz, Enrique Morales, quien, sin embargo, dio otra oportunidad para los representantes del Ministerio Público rehagan el documento, negando la libertad a León.

CUATRO VERSIONES

Sin embargo, debido a que los fiscales añadían víctimas y denunciantes cambiaban la tipificación de los delitos y completaban el pedido de la detención preventiva, la imputación llegó a tener cuatro versiones.

Así en la audiencia cautelar de ayer, jueves, en la ciudad de El Alto, que se desarrolló desde las 9,30 horas hasta las 19.00, en medio de un fuerte resguardo policial que impidió el ingreso de familiares y medios de comunicación, sin dar explicaciones por parte de los efectivos.

La audiencia se dilató debido a que primero se resolvió una incidencia sobre la aprehensión ilegal en contra de León, cuyo fallo también le fue favorable.

La defensa del abogado Eduardo León ganó ayer un incidente de “objeción a imputación defectuosa”, por la aprehensión ilegal que sufrió por parte del Ministerio Público, lo que le permitirá ahora defenderse en libertad. Asimismo, el fallo abre la posibilidad de que los fiscales sean procesados en la vía penal.

Según Boris Espinoza, parte de la defensa de León, la juez Gutiérrez emitió un fallo acorde con la ley, pese al desagrado de la comisión de fiscales. Este fallo abre la posibilidad de un proceso penal en contra de estos fiscales, así como sanciones disciplinarias contempladas en la Ley Orgánica del Ministerio Público 260.

Graciela Mendoza, esposa de León, expresó su satisfacción por el fallo que permitirá que León pueda defenderse en libertad y seguir al cuidado de sus dos hijas, que junto a sus abuelos, amigos y colegas, permanecieron en una vigilia en las afueras del Juzgado, soportando las bajas temperaturas y el rechazo de los policías.

jueves, 26 de mayo de 2016

Fiscalía pide información a Migración para conocer si dos abogados de Zapata abandonaron Bolivia



El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, afirmó que fue solicitada a la Dirección General de Migración el flujo migratorio de William Sánchez y Wálter Zuleta, abogados de Gabriela Zapata, para establecer si abandonaron o no el país porque hasta el momento no fueron encontrados ni se presentaron a declarar por la acusación en su contra por delitos como trata de personas.

“Con (William) Sánchez Peña y el señor (Walter) Zuleta no hay una noticia fehaciente, únicamente escuché de que el presidente del Colegio de Abogados señaló que Sánchez Peña habría estado en México, eso es lo dijo. Hemos pedido el flujo migratorio que nos reportará el resultado del flujo migratorio y lo mismo con el abogado Zuleta”, explicó.

Tanto Sánchez como Zuleta están acusados por los delitos de trata y tráfico de personas, asociación delictuosa, impedir o estovar el ejercicio de funciones y engaño a personas incapaces en el marco de la demanda interpuesta por la suplantación del supuesto hijo del presidente Evo Morales y Zapata, detenida por uso de bienes del Estado con fines personales.

Ambos tienen un mandamiento de apremio en su contra y se desconoce su paradero. El proceso fue abierto después de que una juez estableciera la inexistencia física del supuesto menor. En el caso, también están implicados Eduardo León, quien aguarda su cautelar, y Pilar Guzman, la “tía” de Zapata, quien fue enviada con detención preventiva a la cárcel de Obrajes.

Ricardo Maldonado, abogado de León, informó que contra su defendido también fueron abiertos delitos de falsificación de Libreta de Servicio Militar y de título profesional.

Blanco informó que la denuncia fue planteada por la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, quien en el memorial observa que los títulos y la Libreta de Servicio Militar carecen de legalidad.

Juez determina estado de libertad para León durante su audiencia cautelar



La juez Milenka Gutiérrez declaró probado un incidente de actividad procesal defectuosa que presentó la defensa del abogado Eduardo León en contra de la imputación de los fiscales, por lo cual le concedió la libertad sobre la aprehensión. En esa condición, León podrá defenderse en la audiencia de medidas cautelares que está en cuarto intermedio.

La audiencia cautelar comenzó este jueves cerca de las 09.30 en el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto luego de que cerca de las 06.00 fuera trasladado de celdas judiciales, en La Paz. En puertas del juzgado, familiares y amigos protestaban por el proceso que se le sigue a quien fuera abogado de Gabriela Zapata, exejecutiva de la empresa china CAMC y otrora novia del presidente Evo Morales.

Ayer, le fue rechazado un recurso de acción de libertad que presentó León con el argumento de violación de sus derechos. El jurista fue acusado por los delitos de trata y tráfico de personas, asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y engaño a personas incapaces en el caso de la suplantación del supuesto hijo de Morales y Zapata.

León fue acusado además por la falsificación de su Libreta de Servicio Militar y de título profesional.


Exjueza admite que dio soborno de $us 8.000 para un consejero

En una declaración informativa realizada el 10 de marzo de 2016 ante la Policía, Hirma Muñoz, exjueza de Montero, reiteró que pagó 8.000 dólares a un allegado del magistrado Freddy Sanabria para que le den un nuevo puesto en
Warnes. Ambas poblaciones están en Santa Cruz.

A fines de 2015, se hizo público un audio en el que Muñoz confesaba al entonces técnico de Transparencia del Consejo de la Magistratura (CM) de Potosí, Pedro Cayo, que había pagado ese monto.

Esa vez Sanabria negó ante la prensa que él haya participado en esta supuesta extorsión; dijo que se sometería a cualquier investigación y que, de cualquier manera, iniciaría un proceso contra quienes se atrevían a dañar su imagen con esas acusaciones.

Hace poco más de dos meses que la exjueza, alejada de su cargo en agosto del año pasado, reconoció que la grabación que presentó Cayo es real y además contó con mayor detalle cómo fue extorsionada.

Según ella, todo comenzó en 2012, cuando los asesores del exdiputado Edwin Tupa, del MAS, le pidieron que anulara una sentencia contra esta autoridad. Ella se excusó de conocer el caso y comenzaron las amenazas.

Llegó un momento en que temió por su vida y en 2013 pidió a la sala plena del CM su cambio a Warnes, mientras los asesores del diputado le iniciaron procesos disciplinarios.

Ese año, en una visita a Sucre, conoció a Juan Carlos Sanabria (se presentó como El Grillo y hermano de Freddy Sanabria, quien en marzo de 2015 se convertiría en el presidente del CM). Él le garantizó que negociaría su traslado a Warnes y desde entonces comenzó una serie de hechos en los que figuran al menos nueve nombres de implicados.

En otra visita a Sucre, Muñoz contó que Freddy Sanabria se reunió con ella y El Grillo en un inmueble de la calle Lemoine. Ahí, el magistrado le presentó a él como su "hombre de confianza”.

En una fecha sin precisar, El Grillo recibió el primer soborno de 3.000 dólares en el mismo lugar de reuniones (sobre la calle Lemoine).

La exjueza declaró que entre marzo y abril de 2015, cuando Sanabria ya era presidente del CM, ella volvió a Sucre junto a un abogado a quien le entregó 5.000 dólares en un sobre cerrado.

Encontraron a El Grillo en una banca del parque Bolívar, frente a las oficinas del CM. Él les dijo que no solía entrar al edificio en el que trabaja Sanabria y el abogado le pasó el sobre con el dinero.

Muñoz agregó en su declaración ante la Policía que en abril de 2015 se reunió con Freddy Sanabria para reclamarle de una buena vez el cambio de puesto, pues ya había entregado el dinero que se le pidió a "su hombre de confianza”. Él le contestó que no sabía de lo que hablaba y que no conocía a ese tal El Grillo. "Yo me sorprendí, porque él mismo le dio su respaldo en la calle Lemoine”, dijo la exjueza.

En agosto del año pasado, Muñoz fue destituida de su cargo tras un proceso disciplinario. Aunque Sanabria ya se refirió al asunto de los 8.000 dólares y rechazó toda denuncia contra él, este medio lo llamó ayer nueve veces para saber si tiene algo que decir sobre la última declaración de Muñoz, pero su celular estaba apagado.

También se llamó al menos tres veces a dos números que supuestamente pertenecen a El Grillo, pero también estaban apagados.

Eduardo León: “El único falso es el fiscal departamental”

Luego de conocer que el fiscal departamental, Edwin Blanco, confirmó que se había iniciado otra investigación en su contra, por supuesta falsedad de documentos, Eduardo León aseguró que “el único falso es el fiscal departamental”.

“Yo soy un hombre profesional, el único mentiroso es el fiscal departamental, no me hago pasar por profesional”, expresó molesto León, a tiempo de negar los cargos.

Ayer, Blanco informó que la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, la pasada semana, presentó una denuncia contra el abogado de la expareja del presidente Evo Morales Gabriela Zapata, en la que señala que títulos profesionales y libreta militar de León son falsos.

“La anterior semana ingresó la denuncia por la falsedad de los títulos y por la falsedad de la libreta militar. La denuncia viene por parte de la ministra Lenny Valdivia”, señaló el fiscal.

La denuncia se suma a la que tiene por trata y tráfico de personas, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y asociación delictuosa.

POLÍTICO

Por su lado, el abogado de León, Ricardo Maldonado, aseguró que se trata de una persecución política y señaló que esta situación es una deslealtad procesal por parte de los fiscales, con el fin de perjudicar la situación jurídica de León.

miércoles, 25 de mayo de 2016

Eduardo León: 'Quintana quiere hacerme asesinar'

Eduardo León, exabogado de Gabriela Zapata, aseguró que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, no solo quiere acallarlo, sino también pretende hacerlo asesinar en la cárcel. "Lo que pasa es que no solamente me quiere acallar, yo quiero denunciar de manera pública que Juan Ramón Quintana quiere hacerme asesinar. La intencionalidad es asesinar a Eduardo León, él es quien quiere mandarme a matar, la cárcel es la antesala del cementerio", dijo.

Señaló que el objetivo de las investigaciones que se iniciaron en su contra por presunta trata de personas fue alejarlo del caso del supuesto tráfico de influencias, que implica a Quintana.

Indicó que existen algunos elementos que lo implican en "tráfico de influencias" y por eso la autoridad gubernamental comienza a atacar a sectores. /ANF.

Abogados cuestionan que se siga dilatando el caso León

A las acciones que se estarían cometiendo en contra del abogado Eduardo León, detenido desde el pasado martes 18 de mayo, se suman nuevas voces condenando tal situación y señalando al Gobierno central como el primer responsable.

Abogados insisten en que se está dilatando la resolución del caso, mientras que León permanece en calidad de detenido irregularmente, esperando una audiencia de medidas cautelares que debió ejecutarse 24 horas después de su aprehensión, es decir el día miércoles de la anterior semana.

La audiencia de medidas cautelares que se realizó ayer fue declarada en cuarto intermedio hasta hoy a las 11 de la mañana.

En tanto la audiencia de acción de libertad presentada por la defensa de León, está programada para las 9:30 de esta mañana, de acuerdo a la notificación que recibió el abogado de León, Ricardo Maldonado.

Molestia. El constitucionalista, William Herrera, calificó la detención de León, como un abuso de poder y una manipulación directa para evitar que algún juez determine la situación del jurista procesado por varios delitos, después de haber defendido a Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales.

"Se están violando sus derechos constitucionales, así hubiera cometido delito no puede estar indefinidamente en esa situación, está privado de su libertad varios días, pese a que las normas lo indican así. Esto es inconcebible, deben prevalecer los derechos del ciudadano y no el abuso total que está haciendo la justicia", dijo.

Acusaciones. En la misma línea se manifestó el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, quien señaló directamente al Gobierno central de Evo Morales, de tomar un revanchismo contra el jurista León.

Asegura que se está dilatando el proceso y una resolución judicial, vulnerando los derechos constitucionales del abogado y provocando un daño a los derechos de defender a cualquier ciudadano libre.

"Lamentablemente el Gobierno hace abusos y los jueces cometen culpa en silencio. Nosotros los abogados somos patrocinadores de causa, no demandamos una causa. Esto es un atentado contra la libertad de trabajo. Que quede claro que lo tienen detenido por la osadía que tuvo en enfrentar al Gobierno con otros caso polémicos anteriormente", precisó el cívico y jurista.

Cuestionó el papel del sistema judicial, por permitir la manipulación que estarían cometiendo las autoridades nacionales en torno a este caso.

Punto de vista

César Cabrera
Pdte. Colegio Nacional de Abogados

"Los administradores de justicia deben actuar, pero prefieren no hacer nada"

Estamos en estado de emergencia, lamentamos que haya un silencio total de las autoridades principalmente de los administradores de justicia, que son los indicados para abordar el tema, que son ellos los que deben velar por el bienestar de los ciudadanos, que son ellos las máximas autoridades judiciales que determinan la situación de los bolivianos. Los administradores de justicia deberían actuar, pero vemos que prefieren quedarse callados, no hacer nada y más bien esperan a que se siga vulnerando los derechos del abogado procesado, bajo argumentos y dilataciones sin razón de ser.

Otra autoridad que debería manifestarse porque esta es su mejor oportunidad es el Defensor del Pueblo y hasta ahora no toma cartas en el asunto, pese a que sabe cuáles son las normas.

Lamentablemente los jueces y fiscales no van actuar, yo creo que deben estar con temor de decir o tomado alguna acción, porque más adelante esto puede ser perjudicial para ellos, por eso vamos a acudir a la justicia internacional, porque aquí no vamos a ser escuchados.

martes, 24 de mayo de 2016

Justicia reanuda audiencia cautelar del abogado Eduardo León

Cerca al medio día de hoy se reanudó la audiencia de medidas cautelares del abogado Eduardo León, quien se encuentra desde hace una semana aprehendido y retenido en celdas judiciales por el presunto delito de trata y tráfico de personas.

El Juzgado Noveno de Instrucción en lo Penal es el lugar donde se está llevando adelante la audiencia en presencia de representantes del Ministerio Público, quienes debieron corregir la imputación contra León tras ser observada el pasado fin de semana.

A la par de la audiencia, en puertas del Tribunal Departamental de Justicia se instalaron una serie de abogados, familiares y allegados a León para exigir su liberación. Cuestionan el proceso por atentar al derecho del ejercicio de la abogacía.

La defensa de León anticipó, antes del inicio de esta audiencia, que se planteará un incidente de aprehensión ilegal y la incompetencia del juez.



Queda pendiente la realización de otra audiencia dentro de este caso, sobre la acción de libertad planteada por León, que ayer retornó de Oruro a La Paz.

León deja a Zapata

Ricardo Maldonado, abogado de Eduardo León, informó ayer que este se desvinculó de la defensa de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, debido a una serie de cuestionamientos a lo largo del proceso.

“Él ha dejado el caso (defensa de Zapata), a petición de su familia, de la sociedad y de sus colegas abogados; es más, está cuestionando la participación de la señora Gabriela Zapata en el proceso”, afirmó Maldonado.

El jurista hizo referencia al memorial enviado por Zapata a la Fiscalía, en el cual deslinda de responsabilidad (a León) en la presentación que se realizó de su hijo, que asegura tiene en común con el presidente Evo Morales.

“(Eduardo León deja el caso Zapata) a pedido de toda mi familia, porque nosotros estamos sufriendo mucho por este problema que se ha suscitado; es por este caso (que León está detenido); si mi esposo no hubiera aceptado atender este caso, nosotros hubiéramos estado tranquilos, viviendo como familia”, indicó Graciela Mendoza, esposa de León.

Hermana de abogado detenido: “León es preso político”


EL ABOGADO DE GABRIELA ZAPATA EN CELDAS DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ.

Eduardo León, abogado de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, es un preso político, porque el Gobierno no quiere que se conozca la verdad sobre los presuntos hechos de corrupción en el ex Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) y en el caso de “tráfico de influencias” afirmó a EL DIARIO la hermana del asesor legal, Berta León.

La familia del jurista se declaró en estado de emergencia por la actual situación que confronta. “La aprehensión de mi hermano se da porque al Gobierno no le gusta que haya abogados que estén indagando sobre la verdad de los hechos que los involucra”, manifestó la hermana del abogado León, visiblemente afectada por la acción de la Fiscalía contra éste, proceso además considera como totalmente “ilegal”.

“Para su familia –dijo la hermana- el Gobierno pretende callarlo y que no continúe denunciando los casos de corrupción en el ex Fondioc, caso Zapata y aún pendiente el esclarecimiento del homicidio de Hanalí Huaycho, ya que tiene miedo que las vedades salgan a la “luz pública”.

AUDIENCIA EN RESERVA

Por su parte, la esposa del abogado León, Graciela Mendoza, coincide en que su esposo es preso político, por los procesos legales que aborda en calidad de querellante y de defensa, en los que está involucrado el Gobierno actual.

“La lucha será constante y masiva, porque cuenta con el apoyo de gente que fue su cliente, para conseguir la libertad de mi esposo, él no tiene la culpa de que el Gobierno se vea involucrado en temas de corrupción”, indicó.

Han transcurrido ya seis días desde que Eduardo León se encuentra privado de libertad, tiempo en que las audiencias fueron suspendidas cuatro veces consecutivas, aspecto que fue considerado como poco trasparente, irregular y violatorio del ordenamiento legal del país.

MINISTRO QUINTANA

Según el diputado suplente de Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, la aprehensión de León “es una venganza del Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana”, a quien se denunció que estaba involucrado con el presunto tráfico de influencias con la empresa China CAMC, por lo se muestra enfadado de forma pública.

“El Gobierno persigue a León porque considera que puede demostrar más indicios de corrupción en el ex Fondioc, en el homicidio de Hanalí Huaycho, y en el presunto tráfico de influencias, donde se ven involucrados el presidente Evo Morales , además del Ministro Quintana”, afirmó el legislador.

SE DEBIÓ VERIFICAR

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), René Joaquino, negó la condición de preso política de León, dijo además que, como abogado de Zapata, debería haber verificado las pruebas sobre la existencia del supuesto hijo de Zapata y Morales; como no lo hizo, se convirtió en cómplice al presentar “documentos fraguados”.

“Pueden haber distintos métodos y que no inculpen a León sobre la falsificación de documentos adulterados, el argumento de la aprehensión es por la presentación de pruebas documentales falsas”, explicó.

lunes, 23 de mayo de 2016

Juez se excusa y el caso León se traslada a Oruro

Un juez de turno de la ciudad de El Alto se excusó ayer de conocer un recurso constitucional de Acción de Libertad planteada por el abogado Eduardo León, motivo por el cual derivó el caso a la ciudad de Oruro.

El abogado defensor de Eduardo León, Ricardo Maldonado, informó que la segunda acción de libertad a favor de su defendido y presentada por su persona nuevamente fue rechazada.

"El juez de turno de El Alto, Rolando Chaca, se excusó de conocer la acción de libertad presentada ayer el 21 de mayo por Eduardo León, además dispuso la remisión de la acción de libertad a la ciudad de Oruro", sostuvo.

"No puede haber un aprehendido sin imputación y ahora eso soy yo, un aprehendido sin imputación", refirió por Twit el propio León./ANF.

Juez declara "en reserva" la audiencia cautelar contra León

El juez Noveno de Instrucción en lo Penal, Jorge Castillo, declaró el lunes en "reserva" la audiencia de medidas cautelares del abogado Eduardo León, imputado trata de personas, entre otros delitos, informo uno de sus abogados defensores Ricardo Maldonado.
"La audiencia cautelar se lleva adelante en reserva en medio de una serie de irregulares procesales y una mala imputación que tuvo que ser corregida", dijo el jurista.
Maldonado manifestó que los abogados que defienden a León se dividieron para atender la audiencia cautelar, que se desarrolla en la ciudad de La Paz y la audiencia de acción de libertad que se remitió al Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

Abogado denuncia irregularidades Nuevamente se suspende audiencia de Eduardo León

El defensor de Eduardo León, Ricardo Maldonado, informó que la audiencia de medidas cautelares para su cliente, que había reprograma para este sábado, ingresó nuevamente a un cuarto intermedio hasta ayer, domingo, debido a supuestos errores detectados en el documento de imputación.

"Así es, nuevamente ha sido suspendida la audiencia y se ha ingresado a un cuarto intermedio hasta este domingo (ayer) a las 14.00", dijo Maldonado a ANF.

León fue aprehendido el martes acusado por trata y tráfico de personas, entre otros delitos, supuestamente cometidos en el marco de la defensa de su clienta, Gabriela Zapata, y la exhibición de un niño que, presuntamente, no es el hijo de esta y del presidente Evo Morales.

Explicó que la suspensión responde a que de manera ilegal el juez determinó realizar la devolución de la imputación al Ministerio Público para que corrijan sus errores.

"En ese sentido, si se devolvió la imputación lo correcto era determinar la libertad inmediata de mi cliente, nos preocupa mucho ya que en este momento su situación jurídica es insegura, está preso sin una imputación", sostuvo la defensa.

"Por ello, estamos presentando una nueva acción de libertad en la ciudad de El Alto ya que su detención es ilegal", completó Maldonado.

El viernes debía llevarse a cabo la audiencia de medidas cautelares, pero fue suspendida para el sábado, debido a que la juez a cargo, Margoth Pérez, se excusó. Sin embargo este sábado la audiencia fue suspendida nuevamente.

domingo, 22 de mayo de 2016

No hay gente del MAS en los Papeles de Panamá


El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que no se halló a personas del Movimiento Al Socialismo en las listas de los Papeles de Panamá. Asimismo, advirtió procesos para los que figuran en el robo al Estado.
La advertencia fue hecha durante un encuentro que sostuvo con las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, donde expuso, a pedido de los productores, la temática referida al caso de paraísos fiscales en el país centroamericano.
“Aquellos que robaron o evadieron impuestos, no los vamos a perdonar, los vamos a llevar a la justicia para que aprendan que Bolivia no es para venir a saquear y robar la plata para el extranjero”, aseveró.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publica la base de datos de sociedades offshore de los Papeles de Panamá, en la que los usuarios ya pueden buscar quiénes son los accionistas y beneficiarios de más de 200.000 sociedades offshore creadas por el bufete Mossack Fonseca.
Explicó que se investigará si aquellas personas que están en esta lista no evadieron impuestos fiscales, hecho que constituye un grave delito, ya que roban dinero tanto al Estado como también a los propios bolivianos.
Dijo que en los informes presentados se encuentran nombres como el de Branko Marinkovic y otros accionistas que están involucrados con el entorno de Página Siete.
Finalmente, increpó a la oposición y afirmó que en la lista no aparece el nombre de ningún funcionario del Movimiento Al Socialismo.

Los Marinkovic, los más citados en los Papeles de Panamá

Al menos 18 familias bolivianas se vieron tentadas a abrir offshore en Panamá
informe exclusivo capítulo bolivia
El caso suscitado por los Papeles de Panamá, que destapó miles de empresas y activos opacos de personalidades de todo el mundo, salpicó a 338 personajes bolivianos que crearon 95 empresas offshore en el país caribeño.
El apellido que más se repite en esas sociedades es el de los Marinkovic, junto con sus allegados más cercanos: Pedrotti y Jabukek.
Branko Gora Marinkovic Jovicevic, el personaje más mediático de la familia por su rol activo en los movimientos autonomistas-separatistas de 2007-2008, fue uno de los primeros en tener contacto con el bufete panameño Mossack Fonseca a finales de 2007 y creó su empresa offshore el 30 de noviembre de ese año, dos semanas antes de que se presentaran los estatutos autonómicos de Santa Cruz.
Con 10 integrantes de la familia en 14 empresas offshore registradas en Panamá, los Marinkovic decidieron crear nueve de esas sociedades el 14 de diciembre de 2007, un día clave para el movimiento autonomista porque precedió a la presentación de sus estatutos autonómicos en una masiva concentración en el Parque Urbano Central de Santa Cruz, donde se esgrimieron efervescentes discursos independistas e incluso amenazas de violentos levantamientos sociales para concretar sus objetivos.
La familia Marinkovic es una de las más potentadas del país, propietaria de Industrias Oleaginosas (IOL), accionista de entidades financieras y medios de comunicación, llegó al país a mediados del siglo pasado, escapando del comunismo en Yugoslavia. Algunos investigadores nacionales, como Freddy Tarcaya Gallardo, vinculan a los predecesores de esa familia con el grupo croata Ustacha, una organización basada en el racismo religioso nacionalista croata, aliada del Nazismo.
Por su parte, Mariana Jakubek Marinkovic, sobrina de Branko, maneja junto a otros cuatro integrantes de la familia, la offshore Agro Farm International Corp y es directora de la editorial Día a Día (Edadsa), que produce los diarios El Día y El Sol de Santa Cruz.
Entretanto, Vesna Marinkovic, ejecutiva de Industrias Oleaginosas (Aceite Rico), fue viceministra de Comercio Exterior en 2002, durante el gobierno del conservador Jorge Quiroga, y tiene activas cuatro offshore: Svamar Corp, Radsil Corp, Agrofarm Developments Corp y Afro Farm Management Corp.

los urenda
Según la historiadora boliviana Ximena Soruco, desde la instalación de la Asamblea Constituyente, en agosto de 2006, en la ciudad de Sucre, Bolivia ha vivido un intenso debate político caracterizado por una lucha simbólica entre dos estrategias políticas antagónicas: una representada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), en función de gobierno, y la otra liderada por los grupos de poder y las élites cruceñas, enarbolando el proyecto autonomista.
Todas las offshore abiertas por los Marinkovic fueron gestionadas por la firma de abogados Indacochea y Asociados, con sede en Santa Cruz, cuyo fundador y actual director, Ricardo Indacochea, curiosamente fue asesor —según él mismo reconoció— de múltiples trasnacionales que iniciaron acciones legales contra el Estado boliviano por las nacionalizaciones en el sector de los hidrocarburos.
Otra de las familias bolivianas más nombradas en los Papeles de Panamá son los Urenda-Aguilera, que tienen a seis miembros de su familia en la offshore Propósitos Comerciales SA, creada el 5 de octubre de 2007. Óscar Javier Urenda, nombrado en la lista divulgada, fue candidato a diputado uninominal por Podemos, de Jorge Tuto Quiroga en 2009, y actualmente funge como secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, entidad comandada por Rubén Costas, impulsor de la ‘media luna’.
La offshore Propósitos Comerciales también tiene como beneficiaria a Patricia Urenda Aguilera, madre de Ernesto Justiniano Urenda, que fue candidato por Unidad Nacional (UN), de Samuel Doria Medina, a la Alcaldía de Santa Cruz en 2015. También prestó servicios como viceministro de Defensa Social (exzar antidrogas) entre 2002 y 2003, y actualmente es dueño del portal web opositor al gobierno de turno: Eju.tv

otras familias
El negocio de las offshore también llamó a la atención de las familias pertenecientes a las élites de La Paz, como la familia Dueri, cuyos integrantes crearon la empresa Inversiones Illimani Global SA en el paraíso fiscal de Panamá, el 11 de mayo de 2012.
La familia Dueri es una de las más potentadas del occidente boliviano, propietaria de la conocida radio Panamericana y la disquera Discolandia, además del Hotel Presidente.
Entretanto, de origen libanés, la familia Daher, con gran presencia en el sector industrial agropecuario, comunicación e insumos electrodomésticos, creó dos sociedades offshore en Panamá, una el 15 de mayo de 2012 (Arisdale Trading Limited) y otra el 20 de junio de 2013 (Scoutfield Investment Corp).
Los Daher migraron a Bolivia en 1976, huyendo de la guerra civil en ese lado del globo y hasta hace pocos años eran dueños de la cadena televisiva PAT, y tenían acciones en la quebrada aerolínea AeroSur.
Cristian Daher Tobia, socio de la offshore Scoutfield Investment Corp, también figuró en el caso Terrorismo, aunque muy aisladamente porque habría vendido una computadora a Eduardo Rózsa, por lo que declaró en la Fiscalía, pero sin más repercusiones.
Otras familias del país que figuran en los Papeles de Panamá son los Schawartz, que crearon la offshore German Enterprises Corp con cinco beneficiaros. Aunque la mayoría de sus miembros mantiene un perfil bajo, Samy Schwartz (fotógrafo) tiene una participación muy activa en las redes sociales, como en Facebook, desde donde expresa su oposición al gobierno de Evo Morales.
La familia Foianini, por su lado, conocida en el sector de la salud por ser propietaria de una de las clínicas más modernas del país, en Santa Cruz, fue vinculada con los paraísos fiscales porque tres miembros crearon una offshore en Panamá, la International Health Care Holdings Corp, el 16 de julio de 2013.
Al menos 18 familias del país se vieron tentadas a abrir offshore en Panamá y sus apellidos salieron a la luz tras la filtración que expuso la ICIJ: Marinkovic (Jakuvek-Pedrotti), Urenda (Aguilera), Daher, Dueri, Schwartz, Foianini, Moreno Marbery, Camacho Miserendino, Justiniano Paz, Mercado (Peña), Pero Taborga, Luzio (Ballivián), Ferrari Reato y Terceros (Bedoya), entre otras.
La mayor cantidad de offshore se crearon en 2007 y 2012, con 15 en cada uno de esos años. Santa Cruz concentra 46 sociedades offshore y La Paz 49.

viernes, 20 de mayo de 2016

Suspenden audiencia cautelar de Eduardo León

El Juzgado 4to de Instrucción Penal de La Paz suspendió la audiencia cautelar del abogado de Gabriela Zapata, Eduardo León, porque la jueza Margot Pérez se excusó de llevar adelante el caso, informó el abogado Ricardo Maldonado.

León es acusado de trata y tráfico de personas, asociación delictuosa y otros, por lo cual continúa aprehendido en celdas judiciales. En realidad se le acusa porque Zapata presentó un niño alegando que era hijo del Presidente, pero en realidad no era así.

"Se ha declarado un cuarto intermedio en la audiencia porque esta vez la jueza Margot Pérez 4to de Instrucción Penal se ha excusado de conocer esta causa, tiene una causal de enemistad con el imputado", señaló Maldonado.

El jurista indicó que la situación procesal de León debía resolverse en un plazo de 24 horas, sin embargo, desde el martes que fue aprehendido a la fecha, no se resolvió su situación, por lo cual denunciará esta irregularidad.

Por su parte, Eduardo León dijo que no tiene nada que ver respecto a la carta enviada por Zapata y alegó que está recluido por haber defendido a la joven.

"Yo no tengo nada que ver en este tema (de la carta) en absoluto, yo soy una persona que está aquí por ser abogado, por haber atendido a una persona nada más, soy inocente de todo esto", manifestó León.

Pidió que el nuevo juez que atenderá el caso sea imparcial y agradeció al Colegio de Abogados y a la población en general por el apoyo que le brindaron.

Asimismo, la esposa de León, Graciela Mendoza, indicó que las autoridades judiciales temen asumir el caso de su esposo y de develar la verdad.

"Mis dos hijas están acongojadas por su papá, su papá también por ellas porque nosotros somos su razón de vivir, somos su familia", alegó.

Niegan libertad a León porque no probó violación a derechos


El Tribunal de Garantías Constitucionales denegó la acción de libertad interpuesta por Eduardo León porque no se evidenció la vulneración de derechos y garantías en el momento de su aprehensión por la presunta comisión de los delitos de trata de personas y otros.
Después de casi cinco horas de audiencia de cesación de libertad con casi 50 ciudadanos que cerraron la calle Indaburo, exigiendo su liberación, se determinó que el abogado de Gabriela Zapata no acudió al juez que ejerce el control jurisdiccional para hacer prevalecer sus derechos y garantías, por lo que no se activó de manera directa la jurisdicción constitucional a través de una acción de libertad.
El martes, la comisión de fiscales dio inicio a las investigaciones contra Gabriela Zapata, León, William Sánchez y Wálter Zuleta por los delitos de trata de personas, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, engaño a personas incapaces y asociación delictuosa, por conducir a un niño que no tiene parentesco con Zapata y el presidente Evo Morales.
El aviso de inicio de la investigación se efectivizó oportunamente por el Ministerio Público, por tanto estaba expedita la vía para realizar cualquier observación a la labor fiscal.
Se hizo conocer que se actuó en el marco de la ley, y en virtud del principio de interés superior del niño; lo que implica desplegar la investigación con celeridad porque está de por medio la seguridad de un menor, que tiene una protección prioritaria.
La decisión fue cuestionada por el abogado de León, Ricardo Maldonado, y alegó que cuando la vida del acusado esté en peligro, corresponde que un tribunal atienda la acción de libertad.

Tía de Gabriela Zapata es enviada a penal de Obrajes

En audiencias separadas, ayer se determinó la detención preventiva en el penal de Obrajes para Pilar Guzmán, autodenominada “tía” de Gabriela Zapata, quien pasó la noche en celdas policiales y la audiencia de los abogados fue suspendido para esta tarde.

La fiscal Mariana Montero, a denuncia del abogado del presidente Evo Morales, Gastón Velásquez, imputó a Guzmán, León, Williams Sánchez y Walter Zuleta por los delitos de trata y tráfico de personas, asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y engaño.

Pese a que se han observado las detenciones ilegales por parte de la Fiscalía, ayer, en audiencias separadas dos tribunales, determinaron la detención de ambos debido presuntos riesgos de fuga y obstaculización que fueron avalados por los dos jueces.

Al ambiente enrarecido de las dos detenciones, ayer, uno de los abogados de Eduardo León, denunció persecución por parte de la Fiscalía de Distrito que minutos antes de otra audiencia fue informado que se lo pretendía implicar en el caso “Consorcio Ganam – Mendoza”.

LEÓN

En el marco de la misma denuncia, León fue aprehendido tras el fallo emitido por la juez segundo de la niñez y adolescencia, Jacqueline Rada, que declara la ‘inexistencia física’ del hijo de Gabriela Zapata, pese a que según el documento oficial, el niños fue reconocido por su expareja, el presidente Evo Morales, desde el año 2005, .

Por otro lado, León aseguró que esta denuncia emplea como prueba el fallo de Rada, siendo que no está ejecutoriada, señalando que también se basó en informes incompletos de la defensoría de la niñez y no se tiene análisis científico de ADN.

León informó en declaración informativa, que el día de la presentación del menor ante la juez Rada, no se encontraba en La Paz sino en Oruro y que responsabilizó al abogado William Sánchez de llevar ante la juez a un niño que no tenía relación con la edad cronológica del supuesto hijo de Morales.

“TÍA”

Antes de la audiencia de medidas cautelares, el abogado de Guzmán, José Gutiérrez, aseguró que “la señora Pilar Guzmán niega toda relación con haber llevado al niño, haber tenido al niño o haberlo llevado algún lado”, señaló el abogado Gutiérrez.

El jurista dijo que su defendida alegó que “vio a la señora Gabriela Zapata en una oportunidad acá en la ciudad de La Paz en estado de gestación, posteriormente, luego de unos meses, se traslada a la ciudad de Cochabamba y la ve a la señora Gabriela Zapata ya con un bebé en brazos y Zapata le dice que el bebé era el hijo del señor Evo Morales (…). Posteriormente ya crecido el niño nunca lo ha visto más”.

El abogado indicó que Guzmán se ratifica en todas sus declaraciones y además señala que sí, el supuesto hijo del Presidente existe, probablemente estaría junto a otra tía de Zapata.

Por su parte, el hermano de la señora Pilar, Rafael Guzmán, señaló que los testigos que dijeron que su hermana presentó al niño ante una jueza deben probar sus declaraciones porque la sindicada no ingresaba a los procesos sobre tratamiento del niño porque el mismo estaba con reserva judicial.

ACCIÓN DE LIBERTAD

Horas antes, ante la presión de los familiares y la denuncia de una detención ilegal en contra de León, el Tribunal Noveno se Sentencia instaló una audiencia de acción de libertad interpuesta por el abogado Rubén Maldonado que, sin embargo, concluyó en el rechazo de las mismas.

Maldonado criticó la determinación del Tribunal en sentido de que las autoridades permitieron la inasistencia de la Fiscalía que solo presentó un informe y tampoco permitió el acceso al cuaderno de investigaciones.

El tribunal fue presidido por Walter Fernández Cuentas y los jueces Genara Pérez y Javier Mamani.

Maldonado observó que la resolución de aprehensión y declaración de su defendido, se realizaron sin control jurisdiccional, porque la comunicación de inicio de investigaciones se hizo recién el 18 de mayo de 2016 a las 09.30 horas, cuando la aprehensión fue ejecutada el 17 de mayo. “La resolución de aprehensión no está fundamentada con suficientes indicios de participación en relación a los delitos imputados y la concurrencia de riesgos procesales”.

jueves, 19 de mayo de 2016

Esposa de León le pidió dejar caso Zapata porque "olía mal"

Graciela Mendoza, esposa del abogado de Gabriela Zapata, Eduardo León, afirmó que días antes que el jurista fuera aprehendido por el caso Zapata, le pidió dejar este caso porque consideró que existían ciertas irregularidades en el mismo.
"Yo le dije más antes, ese caso ya olía mal. Le dije hace tres, cuatro días de que sea detenido le dije ´¿Por qué no dejas el caso?´. Una esposa siempre sabe, una esposa tiene un sexto sentido y él me dijo que estaba pensando dejarlo", afirmó la mujer.
Agregó ahora que su esposo fue aprehendido, ella volvió a pedirle que se aleje de la defensa de Gabriela Zapata y que él aceptó hacerlo.
"Él dijo que sí, porque adora a su familia, adora a sus hijas y cuando lo vuelva a ver, le voy a exigir que lo deje de una vez porque nos han mellado mucho, nos han difamado como familia", aseveró.
Léon fue aprehendido esta semana, acusado por cuatro delitos, entre ellos la trata de personas. La medida se concretó después que el periodista Carlos Valverde señaló que el presunto hijo que tuvo Gabriela Zapata y el presidente Evo Morales no llegó a nacer.
Zapata, en una oportunidad anterior, dijo que presentó al hijo que supuestamente tuvo con el Mandatario ante las autoridades judiciales.
"Pero mi esposo no estaba ese día, él estaba en una audiencia en Oruro, todos los delitos con los que lo acusan son infundados, porque no los cometió él, los cometió la señora Zapata (...) Por lo que vemos, Zapata lo ha engañado a mi esposo, los clientes nunca dicen la verdad", lamentó.

Quintana asegura que no tuvo ninguna relación con CAMC ni Zapata

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que su despacho y su persona no tuvieron ninguna relación con la empresa china CAMC, ni con la exgerente comercial de esa empresa, Gabriela Zapata, acusada de tráfico de influencias.

Quintana participó en el acto de interpelación que solicitó la diputada del partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, para que informe si tiene o no conocimiento de los contratos que firmó el Estado con CAMC, investigada por beneficiarse de un supuesto tráfico de influencias.

"La primera respuesta, desafortunadamente no tengo el conocimiento de qué fue la empresa CAMC, nunca estuve enterado de la constitución de la empresa, no sabía hasta hace poco tiempo qué era la empresa CAMC y segundo no he tenido la oportunidad de visitarlos en su sede, en la República Popular de la China", remarcó al responder a la primera pregunta, de las 13, que contiene el pliego.

El Ministro de la Presidente ratificó con contundencia que no conoce a la ex gerente comercial de CAMC, Gabriela Zapata, con quien intentaron vincularlo.

"No hay ningún tipo de relación, absolutamente ningún tipo de relación personal con esta señora (Gabriela Zapata)", subrayó.

Aseguró que el Ministerio de la Presidencia no tiene ninguna tuición sobre los contratos que firman los ministerios, por tanto, dijo que su despacho no tiene conocimiento alguno de los contratos firmados con CAMC.

"El Ministro de la Presidencia no tiene absolutamente nada que ver con contrataciones por obras, servicios, en materia de infraestructura, energía, integración física, etc.", complementó

Por otra parte, Quintana subrayó que nunca autorizó el ingreso de Gabriela Zapata a oficinas de Gestión Social, dependiente del Ministerio de la Presidencia y dijo que esa verdad nunca pudo ser desmentida con pruebas.

"La señora (Zapata) en varias declaraciones a los medios ha señalado que el ministro Quintana era el único ministro que conocía en Gabinete y ha señalado que le autorizó el ingreso a la oficina de Gestión Social, y sin embargo, hasta el día de hoy no ha presentado absolutamente prueba alguna de lo que ha afirmado, ni mucho menos algo que se parezca a una prueba", sustentó.

A principios de febrero, el periodista y exagente de inteligencia, Carlos Valverde, denunció un supuesto tráfico de influencias de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, nombrada gerente comercial de la empresa CAMC, compañía que firmó contratos millonarios con el Estado.

A contramano, el Jefe de Estado negó la acusación y pidió una investigación de la Contraloría General del Estado y de una comisión mixta y multipartidaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya investigación concluyó que no existe indicios de tráfico de influencias.

En medio de asombro ciudadano Caso Zapata se distorsiona y provoca controversias

El abogado de Gabriela Zapata, Eduardo León, calificó como “persecución política” su aprehensión, motivada por el hecho de haber denunciado la corrupción en distintos casos en los que funcionarios de Gobierno eran los principales acusados.

“Ya no tengo nada que hablar de la señora (Zapata), lo único que digo es que soy inocente yo no tengo nada, no he robado a nadie, no he matado a nadie mis manos no están manchadas de nada. Esto está todo armado por el Gobierno, soy un perseguido político, soy una persona que está pagando el hecho de pelear contra la corrupción y bueno ha empezado la noche de los cuchillos largos (un evento en el que nazis mataron a sus opositores, en 1934)”, indicó León, antes de ser trasladado a celdas judiciales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

CONCIENCIA TRANQUILA

El abogado dijo que a pesar que durmió en un piso frío de las celdas de la Felcc no tiene temor y que su conciencia está tranquila.

Por su parte, el abogado de León, Ricardo Maldonado, calificó de “ilegal” la aprehensión de su defendido e indicó que plantearon un recurso de acción de libertad para que su cliente se defienda en libertad.

“Todas estas irregularidades insubsanables no son de carácter formal, son nulidades absolutas, principalmente, porque está en riesgo la vida de mi defendido”, indicó.

Maldonado indicó que la audiencia de acción de libertad se llevará en el juzgado noveno de instrucción de La Paz y están a la espera de que la autoridad jurisdiccional designada fije hora para tratar esta medida.

Gran cantidad de personas, entre familiares y organizaciones, llegaron hasta juzgados para brindar su apoyo a León.

TÍA DE ZAPATA

El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria, reveló el miércoles que la sindicada Pilar Guzmán, quien se autodefinió como tía espiritual de Gabriela Zapata, fue presionada por la imputada para asegurar la existencia de un supuesto hijo con el presidente Evo Morales.

“Pilar Guzmán dijo, en su declaración en calidad de sindicada, que las aseveraciones que ella realizó a los medios de prensa fueron porque Gabriela Zapata la habría presionado. Es más lo que Guzmán dijo a los fiscales es que a la fecha ella duda de que el niño que tuvo en brazos sea de Zapata y el Presidente. Cuando se le consultó si tenía certeza sobre si el niño que afirmaba tuvo en sus brazos era el hijo del Presidente respondió concluyentemente que no”, manifestó.

Guzmán fue aprehendida ayer y acusada por cuatro delitos, entre ellos la trata de personas. La aprehensión de la tía de Zapata se concretó después que el periodista Carlos Valverde aseguró que el presunto hijo de Gabriela y el mandatario ni siquiera nació.

Más tarde, Ricardo Maldonado, abogado del también jurista Eduardo León, expresó que su cliente espera en celdas policiales la acción de libertad, que debe realizarse hoy, unas horas antes de la audiencia de medidas cautelares en la que un juez definirá su futuro.

APREHENDEN A SÁNCHEZ

William Sánchez Peña, uno de los tres abogados de Gabriela Zapata, fue aprehendido ayer por efectivos de la Policía Boliviana por el caso de la presunta trata de personas.

Sánchez era buscado por personal de Inteligencia desde la pasada jornada, cuando fueron aprehendidos la tía de Zapata, Pilar Guzmán, y el abogado Eduardo León.

Ahora la Policía se encuentra tras las pistas del tercer abogado de Zapata, Walter Zuleta, quien también tiene orden de captura que fue emitida por la fiscal Mariana Montero. (ANF)

Analista Cordero: Detención de abogado León profundiza la crisis judicial


FAMILIARES DEL ABOGADO EDUARDO LEÓN PROTESTAN EN EL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ, OCURRIÓ AYER.

La detención de Eduardo León, abogado de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, es solo una muestra de la crisis que vive el sistema judicial en el país, lo cual daña la imagen interna y externa de Bolivia, según el analista político Carlos Cordero.

“La detención del abogado León profundiza o agudiza la crisis que vive la justicia en Bolivia. El presidente Morales reconoció que la Justicia es el mayor fracaso que ha tenido el Gobierno en el poder, con la elección de magistrados. Álvaro García, de su parte, fue más concluyente, al decir que la justicia apesta”, rememoró el analista entrevistado.

La tarde del martes, la fiscal Mariana Montero ordenó la detención de cinco personas cercanas a la expareja del presidente Morales, por el presunto vínculo de delito de trata de personas y otras imputaciones más. Este hecho sorprendió a la opinión pública en general.

Para Cordero, esta es una evidencia que muestra que la justicia está funcionando mal y con excesos de esta naturaleza, que en criterio suyo son arbitrarios, aparte de que todo este accionar deteriora no solo la imagen del mismo Presidente, sino también del Vicepresidente, así como del entorno gubernamental y de la justicia boliviana.

El argumento concreto que expuso Cordero es que el reciente hecho contra Eduardo León no favorece a la democracia del país, muestra una imagen negativa del Gobierno y se desacredita interna y externamente por sus arbitrariedades.

“Existe otro tipo de procedimientos, como acudir a comisiones de ética; tal vez podrían haberlo convocado al Parlamento, al Colegio de Abogados, decir que tiene que permitirse al doctor León que se defienda, antes de sufrir un atropello. Hay muchas maneras y procedimientos de tratar el caso, sin necesidad de caer en este acto atrabiliario, de poner en la cárcel a un abogado que está defendiendo a una personas o porque se están violando derechos humanos, ciudadanos”, sostuvo.

REPERCUSIONES

Después de conocerse la sorpresiva aprehensión de Eduardo León y de la “tía” de Gabriela Zapata, Pilar Guzmán, las repercusiones en el ambiente político de Bolivia fueron muy variadas, unos a favor y otros en contra.

Por un lado, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, sostuvo que “el presidente Morales nunca mintió en referencia al supuesto hijo que concibió con Gabriela Zapata y al tráfico de influencias que se habría generado a raíz de ese vínculo, según la denuncia inicial del exagente de Inteligencia y periodista Carlos Valverde”.

“Nuestro Gobierno y nuestro líder y presidente ha dicho su verdad desde el primer momento y días, meses, semanas después la verdad se impone y esa verdad va saliendo a la luz (...) Sepan que nuestro Gobierno no miente y nuestro Presidente no mintió en ningún momento”, reiteró en conferencia de prensa.

Para la oposición, la detención de León es un acto de amedrentamiento político, para evitar que se siga investigando las presuntas irregularidades que cometen quienes manejan de forma eventual el poder del Estado.

POLÍTICO E ILEGAL

Para el abogado León, la orden de aprehensión en su contra y de otros abogados y familiares de Zapata es una “acción política” que busca el amedrentamiento de la ciudadanía.

“Quiero decir bien claro, que Eduardo León no es ningún maleante ni delincuente, jamás asesiné a nadie, solamente se está haciendo esto como una acción política de amedrentamiento. Estoy dispuesto a pagar el precio que sea y lo voy hacer. Hay que ver si uno es traficante cuando uno defiende a una persona o cuando hace desaparecer al niño. Esto está destinado a acallar a la ciudadanía”, afirmó.

Asimismo, el jurista calificó ayer su detención como un acto ilegal por lo que su abogado, Brian Ulloa, presentó un recurso judicial de libertad.

“Recién esta mañana (ayer) la Fiscalía presentó la querella y el doctor Eduardo León fue aprehendido ayer (el martes) y además, ya pasaron más de 24 horas y no hay imputación. Por eso la demanda”, expuso Ulloa, al ser igualmente entrevistado por EL DIARIO.

Justifican arresto de abogado de Zapata

Las ministras de Comunicación y Justicia, Marianela Paco y Virginia Velasco, respectivamente, justificaron ayer la detención del abogado de Gabriela Zapata, Eduardo León, afirmando que vulneró los derechos de los niños.

Paco, en conferencia de prensa, dijo que el presidente Evo Morales “nunca mintió” en el caso de su presunto hijo con Gabriela Zapata y que hubo un tejido político de la oposición, buscando afectar la imagen del Primer Mandatario en el referéndum de febrero.

Del mismo modo, se refirió al abogado Eduardo León y señaló que no respetó los derechos de los niños.

“Ha sido una utilización de una persona menor de edad, un niño, de forma despiadada. Como decía la Ministra de Justicia, contraviniendo toda la normativa de protección de la adolescencia y la niñez en nuestro país”, afirmó.

En la misma línea, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, indicó que hubo falta a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y refirió que su despacho está haciendo un seguimiento correspondiente sobre trata y tráfico de personas.

Se refirió a la parte jurídica y legal y señaló que no se puede permitir que los abogados falten a la ley, e indicó que se sancionará a los abogados que infrinjan la norma.

“Él no tuvo esa ética, esa moral de seguir utilizando a los niños y vulnerar los códigos y eso el Ministerio de Justicia ha hecho seguimiento minucioso desde que inició este proceso (…) por eso es que nosotros estamos haciendo conocer que en la primera instancia ya salió una sentencia y por ende el país tiene que saber que no podemos permitir que este tipo de abogados estén vulnerando las normativas bolivianos, engañando al pueblo”, dijo Velasco.

El abogado de Zapata, Eduardo León, fue aprehendido el martes y trasladado hasta la Fiscalía de La Paz con la finalidad de que preste declaración por una acusación de trata de personas y otros delitos. La “tía espiritual” de la expareja del presidente Morales, Pilar Guzmán, también fue aprehendida.

La orden fue dada por la fiscal Mariana Montero. Las personas involucradas en este caso son Pilar Guzmán, los abogados Willy Sánchez, Walter Humberto y Eduardo León. Igualmente, aprehendieron a Claudio Rivera Guzmán, hijo de Pilar, acusado de no pagar pensiones familiares.

miércoles, 18 de mayo de 2016

Zapata asegura que pagó comisiones por tres contratos

La exgerente de la empresa China CAMC, Gabriela Zapata, reveló que por la firma de tres contratos que suscribió el Estado con la empresa española JOCA, la compañía Beijin Urban y la Planta de Polipropileno, pagó comisiones a autoridades del Gobierno. Sostiene que por denunciar estos cobros está siendo hostigada, amenazando a sus familiares y a sus abogados.

La señora de 30 años, que guarda reclusión preventiva desde febrero, aseguró que en la visita que la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa le hizo en el penal de Miraflores, siguió un “libreto”, porque le habían ofrecido su libertad.

“Me han dado todo un libreto, en el que debía decir que no hubo tráfico de influencias, creyendo que, a cambio de ello, me pondrían en libertad, pero todo ha salido al revés”, manifestó.

“Mi abogado va presentar pruebas mañana, son como cuatro documentos en los que se demuestra que yo recibía en mi domicilio de La Rinconada a presidentes de entidades y a ministros”, afirmó Zapata, antes de volver a pedir que se investigue quiénes eran los que iban a visitarla.

“Aquí vamos a aclarar, mostrando pruebas, quiénes eran los verdaderos traficantes de influencias. El señor César Navarro, que supuestamente era mi amigo, que no ha hecho nada por mí, es el que está más callado ahora; él debía explicar, porqué ha instruido a la Comibol, dar las sales de potasio, y cómo ha cerrado el tema de China Still, eso debería explicarle a este país ese sinvergüenza”, expresó Zapata.

En el caso de las visitas a su domicilio, “ingresaban autoridades de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), ingresaba gente de hidrocarburos, ingresaban el mismos ministro de Minería (César Navarro), ingresaban bastantes personas a mi casa”, aseguró Zapata, a través de un contacto telefónico con la periodista del programa Cabildeo, Roxana Lizárraga.

Zapata asegura que en el organigrama de la supuesta “organización criminal”, que presentó el ministro de la presidencia, Juan Quintana, en lugar de los cinco detenidos, deben figurar los nombres de directores de empresas estatales y ministros, citando como ejemplos a los de Minería, César Navarro, y de Obras Públicas, Milton Claros.

“Si hablan de organización criminal, deberían estar los ministros que están a la cabeza de esos contratos, empezando por el ministro de Obras Públicas. Aquí es donde está un consorcio de ministros”.

Sobre las aseveraciones de Quintana, a pesar de los duros adjetivos que el ministro ha utilizado al momento de presentar el trabajo de “investigación” que ha realizado su equipo de trabajo en tres meses, hasta el momento no se ha puesto en claro en qué consiste la ilegalidad de estos depósitos ni la vinculación con casas de juego.

La exgerente comercial de CAMC considera que se encuentran contra un monstruo del poder, refiriéndose a Morales, “lógicamente todo va salir a la manera que él (Morales) cuenta las cosas”.

AMIGO DE ZAPATA

El ministro de Minería, César Navarro, admitió, en declaraciones al periódico digital Urgentebo, que fue amigo de Gabriela Zapata. Dijo que la conoció en la ciudad de La Paz, entre fines de 2014 y principios del 2015.

“No voy a negar la amistad que tuve con ella, fuimos amigos y lo que más preocupa en esta declaración es que involucre a instituciones como la Comibol, la Gerencia de Evaporiticos y la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) y que hubiese habido algún nivel de influencia o soborno para que existan estos contratos, eso es muy preocupante”, declaró el Ministro de Minería.

Aseveró que se reunieron en un par de ocasiones en la zona Sur de La Paz, una en el Café Alexander y otra en el colombiano “Juan Valdez”, ubicado en San Miguel.

“Una relación de amistad no la puedo negar más de ese hecho; tomamos, recuerdo, un par de cafés en la zona Sur”, dijo.

CAMC

Pese a que en la misma declaración telefónica Zapata asegura que dará “muchos más detalles y con pruebas”, a excepción del Ministro de Minería, no precisó los nombres de las autoridades que visitaban su domicilio en La Rinconada.

Sin embargo, sobre el contrato que el Estado firmó con la CAMC, precisó que en fecha 16 de diciembre de 2015, ella se presentó en el despacho del ministro Claros, y mantuvo una conversación de tres horas, en la que esta autoridad le pidió que levante el amparo constitucional que la CAMC interpuso en su contra y que ganó en una primera instancia.

Señala que todo este tema salió debido a la pelea que se dio al interior del Gobierno, sobre la adjudicación de contrato por la construcción de la vía férrea Bulo Bulo-Montero.

Ante las declaraciones de Zapata, hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad había dado su contraparte, pese a la solicitud de varios medios de comunicación, entre ellos EL DIARIO.

CONTRATOS

La empresa española JOCA se adjudicó, por excepción, la construcción del Tren Eléctrico Metropolitano de Cochabamba, por un monto de 504 millones de dólares. Inicialmente, este proyecto debía ser ejecutado por Hyundai Rotem, de Corea.

La firma Beijin Urban se adjudicó el proyecto diseño y construcción del Aeropuerto Internacional Viru Viru-HUB, Beijing Urban Construction Group Co Ltda, por un costo de 300.244.840 de dólares, casi 100 millones de dólares menos del precio referencial de la convocatoria que lanzó el Gobierno.

En el caso de la planta de polipropileno aún no se adjudicó a ninguna empresa, ya que la licitación fue lanzada el 1 de mayo pasado. La inversión que está prevista para este proyecto es la mayor en la historia del país, alcanza a los 2.200 millones de dólares.

Aprehenden a “tía” y abogados

En operativos coordinados, ayer por la tarde se procedió a la aprehensión de Pilar Gúzman, “tía espiritual” de Gabriela Zapata y de los abogados de su defensa, Eduardo León, William Sánchez y Walter Zuleta.

A las 15.05 uno de los hijos de Guzmán denunció la aprehensión de su madre por efectivos de Inteligencia, que los siguieron en motocicletas hasta su domicilió, en la zona Sopocachi y que la obligaron a salir de su vehículo con amenazas de alto calibre.

Una hora más tarde, en puertas de juzgados en la calle Indaburo, el abogado de Zapata, Eduardo León, también era aprehendido.

En ese momento se dio a conocer que la orden de aprehensión, emitida por la fiscal Mariana Montero, también era contra Walter Zuleta y Williams Sánchez, todos parte de la defensa de Zapata en los procesos de tráfico de influencias y la interpuesta por el presidente Evo Morales sobre el hijo en juzgados de familia.

De forma coincidente, también se dio la aprehensión de uno de los hijos de Pilar Guzmán, pero por otro proceso familiar.

El pasado lunes, Gastón Velásquez, abogado del primer mandatario, presentó una denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) contra Gabriela Zapata y los abogados León, Sánchez, además de Guzmán, por los delitos de alteración y sustitución de estado civil, trata y tráfico de personas, sustracción de menor, falsedad material y falsedad ideológica, además de uso de instrumento falsificado, según la explicación de Velásquez a un medio estatal.

La detención y denuncia se dan de forma efectiva y pronta, como no sucede en otros casos de corrupción, como el Fondo Indígena, a solo seis días de que la juez del Juzgado Segundo Público de la Niñez y la Adolescencia de La Paz, Jacqueline Rada, declarará improbada, “por inexistencia física comprobada”, la demanda interpuesta para establecer la existencia o no del hijo presunto de Zapata y Morales, susceptible de protección estatal.

Según Rada, durante la sustanciación judicial de la demanda, el menor presentado en el proceso, no corresponde a la del niño que se afirma es hijo de Morales, esto pese a un informe incompleto de la defensoría de la niñez, y que nunca se dio un examen de ADN.

CALIFICAN DE PODER POLÍTICO

León calificó su aprehensión, como una acción del “poder político y la corrupción, que está queriendo callar a la población”.

“Quiero decir bien claro que Eduardo León no es ningún maleante ni delincuente, jamás asesiné a nadie, solamente se está haciendo esto como una acción política de amedrentamiento. Estoy dispuesto a pagar el precio que sea y lo voy hacer. Hay que ver si uno es traficante cuando uno defiende a una persona o cuando hace desaparecer al niño”, aseveró el jurista.

Ambas personas fueron trasladadas a dependencias de la Fiscalía para que presenten declaración informativa ante Montero.

Por la mañana, Guzmán negó que el menor presentado sea su nieto como lo había inferido el periodista Carlos Valverde, mismo que se retractó.

Hasta la hora de cierre de esta nota, aún no se conocía sobre la aprehensión de Zuleta y Sánchez, en cuyas oficinas efectivos de inteligencia montaban vigilancia.

martes, 17 de mayo de 2016

Aprehenden a Pilar Guzmán, la ‘tía’ de Gabriela Zapata



16:09 / 17 de mayo de 2016

Pilar Guzmán, a quien la exgerente de la firma china CAMC y expareja del presidente Evo Morales, Gabrieza Zapata, identificó como su "tía", fue aprehendida la tarde de este martes por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y trasladada hasta la Fiscalía de La Paz, informó su hija, Andrea Montesinos Guzmán.

Dijo, en contacto con este medio, que el operativo fue ejecutado entre las 14:50 y 15:00, cuando Guzmán se dirigía a su domicilio desde inmediaciones de la zona Cristo Rey , en Sopocachi.

“Nos han empezado a seguir (policías). Y o lo vi como un asalto o un secuestro, porque no se querían identificar, porque no mostraban ninguna orden. Nos han, prácticamente, atacado entre tantas motos y una vagoneta, y la querían subir de mala manera”, señaló.

Dijo desconocer las razones por las cuales se procedió con la aprehensión de su madre, quien desde que estalló ese caso, el 3 de febrero, acompañó a Zapata en todo momento y fuela primera en asegurar que tenìa un hijo vivo con el Jefe de Estado.

El abogado de Morales, Gastón Velázquez, presentó la tarde del lunes una denuncia en la FELCC contra Zapata y sus abogados Eduardo León y William Sánchez, además de Pilar Guzmán, por varios delitos, en el marco del caso sobre el supuesto hijo del Mandatario, cuya existencia fue declarada improbada por una juez la anterior semana.

León, mediante una red en WhatsApp, informó que esta tarde se encointraba cerca de los juzgados en la calle Indaburo de La Paz y que tenìa información de que también sería aprehendido y que ello ocurriría una vez que salga del lugar. "Estoy en la calle Indaburo, en los juzgados, y sé que me aprehenderán al salir de aquí. Me esperan afuera los de Inteligencia y de la Policía", escribió.

Cuatro bufetes aseguran que solo intermediaron en la creación de sociedades 'offshore' en Panamá



Ipiña Nagel-Abogados, Von Borries Blanco-Estudio de Abogados, Indacochea & Asociados y el bufete de Luis Fernando Camacho Vargas aclararon que solo intermediaron en la conformación de 95 sociedades offshore (extraterritoriales) en Panamá a través de la firma Mossack Fonseca, informa hoy La Razón en su edición impresa. Justificaron su relación con esa entidad argumentando que fue legal.

El representante de Ipiña Nagel-Abogados, Mauricio Ipiña, explicó que su trabajo se circunscribió a gestionar la constitución de empresas en Panamá "a requerimiento de nuestros clientes", mientras Erwin von Borries, de Von Borries-Estudio de Abogados, complementó que no hay ninguna ilegalidad en la relación profesional que su despacho mantuvo con Mossack Fonseca.

La oficina jurídica Indacochea & Asociados afirmó por su parte que toda su actuación se enmarcó en la legislación boliviana, pues la conformación de sociedades en el extranjero es lícita. Similar es el criterio de Luis Fernando Camacho, quien aseguró que solo prestó asesoramiento y que intermedió entre el consorcio y sus clientes. La investigación sobre los alcances en Bolivia de la conformación de sociedades offshore está en curso.(17/05/2016)


Fiscal llega a Panamá y busca información de Papeles de Panamá sobre Bolivia



El fiscal boliviano Freddy Larrea Melgar está en Panamá y tomó contacto con autoridades en busca de información sobre el escándalo de los Papeles de Panamá, que involucra a 95 firmas bolivianas, además, de una lista de empresarios. Los datos fueron divulgados el 9 de mayo como resultado de una investigación de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Larrea informó, según el diario digital 'Panamá América', a sus similares panameños de la existencia de una investigación sobre el posible desvió de capitales hacia el país centroamericano por medio de empresas offshore.

Sin embargo en Panamá, hasta el momento, es poco lo que se ha logrado obtener pese a los allanamientos hechos a las oficinas de la firma de abogados Mossack Fonseca, reportó el diario.

Según un comunicado del Ministerio Público, Larrea se reunió con su homólogo Javier Caraballo, fiscal segundo especializado contra la Delincuencia Organizada.

En la reunión, Larrea le comunicó a Caraballo: “Estamos profundizando en esa investigación para analizar y ver la posibilidad de iniciar un proceso investigativo”.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló el 3 de abril información proveniente de la base de datos de Mossack Fonseca, que compromete a personalidades de todo el mundo, incluidos 140 altos funcionarios, jefes o ex jefes de Estado.

De acuerdo con el reporte, la de Bolivia sería la tercera delegación de fiscales que llega a Panamá para conocer nuevos elementos que les permitan avanzar en las investigaciones sobre los nacionales vinculados con el caso.

La Fiscalía General del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo impulsan procesos de investigación sobre la constitución de empresas offshore en Panamá, que involucran a empresarios como Branko MarinKovic, a sus hermanas Tatiana y Vesna Marinkovic, ésta última exautoridad durante el gobierno de Jorge Tuto Quiroga en 2002.

Aprehenden a la tía de Gabriela Zapata

Agentes de la policía aprehendieron hoy a Pilar Guzmán, tía de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, investigada por ocho delitos y acusada de ser la cabecilla de una “organización criminal”.

La aprehensión de Guzmán fue ordenada por la Comisión de Fiscales que investiga el caso Zapata.
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Audio Escuche la entrevista a Zapata en la que habla de sus dos embarazos y lanza nuevas acusaciones

Gabriela Zapata no sólo habló de dos embarazos que tuvo con el presidente Evo Morales, sino también del momento en que el exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, se enteró de su caso y, además, lanzó nuevas acusaciones contra autoridades de Gobierno, como ser el ministro de Minería, César Navarro, de quien dijo visitaba su lujosa casa en La Rinconada.

A continuación escuche la entrevista a Zapata desde la cárcel de Miraflores realizada por el programa Cabildeo, que conduce la periodista Amalia Pando.

Legislativo interpelará Quintana por caso CAMC el jueves



La presidencia de la Asamblea Legislativa convocó a Sesión Ordinaria el jueves 19 de mayo, para llevar adelante el acto de interpelación al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por los contratos que firmó el Estado con CAMC, empresa acusada de supuesto tráfico de influencias.

En una solicitada, el presidenta nato del Legislativo, Álvaro García Linera, citó a los legisladores a la sesión que se iniciará a las 15.00 en el Hemiciclo de la Cámara de Diputados.

"Por instrucciones del ciudadano presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, se convoca a las senadoras, senadores, diputadas y diputados a la instalación de la Novena Sesión Ordinaria, a realizarse el 19 de mayo", establece la solicitada.

En la agenda se prevén dos puntos: correspondencia y la interpelación al ministro de la Presidencia, sobre la empresa China CAMC.

La interpelación a Quintana fue planteada por la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola.

Según información extraoficial el Ministro de la Presidencia deberá responder 23 preguntas, entre ellas tendrá que identificar a quién posesionó a la exjefa de la Unidad de Gestión Social, Cristina Choque, o si él autorizó a la exgerente comercial de CAMC, Gabriela Zapata, a utilizar ambientes del Ministerio de la Presidencia.

Quintana presenta pruebas sobre “organización criminal”


EL MINISTRO JUAN RAMÓN QUINTANA PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EN LA FISCALÍA.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, entregó este lunes al Ministerio Público documentos que serían pruebas incriminatorias de que Gabriela Zapata, exnovia del presidente Evo Morales; Cristina Choque, exjefa de la Unidad de Gestión Social de la Presidencia, y otros tres empresarios estarían vinculados a una “organización criminal” que operaba desde ambientes de Gestión Social, sin que él se haya dado cuenta.

El pasado viernes, Quintana detalló el modo de operar de la presunta banda liderada por Zapata.

“(Hemos presentado pruebas) respecto, en primer lugar, a reuniones en la Unidad de Gestión Social, reuniones con empresarios nacionales y extranjeros, algunos de ellos con antecedentes de estafa a nivel internacional, pruebas de cuentas bancarias, adquisiciones de bienes y otras pruebas que ratifican enriquecimiento ilícito y los otros delitos con los cuales nos querellamos a la Fiscalía”, indicó el funcionario público, tras salir de la Fiscalía.

Sostuvo que los documentos presentados prueban “la constitución de una organización criminal”, elementos que deben ser evaluados por el Ministerio Público para esclarecer el caso.

Quintana dijo que él no acusa sin pruebas y calificó de “cobardes y mentirosos” a quienes se dedican a sindicarlo y difamarlo sin evidencia alguna.

El ministro señaló que las pruebas que presentó involucran a Gabriela Zapata, Cristina Choque, Ricardo Alegría Sequeiros, Sigfrido Antelo y Marvin Ramírez.

Indicó que entre las evidencias se encuentra documentación de cuentas bancarias, adquisiciones de bienes y otras que ratifican enriquecimiento ilícito y los otros delitos por los cuales se querelló su despacho ante la Fiscalía.

Zapata se encuentra recluida en el penal de Miraflores, mientras que Choque en la cárcel de Obrajes. Ramírez y Alegría están detenidos preventivamente en la cárcel de San Pedro y Antelo está prófugo de la justicia.

Los tres últimos, según el Ministerio Público, son acusados de realizar negociados y depósitos a cuentas de Zapata.